Manuel Murillo Toro

El tolimense que se hizo un apellido

Murillo nació en Chaparral, en la vertiente occidental de la cordillera Central, en tierra caliente y de tradición mestiza. Su formación temprana estuvo marcada por la escasez: pudo cursar el bachillerato solamente gracias a la caridad de su madrina, Ana Toro, en un gesto que marcaría su biografía de manera literal. En reconocimiento agradecido, el joven Manuel Murillo añadió a su nombre el apellido de su benefactora, y así quedó registrado para la historia como Manuel Murillo Toro. El detalle es más que anecdótico: revela a un hombre que llegó a la élite letrada sin patrimonio familiar ni linaje que lo respaldara, y que hizo del reconocimiento del favor recibido una parte inseparable de su identidad pública.

Formado luego en la Escuela de Derecho de Bogotá, entró en el ambiente ilustrado de la capital neogranadina en los años en que las ideas del liberalismo europeo comenzaban a filtrarse en los círculos universitarios. Su liberalismo, sin embargo, tenía una raíz distinta de la de otros protagonistas de su generación. Los Galindo, por ejemplo, llegaron al bando liberal por un agravio familiar directo —la ejecución del padre por el régimen conservador—; Murillo, en cambio, arribó al credo por vía intelectual, por lectura y convicción antes que por herida. Esa diferencia genealógica importa: mientras otros liberales tenían con el conservatismo una cuenta pendiente de sangre, Murillo tenía con él una discrepancia de principios. Su radicalismo sería siempre más doctrinario que vengativo, más argumentativo que combativo. Décadas después quedaría situado en la misma línea del socialismo liberal colombiano en que se inscribirían Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera y, más tarde, Jorge Eliécer Gaitán.

El periodista antes que el presidente

Antes de ser cualquier otra cosa, Murillo Toro fue periodista, y este oficio no fue en él una ocupación complementaria sino su forma primaria de intervenir en la vida pública. El 22 de septiembre de 1847 fundó en Santa Marta la Gaceta Mercantil, dirigida por él mismo con el propósito explícito de preconizar las ideas liberales. La Gaceta fue pionera en suministrar noticias internacionales frescas y se pronunció con vehemencia por la libertad absoluta de imprenta. En uno de sus artículos más recordados denunció como "escándalo vergonzoso" la condena a muerte de un escritor en un país vecino por supuestamente haber provocado una revolución con sus escritos. La libertad de expresión no era para él un adorno programático sino una convicción operativa.

Su tribuna más influyente, sin embargo, fue El Neogranadino de Bogotá, en cuyas páginas se ventilaron los debates económicos más álgidos de los años cincuenta: aranceles, aduanas, libre comercio, política agraria. Allí publicó, el 8 de enero de 1856, el artículo "Necesidades del país", en el que fijó una de las posiciones que mejor lo definirían. Frente a quienes, como Florentino González —también colaborador del Neogranadino—, defendían abiertamente la supresión de las aduanas en nombre del librecambio doctrinario, Murillo las consideraba "una necesidad transitoria, por el carácter de recurso fiscal". No las defendía como institución deseable ni las combatía como aberración: las aceptaba como herramienta pragmática de un Estado que aún carecía de otras fuentes de ingreso confiables.

Tres años antes, en 1853, había publicado su crítica más dura al credo económico dominante. El laissez-faire de Jean-Baptiste Say y su escuela, sostenía Murillo, era una doctrina "egoísta y desastrosa" que podía resumirse en tres palabras: "dejar hacer, o lo que es lo mismo: dejar robar, dejar oprimir, dejar que los lobos devoren a los corderos". La frase compartía el lenguaje encendido de los draconianos y los artesanos, quienes desde los años cuarenta acusaban a los librecambistas —a los que llamaban despectivamente "los ricos"— de egoísmo y falta de patriotismo por respaldar teorías que arruinarían la manufactura nacional. Murillo no era exactamente un draconiano —su horizonte era más amplio y su cultura más doctrinaria—, pero compartía con ellos la desconfianza hacia el liberalismo económico dogmático y la intuición de que un país agrario y periférico no podía asumir sin más las recetas escritas para las metrópolis europeas.

Esta postura lo situaba en un lugar singular dentro del liberalismo colombiano: rechazaba el dogmatismo librecambista sin abrazar el proteccionismo cerrado, y admitía instrumentos fiscales del antiguo régimen como transición necesaria hacia un orden distinto. Era un liberal templado por el pragmatismo fiscal, un reformador que entendía la política económica como una negociación permanente entre el ideal doctrinario y las restricciones materiales.

