Bolivarianismo

El bolivarianismo es, en la historia política de Colombia, el conjunto de usos, cultos y proyectos que han invocado la figura de Simón Bolívar como fuente de legitimidad. No es una doctrina fija ni un programa cerrado, sino un significante que distintos actores han llenado de contenido según su momento: los adictos al Libertador durante su ocaso en 1830, los regeneradores que redactaron la Constitución de 1886, el régimen militar de Gustavo Rojas Pinilla en los años cincuenta, la guerrilla urbana del M-19 en los setenta, las FARC-EP en los noventa y el chavismo transfronterizo del cambio de siglo. En cada uno de esos momentos, invocar a Bolívar significó reclamar la fusión de autoridad centralizada, soberanía popular y fuerza armada que él mismo encarnó en vida; por eso el bolivarianismo, aun siendo plástico, no fue nunca un símbolo neutro: su terreno se inclinaba, de manera constante, hacia proyectos de concentración del poder en nombre de la unidad nacional. Comprenderlo exige seguir sus mutaciones sin confundirlas, y reconocer al mismo tiempo el núcleo que las hace posibles.

Una palabra en disputa desde el origen

Bolívar murió en Santa Marta en diciembre de 1830, dejando a la Nueva Granada en un estado de fragmentación que sus adversarios y sus adeptos leerían de modos opuestos. El propio nombre "bolivariano" no designó, en vida del Libertador, una doctrina codificada, sino una lealtad de facción frente a los partidarios de Francisco de Paula Santander. La oposición venía de atrás. La Constitución de Cúcuta de 1821 había instaurado un régimen centralista para la Gran Colombia —entonces integrada con Venezuela y Quito— y dejó atrás el federalismo temprano de Camilo Torres, pero mantuvo las tensiones latentes. No hubo bandos definidos hasta 1826.

Aquel año, Bolívar promovió un proyecto inspirado en la constitución boliviana que había redactado para el nuevo país andino: presidencialismo vitalicio, con facultades cuasi monárquicas, y un tercer cuerpo legislativo, el senado hereditario. La propuesta encendió al sector santanderista, que vio en ella la traición a los principios republicanos de 1821. La Convención de Ocaña, en 1828, fue el intento fallido de dirimir la disputa: los bolivarianos se retiraron dejándola sin quórum, los santanderistas se declararon sujetos a la Constitución de Cúcuta, y el vacío abrió la puerta a que Bolívar asumiera plenos poderes. Anulada la Constitución y establecida la dictadura ese mismo año, sus enemigos intentaron asesinarlo en septiembre en la conspiración septembrina de Bogotá.

Ese episodio marca el tono de lo que vendrá. Entre los conspiradores septembrinos figuraba Mariano Ospina Rodríguez, entonces situado en el campo santanderista, cuya posterior deriva hacia posiciones conservadoras ilustra la fluidez de las filiaciones partidistas del período. La frontera entre bolivarianos y santanderistas no era una línea ideológica limpia: era una relación de fuerzas que las personas cruzaban. Muerto Bolívar, el partido bolivariano continuó activo y se resistió a reconocer la autoridad del presidente Joaquín Mosquera. Santander gobernó luego con apoyo de los legalistas y con un estilo abiertamente sectario: no le interesó conciliar con quienes habían apoyado la dictadura, y aunque expresó su hostilidad más en palabras que en acciones —cuidándose de no violar directamente los derechos políticos de sus opositores—, dejó instalado un clima de resentimiento. Cuando José Ignacio de Márquez ascendió al poder en 1837, se apoyó en una coalición de antiguos bolivarianos y santanderistas moderados. La herencia del conflicto de 1826-1830 sobrevivió como un sedimento de divisiones que pesó sobre la política neogranadina de las décadas siguientes.

Lo primero que hay que decir del bolivarianismo colombiano, entonces, es que nace herido. Nace como facción derrotada tras el fracaso del proyecto vitalicio, como cofradía de leales a un muerto, y solo con el tiempo se convertirá en algo más ambicioso.

El culto de la imagen

Antes de ser doctrina, el bolivarianismo fue imagen, y esa imagen tuvo su propia cronología. Empezó por la violencia simbólica. En 1830, todavía en vida del Libertador o en los meses inmediatamente posteriores a su muerte, se fusilaron en Bogotá dos retratos de Bolívar; en respuesta, adeptos suyos apuñalaron un retrato de Santander. Un retrato no era decoración: era el cuerpo político del prócer, y agredirlo equivalía a agredir a su comunidad.

