Florentino González

La semblanza

González pertenece a esa segunda generación republicana que ya no combate a caballo sino que legisla, redacta gacetas y ocupa oficinas. Nacido en Cincelada, en el actual departamento de Santander, hijo de un oficial mayor del gobierno virreinal y sobrino de otro empleado del mismo aparato, con una madre de familia patriota notable, encarna la paradoja habitual de las élites criollas: su capital social se forjó al servicio de la Corona y se reinvirtió, sin ruptura biográfica visible, al servicio de la nueva república. Estudió Derecho en la Universidad Central y en el Colegio de San Bartolomé, en Bogotá, y desde muy joven quedó atrapado por dos gravitaciones que definirían su vida entera: la del círculo civilista de Francisco de Paula Santander y la del pensamiento utilitario británico que por entonces se convertía en la primera filosofía política sistemática enseñada oficialmente en las universidades neogranadinas.

De esa doble filiación —santanderista en la política, benthamista en la teoría— procede la coherencia interna, y a la vez la aparente rareza, de su trayectoria. González fue el hombre que llevó a la práctica, desde un ministerio conservador, un programa económico liberal que el propio Santander no se había atrevido a implementar por prudencia fiscal. Fue el redactor doctrinario que argumentó, con la frialdad del catedrático, que los granadinos no podían competir en manufactura con europeos y americanos y que la política correcta era ofrecer materias primas a Europa y abrir la puerta a sus manufacturas. Y fue también el ministro cuyas medidas, aprobadas en junio de 1847, empujaron a los artesanos de Bogotá a organizarse cuatro meses después en defensa de sus ocupaciones y contra el liberalismo económico —el primer conflicto de clase legible en términos modernos de la historia republicana colombiana.

Colombia lo recuerda, con esa combinación de reverencia distante y sospecha, como el "padre de la apertura" del siglo XIX. La expresión, acuñada más tarde en clave polémica, condensa bien la ambivalencia: González abrió, en efecto, un ciclo que duraría más de un siglo, pero lo abrió a un costo social que la memoria popular no olvidaría fácilmente.

Los orígenes

La formación de González transcurre en un momento singular del pensamiento neogranadino. Mientras el resto de Hispanoamérica se orientaba durante la primera mitad del XIX hacia el liberalismo francés de Constant y Guizot, la Nueva Granada se distinguía por una inclinación notable hacia el utilitarismo británico, en particular el de Jeremy Bentham. Los profesores de economía política enseñaban con manuales extranjeros —sobre todo los de Destutt de Tracy y Jean-Baptiste Say—, y la abundante presencia de libros en francés en la Biblioteca Nacional y en las colecciones privadas indica que estudiantes y profesores leían corrientemente en ese idioma. Ese cruce entre benthamismo enseñado y economía política francesa leída de primera mano constituye el aire intelectual que González respira en San Bartolomé y en la Universidad Central.

De ahí sale un jurista con vocación de teórico, no de tribuno. Los contemporáneos, y luego la historiografía, lo situarían entre los ideólogos más doctrinarios del grupo santanderista: uno de los pocos que creían con fe genuina en las doctrinas del liberalismo económico europeo, frente a políticos más pragmáticos como el propio Santander, para quien el gobierno era antes un arte de administración que un experimento de principios.

La otra formación de González es política, y ocurre en la refriega. Su nombre aparece asociado al círculo que se opuso a la dictadura de Bolívar tras la Convención de Ocaña de 1828 —junto a Santander, Vicente Azuero, Luis Vargas Tejada y el joven Mariano Ospina Rodríguez—, en el momento en que se están perfilando por primera vez los dos bandos de los que saldrán, décadas después, los partidos históricos colombianos. Fue esa conducta posterior a Ocaña, y las adhesiones y enemistades que despertó la dictadura del Libertador, la fragua originaria de la división. González se ubicó del lado civilista, santanderista, opuesto al bolivarianismo militar. Esa marca le acompañaría toda la vida, aunque su trayectoria posterior la complicara.

