José Hilario López

De prisionero realista a general de la República

López nació en Popayán en 1798, en el corazón del Cauca esclavista y minero que sería después su base política y, paradójicamente, el escenario de la resistencia armada contra sus reformas. Su carrera se forjó entera en las guerras de Independencia, con episodios que la memoria liberal encajaría luego a la fuerza en la biografía del prócer joven. Una tradición secundaria lo ubica entre los soldados que fusilaron a Policarpa Salavarrieta en Bogotá en 1817, castigo disciplinario impuesto mientras era prisionero aconductado del ejército realista; la misma tradición lo tiene empedrando la plaza mayor de la capital como otra sanción de aquellos años de cautiverio. Sean o no exactos los detalles, la situación de fondo lo es: López pasó parte de la Reconquista como prisionero forzado a servir al enemigo, condición humillante de la que salió el 24 de julio de 1819, gracias al indulto que el virrey Juan Sámano concedió con motivo de su cumpleaños, apenas veintitrés días antes de Boyacá.

Libre, se sumó al ejército republicano y acompañó al Libertador en la campaña de Venezuela entre 1820 y 1821. Desde 1822 combatió en la guerra del sur, en las montañas del Patía y en Pasto, contra las huestes realistas de Agustín Agualongo, el caudillo indígena que sostuvo por años la última resistencia monárquica del suroccidente. Fue esa geografía —Popayán, Pasto, el Cauca fragmentado entre haciendas esclavistas y comunidades libres— la que marcó a López para el resto de la vida y le proporcionó una red de lealtades que compartiría con su gran aliado José María Obando.

En 1828, cuando Bolívar asumió la dictadura, López y Obando se levantaron contra el Libertador. La rebelión no prosperó, pero fijó su perfil político: militar de trayectoria bolivariana temprana que rompió con el proyecto autoritario del Libertador y se alineó con la tradición civilista que reclamaba, aunque el término aún no existiera, el respeto a las formas constitucionales y a ciertos derechos individuales. Durante la Guerra de los Supremos, entre 1839 y 1841 —el gran alzamiento regional que comenzó justamente en Pasto por la supresión de conventos y arrastró a Obando al centro del conflicto—, López tomó en cambio una posición distinta: se abstuvo visiblemente, intentó mediar, no se sumó a la revuelta. Fue el gesto de un militar que había aprendido a leer los límites de la insurgencia y que preservaba capital político para una ocasión mayor.

La elección de 1849: el Congreso rodeado

Esa ocasión llegó en 1849. El liberalismo, que emergía como partido diferenciado tras años de recomposición faccional, apoyó unido su candidatura para el cuatrienio 1849–1853. Frente a él, el bando conservador se dividió entre dos aspirantes: Rufino Cuervo, vicepresidente en ejercicio y representante del espíritu de transacción con el liberalismo, y Joaquín José Gori, antiguo bolivariano respaldado por los sectores más recelosos de las medidas del gobierno saliente de Mosquera contra la Iglesia. Un cuarto nombre, el de Florentino González —ministro de Hacienda de Mosquera y arquitecto del libre cambio—, arrastraba consigo la hostilidad de los artesanos, víctimas directas de sus disposiciones arancelarias, y no logró consolidar una candidatura competitiva.

Las elecciones cantonales, populares e indirectas, no resolvieron el asunto: López obtuvo 735 votos electorales, Gori 384, Cuervo 304 y otros candidatos 279. Sin mayoría absoluta, la decisión pasó al Congreso, que reuniría a 84 sufragantes con umbral de 43 votos —la mitad más uno— para elegir presidente. La sesión decisiva se celebró el 7 de marzo de 1849 en Bogotá. En la segunda votación, Cuervo obtuvo 42 sufragios y López 40, con dos en blanco: el conservador quedaba a un voto de la presidencia y por delante del liberal. Fue entonces cuando se rompió el equilibrio, no por las cuentas del recinto sino por lo que ocurría afuera.

