Pedro Alcántara Herrán

El hijo de Bogotá que ascendió con Bolívar

Nació en Bogotá en 1800, en el filo mismo del siglo, hijo de una familia santafereña que lo destinó a la carrera de las armas cuando la carrera de las armas era, prácticamente, la única puerta de acceso al Estado. La independencia sorprendió a su generación en la infancia: cuando la Patria Boba se hundió y llegaron las campañas del Sur, muchachos de doce, catorce, dieciséis años ya llenaban las filas de los ejércitos republicanos. Aquellos ejércitos ascendían a soldados por combate librado, y no solo por linaje; la guerra fue erosionando —sin borrarlo— el peso de las consideraciones familiares y patrimoniales, para dar espacio creciente a las cualidades personales y técnicas del oficial. En ese mundo de reclutamientos precoces y ascensos ganados al ritmo exacto de las campañas del sur —niños abanderados antes que soldados, soldados rasos que trepaban a capitán en un lustro de guerra— se formó Herrán.

Aquellos años lo llevaron a la órbita del Libertador. Fue Simón Bolívar quien lo ascendió al rango de general, y en la posdata de una carta al general Páez, fechada el 16 de noviembre de 1828 —en plena dictadura bolivariana—, aparece la referencia al "mejor amigo que tengo en Bogotá", frase que el contexto dirige a Herrán. La proximidad al Libertador en su año más autoritario, el de la Convención de Ocaña fallida y del atentado septembrino, dejó una marca duradera: Herrán quedó inscrito, junto a Mosquera y a un puñado de generales del sur, en la facción bolivariana que sobrevivió a la muerte del caudillo en Santa Marta en 1830 y al colapso de la Gran Colombia. Los generales de esa camada aprendieron pronto un gesto político útil: reutilizar la nomenclatura de las unidades militares de 1812 para inscribir sus combates en la continuidad de la primera república y erigirse ellos mismos, ya no en soldados de Bolívar, sino en guardianes de la memoria republicana. Ese linaje les daba el estatus de próceres y la autoridad moral para gobernar la Nueva Granada que emergió en 1831.

La República de la Nueva Granada y el ascenso ministerial

La Constitución de 1832, redactada tras la derrota de la dictadura de Rafael Urdaneta, intentó conciliar los viejos conflictos del ciclo grancolombiano concediendo autonomía limitada a las asambleas provinciales. Bajo su marco se organizaron los primeros grupos políticos coherentes del país: los ministeriales, partidarios del gobierno y de un ejecutivo con margen para actuar; y los liberales, seguidores del civilismo de Santander y de Vicente Azuero, hostiles al militarismo bolivariano y celosos de las libertades provinciales. Herrán se ubicó, con naturalidad, del lado ministerial. No era una elección ideológica pura: era la prolongación en tiempos de paz de las lealtades tejidas en la guerra. Sus amigos de armas —Mosquera el primero de todos— compartían con él la sospecha hacia los abogados santanderistas de Bogotá y la convicción de que la república necesitaba mano firme para no disolverse en asambleas.

Fue en esos años treinta cuando su vida privada empezó a entretejerse con la trama política que gobernaría después. En 1836 tuvo un hijo ilegítimo con Dolores Mutis, dama bumanguesa que había sido la esposa abandonada del coronel francés Luis Perú de Lacroix, edecán del Libertador y autor póstumo del célebre Diario de Bucaramanga; Perú de Lacroix se suicidaría en París el 17 de febrero de 1837, cerrando de un tiro melancólico ese capítulo. Cinco años más tarde, en vísperas de la presidencia, Herrán, con cuarenta y un años, contrajo matrimonio con Amalia Mosquera, de dieciséis, hija del general Tomás Cipriano de Mosquera. El vínculo no fue romántico sino estratégico en el sentido más pleno del término: fusionó a las dos casas militares más importantes del bolivarianismo sobreviviente y dio origen a una dupla suegro-yerno que gobernaría en tándem la Nueva Granada durante casi una década.

La Guerra de los Supremos y el camino a la presidencia

Entre 1839 y 1842, el gobierno del presidente José Ignacio de Márquez enfrentó la mayor insurrección del ciclo republicano temprano: la Guerra de los Supremos. Estalló como un conflicto local en Pasto —a propósito, entre otras cosas, del cierre de conventos menores— y se propagó como incendio por Antioquia, Santander, el Cauca y la costa, hasta congregar a un heterogéneo conjunto de caudillos regionales que se autoproclamaban jefes supremos de sus provincias. Los rebeldes eran de todo pelaje: seguidores personales de Santander —aunque el propio Santander, ya enfermo, se opuso a la revuelta— y liberales intransigentes que veían en el gobierno una prolongación del militarismo bolivariano. No tenían programa común. Sí tenían un enemigo común: la facción a la que pertenecían Herrán y Mosquera, en quienes veían —no sin razón— a los verdaderos beneficiarios políticos de la guerra que se les hacía.

