Atlántico revolucionario

El Atlántico revolucionario es el nombre del espacio hemisférico que, entre la independencia de las Trece Colonias y las juntas hispanoamericanas de 1810, quedó unido por un mismo tráfico de personas, mercancías, impresos y consignas políticas. Filadelfia, París, Puerto Príncipe, Kingston, Curazao, Caracas, Cartagena y Santafé participaron de un solo circuito en el que las noticias de una revuelta viajaban en barcos mercantes junto con el añil y los cueros, y en el que una traducción hecha en Guadalupe podía llegar a la costa venezolana en cuestión de semanas. Aplicado a la Nueva Granada, el concepto deshace una imagen tenaz: la de un virreinato apartado y tardío que solo despertó a la política moderna cuando Napoleón entró en Madrid. Entre 1776 y 1810, la Nueva Granada fue un nodo activo, aunque asimétrico, de la conmoción atlántica: sus puertos caribeños la conectaron con las revoluciones del norte y de las Antillas, sus criollos ilustrados tradujeron y leyeron los textos fundacionales del ciclo, y sus propios episodios de protesta —el estanco, los comuneros, los pasquines— fueron recodificados por agentes como Francisco de Miranda para uso geopolítico transatlántico. Lo que sigue reconstruye ese nodo: qué lo hizo posible, quiénes lo tejieron, por dónde circuló y qué huella dejó cuando la crisis imperial de 1808 volvió inevitable la conversación sobre soberanía.

Anatomía del concepto

Hablar de un Atlántico revolucionario neogranadino no supone que la Nueva Granada tuviera una revolución propia entre 1776 y 1810 —no la tuvo—, sino que estuvo estructuralmente enganchada al ciclo que sí las tuvo en otras partes. El enganche operó en tres registros simultáneos. El primero, material: Cartagena de Indias, gran puerto atlántico del virreinato, funcionaba como mercado de esclavos, punto de entrada de mercancías legales e ilegales y foco de una cultura miliciana con densas conexiones caribeñas. El segundo, intelectual: una red de criollos formados en los colegios de Santafé —El Rosario, San Bartolomé—, en la Expedición Botánica dirigida por José Celestino Mutis y en la prensa incipiente del Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá leyó, tradujo, imprimió y discutió lo que llegaba del norte y de Europa. El tercero, político-fiscal: las reformas borbónicas, al triplicar la presión tributaria y suprimir autonomías locales, crearon el sustrato de agravio que hizo permeables a estos territorios a cualquier lenguaje de resistencia disponible en el Atlántico.

La tensión que atraviesa el concepto es la de la agencia. Los actores neogranadinos rara vez actuaron con la conciencia de estar participando en un proceso hemisférico. Los comuneros de 1781 pidieron reversión fiscal, no ruptura con la Corona. Antonio Nariño imprimió los Derechos del Hombre en 1793 no desde una red criolla coordinada, sino desde un libro llegado a manos del virrey. La conspiración de Gual y España, que en 1797 sí formuló un programa igualitario radical, era venezolana, y su onda expansiva hacia Cartagena viajó por los circuitos mercantiles del Caribe. El Atlántico revolucionario neogranadino se entiende mejor, por eso, como un campo de filtraciones, recodificaciones y recepciones parciales que como una empresa consciente. Y sin embargo, esa porosidad bastó: bastó para que en 1810, cuando la monarquía se derrumbó en la península, los cabildos del virreinato tuvieran ya el vocabulario, las redes y la memoria de agravios para articular, en cuestión de meses, un movimiento juntista propio.

