Olimpo Radical

El Olimpo Radical

Entre 1863 y 1878, un grupo de abogados, periodistas y hacendados de fortuna modesta gobernó Colombia bajo el nombre grandilocuente de Estados Unidos de Colombia y con la convicción de que un país podía organizarse desde el librecambio, la separación entre Iglesia y Estado, la educación laica y una federación de estados casi soberanos. Los llamaron el Olimpo Radical, con una mezcla de admiración por su brillo intelectual y de sorna por la distancia entre sus aulas benthamitas y el país que gobernaban. El experimento produjo la Constitución más audazmente liberal de la historia colombiana, la de Rionegro de 1863; también produjo guerras civiles endémicas, un Estado sin monopolio de la violencia, un mercado interior fragmentado por aduanas y una economía exportadora que fue perdiendo, uno a uno, sus productos-boom en los mercados europeos. La Regeneración de Rafael Núñez lo liquidó en 1886 con una constitución centralista y un concordato con la Santa Sede que definirían, por reacción, la Colombia del siglo siguiente. Entender el Olimpo Radical es entender por qué el Estado colombiano moderno es como es —y no solo por lo que hizo, sino por lo que se hizo contra él.

Qué fue el Olimpo Radical

La expresión designa a la generación de dirigentes liberales que hegemonizó el poder en Colombia durante la vigencia de la Constitución de Rionegro, entre 1863 y 1886, con su núcleo más denso entre 1867 y 1878. Los nombres se repiten en el mando presidencial y en los ministerios: Manuel Murillo Toro, Santos Acosta, Santos Gutiérrez, Eustorgio Salgar, Santiago Pérez Manosalva, Aquileo Parra. A su lado, sin siempre pasar por la primera magistratura, operaron los intelectuales-políticos que dieron forma doctrinaria al proyecto: Salvador Camacho Roldán, Miguel Samper, Manuel Ancízar, Florentino González, entre otros publicistas que sostuvieron el andamiaje del régimen.

No eran una aristocracia terrateniente ni una plutocracia comercial. El perfil dominante era el del hombre público dedicado a la política, la enseñanza y el periodismo, de fortuna modesta o independiente, con alguna hacienda o negocio comercial en el trasfondo. Habían estudiado en las escuelas de derecho donde durante años se enseñó el utilitarismo político de Jeremías Bentham, y su economía política mezclaba a Frédéric Bastiat, Jean-Baptiste Say y una fe firme en el librecambio. Se sabían minoría ilustrada en un país mayoritariamente rural, católico y analfabeto, y esa conciencia atraviesa toda la retórica del período: el radicalismo se pensó como maestro de un país que aún no lo comprendía.

El apodo mismo —Olimpo— es póstumo y ambivalente. Alude a la altura ateniense de sus discursos y a la distancia olímpica respecto de las mayorías cuyos derechos, sobre el papel, ampliaban. Restituirlo históricamente pide no confundir el brillo con la solidez: el edificio institucional que estos hombres levantaron era, a la vez, el más ambicioso y el más frágil que Colombia había ensayado.

Antes del Olimpo: gólgotas, draconianos y la fractura de mediados de siglo

Los partidos Liberal y Conservador cristalizaron como organizaciones formales hacia finales de la década de 1840; los antiguos "ministeriales" pasaron a llamarse conservadores después de 1849, y del otro lado el liberalismo empezó a diferenciarse en corrientes. La revolución francesa de 1848 llegó como sacudida al mundo neogranadino: los jóvenes liberales, que serían llamados gólgotas, encontraron en las jornadas europeas la evidencia de que su programa era el signo del siglo. Militares y artesanos formaron una coalición con parte del liberalismo, y en 1849 el Congreso eligió presidente al general José Hilario López, abriendo el ciclo reformista.