Secretario de Hacienda: la reforma de medio siglo

Su momento decisivo llegó cuando José Hilario López, elegido presidente el 7 de marzo de 1849 por el Congreso —tras no obtener mayoría absoluta en la votación popular y en medio de una tormentosa sesión con presencia de un pueblo vociferante—, lo nombró Secretario de Hacienda. En ese cargo, Murillo Toro se convirtió en el ideólogo y principal inspirador del programa de reformas más ambicioso que había conocido la República hasta entonces.

Durante el gobierno de López, con Murillo coordinando la política fiscal, se suprimió el estanco del tabaco —el monopolio estatal que había sido pilar de las finanzas públicas desde la Colonia—; se eliminaron numerosos gravámenes coloniales, entre ellos la alcabala, los derechos de exportación, los diezmos, el impuesto al aguardiente y los de hipoteca y registro. La política agraria dispuso la adjudicación de baldíos a pobladores que establecieran casa y labranza, con extensiones generalmente no mayores a sesenta hectáreas por familia, en un intento por democratizar el acceso a la tierra sin desbaratar la propiedad existente.

La contradicción central del programa era estructural: al abolir el estanco del tabaco, uno de los principales proveedores de recursos del Estado, la reforma probablemente disminuyó los ingresos fiscales, precisamente en el momento en que se aspiraba a un Estado capaz de emprender obras públicas, comunicaciones y educación. Aquí se vislumbra ya el nudo del proyecto radical: liberar las fuerzas económicas del corsé colonial exigía debilitar el Estado que había vivido de ese corsé, y ningún ingreso nuevo llegaba con la rapidez suficiente para sustituir al viejo. La política aduanera —"necesidad transitoria", como la llamaba Murillo— quedaba así encargada de sostener un edificio que las propias reformas habían aligerado peligrosamente.

Fue en esos años, más que en ningún otro momento, cuando Murillo Toro dejó su huella más profunda. Sin ser presidente, redactó el guión de una transformación que abolió la esclavitud, desmontó los últimos vestigios del pacto colonial y abrió el camino al federalismo. Cuando dos décadas más tarde ocupó la Casa de Nariño, se esperaba de él que continuara esa obra reformista; pero para entonces el marco constitucional había cambiado y las oportunidades ya no eran las mismas.

La primera presidencia (1864-1866)

Murillo Toro llegó por primera vez a la Presidencia en 1864, intercalado entre los dos periodos de Tomás Cipriano de Mosquera (1861-1864 y 1866-1867). Heredó un país exhausto por la prolongada guerra iniciada en 1860, que había culminado con la victoria mosquerista y la promulgación de la Constitución de Rionegro en 1863. Su administración debió enfrentar tres frentes de tormenta: los rescoldos de la revolución conservadora, particularmente activos en Antioquia; el malestar del sector clerical por las normas de tuición y desamortización de manos muertas dictadas por Mosquera; y los esfuerzos persistentes de los conservadores por recuperar el poder por medios políticos o insurreccionales.

Murillo no había participado en la redacción ni en la promulgación de la Constitución de Rionegro, aunque respaldaba sus disposiciones federativas y su generosa carta de libertades civiles. No aprobaba sus normas eclesiásticas más duras. Esa distancia definiría buena parte de su estilo de gobierno: era federalista sin ser sectario, liberal sin ser jacobino.

La Carta de 1863 dividió la nación en nueve estados soberanos. Cada uno ejercía todas las funciones no expresamente reservadas al gobierno central, mantenía milicias propias, determinaba quién votaba en su territorio y podía bloquear cualquier reforma constitucional mediante un requisito de unanimidad casi imposible de superar. El presidente de la Unión gobernaba durante veinticuatro meses, sin reelección inmediata y sin poder intervenir en los asuntos internos de los estados. Era menos un jefe de Estado que un moderador federal con presupuesto reducido.

Dentro de esos estrechos límites, Murillo ejerció el poder con la sobriedad civil que sería su marca. La medida que mejor sintetiza su estilo y su formación fue la fundación del Diario Oficial mediante decreto del 28 de abril de 1864, que ordenaba su publicación a partir del día siguiente en reemplazo del Rejistro Oficial, hasta entonces órgano del ejecutivo. El decreto —redactado por un presidente que era también periodista de oficio— fijaba detalles tan concretos como la hora de salida de imprenta (las siete de la mañana, con excepción de los lunes) y sentó un patrón normativo que se conservaría en medidas oficiales posteriores. El periodista-presidente dejó plasmada en un decreto administrativo la convicción de que la publicidad de los actos de gobierno era condición del régimen republicano. El Diario Oficial sigue publicándose hoy: pocos gestos de la primera presidencia radical han tenido descendencia tan larga.

En 1866, al concluir su mandato, entregó el poder a un breve interregno en el que José María Rojas Garrido ejerció la presidencia antes del retorno de Mosquera. La transición no estuvo exenta de tensiones, pero se cumplió sin ruptura del orden constitucional, algo que en el siglo XIX colombiano ya era un logro.

