Francisco Antonio Zea

El antioqueño en el laboratorio de Mutis

Zea nació en Medellín en 1766, en la periferia de una periferia. Antioquia era entonces provincia minera, aislada, sin universidad ni imprenta; el joven que aspirara a la vida letrada tenía que emigrar. La ruta natural conducía primero al Colegio-Seminario de Popayán, donde José Félix Restrepo enseñaba filosofía con una orientación científica que rompía con la escolástica tardía, y luego a Santa Fe de Bogotá, donde Mutis había convertido la capital virreinal en un laboratorio ilustrado sin equivalente en el continente.

La genealogía intelectual que recibió Zea explica de dónde le venía la seguridad con la que después se movería por los salones de Londres. Mutis, gaditano formado en la medicina y la astronomía europeas, había llegado a la Nueva Granada en 1760 y había introducido la enseñanza de la astronomía copernicana en el Colegio del Rosario, enfrentando la resistencia cerrada de los dominicos. En las décadas siguientes formó una cadena de discípulos: primero Felipe Vergara y Caycedo, luego Eloy Valenzuela —subdirector cuando la Expedición Botánica se fundó el 1 de abril de 1783— y, a través de ellos, José Félix Restrepo. Restrepo transmitió la tradición a la generación de la Independencia: Zea, Francisco José de Caldas, José María Cabal.

Cuando Zea llegó a Santa Fe y se incorporó como catedrático de ciencias naturales al Colegio de San Bartolomé, la Expedición Botánica ya había cambiado el paisaje intelectual de la Nueva Granada. Bajo protección directa del arzobispo-virrey Antonio Caballero y Góngora —que apoyaba con pragmatismo los proyectos científicos y escudaba a Mutis de sus enemigos escolásticos—, la empresa mutisiana alcanzó una escala sin precedentes: llegó a contar con diecinueve dibujantes, mientras las expediciones equivalentes de México y Perú se conformaban con dos. La biblioteca personal de Mutis, con estantes que abarcaban botánica, matemáticas, historia, geografía y literatura, había introducido en Santa Fe una densidad bibliográfica desconocida.

Zea entró en ese círculo con la mezcla de talento y ambición que caracterizaba a los provincianos ilustrados. No fue el más brillante de los colaboradores de Mutis —esa distinción correspondería a Caldas—, pero fue quizá el más versátil y el más apto para la vida pública. La ciencia le sirvió menos como vocación de laboratorio que como pasaporte: le abrió las puertas de una república intelectual que atravesaba fronteras imperiales y le dio, cuando llegó el momento, un lenguaje con el que dirigirse de igual a igual a los sabios y estadistas europeos.

El proceso de los pasquines y el destierro

Todo cambió en agosto de 1794. Nariño acababa de publicar en Santa Fe la traducción castellana de la Declaración de los Derechos del Hombre —el texto había llegado al Nuevo Reino en el libro de Montjoie, que lo contenía transcrito—, y las autoridades coloniales detectaron simultáneamente pasquines subversivos pegados en muros de varias ciudades. La coincidencia hizo saltar todas las alarmas: el virrey envió comunicaciones urgentes a los gobernadores de la Nueva Granada, Quito, Caracas y otras plazas advirtiendo sobre la circulación del impreso, al que se atribuía un potencial sedicioso de gran magnitud. La reacción fue desproporcionada, pero coherente con el clima creado por la ejecución de Luis XVI y el terror en Francia: el imperio español leía cada línea impresa como una chispa.

El expediente que se abrió entonces reunió en un mismo haz dos amenazas distintas. Los pasquines —papeles anónimos, manuscritos, colocados de noche en las esquinas de Santa Fe— pertenecían a un género de disidencia colonial antiguo, casi folklórico, que las autoridades sabían manejar. La traducción de los Derechos del Hombre, en cambio, era un artefacto nuevo: impresa, firmada de facto por un notable neogranadino, portadora del vocabulario más incendiario de la Revolución francesa. Que ambos fenómenos se produjeran en las mismas semanas convenció al virrey de que existía una conspiración organizada, cuando lo más probable es que se tratara de dos manifestaciones paralelas de un mismo malestar. La investigación, sin embargo, procedió como si la conspiración existiera, y los indicios —lecturas compartidas, tertulias, préstamos de libros prohibidos— se interpretaron como pruebas de complicidad.