Herrán fue una de las figuras prominentes del bando gubernamental durante todo el conflicto, actuando en estrecha coordinación con Mosquera. Tomó, además, varias iniciativas de paz: la guerra le sirvió no solo como plataforma militar sino como escenario para exhibir su capacidad de negociador. La amenaza de la revuelta obligó a Márquez a estrechar su alianza con la facción bolivariana; ese estrechamiento fue, en rigor, el punto de inflexión que reorganizó el sistema político colombiano. Los santanderistas más radicales, arrastrados por la simpatía hacia los rebeldes, quedaron marcados para siempre como sospechosos ante el poder central y comenzaron a decantarse hacia lo que sería el Partido Liberal; los moderados de Márquez y los generales bolivarianos —Herrán, Mosquera, y las redes caucanas de Arboledas y Valencias que los sostenían— sentaron, en cambio, las bases del futuro Partido Conservador. La Guerra de los Supremos no fundó formalmente ni un partido ni otro, pero les entregó a ambos su prehistoria y su primer campo de batalla.

El desenlace del conflicto encontró a Herrán ya con la banda presidencial. Elegido en 1841 y posesionado en el cargo, siguió coordinando la pacificación. El 19 de febrero de 1842 firmó en Sitionuevo, en el bajo Magdalena, una amnistía general destinada a cerrar la rebelión en la costa. La medida no funcionó de inmediato: el Supremo Carmona prometió continuar la lucha y asumió de nuevo la jefatura del autoproclamado Estado Soberano de Manzanares, obligando al gobierno a nuevas gestiones. Fue en ese frente donde intervino, con eficacia diplomática, el cónsul británico en Santa Marta, Mr. Stuart, que ofreció una mediación pacificadora canalizada a través de Manuel Murillo Toro —entonces secretario de Carmona, décadas después presidente radical—. El detalle es revelador: la Nueva Granada no era una república aislada del mundo, y sus guerras civiles se resolvían también en despachos consulares.

La presidencia (1841-1845) y la Constitución de 1843

Herrán llegó a la presidencia con una idea clara: la Constitución de 1832 le quedaba estrecha al gobierno. Recién posesionado, dirigió al Congreso un mensaje señalando que su observancia dificultaba el mantenimiento del orden público y la armonía entre los poderes, y proponiendo su reforma. La Guerra de los Supremos había mostrado, a su juicio, que un ejecutivo débil no podía sostener la república frente a la fragmentación provincial. El resultado fue la Constitución de 1843, uno de los textos más autoritarios del siglo XIX colombiano y la carta magna bajo la cual gobernaría la generación conservadora entera.

La Constitución de 1843 fortaleció al poder ejecutivo con un pliego de medidas que apuntaban en una sola dirección. Suprimió el Consejo de Estado, que había sido un freno republicano al presidente. Amplió la duración de las sesiones ordinarias del Congreso, pero en un contexto que hacía del ejecutivo la pieza dominante. Otorgó al presidente libertad para escoger a sus gobernadores provinciales, cerrando el margen de autonomía regional que la carta anterior había dejado abierto. Prescribió criterios electorales más restrictivos y —el punto que más agitaría a sus críticos— defendió expresamente a la religión católica como la propia del pueblo colombiano. Los liberales más exaltados criticaron el texto con virulencia; para ellos era la resurrección del proyecto bolivariano de 1828, ahora envuelto en el lenguaje del orden público y la moral cristiana.

La confesionalidad de la carta no era retórica. Herrán negoció durante su mandato el retorno de la Compañía de Jesús a la Nueva Granada, expulsada por Carlos III en 1767 y ausente del país desde entonces. En 1842, los jesuitas volvieron. Regresaron a un país que llevaba tres cuartos de siglo sin ellos, a hacerse cargo de colegios, misiones y púlpitos, y a proveer al gobierno de una infraestructura educativa y espiritual afín. El gesto era coherente con la lógica de la Constitución de 1843: el orden se sostenía no solo con ejército y con presidente fuerte, sino con Iglesia visible. Fue una de las decisiones más duraderas —y más impugnadas— del período; la expulsión de los jesuitas se convertiría, años después, en una de las banderas del liberalismo triunfante en 1849.