Los orígenes: reformas borbónicas y el sustrato del agravio

El ciclo comienza, paradójicamente, con una operación de fortalecimiento imperial. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, los Borbones intentaron rehacer el pacto colonial: aumentar los recaudos, someter a audiencias y cabildos —que bajo los Habsburgo habían gozado de amplia autonomía— y controlar la producción de las colonias impidiendo, por ejemplo, que los textiles locales compitieran con los peninsulares. En la Nueva Granada, el giro fue brusco. En 1777 se estableció el estanco de tabaco. En 1778, el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres restableció el impuesto de la armada de Barlovento y extendió la alcabala a nuevos productos. El resultado, medido en carga fiscal sobre la economía virreinal, fue una operación de casi triplicación: la exacción, que antes de las reformas pesaba en torno a un 2,9 % del producto agregado, escaló hasta rondar el 10,4 % en el quinquenio de mayor presión del último tercio del siglo, y todavía hacia 1810 se mantenía cerca del 8,4 %. En la última década colonial, los ingresos de la Corona en la Nueva Granada promediaron 2,4 millones de pesos anuales, de los cuales un tercio salía de los estancos de tabaco y aguardiente.

Este trasfondo explica por qué la Nueva Granada era permeable al lenguaje revolucionario que empezaba a circular por el Atlántico. La monarquía había roto tácitamente el equilibrio anterior: pedía más y devolvía menos autonomía. La élite criolla, formada intelectualmente gracias a las mismas reformas —expediciones científicas, sociedades económicas, tertulias, colegios reforzados—, se encontró en la posición paradójica de deberle a Madrid su formación ilustrada y, con esa misma formación, poder cuestionar el orden que Madrid intentaba imponer. Los campesinos y artesanos del interior, en cambio, encontraron en las nuevas cargas fiscales un motivo directo, tangible y compartido de rebelión.

La trayectoria: cinco escenas de un nodo atlántico

1781: el Socorro y la primera lectura hemisférica

El 16 de marzo de 1781 estalló en la provincia del Socorro la Revolución Comunera. Campesinos y artesanos se levantaron contra las políticas del estanco de tabaco —que compraba barato a los productores y vendía caro—, contra los nuevos gravámenes y contra la represión de las siembras consideradas ilegales. La rebelión creció rápidamente y avanzó hacia el altiplano. En Zipaquirá, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora negoció con el líder criollo Juan Francisco Berbeo las Capitulaciones que revertían buena parte de las medidas fiscales. Reforzada militarmente la capital, las autoridades anularon lo pactado, persiguieron a los comuneros que —como José Antonio Galán— habían rechazado la componenda, y los ejecutaron. El propio Caballero y Góngora, cuando se convirtió en virrey, viajaría a Cartagena y Turbaco buscando alejarse del pesado fardo que le había dejado su antecesor Manuel Antonio Flórez con la represión y, también, de su propio papel como negociador de Zipaquirá.

Las demandas comuneras iban más allá del bolsillo: exigían que los cargos oficiales fueran ocupados preferentemente por naturales de la Nueva Granada en lugar de españoles peninsulares. Era un paso hacia un sentimiento nacionalista embrionario, aunque distaba mucho de un reclamo de independencia. La rebelión, sin embargo, tendría una segunda vida atlántica. Francisco de Miranda —el venezolano que desde su estancia en los Estados Unidos entre 1783 y 1784 fue madurando el proyecto de independencia hispanoamericana— utilizó la narración del Socorro como argumento ante potencias extranjeras. En su expediente para convencer a británicos, rusos y norteamericanos, los comuneros neogranadinos aparecían como prueba de que los suramericanos ya estaban listos para levantarse. Un agravio fiscal local se convirtió en argumento geopolítico transoceánico. El Socorro entró en el ciclo atlántico por la puerta trasera de la propaganda de un exiliado.

1789-1797: la circulación caribeña y el miedo a Haití

La toma de la Bastilla, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la radicalización jacobina y —sobre todo— la revolución de esclavos en Saint-Domingue a partir de 1791, que dio origen a Haití, marcaron un antes y un después. Para las autoridades españolas en el Caribe, las ideas revolucionarias francesas dejaron de ser filosofía y se volvieron amenaza inmediata. Cartagena, con su función de gran mercado de esclavos hacia el interior por los ríos Magdalena y Cauca —hacia Santafé, Antioquia, Cali, Popayán, el Chocó—, era un punto de vigilancia obvio. Cualquier indicio de revuelta inspirada en Haití o en los principios franceses encendía la alarma.

