Soberanía

La soberanía en la historia de Colombia

La soberanía es, en la historia colombiana, menos un atributo estable del Estado que un litigio permanente. Desde que los cabildos criollos la invocaron en julio de 1810 para desconocer al virrey, la palabra ha servido para fundar repúblicas y para disolverlas, para legitimar el poder de las élites letradas y para armar la resistencia de trabajadores, comunidades étnicas y regiones enteras. En dos siglos, Colombia ha sido federal y unitaria, ha cedido un istmo y disputado un puerto amazónico, ha visto empresas extranjeras operar como Estados dentro del Estado y guerrillas refrendar pasaportes en cinco municipios del Caquetá. Cada uno de esos episodios reabrió la misma pregunta: dónde reside la soberanía, quién la ejerce, sobre qué territorio y con qué límites. Lo que sigue no es una historia general del país, sino la biografía de un concepto que en Colombia nunca terminó de asentarse.

La palabra y su peso

En rigor jurídico moderno, soberanía designa el poder supremo de una comunidad política para darse leyes, administrar su territorio y decidir sin subordinación externa. En la Colombia real, la palabra se ha dicho en varios registros a la vez: soberanía popular, cuando se discute quién es titular del poder; soberanía nacional, cuando se defiende la unidad del Estado frente a otras potencias; soberanía provincial o estatal, cuando las regiones reclaman autonomía; soberanía territorial, cuando se dibujan fronteras; soberanía económica, cuando se discute el control sobre recursos y enclaves; soberanía étnica, cuando pueblos indígenas y comunidades negras demandan gobierno propio. Todos esos registros conviven, y con frecuencia se contradicen. La historia colombiana de la soberanía es la historia de esas contradicciones y de cómo se resolvieron —casi siempre a favor de quienes tenían la pluma o el fusil— dentro de un territorio que ningún actor ha logrado dominar por entero.

Los hombres de luces y la ley de la necesidad

El problema apareció completo en el momento fundacional. Entre 1810 y 1821, cuando las juntas provinciales del antiguo Virreinato de la Nueva Granada debatieron cómo organizar el poder, las preguntas clave no fueron abstractas: si los representantes del pueblo debían ser los cabildos o diputados elegidos directamente por los vecinos, si la representación había de ser igual o proporcional a la población, quiénes tenían derecho al voto y cómo podía ejercerse en la práctica la soberanía popular en una sociedad de castas, analfabetismo mayoritario y comunicaciones precarias.

Cartagena de Indias respondió con más radicalidad de la que suele recordarse. En diciembre de 1810, para formar su Junta Provincial, se invitó a participar a todos los vecinos libres, otorgando el voto a mestizos y castas —excepto esclavos—. Los analfabetos podían participar siempre que tuvieran casa poblada o fueran padres de familia y contaran con ingreso independiente sin servidumbre asalariada. Fue un umbral amplio para la época: la soberanía popular se ensayaba como voto de vecinos libres, no como privilegio letrado.

Pero la generalidad del debate corrió por otro cauce. Un autor de la época, defendiendo la conveniencia de un Congreso Supremo, escribió con desarmante franqueza que en situación revolucionaria la soberanía popular resultaba en la práctica imposible de ejercer directamente, por lo que ciertos hombres de luces y crédito se apropiaban legítimamente de una parte de la soberanía para dar los primeros pasos, invocando la ley de la necesidad. La frase condensa el gesto fundacional: la soberanía del pueblo se afirmaba en el papel al tiempo que se delegaba de hecho en una minoría que se autorizaba a hablar en su nombre. Esa delegación —presentada como transitoria, luego perpetuada— sería el patrón recurrente de la política colombiana.

Federalistas contra centralistas: la primera fractura

Apenas proclamada la ruptura, los criollos se dividieron sobre la escala en que debía residir la soberanía. El Acta de Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, firmada el 27 de noviembre de 1811, rechazó cualquier autoridad emanada de España o sin apoyo del pueblo neogranadino, aunque —detalle revelador— no renunció formalmente a la soberanía de la Corona. La firmaron cinco provincias: Antioquia, Cartagena, Neiva, Pamplona y Tunja. El congreso comisionó a Camilo Torres Tenorio, su presidente, para redactar una constitución federal inspirada en la de los Estados Unidos.

