San Carlos

El municipio y su territorio

San Carlos pertenece a la subregión del Oriente antioqueño, dividida en cuatro zonas —altiplano, embalses, páramo y bosques— que la geografía y la política agrupan alrededor de Medellín, cuya cercanía facilita la extensión de actividades económicas y de procesos de urbanización sobre la región. Dentro del Oriente, San Carlos integra la zona de embalses junto con San Rafael, El Peñol, Guatapé, Granada, Concepción y Alejandría: un cinturón de municipios de aguas altas y pendientes fuertes que la geografía preparó, sin saberlo, para convertirse en el corazón hidroeléctrico del país.

La economía tradicional fue agraria y modesta: café, panela, papa, fríjol, maíz, frutales y ganadería de leche, esta última asociada sobre todo a la zona del Jordán, el corregimiento oriental del municipio. Sobre esa base productiva se levantó una estructura de tenencia caracterizada por el predominio de la pequeña y mediana propiedad, rasgo compartido con buena parte del Oriente antioqueño y decisivo para lo que vendría después: cuando llegaron las hidroeléctricas, había una comunidad de propietarios pequeños, no un latifundio, y ese detalle explica el tipo de conflicto que se abrió. La zona rural mantenía, sin embargo, niveles mínimos de desarrollo vial y de servicios, condición común a los territorios de ladera antioqueños donde el Estado llegó tarde y siempre a medias.

La colonización de estas tierras frías y templadas del centro de Antioquia no fue improvisada. El Estado y la Iglesia estructuraron y normalizaron el poblamiento conforme a los ideales de la élite regional antioqueña, en contraste con las zonas periféricas y cálidas donde la colonización siguió otras lógicas. La historiadora Diana Henao ha señalado el papel normalizador de la Iglesia en esta franja del departamento, papel que en San Carlos se manifestaría más tarde en la vida política y en el propio Movimiento Cívico. El comercio y los servicios representan hoy alrededor del 26% de los ingresos recaudados por el municipio, una economía complementaria a la agraria que sostiene la vida en la cabecera.

Ese mapa social —campesinos propietarios, agricultura de ladera, presencia estructuradora de la Iglesia, débil infraestructura rural, cercanía relativa a Medellín— era el San Carlos que iba a recibir, en las décadas siguientes, una de las intervenciones territoriales más profundas que un municipio colombiano ha experimentado en el siglo XX.

Los orígenes y el siglo de la violencia previa

San Carlos fue fundado en la última etapa colonial y creció, como tantos pueblos del Oriente antioqueño, alrededor del cultivo del café y del maíz, con corregimientos que replicaban el patrón: cabecera parroquial en torno a la plaza, veredas dispersas por las cuencas de los ríos Samaná Norte y Guatapé, corregimientos como El Jordán y Puerto Garza asomándose hacia el Magdalena Medio. La articulación con el resto del país fue durante mucho tiempo débil: caminos de herradura, el arriero y una economía de subsistencia con excedentes modestos definieron la vida cotidiana hasta bien entrado el siglo XX.

La primera gran fractura documentada de la sociedad sancarlitana no la trajo el desarrollo, sino la Violencia bipartidista de los años cincuenta. El corregimiento del Jordán, en la parte oriental del municipio, fue especialmente golpeado por grupos bandoleros durante ese período. Familias enteras abandonaron sus propiedades y emigraron hacia Puerto Berrío, Puerto Nare y Puerto Boyacá, en dirección al Magdalena Medio. Ese primer desplazamiento —menos recordado que el masivo de las décadas siguientes, pero decisivo para entender el temperamento del municipio— configuró una memoria territorial de expulsión y retorno, y dejó en la parte oriental zonas semivaciadas que luego serían corredores útiles para otras violencias.

Cuando pasó la Violencia y llegó el Frente Nacional, San Carlos volvió a la vida ordinaria del campesino cafetero de ladera. Las condiciones seguían siendo precarias, pero la pequeña propiedad se mantenía como norma y la organización comunitaria empezó a articularse, en toda la subregión, alrededor de las juntas de acción comunal, la parroquia y las cooperativas agrarias. Es en ese caldo cultural, y no en el vacío, donde se incuba la conciencia cívica que estallará poco después.

