La Cosiata, la Convención de Ocaña y la crisis de la Gran Colombia (1826–1828)

La Cosiata, Ocaña y la crisis de la Gran Colombia (1826-1828)

Entre abril de 1826 y septiembre de 1828, la República de Colombia agotó todas las salidas institucionales que tenía a mano. Empezó con el pronunciamiento del general José Antonio Páez en Valencia contra una orden judicial del Congreso; siguió con la fractura pública entre Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander; pasó por el fracaso deliberado de la Convención de Ocaña; desembocó en la dictadura decretada el 27 de agosto de 1828; y culminó en la noche del atentado contra Bolívar en el Palacio de San Carlos, tras el cual el régimen fusiló a quince personas y desterró al vicepresidente de la República. Al final de esos veintiocho meses, la Constitución de Cúcuta era letra muerta, la unión con Venezuela y Ecuador estaba herida de muerte, y el proyecto continental de Bolívar se había reducido a un decreto orgánico sostenido por bayonetas. La disolución formal de 1830 solo certificó lo que ya había ocurrido.

El país que no existía: Cúcuta y sus fisuras originales

La Constitución de Cúcuta, aprobada en 1821 por delegados de Nueva Granada y Venezuela, fundó una república centralista y representativa, con separación de poderes, presunción de inocencia, prohibición de detención sin proceso previo y libertad de imprenta sin censura previa. En papel era una de las cartas más liberales del continente. En el terreno, era un pacto entre dos territorios que nunca se habían gobernado juntos y al que enseguida se sumó, por conquista, un tercero que no había participado en su redacción.

En el Congreso constituyente se enfrentaron dos corrientes. La centralista se impuso. La federalista hundía sus raíces en el período 1810-1816, cuando las provincias neogranadinas habían redactado constituciones locales y ejercido soberanía propia. Esa tradición de autonomía regional no desapareció con el triunfo del centralismo: se replegó. Antonio Nariño llegó a proponer una fórmula intermedia —"centralismo primero, federalismo después"— que el Congreso no quiso discutir de inmediato; disgustado, renunció a la vicepresidencia. La derrota federalista en Cúcuta fue política, no cultural: las lealtades provinciales siguieron intactas.

A esa contradicción interna se sumó una asimetría más grave. Venezuela, con su economía llanera, sus caudillos militares forjados en quince años de guerra y una geografía que la separaba del altiplano bogotano, quedó incorporada a un gobierno centralista dirigido desde Santafé. Ecuador entró todavía peor: fue anexado en 1822, después de la batalla de Pichincha, sin haber tenido delegados en Cúcuta, y sus élites tuvieron participación prácticamente nula en los círculos decisorios de la República. La Gran Colombia no era, en rigor, un pacto de tres partes: era una constitución bipartita a la que se le adjuntó un departamento conquistado.

Sobre esa estructura frágil se montó una tensión de origen más antiguo. Desde 1819, la vida política había nacido bajo la primacía del ejército: mientras duró la guerra de independencia, la legitimidad militar pesó más que la civil. Bolívar proclamaba sumisión a los poderes elegidos, pero en la práctica ignoraba con frecuencia las decisiones del Congreso. En una carta privada a Santander, en vísperas de Carabobo, había escrito que "en Colombia el pueblo está en el ejército, porque realmente está, y porque ha conquistado este pueblo de manos de los tiranos". Esa identificación entre pueblo y ejército —hecha por el propio Libertador— definía dónde residía, para él, la legitimidad última. Cuando en 1826 el edificio civil crujiera, ese instinto reaparecería intacto.

Valencia, abril de 1826: el pronunciamiento de Páez

El detonante fue burocrático y racial a la vez. En Caracas, Páez había cometido excesos durante un reclutamiento forzoso. La Cámara de Representantes, reunida en Bogotá, votó por 41 contra 16 acusarlo ante el Senado. El Senado aceptó la acusación, suspendió a Páez de sus funciones como comandante general del Departamento de Venezuela y ordenó que se presentara ante las autoridades para proseguir el proceso judicial.