Cundinamarca, bajo la influencia de Antonio Nariño, se negó a adherirse. La Constitución de Cundinamarca de 1811 reservó la soberanía provincial "en toda su plenitud para las cosas y casos propios de la provincia en particular", reconociendo su derecho a negociar con otras provincias o estados: paradójicamente, la provincia centralista frente a las Provincias Unidas afirmaba una soberanía provincial casi plena hacia adentro. La contradicción no era retórica. En 1812, dos años después del 20 de julio, ya había tensión armada entre centralistas y federalistas: los federalistas de Tunja, capitaneados por Antonio Baraya, se enfrentaron militarmente a los centralistas de Bogotá. La Patria Boba fue, entre otras cosas, la primera guerra civil por la escala de la soberanía.

La Constitución de Antioquia de 1812 añadió un matiz radical: condicionó cualquier retorno al orden realista a que los ciudadanos de la provincia participaran en la sanción de una constitución. Incluso la posibilidad de volver a la Corona quedaba sujeta al consentimiento popular expreso. En pocos años, provincias con menos de un siglo de imprenta habían formulado con claridad el principio moderno de que ningún régimen es legítimo sin el asentimiento de los gobernados.

Bolívar, Angostura y el sueño supranacional

La derrota militar de 1815-1816 barrió con las primeras repúblicas. La reconstrucción, entre 1819 y 1821, se hizo sobre otra escala: la de un Estado supranacional. Simón Bolívar propuso al Congreso de Angostura, en diciembre de 1819, el nombre República de Colombia —homenaje al descubridor— y la unión, en un solo Estado, del territorio del antiguo Virreinato de la Nueva Granada, extendido desde el alto Amazonas hasta el norte de Veraguas. El proyecto, concebido originalmente por Francisco de Miranda, encontraba en Bolívar al político capaz de convertirlo en realidad. En mayo de 1821, el Congreso Constituyente reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta reunió a diputados de las antiguas provincias del Nuevo Reino de Granada y de la Capitanía General de Venezuela para dotarla de constitución, con la incorporación anunciada del territorio de Quito.

En Cúcuta se libró de nuevo la batalla de la escala. Los centralistas —entre ellos Vicente Azuero, Francisco Soto, Pedro Gual y Fernando Peñalver— propugnaban una república unitaria con gobierno fuerte, indispensable para consolidar la independencia frente al imperio en repliegue. Los federalistas defendían la autonomía provincial como sistema más adaptado a la realidad americana. Ganó el centralismo, y el modelo, cuyo origen se remonta al Congreso de Angostura, gobernaría a la Gran Colombia hasta su disolución.

La unidad se sostuvo, en buena medida, sobre el prestigio personal del Libertador. Desde 1826 las diferencias se agudizaron: la tensión entre centralistas y federalistas se reavivó, y el distanciamiento entre Bolívar y Francisco de Paula Santander erosionó la coalición fundadora. En mayo de 1830 Bolívar renunció a la presidencia; en diciembre murió sin haber conservado la unión. Venezuela se separó por el Acta de Caracas encabezada por Páez, quien declaró la independencia amenazando con la guerra a cualquier impugnador; Ecuador siguió un proceso análogo, y hacia 1830-1831 la Gran Colombia se descompuso en tres Estados. En 1831, algunas provincias neogranadinas llegaron incluso a proclamar su anexión a Venezuela o a Ecuador. La soberanía supranacional bolivariana había durado poco más de una década. Intentos posteriores de resucitarla bajo el nombre de Patria Grande fracasarían: los intereses nacionales de los Estados sucesores se opondrían siempre a reactualizar aquella experiencia.

La mención bolivariana en 1821 de un posible cuarto departamento —Pamplona, Mérida y Maracaibo— apuntaba a una visión sociogeográfica de cuencas compartidas, por encima de las fronteras formales heredadas del uti possidetis juris de 1810. La huella de ese principio, que congeló los límites coloniales, marcaría todos los litigios fronterizos posteriores.

Rionegro o la soberanía disgregada

A mediados del siglo XIX, la disputa entre soberanía nacional y soberanía subnacional volvió a partir el país. El proceso de federalización se aceleró desde 1855, cuando el Congreso reformó la Constitución para dotar a Panamá de estatuto federal y permitir que por ley ordinaria se crearan otros estados. Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena obtuvieron pronto esa categoría, vaciando el esquema unitario desde adentro. La Confederación Granadina consagró la fórmula: república federal integrada por ocho estados, con el gobierno general reducido a crédito nacional, ejército y marina, relaciones exteriores, hacienda, comercio exterior y moneda; todo lo demás —incluidos los asuntos mercantiles terrestres— quedaba en manos de los estados.

