José Hilario López

De prisionero realista a general de la República

López nació en Popayán el 18 de febrero de 1798. Tras ser capturado durante la Reconquista, pasó de prisionero patriota a prestar servicio forzado en el ejército realista. En su relato de 1857 afirmó que en 1817 fue centinela de la capilla de Policarpa Salavarrieta y quedó asignado a la segunda fila de la escolta que debía conducirla al fusilamiento, pero logró que otro soldado tirara en su lugar alegando que su fusil no funcionaba bien y entregando cuatro reales al cabo. Fue testigo obligado y miembro de la escolta, no uno de sus ejecutores. Recobró la libertad el 24 de julio de 1819; esa fecha queda catorce días antes de la batalla de Boyacá. No hay evidencia suficiente para atribuir el indulto a un supuesto cumpleaños de Juan Sámano.

Libre, se sumó al ejército republicano y acompañó al Libertador en la campaña de Venezuela entre 1820 y 1821. Desde 1822 combatió en la guerra del sur, en las montañas del Patía y en Pasto, contra las huestes realistas de Agustín Agualongo, el caudillo indígena que sostuvo por años la última resistencia monárquica del suroccidente. Fue esa geografía —Popayán, Pasto, el Cauca fragmentado entre haciendas esclavistas y comunidades libres— la que marcó a López para el resto de la vida y le proporcionó una red de lealtades que compartiría con su gran aliado José María Obando.

En 1828, cuando Bolívar asumió la dictadura, López y Obando se levantaron contra el Libertador. La rebelión no prosperó, pero fijó su perfil político: militar de trayectoria bolivariana temprana que rompió con el proyecto autoritario del Libertador y se alineó con la tradición civilista que reclamaba, aunque el término aún no existiera, el respeto a las formas constitucionales y a ciertos derechos individuales. Durante la Guerra de los Supremos, entre 1839 y 1841 —el gran alzamiento regional que comenzó justamente en Pasto por la supresión de conventos y arrastró a Obando al centro del conflicto—, López tomó en cambio una posición distinta: se abstuvo visiblemente, intentó mediar, no se sumó a la revuelta. Fue el gesto de un militar que había aprendido a leer los límites de la insurgencia y que preservaba capital político para una ocasión mayor.

La elección de 1849: el Congreso rodeado

Esa ocasión llegó en 1849. El liberalismo, que emergía como partido diferenciado tras años de recomposición faccional, apoyó unido su candidatura para el cuatrienio 1849–1853. Frente a él, el bando conservador se dividió entre dos aspirantes: Rufino Cuervo, vicepresidente en ejercicio y representante del espíritu de transacción con el liberalismo, y Joaquín José Gori, antiguo bolivariano respaldado por los sectores más recelosos de las medidas del gobierno saliente de Mosquera contra la Iglesia. Un cuarto nombre, el de Florentino González —ministro de Hacienda de Mosquera y arquitecto del libre cambio—, arrastraba consigo la hostilidad de los artesanos, víctimas directas de sus disposiciones arancelarias, y no logró consolidar una candidatura competitiva.

Las elecciones cantonales e indirectas no resolvieron el asunto: la Gaceta Oficial registró 734 votos electorales para López, 384 para Gori y 304 para Cuervo, además de sufragios repartidos entre otros candidatos. Sin mayoría absoluta, la decisión pasó al Congreso. El 7 de marzo de 1849 votaron 84 congresistas, de modo que se requerían 43 votos. En una de las rondas Cuervo reunió 42, López 40 y hubo dos votos en blanco. En la votación definitiva López recibió estrictamente 42 votos y Cuervo 39; tres votos en blanco se agregaron al candidato mayoritario conforme al reglamento, para un resultado oficial de 45 a 39. La aritmética está documentada; el peso exacto de la agitación exterior sigue siendo controvertido.