Páez se negó. En abril de 1826, en Valencia, hizo un pronunciamiento en el que se declaró en rebeldía. La operación tuvo desde el principio un doble filo: contra Bogotá, presentaba a los neogranadinos como una casta togada y remota que pretendía juzgar a los generales que habían hecho la Independencia; a favor de una reforma, invocaba el artículo 191 de la Constitución de Cúcuta, que autorizaba al Congreso a convocar una gran convención para revisar la Carta. Páez y sus seguidores hicieron de esa convocatoria constituyente el eje explícito de su causa, situando la Constitución de 1821 en el centro del debate. Rebelión y legalismo iban en el mismo pliego.

El pronunciamiento cristalizó lo que llevaba años acumulándose. Desde principios de 1825, el propio Santander había identificado a Venezuela como el punto débil de la República: allí convivían federalistas, liberales exaltados y "godos", en una mezcla que ningún gobierno central podía manejar desde lejos. La rebelión pronto tomó nombre popular: La Cosiata —del italiano cosetta, cosita, cosa sin importancia—, mote irónico que revelaba a la vez la ligereza con que se trataba el desacato y la conciencia de que aquello, en efecto, era otra cosa: el ensayo de una secesión.

Santander, en Bogotá, quería enviar tropas. Bolívar, que se encontraba en el Perú, entendió de inmediato que la vía militar era impracticable. Casi todos los principales mandos militares de Colombia estaban ocupados por nativos de Caracas: enviar el ejército contra Páez era pedirle al ejército que se dividiera. En 1827 regresó al norte y se dirigió a Venezuela con el propósito de conciliar. Envió por delante a su edecán, Daniel Florencio O'Leary, con instrucciones urgentes para calmar a Páez mientras él mismo viajaba a Caracas.

El 1 de enero de 1827, Bolívar recibió la sumisión de Páez. El precio fue alto: amnistía total para todos los rebeldes, garantías de seguridad en sus cargos y propiedades, y promesa de reforma constitucional. Páez conservó el mando militar del Departamento de Venezuela. En un momento de la negociación, además, propuso a Bolívar que imitara a Napoleón y estableciera una monarquía en Colombia. Bolívar rechazó la propuesta, pero el sesgo del intercambio quedaba claro: se hablaba entre caudillos, no entre autoridades constitucionales.

La solución disgustó profundamente a Santander. El vicepresidente había querido someter a Páez con el peso de la ley y del ejército; Bolívar lo había premiado con la impunidad. Para el sector santanderista, la lección del arreglo de enero de 1827 fue devastadora: la rebelión pagaba. Si un general podía desafiar al Congreso, obligar al Libertador a viajar y salir del episodio con el mando intacto y la promesa de una convención constitucional a su medida, entonces la Constitución de Cúcuta era una ficción negociable.

La ruptura personal: 19 de marzo de 1827

Entre 1819 y 1826, Bolívar y Santander habían sido socios cordiales de una misma empresa: uno campaña militar afuera, el otro administración civil adentro. Hubo fricciones —Bolívar se quejaba de las demoras de Santander en el envío de recursos, Santander se quejaba de la desatención del Libertador a la legalidad—, pero la sociedad funcionaba. Después de 1826, se rompió.

El detonante inmediato fue doble. En primer lugar, la Constitución Boliviana. Bolívar la había redactado en 1825 a petición de la nueva república nacida con su nombre, y su idea central era una presidencia vitalicia con derecho a designar sucesor, junto a otras características que sus defensores llamaban liberales y sus críticos, casi monárquicas. Al regresar del Perú, propuso adoptar alguna forma de esa carta en Colombia, con las modificaciones que se juzgaran propias. Santander lo apoyó públicamente, calificándola de "liberal, popular, fuerte y vigorosa"; en privado, la consideraba más poderosa que las monarquías de Inglaterra o Francia, complicada, absurda y desestabilizadora. La contradicción no era menor: el vicepresidente tenía ambiciones legítimas de suceder a Bolívar al final del mandato bajo la Constitución de Cúcuta vigente, y una presidencia vitalicia le cerraba ese camino para siempre.

