Juan Bautista Picornell y Gomila

Un pedagogo mallorquín en la Corte

Picornell nació en 1759 en el seno de una familia catalana de las Baleares, en un momento en que la Ilustración española empezaba a filtrarse por las periferias del reino. Se formó dentro del clima intelectual del reinado de Carlos III, esa generación peninsular que compartía con la naciente intelligentsia criolla neogranadina un mismo repertorio de entusiasmos: rechazo a la escolástica, fe en la ciencia moderna, confianza en la educación como palanca de transformación social, crítica a los prejuicios heredados. La atmósfera de Feijóo y Jovellanos, la desamortización incipiente, el ataque a los mayorazgos y a las estructuras feudales de tenencia de la tierra marcaron su horizonte. Picornell no era un excéntrico en el paisaje ilustrado español: era un producto típico de él.

Ese origen importa para entender lo que vino después. Su radicalización no fue un accidente biográfico ni una excentricidad mallorquina, sino la trayectoria posible de un pedagogo peninsular expuesto, en la última década del siglo, a las noticias que llegaban de París. Los sucesos de 1789 —la caída del absolutismo, la Declaración de agosto, la reconfiguración radical del vocabulario político— actuaron sobre él como sobre miles de españoles ilustrados: unos se replegaron al reformismo prudente; otros, entre ellos Picornell, cruzaron la línea que separaba la crítica ilustrada del proyecto republicano. Para 1795 era ya, sin ambages, un acérrimo partidario de la Revolución francesa. Enseñaba, discutía, redactaba proyectos pedagógicos, frecuentaba tertulias donde la palabra ciudadano empezaba a usarse sin la cautela que exigía el reformismo palaciego. Era, en la topografía política del Madrid de Godoy, uno de esos hombres a los que la policía ya empezaba a mirar con desconfianza aunque todavía no supiera exactamente qué reprocharles.

La Conspiración de San Blas y el destierro

La primera acción política documentada de Picornell fue también su primer fracaso mayúsculo: la conjura de febrero de 1795, conocida como Conspiración de San Blas por la fecha del santoral en que debía estallar en Madrid. El proyecto era ambicioso hasta el vértigo: derribar a Carlos IV y a Manuel Godoy, abolir la monarquía, instaurar una república. Junto con Picornell participaron, entre otros, Sebastián Andrés, Manuel Cortés Campomanes, José Lax y Bernardo Garasa —un puñado de conspiradores ilustrados que subestimaron la maquinaria represiva del reformismo borbónico tardío. La conspiración fue descubierta antes de estallar. Los cabecillas fueron detenidos, procesados y condenados a muerte.

La sentencia se conmutó. Picornell y sus compañeros no subieron al patíbulo; fueron enviados al presidio de La Guaira, en la costa venezolana, con la esperanza de que el destierro en un rincón lejano del imperio silenciara para siempre a un grupo de agitadores peninsulares. La decisión fue, vista en perspectiva, uno de los errores estratégicos más costosos de la Corona en el siglo XVIII. La Corte no depositaba a un molesto republicano en el olvido: lo estaba trasladando, con pasaje pagado, al lugar exacto donde su ideario encontraría el terreno más receptivo del imperio.

La Guaira y el encuentro con Gual y España

Picornell llegó a La Guaira en algún momento de 1796 y fue confinado, junto con Cortés Campomanes, Andrés y Lax, en las fortificaciones del puerto. La reclusión, sin embargo, no fue hermética. La Guaira era el nervio marítimo de Venezuela, ciudad de traficantes, contrabandistas, oficiales criollos, esclavos, pardos libres, viajeros; el aislamiento del preso peninsular fue imposible. Los conspiradores españoles establecieron pronto contacto con dos figuras venezolanas descontentas con el orden colonial: Manuel Gual, oficial retirado de las milicias con acceso a redes militares, y José María España, hacendado y teniente de justicia de Macuto con influencia local. Entre ellos —el pedagogo peninsular republicano y los dos criollos con capital social y territorial— se cocinó, entre finales de 1796 y mediados de 1797, la conspiración más doctrinariamente radical del preindependentismo hispanoamericano.

