José María Melo

La semblanza

Melo es, en el panteón republicano colombiano, una figura incómoda. Frente al caudillo hacendado —Mosquera, Herrán, Obando— y al jurista de gabinete que dominaba la política liberal, Melo fue militar de carrera con hoja de servicios en tres países, con distinciones ganadas en las batallas fundacionales de la independencia y con una relación difícil con las élites criollas que gobernaban desde Bogotá. Su origen indígena pastuso —Chaparral, en la actual región del Tolima— y su ascenso a través del oficio castrense lo convertían, más que en un caudillo típico, en un hombre de tropa cuyo poder descansaba en la lealtad de los soldados rasos y en el vínculo con los sectores populares urbanos.

El golpe del 17 de abril de 1854 selló su lugar en la historia. Convergieron en él dos malestares distintos. Por un lado, la decisión del Congreso de reducir el ejército permanente y eliminar parte de su mando —una amenaza corporativa directa contra el oficialismo militar—. Por otro, la irritación de los artesanos bogotanos ante las tarifas arancelarias bajas que arruinaban su industria en beneficio del comercio importador. Melo se convirtió en el punto donde esas dos lógicas se tocaron. Que la fusión fuera coherente o meramente circunstancial admite lecturas divergentes; que produjo el único momento del siglo XIX en que los "de abajo" gobernaron el país, no.

Los orígenes: Chaparral, la independencia y los primeros exilios

Melo nació en 1800 en Chaparral, en el Tolima, en una familia de origen indígena que no lo emparentaba con la aristocracia criolla que dominaba la vida pública neogranadina. Entró joven al oficio militar y se formó en el fragor de las guerras de independencia. Participó en las batallas de Bomboná, Junín y Ayacucho —campañas decisivas del ejército libertador— y en ellas se distinguió por decisión y por saber sostener el ánimo de la tropa. Recibió el busto del Libertador y las estrellas y escudos concedidos a los vencedores de Pichincha y Ayacucho, distinciones que lo situaban entre los soldados condecorados de la generación de Bolívar y Sucre.

Su formación transcurrió, entonces, en el sur del continente: entre el norte peruano y el Alto Perú que se convertiría en Bolivia, en la escuela de guerra que dio a la América independiente la mayor parte de sus futuros generales y presidentes. Cuando volvió a la Nueva Granada, ya con capital simbólico de veterano, encontró el país en la crisis de la disolución de Colombia y del ocaso bolivariano.

En 1830 estuvo próximo a los hechos que llevaron al poder al general Rafael Urdaneta, el último intento por sostener el proyecto grancolombiano bajo forma dictatorial. La naturaleza precisa de su vinculación —oficial de línea, colaborador cercano o simple partidario— no está establecida, pero fue suficiente para que, cuando Urdaneta dejó el mando y comenzaron las represalias contra sus adherentes, Melo se viera obligado a salir del país. Se dirigió a Venezuela, donde en lugar de aceptar el retiro se involucró en movimientos contra el gobierno de José Antonio Páez. La respuesta fue la expulsión inmediata. Este primer episodio de exilio, alrededor de 1831, define ya un patrón: un oficial dispuesto a jugar la política por vías irregulares cuando el poder legítimo le resultaba adverso.

Los años posteriores lo mantuvieron en el circuito militar del continente, con estadías en Europa que ampliaron su formación, hasta que las alianzas políticas cambiantes le permitieron reintegrarse al ejército neogranadino y ascender en su interior. Para mediados de la década de 1840 era ya general, y para comienzos de los cincuenta su nombre estaba asociado a la corriente liberal, específicamente a su ala popular y militar.

El país que Melo iba a heredar: artesanos, aranceles y Sociedades Democráticas

Para entender el golpe hay que entender la Nueva Granada de los años previos, un país donde la economía y la política estaban tramadas por un mismo conflicto: el arancel.