La segunda presidencia (1872-1874)

Regresó a la Casa de Nariño en 1872, sucediendo a Eustorgio Salgar (1870-1872) y precediendo a Santiago Pérez (1874-1876). Las heridas de la guerra de 1860 estaban más cicatrizadas, el proyecto federal parecía estabilizado y el país entraba en una fase en que las ideas de progreso material dominaban el imaginario ilustrado: telégrafo eléctrico, vapores, ferrocarriles. La generación radical había hecho suya la convicción de que estas tecnologías podían sacar al país del atraso, y buena parte de su política de comunicaciones se inscribió en ese clima.

Frente a las presidencias mosqueristas, que habían acostumbrado a la ciudadanía a un ejecutivo militar y personalista, Murillo representaba lo contrario: un abogado, un periodista, un doctrinario que gobernaba desde el gabinete y el despacho, no desde la silla de campaña. Al caudillo victorioso que hacía de la guerra un método de gobierno, el radicalismo civilista oponía otra gramática del poder: la deliberación pública, la publicidad de los actos oficiales, la separación entre autoridad militar y autoridad civil. La segunda presidencia se recuerda menos por reformas legales de gran calado que por esa insistencia en el vocabulario civilista y por una continuidad institucional que empezaba a ser, en sí misma, un logro raro.

La fragilidad de esa segunda administración no era personal sino sistémica. La Constitución de Rionegro había diseñado un ejecutivo tan débil que ningún presidente podía sostener planes a largo plazo en transporte, comunicaciones o educación. El mandato de veinticuatro meses agudizaba la dispersión del poder; la prohibición de reelección inmediata impedía la continuidad; la ausencia de un ejército nacional dejaba al gobierno central sin herramienta coercitiva; y el requisito de unanimidad para reformar la Carta convertía cualquier ajuste estructural en misión imposible. Murillo gobernó dentro de esa camisa de fuerza, y su moderación fue tanto una virtud personal como el reflejo obligado del marco en que se movía.

La red radical y la generación del Olimpo

Murillo Toro fue reconocido como el líder de larga data de los liberales radicales, y esa condición no derivaba solo de su currículo sino de una autoridad doctrinaria que ningún otro dirigente disputaba. En torno a él se articuló la generación conocida después como el Olimpo Radical: Salvador Camacho Roldán, Aquileo Parra, Santiago Pérez, Santos Acosta, Ezequiel Rojas, entre otros. Hombres formados en las escuelas de derecho, dedicados preferentemente a la política y a la ideología; cuando no ocupaban cargos públicos, se refugiaban en la enseñanza y el periodismo.

La composición intelectual del grupo tenía marca de origen. Su ideología mezclaba influencias de Frédéric Bastiat, Jean-Baptiste Say —sí, el mismo Say que Murillo había criticado en 1853, prueba de que la relación de los radicales con el liberalismo económico europeo era matizada y no simple adhesión— y, sobre todo, el utilitarismo político de Jeremy Bentham, enseñado en las escuelas de derecho colombianas durante casi todo el siglo XIX. Los textos de Say y Antoine Destutt de Tracy eran los más utilizados por los profesores de economía política, y las bibliotecas privadas de la élite letrada guardaban abundantes volúmenes en francés. El radicalismo colombiano fue, en gran medida, la traducción política de esa cultura letrada afrancesada.

Una tensión atraviesa la biografía intelectual de Murillo. Criticaba el laissez-faire de Say, pero era Say quien se enseñaba en las aulas donde se formaban sus correligionarios. Defendía el federalismo, pero gobernaba bajo una constitución que atomizaba el mercado interior —los estados llegaron a establecer aduanas entre sí durante los años setenta— y desarmaba al Estado central hasta dejarlo incapaz de intervenir cuando en algún estado se levantara una facción contra el gobierno existente, situación consagrada legalmente por la Ley 20 de 1867. Respaldaba las libertades de Rionegro pero rechazaba sus normas eclesiásticas. Estas discrepancias no son fallas de coherencia biográfica: son el mapa preciso de las tensiones internas del proyecto radical. Murillo capturó esas contradicciones porque las vivió, no las resolvió; y su liderazgo se sostuvo, entre otras razones, porque su pensamiento era lo bastante flexible para albergar las diferentes almas del liberalismo colombiano bajo un mismo paraguas.

El liberalismo de la época era una coalición amplia que incluía desde el proteccionismo artesanal draconiano hasta el librecambismo doctrinario de Florentino González, canalizando intereses regionales y étnicos muy variados. Murillo tenía la rara habilidad de hablar a todos esos sectores sin fracturarse. Cuando faltó él, faltó también el eje que mantenía la coalición en pie.