Nariño fue arrestado como principal implicado, junto con el editor Diego Espinosa de los Monteros. Con ellos fueron comprometidos en la causa por sedición otros ilustrados neogranadinos, y Zea —catedrático de San Bartolomé, miembro de la Expedición Botánica, hombre visible del círculo de Mutis— figuró entre los acusados. Su participación efectiva en el episodio ha sido siempre discutida: no hay evidencia de que hubiera intervenido en la impresión, ni de que hubiera colaborado en la redacción de pasquines. Lo que lo hizo sospechoso fue el mapa de sus relaciones. En una ciudad pequeña, donde los ilustrados formaban una red visible de tertulias y correspondencia, pertenecer al círculo de Mutis y frecuentar a Nariño bastaba para quedar señalado. El proceso terminó con el traslado de los presos a España, donde tras un largo trámite fueron absueltos.

La experiencia de aquellos años —el arresto en Santa Fe, el traslado por mar a Cádiz, los meses de incertidumbre procesal en Madrid— dejó en Zea una marca doble. Por un lado, la sensación de haber pagado por convicciones que apenas había ejercido; por otro, el descubrimiento de que la península, más que un lugar de castigo, podía ser un observatorio. La absolución no fue reparación: el proceso había interrumpido su carrera científica, lo había separado del laboratorio de Mutis, lo había convertido de catedrático prometedor en reo con expediente. Pero también lo había depositado, contra su voluntad, en el corazón de la Europa ilustrada.

Ese exilio forzoso, que en la lógica del castigo colonial debía ser humillación, se convirtió para Zea en oportunidad. Absuelto en Madrid, no regresó de inmediato a América: se quedó en la península, se acercó a los círculos científicos europeos, hizo su aprendizaje cosmopolita. La política española de fines del siglo XVIII, con sus tensiones entre reformismo ilustrado y reacción antifrancesa, le dio un observatorio privilegiado. Cuando la crisis peninsular de 1808 desencajó al imperio, Zea llevaba más de una década operando en Europa y había construido una red de relaciones —científicas, editoriales, políticas— que ningún otro criollo neogranadino de su generación poseía.

Ese capital extranjero explica por qué, cuando la República de Colombia necesitó una cara presentable ante los gabinetes europeos, la elección recayera sobre él. No fue un patriota de trinchera ni un militar de campaña; fue un letrado con pasaporte, con amigos en las academias y con la costumbre de moverse entre París y Madrid. El precio de ese cosmopolitismo, sin embargo, fue una zona oscura que sus biógrafos posteriores nunca lograron iluminar del todo: los años en que Zea sirvió a la administración josefina durante la ocupación napoleónica de España. El afrancesamiento, ese pecado imperdonable para la tradición patriótica hispanoamericana, formaba parte de su currículum europeo. Lo callaría después, con la discreción de quien sabe que ciertos episodios biográficos se administran mejor con silencio que con explicación.

De Angostura a la vicepresidencia

La proclamación de la República de Colombia en diciembre de 1819, uniendo Venezuela, Nueva Granada y Ecuador bajo un solo Estado, fue el acto fundacional de la Gran Colombia. Bolívar había impulsado esa unión desde el Congreso de Angostura, que sesionaba desde febrero de ese año en la ciudad venezolana del bajo Orinoco. Zea, ya de regreso en América tras años en Europa, participó como figura civil de primer rango en ese congreso, y cuando se organizó el Estado colombiano fue elegido vicepresidente.

La designación tenía una lógica de la que Bolívar era plenamente consciente. La república nacía con el problema de convencer al mundo de que existía. En 1819 Colombia era, para las cancillerías europeas, un nombre discutible: los ejércitos españoles seguían operando en Nueva Granada y Venezuela, la Santa Alianza había cerrado filas contra el reconocimiento de repúblicas hispanoamericanas, y ninguna potencia estaba dispuesta a exponerse. Bolívar necesitaba un enviado que llevara a Europa no solo credenciales sino cuerpo: alguien que encarnara la civilización colombiana ante interlocutores que sospechaban de la barbarie criolla.

Zea reunía esas condiciones como ningún otro. Su formación científica, su paso por Madrid, su dominio del francés y su familiaridad con los códigos del salón lo hacían presentable. Además, la vicepresidencia le daba rango protocolar suficiente para ser recibido en cortes reticentes. El Congreso lo despachó a Europa con una misión doble: obtener el reconocimiento diplomático de las potencias —Holanda entre ellas, expresamente mencionada en las instrucciones— y conseguir el financiamiento externo sin el cual la joven república no podía sostener sus ejércitos ni pagar las deudas contraídas.