La caracterización de Picornell como inspiración ideológica de Gual y España debe manejarse con cuidado. Atribuirle la autoría exclusiva del programa es forzar el expediente: las Ordenanzas son producto colectivo, y el alcance exacto de su ascendiente sobre los conspiradores venezolanos admite discusión. Lo que sí puede afirmarse es que Picornell aportó lo que a Gual y España les faltaba: un vocabulario doctrinal formado, contacto directo con los textos fundacionales de la Revolución francesa, experiencia práctica —aunque fallida— en la conjura republicana, y una convicción articulada sobre la relación entre libertad política e igualdad racial. Los criollos aportaron la red local, el conocimiento del terreno, la legitimidad social. La mezcla produjo un documento sin precedente en el continente.

El programa de 1797: igualdad racial como fundamento republicano

Lo que distingue a la Conspiración de Gual y España de los motines criollos previos no es su republicanismo abstracto —eso ya circulaba— sino la formulación explícita de la cuestión racial como fundamento de la nueva república. Las Ordenanzas establecían textualmente la igualdad natural entre todos los habitantes y exhortaban a que entre blancos, indios, pardos y morenos reinara la mayor armonía, mirándose como hermanos en Jesucristo iguales ante Dios, distinguiéndose solo por mérito y virtud. La formulación es más audaz de lo que un lector actual, familiarizado con la retórica igualitaria contemporánea, alcanza a percibir de inmediato: en la Venezuela de 1797, donde el sistema de castas estructuraba cada aspecto de la vida social y donde el terror a una guerra de razas al estilo de Saint Domingue paralizaba a las élites criollas, proponer la fraternidad entre las cuatro categorías raciales del régimen colonial era, literalmente, proponer la disolución del orden.

Picornell fundamentó doctrinariamente esa posición con un argumento cuya nervadura se conserva. Las distinciones odiosas y antinaturales entre razas no eran hechos naturales ni herencia legítima, sino artificios políticos: habían sido introducidas por los reyes despóticos españoles con el propósito de mantener a los americanos esclavizados. Superarlas no era, por tanto, un lujo humanitario, sino la condición misma de la libertad. La unión perfecta entre blancos, indios, pardos y negros no era un ideal complementario del programa republicano: era su premisa. Sólo los vicios de los americanos, decía, se interponían entre ellos y su emancipación.

La bandera proyectada para la nueva república traducía ese ideario en símbolo. Cuatro colores, uno por cada componente racial de la sociedad americana. El blanco correspondía a los blancos; el azul, a los negros; el amarillo, a los mulatos. El cuarto color se asociaba, con toda probabilidad, a los indios. Lo relevante no es la cromática exacta sino la operación conceptual: convertir la diversidad racial de la colonia, hasta entonces jerarquía y estigma, en fundamento visible de la ciudadanía republicana. Ninguna bandera continental anterior había hecho ese gesto. Ninguna posterior lo repetiría.

Aquí conviene detenerse. El programa racial de 1797 no puede leerse como mera importación del jacobinismo francés. La Declaración de agosto de 1789 no había pensado en las cuatro castas americanas; el republicanismo europeo carecía de un vocabulario específico para la sociedad de castas colonial. Lo que hicieron Picornell, Gual y España fue traducir el igualitarismo ilustrado a una gramática racial autóctona, y en esa traducción produjeron algo que sus fuentes no contenían. La radicalidad del programa desborda a Picornell mismo: es plausible que la insistencia en la especificidad racial provenga tanto de los venezolanos —para quienes esa era la textura visible de la sociedad— como del peninsular. Sea cual sea la atribución exacta, el resultado es un documento que anticipa debates que la independencia formal, quince años después, no logrará resolver. Y que, en muchos aspectos, sigue sin resolver dos siglos más tarde.

Los Derechos del Hombre por vía caribeña

La conspiración fue descubierta a mediados de 1797, antes de estallar. Una delación permitió al capitán general Pedro Carbonell desmontarla; hubo detenciones masivas, procesos, condenas. Gual y Picornell, sin embargo, lograron escapar. Cruzaron a las Antillas —a Trinidad, entonces bajo control británico, y de allí a otras islas del Caribe—, y fue en ese desplazamiento donde Picornell ejecutó lo que constituye probablemente su contribución más duradera al preindependentismo continental: la traducción, impresión y difusión de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

La operación tuvo lugar en Guadalupe, isla francesa que vivía entonces el pulso revolucionario en el Caribe. Allí Picornell imprimió su versión castellana de la Declaración, acompañada de un discurso preliminar a los americanos del que se conservan fragmentos y cuya orientación era inequívoca: convocar a los habitantes del continente a asumir como propios los derechos que la Revolución francesa había proclamado universales. Los impresos fueron enviados como propaganda a la costa de Venezuela.