La Constitución de Rionegro, en 1863, llevó el principio al extremo. Creó los Estados Unidos de Colombia, confederó "a perpetuidad" nueve estados soberanos, redujo el poder del ejecutivo central, otorgó amplias libertades individuales, permitió que cada región adoptara sus propios códigos —minero, de tierras, electoral, civil— y, en un gesto de calibre casi filosófico, eliminó en la práctica el monopolio estatal de la violencia. Fue, además, la primera constitución colombiana que no comenzó "En nombre de Dios": el encabezado laico marcaba un cambio de época. La Ley 20 de 1867 completó el diseño: obligaba al gobierno de la Unión a observar "la más estricta neutralidad" cuando en algún estado se levantara una facción contra el gobierno existente. El Estado central quedaba impedido de intervenir en las guerras internas de sus propios miembros.

El experimento fue coherente y desastroso. Un país sin ejército nacional, con nueve legislaciones civiles, con estados que reclamaban soberanía plena, se hundió en guerras casi permanentes entre liberales radicales, liberales independientes y conservadores apoyados en la Iglesia. Desde 1882, Rafael Núñez advertía con lucidez fría: si el pueblo se persuadía de que las instituciones liberales no aseguraban los beneficios prometidos, se abriría camino a una poderosa reacción. La reacción llegó con la Constitución de 1886, la Regeneración y un modelo unitario, confesional y centralista que duraría más de un siglo. La Ley 20 fue derogada en 1880; la ficción de la neutralidad estatal cesaba.

La disputa de la escala atraviesa así todo el siglo XIX y estructura sus tragedias mayores: la disolución de la Gran Colombia en 1830, las guerras civiles decimonónicas, la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá en 1903. Bajo Rionegro, Antioquia y Panamá intentaron separarse o anexarse a otro país; la Constitución de 1858 tuvo que prohibirles usar bandera o escudo de otra nación. La fragmentación no fue una patología sino la forma estructural que adoptó el Estado colombiano en su primer siglo de vida.

Panamá: la soberanía cedida

En 1879, Colombia otorgó a la compañía francesa de Ferdinand de Lesseps el derecho exclusivo condicional por 99 años para construir un canal interoceánico en el istmo, reteniendo plena soberanía sobre el territorio. El proyecto colapsó hacia finales de la década de 1880 en un escándalo financiero. Cuando Estados Unidos retomó el interés en el canal, la negociación se hizo en las peores condiciones posibles para Colombia: el país estaba inmerso en la Guerra de los Mil Días, con comunicaciones deficientes con sus ministros en Washington y una capacidad negociadora seriamente limitada.

Theodore Roosevelt fue explícito. En comunicación con su secretario de Estado, se refirió a los funcionarios de Bogotá como "despreciables criaturas". Desde Washington se advirtió que el rechazo del tratado abriría dos caminos: la ruta por Nicaragua o la construcción por Panamá tras una eventual separación bajo protección estadounidense. El ministro estadounidense Beaupré presionó al gobierno de José Manuel Marroquín sobre las consecuencias de no ratificar el tratado.

El Senado colombiano lo rechazó de todos modos. En un debate memorable, el senador Miguel Antonio Caro y el senador panameño Pérez y Soto argumentaron que una concesión por 99 años prorrogable solo a opción de Estados Unidos equivalía, en la práctica, a la pérdida de la soberanía colombiana sobre el istmo. Tenían razón en el fondo, pero la negativa se pagó cara. En noviembre de 1903, Panamá se separó de Colombia y formó una república independiente con apoyo estadounidense, y el territorio colombiano se redujo respecto a su superficie original. La segunda parte del episodio se firmó tarde: el Tratado Urrutia-Thompson, del 6 de abril de 1914, no fue ratificado y canjeado hasta el 1 de marzo de 1922.

Panamá dejó a Colombia una lección amarga sobre soberanía en condiciones de asimetría imperial: defender la soberanía nominal podía significar perder el territorio.

Leticia, San Andrés y la soberanía por el mapa

El siglo XX puso a prueba las fronteras heredadas. El 1 de septiembre de 1932, un grupo de aproximadamente 250 peruanos tomó la ciudad de Leticia, izó la bandera del Perú y apresó a las autoridades colombianas. Colombia no estaba preparada militarmente: el conflicto se libró con recursos improvisados en un país que apenas conocía su propia geografía amazónica. El armisticio del 24 de octubre de 1933 y, sobre todo, el Protocolo de Río de Janeiro del 24 de mayo de 1934, otorgaron plena soberanía a Colombia sobre Leticia. La guerra, además de ratificar una frontera, aceleró un giro de política interna: la administración impulsó el poblamiento de zonas fronterizas —el Caquetá especialmente— como estrategia de defensa. La soberanía territorial, se comprendía, se sostenía con población, no solo con tratados.