Reconocimiento y crédito eran en realidad una sola tarea. Los gabinetes europeos no reconocerían a Colombia mientras la vieran insolvente; los banqueros no le prestarían mientras no la reconociera nadie. Zea rompió ese círculo por el punto que le pareció más frágil: convertir la deuda misma en argumento de existencia.

París, Londres y la construcción del crédito

Entre 1820 y 1822 Zea se movió repetidamente entre París y Londres desplegando una operación que hoy llamaríamos diplomacia pública. En París, donde la Restauración vigilaba con recelo cualquier gesto favorable a las repúblicas americanas, presentó ante los gabinetes europeos un manifiesto sobre la causa colombiana del que entregó un ejemplar al embajador holandés, Robert Fagel. Fagel lo remitió a La Haya calificándolo de documento singular, palabra que en la lengua diplomática de la época significaba a la vez inusual y notable. Guillermo I de los Países Bajos, que empezaba a cuestionarse si debía seguir respetando los escrúpulos de la Santa Alianza sobre las nuevas repúblicas, recibió aquel texto en un momento en que su propio cálculo geopolítico lo empujaba en dirección contraria a la de sus aliados continentales.

La peculiaridad del caso holandés revela la inteligencia con la que Zea escogió sus interlocutores. Los Países Bajos vivían en 1822 una tensión productiva: la Santa Alianza les prohibía cualquier acercamiento a las repúblicas hispanoamericanas, pero el propio Guillermo I encontraba en esa prohibición un incentivo paradójico. Reconociendo la independencia de repúblicas en América podía demostrar la independencia de su reino en Europa; su política ultramarina podía servirle de contrapeso a su falta de reconocimiento pleno en el Viejo Mundo. Zea leyó esa oportunidad con precisión y trabajó el terreno holandés con más insistencia de lo que suele recordarse, en un relato demasiado centrado en Londres.

La escena decisiva, sin embargo, ocurrió en Londres en julio de 1822. En una recepción organizada en su honor, Zea fue el centro de atención de un grupo en el que empresarios e intelectuales brindaron por la independencia colombiana. Entre los concurrentes figuraron el duque de Somerset —que aportaba el peso protocolar de la vieja nobleza británica— y William Wilberforce, el parlamentario abolicionista, cuya presencia dotaba a la causa hispanoamericana de una legitimidad ética inatacable. Que Wilberforce brindara por Colombia significaba que la república recién nacida quedaba inscrita en el mapa moral del liberalismo británico, no en el de las meras aventuras comerciales.

Esa operación simbólica se apoyaba en un terreno preparado. Las noticias sobre la represión española en América —incluida la ejecución de hombres ilustrados como Francisco José de Caldas, fusilado en 1816— habían encajado con la tradición inglesa de la leyenda negra y movilizado sensibilidades tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Reclamar ese terreno moral ante audiencias extrapeninsulares no era retórica gratuita: era el mecanismo por el cual Colombia obtenía apoyo monetario y logístico. La oposición parlamentaria británica simpatizaba con la causa hispanoamericana, lo cual contrariaba al ministro Castlereagh y abría márgenes de maniobra que Zea supo aprovechar.

Paralelamente, exploró una vía de la que su patriotismo posterior preferiría no hablar demasiado: un posible acuerdo con España. La revolución liberal de 1820 en la península había abierto una ventana; un régimen constitucional en Madrid podía, en teoría, aceptar la independencia americana en condiciones negociadas. Zea sondeó la posibilidad. Fracasó, y era casi seguro que fracasaría por dos razones simétricas: Bolívar nunca habría aceptado una federación con España que limitara la libertad internacional de Colombia, y España, mientras conservara la esperanza —cada vez más ilusoria— de recuperar su poder americano, no reconocería la independencia. Se puede argumentar que un acuerdo con España habría sido el camino más corto para asegurar la soberanía colombiana. Se puede argumentar también que era imposible. Ambas cosas son ciertas, y Zea lo entendió: cerrada la vía peninsular, no le quedaba sino Londres y Amsterdam.

Las 547 783 libras

La operación por la que Zea sigue siendo discutido es el acuerdo que firmó con acreedores ingleses para consolidar y renegociar la deuda externa colombiana. El monto total ascendió a 547 783 libras esterlinas, y su composición revela la naturaleza heterogénea de lo que se estaba consolidando: casi el noventa por ciento del total correspondía a armadas contratadas por Luis López Méndez y José María del Real; a esa masa principal se sumaban partidas menores por recompensas graciosas concedidas a europeos por servicios a la causa, algunos pagarés con comerciantes londinenses y —el detalle más incómodo— un empréstito personal por 66 666 libras que el propio Zea había contratado con el comerciante Edward Hancorne y que ahora se cargaba a la cuenta de la república.