El miedo no era paranoia burocrática. En 1795, la llamada "ley de los franceses" inspiró una revuelta de esclavos en la región de Coro, en Venezuela, en un contexto donde circulaban conversaciones sobre seguir el ejemplo de Saint-Domingue. Dos años más tarde, en 1797, estalló en La Guaira la conspiración de Gual y España, liderada por el hacendado José España, el oficial Manuel Gual y el catalán exiliado Juan Bautista Picornell, acérrimo partidario de la Revolución francesa. Su programa era el más radical formulado hasta entonces en el mundo hispano: libertad, igualdad y fraternidad racial, abolición de la esclavitud, supresión de la tributación indígena. Descubierta la conspiración, sus impulsores se refugiaron en el Caribe. Desde Guadalupe se hizo imprimir una traducción de la Declaración de los Derechos del Hombre acompañada de un "discurso preliminar a los americanos", que fue enviada como propaganda a las costas de Venezuela.

La geografía de esa circulación merece atención. Guadalupe, Curazao, Jamaica y Saint-Thomas formaban un archipiélago editorial donde los exiliados de la Península, los libertos francófonos, los comerciantes holandeses y los emisarios británicos convergían con impresores dispuestos a producir en castellano lo que las prensas peninsulares vetaban. La Guaira y Cartagena eran los dos puertos hispanos más expuestos a ese archipiélago: goletas, balandras y bergantines los enlazaban en trayectos de dos a cuatro semanas, muchas veces con escalas en las Antillas menores donde se rehacía la carga y se sumaban pasajeros. Las noticias del complot de Gual y España llegaron a Cartagena en un barco mercante en menos de un mes; la densidad del tráfico entre ambos puertos sugiere que los impresos de Guadalupe viajaron por las mismas bodegas. En 1799, el gobernador de Cartagena informó de folletos sediciosos hallados en manos de marineros; en 1800, se detectó en Maracaibo la circulación de la traducción caribeña de la Declaración; en 1806, la expedición fallida de Miranda con la corbeta Leander —salida de Nueva York, con escala en Jacmel, Haití— pretendió desembarcar en Coro y demostró que el circuito no era metafórico sino navegable. Cartagena, además, recibía por Portobelo y La Habana las gacetas norteamericanas y los folletos españoles impresos en Filadelfia, ciudad donde en la década de 1790 se habían instalado tipografías dedicadas al mercado hispano. Cada capa de ese entramado —el contrabando de mercancías, la trata negrera, el correo consular, el desplazamiento de refugiados franceses expulsados de Saint-Domingue— llevaba adherida una capa informativa. En el Caribe hispano de fin de siglo, un impreso era una mercancía más y viajaba con las mismas facilidades y las mismas rutas.

1793: Nariño y la traducción atlántica

El 13 de diciembre de 1793, en la Imprenta Patriótica ubicada en la Plazuela de la Iglesia de San Carlos, Santafé, Antonio Nariño imprimió su traducción castellana de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El texto fuente había llegado hasta él por una vía característica del ciclo atlántico: una obra de Christophe Félix de la Touloubre, más conocido como Montjoie —cuyo título ha sido dado alternativamente como Las causas y comienzo de la Revolución o Historia de la Asamblea Constituyente—, que contenía transcrita la Declaración y que había llegado al escritorio del virrey Ezpeleta. El impresor fue Diego Espinosa, hijo del director de la Imprenta Real. Un libro francés cotejado en el gabinete del virrey, traducido por un criollo neogranadino y estampado por el hijo del impresor oficial.

