Abolición

La abolición de la esclavitud en la Nueva Granada

El 21 de mayo de 1851, en Bogotá, el presidente José Hilario López sancionó la ley que declaraba libres, a partir del 1 de enero de 1852, a todos los esclavos existentes en el territorio de la República de la Nueva Granada. Cerca de diecisiete mil personas cruzaron ese umbral jurídico el primer día del año siguiente. La cifra, modesta al lado de las emancipaciones masivas del Caribe o el Brasil, es engañosa: detrás de esas diecisiete mil cartas de libertad se acumulaban tres décadas de manumisión gradual insuficiente, una guerra de independencia que había ofrecido —y regateado— la libertad como paga militar, una economía minera estancada por la fuga de sus propios trabajadores esclavizados, y una élite señorial caucana que en julio de 1851 se había alzado en armas para impedir precisamente lo que la ley de mayo consumaba. La abolición neogranadina no fue gesto humanitario espontáneo del liberalismo triunfante: fue el desenlace de un proceso en el que la presión de los esclavizados, la crisis fiscal del gradualismo republicano y la agenda modernizadora de la generación de 1850 confluyeron en una sola ley, cuyo alcance real quedaría recortado desde el mismo día de su entrada en vigor.

Un sistema con geografía propia

Para entender qué se estaba aboliendo conviene situar el sistema. Hacia 1782, los negros representaban casi el 75% de los aproximadamente 35.000 habitantes del Chocó, mientras los blancos apenas alcanzaban el 2%. En la gobernación de Popayán, sobre 98.632 habitantes, un 18,2% era población esclavizada, un 30,1% libres de color, un 25,7% indígenas y un 25,4% blancos. Estas dos regiones, junto con Cartagena y su hinterland, concentraban el grueso de la esclavitud neogranadina, y no por azar: allí estaba el oro. La minería aurífera de aluvión en el Chocó y Popayán fue intensiva en mano de obra esclavizada, y el oro fue el principal producto de exportación de la Nueva Granada durante el siglo XVIII.

El sistema tenía una geografía peculiar. Los propietarios de minas más ricos del Chocó no vivían en el Chocó: administraban sus cuadrillas desde Buga, Cartago, Cali, Anserma, Popayán o Santa Fe de Bogotá. Esta distancia entre el amo y la mina —entre la ciudad señorial y el real de minas selvático— explicará después buena parte de la resistencia caucana a la abolición: quienes cobraban la renta del oro no eran mineros sino rentistas de una élite urbana que, sustentada en los ciclos mineros y en el trabajo esclavizado en haciendas, se convirtió en una de las más influyentes del virreinato y conservó ese peso durante la Independencia y buena parte del siglo XIX.

Los esclavizados llegaban por Cartagena y desde allí eran conducidos en pequeños grupos por los ríos Magdalena y Cauca hacia Santa Fe, Antioquia, Cali, Popayán, el Chocó y los demás centros de actividad económica. En el gran mercado cartagenero, durante el asiento de la Compañía de Portugal, el precio promedio de un adulto era de 270 pesos. Los siglos XVI y XVII trajeron una importación abrumadoramente masculina: en nueve haciendas de la provincia de Cartagena estudiadas entre 1633 y 1724, la proporción era de cinco varones por cada mujer y menos del 5% de los cautivos tenía menos de quince años. Sin autorreproducción demográfica, el sistema dependía del flujo trasatlántico. En el siglo XVIII la proporción de sexos empezó a equilibrarse y creció el peso de los nacidos en América, transformación que volvía menos catastrófica —para los amos— la eventual interrupción de la trata.

Junto a la mina estaba la hacienda. En Popayán y el valle del Cauca, la hacienda colonial era una unidad productiva diversificada: caña, maíz, plátano, cacao, ganadería, trapiche. Su tecnología era baja, su lógica combinaba el monopolio de la tierra con la explotación de mano de obra esclavizada, y sus propietarios eran los mismos Mosqueras, Valencias y Arboledas que dominaban también las minas del Pacífico. La esclavitud neogranadina no era, entonces, un fenómeno marginal: era la infraestructura humana de la principal economía exportadora del virreinato y de la principal élite regional del país.