En 1847, el ministro de Hacienda Florentino González, bajo el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, impulsó nuevas tarifas arancelarias bajas que abrieron el mercado interno a las manufacturas importadas. La medida beneficiaba a los grandes comerciantes de las plazas costeras y andinas, articulados con las casas europeas, y golpeaba de frente a los artesanos urbanos —sastres, zapateros, herreros, talabarteros, tejedores— cuya producción no podía competir con los géneros ingleses o franceses. La política librecambista, sostenida casi sin interrupción entre 1853 y 1870, junto con la mejora gradual de las técnicas industriales fuera del país, se convirtió en una presión creciente sobre la industria artesanal neogranadina.

De ese malestar económico surgió la organización política. Hacia 1847, durante la misma administración Mosquera que promovía las tarifas bajas, aparecieron las Sociedades Democráticas, organizadas primero como instrumento de movilización popular a favor del liberalismo emergente y, muy pronto, en torno a la candidatura de José Hilario López. La Sociedad de Artesanos de Bogotá cambió su nombre por el de Sociedad Democrática cuando su intervención armada se hizo útil al partido liberal, y así, progresivamente, se transformó en un club político con miembros armados y ejercicios militares periódicos. El gobierno liberal las promovía como organizaciones populares dispuestas a defenderlo en la calle.

La influencia de esa base artesanal fue decisiva en la elección presidencial del 7 de marzo de 1849, cuando el Congreso —en una votación estrecha— eligió a José Hilario López. Presidente ya, López simpatizaba secretamente con la Sociedad Democrática de Artesanos de Bogotá y llegó a asistir a una de sus sesiones. La política liberal quedaba así entrelazada con el mundo de los talleres.

Pero el liberalismo no era homogéneo. Se dividía entre gólgotas —doctrinarios, radicales, asociados a los comerciantes librecambistas y a la ortodoxia económica europea— y draconianos, más militaristas y proteccionistas, aliados a los artesanos y a sectores del ejército. Los conservadores mantenían una posición ambigua: algunos de sus padres fundadores —Julio Arboleda, Mariano Ospina Rodríguez, José Eusebio Caro— habían defendido con entusiasmo el librecambio, aunque el partido como conjunto se mostrara reacio a las tarifas elevadas. En la práctica, ninguna facción política ofrecía a los artesanos una defensa firme del proteccionismo.

Frustrados en sus demandas económicas, los artesanos se volcaron a la política. Su organización, la Sociedad Democrática dirigida por Ambrosio López, se opuso al gobierno de Obando cuando este no dio respuesta a sus reclamos, y quedó preparada —armada, entrenada, politizada— para el momento en que un mando militar les ofreciera algo más que promesas.

El 17 de abril: mecánica del golpe

Obando había sido elegido presidente bajo la Constitución de 1853, un texto que introducía el sufragio universal masculino y descentralizaba el poder. La misma Constitución que había abierto la política a sectores más amplios había también, paradójicamente, llevado a muchos conservadores al poder local, y su vigencia se veía amenazada por las tensiones entre el ejecutivo, el Congreso y el ejército.

La causa inmediata del golpe fue institucional y corporativa: el Congreso decidió reducir el tamaño del ejército permanente y eliminar parte de su mando. Para los oficiales de carrera —Melo entre ellos— la medida representaba un ataque directo a su base material y a su lugar en el Estado. En un país donde el ejército era una de las pocas instituciones nacionales continuas, desmantelarlo equivalía a suprimir la profesión.

El 17 de abril de 1854 —aunque algunas versiones registran el 14 como fecha en que ya se había desatado la crisis— Melo, jefe de la guarnición de Bogotá, se puso al frente del alzamiento. Cerró el Congreso, tomó control de la capital y se hizo cargo del poder bajo el título de "Comandante en Jefe del Ejército Regenerador, encargado del Supremo Gobierno Provisorio". La operación descansó en dos apoyos: las tropas leales a la oficialidad amenazada y la Sociedad Democrática de Artesanos, que aportó combatientes urbanos y respaldo político inmediato.