El gobierno de López y luego el de José María Obando —presidente entre el 1 de abril de 1853 y el 21 de abril de 1854— desmontaron piezas centrales del orden colonial: fue abolida la esclavitud, se suprimió el monopolio estatal del tabaco, se permitió la venta de tierras indígenas, se adoptó formalmente el librecambio. Ese giro tarifario venía de atrás: en 1847, siendo ministro de Hacienda de Tomás Cipriano de Mosquera, Florentino González había impulsado nuevas tarifas aduaneras a contramano de la prudencia fiscal de los gobiernos anteriores de Francisco de Paula Santander y José Ignacio de Márquez, que habían temido tocar los ingresos aduaneros por ser la principal fuente del fisco. En 1853 se promulgó una constitución de orientación liberal que introdujo la libertad religiosa, debilitó las atribuciones del presidente y comenzó a distribuir facultades entre el gobierno central y las provincias.

Pero el liberalismo se partió. Los gólgotas, jóvenes radicales activos sobre todo entre 1850 y 1854, se identificaban con el comercio, el librecambio y una modernización acelerada. Los draconianos —el ala que apoyó a Obando— estaban más cerca de los artesanos urbanos y los militares del ejército de la independencia; el arancel fue uno de los ejes de la ruptura, junto con tensiones religiosas y político-sociales. El desenlace fue el golpe de abril de 1854 y la coalición militar-artesanal que lo respaldó, derrotada militarmente ese mismo año. El aplastamiento consolidó la doctrina librecambista, aunque la hegemonía radical dentro del liberalismo tardaría todavía años en cuajar.

Conviene una advertencia contra las lecturas fáciles: las líneas económicas no coincidían con las líneas partidistas. Fundadores del conservatismo como Julio Arboleda, Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro habían defendido el librecambio antes de la ruptura. La disunidad interna que exhibió el liberalismo en 1854 facilitaría el retorno conservador con Ospina Rodríguez a finales de la década, y de ese retorno saldría la siguiente guerra civil, la que abriría paso al Olimpo.

La arquitectura federal: de 1855 a Rionegro

El federalismo colombiano no nació de golpe. La Constitución de 1853 lo insinuó al repartir facultades entre centro y provincias. En 1855, el Congreso reformó ese texto para otorgar estatuto federal a Panamá y habilitó, mediante ley simple, la creación de otros estados: pronto siguieron Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena. La Constitución de 1858 formalizó el esquema bajo el nombre de Confederación Granadina, con ocho estados federales cuyo sometimiento al gobierno central quedaba acotado a materias como crédito nacional, ejército y marina, y relaciones exteriores.

Esa arquitectura no aguantó. Cuando el presidente Mariano Ospina Rodríguez intentó, a finales de la década, medidas que los estados liberales percibieron como centralistas, Mosquera —principal fuerza política y militar del Cauca— se levantó en armas. La guerra civil de 1860-1862 terminó con la victoria liberal, la toma de Bogotá y la convocatoria de una convención constituyente. Mosquera aprovechó su gobierno provisional para tomar decisiones decisivas: por el decreto del 9 de septiembre de 1861 ordenó la desamortización de los bienes de manos muertas, adjudicando a la nación los bienes y rentas de corporaciones civiles y eclesiásticas —con excepción de los de propiedad individual sin carácter de fundación— y expropió tierras, casas y edificios de comunidades religiosas, cerrando conventos que desacataran las órdenes. La motivación principal fue fiscal —el fisco estaba agobiado por la deuda y por los costos de las guerras—, pero el efecto político fue mucho más largo: la Iglesia católica quedó enfrentada al nuevo régimen en términos irreconciliables.

La Convención de Rionegro se instaló el 4 de febrero de 1863 en el pueblo antioqueño del mismo nombre. La dominaron los liberales victoriosos, pero por dentro pulsaba una tensión: los seguidores de Mosquera —caudillo indispensable pero ideológicamente errático, cuyo autoritarismo personalista incomodaba tanto a amigos como a enemigos— chocaban con el radicalismo doctrinario. De ese choque salió el texto más singular de la historia constitucional colombiana.

La Constitución de Rionegro unió a perpetuidad a nueve estados soberanos bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia. Rompió con toda la tradición: fue la primera carta que no comenzó con la invocación En nombre de Dios, sino con la fórmula En nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos Colombianos. Los estados podían ejercer cualquier función no reservada expresamente al poder central, mantener milicias propias, determinar quién tenía derecho al voto, e incluso emitir sus propias estampillas postales. La Constitución solo podía enmendarse por consentimiento unánime de todos los estados —una cláusula que hacía casi imposible su reforma. El período presidencial se fijó en dos años sin reelección inmediata, en parte para conjurar el caudillismo mosquerista. Se garantizaron derechos individuales de amplio alcance: inviolabilidad de la vida humana con abolición de la pena de muerte, libertad religiosa pública y privada, libertad de expresión e imprenta.