Pombo, los comuneros y las grietas del siglo XVIII

En 1804, sentado ante su escritorio de Cartagena, el comerciante criollo José Ignacio de Pombo redactó un documento que denunciaba las distorsiones económicas y la desmoralización institucional causadas por el sistema de comercio español y pedía reformas que ampliaran las oportunidades de comerciantes y productores americanos. No era un abolicionista, pero su prosa dejaba ver la impaciencia de una élite criolla ilustrada que empezaba a leer la esclavitud, entre otras cosas, como una traba a la libre circulación de factores productivos. Detrás de ese diagnóstico había veinte años de reformismo borbónico y una revuelta reciente: los nuevos gravámenes fiscales de la Corona habían desencadenado la revolución comunera de 1781 y preparado el terreno para las revueltas independentistas. Pombo escribía sobre esas grietas.

Al otro lado del Atlántico, Inglaterra impulsaba el abolicionismo del tráfico trasatlántico con argumentos filantrópicos y democráticos. Ese discurso viajó por América y prendió en jóvenes ilustrados, comerciantes con contactos en Londres y curas lectores de gaceta. La retórica humanitaria cruzaba el océano y se instalaba en Cartagena, Popayán y Santa Fe con un vocabulario nuevo —dignidad, humanidad, siglo de las luces— que empezó a hacer incómodo defender en público lo que hasta hacía poco era una obviedad económica.

Dentro del régimen colonial existían caminos individuales hacia la libertad. En Popayán, entre 1711 y 1800, se registraron 472 manumisiones. Solo un 29% fueron espontáneas —sin pago del esclavo— y muchas de esas eran promesas testamentarias de libertad para después de la muerte del amo, gesto filantrópico de alcance limitado que preservaba el usufructo de la vida productiva del esclavizado. Las modalidades documentadas eran básicamente dos: por gracia, incluida la manumisión testamentaria, y por compra. La automanumisión —el esclavo que ahorraba y compraba su libertad— era la vía más frecuente y la más costosa. A esas modalidades legales se sumaban las formas de vida libre al margen del cautiverio formal —palenques, cimarronaje, movilidad tolerada—, cuya persistencia erosionaba silenciosamente la viabilidad del sistema.

La libertad como paga militar

Cuando estallaron las guerras de independencia, la esclavitud entró en la ecuación militar por dos vías. Primero, algunas provincias insurgentes ensayaron decretos parciales. Entre 1811 y 1815, la Provincia de Cartagena —una de las Provincias Unidas de la Nueva Granada— decretó medidas relativas a la libertad de los esclavos, en un contexto marcado por la rebelión de Mompox, y llegó a decretar la libertad del comercio y de la posesión de esclavos. En Antioquia, Juan del Corral decretó que los hijos de los esclavos eran libres. Eran gestos aislados, sin marco continental, que sin embargo introdujeron en el vocabulario jurídico republicano la idea de que la esclavitud era negociable.

Segundo, y más decisivo: la manumisión se volvió herramienta de reclutamiento. Tanto los ejércitos patriotas como los realistas ofrecieron libertad a los esclavizados que combatieran en sus filas. Simón Bolívar liberó a sus propios esclavos primero de manera condicional al servicio militar, en 1814 —alrededor de quince aceptaron—, y luego de manera incondicional en 1821, cuando más de un centenar se beneficiaron. Estableció además que los esclavizados enrolados en el Ejército Libertador podían obtener la libertad a cambio del servicio. La medida tuvo un doble filo: liberaba a algunos, pero convertía la emancipación en una recompensa individual por derramar sangre por la República, no en un derecho colectivo por injusticia originaria.

El momento decisivo llegó en el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta. En julio de 1821, impulsada por el jurista antioqueño José Félix de Restrepo, se aprobó la ley de libertad de vientres. Los debates previos habían fijado los términos del compromiso: se reconocía la injusticia moral de la esclavitud, pero se advertía que una abolición repentina perjudicaría a los propietarios que habían invertido capital en ese sistema. La libertad de vientres era el remedio gradual que no afectaba los intereses de los esclavistas. Declaraba libres a los hijos de esclavas nacidos a partir de la publicación de la ley, con la condición de permanecer bajo tutela del amo de su madre hasta los 18 años, sirviéndole como compensación por los gastos de manutención. Los adultos permanecían bajo el poder de sus amos. Se prometía que la esclavitud se extinguiría por evaporación demográfica en el curso de una o dos generaciones.