Hay un episodio que revela la naturaleza compleja del movimiento. Melo intentó, en un primer momento, transferir la presidencia al propio Obando —el presidente electo por vía constitucional, con quien la coincidencia ideológica draconiana era evidente—. Obando se negó. Solo entonces Melo asumió el gobierno provisional en su propio nombre, y Obando terminó reducido a prisión, luego juzgado por presunta complicidad con el golpe. Ese intento de traspaso muestra que el movimiento había surgido como una reacción corporativa y popular que buscaba, en principio, defender un orden liberal draconiano al que Obando pertenecía; su asunción personal fue un segundo tiempo.

El gobierno de ocho meses: programa y contradicciones

El régimen melista se presentó desde el comienzo como una defensa del liberalismo verdadero. El 22 de octubre de 1854, el periódico El Artesano —órgano del movimiento— publicó una declaración de principios que rechazaba explícitamente la calificación de "dictadura" y la atribuía a una invención de los enemigos para desprestigiar la causa. El movimiento, según sus voceros, era la defensa de los principios liberales racionales y de la "verdadera República". La invocación era coherente con la trayectoria: los artesanos y los draconianos habían sido parte del liberalismo triunfante en 1849, y sus reclamos —proteccionismo, libertades civiles, defensa del sufragio popular masculino— cabían en el vocabulario liberal.

El programa incluía la convocatoria a una nueva convención constitucional. El objetivo declarado era, entre otros, revisar el sufragio universal masculino establecido por la Constitución de 1853, en tanto ese sufragio había llevado a muchos conservadores al poder local. La paradoja es reveladora: un movimiento con base popular proponía restringir el voto porque el voto había producido resultados adversos.

En los ocho meses que duró la administración, las medidas concretas fueron pocas y difíciles de consolidar en un país en guerra. Se buscó reforzar la posición de los oficiales que habían apoyado el alzamiento, sostener el aparato militar en Bogotá, mantener el orden interno de la capital con el concurso de los artesanos armados y proyectar hacia las provincias una autoridad que en la práctica nunca llegó a extenderse mucho más allá del altiplano central. Los intentos de asegurar apoyos en las regiones fracasaron: los gobernadores hostiles se plegaron al llamado constitucionalista y las tropas leales al régimen no lograron romper el cerco que se cerraba desde el norte, el occidente y el sur. El gobierno melista existió, más que como administración regular, como una plaza sitiada.

El financiamiento fue otro talón. Sin control de las aduanas costeras, sin acceso al comercio exterior, sin arcas fiscales robustas, el régimen debió apoyarse en empréstitos forzosos, contribuciones extraordinarias y requisas dentro del perímetro que controlaba. Esa práctica, común en las guerras civiles del siglo, ahondó el rechazo de comerciantes y propietarios bogotanos que hasta entonces habían tolerado el nuevo orden. Cada mes que pasaba, la base social del melismo se estrechaba: se mantenían los talleres y los cuarteles, se perdían las tiendas y los almacenes.

Pero el melismo cargaba una contradicción más profunda. Su discurso lo situaba como continuador del liberalismo, mientras que sus actos —el cierre del Congreso, la prisión del presidente electo, la asunción de un mando extraordinario— rompían con el orden constitucional que ese liberalismo había construido en 1853. Los voceros de El Artesano intentaban negar la dictadura por la palabra, mientras la dictadura existía en los hechos.

La base social era limitada: sectores populares del ejército y artesanos de Bogotá. Faltaban los terratenientes, los comerciantes, los intelectuales gólgotas, los conservadores. Era una alianza entre el uniforme y el taller, y esa composición —insólita en la historia política neogranadina— fue simultáneamente su fuerza y el motivo de su aislamiento.

La coalición constitucionalista: enemigos que se hacen aliados

La respuesta al golpe fue tan reveladora como el golpe mismo. Los líderes civiles y militares que escaparon a la prisión se reorganizaron fuera de la capital y formaron, en cuestión de semanas, una coalición sin precedentes. En ella confluyeron los generales Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán —conservadores, antiguos adversarios entre sí—, José Hilario López —el liberal que había ganado en 1849 con apoyo artesano—, Manuel Murillo Toro —futuro presidente liberal radical—, Tomás Herrera y el veterano José Ignacio de Márquez. Hombres que se habían combatido en las guerras civiles previas, que representaban las dos grandes familias políticas del país y las tres o cuatro corrientes internas de cada una, se unieron bajo una sola bandera: restaurar la Constitución de 1853.