Las Sociedades Democráticas, formas de sociabilidad política emergentes vinculadas sobre todo a los artesanos y organizadas para movilizar apoyo popular al candidato liberal, habían convertido la elección en asunto de calle. Un pueblo vociferante —y, según algunos testimonios, armado— rodeaba el Congreso. La presión sobre los electores fue decisiva: en las rondas siguientes, votos que habían fluctuado entre los conservadores se inclinaron por López hasta darle los 43 sufragios necesarios. El presidente que asumía en abril de 1849 lo hacía con una doble deuda: con la coalición letrada del liberalismo naciente y con las Sociedades Democráticas que habían amedrentado —o convencido, según se prefiera— al Congreso.

Esa doble deuda explica un rasgo poco advertido del gobierno que empezaba. López simpatizaba en secreto con la Sociedad Democrática de Artesanos de Bogotá y llegó a asistir a una de sus sesiones. La Sociedad, en cuya formación había convergido gente como Ambrosio López —el artesano que dejó memoria de cómo la ruina económica lo había llevado a adoptar la ruana y a encontrar en los suyos el único reconocimiento social—, había mutado del propósito original de obtener protección aduanera para las manufacturas locales al de convertirse en club político. Fue esa mutación la que la puso en el centro de la elección y en la antesala, años después, de la crisis que estallaría con el golpe de José María Melo en 1854.

El programa reformista: 1849–1853

Instalado en el poder, López emprendió un programa de reformas cuya velocidad y hondura sorprendieron incluso a sus propios aliados. Tres decisiones sobresalen: la abolición de la esclavitud, la reforma de las relaciones con la Iglesia y la profundización del liberalismo económico heredado de Mosquera.

La ley del 21 de mayo de 1851

La abolición fue el gesto simbólico y sustantivo mayor. La ley se promulgó el 21 de mayo de 1851 y su primer artículo establecía que desde el 1 de enero de 1852 serían libres todos los esclavos del territorio de la República, con los mismos derechos y obligaciones que cualquier granadino. La numeración con que hoy se la conoce —Ley 2 de 1851— es un añadido posterior, introducido cuando el Departamento Administrativo de la Función Pública sistematizó la legislación colombiana: el texto original no traía número.

La medida clausuró un proceso que venía de lejos. En 1821, la Nueva Granada había establecido la libertad de vientres —los hijos de esclavas nacerían libres— y prohibido el comercio de esclavos, dos pasos que fijaban el sentido pero no la fecha del fin. Entre principios de la década de 1840 y 1849, sin embargo, una ley de aprendizaje había obligado a los esclavos que debían ser manumitidos a someterse a un régimen de trabajo bajo sus antiguos amos, prolongando de hecho la servidumbre y suspendiendo las manumisiones. En ese vacío institucional, la propia población esclava aceleró el desenlace: entre 1843 y 1849, la de Cartagena y Santa Marta se redujo a la mitad, sobre todo por cimarronaje y por el impacto de las guerras civiles. La autoliberación fue, más que cualquier decreto, el mecanismo dominante de esos años.

Hacia 1850 quedaban en la Nueva Granada unos 17.000 esclavos, menos del 1% de la población. La abolición no fue, entonces, la ruptura demográfica que la retórica sugería, sino la clausura legal de una institución ya en descomposición. Su significado, sin embargo, era enorme: donde el aprendizaje había fracasado y las manumisiones se habían detenido, el Estado tomaba la decisión que las élites habían aplazado durante treinta años. Los propietarios de las regiones mineras del occidente —Antioquia, Barbacoas, Buenaventura, Cauca y Chocó— anticipaban graves perjuicios económicos, como registró después Salvador Camacho Roldán, y esa anticipación se convirtió en uno de los motores del levantamiento conservador de julio.