En segundo lugar, el manejo indulgente de Páez. Santander había esperado el escarmiento y recibió la amnistía. A partir de ahí, la desconfianza dejó de ser reparable.

El 19 de marzo de 1827, desde Caracas, Bolívar envió a Santander una carta breve en la que le pedía que dejara de escribirle y le retiraba formalmente su amistad. El 29 de abril, Santander respondió: su pesar era grande, pero no se sorprendía. La ruptura personal era, a esa altura, la formalización de una ruptura política que llevaba meses en marcha. Alrededor de cada uno se organizaron dos bandos definidos: los bolivarianos, partidarios de un ejecutivo fuerte y una constitución más presidencialista; los santanderistas, que se declaraban sujetos a la Constitución de 1821 y hacían de la defensa de la legalidad su bandera.

La disputa se ventiló en la prensa con dureza inusitada. La promulgación de la Constitución Boliviana desató una batalla periodística donde predominaron la injuria y el insulto, con asaltos a imprentas y atentados personales entre militares y periodistas. En diciembre de 1826, el cónsul británico en Caracas reportaba que los periódicos de Bogotá llegaban llenos de ataques a Bolívar, que criticaban el "Código Boliviano" y lo comparaban con Napoleón e Iturbide. Cuando algunos bolivarianos exaltados asaltaron imprentas para defender al Libertador, el propio Bolívar ordenó su arresto y los obligó a humillarse públicamente ante los agraviados; el episodio revelaba a un Bolívar todavía inhibido por las formas civiles, aunque cada vez más impaciente con ellas.

En paralelo, desde 1826 los bolivarianos habían empezado a promover "actas populares" organizadas por autoridades militares o civiles para desconocer la Constitución de Cúcuta. La disputa constitucional se convertía en movilización pública, y la movilización pública en presión sobre las instituciones. El país se estaba dividiendo en dos partidos, y esos partidos ya no discutían dentro de un mismo marco: discutían cuál debía ser el marco.

Ocaña, 1828: la última salida institucional

La reforma constitucional prometida a Páez debía tramitarse mediante una gran convención. Ese cauce, en teoría, era el que ofrecía el propio artículo 191 de la Constitución de 1821. La Convención de Ocaña se reunió a comienzos de 1828 con la esperanza —quizá la última— de reformar el pacto grancolombiano dentro de la ley.

Llegó dividida. Los santanderistas, mayoritarios entre los delegados neogranadinos, defendían el marco de 1821 con ajustes graduales; los bolivarianos empujaban por una carta que se aproximara al modelo boliviano, con ejecutivo fuerte y período presidencial prolongado. Entre unos y otros, los delegados venezolanos alineados con Páez añadían sus propias exigencias, que en el fondo apuntaban a una autonomía departamental cercana al federalismo. Ninguna de las tres visiones podía imponerse por votación.

Ante la evidencia de que la mayoría se inclinaba por reformas moderadas que dejaban intacta la línea santanderista, los delegados bolivarianos tomaron una decisión estratégica: retirarse. El abandono de las sesiones, coordinado y sostenido, dejó a la Convención sin quórum y la disolvió. Entre los bolivarianos que se retiraron figuraba Juan de Francisco Martín, del círculo más cercano a Bolívar. Los santanderistas que permanecieron alcanzaron a declararse sujetos a la Constitución de 1821 antes de que el cierre fuera inevitable. Entre ellos se contaba el poeta y diputado Luis Vargas Tejada, que combinaba la militancia parlamentaria con una crítica literaria del creciente autoritarismo bolivariano.