El precio del radicalismo fue paradójico. El sufragio universal masculino que la Constitución de 1853 había consagrado quedó, de facto, revertido: al remitir a cada estado la definición del electorado, más de la mitad retrocedió del sufragio universal, que no había funcionado del todo a satisfacción de los propios liberales. El texto más avanzado en derechos individuales del siglo XIX colombiano restringió la base electoral que otro texto, una década antes, había ampliado.

El Estado sin monopolio de la violencia

La pieza más reveladora de la arquitectura de Rionegro no está en la Constitución sino en una ley posterior: la Ley 20 de 1867. Obligaba al gobierno de la Unión a observar la más estricta neutralidad cuando en algún estado se levantara una porción de ciudadanos contra el gobierno existente. Difícil imaginar una renuncia más explícita al monopolio estatal de la violencia. El Estado nacional no tenía ejército permanente propio, no podía formalmente intervenir en los asuntos de los estados que lo constituían, y por ley debía cruzarse de brazos ante las guerras civiles internas.

En la práctica, el gobierno central hizo trampas: recurrió a apoyos ilegales y armados a través de la guardia nacional para inclinar los conflictos internos hacia sus aliados. La "neutralidad" escondía favoritismo y corrupción. Los banqueros antioqueños conservadores sufrieron expropiaciones y humillaciones bajo el gobierno radical caucano de Tomás Rengifo; en otros contextos, el poder central adoptó medidas que favorecían a ciertos bancos en detrimento del público durante los conflictos. La cultura política se ajustó al vacío institucional: la disputa electoral entre facciones liberales y conservadoras se volvió estructuralmente violenta, porque no había mecanismos legítimos de arbitraje. Se conservaba, eso sí, una norma tácita de moderación hacia los civiles: se saqueaba a los ricos y se aplicaba el zurriago a los propietarios hostiles, pero no se los mataba; había un orgullo compartido por las formas de respeto al enemigo desarmado.

La Ley 20 fue derogada en 1880, pero su espíritu —la renuncia estatal a un monopolio efectivo sobre la violencia— probó ser más duradero que su letra. Décadas más tarde, en los años cincuenta del siglo XX, algún eco de esa renuncia reaparecería en el comportamiento parcial del Ejército y la Policía durante La Violencia.

Los hombres del Olimpo

El más alto entre pares fue Manuel Murillo Toro (1816-1880). Oriundo de Chaparral, en el Tolima, periodista, jurista y político de larga trayectoria, llegó a la presidencia de la república por primera vez en 1864 y encarnó el ideal radical de gobernante ilustrado, laico, moderado en las formas y firme en los principios. Su muerte en 1880 —el año en que Rafael Núñez fue elegido presidente por primera vez— fue leída, con razón, como un cierre generacional.

Alrededor de Murillo Toro se ordenó una constelación. Santos Acosta ejerció la presidencia después de un episodio decisivo en 1867: la deposición del propio Mosquera, cuyo autoritarismo se había vuelto insoportable incluso para sus antiguos aliados liberales. Santos Gutiérrez y Eustorgio Salgar siguieron en la primera magistratura entre finales de los sesenta y comienzos de los setenta, en la ventana más estable del régimen. Santiago Pérez Manosalva, hombre de letras y periodista, presidió entre 1874 y 1876. Aquileo Parra, comerciante santandereano, llegó al poder en 1876 en medio de la crisis que desataría la guerra civil de ese año.

En el terreno de las ideas —y del periodismo, que en esa generación era la misma cosa— Salvador Camacho Roldán y Miguel Samper fueron los grandes teóricos económicos del librecambio radical, mientras José María Samper transitaba de posiciones radicales a la crítica de sus excesos y José María Rojas Garrido asombraba desde la tribuna con fama de orador excepcional. Manuel Ancízar y Florentino González —este último, artífice del giro librecambista de 1847— eran ya figuras de la generación anterior cuando el Olimpo cristalizó, pero su huella intelectual atravesó toda la etapa.