Ese estatuto se consolidó a lo largo del siglo XIX. En hogares de distintas clases sociales y en espacios públicos, las imágenes de los héroes de la patria —y sobre todo la de Bolívar— fueron promovidas junto a las imágenes religiosas, como símbolos de libertad, nuevos comienzos y justicia. El culto cívico no equiparaba estrictamente al Libertador con los santos, pero se benefició de la gramática devocional que la vida católica había instalado en la vida cotidiana. Carmelo Fernández, veterano de la batalla de El Santuario, ilustró expediciones cartográficas y esbozó paisajes nacionales en las décadas de 1840 y 1850: su trabajo fijó en imágenes reconocibles una geografía de la nación que aún no existía como experiencia común, y en esa operación el santoral cívico encontró su escenario visual. La pintura estatal antecedía y preparaba a los ciudadanos que la habitarían.

De la pintura se pasó a la estatuaria, y la estatuaria vino en gran medida del ciclo venezolano. En 1851, Carlos Castelli propuso en Caracas una estatua ecuestre de bronce de Bolívar, encargada al escultor italiano Pietro Tenerani; inaugurada en 1852, se convirtió en el modelo iconográfico que se difundió por Sudamérica. Décadas después, ya en pleno siglo XX, la Plaza de Bolívar de Bogotá —corazón simbólico del Estado colombiano— fue remodelada en 1929: el pedestal original de Mario Lambardi, considerado "del peor gusto e inadecuado", fue retirado y reemplazado por uno diseñado por el pintor Roberto Pizano; las obras concluyeron el 6 de julio y la inauguración se celebró en la noche del 19 de julio de 1929. Que la fecha escogida fuera la víspera del aniversario patrio no es casual: la plaza fue reconfigurada para que sirviera de escenario ritual a una república que ya había convertido a su Libertador en padre único.

Detrás de todo ese aparato había un archivo iconográfico más antiguo. Grabados ingleses y franceses de 1819 representaban a Bolívar como "Jefe Supremo de la República y Capitán General de Venezuela y Nueva Granada", orlado con la alegoría de América; esa asociación entre el militar y el continente circuló como imagen antes de que las academias locales la fijaran en óleos. Y en la aldea vasca de Bolívar, origen remoto de sus antepasados, funcionan hoy un museo, una nutrida biblioteca bolivariana en Vitoria y una Sociedad dedicada a su historia: el lugar de Europa donde más se le quiere. La imagen, sin embargo, nunca fue plenamente dócil. En los mejores retratos, Bolívar desconcierta los esquemas del héroe convencional; contrasta con los tipos estereotipados del estilo de Luis García Hevia, y esa tensión entre la complejidad del personaje histórico y las convenciones del retrato académico es también la tensión entre el hombre y el símbolo.

La captura conservadora: Núñez, Caro y la Regeneración

El primer intento sistemático de convertir el bolivarianismo en programa de Estado ocurrió en las últimas dos décadas del siglo XIX, cuando Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro rehicieron el país. Núñez fue elegido presidente en cuatro ocasiones —1880, 1884, 1886 y 1892—, aunque no ejerció el cargo en su último período y murió en Cartagena en 1894. Caro, vicepresidente en aquel último mandato, asumió el control efectivo del gobierno tras la muerte de Núñez y gobernó desde Bogotá mientras el jefe titular prefería la Costa. Los dos, en distinto registro, presentaron la Regeneración como una racionalización del Estado colombiano adaptado a sus condiciones naturales e históricas, en contraposición a las "utopías" del federalismo liberal del Olimpo Radical.

Ese proyecto necesitaba una genealogía y la encontró en Bolívar. Los regeneradores glorificaron al Libertador como portaestandarte de la nacionalidad e inspirador de la Constitución de 1886, presentándolo como fundamento legitimador de la "república autoritaria". Bolívar, invocado como símbolo de unidad frente a la fragmentación federalista, sirvió para narrar el centralismo, el presidencialismo fuerte y la alianza con la Iglesia católica como recuperación de un cauce nacional interrumpido. La Constitución de 1886, en gran medida obra de Caro, estableció una relación estrecha entre la Iglesia y el Estado, presentando a la Iglesia como parte esencial del orden nacional y pilar del proyecto regeneracionista. La escritura misma del texto constitucional, con su preámbulo invocando a Dios como fuente suprema de toda autoridad, ratificaba que la Regeneración no era solo administración: era una teología política.