Las Sociedades Democráticas, vinculadas con artesanos, estudiantes y dirigentes liberales, trasladaron la elección al espacio público. El acta de la sesión confirma gritos, movimientos hacia el recinto, el cruce de la barrera y la intervención del gobernador para retirar a los espectadores. Las versiones sobre puñales y un público armado proceden sobre todo de relatos conservadores y fueron discutidas por narraciones liberales; no deben presentarse como un hecho incontrovertible. La investigación reciente considera que la movilización fue influyente, pero también advierte el sesgo y las exageraciones de los testimonios. López llegó así a la presidencia después de una elección legal celebrada en un ambiente de presión popular real, cuyo efecto individual sobre cada voto no puede reconstruirse con certeza.

La alianza electoral reunía intereses que pronto entrarían en tensión. Las Sociedades Democráticas funcionaron como clubes políticos y espacios de organización popular, mientras buena parte del artesanado defendía protección aduanera para las manufacturas locales. El gobierno y los dirigentes liberales, en cambio, continuaron una orientación librecambista iniciada en la administración anterior. Esa divergencia ayuda a entender la fractura posterior entre sectores artesanales, gólgotas y draconianos, pero no autoriza a convertir la elección de 1849 en causa directa del golpe de José María Melo en 1854. Las fuentes públicas disponibles tampoco permiten establecer una simpatía secreta de López ni confirmar su asistencia personal a una sesión.

El programa reformista: 1849–1853

Instalado en el poder, López emprendió un programa de reformas cuya velocidad y hondura sorprendieron incluso a sus propios aliados. Tres decisiones sobresalen: la abolición de la esclavitud, la reforma de las relaciones con la Iglesia y la profundización del liberalismo económico heredado de Mosquera.

La ley del 21 de mayo de 1851

La abolición fue la medida más perdurable del cuatrienio. La ley sancionada el 21 de mayo de 1851 dispuso que desde el 1 de enero de 1852 serían libres todas las personas esclavizadas existentes en el territorio de la República y que tendrían los mismos derechos y obligaciones de los demás granadinos. También organizó certificados de avalúo y vales de manumisión para indemnizar a los propietarios. Las fuentes oficiales y archivísticas la identifican por su fecha y por el título sobre libertad de los esclavos; su alcance no depende de la numeración con la que algunos repertorios actuales la catalogan.

La medida clausuró un proceso iniciado por la ley de libertad de vientres del 21 de julio de 1821, que declaró libres a los hijos nacidos de mujeres esclavizadas y prohibió el tráfico. Las disposiciones de 1842 prolongaron la tutela mediante un régimen de aprendizaje y retrasaron la libertad efectiva de parte de aquella generación. La reducción de la población esclavizada entre 1821 y 1851 no obedeció, sin embargo, a un único mecanismo: la Corte Constitucional y los estudios históricos señalan manumisiones legales, muertes, exportaciones y ventas, mientras la historiografía sobre la agencia de los esclavizados destaca también servicio militar, rebelión, fuga y cimarronaje. Presentar la autoliberación como mecanismo dominante para todo el país excede la evidencia disponible.

El censo levantado en los primeros meses de 1851 registró 16.468 personas esclavizadas en la Nueva Granada. Un informe oficial de 1852 estimó que cerca de un tercio fue manumitido durante 1851 y que los dos tercios restantes obtuvieron la libertad el 1 de enero de 1852; la Corte Constitucional calcula en unas 10.000 las personas liberadas entonces por las juntas. La disminución numérica previa no volvía marginal la medida: la esclavitud conservaba importancia económica y social en regiones mineras y hacendarias, y la libertad jurídica transformó la condición de miles de personas. Los temores patrimoniales de los propietarios fueron una de las motivaciones del levantamiento, junto con conflictos religiosos, electorales y regionales.

La ruptura con la Iglesia

El otro gran frente fue la relación entre el Estado y la Iglesia. La ley del 27 de mayo de 1851 atribuyó a los cabildos parroquiales el nombramiento y la presentación de los curas, y la del 1 de junio dejó a las cámaras provinciales la provisión de vacantes en los capítulos catedrales. Antes, el decreto de 18 de mayo de 1850 —publicado el día 21— había ordenado la expulsión de los jesuitas. Es necesario distinguir estas medidas de la ley sobre responsabilidad de funcionarios eclesiásticos, que databa de 1845: López no la creó, aunque durante su gobierno la reforma del patronato y la exigencia de obediencia a las autoridades civiles intensificaron el conflicto. La libertad de enseñanza y la reorganización de instituciones educativas completaron un programa que fue anticlerical en algunos frentes, pero no una separación simple y plena entre Iglesia y Estado.