El fracaso de Ocaña no fue un accidente ni el resultado de una discusión llevada al agotamiento: fue el efecto buscado de una maniobra deliberada. Y ese fracaso, calculado desde el bolivarianismo, abrió la puerta que estaba esperándose. Tras la disolución de la Convención, se generalizó en los círculos afines la demanda de otorgar poderes dictatoriales a Bolívar. La lógica del argumento era circular pero eficaz: como la Convención había fracasado, la Constitución quedaba sin efecto, y como la Constitución quedaba sin efecto, el poder soberano delegado en la Convención regresaba al pueblo, quien lo transfería al Libertador.

El 27 de agosto de 1828, Bolívar promulgó en Bogotá el Decreto Orgánico —también llamado Ley Orgánica— que instauró su dictadura personal. El decreto suprimió la vicepresidencia que ocupaba Santander, concentró el ejecutivo en el propio Libertador y dejó en suspenso el orden constitucional. En sentido estricto, la dictadura puede datarse ya desde junio de 1828, aunque su forma acabada se consolidó tras el atentado de septiembre y se extendió hasta enero de 1830. Santander pasó, de un día para otro, de vicepresidente a jefe de la oposición desde la clandestinidad y luego desde el destierro.

La sombra racial: Padilla y la "pardocracia"

Debajo del pulso entre centralistas y federalistas, entre bolivarianos y santanderistas, corría una segunda línea de fractura: la racial. Bolívar la nombraba con una palabra —pardocracia— que revela hasta qué punto la amenaza era, para él, precisa y concreta.

La Constitución de Cúcuta había establecido la igualdad legal entre los ciudadanos. En el Caribe granadino, y particularmente en Cartagena, esa igualdad amenazaba con traducirse en demandas políticas efectivas de la población afrodescendiente y mulata, que era mayoritaria. Bolívar temía que la igualdad de derechos abriera la puerta a un orden social donde la vieja élite blanca perdiera su lugar. En cartas privadas —algunas dirigidas al propio Santander— expresó ese miedo en un lenguaje que sus lectores contemporáneos describieron como ofensivo y dramático. La pardocracia era, en su vocabulario, el horizonte a evitar.

Ese miedo se concentró en un nombre: José Prudencio Padilla. Marino heroico de la Independencia, mulato, general de la República, Padilla había sido elegido senador por el Departamento del Magdalena, pese a las inquietudes que su ascenso generaba en el círculo bolivariano. En Cartagena rivalizaba con el gobernador Mariano Montilla, quien durante años había cultivado ante Bolívar la imagen de una conspiración parda en la ciudad. Cuando Padilla defendió públicamente la Convención de Ocaña y la Constitución de 1821, esa defensa constitucional fue traducida por Montilla —y aceptada por Bolívar— como algo distinto: una amenaza de guerra racial.

Testigos reportaron que en ciertos círculos pardos se hablaba de la necesidad de "acabar con los blancos". La existencia de ese lenguaje —seguramente marginal y provocado tanto como espontáneo— fue usada por los bolivarianos para deslegitimar por completo al bando santanderista, que había defendido a Padilla en Ocaña. Los liberales pro-Santander fueron acusados de promover el caos social. Su disidencia constitucional quedó reencuadrada como sedición racial. Bolívar, incluso antes del atentado de septiembre, había ordenado juzgar a Padilla conforme al decreto de conspiradores y había escrito que Cartagena era "el único peligro que nos amenaza en el día".

Ese trasfondo permite entender lo que ocurrió después del 25 de septiembre. La represión de la conspiración no fue una respuesta puntual a un intento de magnicidio: fue el momento en que dos crisis paralelas —la constitucional y la racial— se fundieron en un solo procedimiento judicial.

La noche del 25 de septiembre de 1828

El atentado ocurrió en el Palacio de San Carlos, sede de la presidencia en Bogotá. Un grupo de conjurados, en su mayoría militares jóvenes y civiles santanderistas —entre ellos Pedro Carujo y Florentino González—, entró al palacio con la intención de matar al dictador. Bolívar alcanzó a escapar saltando por una ventana, gracias a que Manuela Sáenz, su compañera, entretuvo a los conjurados en el interior. La operación fracasó.

