Benjamín Herrera

La semblanza

Herrera pertenece a una generación de liberales que se formaron en las armas antes de formarse en cualquier otra cosa. Cuando nace en Cali, hacia mediados del siglo XIX, el liberalismo colombiano transita por su etapa de hegemonía federalista; cuando muere, en 1924, ese mismo partido lleva casi cuatro décadas fuera del poder y él mismo acaba de perder, por fraude, la elección que hubiera podido devolverlo. Entre esos dos extremos —el liberal en ascenso y el liberal en larga travesía por el desierto— cabe entera la vida pública de Herrera: militar de carrera durante los años del olimpo radical, exiliado interior en Santander después de 1885, general de la revolución de 1899, firmante del tratado que puso fin a la guerra en 1902, ministro rechazado, candidato derrotado y, sobre todo, fundador de una universidad que sobrevivió a su fundador y sigue siendo hoy el testimonio más tangible de su paso por la historia.

Fue un hombre de escasa educación formal —el detalle lo confirman las comparaciones con otros militares liberales de trayectoria similar, como Justo L. Durán— y una vida militar prolongada, lo cual explica que su prosa política se apoyara más en gestos y frases contundentes que en elaboraciones doctrinarias extensas. Su autoridad venía del mando, no del despacho; del campo, no del claustro. Y sin embargo fue él, y no un intelectual de gabinete, quien apostó por la escuela como instrumento político cuando el Parlamento y la burocracia se cerraron para los suyos.

Los orígenes: del Cauca a Santander

Herrera nació en Cali en un momento en que el Cauca era todavía el corazón del liberalismo radical, la región de Mosquera, de los Ejércitos del Sur, de las guerras federales. Su formación militar ocurrió durante los años de hegemonía liberal, antes de 1885, cuando el proyecto federal y laico dominaba la vida política colombiana y el ejército era, en buena medida, un ejército de partido.

El corte lo marca la Regeneración. La reforma constitucional de 1886, complementada por el Concordato de 1887, desmontó el Estado federal, consagró el confesionalismo católico como principio organizador de la educación y del orden público, fortaleció al Ejecutivo y sometió al liberalismo a un régimen sistemático de discriminación: destierros desde 1887, exclusión de la burocracia, dificultades crecientes para ejercer la oposición pública. Muchos oficiales liberales fueron dados de baja o marginados. Herrera, entre ellos, se replegó: se estableció en Santander —una de las regiones donde el liberalismo conservaba fuerza social— y se dedicó a la ganadería. Los quince años que van de 1885 a 1899 fueron para él, como para tantos otros generales rojos, un largo interregno de espera. En Santander se hizo hacendado y esperó, y cuando la guerra llegó otra vez, en octubre de 1899, tenía la edad, la experiencia y la red regional para asumir el mando.

La trayectoria: los Mil Días, la espada rota, la política

Los Mil Días son el centro de gravedad de su biografía. La guerra estalló en 1899 impulsada por el sector guerrerista del liberalismo, harto de una discriminación oficial que la reforma electoral no había corregido y persuadido —como resumió Uribe Uribe desde la Cámara— de que si el régimen no les daba la libertad, tocaba tomársela. El régimen regenerador, por su parte, leyó cada gesto belicista liberal como prueba de la vocación subversiva del partido, cerrando así cualquier salida negociada.

Herrera asumió el mando en el frente occidental y, tras la catástrofe de Palonegro en 1900 —que dejó al liberalismo militarmente descompuesto en el interior del país—, la estrategia rebelde se desplazó hacia la periferia costera. Panamá, departamento esencialmente liberal, se convirtió en el último gran escenario de la guerra, y Herrera en su jefe indiscutido. El 20 de enero de 1902, frente a la ciudad de Panamá, en cercanías de la isla de Naos o Flamenco, el barco liberal Almirante Padilla hundió al conservador Lautaro y causó la muerte del general Carlos Albán. Fue la última gran victoria liberal de la guerra. A partir de allí el ejército conservador perdió la ofensiva y fue derrotado también en Aguadulce, donde Herrera reposó sus tropas hasta abril, cuando abrió operaciones sobre la Costa Atlántica. La estrategia se concentró, ya sin capacidad de recuperar el país, en ataques sorpresivos desde el istmo y el Caribe.

La guerra, sin embargo, estaba perdida. El liberalismo había firmado ya, el 24 de octubre de 1902 en Neerlandia, Magdalena, la primera paz —la que negoció Uribe Uribe— y solo quedaba el frente panameño. El 21 de noviembre de ese año, a bordo del acorazado estadounidense Wisconsin, anclado frente a la costa panameña, se firmó el tratado que cerró la contienda. Lo suscribieron, por el gobierno, los generales Víctor Manuel Salazar y Alfredo Vásquez Cobo; por la revolución, Lucas Caballero y Eusebio A. Morales. La ratificación exigía dos firmas superiores: la del ministro de Guerra de Marroquín, Nicolás Perdomo, y la de Herrera, director de la revolución en Panamá. Sin la aceptación de Herrera no había paz.