La hegemonía territorial de estos hombres fue, sin embargo, mucho menor que la ideológica. Entre 1867 y 1877, los comerciantes bogotanos lograron a través del Partido Liberal algo cercano a una hegemonía política, pero confinada principalmente al Estado Soberano de Cundinamarca. Dos estados —Antioquia y Tolima— fueron dominados por los conservadores durante buena parte del período. El "Olimpo" gobernaba desde Bogotá una federación en la que sus adversarios controlaban regiones enteras y las utilizaban como bases de operaciones políticas y, cuando hacía falta, militares.

Educación, Iglesia y el detonante de 1876

La pieza más ambiciosa del programa radical, junto con el federalismo mismo, fue la reforma educativa de 1870. Contempló la creación de un sistema de instrucción pública dirigido desde el Estado, con escuelas normales de formación docente en todos los estados de la federación. Para llevar la reforma a la práctica, el gobierno contrató una misión pedagógica de maestros alemanes protestantes —un gesto de audacia política considerable en un país mayoritariamente católico. Los párrocos podrían impartir instrucción religiosa fuera del horario escolar; era el mínimo compromiso que los reformadores creyeron necesario, y para los sectores más tradicionalistas fue de entrada intolerable.

Los resultados, sobre el papel, fueron notables. Se pasó de unos 22.000 niños escolarizados a mediados de siglo a aproximadamente 60.000 en 1870, y para 1876 se contabilizaban 1.464 escuelas con 79.123 escolares. Cifras modestas para un país entero, pero un cambio de escala en la relación del Estado con la niñez, que tocaba de lleno la esfera hasta entonces reservada a la Iglesia.

La reacción no se hizo esperar. La guerra civil de 1876-1877 estalló en el gobierno de Aquileo Parra, en un contexto en que el liberalismo estaba dividido entre parristas (radicales) y nuñistas (independientes). Las causas se entrelazaban —tensiones sociorraciales viejas, rivalidades regionales—, pero el detonante fue la reacción conservadora y clerical contra el proyecto de educación laica. Clérigos de Palmira, Cartago y Tuluá abanderaron la causa antirreformista. La guerra se libró principalmente en el Cauca y el Tolima durante once meses, con un marcado componente sociorracial: las tropas liberales, predominantemente negras y mulatas, destruyeron propiedades y atacaron a propietarios conservadores; el saqueo de Cali en la Nochebuena de 1876 pasó a la memoria de los vencidos como emblema del terror radical.

El costo fiscal fue devastador: la guerra costó el 118% del presupuesto nacional aprobado para 1878. Un Estado ya débil en recursos quedó todavía más frágil, precisamente en el momento en que necesitaba consolidarse. La victoria liberal permitió a los santandereanos promulgar legislación anticlerical adicional, con destierro del obispo de Pamplona y arresto de clérigos. Pero la victoria militar escondía una derrota política de fondo: el conservatismo había demostrado capacidad de movilización armada masiva, la Iglesia había recuperado protagonismo político como bandera de oposición, y las rivalidades internas del Partido Liberal —parristas contra nuñistas— habían quedado expuestas como fisura irreparable.

La economía del librecambio y sus límites

El proyecto radical descansaba sobre un supuesto económico: que el librecambio y la exportación de productos agrícolas insertarían a Colombia en el mercado mundial y generarían la prosperidad que sostendría el Estado liberal. Los sucesivos booms —tabaco, añil, algodón, quina— fueron acompañando la ilusión. El núcleo del auge tabacalero estuvo en la región de Ambalema, con una gran factoría para la exportación, y duró aproximadamente hasta 1870, cuando se cerraron las compras de tabaco colombiano en Bremen. El Banco de Londres, México y Suramérica, establecido en 1846, se liquidó en 1869 arrastrado por la crisis tabacalera.