La jerarquía católica protestó contra la elección civil de párrocos y la provisión provincial de vacantes. El arzobispo Manuel José Mosquera intentó eludir la ley nombrando administradores interinos y el choque con el gobierno terminó en medidas de extrañamiento contra él y otros prelados. El Catolicismo, fundado en 1849 bajo impulso del arzobispo, se convirtió en una tribuna central de la oposición eclesiástica. Hubo respuestas distintas dentro del clero y entre las regiones, además de propuestas extremas de ruptura con Roma. La ley de párrocos, los destierros, el debate sobre un cisma y una carta pontificia vinculada a legislación anterior tuvieron fechas y fundamentos distintos dentro de una disputa sostenida por jurisdicción, nombramientos, educación y obediencia civil.

El vuelco económico heredado

El liberalismo económico, en cambio, no fue una iniciativa lopista sino una herencia. La reducción brusca de las tarifas aduaneras había sido propuesta durante décadas casi exclusivamente por los ideólogos más teóricos del círculo santanderista —una posición que ni el propio Santander compartía— y fue Florentino González, ministro de Hacienda de Mosquera y antiguo santanderista, quien la impuso en 1847, introduciendo el libre cambio y quebrando la política fiscal cautelosa de tarifas altas que Santander y Márquez habían sostenido. En la década de 1840, la Nueva Granada daba así un vuelco definitivo hacia el mercado atlántico y el fuerte influjo inglés, con el tabaco convertido en principal producto de exportación y los barcos de vapor desplazando a los champanes de los ríos.

López administró y profundizó la apertura comercial iniciada bajo Mosquera, con nuevas reducciones arancelarias y normas favorables a la navegación. En infraestructura y ciencia hubo tanto continuidad como iniciativa propia. La concesión inicial del ferrocarril de Panamá fue otorgada el 28 de diciembre de 1848, antes de su posesión; ya bajo López, el contrato Stephens–Paredes se formalizó el 15 de abril de 1850 y recibió sanción legislativa el 4 de junio. Para la Comisión Corográfica, el Congreso expidió la ley de 29 de mayo de 1849 y el gobierno contrató a Agustín Codazzi el 1 de enero de 1850; los trabajos de campo comenzaron ese mismo mes. Estas fechas permiten reconocer la acción de su administración sin atribuirle el origen exclusivo de proyectos preparados previamente ni deducir de ellos una dependencia financiera inevitable.

Hubo otras medidas de gran alcance, entre ellas la abolición de la pena de muerte por delitos políticos y reformas judiciales. La ley del 22 de junio de 1850 autorizó a las cámaras provinciales a disponer sobre la enajenación y reparto de resguardos indígenas, una descentralización que facilitó la disolución de propiedad colectiva y, a largo plazo, favoreció la concentración de tierras. El sufragio masculino directo y secreto pertenece a otra fecha institucional: lo estableció la Constitución de mayo de 1853 bajo José María Obando. Por ello pertenece a la etapa de Obando y del Congreso constituyente, aunque prolongara el ciclo político anterior.

La guerra de 1851

La guerra civil no comenzó el 1 de julio. Los estudios especializados la sitúan entre mayo y septiembre de 1851: desde comienzos de mayo hubo reuniones y ataques contra autoridades en Pasto y el valle del Patía, y el conflicto se extendió después a otras provincias. Julio Arboleda fue una figura principal en el sur; Eusebio Borrero ocupó Medellín el 30 de junio y se proclamó jefe civil y militar de Antioquia; Pastor Ospina organizó una guerrilla en Guasca. Hubo contactos y búsqueda de auxilios desde territorio ecuatoriano, pero Sergio Arboleda no consiguió el apoyo oficial que solicitó. Esa búsqueda no equivale a respaldo oficial del gobierno de Ecuador. Los jefes regionales tampoco actuaron con un programa único y perfectamente coordinado.