La reacción fue proporcional al escándalo. Nariño y Espinosa fueron arrestados; el proceso lo instruyó el oidor Joaquín de Mosquera y Figueroa por "impresión sin licencia". Nariño fue condenado a diez años de prisión, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de todos sus bienes. Lo defendió el criollo José Antonio Ricaurte. La confiscación permitió a las autoridades conocer la biblioteca clandestina que Nariño había introducido en Santafé: clásicos griegos y latinos, historia, filosofía, teología, matemáticas, medicina, ciencias naturales, tratados de leyes y —el corazón del asunto— los enciclopedistas franceses del siglo XVIII. Esa biblioteca es, ella misma, un mapa del Atlántico revolucionario en formato encuadernado. Contra Nariño se comprometió también, entre otros, a Francisco Antonio Zea —catedrático de ciencias naturales en San Bartolomé y miembro de la Expedición Botánica— y al doctor Manuel Ignacio Fróes de Carvalho. El virrey Ezpeleta comunicó a los gobernadores de Quito, Caracas y otras ciudades sobre los pasquines sediciosos que habían aparecido casi simultáneamente en varias ciudades y sobre la circulación del impreso, al que se atribuía potencial para turbar el orden establecido. La coincidencia de fechas entre la publicación de la Declaración y los pasquines llevó a las autoridades a interpretar ambos fenómenos como piezas de una misma conspiración anti-hispánica en marcha.

La situación financiera de Nariño se enredó con lo político: como tesorero de diezmos, se vio obligado a restituir anticipadamente fondos que, según las prácticas habituales de la época, los recaudadores solían negociar hasta una fecha predeterminada. Los dos asuntos —el desfalco y el juicio por los Derechos— coinciden en el tiempo. La ruina económica y la ruina política caminaron juntas.

1791-1797: la infraestructura ilustrada

El caso Nariño no habría sido posible sin una infraestructura previa. Entre 1791 y 1797 circuló en Santafé el Papel Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá, fundado y dirigido por el cubano Manuel del Socorro Rodríguez. Sus alrededor de 265 o 270 números publicaron ensayos sobre botánica, física, medicina, filosofía y literatura, y reunieron a lo más selecto de la Ilustración neogranadina: Mutis, Zea, José Manuel Matiz, Francisco José de Caldas, Pedro Fermín de Vargas —que también participaría en la reflexión política crítica— y Ulloa. La prensa colonial tardía cumplió una función precisa: creó un sentimiento de comunidad compartida entre las élites criollas de regiones distantes, que hasta entonces habían tenido pocos canales para reconocerse como miembros de una misma cosa.

Detrás del periódico había una red educativa. En los colegios de Santafé se cruzaban estudiantes de distintas provincias que luego mantenían correspondencia privada, tejiendo un vínculo interregional lento pero eficaz. La influencia de Mutis se propagó por generaciones: enseñó a Felipe Vergara y Caycedo en los años 1760 y a Eloy Valenzuela en los 1770, y ambos transmitieron matemáticas y filosofía moderna en el Rosario. En la segunda mitad de los 1770, José Félix Restrepo se hizo seguidor de la filosofía científica y enseñó entre 1778 y 1781 en San Bartolomé, para luego llevar esa enseñanza al Colegio-Seminario de Popayán. Camilo Torres Tenorio, José Ignacio de Pombo y otros criollos de la generación de 1810 se formaron en ese ambiente. La paradoja borbónica se expresa aquí con nitidez: las mismas reformas que apretaron el tornillo fiscal financiaron y alentaron las expediciones, las cátedras y las tertulias que producirían a los hombres capaces de pensar la posibilidad del autogobierno.

1783-1810: Miranda, el nodo humano

Ninguna figura personifica el Atlántico revolucionario aplicado a la Nueva Granada mejor que Francisco de Miranda, aunque no fuera neogranadino. Sus movimientos dibujan el circuito. En 1783-1784 estuvo en los Estados Unidos, donde se reunió con George Washington y trazó en Boston los primeros planes para la independencia de la América española, discutiéndolos con generales norteamericanos. Escapando de perseguidores españoles, llegó a Filadelfia; desde La Habana, J. Seagrove le informó el 16 de marzo de 1784 —fecha simbólicamente coincidente con el aniversario del Socorro— que un juez de residencia le había impuesto pérdida del empleo militar, multa y exilio a Orán por diez años. En 1785 pasó a Inglaterra, donde las condiciones no eran propicias para pedir apoyo británico. Siguió entonces por Europa, visitando gobernantes y personalidades, llegando incluso a la corte de Catalina la Grande de Rusia.