La Constitución de 1843 sobrevivió a su autor político durante una década. Fue reemplazada el 21 de mayo de 1853, cuando el presidente José María Obando proclamó una nueva constitución de orientación liberal que puso fin a la carta herraniana. En diez años, la Nueva Granada había pasado del ejecutivo reforzado y el catolicismo militante al federalismo incipiente y a la separación de la Iglesia y el Estado. La velocidad del giro dice mucho de la fragilidad de todo el orden.

Diplomacia: límites, tratados y el Istmo

La presidencia de Herrán no se agotó en la política interna. Sobre su despacho pesaba una herencia territorial complicada, hija de la disolución de la Gran Colombia. Con Ecuador, el reconocimiento de los derechos neogranadinos sobre Pasto y Buenaventura había quedado establecido en 1832, pero los límites entre ambos países seguían pendientes de definición precisa. La cordillera y los valles interandinos del sur ofrecían pretextos abundantes al desacuerdo: aldeas cuya jurisdicción no estaba clara, curatos disputados, corredores comerciales que unos y otros querían controlar. Durante y después de su mandato se intentaron dos tratados de límites, en 1845 y 1846; el primero, favorable al Ecuador, no llegó a ratificarse, y tampoco el segundo. La frontera sur seguía dibujándose sobre el papel sin lograr fijarse, y el asunto se arrastraría por décadas, hasta convertirse en uno de los frentes recurrentes de la cancillería colombiana en el resto del siglo.

Con Brasil, la situación era todavía más rudimentaria. La Nueva Granada no había emprendido ninguna gestión diplomática seria de límites hacia mediados del siglo. El Imperio brasileño, más audaz, defendía tanto la posesión de derecho como la posesión de hecho: instalaba fortines, montaba expediciones cartográficas, fortalecía sus instituciones científicas y sostenía en la Amazonía una presencia estatal que Bogotá no podía ni soñar. Para el gobierno neogranadino, aquella selva era un vacío administrativo. No había caminos ni telégrafos, apenas misioneros dispersos y comerciantes fluviales sin bandera clara. Herrán no logró —tampoco lo intentó con seriedad— revertir ese desequilibrio, y la ausencia colombiana en el sur amazónico durante su mandato preparó las pérdidas territoriales que se consumarían en los tratados de límites del siglo XX. La política exterior de la primera mitad del siglo XIX operaba con instrumentos precarios: consulados aislados, agentes de dudosa capacidad técnica, cartografía deficiente. Herrán heredó ese aparato y no lo transformó.

El logro diplomático de mayor alcance del período fue el Tratado Bidlack-Mallarino, firmado en 1846 con los Estados Unidos. El nombre del canciller Manuel María Mallarino quedó inscrito en su título, y su cierre ocurrió ya durante los últimos meses del gobierno herraniano o su inmediata sucesión. Su contenido era doble. Garantizaba, por un lado, la libertad de tránsito por el Istmo de Panamá. Comprometía, por otro, a los Estados Unidos a proteger la neutralidad del Istmo y la soberanía neogranadina sobre él. En el corto plazo aseguró un flujo comercial y una alianza estratégica de enorme valor: dos años más tarde, la fiebre del oro californiana convertiría al Istmo en la ruta más corta entre la costa este norteamericana y el Pacífico, y las inversiones ferroviarias norteamericanas darían al tratado una densidad económica que sus firmantes apenas podían anticipar. En el largo plazo, sin embargo, abrió la puerta a la intervención norteamericana que en 1903 desprendería a Panamá del país. Como toda pieza fundacional de la política exterior colombiana, el Bidlack-Mallarino fue a la vez blindaje e hipoteca.

La red: parentesco, patronazgo y el gobierno de Mosquera

Herrán entregó el poder el 1 de abril de 1845 a Tomás Cipriano de Mosquera, su suegro, elegido por el partido ministerial —el que empezaría a llamarse conservador— para el cuatrienio 1845-1849. La sucesión fue el episodio más nítido de un fenómeno que estructuraba el poder neogranadino de aquellos años: las élites señoriales del Cauca, articuladas por lazos de sangre entre Mosqueras, Arboledas y Valencias, ejercían un control casi patrimonial sobre las principales palancas del Estado. La presidencia, los mandos militares, la representación diplomática, los cargos eclesiásticos importantes circulaban entre esa parentela extensa. No era un partido en sentido moderno: era una casa gobernante.