La ruptura con la Iglesia

El otro gran frente fue eclesiástico, y allí López inauguró propiamente las reformas anticlericales sistemáticas del liberalismo neogranadino. La ley del 27 de mayo de 1851 —seis días después de la de abolición— dispuso que los curas párrocos fueran elegidos por los cabildos seculares locales, medida orientada a atacar las bases tradicionales del control eclesiástico y a estimular la participación de la feligresía en el manejo de las parroquias. Otra ley colocó a arzobispos y prelados bajo responsabilidad por mala conducta en el ejercicio de sus funciones, respondiendo ante los tribunales civiles o eclesiásticos con atribución para juzgarlos, y previó como penas el extrañamiento y la ocupación de temporalidades. A esas medidas se sumaron la expulsión de los jesuitas y la disputa por el control de los establecimientos de enseñanza, donde el clero y los conservadores ejercían influencia dominante.

La reacción fue proporcional al alcance. La ley de elección de curas provocó un cisma en Antioquia al año siguiente de su promulgación y desató el destierro del arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera —hermano del expresidente Tomás Cipriano—, y de los obispos de Cartagena y Pamplona, por negarse a acatarla. El propio arzobispo Mosquera había fundado en 1849 el quincenario El Catolicismo, que en su primer número se declaró órgano del partido conservador: la línea entre Iglesia y política se había vuelto explícita en ambos lados. El papa Pío IX envió una carta al presidente solicitando la revocatoria de la ley de responsabilidad de prelados; López no accedió. En el Congreso, el sacerdote y diputado Juan Nepomuceno Azuero llegó a proponer un cisma total con Roma, una separación completa de la Iglesia granadina de la sede papal. La sola circulación de esa posibilidad daba la medida del conflicto.

El vuelco económico heredado

El liberalismo económico, en cambio, no fue una iniciativa lopista sino una herencia. La reducción brusca de las tarifas aduaneras había sido propuesta durante décadas casi exclusivamente por los ideólogos más teóricos del círculo santanderista —una posición que ni el propio Santander compartía— y fue Florentino González, ministro de Hacienda de Mosquera y antiguo santanderista, quien la impuso en 1847, introduciendo el libre cambio y quebrando la política fiscal cautelosa de tarifas altas que Santander y Márquez habían sostenido. En la década de 1840, la Nueva Granada daba así un vuelco definitivo hacia el mercado atlántico y el fuerte influjo inglés, con el tabaco convertido en principal producto de exportación y los barcos de vapor desplazando a los champanes de los ríos.

López administró y profundizó ese giro. Su gobierno redujo en un quinto adicional las tarifas aduaneras y convirtió a Colombia en el primer Estado que permitió el tráfico de buques de naciones extranjeras por sus ríos y demás aguas hasta el interior del país. Se firmó, además, el contrato definitivo para la construcción del ferrocarril de Panamá, y se organizó la Comisión Corográfica bajo la dirección del italiano Agustín Codazzi, empresa científica que emprendió el primer levantamiento sistemático del territorio nacional. La paradoja no pasó desapercibida en su momento: si se hubiera continuado la política de comercio libre iniciada por Mosquera habría sido posible financiar ferrocarriles y carreteras con recursos propios; bajo el modelo efectivamente adoptado, las vías férreas exigieron atraer capital extranjero. El librecambismo abría los ríos y ataba las obras públicas a la banca de Londres.

Hubo otras leyes de menor visibilidad pero fuerte carga simbólica: la abolición de la pena de muerte para delitos políticos, medidas relativas a los tribunales de justicia, la partición de los resguardos indígenas —que abría al mercado tierras hasta entonces comunales— y el propio sufragio universal masculino, decisiones que en conjunto constituyeron, sumadas a la abolición y al programa eclesiástico, las reformas más radicales del continente en esos años.

La guerra de 1851

El disgusto conservador, acumulado desde la derrota electoral del 7 de marzo de 1849 y exasperado por las leyes de mayo de 1851, encontró su cauce en las armas apenas cinco semanas después de la firma de la abolición. El 1 de julio de 1851 se inició el levantamiento. Encabezado por Julio Arboleda en el Cauca —donde las haciendas esclavistas pesaban más—, por el general Eusebio Borrero en Antioquia y por Pastor Ospina Rodríguez en Cundinamarca, contó con el apoyo del gobierno ecuatoriano y tuvo un objetivo explícito: tomar el poder para revertir las medidas de López, especialmente la abolición y las reformas eclesiásticas.