Cada boom perdió rentabilidad en los mercados europeos por razones estructurales: escasez de capitales, técnicas de producción rudimentarias, altos costos de transporte, organización servil o familiar del trabajo. Entre 1850 y 1863, los dirigentes se concentraron casi exclusivamente en el desarrollo de la economía exportadora mediante la empresa privada y con mínima intervención estatal; el desarrollo de la infraestructura de transporte no fue una prioridad de política gubernamental. El fracaso sucesivo de los productos-boom fue enseñando una lección amarga: incluso una economía exportadora eficaz requería transporte terrestre —caminos, ferrocarriles— que el Estado tenía que impulsar. Después de 1863, la élite empezó a reconocerlo, y en las décadas siguientes se iniciaron proyectos de construcción de líneas férreas.

Bajo el régimen federal, además, la descentralización fiscal se profundizó: la Constitución de 1863 otorgó a los estados mayor autonomía tributaria, y las funciones del gobierno nacional en educación y vías de comunicación quedaron muy limitadas. Peor aún, la disputa entre el gobierno federal y los estados soberanos, y entre estados vecinos, llevó a la implantación de aduanas internas que frenaron el comercio interior. El país que sus dirigentes querían abrir al mundo se cerró sobre sí mismo. La base material del régimen radical se erosionaba justo en el momento en que sus adversarios recuperaban aliento.

Núñez, la independencia y el desenlace

Rafael Núñez había sido liberal, ministro, miembro del propio establecimiento radical. Su distanciamiento fue gradual. Como presidente del Senado de Plenipotenciarios, pronunció el 1 de abril de 1878 la frase que quedaría asociada al inicio de la Regeneración: regeneración administrativa fundamental o catástrofe. En ese momento, según él mismo aclararía después, no tenía en mente sustituir el sistema federal ni cambiar los fundamentos de la Constitución de 1863; su concepto inicial de regeneración implicaba subsistencia de las instituciones constitucionales. La distinción importa: la liquidación del Olimpo no era un guion escrito de antemano.

La escisión entre parristas radicales y nuñistas independientes se consolidó como fractura del liberalismo. Los independientes acabaron aliándose con los conservadores para respaldar a Núñez frente al candidato radical Aquileo Parra. En 1880, Núñez llegó por primera vez a la presidencia. El destino del régimen quedó sellado ese mismo año con la muerte de Manuel Murillo Toro. Los radicales quedaron sin caudillo comparable, y sus dirigentes —dedicados a la política, la enseñanza y el periodismo, sin fortunas grandes ni maquinaria armada— no supieron o no pudieron usar su preeminencia intelectual para retener el poder. Se colocaron a la defensiva en los momentos cruciales, y sus adversarios —antioqueños, Miguel Antonio Caro, Carlos Holguín— se articularon para imponer sus propias metas.

El desenlace vino con el turbamiento del orden público de 1884-1885. En ese contexto, Núñez impulsó la convocatoria de un Consejo Nacional de Delegatarios que redactó una nueva constitución. Reunió a delegados de los distintos estados, con participación de liberales nuñistas y conservadores; entre estos últimos, Miguel Antonio Caro fue el gran arquitecto doctrinario. La Constitución de 1886 fue dada el 4 de agosto y sancionada el 5 de agosto por el designado José María Campo Serrano. Estableció un gobierno centralista, presidente elegido por voto directo con período de seis años, y división del país en departamentos. Núñez y Eliseo Payán fueron designados presidente y vicepresidente por seis años. El propio Núñez no quiso firmar personalmente el texto: dijo que defraudaba justas aspiraciones nacionales y que en sus artículos quedaban envueltas futuras guerras civiles. El pronóstico se cumpliría.

El Concordato de 1887 con la Santa Sede completó la operación al otorgar a la Iglesia católica el control sobre el sistema de educación pública, a cambio de concesiones sobre sus derechos económicos. Era, en materia educativa, un retorno a la posición eclesiástica de la Colonia. El ciclo radical estaba cerrado.

Los ecos: 1886-1930 y más allá

La Regeneración inauguró una hegemonía conservadora que gobernaría Colombia hasta 1930. El período 1886-1903 fue de censura y olvido: la obra de intelectuales liberales y librepensadores fue arrinconada, la Universidad Nacional fue cerrada, la represión cultural borró institucionalmente la huella del radicalismo. Hasta 1930, la educación media y universitaria estuvo dominada por el pensamiento conservador de tendencia clerical.