Miranda hizo dos cosas fundamentales para el enganche neogranadino con el Atlántico revolucionario. Primero, insertó a la Nueva Granada en el argumentario de la independencia hispanoamericana ante las potencias: el Socorro, un episodio interno y contenido, se volvió pieza de un caso hemisférico. Segundo, mantuvo abiertas por décadas las líneas de contacto entre exiliados, agentes y simpatizantes hispanoamericanos en Londres, París y las Antillas, líneas por las que después transitarían Simón Bolívar y otros. En 1810, ya de regreso en Venezuela, Miranda se alojó en casa de Bolívar y fue elegido diputado por San Juan Bautista de Pao al Congreso de 1811 —una circunscripción remota que reflejaba la desconfianza que aún generaba entre los notables criollos. El trabajo estructural, el de haber mantenido durante casi tres décadas el circuito abierto, ya estaba hecho.

La red: puertos, castas y milicias

El Atlántico revolucionario neogranadino no fue solo un asunto de bibliotecas y traducciones. Tuvo una dimensión material que se jugó en Cartagena, en Mompox y en las costas menores del Caribe. El contrabando era en ese puerto una práctica de tal extensión que, incluso cuando la Corona permitió ferias legales a la llegada de los galeones, comerciantes, funcionarios y españoles recién llegados se desplazaban a las costas aledañas para practicar el comercio ilegal. Autoridades y viajeros lo consignaban como un lugar común. El Tratado de Utrecht había abierto brechas significativas en las barreras al comercio extranjero con las colonias, y el Tratado de San Lorenzo de 1795 profundizó esas concesiones. Entre 1787 y 1804, por Cartagena se exportaron volúmenes significativos de oro, cacao, algodón, añil, cueros, azúcar, quina y palo de tinte. Mompox operaba como nodo intermediario en el eje que conectaba el Alto Magdalena con la costa, gravando las mercancías que subían y bajaban.

La geografía menor del contrabando importa tanto como la de los grandes convoyes. Riohacha, con su población guajira nunca del todo sometida, era la puerta abierta al comercio con Curazao y Aruba: por allí entraban tejidos holandeses, armas, pólvora y, en menor volumen, papel impreso. Santa Marta funcionaba como escala del cabotaje que conectaba Cartagena con Maracaibo y La Guaira. Portobelo, aunque decadente tras la supresión de los galeones, seguía siendo puerta hacia el Pacífico y ruta de correspondencias hacia el Perú. Y Sabanilla, Tolú y las bocas del Sinú operaban como caletas informales donde las balandras extranjeras descargaban en playas sin funcionarios reales. Este archipiélago menor —costas, ciénagas, canales fluviales— era imposible de controlar con las guarniciones disponibles, y por él se filtraba lo que la aduana de Cartagena no dejaba entrar por la puerta grande.

Un dato menor pero elocuente ilumina la porosidad religiosa e ideológica del puerto: la Inquisición de Cartagena procesó a 82 personas por reformismo religioso —protestantes, luteranos, calvinistas y hugonotes—, prueba de la circulación efectiva por la ciudad de personas de tradiciones vetadas por la ortodoxia católica. Los luteranos fueron el grupo más perseguido por su mayor extensión local. Donde llegan hugonotes y calvinistas también llegan, tarde o temprano, panfletos.