Simultáneamente, las reglas del reclutamiento militar cambiaron. Tras la guerra, las nuevas regulaciones limitaron el alistamiento de esclavos a quienes contaran con autorización del amo, con compensación estatal al propietario y sin promesa de libertad vinculada al servicio. La vía que Bolívar había abierto en la campaña se cerró en la paz.

El fracaso del gradualismo, 1821-1848

El diseño de 1821 confiaba en dos mecanismos: las juntas de manumisión, alimentadas por un fondo de recaudo, comprarían la libertad de esclavos adultos; y los hijos de esclavas irían obteniendo la libertad al cumplir la mayoría de edad estipulada. Ambos mecanismos fallaron.

Los fondos de manumisión fueron crónicamente insuficientes para cumplir la tarea en el plazo de treinta años previsto por los legisladores más optimistas. La compensación exigida por los propietarios superaba lo que las juntas podían reunir, y la manumisión estatal se redujo a ceremonias esporádicas, cuidadosamente coreografiadas. Las juntas vincularon simbólicamente esos actos al nacionalismo republicano: se realizaban en festividades de independencia, con gorros de la libertad, discursos patrióticos y publicación de los nombres de los donantes en los periódicos locales. Era buen teatro cívico y mala política de emancipación.

Ante la insuficiencia de los fondos, la autocompra siguió siendo el principal medio legal por el que los esclavos obtenían la libertad. Pero incluso esa vía se estrechó. En la provincia de Santa Marta, durante el siglo XIX el precio promedio de la automanumisión terminó superando el precio promedio de mercado de los esclavos. Pagar por sí mismo era más caro que ser vendido. La libertad, cuando dependía del ahorro del esclavizado, se cotizaba con recargo.

La manumisión por voluntad del amo, por su parte, fue menos frecuente que la autocompra, y los propietarios tendieron a abandonarla tras 1819. Cuando ocurría, muchas de las liberadas eran concubinas y sus hijos mulatos: respondía a razones personales, no económicas ni ideológicas.

La ley de libertad de vientres también fue erosionada. La ley del 29 de mayo de 1842 extendió la sujeción de los libertos a sus amos hasta los 25 años, añadiendo siete años al período fijado en 1821. Los nacidos libres después de julio de 1821 debían así trabajar para el amo de su madre hasta bien entrada la adultez, en un régimen que los reformadores llamaron "concierto forzoso de manumisos" y que en la práctica prolongaba la esclavitud bajo otro nombre. La reforma había endurecido el gradualismo en lugar de acelerarlo: en el mismo año en que Europa discutía la emancipación en las colonias británicas, la Nueva Granada alargaba siete años más el trabajo obligado de niños nacidos libres.

Frente a estas rigideces, algunas voces del gobierno anticiparon el problema. El secretario del Interior José Manuel Restrepo argumentó en 1823 que mantener la esclavitud era un "volcán pronto a hacer una terrible explosión", respondiendo a los propietarios que pronosticaban ruina para la minería y la agricultura si se avanzaba en la manumisión. La imagen del volcán quedó; el gradualismo se impuso durante un cuarto de siglo más.

Entre tanto, la propia economía esclavista se desintegraba en las regiones que la sostenían. Tras la independencia, el Chocó y Popayán entraron en un estancamiento prolongado por la huida de esclavos, su reclutamiento militar y la inestabilidad política. La minería aurífera migró a Antioquia, donde la explotación pasó a manos de mineros independientes —los mazamorreros— y no de cuadrillas esclavizadas. La esclavitud sobrevivía en el Cauca más por inercia señorial que por rentabilidad extractiva: era un régimen de dominación social tanto como económico.

1848-1851: la coyuntura que rompió el gradualismo

La Revolución francesa de febrero de 1848 tuvo repercusiones inmediatas en la Nueva Granada, especialmente entre la juventud universitaria y la clase artesanal de Bogotá. Salvador Camacho Roldán lo testimoniaría en sus Memorias: el reformismo liberal y las grandes reformas sociales cobraron un impulso que hasta entonces no habían tenido. Las Sociedades Democráticas de artesanos se organizaron, se movilizaron y pesaron políticamente. En la apretada elección presidencial del 7 de marzo de 1849, decidida por el Congreso, esas sociedades inclinaron la balanza a favor de José Hilario López, quien tomó posesión en abril. El propio López simpatizaba de manera reservada con la Sociedad Democrática de Artesanos de Bogotá y llegó a asistir a una de sus sesiones.