La difusión no se detuvo allí. Dado el estrecho contacto marítimo entre los puertos venezolanos y Cartagena de Indias —atestiguado por el hecho de que las noticias de la propia conspiración de Gual y España llegaron a la ciudad neogranadina en menos de un mes tras su descubrimiento, transportadas por un simple barco mercante—, los impresos picornellianos alcanzaron con toda probabilidad las costas de la Nueva Granada. Ciertas coincidencias léxicas entre las Ordenanzas de 1797 y las instrucciones electorales de Cartagena de 1810 no parecen casuales, aunque tampoco pueden demostrarse como filiación directa.

Conviene, sin embargo, no exagerar la centralidad picornelliana. Antonio Nariño, en Santafé de Bogotá, había impreso su propia versión castellana de la Declaración en su Imprenta Patriótica hacia finales de 1793 o los primeros meses de 1794, a partir de una fuente distinta. La traducción neogranadina precede en al menos tres años a la de Picornell. Los Derechos del Hombre no llegaron a Hispanoamérica por un único conducto ni gracias a un único mediador: circulaban por múltiples vías, en versiones paralelas e independientes, en un momento en que el clima intelectual atlántico multiplicaba los canales. Nariño imprimió y distribuyó entre conocidos en Bogotá y pagó por ello con diez años de cárcel, extrañamiento perpetuo de América y confiscación de bienes; Picornell operó a escala continental desde la periferia insular. Dos estrategias distintas ante un mismo texto, ambas configuradoras del paisaje ideológico previo a 1810, ambas más eficaces a largo plazo de lo que sus autores pudieron sospechar en su fracaso inmediato.

Estructura y coyuntura: por qué 1797 en Venezuela

La conjura fue posible por una combinación de factores estructurales que el destierro fortuito del mallorquín no habría bastado, por sí solo, para activar.

Las reformas borbónicas habían generado, a lo largo del último tercio del siglo XVIII, un malestar creciente entre las élites criollas. El aumento sistemático del número de peninsulares en los principales cargos de gobierno y mando militar desplazaba a los americanos de los puestos que consideraban suyos por derecho de arraigo. La presión fiscal sobre las colonias, la reorganización administrativa y las restricciones comerciales generaban humillación entre los sectores letrados y malestar en los populares. La rebelión de los Comuneros de 1781 en la Nueva Granada había mostrado el potencial explosivo de esas tensiones; la crisis de 1794-1797, dentro de la cual se inscribe la conspiración venezolana, era su réplica.

La Ilustración misma, patrocinada por la Corona a través de expediciones científicas, sociedades económicas y universidades, había producido una paradoja: la formación que legitimaba a los criollos ante el imperio les daba también las herramientas conceptuales para cuestionarlo. El ilustrado podía ser leal reformista o republicano encubierto según por dónde tirara el hilo.

En el caso venezolano, la tensión racial estaba además en un pico histórico. En 1795, dos años antes de la conspiración, una gran revuelta de esclavos había sacudido la región de Coro, inspirada, según las autoridades coloniales, en la ley de los franceses. El fantasma de Saint Domingue —donde la revolución negra había convertido a la colonia francesa más rica del Caribe en un estado insurgente— aterraba a los propietarios blancos venezolanos. En ese contexto, formular un programa de fraternidad interracial como el de 1797 era simultáneamente audaz —porque desafiaba el orden de castas— y peligroso —porque podía leerse como una invitación a la guerra racial que las élites criollas más temían.

Y la Revolución francesa proporcionaba el lenguaje. Su impacto emocional e ideológico sobre los criollos suramericanos fue muy superior al de la independencia norteamericana, cuyas noticias eran menos difundidas y cuyo carácter, más prosaico, sonaba menos incendiario. París ofrecía la promesa de una ruptura radical con el Antiguo Régimen; Filadelfia, en cambio, sonaba a arreglo pragmático.

Picornell no creó ninguna de estas condiciones. Las encontró alineadas y supo actuar sobre ellas con un vocabulario formado. Su singularidad no está en la originalidad del mensaje —el jacobinismo era un producto europeo bien establecido para 1795— sino en la capacidad de adaptarlo, imprimirlo y enviarlo a costas americanas en el momento en que la tensión colonial lo hacía explosivo. Fue el detonador contingente de una carga que el propio sistema colonial había acumulado durante décadas.