La operación historiográfica corrió en paralelo. La construcción del relato nacional tendió, desde 1886, a narrar la historia colombiana desde los orígenes del Estado centralista, presentando la independencia y sus figuras como antecedentes del orden nacido en ese año. El primer centenario de la independencia, celebrado el 20 de julio de 1910 en Bogotá y replicado en otras regiones, fue la coronación de esa narrativa: los próceres fueron presentados como padres fundadores, la historia de la independencia se convirtió en historia común del Estado, y la celebración se expandió como ritual unificador. Ese diseño no era ingenuo: coincidía con la necesidad del Estado centralista de 1886 de fabricarse un pasado a la altura de sus pretensiones.

Pero la Regeneración también tuvo su envés. El clientelismo regeneracionista fue más voraz y excluyente que el del período federal, precisamente porque aumentaron los recursos fiscales disponibles para el Estado centralizado; el aparato tenía más para repartir y a más gente que castigar. Las políticas conservadoras de Caro marginaron sistemáticamente a los liberales de los cargos de gobierno, generando tensiones que se acumularon durante los años noventa. Cuando la Regeneración cerró su ciclo, había convertido a Bolívar en fundamento del orden autoritario colombiano, y las apropiaciones que vendrían tendrían que dialogar con esa herencia, aceptarla o disputarla, pero no ignorarla.

El bolivarianismo militar y la era del hombre común

Entre la Regeneración y mediados del siglo XX, el Estado colombiano se militarizó lentamente. Bajo el gobierno de Rafael Reyes, y tras los conflictos de 1895 y la Guerra de los Mil Días, se impulsó la profesionalización de las Fuerzas Armadas, superando la formación puramente empírica de los oficiales. La Constitución de 1886 había ordenado que el país contara con un ejército único no deliberante, aunque las guerras retrasaron la concreción efectiva de ese mandato. Cuando el ejército profesional finalmente se consolidó, encontró en el legado bolivariano una fuente natural de identidad institucional: en el pensamiento del Libertador —o al menos en la lectura que se le hizo—, las Fuerzas Armadas ocupaban simbólicamente el lugar del rey, como contrapeso asociativo y estabilizador frente a las tendencias disgregadoras de la sociedad. El ejército, según esa lectura, era el pueblo capaz de actuar, en contraste con el pueblo "invertebrado" de las provincias; constituía así una soberanía alterna que pesaba sobre el juego político.

Esa concepción encontró expresión abierta en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, quien tomó el poder en 1953 y lo ejerció hasta 1957. Rojas invocó el legado de Simón Bolívar para legitimar su régimen, exaltando virtudes que el propio discurso oficial enumeraba con precisión: "lealtad, honestidad, modestia, fortaleza y moderación". Ese repertorio moral se combinó con una doctrina social y religiosa católica invocada para inspirar unidad nacional. El régimen articuló entonces un programa que llamó "la era del hombre común", un populismo militar orientado a vincular los intereses de las clases bajas y el ejército, y a abrir oportunidades económicas, sociales, políticas y educativas para la mayoría desfavorecida. El argumento justificador era claro: las fuerzas políticas tradicionales habían demostrado ser incapaces de gobernar, y la élite había antepuesto el beneficio personal al interés nacional. Ante ese fracaso, el ejército —depositario del legado bolivariano— tomaba el relevo.

Aquel movimiento debe leerse en el marco continental. El culto tradicional a Bolívar fue empleado, a lo largo del siglo XX, como ideología conveniente por varios dictadores militares latinoamericanos: Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras en Venezuela, entre otros, invocaron su autoridad para legitimar sus regímenes, con distintos grados de fidelidad al pensamiento original del Libertador. Sus versiones representaron una culminación del uso castrense del bolivarianismo, respetando parcialmente el pensamiento básico de Bolívar pero distorsionando su significado en aspectos decisivos. Los populistas autoritarios y militaristas bolivarianos del siglo XX terminaron inventando, de hecho, un "Bolívar populista", atributo nuevo que se apartaba del pensamiento constitucional original al servicio de sus regímenes.