Las detenciones empezaron en la madrugada del 26 de septiembre. El general Rafael Urdaneta, hombre de confianza de Bolívar y encargado del proceso, ordenó la aprehensión de aproximadamente sesenta personas. Entre ellas figuraba el vicepresidente Santander. Aunque no había participado directamente en la conjura, sí tenía conocimiento previo de ella y no la había denunciado; sobre esa base fue procesado.

Los enemigos de Bolívar habían considerado lícito usar la fuerza contra él evocando el precedente del atentado a Julio César: para ellos, la anulación de la Constitución en agosto convertía al dictador en tirano. Algunos de los conjurados estaban dispuestos a matarlo. El régimen respondió con la lógica inversa: si atentar contra el dictador era regicidio, la conspiración debía castigarse como el peor de los crímenes.

Al menos quince personas fueron condenadas a muerte y ejecutadas. El primer fusilado fue José Prudencio Padilla. Y aquí el proceso judicial mostró su verdadera arquitectura: Padilla no había participado en el atentado. No tenía conocimiento de él. Su causa venía de antes: Bolívar ya había mandado juzgarlo por incidentes previos en Cartagena, y el proceso septembrino simplemente le dio el marco procesal para consumar una condena que estaba decidida por otras razones. En los documentos del proceso no hay pruebas que justifiquen su sentencia de muerte. Lo que hay, alrededor de ella, es el temor a Cartagena, el conflicto con Montilla, y la utilidad política de eliminar a la figura pública afrodescendiente más visible de la República en un momento en que el régimen necesitaba enviar una señal a un tiempo constitucional y racial.

Santander también fue condenado a muerte. El Consejo de Ministros insistió en la conmutación por destierro, y Bolívar aceptó a regañadientes. Santander salió del país. Desde el exilio se convirtió en el más agudo crítico de la dictadura.

Las causas: qué se estaba disolviendo

Vistas juntas, La Cosiata y Ocaña no son dos crisis sucesivas: son dos fases del mismo colapso. Bajo su superficie corren causas de fondo y decisiones de coyuntura que conviene distinguir.

Tres causas estructurales operaron en el fondo. La primera fue la incompatibilidad material y social de los territorios unidos en Cúcuta. Venezuela funcionaba como una sociedad militarizada, con caudillos llaneros que controlaban ejércitos personales. Ecuador había sido incorporado por conquista y sus élites nunca aceptaron íntimamente el pacto. Nueva Granada arrastraba una tradición provincial federalista que el centralismo de 1821 había derrotado pero no extinguido. Sobre esas tres realidades se impuso una constitución que ninguna había elegido libremente en las mismas condiciones.

La segunda fue la desaparición de la amenaza española como cemento externo. La Gran Colombia había sido, en gran medida, una alianza militar contra un enemigo común. Asegurada la independencia continental —y para 1826, tras Ayacucho, ya lo estaba—, los incentivos para mantener la unión se evaporaron. La lealtad política volvió a las provincias y las regiones, no al Estado nacional.

La tercera, más silenciada, fue la contradicción racial. La Constitución de Cúcuta proclamaba la igualdad legal, pero el proyecto político de sus fundadores —incluido Bolívar— era inseparable de la preservación de una jerarquía racial que esa igualdad amenazaba. Mientras el orden pareció estable, la contradicción pudo administrarse; cuando el orden entró en crisis, el miedo a la "pardocracia" se convirtió en un lenguaje del que la dictadura sacó legitimación.

Los detonantes fueron de otro orden. La acusación contra Páez en 1826 y su rebeldía posterior; el intento de Bolívar de trasladar a Colombia la Constitución Boliviana con su presidencia vitalicia, que ni Perú ni Bolivia terminaron aceptando; la ruptura entre Bolívar y Santander en marzo-abril de 1827; el sabotaje deliberado de la Convención de Ocaña; el decreto orgánico del 27 de agosto de 1828; el atentado septembrino. Ninguno de estos hechos era, por separado, inevitable. Bolívar pudo haber aceptado someterse a la revisión constitucional prevista en el artículo 191 en vez de forzar la adopción de una carta ajena; los bolivarianos pudieron haber negociado en Ocaña en lugar de retirarse; la conmutación de la pena a Padilla habría sido tan defendible como la que se hizo con Santander. Cada decisión cerró una salida institucional. Al final, no quedaban salidas.