La biografía de Mosquera lo ilustra bien. Descrito por sus contemporáneos como uno de los mejores amigos del Libertador en Popayán, edecán suyo, había ejercido como intendente de departamentos del sur durante el período grancolombiano; comandaba el Cauca cuando estalló la Guerra de los Supremos y actuó como principal aliado militar de Márquez y Herrán en la represión de la revuelta. Observadores agudos de la generación siguiente —José María Samper, Salvador Camacho Roldán— tomaron nota de sus veleidades ideológicas y de su autoritarismo personalista: Mosquera fue lo que la circunstancia le pidió ser, primero conservador ministerial, después caudillo de la revolución liberal de 1860. Esa plasticidad revela mejor que ningún manifiesto la naturaleza de la alianza con su yerno: no descansaba en un programa doctrinario compartido sino en una convergencia de intereses, lealtades bolivarianas y parentesco. Cuando el interés cambió de bando, la lealtad partidaria cambió con él.

En términos formales, el matrimonio con Amalia Mosquera hizo de Herrán un miembro adoptado de la casa caucana más poderosa del país. Sus hijos y ahijados quedaban incorporados a una red de patronazgo que llegaba hasta los seminarios de Popayán, las haciendas del valle del Cauca y los despachos ministeriales de Bogotá. En ese sentido, el hijo ilegítimo de 1836 con Dolores Mutis —una relación anterior a la política ordenada por el matrimonio Mosquera— pertenece a un mundo distinto: el de los afectos privados de un militar joven en un país fragmentado. El Herrán ya casado con Amalia era otra figura, una pieza del sistema que gobernaba.

Herrán después de la presidencia: el tutor de estudiantes

Concluido su mandato, Herrán no se retiró a la vida contemplativa. Entre 1848 y 1863 ejerció, desde el exterior, como tutor y responsable de jóvenes colombianos enviados a estudiar fuera del país, particularmente a los Estados Unidos. Un apéndice documental de la época conserva la lista de sus pupilos y de sus respectivos padres o guardianes: entre ellos figuran hijos de Manuel Antonio Arrubla y del expresidente José Ignacio de Márquez, junto con vástagos de terratenientes y políticos de la Nueva Granada. La escena tiene su elocuencia. Las familias de la élite —en parte por insatisfacción con la educación local, en parte como estrategia de posicionamiento generacional— confiaban a sus hijos a un general expresidente que los recibía en el exterior y garantizaba, con su prestigio y sus contactos, una formación adecuada al lugar social que se esperaba que ocuparan.

El desplazamiento tenía además un sentido geopolítico. Los Estados Unidos que recibían a esos muchachos eran los mismos con los que Herrán había firmado el Bidlack-Mallarino; el capital de contactos que había acumulado como presidente y como diplomático se convertía, ya fuera del poder, en un activo privado al servicio de las familias de su clase. Herrán operaba entre Washington, Nueva York y las ciudades intermedias, gestionando pensiones, matrículas y correspondencia con los padres de sus tutelados. La correspondencia con los guardianes bogotanos y payaneses le permitió sostener, durante quince años y a distancia, un hilo continuo con la política colombiana sin exponerse a sus vaivenes.

Este patrón de conservadores que buscaban en actividades técnicas y educativas en el exterior una salida frente a la política liberal se repetiría a fines de la década de 1850 y en los años sesenta. Mariano Ospina Rodríguez, el presidente derrotado por Mosquera en 1861-1862, operaría un colegio en el exilio y enviaría a un hijo a estudiar afuera. La educación en el extranjero funcionaba como reserva estratégica: cuando el Estado se les tornaba hostil, las élites conservadoras replegaban a sus hijos hacia el aprendizaje técnico y las lenguas modernas, esperando su turno para regresar. Herrán fue, en esa red, un nodo especialmente activo durante quince años.

Los últimos años: la guerra que deshizo su obra

La vida política de Herrán como constructor de instituciones había terminado con la Constitución de 1843, pero le tocó ver, todavía lúcido, cómo esa obra era demolida por sus propios aliados. La elección de José Hilario López en 1849 abrió el ciclo liberal. Ningún candidato obtuvo mayoría absoluta en las elecciones cantonales: López reunió 735 votos populares, frente a los 384 de Joaquín José Gori y los 304 de Rufino Cuervo. La decisión pasó al Congreso, en una sesión presionada por un pueblo vociferante y posiblemente armado. La división del voto conservador entre varios candidatos y el descontento de los artesanos, afectados por medidas económicas previas, hicieron el resto. Con López llegaron la expulsión de los jesuitas —los mismos que Herrán había hecho regresar en 1842—, la abolición de la esclavitud y las reformas radicales de 1850-1851.