En los años treinta, cuando en la Nueva Granada empiezan a hablarse de "ministeriales" —partidarios del gobierno de turno— y "liberales" —el grupo civilista de Santander y Azuero—, González está en el segundo campo. Pero es un liberal doctrinario, no un jefe de facción; su capital es la pluma y el argumento, no la clientela.

La trayectoria

La carrera pública de González se despliega en dos décadas centrales, la de 1840 y la de 1850, con un largo epílogo de exilio hasta su muerte en 1874.

Entre 1842 y 1845 ocupó el cargo de oficial mayor —chief clerk, en la nomenclatura administrativa del período— del Departamento de Relaciones Exteriores, uno de los puestos técnicos de más alto rango de la burocracia neogranadina. Entre 1843 y 1844 fue, en paralelo, miembro de la Cámara de Representantes. Se trata del González funcionario y parlamentario, moviéndose con soltura entre el escritorio ministerial y el hemiciclo. Entre 1846 y 1848 se desempeñó como subdirector del tesoro; en 1848 fue secretario de finanzas, y entre 1848 y 1849 ejerció como contador mayor de la república. Esta secuencia de cargos hacendarios muestra que su acceso al ministerio no fue improvisación política sino coronación de una carrera técnica en el aparato fiscal.

El hito central es la reforma arancelaria de 1847. Nombrado por Mosquera para dirigir la política de hacienda, González introdujo nuevas tarifas aduaneras de orientación librecambista que reducían drásticamente la protección arancelaria de la que había gozado, desde los tiempos de Santander y de José Ignacio de Márquez, la manufactura interna. La medida era arriesgada por partida doble. En lo fiscal, porque las aduanas eran la principal fuente de ingresos del gobierno, y rebajar sus tarifas parecía, sobre el papel, un suicidio hacendario; los gobiernos anteriores habían mantenido tarifas altas precisamente por esa razón. En lo social, porque tocaba el sustento de los artesanos urbanos —sastres, zapateros, herreros, ebanistas, sombrereros de Bogotá y de otras ciudades— cuya modesta protección competitiva frente al textil y la manufactura europea dependía del arancel.

El programa fue mucho más allá de una simple rebaja de tarifas. Bajo la administración Mosquera-González se reformaron las aduanas de los puertos, se eliminaron las aduanas interiores —vestigios coloniales que fragmentaban el mercado nacional—, se introdujo el sistema métrico decimal, se nivelaron pesos y medidas, y se revisaron las estadísticas y la contabilidad de la Hacienda pública. Se contrataron ingenieros extranjeros para obras públicas. En conjunto, fue el intento más ambicioso de racionalización administrativa desde la Independencia, y coincidió con el gran vuelco de la economía neogranadina hacia el influjo inglés: el ascenso del tabaco como producto de exportación y el inicio de la navegación regular a vapor por el río Magdalena.

La reacción no se hizo esperar. En octubre de 1847, escasamente cuatro meses después de las medidas, los artesanos de Bogotá comenzaron a organizarse en defensa de sus ocupaciones y contra el liberalismo económico. De esa organización saldrían, en los años siguientes, las Sociedades Democráticas que alimentarían el ala popular del liberalismo y sostendrían, primero, la elección de José Hilario López en 1849, y después el gobierno de José María Obando y su experimento constitucional de 1853. La paradoja histórica es notable: la reforma de González, hecha en nombre de un liberalismo económico doctrinario, terminó movilizando a los sectores populares urbanos que se convertirían en la base política de un liberalismo social muy distinto al suyo.

Al terminar el gobierno de Mosquera en 1849, González viajó a Estados Unidos, donde permaneció entre 1850 y 1852. A su regreso a Bogotá publicó, en la Imprenta de El Neo-Granadino en 1853, los Apuntamientos sobre la historia política y social de la Nueva Granada, obra en la que consigna su lectura del proceso republicano y su propia doctrina. Ese mismo año, el 28 de enero, había firmado en las páginas de El Neogranadino una nueva declaración a favor de la supresión de las aduanas —insistencia doctrinaria en el momento mismo en que la Constitución de Obando, proclamada el 21 de mayo de 1853, ponía fin a la vieja carta ministerial de Márquez de 1843 e introducía la abolición de la esclavitud, la libertad religiosa, la eliminación de la personería jurídica de la Iglesia Católica y el primer gran impulso descentralizador.