Consecuencias: la disolución certificada

Las consecuencias inmediatas fueron visibles en menos de dos años. La dictadura, lejos de restaurar la unión, la aceleró. Venezuela, con Páez, se separó formalmente durante los primeros meses de 1830. Ecuador hizo lo propio: la República del Ecuador nació el 13 de mayo de 1830, con Juan José Flores como primer presidente y una constitución promulgada el 22 de septiembre de ese año. Bolívar renunció a la presidencia en 1830 y murió el 17 de diciembre de ese mismo año en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta. Antonio José de Sucre, su colaborador más cercano y probable heredero político, había sido asesinado el 4 de junio de 1830 en Berruecos, en el camino entre Quito y Popayán.

El vacío dejado por la muerte de Bolívar precipitó una guerra civil corta pero decisiva. Rafael Urdaneta, tras un golpe militar bolivarista que derrocó a Joaquín Mosquera en agosto de 1830, asumió el poder en Bogotá con la expectativa de que Bolívar retornara a la presidencia. La muerte del Libertador en diciembre eliminó la razón misma de ese régimen. Del conflicto de 1830-1831 emergió, sobre el antiguo Departamento de Cundinamarca, la República de Nueva Granada. Santander regresó del exilio y sucedió a Bolívar como gobernante del nuevo Estado.

Las consecuencias de largo plazo fueron más hondas. La lealtad política en la Nueva Granada quedó anclada en las provincias y las regiones, no en el Estado nacional. Esa fragmentación estructural dificultó la consolidación de un gobierno central efectivo durante décadas y alimentó los ciclos de guerras civiles del siglo XIX. La polarización entre bolivarianos y santanderistas, sin equivaler linealmente a la posterior división entre conservadores y liberales, aportó materia prima —lenguajes, agravios, familias políticas— a la formación de los partidos. Y la crisis dejó instalada una lección ambigua sobre el uso del poder: la salida constitucional y la salida dictatorial quedaron disponibles como opciones intercambiables según la conveniencia del momento.

Por qué sigue pesando

En el bienio 1826-1828 quedó planteado, con una nitidez que rara vez volvería a repetirse, el dilema fundacional de las repúblicas hispanoamericanas: cómo se construye un Estado nacional sobre territorios que funcionaban como países distintos, con élites regionales que no querían ceder poder al centro y con jerarquías sociales que la igualdad legal proclamada por las constituciones amenazaba pero no desmontaba.

La respuesta de Bolívar —dictadura ilustrada, presidencia vitalicia, orden por encima de forma— fracasó doblemente: no evitó la disolución y erosionó la legitimidad del propio proyecto que pretendía salvar. La respuesta de Santander —legalismo, constitución vigente, defensa del marco de 1821— tampoco pudo evitarla, pero al menos legó a la Nueva Granada un lenguaje institucional al que volver. Lo que se rompió en esos veintiocho meses no fue el triunfo de una visión sobre la otra: fue el marco común en el que ambas podían haber convivido. Ese marco no volvió a rehacerse.

Queda, por último, la sombra larga del caso Padilla. La ejecución sin pruebas del general mulato, la instrumentalización política de su activismo constitucional como sedición racial, el uso del miedo a la "pardocracia" como argumento de gobierno: todo ello es parte constitutiva del origen de la República, no una nota al pie. Reconocerlo no rebaja la estatura de Bolívar; la ubica en su tiempo. Y devuelve al centro de la historia a un hombre —Padilla— que fue, en más de un sentido, la primera víctima civil de la dictadura, aunque su nombre haya sido escrito con las tintas del atentado en el que no participó.