Ahí se ubica el gesto que fijó su leyenda. Al capitular, Herrera habría roto su espada sobre las rodillas y pronunciado la frase que después repetirían generaciones de escolares: «La Patria por encima de los partidos». La imagen —el general vencido que quiebra el arma antes de entregarla— pertenece más al repertorio del honor militar decimonónico que a la política moderna, y sin embargo cifra con exactitud lo que Herrera representó a partir de entonces: la aceptación de la derrota como el único horizonte político realista para el liberalismo, y la conversión de esa aceptación en autoridad moral. Las cláusulas del tratado eran las de una rendición benigna: libertad inmediata de prisioneros y presos políticos, amnistía y garantías para los revolucionarios, entrega de todo el armamento, expedición de pasaportes, y convocatoria a elecciones al Congreso «con pureza y legalidad» —promesa esta última que la Hegemonía Conservadora se encargaría de vaciar durante los siguientes veintiocho años.

Pocos días después de la firma, el 3 de noviembre de 1903, Panamá se separó de Colombia con auxilio de Estados Unidos. La coincidencia no es casual: las negociaciones sobre el canal interoceánico formaban parte de la agenda política que rodeó el fin de la guerra, y el Wisconsin no era un barco cualquiera. La paz que cerró los Mil Días y la pérdida del istmo pertenecen al mismo capítulo del debilitamiento de la soberanía colombiana en el Caribe.

La cooperación imposible con Reyes

La derrota dejó al partido descompuesto programáticamente. Sus jefes —Herrera, Uribe Uribe, Enrique Olaya Herrera— eran ahora los vencidos, y el régimen que los había derrotado se disponía a administrar la victoria. El general Rafael Reyes, presidente entre 1904 y 1909, ensayó una fórmula pragmática: llamar a algunos ministros liberales al gabinete y priorizar la recuperación económica sobre las querellas partidistas, bajo el lema «menos política y más administración». Herrera y Uribe Uribe figuraron entre los liberales asociados a esa apertura.

La cooperación duró poco. Cada bando sospechaba que el otro se aprovechaba de la tregua, y a esa desconfianza mutua se sumó la deriva autoritaria de Reyes, que en 1905 cerró el Congreso y lo reemplazó por una asamblea constituyente nombrada por él mismo con participación controlada de ambos partidos. Herrera, Uribe Uribe y Olaya Herrera retiraron su cooperación. La experiencia dejó una enseñanza que marcaría el resto de su vida política: la colaboración con el régimen conservador, en las condiciones de la Hegemonía, no producía apertura sino instrumentalización.

Esa enseñanza se confirmó años después, cuando el presidente Ospina —en una oferta puntual, distinta de la elección presidencial de 1922— ofreció al liberalismo tres carteras de un gabinete de ocho. El partido, siguiendo la tradición cíclica de rechazo compartida por ambas colectividades cuando estaban en oposición, declinó. A Herrera le tocó específicamente el Ministerio del Tesoro; lo rechazó por carta invocando «motivos honorables y patrióticos». La fórmula era protocolaria; el fondo, no. En un régimen donde el liberalismo se sabía excluido de la burocracia y del Parlamento, aceptar una cartera aislada equivalía a legitimar la exclusión general.

Entre uno y otro momento se coló también la breve experiencia de la Unión Republicana, entre 1909 y 1914, que buscó articular a liberales y conservadores moderados en un frente de entendimiento nacional después de la caída de Reyes. Fue un tiempo de confusión de doctrinas: en aras de la paz partidaria, muchos jefes tendieron a abandonar sus postulados históricos —federalismo, laicismo, librecambismo—, y Olaya Herrera se contó entre los adalides de esa acomodación. Herrera, más asociado al núcleo duro del liberalismo, sobrevivió a la Unión Republicana con el capital simbólico de la espada rota intacto.

La vocación docente: la Universidad Libre

La constatación de que el liberalismo estaba excluido de la burocracia y del Parlamento —y de que las guerras civiles no iban a devolverle el poder— llevó al partido a formular, desde el plan de labores de 1916 y la plataforma de 1917, lo que se llamaría la «vocación docente del liberalismo»: una estrategia de reconstrucción por la vía de la formación de sus cuadros y de la disputa por la educación pública. La convención de Ibagué, en 1932, la reiteraría cuando el partido ya había vuelto al poder.