Sobre el gobierno revolucionario de Mosquera en 1860, cuando su antiguo jefe se levantó desde el Cauca contra Ospina Rodríguez, hay registro de alguna participación de González —probablemente periodística o de gobierno—, aunque su papel en aquella coyuntura fue ya secundario frente al de la nueva generación radical.

Su red

González no se entiende fuera de las redes en las que se movió, porque en él, más que en otros, la biografía es una biografía de vínculos intelectuales antes que de clientelas territoriales.

La primera red es la santanderista. Francisco de Paula Santander había armado, desde la Vicepresidencia y luego desde su regreso del exilio en 1832, un núcleo civilista, legalista y antimilitarista opuesto al bolivarianismo. De ese núcleo salieron los cuadros que gobernaron o coadministraron la Nueva Granada durante toda la década de 1830 y comienzos de la de 1840. Vicente Azuero, Vargas Tejada y, en menor medida, el joven Ospina Rodríguez —antes de su viraje conservador— compartieron con González la matriz cultural: derecho, benthamismo, prensa doctrinaria, oposición al caudillismo bolivariano. Es en ese círculo donde se forjó el liberalismo económico neogranadino como programa, aunque el propio Santander, presidente entre 1832 y 1837, no se atreviera a implementarlo. La propuesta de una reducción brusca de tarifas aduaneras había circulado desde entonces casi exclusivamente entre los ideólogos más teóricos del grupo, sin que su jefe la compartiera.

La segunda red, más inesperada, es la que González teje con Tomás Cipriano de Mosquera. Cuando el general payanés asume la presidencia en 1845, González —el antiguo santanderista— se convierte en su ministro de Hacienda. Este cruce ha desconcertado a la historiografía: Mosquera era entonces conservador, y González venía del campo contrario. La lectura menos ingenua sugiere que las adscripciones partidistas de mediados de la década de 1840 eran aún fluidas, que las fronteras entre "ministeriales" y "liberales" se dibujaban tanto por lealtad al ejecutivo del momento como por convicción doctrinaria, y que González encontró en Mosquera al presidente dispuesto a aplicar lo que su propio campo no había ejecutado. La convergencia oligárquica sobre las bondades del librecambio, transversal a los dos bandos partidistas en formación, hacía menos escandalosa esa cohabitación de lo que parecería en retrospectiva. Liberales y conservadores neogranadinos coincidían, hacia 1847, en los beneficios del librecambio; discrepaban en la reforma religiosa, en el régimen de la esclavitud, en el federalismo y en la relación con la Iglesia. González no fue un traidor a su campo: fue un ideólogo que aprovechó la ventana ejecutiva que se le abría.

La tercera red es la de sus interlocutores intelectuales, dentro y fuera del país. En la Nueva Granada, sus ideas dialogaban con las de Manuel Murillo Toro, Miguel Samper y, en la generación siguiente, Manuel Ancízar y Rafael Núñez —figuras que, ya en la segunda mitad del siglo, intentarían conciliar el liberalismo francés de tradición radical con un neoliberalismo británico de matriz stuartmilliana. Fuera, González formaba parte de la constelación librecambista hispanoamericana que incluía a Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi en el Río de la Plata: intelectuales-políticos que veían en la especialización agroexportadora, en la inmigración europea y en la apertura a las manufacturas del Atlántico Norte la vía para "civilizar" sociedades percibidas como retrasadas.

Este último punto merece detenimiento. En la lectura crítica que en décadas recientes ha propuesto Cristina Rojas, el pensamiento de González se inscribe dentro de un marco civilizatorio que justificaba el laissez-faire como necesidad antropológica antes que económica: la división internacional del trabajo reforzaba la creencia en el carácter "incivilizado" de los neogranadinos, "bárbaros" a los que había que civilizar antes de incorporarlos al mundo productivo europeo, y González argumentaba que los granadinos, precisamente por ese atraso, no podían competir en manufactura con europeos y americanos. El argumento económico —ventajas comparativas, especialización eficiente— se apoyaba, entonces, sobre un argumento cultural más profundo, y en cierto sentido más pesimista, sobre las capacidades productivas del propio país.