Rojas Pinilla cayó en 1957, empujado por un Frente Nacional que restauró el condominio bipartidista, pero el trasfondo de su bolivarianismo militar no desapareció con él. El repertorio quedó disponible, y encontraría nuevos herederos —paradójicamente, en las antípodas ideológicas.

La revolución se apropia del símbolo: el M-19

El 17 de enero de 1974, un grupo hasta entonces desconocido penetró en la Quinta de Bolívar en Bogotá y sustrajo la espada del Libertador. Fue la primera acción pública del Movimiento 19 de Abril, el M-19, y no había manera más elocuente de anunciarse. Días antes, la organización había lanzado en periódicos una campaña publicitaria con avisos enigmáticos que hablaban de "gusanos y parásitos" seguidos de la mención "M-19"; nadie sabía qué era eso. La respuesta llegó cuando los comandos se llevaron el arma y dejaron, según el relato que ellos mismos fabricaron, un mensaje: la espada pasaba a la lucha revolucionaria.

El gesto condensaba una operación política y semántica. El nombre M-19 conmemoraba el fraude electoral del 19 de abril de 1970, cuando —según sus fundadores— se le arrebató la victoria a Gustavo Rojas Pinilla y a la ANAPO, que había perdido por un estrecho margen en circunstancias que sus seguidores consideraron fraudulentas. Uno de los núcleos fundadores del M-19 provenía de militantes anapistas que rechazaban el robo de 1970. Jaime Bateman Cayón, el estratega decisivo, buscó a figuras como Andrés Almarales tras el fraude para construir el nuevo movimiento. El M-19 nació en las ciudades, en universidades y entre una clase media ilustrada e intelectual, a diferencia de las FARC, cuyo origen estaba en el campo. Bateman había sido, de hecho, expulsado de las FARC por intentar convencer a la dirección de trasladar la guerrilla desde el monte hacia las urbes, donde consideraba que tendría mayor impacto.

Su elección del símbolo bolivariano fue programática. Bateman optó por lo que llamó una "estrategia bolivariana" —formar un ejército popular siguiendo el modelo del Ejército Libertador que derrotó a los españoles— como alternativa al foquismo guerrillero asociado al Che Guevara que practicaban otras insurgencias latinoamericanas. En vez de un pequeño foco rural que catalizara la insurrección, un ejército con vocación de masas urbana; en vez de la referencia cubana, la referencia venezolano-colombiana de la Independencia. Robar la espada no era, entonces, un happening: era la afirmación de que la izquierda armada disputaba a la derecha colombiana la herencia del Libertador. Si los conservadores llevaban un siglo diciendo que Bolívar era suyo, el M-19 respondía que la espada solo tenía sentido si volvía a la lucha por la liberación.

El giro fue extraordinario. Por primera vez en la historia colombiana, el bolivarianismo dejaba de ser patrimonio del orden y se convertía en bandera de la subversión. El símbolo, tantas veces movilizado para justificar la concentración del poder, ahora se invocaba para atacarlo. Pero la novedad no debe ocultar la continuidad: también Bateman apelaba a la fusión de pueblo y ejército, a la autoridad centralizada de una comandancia, y a la unidad nacional frente a las élites disgregadoras. El campo simbólico se ampliaba; el terreno seguía inclinándose en la misma dirección.

Las FARC y el imaginario patriótico

Las FARC llegaron tarde al bolivarianismo, y precisamente por eso su apropiación dice tanto. Nacidas en los años sesenta como brazo armado del Partido Comunista, ancladas en la tradición marxista-leninista y en la memoria de las autodefensas campesinas del sur del Tolima, tuvieron durante décadas un imaginario más internacionalista que patriótico. El cambio se produjo en la VII Conferencia de 1982, cuando se añadió a la sigla la denominación EP —Ejército del Pueblo—, simbolizando el paso de una estrategia de resistencia defensiva a una orientación ofensiva hacia la toma del poder político. La organización empezaba a pensarse como fuerza nacional.