Luego vino el intermezzo del 14 de abril de 1854, cuando el general José María Melo instauró en Bogotá una dictadura militar apoyándose en los artesanos draconianos que se oponían al librecambismo; la constelación conservadora-liberal moderada, con el general Tomás Herrera al frente de las tropas nacionales, combatió la dictadura hasta derrotarla. Herrán observó todo esto desde la retaguardia. Ya no era el hombre que firmaba amnistías en Sitionuevo.

El golpe decisivo contra su legado llegó en 1860-1862. Fue Mosquera —su suegro, su antiguo socio, el hombre a quien había entregado la presidencia en 1845— quien encabezó la rebelión liberal contra el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez. La chispa fue la oposición a leyes que concentraban el control electoral y de orden público en el poder central, y que otorgaban al ejecutivo facultades para imponerse a los gobiernos de los estados; Mosquera, dominante en el Cauca, aprovechó la incapacidad del gobierno de Ospina para controlar las regiones alejadas de Bogotá. La guerra duró tres años. Se firmaron en el camino el Pacto de Chinchiná, la Esponsión de Manizales y el Armisticio de Chaguaní, documentos de una tradición naciente de regulación humanitaria de la guerra civil colombiana.

En mayo de 1863 la Convención de Rionegro nombró a Mosquera primer presidente de los Estados Unidos de Colombia y promulgó una nueva Constitución de carácter federalista y anticlerical, que prohibía la reelección presidencial inmediata y fijaba periodos presidenciales de apenas dos años. Aquella carta era, punto por punto, la negación de la Constitución de 1843. Herrán había levantado un ejecutivo fuerte y católico; Mosquera lo desmontaba en nombre del federalismo y expulsaba, además, a comunidades religiosas del país. Que el demoledor fuera el mismo hombre que había construido junto a Herrán aquel orden dice más sobre la política colombiana del siglo XIX que cualquier tratado doctrinal.

Herrán murió en 1872, a los setenta y dos años. Alcanzó a ver la consolidación del régimen federal de los Estados Unidos de Colombia y no llegó a la Regeneración de Rafael Núñez, que a partir de 1886 restauraría, con nuevos matices, muchos de los principios centralistas y confesionales que él había inscrito en la carta de 1843. Fue, en ese sentido, un precursor sin descendencia inmediata: sus ideas volvieron al poder pero de la mano de otras figuras, en otro país.

La huella

Pedro Alcántara Herrán ocupa en la historia colombiana el lugar de la bisagra silenciosa. No fue un caudillo de estampa ni un ideólogo brillante; no dejó tratados, ni discursos memorables, ni una épica personal comparable a la de Bolívar, Santander o Mosquera. Su nombre no vive en la iconografía cívica del país como el de otros próceres. Su presidencia de cuatro años, sin embargo, fijó el molde institucional —ejecutivo fuerte, confesionalidad católica, alianza con el Cauca— sobre el que se construyó la primera fase del orden conservador colombiano y al que volvería el país, con otros nombres y otras retóricas, en 1886.

La lectura más honesta de su figura es la que no lo convierte ni en villano de la reacción ni en héroe del orden. Herrán fue un general bolivariano de segunda generación que hizo lo que su clase y su circunstancia esperaban de él: consolidó el ejecutivo, ató al Estado con la Iglesia, gobernó con su suegro y educó a los hijos de sus pares. Su proyecto era menos un programa ideológico que la traducción institucional de los intereses de una élite señorial —caucana en su núcleo, bogotana en su radio— que necesitaba un Estado fuerte para sostener su predominio social. La textura de la política neogranadina del siglo XIX asoma en esa mezcla: instituciones construidas sobre redes personales, capaces de sobrevivir a sus autores solo mientras la red siguiera unida. Cuando la red se rompió, la obra se hundió; cuando volvió a rehacerse, con otros hombres, la obra reapareció. Es la forma —no las personas— lo que Herrán ayudó a fijar, y esa forma, con su alternancia entre confesionalismo centralista y federalismo laico, con sus guerras civiles resueltas tanto en batallas como en amnistías negociadas, con su clase política tejida por parentescos que atravesaban las fronteras de los partidos, marcó a la Colombia posterior mucho más allá del cuatrienio 1841-1845.