En el Caribe, la disputa era otra. Desde 1916, el canciller Marco Fidel Suárez había protestado formalmente el Tratado Bryan-Chamorro entre Estados Unidos y Nicaragua, por considerar que ponía en riesgo el control colombiano sobre las Islas Mangles, integradas al archipiélago de San Andrés y Providencia. La disputa con Nicaragua no cesaría. El archipiélago, con apenas 44 km² de territorio emergido, genera hoy una zona económica exclusiva que contribuye a una extensión total cercana a 300.000 km²; Colombia limita marítimamente con nueve países, varios de ellos en el Caribe, y esa cifra explica por qué unas islas pequeñas concentran una batalla soberana de siglo largo.

La Constitución de 1991 amplió, en su artículo 101, la definición del territorio soberano más allá del suelo continental. La norma incorporó el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria y el espectro electromagnético, todo de conformidad con el derecho internacional. La soberanía ya no se agotaba en el mapa físico.

Persistía, sin embargo, la fragilidad. El 1 de marzo de 2008, cuando el ejército colombiano abatió al dirigente de las FARC Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela recordó que la soberanía fronteriza sigue tensa, casi dos siglos después del uti possidetis.

La United Fruit y el Estado dentro del Estado

La disputa por la soberanía no se libraba solo en los bordes del mapa. Mientras el gobierno defendía sus fronteras exteriores, dentro del país operaban actores que la erosionaban a otra escala: no la del límite internacional, sino la del enclave productivo. La United Fruit Company creó una zona bananera entre Ciénaga y Fundación, cerca del puerto de Santa Marta. En 1921 ya era dueña del 59% de la tierra productiva e improductiva de la región. Hacia 1928 empleaba a unos 30.000 trabajadores y obtenía una ganancia del 100% por cada racimo vendido. El enclave se consolidó controlando el ferrocarril y el transporte marítimo, acaparando tierras, pagando en vales canjeables en comisariatos propios y enganchando a los trabajadores mediante contratistas intermediarios. Construía hospitales, viviendas, escuelas, iglesias, zonas de entretenimiento: era un Estado dentro del Estado, autosuficiente e independiente en la práctica de la sociedad colombiana circundante.

La huelga de diciembre de 1928 mostró cómo el Estado colombiano se relacionaba con ese poder paralelo. Los pliegos de peticiones exigían el pago de salarios atrasados, mejoras de vivienda, servicios médicos, la abolición del pago en vales y el fin de los contratos indirectos mediante los cuales la compañía evadía el seguro colectivo. En vez de arbitrar, el gobierno militarizó la zona. El general Carlos Cortés Vargas ordenó disparar contra los huelguistas reunidos en la plaza de Ciénaga. La cifra exacta de muertos quedaría para siempre en disputa, pero la escena fijó el patrón: cuando la soberanía del Estado se ejerció, fue contra los trabajadores nacionales y a favor del enclave extranjero. Jorge Eliécer Gaitán construiría buena parte de su capital político denunciando la posición del gobierno.

Barrancabermeja había pasado por experiencias parecidas en 1924 y 1927 con la Tropical Oil Company. En 1920 el café representaba cerca del 70% de los ingresos por exportaciones colombianas; el banano, introducido a principios del siglo XX vía la United Fruit, se convirtió en ejemplo mayor de inversión extranjera en la agricultura de exportación. Las grandes huelgas de los años veinte se produjeron en plena expansión económica, en zonas dinámicas donde operaban firmas multinacionales, y expresaron la contradicción central del modelo: crecimiento por enclave, soberanía cedida sobre las mejores tierras y trabajadores fuera del Estado. Tras la Segunda Guerra Mundial, la United Fruit perdió su monopolio, se retiró de la producción directa y abandonó la zona a principios de los años sesenta, dejando un modelo cuya lógica —enclave, intermediación, ambigüedad estatal— sobreviviría en otras industrias y otras regiones.