La liquidación del federalismo, sin embargo, no resolvió las tensiones que había querido conjurar. Entre 1887 y 1900 fueron expedidas 18 leyes reglamentarias de la división político-administrativa dentro de los departamentos: testimonio de que las fuerzas locales eran más difíciles de acomodar de lo que el centralismo imaginaba. El resentimiento provincial contra Bogotá no había nacido con Rionegro y no murió con la Regeneración.

La Guerra de los Mil Días (1899-1902) fue la respuesta armada del liberalismo a la exclusión regeneracionista, una de las contiendas más largas y sangrientas de la historia colombiana. Antes de estallar, conservadores históricos y liberales habían formado una alianza fugaz, motivada en parte por la crítica compartida a la Regeneración y la demanda de reforma electoral; los históricos expresaron sus posiciones en documentos como el Manifiesto de los 21 y Las bases. La guerra terminó con la derrota liberal y agudizó las hostilidades entre Bogotá y el departamento de Panamá, esencialmente liberal —contexto de tensión que enmarcó las negociaciones del tratado canalero con Estados Unidos y precedió a la separación del istmo en 1903.

El fin de la hegemonía conservadora llegó en 1930, con la modernización capitalista iniciada esa década y, cinco años después, la Reforma universitaria de Alfonso López Pumarejo, que abrió los claustros a corrientes de pensamiento distintas al conservadurismo clerical. Solo entonces empezó a recuperarse el período radical desde una mirada menos partidista. La Constitución de Rionegro había difundido valores —origen popular del poder, igualdad de derechos independientemente de la situación económica, social y étnica— que se incorporaron a la ideología política nacional aceptada por amplios grupos de la población, no solo por una élite educada. Comparado con el desempeño de constituciones centralistas y autoritarias en otros países latinoamericanos, el balance del período radical no resulta tan negativo como durante décadas se afirmó.

Balance de un experimento

El Olimpo Radical portaba contradicciones estructurales que lo hacían insostenible en su forma extrema: un Estado que había renunciado por ley al monopolio de la violencia, una economía exportadora frágil que colapsaba producto por producto sin generar la base fiscal necesaria, un mercado interior balcanizado por aduanas interestatales, una hegemonía política de sus dirigentes confinada en la práctica a Cundinamarca. La educación laica y el conflicto con la Iglesia añadieron una guerra civil catastrófica en 1876-1877 que consumió más de un presupuesto anual.

Pero la Constitución de 1886 no fue la respuesta inevitable a ese fracaso estructural. Fue una respuesta política sobredeterminada. El propio Núñez, en 1878, no imaginaba sustituir el sistema federal; fue la alianza táctica entre liberales disidentes y conservadores, la muerte oportuna de Murillo Toro y la incapacidad radical para arbitrar su fractura interna lo que convirtió la crisis administrativa en liquidación constitucional. La coalición Núñez-Caro aprovechó las debilidades del federalismo para imponer un centralismo confesional que excedía con mucho lo que la crisis estructural exigía. Definió así, negativamente, por reacción, el Estado colombiano del siglo XX: centralista, confesional, hostil a la autonomía regional, incubador de nuevos ciclos de violencia bipartidista.

La grandeza del Olimpo Radical estuvo en haber intentado —en un país pobre, mayoritariamente rural, dividido por regiones y por razas— la construcción de un Estado laico, federal y garante de derechos individuales amplios. Su fracaso estuvo en haber creído que el brillo de sus discursos y la solidez de sus doctrinas podían suplir la ausencia de un ejército propio, de una hacienda pública robusta y de una base social organizada más allá de los comerciantes bogotanos. Sus adversarios entendieron mejor el país; los derrotaron, y con la derrota se llevaron por delante, junto con los excesos, también las conquistas. Lo que la Constitución de 1991 recuperaría un siglo después —la libertad religiosa, los derechos individuales amplios, cierta descentralización administrativa— llevaba, sin confesarlo siempre, el aire de Rionegro.