Las tres motivaciones aparecieron entrelazadas en la retórica del alzamiento —religión, esclavitud, el resultado electoral—, pero fueron las dos primeras las que le dieron combustible territorial. En el Cauca, la resistencia venía de los propietarios de esclavos que veían desvanecerse un patrimonio de generaciones; en Antioquia y Cundinamarca pesaba más la defensa de la Iglesia. La rebelión, sin embargo, fue derrotada en pocos meses por las fuerzas leales al gobierno constitucional. López salió reforzado, y ese triunfo militar consolidó el ciclo de reformas: la Constitución de 1853, que Obando promulgaría el 21 de mayo de ese año como sucesor de López, extendería la lógica del programa liberal implantando el federalismo, ratificando la abolición, garantizando la libertad religiosa y eliminando la personería jurídica de la Iglesia católica.

La derrota militar de los conservadores en 1851 no cerró el conflicto: lo aplazó. Entre 1851 y 1895, Colombia vivió siete guerras civiles y numerosas revueltas locales, todas bajo banderas conservadoras y liberales. El partido derrotado en las urnas recurría con frecuencia a las armas, y esa costumbre —de la que 1851 fue el primer episodio a escala nacional en la nueva era— se convirtió en el subproducto orgánico de la política colombiana del siglo XIX.

La red: masonería, artesanos y liberalismo popular

López no gobernó solo, ni en el vacío. Su presidencia se sostuvo sobre una trama de relaciones que combinaba masonería, sociabilidades populares y facciones de élite letrada, y entender esa trama es entender los límites y las tensiones del proyecto reformista.

Hacia mediados de 1849, López ostentaba el grado 18 en la masonería neogranadina, dentro del Supremo Consejo Neogranadino. Juan José Nieto, futuro presidente y figura mayor del liberalismo caribeño, actuaba como Supremo Gran Comendador del Gran Oriente Granadino Americano. Tomás Cipriano de Mosquera, tras entregarle la presidencia a López, se dirigió a Barranquilla y solicitó al Supremo Consejo su promoción al grado 33, la máxima jerarquía del rito escocés. El episodio deja ver hasta qué punto la masonería funcionaba como espacio de gestión de rivalidades y arreglos entre las figuras políticas: Nieto habría aprovechado la solicitud para saldar una vieja enemistad personal con Mosquera. La República se organizaba también en las logias.

Las Sociedades Democráticas fueron la otra pata de la red, y quizás la más consecuente para el desenlace del ciclo lopista. Aunque tenían antecedentes previos en el país, emergieron con fuerza propia en la campaña de 1849 y quedaron ligadas al partido liberal en formación. Su origen artesanal explicaba una demanda central —el proteccionismo aduanero para las manufacturas locales—, pero su mutación en clubes políticos las llevó a movilizarse por causas que, en muchos casos, contradecían sus intereses económicos: los mismos artesanos que empujaron el ascenso de López sufrieron después el libre cambio que su gobierno profundizó. Los conservadores no tardaron en imitar el formato, fundando la Sociedad de Instrucción Popular y Fraternidad Cristiana, y aprovechando las cofradías católicas preexistentes como redes de movilización electoral.

La cultura material de la política acompañaba esos alineamientos. La ruana, prenda de trabajo, marcaba pertenencia a los sectores populares y artesanales que se movilizaron por el liberalismo, y contrastaba con la casaca y la levita de las élites letradas. Ambrosio López, el artesano cronista, dejó constancia de cómo la ruina económica lo llevó a asumir la ruana y a encontrar en los artesanos los únicos que lo reconocían: la vestimenta no era decorado sino signo social y político legible.

En ese entramado se movió también la relación con Obando, compañero de armas desde el Cauca, aliado en la rebelión antibolivariana de 1828 y sucesor presidencial en 1853. Y con Mosquera, cuya trayectoria —conservador temprano, presidente moderado en 1845–1849, después liberal radical— muestra la fluidez de las adhesiones partidistas de mediados de siglo. El liberalismo lopista no fue un bloque compacto: fue una coalición inestable que empezaría a agrietarse antes de terminar el cuatrienio, y cuya escisión completa estallaría con el golpe de Melo en 1854, un año después de la salida de López del poder.