Por último, la red familiar y afectiva. Jaime Duarte French, biógrafo de González y también de las hermanas Bernardina y Nicolasa Ibáñez —Bernardina descrita por su gracia, picardía y belleza, y ambas figuras célebres del salón bogotano del período santanderista—, dejó consignada la inserción de González en ese pequeño mundo bogotano donde política, tertulia y afecto se entretejían sin costuras visibles.

Su huella

El efecto de la reforma de 1847 se desplegó en tres frentes con velocidades distintas.

En lo económico, el resultado fue el auge exportador que definiría la segunda mitad del siglo XIX colombiano. Antes de la abolición del monopolio del tabaco, la producción total de las tres factorías estatales —Ambalema, Girón y Palmira— no superaba los 35.000 quintales anuales y estaba destinada exclusivamente al consumo interior. Al liquidarse el monopolio en favor de tres firmas privadas —de las cuales Montoya & Sáenz pasó a controlar el área más productiva—, la producción se orientó al mercado exterior con resultados espectaculares. La expansión tabacalera exportadora asentó sobre bases sólidas la navegación a vapor por el río Magdalena: antes, las provincias interiores producían tan pocos frutos de exportación que los buques bajaban casi vacíos; con el tabaco, cada viaje pagaba. El éxito de la industria exportadora generó grandes cantidades de divisas por primera vez desde la Independencia y creó una poderosa clase de comerciantes importadores de bienes europeos que se convertiría en el actor social dominante de las décadas siguientes.

En lo fiscal, el sistema tributario que emergió de las leyes de 1850 y 1851 —construido sobre los cimientos de la reforma González-Mosquera— se convirtió en la base económica del federalismo. Sostuvo las constituciones de 1853, 1858 y 1863; y el gobierno central, lejos de arruinarse por la rebaja de tarifas como temían los proteccionistas, se benefició del aumento neto de los ingresos aduaneros estimulado por el auge exportador de 1850-1875. La apuesta doctrinaria resultó, en el mediano plazo, fiscalmente acertada.

En lo político y social, sin embargo, la reforma dejó una herida abierta. La desprotección arancelaria hundió a la manufactura artesanal y politizó a los artesanos, que a partir de octubre de 1847 pasaron de gremios corporativos a Sociedades Democráticas con capacidad de movilización callejera. Esa base social sostuvo la elección de López en 1849, la abolición de la esclavitud de 1851 —más radical, según los propios contemporáneos, que pasos similares tomados en otros países latinoamericanos en la época—, la Constitución de 1853 y el gobierno de Obando. Pero también quedó atrapada en una contradicción insoluble: los artesanos apoyaban al liberalismo político y social, mientras el liberalismo económico les seguía arruinando el taller. Cuando en abril de 1854 el general José María Melo dio su golpe con apoyo artesanal, esa contradicción estalló; y cuando la coalición constitucional derrotó a Melo en diciembre del mismo año, el ala popular del liberalismo quedó descabezada. La Constitución de 1853, además, había debilitado al propio Obando y a sus aliados artesanos al otorgar mayor poder a las provincias, en un impulso descentralizador que reduciría la capacidad del ejecutivo central para proteger a sus bases.

El itinerario constitucional posterior confirmó, casi por su cuenta, la irreversibilidad de la apuesta librecambista. El Congreso de 1855 reformó la Constitución para dotar a Panamá de estatuto federal y permitir la creación de otros estados federales por ley simple; Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena obtuvieron pronto esa condición. La Constitución de 1858, promulgada bajo la presidencia conservadora de Mariano Ospina Rodríguez —contradicción histórica que desmiente cualquier identificación mecánica entre centralismo y conservatismo—, dio al país el nombre de Confederación Granadina y formalizó el esquema federal. Los liberales, tras la guerra de 1860-1862, lo llevaron a extremos con la Constitución de Rionegro de 1863, que rebautizó al país como Estados Unidos de Colombia y consagró un federalismo de nueve estados con facultades no reservadas al centro, milicias propias, definición del sufragio por cada estado y enmienda constitucional solo por unanimidad. El sistema exportador que González había abierto financió toda esta arquitectura.