La red atlántica: Picornell entre precursores

La figura de Picornell adquiere su tamaño real cuando se la sitúa en la red atlántica de precursores en la que se inscribe. Francisco de Miranda —el gran precursor venezolano— venía desde comienzos de la década de 1780 tejiendo una trama internacional de apoyos a la independencia hispanoamericana. Había comenzado a mudar sus intenciones originales de reconciliación con la Corona hacia el proyecto emancipador durante su estancia en Estados Unidos entre 1783 y 1784, pasado por Filadelfia y otras ciudades, viajado a Inglaterra en 1785 en busca de apoyos que entonces no encontró, y continuado su periplo por Europa. Miranda representaba una estrategia distinta a la de Picornell: la gestión diplomática de la independencia con apoyo de potencias extranjeras, culminando años después en las expediciones militares que organizaría desde las Antillas contra Venezuela, con el respaldo del gobernador británico de Trinidad. En una de ellas logró desembarcar en Coro con once buques y trescientos hombres, e izó por primera vez la bandera tricolor que después sería símbolo nacional venezolano; a los diez días se retiró sin encontrar apoyo local.

Miranda y Picornell no compartieron ni método ni estilo. El caraqueño era el hombre de las cortes, los generales y las expediciones armadas; el mallorquín, el hombre de la imprenta, la traducción y la conspiración civil. Ambos operaban dentro del mismo espacio atlántico y respondían a la misma percepción: que la independencia hispanoamericana requería nutrirse de recursos ideológicos y materiales externos, y que el Caribe insular —Trinidad, Guadalupe, Curazao, Santo Domingo— era el corredor logístico natural para esa operación. Los dos, por lo demás, terminaron sus vidas lejos del suelo que habían querido liberar: Miranda en una celda gaditana, Picornell en Cuba, todavía colonia. La geografía de sus muertes marca los límites de la generación precursora.

En Caracas mismo, otro personaje —Simón Rodríguez, futuro maestro de Bolívar— había estado en contacto con el círculo de la conspiración de 1797 y debió abandonar Venezuela tras su descubrimiento. La red no era una organización formal; era un tejido de individuos que se conocían, se leían, se cruzaban en Trinidad o en Londres, y cuyas ideas migraban con ellos. Picornell fue uno de los nodos de ese tejido, no su centro. Ninguna red revolucionaria tuvo centro; ahí radica la razón de su resiliencia.

Los años oscuros: entre la clandestinidad y el pardo

Tras la fuga de La Guaira en 1797, la biografía de Picornell entra en una zona de menor densidad documental. Se movió entre Guadalupe, Curazao, Trinidad y Santo Domingo durante los años finales del siglo XVIII y los primeros del XIX, siempre al filo de las jurisdicciones y aprovechando la porosidad del Caribe insular. Allí donde una potencia perdía una isla, ganaba otra; allí donde un gobernador se mostraba complaciente con los prófugos hispanoamericanos, otro los reclamaba a las autoridades españolas. El desterrado se movía en ese tablero cambiante como un profesional del exilio, aprovechando las guerras entre imperios para prolongar su margen de acción.

Su actividad publicística continuó, aunque con intermitencias y bajo condiciones difíciles de reconstruir en detalle. Circulan noticias de folletos, correspondencias y proyectos que nunca cuajaron en imprenta estable. La vida de Picornell en esos años tuvo más de agente clandestino que de intelectual con taller propio: escribía en tránsito, imprimía cuando podía, apostaba por que los papeles cruzaran mares en las bolsas de marineros y mercachifles anónimos.

Y en algún momento —el giro más desconcertante de su trayectoria— logró reconciliarse formalmente con las autoridades españolas y regresar al ámbito imperial. La reconciliación coincidió con la crisis imperial de 1808, cuando las categorías políticas se desordenaron de golpe. La captura napoleónica de la familia real en Bayona, la instalación de José Bonaparte, el vacío de poder, las juntas peninsulares y americanas alteraban el sentido mismo de ser republicano o monárquico. Muchos que habían conspirado contra Carlos IV se encontraron, diez años después, colaborando con las Cortes de Cádiz o con proyectos constitucionalistas dentro del marco imperial. La palabra libertad había cambiado tantas veces de dueño entre 1789 y 1810 que era difícil saber, sin mirar el calendario, contra qué se estaba conspirando cada mañana.

Picornell reaparece en la escena pública durante los años convulsos de la independencia venezolana temprana, en Caracas y en otras ciudades, en posiciones no siempre coherentes con su trayectoria previa. Esta fase se presta a lecturas divergentes: para unos hay oportunismo tardío; para otros, la adaptación pragmática de un ilustrado envejecido a un tablero político irreconocible; para otros más, un genuino replanteamiento intelectual ante la evidencia de que la independencia americana avanzaba por caminos —los de Bolívar, los de las juntas criollas— distintos de los que él había imaginado en 1795. La coherencia biográfica, después de todo, es una virtud póstuma que los conspiradores rara vez tienen el privilegio de cultivar en vida.