Detrás de la bandera constitucional había una convergencia de intereses menos declarada. Todo el grupo dominante, tanto liberal como conservador, percibió el melismo como una amenaza al derecho de propiedad y al orden social. El artesano armado en las calles de Bogotá era, para el terrateniente conservador y para el comerciante gólgota por igual, un peligro mayor que las diferencias que los separaban. La consigna de "la democracia y la legalidad" servía como envoltorio a un pacto más elemental: contener al pueblo armado.

La guerra civil que siguió duró aproximadamente ocho meses. Los ejércitos constitucionalistas —comandados por generales que ya habían mostrado su capacidad en campañas anteriores— cercaron progresivamente la capital. El 4 de diciembre de 1854 entraron triunfantes a Bogotá el vicepresidente José de Obaldía, los expresidentes Herrán, Mosquera, López y Márquez, junto con parlamentarios, magistrados y tropas. Melo fue derrotado y capturado. La dictadura de ocho meses había terminado.

El después: juicio, indulto y violencia contrarrevolucionaria

Con la restauración vino el problema de qué hacer con los vencidos. Mosquera, con su temperamento habitual, pretendió que Melo fuera condenado a muerte. Obaldía, que asumió el gobierno constitucional como vicepresidente al frente del ejecutivo restaurado, se resistió a la pretensión y sostuvo una línea más clemente. Junto con su sucesor Mallarino, dictó varias medidas de indulto que alcanzaron a muchos de los responsables y actores del golpe del 17 de abril. Melo salió con vida, aunque exiliado. Obando fue procesado por traición a la patria bajo la acusación de complicidad con el golpe; el proceso lo desgastó políticamente y marcó el fin efectivo de su carrera.

La clemencia con los cabecillas no se extendió al conjunto. En 1855, tras la restauración, se desató por todo el país una violencia contrarrevolucionaria dirigida por la élite dominante, que reaccionaba contra el peligro popular percibido. La represión de los artesanos, de los soldados rasos que habían seguido a Melo, de las Sociedades Democráticas y sus periferias regionales, fue amplia y sistemática. El pacto de las élites cobraba en sangre a los "de abajo" lo que perdonaba a los generales.

En el terreno económico y político, la derrota tuvo un efecto duradero. Aplastada la coalición militar-artesanal, los liberales radicales triunfantes implantaron la doctrina librecambista como orientación permanente. Las tarifas siguieron siendo bajas durante el resto del siglo XIX, al menos hasta la década de 1880. El arancel, que había sido factor de conflictos armados en una sola ocasión —el golpe de Melo— dejó de serlo porque su discusión política quedó clausurada: quienes hubieran podido pelear por el proteccionismo estaban muertos, presos, dispersos o exiliados. La producción artesanal, en un país donde las aldeas comenzaban a convertirse en ciudades, siguió su declive sin capacidad de defensa colectiva.

El restablecimiento del gobierno civil no supuso la abolición mecánica de las reformas democráticas de 1853. Hubo reversiones en algunas áreas y avances en otras, en un balance mixto que no cabe reducir a una simple restauración conservadora. Pero la lección de fondo estaba dada: cualquier proyecto que combinara mando militar y organización popular armada sería enfrentado, sin importar sus banderas, por una coalición transversal de las élites del país.

El exilio final: México, Juárez y la muerte

El desenlace personal de Melo tuvo la coherencia trágica de su biografía. Expulsado del país tras la derrota, no encontró refugio estable en las primeras escalas. Recorrió Centroamérica —Costa Rica, Nicaragua— en años en que la región vivía sus propias convulsiones: la guerra contra el filibustero William Walker había dejado el istmo en ruinas y los gobiernos locales se movían entre la restauración conservadora y proyectos liberales precarios. Melo, con su hoja de servicios en tres países y su conocimiento de la guerra irregular, resultaba un huésped incómodo en unas repúblicas que preferían no cargar con generales derrotados de otras naciones.