La otra dimensión es social. La costa Caribe neogranadina, a diferencia del interior andino prácticamente desprovisto de fuerzas armadas, contaba con milicias disciplinadas por su interés estratégico frente a amenazas europeas, piratería y contrabando. Esa cultura militar generó redes sociales entre sectores pardos y élites criollas que no existían en el altiplano: los milicianos participaban en tertulias, bailes y recepciones, y accedían al matrimonio en círculos patricios. El caso del pardo Ayarza, que obtuvo por petición al rey la supresión legal de la condición de pardo de su hijo mayor —con la salvedad explícita de que no serviría de precedente para otros—, muestra a la vez la porosidad y sus límites: se abría la puerta para el caso individual y se cerraba de golpe para la categoría. La combinación de milicias disciplinadas, matrimonios interraciales de élite, contrabando estructural y proximidad marítima con Saint-Domingue, Jamaica y Curazao hacía del Caribe neogranadino un territorio distinto al del interior. Ese Caribe tenía su propia relación —más directa, más inquietante para las autoridades— con el ciclo revolucionario atlántico, y era una relación que no pasaba necesariamente por las bibliotecas de Nariño.

La huella: 1808-1810 y la memoria activa

El Atlántico revolucionario neogranadino no produjo, en el período que aquí interesa, ni ruptura política ni proyecto acabado de independencia. Produjo algo más modesto y quizá más consecuente: un stock de vocabulario, un archivo de agravios y una red de personas que en 1808 estaban listos para actuar cuando la contingencia lo exigiera.

La contingencia llegó por Europa. La ocupación napoleónica de la península ibérica y el arresto de Fernando VII generaron una crisis de soberanía que puso en circulación, en todo el mundo hispano, un mismo argumento: si faltaba el monarca, la soberanía revertía al pueblo. Ese razonamiento tenía raíces escolásticas —Suárez, Vitoria— que las élites criollas conocían por su formación teológica, y raíces ilustradas —Locke, Rousseau— que las mismas élites frecuentaban por las bibliotecas clandestinas del tipo de la de Nariño. Ambas tradiciones convergieron en 1808-1810 en una fórmula única y operativa. Ignacio de Herrera y Vergara la formuló con nitidez el 1 de septiembre de 1809 en Santafé: "el pueblo es la fuente de la autoridad absoluta". Los cabildos neogranadinos —Santafé, Popayán, Socorro, Tunja, Loja, entre otros— redactaron instrucciones al delegado ante la Junta de Sevilla. El cabildo de Santafé produjo el llamado Memorial de Agravios, redactado por Camilo Torres Tenorio en noviembre de 1809, que condensaba las quejas criollas contra la representación desigual en la Junta Central peninsular —donde América, con más población que la Península, obtenía menos escaños— y proponía un programa de gobierno ilustrado. Los demás cabildos remitieron documentos similares. En estos textos convergen las tres capas del Atlántico revolucionario neogranadino: la doctrina de la reversión de la soberanía —ideas ilustradas europeas cruzadas con escolástica hispana—, el lenguaje de los derechos —el mismo que Nariño había traducido en 1793— y la memoria concreta de los agravios acumulados desde las reformas borbónicas y desde el Socorro de 1781.

Los acontecimientos se precipitaron en cadena. En Quito, el 10 de agosto de 1809, se instaló la primera junta autónoma del virreinato, rápidamente reprimida por tropas enviadas desde Santafé, Guayaquil y Lima. En Charcas y La Paz, en mayo y julio del mismo año, se habían dado movimientos análogos. En Caracas, el 19 de abril de 1810, el cabildo depuso al capitán general Vicente Emparan. En Cartagena, el 22 de mayo de 1810, el cabildo obtuvo del gobernador Francisco de Montes la aceptación de dos diputados criollos en la Junta de Gobierno; el 14 de junio, Montes fue depuesto. En Santafé, el 20 de julio, el enfrentamiento con el comerciante peninsular José González Llorente, provocado en la plaza mayor por los hermanos Morales, sirvió de detonante para la instalación de la Junta Suprema. En cuestión de tres meses, las principales ciudades del virreinato habían asumido, por sí mismas, la gestión de la soberanía en nombre del rey ausente. La rapidez de la secuencia y el paralelismo casi coreográfico entre cabildos que no habían coordinado previamente entre sí son la prueba retrospectiva más contundente de que el enganche atlántico había hecho su trabajo.