Fue desde comienzos de los años noventa, sin embargo, cuando las FARC-EP desarrollaron con especial intensidad el imaginario patriótico bolivariano. La bandera colombiana empezó a aparecer profusamente en su escudo, en su indumentaria y en sus actos públicos. Los frentes fueron bautizados no solo con un número sino también con el nombre de un héroe de la "gesta libertadora", incorporando el santoral independentista a la estructura organizativa. La estructura destinada fundamentalmente a operar en espacios urbanos recibió el nombre de Milicias Bolivarianas. El himno de la organización y sus cantos incluían referencias a Simón Bolívar, quien pasó a ocupar un lugar central en el imaginario político de la guerrilla. Pablo Catatumbo se convirtió en el principal estudioso de las ideas bolivarianas dentro de las FARC y, en algún aspecto del liderazgo, sucedió a Jacobo Arenas —quien había sido el principal ideólogo hasta su muerte en 1990.

Sobre ese giro se fundó el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, una organización de carácter absolutamente clandestino cuya fecha exacta de constitución no fue nunca anunciada públicamente. Simultáneamente, las FARC crearon el Partido Comunista Colombiano Clandestino, con estructura y funciones similares. Ambas fueron pensadas como brazos políticos capaces de operar donde el aparato armado no llegaba, pero su carácter clandestino acentuó justo lo contrario de lo que aparentaban: una orientación cerrada y vertical, cada vez más táctica y menos estratégica, y más alejada de la "línea de masas", especialmente en territorios poco consolidados. La creación de estas dos instancias recargó la estructura organizacional con capas intermedias entre la cúpula y la base, y generó tensiones propias del crecimiento acelerado de militantes sin formación política ni ideológica.

El bolivarianismo de las FARC funcionó, entonces, con una doble cara. Hacia afuera, permitía presentar la lucha armada como continuación de la gesta libertadora y como afirmación de la soberanía nacional frente a la injerencia externa, especialmente estadounidense. Hacia adentro, sirvió para articular una identidad organizativa amplia en un momento de expansión territorial y militar sin precedentes. Que el símbolo funcionara en ambas dimensiones —propagandística e interna— muestra la eficacia que Bolívar seguía teniendo, incluso para una organización que hasta poco antes lo ignoraba, como cemento de comunidades políticas armadas.

La onda transfronteriza: Chávez y la Gran Colombia recuperada

El eje final del bolivarianismo colombiano contemporáneo se juega fuera de las fronteras, en la Venezuela de Hugo Chávez, pero repercute con intensidad hacia adentro. El primer contacto entre las FARC y Chávez probablemente ocurrió en 1992, cuando el entonces coronel golpista fue apresado tras el fracaso de su intentona militar contra Carlos Andrés Pérez. Años después, una comunicación interna de la guerrilla —fechada el 31 de julio de 2004 y cursada entre Rodrigo Granda, alias Ricardo, y Raúl Reyes— refería que Ramón Morales, asesor de seguridad de Chávez, habría garantizado la recepción de cien millones de pesos colombianos enviados por las FARC al MBR-200 durante el encarcelamiento de su líder. El origen del documento obliga a manejarlo con cautela, pero traza en trazo grueso una geografía posible del vínculo.

El chavismo institucionalizó, ya en el poder desde 1999, una versión del bolivarianismo leída por sus críticos como apropiación distorsionada del legado del Libertador: el régimen venezolano del siglo XXI invocó a Bolívar para obtener legitimidad política, explotando su vertiente autoritaria y construyendo un "Bolívar populista" ajeno a sus ideas constitucionales originales. La operación no era enteramente nueva —había antecedentes en Gómez y López Contreras—, pero adquirió una escala y un aparato de Estado que ningún gobierno anterior había desplegado. Y esta vez, además, tenía vocación transnacional. La coexistencia de las FARC-EP en Colombia, los movimientos indígenas en Ecuador y el régimen chavista en Venezuela fue percibida como una geografía de resistencia compartida frente a la influencia estadounidense en el norte de Sudamérica, aunque no implicara coordinación explícita entre esos actores. Caracas empujó precios más altos del petróleo desde la OPEP y adoptó una política exterior independiente, y el triángulo Colombia-Ecuador-Venezuela emergió, para los críticos del imperialismo, como un nuevo epicentro regional.