El Movimiento Cívico del Oriente antioqueño

Antes de que las grúas de las hidroeléctricas entraran a los cañones del Guatapé y del Samaná, el Oriente antioqueño ya se había movilizado. El origen del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño se remonta a las protestas de abril de 1969 y enero de 1970, que sumaron a campesinos, ganaderos, estudiantes, comerciantes, políticos locales, la Iglesia Católica, docentes y organizaciones comunitarias alrededor de una consigna que en las décadas siguientes se volvería premonitoria: la defensa del territorio.

Que el movimiento naciera antes del gran ciclo hidroeléctrico importa: San Carlos y sus municipios vecinos no fueron comunidades pasivas a las que la modernización sorprendió sin voz. Existía ya una tradición organizativa transversal, una red de liderazgos que agrupaba sectores enfrentados en otras regiones del país —ganaderos y campesinos, comerciantes y estudiantes, párrocos y organizaciones comunales— y que sabía convocar a la protesta pública. Esa condición previa iba a modelar tanto la resistencia frente a las obras como, tres décadas más tarde, la resistencia frente a los actores armados.

El movimiento sería fuertemente reprimido durante las décadas de 1980, 1990 y comienzos de los 2000. La represión no es un dato menor: significa que la vía cívica de tramitación de conflictos —la que habría podido negociar tarifas, compensaciones, empleo local, uso del suelo— fue clausurada por la violencia, dejando a los pobladores frente a una infraestructura decidida en Medellín y en Bogotá sin interlocución legítima que la mediara.

El ciclo hidroeléctrico: 1970-1988

La transformación mayor de San Carlos ocurrió entre las décadas de 1970 y 1980, cuando se construyeron las centrales que hoy definen su papel en la matriz energética nacional. Los ríos Samaná Norte, Guatapé y sus afluentes fueron represados para conformar los embalses de San Carlos, Punchiná, Playas y Calderas. La central de Calderas se ubicó en la cuenca de la quebrada La Arenosa, entre Granada y San Carlos; la central de San Carlos, la más grande, en cercanías del corregimiento de El Jordán. En la década del ochenta se levantaban simultáneamente las grandes hidroeléctricas del Oriente antioqueño, y entre 1986 y 1988 entraron a operar las centrales de San Carlos, Jaguas y Playas —las dos últimas en jurisdicción del municipio vecino de San Rafael—.

La central de San Carlos, con sus 1.240 megavatios distribuidos en ocho unidades de 155 MW cada una, y con infraestructura para dos unidades adicionales, se consolidó como la de mayor capacidad de generación del país. Detrás de esa cifra hay una intervención territorial de escala inédita para el municipio. Un estudio de ISA de 1994 documenta que durante la fase de construcción llegaron unos 3.350 trabajadores a San Carlos: un boom poblacional súbito para un municipio agrario de pequeñas propiedades, que multiplicó la demanda de vivienda, servicios, comercio y transporte, y que trajo consigo la lógica de campamento de obra —transitoria, masculina, monetizada— sobre un tejido comunitario que no la conocía.

Las consecuencias de largo plazo fueron más graves que el boom mismo. Cambiaron los usos del suelo: donde había cultivos, quedaron espejos de agua; donde había veredas, quedaron zonas de exclusión; donde había fincas familiares, se produjo concentración de la propiedad en ciertas zonas del municipio, alterando el patrón histórico de pequeña y mediana tenencia. La gran inversión de recursos, y sobre todo el flujo de población que atrajo, alteraron sensiblemente la dinámica territorial tradicional de las zonas aledañas al Magdalena Medio y al Nordeste antioqueño, cambiando los referentes territoriales de comunidades enteras.

Cuando terminaron las obras, hacia finales de los ochenta, vino la caída abrupta del empleo. Los 3.350 trabajadores no se quedaron: la fase de operación de una hidroeléctrica requiere una fracción mínima del personal de construcción. Y con la caída del empleo llegaron las luchas reivindicativas: campesinos propietarios afectados por las obras, jornaleros con reducidas opciones de trabajo agrario, mineros desplazados de sus lugares de laboreo. Ese conjunto de descontentos, canalizado en parte por el Movimiento Cívico ya existente, tensó la relación entre el municipio y las empresas eléctricas, y entre el municipio y el Estado central, que había obtenido la energía y dejado, a cambio, la doble herida del suelo transformado y la economía descolgada.