Herrera fue la cabeza visible de esa apuesta en su expresión universitaria. La Universidad Libre, fundada bajo su liderazgo en Bogotá, se propuso desde el principio como el reverso institucional de la universidad confesional consagrada por el Concordato de 1887. En un país donde la educación superior estaba organizada, según el texto constitucional y concordatario, conforme a los dogmas de la religión católica, una universidad «libre» era una declaración política antes que un proyecto pedagógico. En los niveles elementales y medios de enseñanza, esa misma vocación docente se materializó de manera aún más nítida en el Gimnasio Moderno, establecido por Agustín Nieto Caballero. Universidad y colegio funcionaron como los dos polos institucionales de un liberalismo que había decidido formar generaciones enteras mientras esperaba su turno electoral.

La decisión de Herrera es reveladora del hombre que fue. Un general con educación formal limitada, formado en campamentos y trincheras, apostando la memoria de su partido a un aula. La coherencia biográfica pasa por reconocer que ambos gestos —romper la espada en 1902 y fundar la universidad después— pertenecen a la misma lógica: el traslado del combate del terreno militar al terreno civil, la conversión de la derrota en institución.

La red: masones, socialistas, artesanos

Herrera se movía en las redes clásicas de la sociabilidad liberal colombiana. Fue miembro de la masonería, cuyas logias —cerca de cuarenta activas en el país en las décadas centrales del siglo XX— habían contado entre sus filas a veintitrés presidentes de la república y a un número incontable de funcionarios del Estado. La masonería colombiana se pensaba a sí misma como un espacio de deliberación democrática y de formación cívica, aunque también atravesó períodos de confusión doctrinal —notablemente frente al socialismo a mediados del XIX— y recibió críticas tanto del papado y los sectores conservadores como de republicanos como José María Samper, que en su juventud consideró risibles sus rituales. Otro nombre de esa misma red, mencionado junto al de Herrera, es el del empresario Leo Kopp. Ese cruce entre generales, comerciantes e industriales dentro de las logias es parte del tejido social del liberalismo de la época.

La red más políticamente relevante que Herrera tejió en la última década de su vida, sin embargo, no fue la masónica sino la obrera. En los años veinte, cuando ya despuntaban en Bogotá, Medellín y Girardot los primeros núcleos socialistas y sindicales, Herrera auspició una operación deliberada de cooptación de esos sectores hacia el Partido Liberal. La operación funcionó rápido. Poco después de anunciada su candidatura presidencial, el Sindicato Central Obrero declaró su adhesión, y los grupos socialistas de Girardot y Medellín siguieron el mismo camino. La Comisión Nacional de Organización y Propaganda del propio Partido Socialista llegó a declarar, en el momento álgido de la operación, que era dentro del Partido Liberal donde los grupos socialistas podían laborar con mayor éxito por sus reformas y principios.

La cooptación tuvo un precio y una retórica. El precio fue que el liberalismo adoptara algunos ideales reformistas del socialismo colombiano, abandonando, al menos en el discurso, sus viejos postulados individualistas, el librecambismo y el laissez-faire económico decimonónico. Ese abandono, forzado por la presión socialista, fue el principal logro del socialismo colombiano de aquellos años: no ganar el poder para sí, sino obligar al liberalismo a adaptarse a las condiciones del siglo XX. La retórica, por su parte, recuperó la leyenda de los Mil Días: los artesanos y obreros que ingresaban al liberalismo lo hacían al abrigo del mito de una guerra en la que los de abajo habrían sido traicionados por una oligarquía corrupta e incompetente, mito que Herrera —general de esa guerra— encarnaba en persona.

La operación tuvo, sin embargo, un límite estructural que ni Herrera ni sus sucesores estuvieron dispuestos a franquear. Los jefes liberales, pese a la retórica reformista, no se atrevieron a contrariar de verdad el régimen de propiedad agraria ni a compartir en serio las ideas liberales con las multitudes. La renovación fue en las formas —el lenguaje reformista, la incorporación de dirigentes obreros, la retórica anti-oligárquica— pero no en los contenidos de fondo. Por eso la cooptación funcionó a corto plazo como maquinaria electoral, pero no evitó que, pocos años más tarde, los sectores socialistas más radicales concluyeran que les convenía organizarse por su cuenta.

1922: la candidatura y el fraude

En 1922 el liberalismo llevaba veinte años sin gobernar. La candidatura de Herrera fue el intento más ambicioso de retorno desde el fin de la guerra: un general de los Mil Días, ya envejecido pero con la autoridad moral intacta, respaldado por la red obrera y socialista que él mismo había ayudado a articular, disputando la presidencia al empresario antioqueño Pedro Nel Ospina, candidato de la Hegemonía Conservadora.