Las motivaciones variaron por región y actor. La abolición y el temor por la propiedad esclavista fueron importantes en el Cauca; las reformas eclesiásticas movilizaron oposición en varias provincias; también pesaron la discutida legitimidad de la elección de 1849, la división administrativa de Antioquia, la violencia partidista y conflictos sociales locales. Las fuerzas gubernamentales derrotaron la rebelión en pocos meses, pero de ello no se sigue una causalidad lineal hacia la Constitución de 1853. Obando tomó posesión el 1 de abril de ese año y la carta fue expedida el 21 de mayo: reafirmó que no habría esclavos, reconoció libertad religiosa, amplió el poder municipal y consagró ciudadanía masculina amplia con voto directo y secreto. Fue una prolongación debatida del ciclo liberal, no un decreto de López ni una consecuencia automática de la victoria militar.

La derrota militar de los conservadores en 1851 no cerró el conflicto: lo aplazó. Entre 1851 y 1895, Colombia vivió siete guerras civiles y numerosas revueltas locales, todas bajo banderas conservadoras y liberales. El partido derrotado en las urnas recurría con frecuencia a las armas, y esa costumbre —de la que 1851 fue el primer episodio a escala nacional en la nueva era— se convirtió en el subproducto orgánico de la política colombiana del siglo XIX.

La red: masonería, artesanos y liberalismo popular

López no gobernó solo, ni en el vacío. Su presidencia se sostuvo sobre una trama de relaciones que combinaba masonería, sociabilidades populares y facciones de élite letrada, y entender esa trama es entender los límites y las tensiones del proyecto reformista.

Hacia mediados de 1849, López ostentaba el grado 18 en la masonería neogranadina, dentro del Supremo Consejo Neogranadino. Juan José Nieto, futuro presidente y figura mayor del liberalismo caribeño, actuaba como Supremo Gran Comendador del Gran Oriente Granadino Americano. Tomás Cipriano de Mosquera, tras entregarle la presidencia a López, se dirigió a Barranquilla y solicitó al Supremo Consejo su promoción al grado 33, la máxima jerarquía del rito escocés. El episodio deja ver hasta qué punto la masonería funcionaba como espacio de gestión de rivalidades y arreglos entre las figuras políticas: Nieto habría aprovechado la solicitud para saldar una vieja enemistad personal con Mosquera. La República se organizaba también en las logias.

Las Sociedades Democráticas fueron la otra pata de la red, y quizás la más consecuente para el desenlace del ciclo lopista. Aunque tenían antecedentes previos en el país, emergieron con fuerza propia en la campaña de 1849 y quedaron ligadas al partido liberal en formación. Su origen artesanal explicaba una demanda central —el proteccionismo aduanero para las manufacturas locales—, pero su mutación en clubes políticos las llevó a movilizarse por causas que, en muchos casos, contradecían sus intereses económicos: los mismos artesanos que empujaron el ascenso de López sufrieron después el libre cambio que su gobierno profundizó. Los conservadores no tardaron en imitar el formato, fundando la Sociedad de Instrucción Popular y Fraternidad Cristiana, y aprovechando las cofradías católicas preexistentes como redes de movilización electoral.

La cultura material de la política acompañaba esos alineamientos. La ruana, prenda de trabajo, marcaba pertenencia a los sectores populares y artesanales que se movilizaron por el liberalismo, y contrastaba con la casaca y la levita de las élites letradas. Ambrosio López, el artesano cronista, dejó constancia de cómo la ruina económica lo llevó a asumir la ruana y a encontrar en los artesanos los únicos que lo reconocían: la vestimenta no era decorado sino signo social y político legible.