Guerrilla, paramilitarismo y la soberanía fragmentada

La segunda mitad del siglo XX profundizó la fragmentación. El Estado colombiano nunca ha conseguido monopolizar el uso legítimo de la violencia ni ejercer dominio directo sobre todos sus territorios, y ha recurrido en su lugar a intermediarios que operan en la frontera entre lo legal y lo ilegal. El espíritu que Rionegro codificó en 1863 —la neutralidad del centro frente a los conflictos de sus periferias— persistió en formas nuevas.

Nada lo mostró con más nitidez que la zona de despeje del Caguán, concedida por el gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002 para dialogar con las FARC. Allí la guerrilla ejerció funciones cuasi-estatales sin ambigüedad: refrendaba "pasaportes" de finqueros cada tres meses, condicionaba a los alcaldes, obligaba a los funcionarios judiciales a pedirle permiso para desplazarse por zonas rurales, regulaba cultivos de coca y cobraba peajes a comerciantes. Cinco municipios contiguos —una porción considerable del hábitat guerrillero— quedaron durante casi cuatro años bajo una soberanía distinta a la del Estado colombiano.

En paralelo se expandía otro poder armado. Los paramilitares pasaron de tener presencia en 109 municipios en 1994 a 343 en 1998, y a 722 en 2002; en el mismo tramo, las FARC realizaron acciones militares en 419 municipios en 1998 y en 452 en 2002, cuando se rompió la Zona de Distensión: un aumento notablemente menor que la expansión paramilitar. Los primeros grupos de autodefensas habían surgido durante las negociaciones de paz del gobierno de Belisario Betancur, entre 1982 y 1986; la apertura política de 1988 y las primeras elecciones populares de alcaldes coincidieron con el aumento de la violencia política, y desde 1995 la expansión paramilitar propiamente dicha se aceleró.

El paramilitarismo no fue solo el efecto de una ausencia estatal. Expresó también la debilidad del Estado para regular conflictos, su ambivalencia frente a la autoridad propia, la existencia de población fuera de la institucionalidad y los bajos incentivos para castigar a quienes delinquían. En muchas regiones, la soberanía la ejercía quien podía —guerrilla, paramilitar, narcotraficante— y el Estado llegaba después, si llegaba.

El Plan Colombia, lanzado bajo la presidencia de Andrés Pastrana y continuado por Álvaro Uribe Vélez, fue presentado como estrategia antinarcóticos, pero su origen respondía a la preocupación por las derrotas del Ejército colombiano ante la guerrilla; como el gobierno estadounidense no podía ayudar directamente al Ejército, lo hizo indirectamente colaborando con la erradicación de cultivos ilegales. La soberanía militar del Estado colombiano se reconstruyó, en los años dos mil, con financiación, tecnología y asesoría estadounidenses. Una recuperación de soberanía interna que dependió, en parte, de reducir soberanía externa.

1991: la refundación y sus grietas

La Asamblea Constituyente de 1991 fue el intento más ambicioso de refundar la soberanía colombiana. La nueva carta reconoció el carácter pluriétnico y multicultural del Estado, y abrió espacios de participación y reconocimiento para pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rrom hasta entonces invisibilizados o marginados. Introdujo mecanismos de participación directa —iniciativa popular— y de acceso judicial —acciones populares, tutela— sin precedentes. Creó una circunscripción especial que reservó dos escaños al Senado para representantes indígenas, sumados a los cien de la cámara alta.

Buscaba, además, poner límite al Ejecutivo. Entre 1958 y 1990, más del 80% del tiempo había estado vigente alguna forma de estado de sitio: un abuso continuo que los constituyentes se propusieron cerrar. La acción de tutela, sobre todo, permitió a millones de ciudadanos reclamar ante los jueces el cumplimiento de derechos fundamentales. La Corte Constitucional y la rama judicial se convirtieron en el espacio donde la Constitución creció y mostró su maleabilidad, más allá de las casi cuarenta reformas explícitas al texto.

Pero la refundación cargó también sus grietas. La Asamblea guardó silencio sobre el estatuto de los militares y la policía y sus relaciones con el poder civil. El contexto era elocuente: entre 1985 y 1990 el gasto militar se había quintuplicado y el pie de fuerza del Ejército se había duplicado. La soberanía civil sobre las armas quedó, otra vez, en penumbra. Simultáneamente, el país abrazó la apertura económica neoliberal, que acentuó la precariedad de las poblaciones rurales y entró en tensión con los propósitos de mejorar sus condiciones de vida. El Estado Social de Derecho fue proclamado con generosidad, pero sin un Estado de bienestar que lo aplicara administrativamente: los ciudadanos debieron recurrir a la tutela para hacer efectivos, uno a uno, los derechos formalmente reconocidos.