El balance: qué hizo y qué dejó

Cuando López entregó la presidencia el 1 de abril de 1853, el país que dejaba no era el mismo que había recibido cuatro años antes. La esclavitud había desaparecido de la ley; los curas párrocos eran, en principio, elegidos por sus feligreses; los jesuitas habían sido expulsados; los prelados podían ser juzgados por los tribunales civiles; el sufragio universal masculino era ya derecho de los granadinos; los resguardos indígenas comenzaban a dividirse; los ríos estaban abiertos al comercio extranjero; el contrato del ferrocarril de Panamá estaba firmado; y la Comisión Corográfica levantaba, cordillera por cordillera, el primer mapa moderno del territorio.

La contradicción del balance era ya visible entonces. La radicalidad de esas reformas rebasó la capacidad de consenso del sistema político y produjo la guerra de 1851, con lo cual el ciclo liberal comenzaba manchado por la sangre de una guerra civil que no sería la última. La coalición que lo había hecho posible —élites letradas y artesanos organizados— se resquebrajaría por la contradicción entre el proteccionismo que los artesanos exigían y el libre cambio que las élites profundizaban. La abolición coronaba un proceso ya casi consumado por el cimarronaje. La liberalización económica era herencia de Mosquera y González, no invento de López. Y la partición de resguardos, presentada como emancipación de los indígenas, era también la apertura de tierras comunales a la circulación mercantil.

Vistas juntas, las reformas de López pueden leerse de varias maneras a la vez, y cada lectura ilumina un aspecto real. Fueron, en un sentido, la cristalización legal de las promesas incumplidas de la Independencia: abolición, ciudadanía, secularización. Fueron, en otro, una victoria política de los artesanos, que forzaron al Estado a un programa que ningún gobierno anterior se había atrevido a sancionar. Y fueron también, en un tercer plano, un proyecto de modernización capitalista agroexportadora: la abolición liberó mano de obra para la economía del tabaco, la partición de resguardos entregó tierras al mercado, la apertura fluvial y el ferrocarril de Panamá integraron el territorio al comercio atlántico. Las tres lecturas son verdaderas, y la fuerza del período reside en su superposición.

El período de predominio liberal que López inauguró se extendió de 1850 a 1885, con breves interregnos entre 1854 y 1861, y culminó con la Regeneración conservadora de Rafael Núñez, que derogaría en 1858 la Constitución de 1853 —bajo la presidencia de Mariano Ospina Rodríguez— y, ya en la década de 1880, desmontaría buena parte del edificio anticlerical. Pero ni la Regeneración revertiría la abolición, ni volvería a instituirse la esclavitud, ni se restaurarían los resguardos como forma jurídica dominante. La era liberal y la Regeneración compartieron, además, un principio de fondo: el vínculo con el mercado mundial en su modalidad agroexportadora, dos versiones sucesivas de una misma esperanza en la modernidad capitalista.

López murió en 1869, en la Nueva Granada convertida ya en los Estados Unidos de Colombia, viendo cómo el federalismo radical llevaba al extremo las tendencias que él había iniciado y engendraba también sus propias contradicciones. La memoria liberal lo elevó al rango de padre fundador del partido, junto a Obando y Mosquera. La conservadora lo señaló como el hombre que había desatado el ciclo de guerras y el asalto contra la Iglesia. Ambas memorias reconocían, sin proponérselo, la misma cosa: que su cuatrienio había sido el momento en que Colombia dejó de ser la República ambivalente de los años bolivarianos y santanderistas para convertirse, con todas sus fracturas a cuestas, en un país moderno en disputa consigo mismo. Ese es el legado que ninguna revisión posterior ha logrado borrar, y por el que la ficha de José Hilario López sigue siendo, siglo y medio después, imprescindible.