Con López en el poder, los dos años siguientes vieron un auge de peticiones públicas por el fin de la esclavitud. Hacia 1850 se había consolidado un amplio consenso abolicionista en todo el espectro político neogranadino. Ese consenso no fue un movimiento autónomo y sostenido como el británico o el estadounidense: se desarrolló principalmente a través del debate público, en la prensa y en los espacios asociativos, permitiendo que artesanos, intelectuales, estudiantes y trabajadores se sumaran a lo que parecía la opinión mayoritaria. La abolición dejó de ser una promesa gradualista para convertirse en una demanda inmediata.

La generación reformista de 1850 concibió su proyecto como la destrucción de las instituciones coloniales que obstaculizaban el libre desarrollo económico: monopolios estatales, resguardos indígenas, esclavitud. Su horizonte era el del liberalismo económico —liberar factores productivos, poner en circulación tierra y trabajo—, y en ese horizonte cabía perfectamente la emancipación con indemnización a los propietarios. No se trataba de reparar una injusticia histórica: se trataba de completar la transición hacia una economía de mercado. Que la conclusión coincidiera con la justicia era, para los reformadores, una fortuna moral.

En el otro polo, las élites señoriales caucanas —los Mosqueras, los Valencias, los Arboledas— se opusieron a los cambios que beneficiaban a los sectores populares y amenazaban sus vínculos señoriales. Para ellos, la abolición no era la liberación de un factor productivo: era el desmantelamiento de un orden social. Sergio Arboleda y Julio Arboleda encarnaron esa resistencia con particular claridad, y desde sus haciendas del Patía y del Cauca escribieron y conspiraron contra una ley que consideraban ruinosa y sediciosa a la vez.

Las reformas de López —sufragio masculino universal, abolición de la esclavitud, partición de resguardos indígenas— fueron consideradas más radicales que medidas similares adoptadas en otros países latinoamericanos en la misma época. En un país que llevaba treinta años ensayando gradualismos, el liberalismo del medio siglo optó por la ruptura.

La ley del 21 de mayo de 1851

La ley se sancionó en Bogotá el 21 de mayo de 1851, la suscribieron el presidente del Senado Juan N. Azuero y el vicepresidente de la Cámara de Representantes José Caicedo Rojas, entre otros, y la ejecutó por decreto el presidente José Hilario López, con refrendo del secretario de Relaciones Exteriores Victoriano de D. Paredes. El texto original no llevaba numeración; hoy se la conoce como Ley 2 de 1851, numeración introducida para su inclusión en el sistema del Departamento Administrativo de la Función Pública.

El artículo 1º disponía que desde el 1º de enero de 1852 serían libres todos los esclavos existentes en el territorio de la República, y que desde esa fecha gozarían de los mismos derechos y tendrían las mismas obligaciones que la Constitución y las leyes garantizaban e imponían a los demás granadinos. El artículo 2º establecía que el comprobante de libertad de cada esclavo sería la carta de libertad expedida en su favor con arreglo a las leyes vigentes, previos los respectivos avalúos. El artículo 19 derogaba todas las disposiciones contrarias y facultaba al Poder Ejecutivo para dictar los reglamentos y órdenes necesarios para su cumplimiento.

Dos rasgos del diseño legislativo merecen atención. Primero, el desfase entre la promulgación —21 de mayo de 1851— y la entrada en vigor —1 de enero de 1852— abrió un lapso de siete meses en el que la esclavitud seguía siendo legal aunque su condena estuviera fechada. En ese intervalo se realizarían los avalúos y la expedición de cartas de libertad ante las juntas de manumisión, pero también, como se verá, se organizaron maniobras para vaciar la ley. Segundo, la ley autorizó la compra estatal de esclavos a los dueños de haciendas y minas para indemnizarlos: se compensaba al propietario por la pérdida de su capital, no al esclavizado por décadas de trabajo no pagado.

Los propietarios más afectados estaban en Antioquia, Barbacoas, Buenaventura, Cauca y Chocó. En el Cauca, los propietarios temían un quiebre del orden social ante la emancipación y las políticas liberales, y esa lectura —más social que económica— sería la que empujaría a las armas.