Territorios colectivos: la soberanía étnica

La dimensión más innovadora de 1991 fue la territorial-étnica. El Artículo Transitorio 55 y la Ley 70 de 1993 establecieron que la propiedad en territorios de comunidades negras e indígenas es comunitaria, con carácter inalienable, inembargable e imprescriptible: no puede venderse, gravarse, expropiarse ni limitarse en su dominio.

Los efectos territoriales fueron considerables. Una década después de la Constitución, las comunidades negras habían accedido a cerca de 2.600.000 hectáreas reconocidas como territorios colectivos, y los resguardos indígenas englobaban aproximadamente 1.575.000 hectáreas. Sumadas a las áreas de parques naturales del Pacífico biogeográfico —unas 600.000 hectáreas bajo ciertas exclusiones—, la región concentraba alrededor de 5.000.000 de hectáreas excluidas del mercado de tierras. Una porción considerable del país quedaba, en el papel, fuera de la lógica mercantil.

La Corte Constitucional fue más lejos. Determinó que, en materia de planes de desarrollo, inversión y explotación de recursos naturales, no basta con la consulta previa: debe obtenerse el consentimiento libre, informado y previo de las comunidades indígenas según sus usos, costumbres y tradiciones. La soberanía étnica adquirió, jurisprudencialmente, poder de veto sobre proyectos que afectaran sus territorios.

La realización práctica fue, sin embargo, incompleta. Las Entidades Territoriales Indígenas, previstas para garantizar autonomía territorial y presupuestal, no habían sido reglamentadas treinta años después de la promulgación de la Constitución. La Ley 70 tampoco fue reglamentada en su totalidad más de veinte años después de expedida, con consecuencias sobre las dinámicas culturales de las comunidades y su capacidad de gestión autónoma. Y sobre los territorios recién reconocidos cayó la violencia. El conflicto armado, los megaproyectos agroindustriales y la expansión de actores armados hacia regiones de presencia étnica generaron desplazamientos masivos. Para muchos líderes afrocolombianos, aquella violencia mostró una intención de revertir los logros de 1991. Yolanda Cerón, integrante de la Pastoral Afrocolombiana, comprometida con la reivindicación territorial en Tumaco, fue asesinada por grupos paramilitares. Los asesinatos selectivos de líderes territoriales se volvieron rutina de un país que había proclamado, en su carta, ser pluriétnico.

La perspectiva multicultural de 1991 abrió espacios reales para indígenas y afrodescendientes, pero otorgó un reconocimiento limitado a los campesinos como sujetos políticos, dejando una asimetría que las políticas neoliberales agravaron. La soberanía étnica se conquistó por texto y jurisprudencia; se ejerció, cuando pudo ejercerse, contra la corriente.

Huella y disputa

Dos siglos de historia dejan, sobre la palabra soberanía, una acumulación de sentidos que ya no puede separarse. Cuando un colombiano invoca hoy la soberanía, arrastra la ley de la necesidad de 1810, el federalismo de Rionegro, la humillación de 1903, los muertos de Ciénaga, los pasaportes del Caguán, los territorios colectivos del Pacífico y la tutela como puerta trasera para acceder a derechos escritos. La palabra puede significar la defensa del mapa frente a Nicaragua, o la autonomía del resguardo frente a la petrolera, o la resistencia del sindicato frente a la multinacional, o el discurso presidencial contra la injerencia extranjera. Todos esos usos son legítimos y ninguno agota el concepto.

La contradicción primaria no fue tanto la presión imperial como la incapacidad de las élites criollas para acordar en qué escala territorial residía el poder legítimo: municipio, provincia, estado federal, nación, gran república. Esa indefinición, más que cualquier interferencia foránea, explica por qué Colombia disolvió una república grande en 1830, perdió un istmo en 1903 y sigue discutiendo, en el siglo XXI, quién manda en cada vereda. Las élites la invocaron desde 1810 para concentrar poder y hablar en nombre de un pueblo al que rara vez consultaron; los actores subalternos la reapropiaron para arrancar reconocimientos y territorios; los poderes externos y paraestatales la erosionaron sistemáticamente.

La ficha de este concepto, en un país como este, no puede cerrarse. Solo puede dejarse en el estado en que la historia la entrega: parcialmente conquistada, continuamente disputada, abierta al litigio de la siguiente generación.