El proyecto encontró apoyos intelectuales dentro de Colombia. Orlando Fals Borda —el sociólogo fundador de la investigación-acción participativa— publicó una obra sobre lo que llamó "La Gran Colombia bolivariana", reinterpretando el legado del Libertador como fundamento de proyectos de integración regional. Fals Borda atribuía a Bolívar una visión sociogeográfica de las cuencas hidrográficas por encima de las fronteras formales, y se apoyaba en una carta de 1821 en la que el Libertador imaginaba una república organizada en departamentos que rebasaban los límites del uti possidetis. A partir de ese precedente, propuso la creación de corporaciones ambientales binacionales autónomas en las cuencas compartidas entre Colombia y sus vecinos.

Que un intelectual de izquierdas del calado de Fals Borda hallara en Bolívar el fundamento de un proyecto de integración regional muestra hasta qué punto el símbolo seguía disponible para operaciones ideológicas de todo signo. También indica algo más profundo: el bolivarianismo transfronterizo de comienzos del siglo XXI no fue una invención chavista, sino la reactivación de un potencial político que la geografía del Libertador siempre contuvo.

Un símbolo con terreno inclinado

Recorrer las apropiaciones del bolivarianismo colombiano —el culto post-mortem de 1830, la Regeneración de 1886, el populismo militar de 1953, la espada robada de 1974, las milicias bolivarianas de los noventa, el chavismo transfronterizo de los 2000— podría sugerir que se trata de un significante puramente vacío, moldeable según las necesidades de quien lo invoca. Esa lectura es cierta a medias. Bolívar sirvió, en efecto, a Núñez y a Bateman, a Caro y a Marulanda, a Rojas Pinilla y a Chávez, y esa capacidad de servir a proyectos ideológicamente opuestos revela una plasticidad extraordinaria del símbolo.

Pero la plasticidad no es infinita. Cada apropiación exitosa —y solo las exitosas dejan huella— explotó el mismo núcleo del legado: la legitimación de la concentración del poder en nombre de la unidad nacional frente a élites o fuerzas disgregadoras. La Regeneración presentó el centralismo autoritario como recuperación de la unidad bolivariana frente al caos federal; Rojas Pinilla presentó la intervención militar como recuperación de la autoridad frente al fracaso de los partidos; el M-19 presentó la insurrección como recuperación del proyecto libertador frente a la traición de las élites; las FARC-EP presentaron la guerra popular como recuperación de la soberanía nacional frente a la injerencia extranjera; el chavismo presentó su régimen como recuperación de la Gran Colombia frente al imperialismo. En todos los casos, invocar a Bolívar significó reclamar una fusión de autoridad, pueblo y fuerza armada que ninguna otra figura de la historia colombiana podía sostener con la misma legitimidad.

Importa también reparar en quiénes hicieron el bolivarianismo. La lista es elocuente: presidentes, cardenales, generales, comandantes guerrilleros, intelectuales orgánicos. El bolivarianismo colombiano fue, en primera instancia, un instrumento de las élites dirigentes para disciplinar a sectores subalternos bajo un proyecto de orden nacional. El origen urbano e intelectual del M-19 y el carácter vertical y clandestino del Movimiento Bolivariano de las FARC no rompen con esa lógica: la confirman desde el lado de la insurgencia. La disputa simbólica en torno a Bolívar fue, más que una apropiación desde abajo, una lucha intraélite por el control de los recursos legitimadores del Estado.

Y sin embargo, el sustrato devocional que atravesó los dos siglos —los retratos apuñalados de 1830, las estatuas ecuestres, la Plaza de Bolívar remodelada en 1929, el centenario de 1910, la espada robada en 1974— indica que el bolivarianismo funcionó también como religión cívica de la nación, transversal a las clases sociales. Los proyectos políticos que lo invocaron fueron episódicos: aprovecharon una devoción más profunda y más duradera que ellos mismos. Cuando en 2010 el país conmemoró el bicentenario de la independencia, ninguna de las apropiaciones anteriores había agotado el símbolo. Bolívar seguía disponible para el próximo relato que la política colombiana necesitara contarse, y esa disponibilidad tiene algo de melancólico: Colombia ha invocado repetidamente al Libertador porque no ha encontrado, en ningún otro lugar de su historia, una figura capaz de suturar sus divisiones, y ha tomado prestado, de una gesta que no terminó bien, el lenguaje para pensar la unidad que aún no ha logrado construir.