Esa memoria estuvo activa. Los sucesos de 1781 resonaron con fuerza en la crisis de 1794-1797 —la de los pasquines, la de Nariño, la de Gual y España— y en la de 1808-1810. Fueron recordados por gobernantes y pueblo a lo largo del período, aunque —curiosamente— tardarían más de un siglo en encontrar su primera gran historia: la publicación de Los comuneros de Manuel Briceño en Bogotá, en 1880. La memoria fue política antes que historiográfica.

Las autoridades coloniales, por su parte, cambiaron de tono. En los años 1780 habían promovido, con matices, la Ilustración científica en sus formas más asépticas: expediciones botánicas, cátedras, sociedades. En los 1790, tras la radicalización francesa y la revuelta de Saint-Domingue, empezaron a percibir las revoluciones norteamericana y francesa como fenómenos perturbadores. El proceso a Nariño y la vigilancia sobre el Caribe son las dos caras de ese giro represivo tardío. Pero el material humano ya estaba formado, los libros ya circulaban clandestinamente y el vocabulario ya había sido traducido. Cerrar la puerta en 1794 no servía para desandar lo hecho en las décadas anteriores.

En 1810, cuando los cabildos neogranadinos empezaron a formar juntas locales, no partían de cero ni improvisaban a partir de noticias europeas frescas. Actuaban desde una posición ya cargada: una élite criolla ilustrada, formada en los colegios y en la Expedición Botánica, con lecturas atlánticas familiares; una experiencia de agravio fiscal documentada y viva; un caso de mártir intelectual —Nariño— que había convertido la traducción de un texto en acto político; y un Caribe conectado con Venezuela, las Antillas y el norte por rutas que ni el estanco ni la Inquisición habían logrado cerrar.

Un nodo asimétrico, pero nodo

La pregunta que subyace a la categoría de Atlántico revolucionario es la de la simultaneidad. ¿Fueron las revoluciones atlánticas partes de un mismo proceso o episodios paralelos? El caso neogranadino sugiere una respuesta específica. La conexión fue real pero desigual. Real, porque los flujos materiales —esclavos, mercancías de contrabando, refugiados, impresos— y los flujos intelectuales —libros, traducciones, correspondencias— existieron en ambos sentidos. Desigual, porque la Nueva Granada participó del ciclo en una posición estructuralmente subordinada: recibía más de lo que emitía, reaccionaba más de lo que iniciaba, y su inserción atlántica se produjo con frecuencia a espaldas de los propios actores locales, por filtración antes que por diseño.

Eso no la disminuye. Un nodo no deja de serlo por ser periférico: los flujos pasaban por él, se transformaban en él y salían modificados. El Socorro de 1781, un episodio de reversión fiscal, salió de la Nueva Granada convertido —en el discurso de Miranda— en prueba de la vocación revolucionaria hispanoamericana. La Declaración de los Derechos del Hombre entró como libro francés en el gabinete del virrey y salió como imprenta clandestina santafereña, con toda la generación ilustrada implicada en el proceso. Las noticias de Gual y España llegaron a Cartagena en un mes y quedaron, aunque las autoridades reprimieran, sedimentadas en las conversaciones del puerto.

Cuando en julio de 1810 los criollos neogranadinos dieron el paso hacia las juntas, no inventaron un vocabulario nuevo ni descubrieron de repente que existía un mundo atlántico. Actualizaron, para un momento propicio, un enganche que llevaba treinta y cuatro años tejiéndose en silencio, con arrestos, contrabando, tertulias y traducciones. La conexión atlántica de la Nueva Granada del período pre-independiente no fue una etiqueta impuesta desde fuera: fue la trama efectiva —imperfecta, filtrada, a veces involuntaria— que hizo posible que, cuando la monarquía cayó, un virreinato aparentemente remoto tuviera ya listos los argumentos, las redes y la memoria para responder.