Zea concedió a los acreedores un interés sobre esa primera deuda nacional consolidada, y así nació —en el acta de agosto de 1820— el crédito público colombiano en el mercado internacional. Aparte, aceptó firmar una obligación adicional por la deuda causada por la expedición del general Gregor MacGregor, atribuida específicamente a cuenta de la Nueva Granada.

Los términos del acuerdo se discutirían durante todo el siglo XIX. Los hacendistas granadinos posteriores, al hacer sus cuentas con los valores nominales de los debentures, no comprendieron un fenómeno crucial: los títulos de la deuda colombiana en la Bolsa de Londres se redujeron a menos de la cuarta parte de su valor nominal desde 1827. La república pagaba —cuando pagaba— por el valor original de unos papeles que sus tenedores habían adquirido por una fracción. La ecuación era brutal.

Peor aún fue el efecto lateral sobre la propiedad territorial. Muchos extranjeros obtuvieron, con motivo de los empréstitos ingleses, una posición ventajosa para adquirir tierras en Colombia en grandes cantidades y a bajo precio. La compra de bonos depreciados en Londres, seguida de su conversión en tierras colombianas por el valor nominal, contribuyó a que el dominio territorial se concentrara en pocas manos de comerciantes y terratenientes. La deuda no fue solo carga fiscal: fue mecanismo de transferencia patrimonial. Zea no diseñó ese efecto —no habría podido preverlo con esa nitidez—, pero la lógica del arreglo lo hacía inevitable.

¿Fue Zea un negociador incompetente? Firmó lo que pudo firmar en la posición en que estaba. Colombia no era un Estado reconocido, no tenía ingresos fiscales predecibles, no controlaba su propio territorio, no ofrecía a los acreedores ninguna garantía institucional. Cualquier prestamista dispuesto a comprometerse en 1820 exigiría condiciones onerosas: era la prima de riesgo por prestarle a una entidad cuya existencia jurídica estaba en disputa. Zea aceptó esas condiciones porque el objetivo real no era conseguir el mejor préstamo posible, sino conseguir un préstamo cualquiera que sirviera de prueba de existencia. Firmar deuda era firmar soberanía: solo los Estados reales pueden endeudarse. La ruina fiscal fue el precio de la carta de identidad.

Esa lectura no absuelve a Zea de errores concretos —el empréstito personal con Hancorne, mezclado con la deuda nacional, fue una imprudencia impresentable—, pero explica por qué la operación tuvo, al mismo tiempo, sentido político y consecuencias catastróficas. En ausencia de un Estado con ingresos propios, la única manera de fabricar credibilidad internacional era hipotecar la riqueza futura. Zea hizo esa apuesta a sabiendas de que él no viviría para verla juzgada.

El costo personal

Zea no fue un diplomático a la manera moderna, con instrucciones cerradas y despachos regulares: fue un letrado con capital simbólico que activó, a lo largo de dos años, todos los círculos disponibles para dotar a Colombia de existencia pública. Bolívar en Angostura y en Bogotá era su comitente político, pero también su corresponsal ideológico: los dos habían leído las mismas Cartas persas, los dos manejaban el vocabulario del republicanismo ilustrado, los dos sabían que la Independencia se ganaba también en los periódicos ingleses. La confianza que Bolívar depositó en Zea al enviarlo a Europa refleja esa consonancia: mandaba a un igual, no a un subordinado.

El costo personal fue alto. Los desplazamientos entre París y Londres, las gestiones interminables, la salud minada por el trabajo y por el clima le fueron cobrando factura. Zea murió en Bath, ciudad balnearia inglesa a la que había ido a tomar sus aguas termales, en noviembre de 1822. Tenía cincuenta y seis años. No alcanzó a ver ni el reconocimiento pleno de Colombia por Gran Bretaña —que llegaría en 1825— ni el desplome de los debentures que había negociado. Su muerte en Inglaterra, lejos de Medellín y de Bogotá, fue el sello final de una biografía que había sido, desde el proceso de 1794, una biografía de tránsito.