El precio del experimento federal

La Constitución de Rionegro fue producto de la victoria mosquerista, no de la pluma de Murillo, pero definió el marco en que él debió gobernar y ejercer influencia durante los quince años siguientes. Garantizó libertades de vanguardia para la época —libertad religiosa, libertad de expresión e imprenta, mantenimiento de la abolición de la pena de muerte, audacia jurídica que asombraba a Víctor Hugo—; y el precio de esas libertades fue una arquitectura institucional que dejó al Estado central sin músculo para sostenerlas más allá de las capitales.

La incapacidad del gobierno de la Unión para intervenir en la política de los estados soberanos durante los años setenta generó un resquebrajamiento de la unidad política y del mercado interior. Las rivalidades regionales llevaron a establecer aduanas entre estados: el mismo instrumento fiscal que Murillo había defendido como "necesidad transitoria" en el plano nacional se volvió herramienta de balcanización interna. La Constitución que garantizaba libertades ejemplares era también la que impedía construir el Estado capaz de hacerlas efectivas.

Murillo Toro vivió esa paradoja sin resolverla. Fue el rostro civilista del federalismo radical y, al mismo tiempo, uno de los pocos dirigentes que percibía sus límites estructurales. Que fuera él, y no otros, quien pudiera mantener el equilibrio dentro de esa arquitectura frágil, explica en buena medida por qué su muerte en 1880 fue tan decisiva.

La muerte y la Regeneración

Murió en 1880, a los 64 años, en el momento exacto en que Rafael Núñez era elegido para su primer periodo presidencial. La coincidencia no fue casual en sus efectos: dos años antes, al inaugurar su presidencia del Senado de Plenipotenciarios, Núñez había enunciado el dilema "regeneración administrativa fundamental o catástrofe". En aquel momento aún contemplaba una reforma administrativa sin sustituir el sistema federal ni los fundamentos de Rionegro. Pero el movimiento estaba en marcha.

Tras la guerra civil de 1876-1877, el Partido Liberal se había fracturado entre radicales e independientes. Estos últimos comenzaron a aliarse con los conservadores que apoyaban a Núñez, mientras los radicales presentaron a Aquileo Parra como candidato. La derrota de Parra frente a Núñez en 1880 selló el desplazamiento del radicalismo del poder ejecutivo, aunque el orden constitucional de Rionegro se mantendría formalmente vigente hasta 1886.

La muerte de Murillo Toro en ese mismo año selló el destino del régimen radical liberal. Mientras vivía, Murillo era el líder aglutinador cuya autoridad doctrinaria mantenía cohesionadas las tendencias diversas del partido. Su desaparición dejó al radicalismo sin árbitro interno en el momento en que más lo necesitaba. En julio de 1882, Núñez advertiría que si el pueblo se persuadía de que las instituciones liberales no aseguraban los beneficios prometidos, se abriría camino a una poderosa reacción irrefrenable. Cuatro años después, la Constitución de 1886 haría realidad esa reacción.

La rigidez misma de la Carta de Rionegro —el requisito de unanimidad para reformarla— hizo que el tránsito hacia el nuevo orden no pudiera realizarse por los mecanismos previstos: exigió una ruptura política con el orden constitucional vigente. La Regeneración no fue reforma sino sustitución. Y Murillo, que no vivió para verla, había sido en vida el principal obstáculo a esa sustitución: mientras él encarnó al radicalismo, la posibilidad de un pacto interliberal con los independientes de Núñez podía plantearse; muerto él, esa posibilidad se cerró.

La huella

La memoria del personaje sigue las líneas de fractura del país. Cierta historiografía de filiación radical asumió una lectura favorable al partido y condenatoria de la Regeneración; desde el lado opuesto, la tradición regeneracionista y conservadora leyó al radicalismo como responsable del caos federal, del debilitamiento del Estado y de la persecución a la Iglesia. Murillo Toro, situado entre ambos fuegos, ha resistido mejor que otros dirigentes del período: incluso quienes discrepan de su proyecto reconocen su seriedad, su desinterés personal y su estatura intelectual.

Queda, en el fondo, la figura de un tolimense que llegó a la política sin patrimonio ni linaje, que hizo del periodismo su tribuna y de la reforma administrativa su método, que gobernó dos veces sin dejarse embriagar por el poder ni tentar por la reelección, y que murió en el momento exacto en que el proyecto de su vida comenzaba a desmoronarse. No fue el más brillante orador de su generación —Camacho Roldán lo superaba— ni el más audaz reformador —Mosquera lo desbordaba—, pero fue el que mejor supo articular las ideas y las tensiones del liberalismo radical en un lenguaje que la República podía entender. Por eso su nombre sigue asociado, con más fidelidad que ningún otro, al momento en que Colombia intentó ser una república federal, laica y civilista. Que el intento fracasara no le resta grandeza al proyecto: le añade, más bien, la dignidad de las causas que definen una época incluso cuando pierden.