Terminó en México, donde el liberalismo de Benito Juárez sostenía una guerra a muerte contra el conservadurismo local en la llamada Guerra de Reforma y, poco después, contra la intervención francesa que llevaría al Segundo Imperio. Melo se sumó a la causa liberal mexicana en el sur, en el istmo de Tehuantepec, una región de tradición indígena y de larga resistencia a la autoridad central. Combatiendo en Juchitán, en Oaxaca, halló la muerte hacia 1860, fusilado tras caer en manos de fuerzas locales adversas al bando en que peleaba. Las circunstancias exactas —quiénes lo capturaron, con qué proceso sumario, en qué escenario— quedaron mal documentadas en los registros de esa guerra.

La muerte en tierra ajena, luchando por un liberalismo que en su propio país lo había expulsado, cerró la biografía con una simetría amarga. El hombre que había tomado el poder en Bogotá para defender —a su manera— la causa liberal draconiana terminaba fusilado en México bajo la bandera del liberalismo mexicano. Que hubiese ido a morir a Juchitán, entre indígenas zapotecos que combatían a la vez por Juárez y por sus propias autonomías, agrega una coincidencia inquietante: el general pastuso, indígena él mismo, cerraba su vida militar en una geografía étnica y política emparentada con la suya. Los generales colombianos que lo habían derrotado seguían gobernando, alternándose en el poder durante las décadas siguientes. Ninguno de ellos murió como Melo.

Su red: hombres, lugares e ideas

Melo se movió toda su vida en el cruce de tres órbitas, y su biografía se ilumina cuando se atiende a esos cruces más que a los nombres sueltos. La primera órbita era la de los veteranos bolivarianos, ese cuerpo transnacional forjado en Junín, Ayacucho, Pichincha y Bomboná, que proveería al continente sus futuros presidentes y a Melo tanto sus camaradas como sus adversarios: los mismos generales con los que había marchado por el sur del Perú serían, treinta años después, los que entrarían a Bogotá a derrocarlo. La solidaridad de campaña no sobrevivió al reordenamiento político de las repúblicas.

La segunda órbita era el ala draconiana del liberalismo, articulada en torno a la figura presidencial de Obando y sostenida por una constelación de oficiales y periodistas que compartían la desconfianza hacia los gólgotas librecambistas. Ese vínculo explica por qué el primer gesto de Melo tras el 17 de abril fue ofrecer el mando al presidente constitucional, y por qué la ruptura con Obando —forzada por la negativa de este a aceptar— dejó al régimen huérfano de su referencia política más natural. En esa órbita se cruzaba también con Ambrosio López, dirigente de la Sociedad Democrática de Bogotá, y con la red más amplia de Sociedades repartidas por el país, que llevaban a las provincias el lenguaje del liberalismo popular y proteccionista.

La tercera órbita fue geográfica. Tres territorios cruzaron su vida y ninguno de manera menor. El Tolima natal, con Chaparral e Ibagué, le dio la marca de origen que lo mantuvo siempre fuera del círculo criollo. Bogotá fue el escenario del poder y de su caída: la ciudad donde los talleres y los cuarteles convergieron por una vez y donde también se firmó la coalición que los aplastó. Y el circuito de exilios —Venezuela primero, Centroamérica y México al final— enmarcó sus salidas del país como si el destierro fuera la condición de su carrera. Los Llanos Orientales, la Ciénaga de Zapatosa y Chinácota, en el nororiente, aparecieron como escenarios menores en las campañas militares que precedieron o siguieron al golpe.

En lo ideológico, Melo no fue un teórico. Los principios que se le atribuyen —defensa del liberalismo verdadero, proteccionismo económico, república racional— vinieron formulados por otros, singularmente por los redactores de El Artesano. Su aporte fue el mando militar y el vínculo con la tropa; el vocabulario, el de una época que discutía en términos de patriotismo, república y nación. Esa división del trabajo entre el general y sus publicistas es parte de por qué el melismo, cuando cayó, no dejó doctrina heredable: cayeron a la vez la fuerza que lo sostenía y el discurso que lo nombraba.