La elección se decidió por fraude. Se falsificaron registros electorales aumentando fraudulentamente en más de ciento cincuenta mil los votos favorables a Ospina, y se cerró el telégrafo por tres días durante el proceso, incomunicando a los departamentos y bloqueando cualquier consolidación independiente de resultados. Ospina fue proclamado presidente y gobernó entre 1922 y 1926 al frente de un programa modernizador que, en algunas de sus expresiones, incorporaría los mismos ideales de racionalización económica que la propia campaña liberal había levantado.

El efecto sobre el liberalismo fue devastador. La derrota dejó al partido en una crisis de la que solo se repondría a fines de la década, y confirmó a los socialistas más radicales en la convicción de que la ruta de la cooptación conducía a callejones sin salida. Herrera, viejo y desgastado por la campaña, no vivió para ver el desenlace: murió en 1924, dos años antes del final del gobierno de Ospina y seis antes de que el liberalismo regresara al poder con Enrique Olaya Herrera —aquel mismo Olaya adalid de la Unión Republicana— en 1930.

La combinación es cruel. Herrera murió sin capitalizar electoralmente el partido moderno que había ayudado a construir; el liberalismo volvió al poder gracias, en buena parte, a la infraestructura social y a la cooptación obrera que él había armado; y lo hizo bajo la conducción de una figura —Olaya— asociada a la línea acomodaticia del republicanismo, no a la línea combativa a la que Herrera pertenecía. La transición del liberalismo se produjo; pero no la produjo él, y no la produjo del todo.

La huella

La huella de Herrera se lee en tres registros distintos, y todos son parciales. El primero es el heroico, el del general que rompe la espada frente al Wisconsin y pronuncia la frase que lo sobrevive. Ese Herrera pertenece al panteón cívico del liberalismo del siglo XX y, en cierta medida, al de la nación entera: el militar que subordina el partido a la patria en el momento exacto en que la patria está perdiendo un territorio, y que convierte ese gesto en autoridad moral para el resto de su vida. La eficacia simbólica de la escena explica que la mejor biografía individual del personaje —el libro de Gustavo Humberto Rodríguez, Benjamín Herrera en la guerra y la paz, publicado en Bogotá en 1973— haya organizado su título en torno a ese binomio, guerra y paz, como si toda la vida del general cupiera en el arco de la capitulación.

El segundo registro es el institucional. La Universidad Libre, fundada bajo su liderazgo, es el testimonio material más duradero de su paso por la vida pública, y expresa con nitidez la apuesta central de su última etapa: si el liberalismo estaba excluido del gobierno y del Parlamento, tenía que refundarse por la vía de la formación de sus cuadros. Que la universidad exista todavía, casi un siglo después de la muerte de su promotor, es una vindicación de la lógica de largo plazo que Herrera privilegió sobre las coyunturas electorales.

El tercer registro es el político-social, y es el más ambiguo. Herrera fue el arquitecto de la cooptación obrera y socialista que le permitió al liberalismo entrar al siglo XX con una base social ampliada y una retórica reformista modernizada, pero la operación se hizo sin tocar las estructuras de poder que el propio liberalismo compartía con el régimen agrario dominante. La modernización fue de las formas, no de los contenidos, y esa incompletitud es parte de la explicación de por qué el liberalismo del siglo XX —incluso en sus mejores momentos, los de la República Liberal de los años treinta— tuvo tantas dificultades para traducir su retórica social en reformas estructurales duraderas.

En los tres registros persiste la misma tensión de fondo: la de un caudillo del siglo XIX intentando dirigir un partido de masas del siglo XX. Herrera trajo del campo militar la autoridad, la lealtad personal y el gesto memorable; el partido moderno le exigía maquinaria, programa y disciplina electoral. Consiguió lo primero mejor que lo segundo, y por eso la posteridad lo recuerda como una figura tutelar más que como un dirigente eficaz. Frente al fraude de 1922 no tenía instrumentos —tampoco los habría tenido nadie en su lugar—, y la carencia expuso los límites de un liderazgo que se apoyaba, más de lo que se dejaba admitir, en el capital simbólico de una guerra perdida veinte años atrás.

Herrera murió en 1924, en el filo exacto entre el liberalismo de los Mil Días y el que iba a volver al poder en 1930. En esa frontera, ni del todo del pasado ni del todo del porvenir, se juega su lugar en la historia colombiana. Fue, en propiedad, el hombre que empezó a convertir un partido de generales en un partido de electores, sin llegar a ver terminada la obra ni a comprobar hasta qué punto el edificio que había empezado a levantar podía sostener el peso de las transformaciones que él mismo, prudentemente, no se había atrevido a emprender.