La reconfiguración del territorio

Vale detenerse en lo que la infraestructura hidroeléctrica dejó en el paisaje humano de San Carlos, porque explica lo que vendría. El municipio quedó atravesado por embalses, canales, túneles, líneas de transmisión de alta tensión, casas de máquinas subterráneas y carreteras de servicio. En términos de ordenamiento, se convirtió en un territorio de infraestructura estratégica nacional: quien controlara sus corredores, controlaba fracciones del sistema eléctrico colombiano. Ese hecho geopolítico, invisible en la vida cotidiana del campesino de la vereda La Hondita o del corregimiento El Jordán, sería fundamental para explicar por qué los actores armados irrumpieron aquí con tanta violencia.

Al mismo tiempo, la estructura agraria previa se había resquebrajado. La concentración de la propiedad en ciertas zonas convivía con veredas de pequeña tenencia, y la economía cafetera y panelera coexistía con una nueva presencia asalariada e institucional —las empresas del sector eléctrico, sus contratistas, sus empleados—. El resultado fue una sociedad más fragmentada y desigual que la de treinta años atrás, con un movimiento cívico reprimido, sin canales de negociación política eficaces, y con corredores estratégicos hacia el Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño.

Sobre esa configuración iba a caer la violencia de los años noventa y dos mil. No es que las hidroeléctricas hayan producido el conflicto armado colombiano —el conflicto tenía sus propias dinámicas nacionales y regionales—, pero sí prepararon en San Carlos un terreno en el que la llegada de los actores armados encontró tejido roto, comunidad sin interlocutores institucionales y un territorio cuya importancia estratégica multiplicaba el valor de controlarlo.

La entrada de los actores armados

Las FARC hicieron presencia temprana en la zona, aprovechando la geografía quebrada, la cercanía al Magdalena Medio y los corredores hacia el Nordeste antioqueño. El 12 de febrero de 1997, la guerrilla sitió el pueblo de San Carlos durante la madrugada. Al amanecer, sacaron de sus casas a Héctor Moreno y Líder Martelo, acusándolos de ser paramilitares, y los llevaron a las afueras del pueblo, donde fueron ejecutados. Hugo Seña, también buscado esa noche, alcanzó a escapar. La escena —el pueblo tomado en la madrugada, los nombres de las víctimas, la ejecución al filo del casco urbano— condensa la irrupción de la lógica de guerra abierta en la cotidianidad municipal.

La llegada del paramilitarismo al Oriente antioqueño se produjo hacia 1997, casi en paralelo. Los grupos comandados por Carlos Mauricio García Fernández, alias Doble Cero, operaron en el Oriente antioqueño y con particular saña en San Carlos, cometiendo masacres y asesinatos selectivos contra líderes políticos y sociales. Entre las víctimas figura Víctor Velázquez, líder del movimiento cívico, decapitado por los paramilitares; y también Rocío, otra líder local asesinada en la misma dinámica de exterminio de dirigencias comunitarias. Los cuerpos, en varios episodios, fueron cortados en pedazos: una violencia calculada para producir terror en la comunidad más allá del daño físico a la víctima.

El período de violencia más intensa se proyectó aproximadamente entre 2000 y 2006. En esos años, San Carlos y su vecina Granada quedaron atrapadas en una lógica de disputa entre guerrillas y paramilitares que asumió rasgos de violencia indiscriminada contra la población civil, en parte porque los paramilitares estigmatizaron veredas y corregimientos enteros como "santuarios guerrilleros". La violencia no fue solo un intercambio entre armados: se descargó sistemáticamente sobre pobladores desarmados, tomados como parte enemiga por el simple hecho de vivir en un territorio disputado.