La rebelión conservadora del 1 de julio de 1851

El 1 de julio de 1851, apenas seis semanas después de sancionada la ley y seis meses antes de su entrada en vigor, el partido conservador inició una rebelión armada. La encabezaron Julio Arboleda en el Cauca, Eusebio Borrero en Antioquia y Pastor Ospina Rodríguez en Cundinamarca, con apoyo del gobierno ecuatoriano. Sus motivaciones eran mixtas: las medidas de orden eclesiástico decretadas por el gobierno liberal, la abolición de la esclavitud, y el disgusto acumulado por lo que los conservadores llamaron la "autoderrota del 7 de marzo" —la elección de López por el Congreso en 1849, pese a que el partido controlaba una parte considerable del electorado.

Entre esas motivaciones, la abolición ocupó un lugar central. En el Cauca de los Arboleda, cuya fortuna descansaba sobre las cuadrillas del Pacífico y las haciendas del valle, la ley del 21 de mayo era un ataque directo. Las autoridades leales al gobierno constitucional derrotaron la rebelión en pocos meses, pero su significado trascendió la derrota militar: había demostrado que la abolición no era un consenso pacífico, sino una decisión que las élites esclavistas estaban dispuestas a impugnar con las armas.

La resistencia no fue solo bélica. Antes de la emancipación formal, algunos propietarios sacaron esclavos del país para venderlos en Jamaica y en el Perú, lo que motivó una mayor vigilancia del gobierno provincial. La ley había fijado el 1 de enero de 1852 como fecha de la libertad, pero un esclavizado embarcado hacia Kingston o el Callao antes de esa fecha se convertía en propiedad extraterritorial, fuera del alcance de la República. La exportación clandestina fue el reverso privado de la rebelión pública: la misma élite que se alzaba en armas también contrabandeaba con la mercancía que la ley iba a liberar. En los puertos del Pacífico, hombres y mujeres nacidos en el Chocó fueron embarcados rumbo al Callao a pocas semanas de la fecha en que la ley les habría concedido la carta de libertad.

El 1 de enero de 1852

La fecha llegó y la ley se aplicó. Cerca de 17.000 esclavos adquirieron formalmente el derecho a la libertad. En Cartagena, el gobernador Juan José Nieto presidió un emotivo acto colectivo de emancipación en la plaza del Matadero, ceremonia que sintetizaba el espíritu de las manumisiones republicanas: espacio público, autoridad civil, coreografía cívica. Actos semejantes se realizaron en distintos lugares del país.

Mientras eso ocurría en las plazas, la Comisión Corográfica dirigida por Agustín Codazzi recorría el país y tomaba nota de lo que la ley no podía cambiar de un día para otro. En 1853, apenas un año después de la emancipación, Santiago Pérez describió el estado de pobreza de los libertos en el Chocó, Buenaventura, Túquerres y Pasto: carencia de educación, ausencia de caminos, falta de interés de los blancos hacia ellos. El decreto había pasado; el paisaje material seguía siendo el del antiguo régimen.

Libertad sin tierra: peonaje, terraje y disciplina de la vagancia

La ley de 1851 no contempló la concesión de tierra ni de herramientas a los libertos. Indemnizó a los propietarios; no dotó a los emancipados. Esa asimetría, congruente con la lógica liberal que había producido la ley, definió el carácter de la libertad neogranadina.

Sin tierra, la mayoría de los libertos entró en peonaje al servicio de sus antiguos dueños. En el Valle del Cauca se consolidó el sistema del terraje —pago del arrendamiento de la tierra en especie, en dinero o en trabajo— como mecanismo que mantenía a los libertos en dependencia económica de los propietarios. Los mismos hombres y mujeres que el 1 de enero habían recibido su carta de libertad seguían trabajando, el 2 de enero, para los mismos amos, ahora bajo la ficción jurídica del contrato. La emancipación había cambiado el título de la relación, no su geometría.