González, para entonces, ya no era protagonista. Su exilio en el sur del continente, donde murió en 1874, lo alejó del escenario colombiano durante los años más intensos del radicalismo. Vio desde afuera el triunfo doctrinario de sus ideas —el país se había convertido, en su ausencia, en el laboratorio librecambista más ortodoxo de Sudamérica— y, presumiblemente, también sus costos sociales. No dejó una escuela con su nombre, ni discípulos identificables como "gonzalistas"; su obra doctrinaria fue absorbida por el sentido común de la élite exportadora, y por eso mismo se volvió invisible.

El lugar en la memoria

La historiografía colombiana ha oscilado con González entre el homenaje distante y el ajuste de cuentas. Autores como Luis Ospina Vásquez, en su clásico sobre industria y protección, y Miguel Urrutia, en sus estudios sobre el movimiento obrero, lo mencionan al tratar las reformas económicas de mediados del XIX, pero rara vez como objeto de estudio monográfico central. Es más nombrado que estudiado. Su reforma de 1847 aparece siempre como el punto de partida obligado de cualquier historia económica del período, y su figura se cita como referencia inevitable en cualquier discusión sobre los orígenes del librecambio latinoamericano; pero la biografía intelectual completa que su importancia teórica merecería —una que reconstruyera con detalle sus lecturas, su correspondencia, sus estancias, su diálogo con Alberdi y Sarmiento— sigue en gran medida por escribir. Fue Jaime Duarte French, más literato que historiador académico, quien más se aproximó al retrato personal, en obras que también dedicó a las Ibáñez y a la corte santanderista.

La lectura crítica reciente, en la línea de Cristina Rojas, ha reencuadrado a González dentro de una historia del pensamiento decolonial: no ya como el iluminado que trajo la ciencia económica a un país atrasado, sino como el ideólogo que interiorizó y reprodujo, en la doctrina fiscal del Estado neogranadino, el discurso civilizatorio europeo sobre la incapacidad productiva de las periferias. Es una lectura fértil, aunque corre el riesgo, si no se matiza, de reducir a González a portavoz mecánico de un discurso ajeno, cuando el material biográfico sugiere una figura más compleja: un jurista formado con seriedad, un funcionario técnicamente competente, un santanderista de convicción que llevó a cabo, desde un ministerio conservador, un programa que su propio campo político no se atrevía a ejecutar.

La memoria popular, por su parte, nunca lo perdonó del todo. El apodo de "padre de la apertura" —usado en el siglo XX cuando la palabra "apertura" recuperó centralidad política con las reformas de 1990— es a la vez reconocimiento y acusación. Reconoce que hubo un momento fundacional, un umbral, un ministro con nombre y apellido que firmó los decretos; y acusa que ese umbral se cruzó sin consulta a los perdedores. Es una memoria de artesanos, la que resiste. La otra memoria, la de los comerciantes importadores, los hacendados exportadores y las élites bogotanas del segundo Olimpo, se olvidó de González porque ya no lo necesitaba: sus reformas se habían vuelto paisaje.

Queda, al final, una imagen ajustada. González fue el intelectual que tradujo con precisión un consenso oligárquico difuso en política fiscal concreta e irreversible; el santanderista doctrinario que necesitó de un gobierno conservador para ejecutar lo que su propio campo no ejecutaba; el jurista que abrió un ciclo económico de un siglo y que pagó, con el olvido relativo de su nombre, el precio de haberlo hecho sin construir clientela ni escuela propias. Su figura es la de un pivote, no la de un héroe: bisagra entre la Colonia y el ciclo agroexportador, entre el proteccionismo santanderista y el radicalismo federal, entre el benthamismo enseñado en las aulas y el liberalismo económico convertido en decreto de aduanas. Los pivotes son piezas discretas: sostienen el peso del giro sin quedarse con el brillo del movimiento. En González, la historia colombiana tuvo uno particularmente eficaz, y particularmente controvertido.