Sus últimos años transcurrieron en Cuba, la última gran pieza del imperio español en América continental y caribeña que se mantendría fiel a Madrid hasta 1898. La elección del refugio —o su imposición, dado que las alternativas para un antiguo agitador reconciliado eran escasas— tiene una ironía amarga: quien había impreso los Derechos del Hombre para difundirlos en tierra firme terminó sus días bajo la administración colonial de la única gran isla hispanoamericana en la que ese ideario tardaría casi un siglo más en cuajar en emancipación. Picornell murió en San Carlos en 1825. Para entonces, la independencia continental era un hecho consumado: Bolívar había liberado Venezuela y la Nueva Granada, la Gran Colombia existía, la batalla de Ayacucho acababa de sellar el fin del imperio español en América del Sur.

Murió, pues, sin ver que el continente en el que había apostado se convirtiera en el proyecto que había imaginado —ninguna república hispanoamericana adoptó su bandera de cuatro colores, ninguna resolvió la cuestión racial en los términos de las Ordenanzas de 1797—, pero también sin la humillación de haber sido irrelevante. Miranda, en cambio, había muerto prisionero de los españoles en la cárcel de La Carraca, frente a Cádiz, entregado por el propio Bolívar tras la caída de la Primera República Venezolana. Los destinos de los precursores admiten variaciones sombrías.

La huella: un precursor entre precursores

¿Cómo pesa Picornell en la historia de Colombia y de Hispanoamérica? Hay que resistir dos tentaciones simétricas: la hagiografía —convertirlo en padre fundador de un ideario que tenía múltiples paternidades— y la desestimación —reducirlo a agitador peninsular fracasado cuyo verdadero legado se apropiaron los criollos.

Su contribución concreta y datable es triple. Primero, la traducción y impresión de los Derechos del Hombre en Guadalupe, con un discurso preliminar a los americanos que hizo del texto revolucionario francés un llamado explícito al continente. Segundo, la articulación doctrinal de la Conspiración de Gual y España, donde su vocabulario republicano se combinó con las urgencias criollas para producir el programa racial más audaz del preindependentismo. Tercero, la circulación caribeña de esos materiales, que se suma a la circulación paralela de la traducción de Nariño en el interior neogranadino para configurar el sustrato ideológico previo a 1810.

Su limitación es igualmente clara. Ninguna de las repúblicas independientes surgidas después de 1810 adoptó el programa de igualdad racial de 1797. Bolívar y los libertadores encontraron formas más ambiguas —a veces retóricamente radicales, a veces socialmente conservadoras— de manejar la cuestión de las castas. La abolición de la esclavitud se demoró décadas en la mayoría de los nuevos estados. La bandera de cuatro colores no fue enarbolada por ninguna república. Picornell perdió: su ideario más original quedó como potencia no realizada, como camino no tomado.

Y sin embargo, por esa misma razón, su figura conserva una actualidad extraña. Cada vez que la historiografía revisa los debates raciales de la independencia, cada vez que se pregunta por las promesas incumplidas del siglo XIX americano, cada vez que se rastrean los orígenes del pensamiento igualitario en el continente, las Ordenanzas de 1797 y el nombre de Picornell reaparecen. No como el del prócer que triunfó, sino como el del precursor que formuló, en un rincón conspirativo de La Guaira, un programa que la independencia formal no supo o no quiso realizar.

Que un español, exiliado por conspirar contra su propia monarquía, atribuyera las odiosas distinciones raciales al despotismo de los reyes españoles y llamara a la unidad entre todos los grupos raciales de América obliga a corregir una simetría cómoda: la crítica al orden colonial no fue nunca un discurso exclusivamente americano frente a un españolismo compacto. La Ilustración radical española produjo también republicanos que veían en la fraternidad de los pueblos americanos —y no en la lealtad al trono— el desenlace lógico de sus premisas. Picornell fue uno de ellos, quizá el más consecuente. Su vida es, entre otras cosas, el recordatorio de que las líneas ideológicas de la independencia no coincidieron exactamente con las fronteras geográficas del imperio. La Revolución francesa no llegó a América sólo con acento francés; llegó también con acento mallorquín, y por vía de Guadalupe.