La respuesta de los libertos no fue pasiva. Tras la abolición, aumentó el movimiento de negros y mulatos hacia tierras públicas, en busca de una autonomía que el peonaje les negaba. Los hacendados desarrollaron estrategias para mantenerlos alejados o forzarlos al retorno: aumentar la distancia física del lugar de trabajo, excluirlos de ciertos territorios. La legislación post-abolición permitió, además, usar el reclutamiento militar como forma de castigo para los libertos considerados vagabundos, forzándolos a conformarse al sistema económico. La "vagancia" —categoría legal ambigua que abarcaba desde el ocio hasta la simple movilidad geográfica sin patrón— se convirtió en el instrumento con el que se disciplinaba a quienes intentaban vivir la libertad como libertad. Un liberto que caminaba entre haciendas buscando mejor jornal podía terminar filado en una tropa provincial por orden de un alcalde amigo del antiguo amo.

No todos siguieron el camino del peonaje. Algunos libertos optaron por formar cuadrillas mineras independientes —mazamorreros— o por establecerse de forma autónoma en la agricultura u otras actividades. Fue la vía que ya había prosperado en Antioquia y que ahora se extendía a otras zonas, especialmente en los márgenes donde el control hacendatario era débil. Los ríos del Chocó y del San Juan vieron aparecer, en las décadas siguientes, comunidades de mineros libres organizadas en torno a redes familiares que hundían sus raíces en las antiguas cuadrillas.

Balance

La abolición neogranadina se distingue de otras del hemisferio por su carácter negociado. No hubo, como en Haití, revolución esclava victoriosa; no hubo, como en Estados Unidos, guerra secesionista; no hubo, como en Brasil, presión imperial externa. Hubo, en cambio, treinta años de gradualismo insuficiente que erosionaron el sistema desde dentro, una coyuntura liberal-artesanal que lo remató por ley, una resistencia armada regional que lo confirmó como reforma disputada, y una legislación post-abolición que reprodujo la dependencia bajo otras formas.

Los responsables de que la ley se aprobara fueron múltiples. José Hilario López puso la firma y la voluntad política; José Félix de Restrepo había puesto, treinta años antes, el marco doctrinal del gradualismo del que la ley de 1851 era a la vez heredera y superación; la generación reformista de 1850, con Manuel Murillo Toro y Salvador Camacho Roldán entre sus figuras, puso el proyecto ideológico y el testimonio del ambiente que lo hizo posible; las Sociedades Democráticas de artesanos pusieron la presión callejera. Y los propios esclavizados, cuya fuga sostenida había hundido la minería del Chocó y del Cauca durante décadas, cuya autocompra había financiado su propia libertad al margen de las juntas, cuyo enrolamiento militar había forzado promesas y regateos desde 1814, pusieron el hecho consumado que la ley acabó ratificando.

En el otro lado, Julio Arboleda, Sergio Arboleda, Tomás Cipriano de Mosquera —cuya trayectoria política sería más ambigua— y las familias señoriales del Cauca representaron la resistencia. Su derrota militar de 1851 no fue derrota total: consiguieron que la libertad se decretara sin tierra, sin herramientas, sin reparación, y que las estructuras del trabajo dependiente sobrevivieran a la abolición del régimen jurídico que las había amparado.

La ley del 21 de mayo de 1851 fue el acto que puso fin definitivo a la esclavitud en Colombia. Nada la revirtió. Ninguna ley posterior volvió a admitir la propiedad de personas. La fecha cierra tres siglos y medio de esclavitud en el territorio neogranadino. Pero la libertad que inauguró se ejerció en condiciones materiales adversas y bajo mecanismos de dependencia que la vaciaron parcialmente desde el primer día. La república entregó a los libertos los mismos derechos que a los demás granadinos, y con ellos las mismas desigualdades estructurales —tierra concentrada, educación negada, ciudadanía condicionada por la propiedad— que hacían de esos derechos, para la mayoría, una promesa.

Diecisiete mil cartas de libertad se expidieron el primer día de 1852. Al amanecer del 2 de enero, en los socavones del San Juan, en los trapiches del valle del Cauca, en los platanales de Barbacoas, los mismos brazos que la víspera habían recibido el papel firmado por el gobernador seguían abriendo el mismo tajo, moliendo la misma caña, cargando el mismo racimo. El amo se había convertido en patrón, la cuadrilla en peonada, la carta de propiedad en contrato de terraje. Sobre el papel, la República había cambiado de siglo. Sobre la tierra, el siglo tardaría todavía en llegar.