Tres actores —guerrillas, paramilitares y agentes del Estado— convergieron en la victimización de la población durante décadas del conflicto. La combinación es decisiva para el juicio histórico: no hubo un solo victimario, no hubo una sola dirección de la violencia, y el Estado no operó como árbitro sino como parte. Ese hecho explica por qué el desplazamiento sancarlitano fue masivo, sostenido y difícil de detener por vías institucionales.

El éxodo

San Carlos se convirtió, entre 1998 y 2005, en uno de los casos más severos de desplazamiento forzado del conflicto armado colombiano. Veredas enteras quedaron vacías; corregimientos como El Jordán y Puerto Garza vieron partir a la mayoría de sus habitantes; la cabecera municipal, aun más protegida, se encogió. El informe San Carlos: memorias del éxodo en la guerra, publicado en 2011 por el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, documentó la magnitud del vaciamiento y las modalidades de victimización que lo produjeron: masacres, asesinatos selectivos, amenazas, reclutamiento forzado, siembra masiva de minas antipersona.

Ese informe ancló al municipio en la memoria pública nacional. Fue una decisión deliberada de la política de memoria colombiana escoger casos emblemáticos —San Carlos, El Salado, La Chinita, Bojayá— para reconstruir, a partir de ellos, la comprensión más amplia del conflicto. San Carlos entró en ese canon por la escala del desplazamiento y por algo más: por la existencia previa de una tradición organizativa que sobrevivió al horror y que hizo posible, después, una experiencia singular de retorno.

Durante los años más duros, la vida cotidiana del municipio se organizó alrededor de las estrategias de sobrevivencia: silencios calculados, rutas de escape hacia Medellín y hacia otros municipios del Oriente, familias que se separaban para dispersar el riesgo, tierras abandonadas en las que crecía primero el rastrojo y después, invisibles, los artefactos explosivos. La economía cafetera y ganadera se colapsó en zonas enteras. La escuela, la parroquia, la junta comunal perdieron miembros por asesinato o por partida forzada.

Resistencia civil y liderazgos

Aún en los años más oscuros, San Carlos mantuvo vestigios significativos —aunque no unánimes ni mayoritarios— de la tradición de organización y movilización que venía del Movimiento Cívico. Junto a El Tambo, en el Cauca, es citada como una de las comunidades donde con mayor probabilidad existen estos vestigios, y donde se tradujeron en actitudes de resistencia y desobediencia civil frente a los actores armados. La resistencia no fue heroísmo puro ni respuesta colectiva homogénea: fue la persistencia de núcleos de pobladores que rehusaron irse, que sostuvieron formas mínimas de vida comunitaria, que negaron a los armados el monopolio simbólico sobre el pueblo.

En esa historia se inscribe Pastora Mira García, sancarlitana que perdió a varios miembros de su familia por la violencia —padre, esposo, hijos, en distintas manos— y que en lugar de replegarse en el duelo se convirtió en promotora de una de las iniciativas más significativas y controversiales del proceso posterior: el Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, conocido como CARE. La biografía de Pastora Mira, con su acumulación casi imposible de pérdidas, se volvió referencia nacional del duelo convertido en acción pública.

Desminado humanitario

La violencia dejó en el suelo de San Carlos una herencia particularmente cruel: miles de minas antipersona y municiones sin explotar sembradas a lo largo de años de disputa. Cuando la intensidad del conflicto empezó a ceder, después de 2005, los pobladores enfrentaron un municipio literalmente minado, en el que retornar a la finca significaba arriesgar la vida.

La respuesta fue una Campaña Humanitaria de Acción contra Minas que reunió al gobierno departamental de Antioquia, a REDEPAZ, a la Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), al Comité Internacional de la Cruz Roja, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y al Llamamiento de Ginebra, entre otros actores. Fue una operación técnicamente compleja y políticamente cargada: el desminado suele ser tarea militar, y aquí se organizó como campaña humanitaria con participación activa de la comunidad.