En ese entramado se movió también la relación con Obando, compañero de armas desde el Cauca, aliado en la rebelión antibolivariana de 1828 y sucesor presidencial en 1853. Y con Mosquera, cuya trayectoria —conservador temprano, presidente moderado en 1845–1849, después liberal radical— muestra la fluidez de las adhesiones partidistas de mediados de siglo. El liberalismo lopista no fue un bloque compacto: fue una coalición inestable que empezaría a agrietarse antes de terminar el cuatrienio, y cuya escisión completa estallaría con el golpe de Melo en 1854, un año después de la salida de López del poder.

El balance: qué hizo y qué dejó

Cuando López entregó la presidencia a José María Obando el 1 de abril de 1853, la abolición ya regía, los jesuitas permanecían expulsados, las leyes de patronato y párrocos habían agudizado el conflicto eclesiástico, las cámaras provinciales podían impulsar el reparto de resguardos y la Comisión Corográfica llevaba tres años de trabajos. También estaba vigente el contrato ferroviario de Panamá formalizado en 1850. El sufragio masculino amplio y el voto directo y secreto todavía no eran derecho constitucional: los consagraría la carta del 21 de mayo de 1853, siete semanas después del relevo presidencial. La influencia del ciclo lopista fue política, pero la decisión formal correspondió al Congreso y al gobierno de su sucesor.

Las reformas contribuyeron a una polarización que desembocó en la guerra de 1851, pero no la produjeron de manera mecánica ni uniforme. La coalición liberal reunió élites letradas, militares y organizaciones populares cuyos intereses divergían, en especial sobre protección artesanal y libre cambio. La abolición culminó un proceso largo en el que actuaron leyes, juntas de manumisión y múltiples estrategias de las personas esclavizadas; no estaba casi consumado por el cimarronaje. La política comercial venía de Mosquera y Florentino González, mientras López la continuó y amplió. La parcelación de resguardos fue presentada como acceso individual a la propiedad, pero también expuso tierras colectivas a la enajenación y contribuyó a procesos posteriores de concentración.

Las reformas admiten lecturas distintas, pero no todas sus cadenas causales tienen el mismo grado de prueba. La abolición hizo efectiva una promesa republicana largamente aplazada y reconoció libertad jurídica a miles de personas; reducirla a la liberación de mano de obra para el tabaco convierte un resultado económico discutible en intención demostrada. La movilización artesanal pesó en la elección y en la política urbana, aunque el gobierno no adoptó su programa proteccionista. La partición de resguardos, la navegación y el ferrocarril ampliaron la circulación de tierras, mercancías y capitales. Son interpretaciones historiográficas y efectos desiguales, no hechos equivalentes ni una sola cadena causal.

El ciclo liberal abierto a mediados de siglo no siguió una línea política continua ni puede fundirse con la Regeneración. La Constitución de 1853 fue reemplazada el 22 de mayo de 1858, durante la presidencia de Mariano Ospina Rodríguez, por la Constitución de la Confederación Granadina, que formalizó un orden federal y conservó la ciudadanía masculina amplia y el voto directo. En 1863 otra carta profundizó el federalismo bajo los Estados Unidos de Colombia. La Regeneración liderada por Rafael Núñez ocurrió décadas después y culminó en la Constitución centralista de 1886, que sustituyó la de 1863, no la de 1853. La abolición permaneció, mientras las políticas sobre Iglesia, territorio y propiedad colectiva siguieron trayectorias propias que no caben en una sola continuidad agroexportadora.

José Hilario López murió en Neiva el 27 de noviembre de 1869; el registro parroquial indica que su cadáver fue trasladado a Campoalegre para ser sepultado. El país se llamaba entonces Estados Unidos de Colombia y se regía por la Constitución federal de 1863. En sus últimos años López participó todavía en la política y en las guerras del período, de modo que su trayectoria no terminó con la presidencia. La memoria liberal destacó la abolición y su papel en la consolidación partidista; la conservadora enfatizó el conflicto con la Iglesia y la guerra de 1851. Su trayectoria combina un gobierno transformador con continuidades y conflictos que impiden convertirlo en origen único del liberalismo, del federalismo, de la modernización económica o de la violencia bipartidista del resto del siglo.