La huella: cómo se disputa su memoria

El melismo ha sido objeto de lecturas encontradas. La historiografía convencional del siglo XIX y comienzos del XX lo trató como un episodio de indisciplina militar, una asonada de generales resentidos con apoyo populachero, sin mayor densidad histórica. Esa lectura convenía a las élites vencedoras y se transmitió durante generaciones en los manuales escolares y en las historias patrias que cimentaron el relato oficial.

En el siglo XX, especialmente desde la sociología histórica, la interpretación cambió. El golpe de 1854 pasó a leerse como una subversión de clases: el momento en que los sectores populares del ejército y los artesanos urbanos intentaron disputar el Estado, y en que la percepción del peligro revolucionario llevó a todo el grupo dominante a unirse bajo la bandera de la legalidad para defender, entre otras cosas, el derecho de propiedad. Bajo esa lente, el melismo dejó de ser un episodio menor y pasó a ser un momento de verdad sobre la estructura del poder colombiano: la clase dominante, dividida en dos partidos, sabía cerrar filas cuando el orden social estaba en juego.

Otra lectura, más cauta, rechaza la caracterización del movimiento como "revolución prematura" —las revoluciones ocurren cuando maduran sus condiciones histórico-naturales, se argumenta, no por voluntad de un caudillo— pero acepta que la de 1854 no podía alcanzar sus metas originales dados los elementos estructurales en juego y los resultados que produjo. Melo, en esa clave, fue el punto en que dos crisis distintas —la corporativa militar y la artesanal— convergieron sin llegar a fundirse en un proyecto coherente. Faltaba el partido político capaz de articular la alianza más allá de la coyuntura, faltaba el programa económico que superara la simple reivindicación arancelaria, faltaba la geografía nacional que sostuviera al régimen fuera del altiplano.

Una tercera lectura, de índole cultural, sitúa el discurso melista como una etapa diferenciada en la evolución del nacionalismo colombiano del siglo XIX: un breve paréntesis entre el nacionalismo republicano criollo de la primera mitad del siglo y las reformas radicales de la segunda mitad, en el que por un momento la voz nacional se articuló desde los talleres y las guarniciones antes que desde los gabinetes y los ateneos. Una voz que combinaba el lenguaje de la república racional con el de la defensa del trabajo propio, y que quedó sepultada bajo las victorias posteriores del liberalismo radical y del regeneracionismo, cada uno con su propia versión, más letrada, de lo nacional.

En algo coinciden las tres lecturas: 1854 no fue una anécdota. Fue el único momento del siglo XIX colombiano en que artesanos y militares plebeyos tomaron el gobierno, y también el momento en que el sistema demostró que podía cerrarse contra ellos con una velocidad y una amplitud que sus divisiones partidarias no permitían suponer. La derrota de Melo no restauró simplemente la Constitución de 1853; instituyó una regla no escrita: en Colombia, la política popular armada encontraría siempre, del otro lado, una coalición transversal de propietarios.

Su condición indígena pastuso pesa en los relatos convencionales más de lo que suele reconocerse. En un panteón republicano dominado por apellidos criollos, familias de terratenientes y linajes letrados, Melo llegó al poder desde los márgenes étnicos y sociales del país. Su breve gobierno mostró que el sistema republicano neogranadino era capaz de producir el ascenso militar de un hombre así —había, después de todo, ganado sus estrellas en Ayacucho—, pero no de tolerar que ese ascenso se tradujera en poder político autónomo. La derrota fue militar y política; también, aunque menos declarado, un cierre racial y social.

Hoy Melo aparece de manera intermitente en la memoria pública colombiana. Su nombre carece del brillo que la historiografía oficial dio a Bolívar, Santander, Núñez o los presidentes de la Regeneración. Cuando reaparece, lo hace como referencia obligada en la historia del movimiento artesano, del liberalismo popular y de la Bogotá del siglo XIX, y ocasionalmente como bandera de tradiciones políticas que buscan, en el fondo del siglo XIX, antecedentes para las luchas populares contemporáneas. Ese uso disputado indica que su lugar sigue abierto: al margen del canon, la anomalía de Melo ilumina cómo se estabilizó el poder en la Colombia republicana.