La memoria disputada

La huella de Zea en la memoria colombiana es peculiar por su desproporción entre lo que se recuerda popularmente y lo que los estudios especializados le atribuyen. En Antioquia persistió durante generaciones la creencia —encapsulada en una anécdota que circula todavía— de que el nombre latino binominal del maíz, Zea mays, había sido dado por los botánicos en honor del estadista antioqueño. La cronología, sin embargo, desmiente la anécdota: el género fue nombrado por Linneo mucho antes del nacimiento de Zea, y la coincidencia entre el apellido del prócer y la denominación botánica del cereal americano por excelencia es enteramente accidental. Pero la creencia era tan tenaz que fue plasmada en el altorrelieve de una estatua dedicada a Zea, donde la mazorca aparece asociada a su figura como si la ciencia hubiera confirmado el orgullo regional. El error es revelador: la memoria antioqueña necesitaba que Zea hubiese dado su nombre al alimento fundacional de la región, como si la biografía del prócer no bastara por sí sola.

Esa apropiación regional se inscribe en un fenómeno más amplio. El siglo XIX colombiano escribió su pasado con vocación fundacional: consagraba los orígenes de la República mediante la exaltación de los héroes epónimos de la Independencia. Cada región buscó a sus próceres, redimió sus pasados abolengos, justificó su contribución a la formación nacional. Antioquia —tarde en llegar a la política virreinal, sin tradición letrada equivalente a la de Popayán o Santa Fe— encontró en Zea su credencial de participación en la Ilustración y en la Independencia. Los centros de historia regionales, como el Centro de Historia de Manizales fundado en 1911, canalizaron esa exaltación a través de publicaciones sistemáticas de memorias y biografías.

El culto regional a Zea tuvo, sin embargo, un límite interesante: nunca alcanzó la escala del culto nacional a Bolívar, Nariño o Santander. Y no lo alcanzó por razones que dicen mucho sobre las condiciones para ser convertido en mito republicano. Zea no había muerto en el campo de batalla, no había fundado un partido, no había pronunciado discursos memorables sobre la libertad americana. Había firmado papeles en Londres. Su acto de mayor consecuencia era también el más difícil de mitificar: la deuda no da estatuas ecuestres, no inspira odas patrióticas, no se presta al bronce. Los biógrafos antioqueños tuvieron que trabajar sobre un material biográfico que resistía la simplificación heroica, y lo resolvieron desplazando el énfasis: subrayaron al sabio, al discípulo de Mutis, al orador de Angostura, y dejaron en penumbra al negociador de las 547 783 libras. La estatua con la mazorca es, en ese sentido, un compromiso: Zea aparece como hombre de ciencia, no como hombre de finanzas.

En los estudios académicos, Zea aparece con recurrencia pero sin la centralidad de Bolívar, Nariño o Santander. Está indexado en obras de referencia como el Manual de Historia de Colombia y es objeto de biografías especializadas —la de Roberto Botero Saldarriaga, en dos volúmenes de 1969 y 1970, es la más extensa— y aparece en los estudios sobre la Expedición Botánica y sobre la primera diplomacia grancolombiana. Pero no ha sido convertido en figura mítica de primer orden. Su biografía atraviesa demasiados registros —ciencia, política, diplomacia, finanzas— para ajustarse cómodamente a los géneros patrióticos. Y arrastra, además, esas zonas grises que la hagiografía prefiere no iluminar: el afrancesamiento madrileño, el empréstito Hancorne, la negociación con la España constitucional. Un prócer con demasiadas notas al pie es un prócer difícil de convertir en efigie.

La ambigüedad última de su legado reside precisamente en la operación financiera que fue su acto de mayor consecuencia. En clave estrictamente contable, Zea comprometió a Colombia con condiciones ruinosas: los debentures cayeron, las tierras se concentraron, la deuda fue instrumento de despojo. En clave política, su firma dio existencia jurídica a la república en el sistema internacional: convirtió a Colombia en sujeto de crédito y, por tanto, en sujeto reconocible ante gobiernos que hasta entonces la habían tratado como ficción. Esas dos dimensiones no pueden separarse porque eran, en 1820, la misma operación. Zea no eligió entre soberanía y solvencia; eligió pagar la soberanía con la solvencia futura, porque no había otra moneda disponible.

Ese cálculo lo hizo un ilustrado formado en el círculo de Mutis, procesado con Nariño por leer a los revolucionarios franceses, absuelto en Madrid, elegido vicepresidente en Angostura y muerto en Bath. La biografía dibuja una línea coherente: la de un hombre que creyó que la razón ilustrada podía fabricar Estados, y que dedicó sus últimos años a probarlo con documentos firmados. La república que fundó le sobrevivió más de un siglo; los intereses que firmó, casi tanto.