Los pobladores participaron directamente en la localización de los artefactos. Luis Fernando Pamplona, líder del proceso de desminado, había identificado para 2007 unos 65 artefactos explosivos listos —muchos de ellos minas encostaladas, listas para ser sembradas—, todos señalados por habitantes que sabían dónde estaban porque habían aprendido, en años de vivir en riesgo, a leer el terreno. El pelotón de desminado humanitario, con ese apoyo comunitario, destruyó cientos de minas antipersona y de municiones sin explotar en el municipio. La cifra técnica importa menos que el hecho social: San Carlos recuperó su suelo pisable pieza por pieza, en un ejercicio que combinó experticia técnica externa con conocimiento local.

El CARE y la reconciliación difícil

La desmovilización paramilitar promovida por la Ley de Justicia y Paz, sancionada en 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, tuvo en San Carlos una traducción concreta y disruptiva: hombres que habían participado en la violencia contra el municipio regresaron a él, esta vez como civiles reintegrados, a compartir plaza, tienda y misa con las familias de sus víctimas.

Pastora Mira impulsó, frente a ese hecho, la creación del Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación. El CARE fue inaugurado con una actividad simbólica —"Siembra una planta, cultiva una vida"— que invitaba a la comunidad a transformar su relación con la guerra y con quienes la habían hecho. En el acto participaron algunos desmovilizados junto a la comunidad, y esa participación conjunta fue, a partes iguales, poderosa y controversial: para unos, condición necesaria de la convivencia posible; para otros, exceso moral, olvido de la deuda de justicia, imposición apresurada de la reconciliación.

La iniciativa evolucionó hacia una Mesa de Reconciliación pensada como espacio de diálogo entre desmovilizados llegados al municipio y comunidad. La Mesa, como el CARE, operaba sobre una premisa incómoda: que la recuperación del tejido social exigía tramitar la presencia del victimario reintegrado y no simplemente expulsarlo simbólicamente del espacio comunitario. No hubo consenso pleno sobre esa premisa —ni lo hay hoy—, y la controversia forma parte de la iniciativa misma: San Carlos ha convivido con la pregunta abierta sobre qué significa reconciliar cuando el Estado no ha garantizado ni verdad completa ni justicia plena, y cuando la deuda estructural de las hidroeléctricas sigue sin saldarse.

El retorno

Con la caída de la intensidad del conflicto y el avance del desminado, San Carlos comenzó, hacia finales de la primera década del siglo XXI, un proceso de retorno de población desplazada que la memoria pública ha convertido en referencia. Familias que llevaban años en Medellín, Rionegro o en los cascos urbanos de municipios vecinos volvieron a las veredas, encontraron casas caídas, potreros invadidos por rastrojo, límites de finca borrados por la maleza. El retorno no fue simple: exigió acompañamiento institucional, verificación de seguridad territorial, restitución de tierras, restablecimiento de servicios básicos, y una recomposición emocional que ninguna política pública sabe hacer del todo.

El retorno sancarlitano se distinguió, dentro del panorama nacional, por su magnitud relativa y por la calidad de su acompañamiento —comparado, por ejemplo, con casos como el de El Salado, donde la comunidad regresó en noviembre de 2001 pese a la persistencia del conflicto armado y al escaso acompañamiento estatal, y aún hoy carga las consecuencias de esa soledad—. En San Carlos, la conjunción de desminado humanitario, iniciativas de memoria, presencia institucional y organización comunitaria produjo un proceso más sostenido, aunque lejos de resolver la reparación integral.

Quedan pendientes profundos: la deuda energética con el municipio —la asimetría entre lo que San Carlos aporta al sistema eléctrico nacional y lo que recibe— sigue sin resolverse plenamente; la estructura agraria previa a las hidroeléctricas no se ha recompuesto; la memoria de las víctimas convive con la reintegración de victimarios; y la centralidad estratégica del territorio, la misma que atrajo a los armados, sigue siendo un factor de vulnerabilidad futura.

Huella y disputa

San Carlos figura hoy en la historia colombiana como un doble emblema. Es, en el mapa energético, el municipio de la central más grande del país: una infraestructura que sostiene, en buena parte, la electricidad de las ciudades colombianas. Y es, en el mapa de la memoria del conflicto, uno de los casos canónicos del desplazamiento forzado y del retorno, objeto de un informe propio del Grupo de Memoria Histórica y referencia obligada en la literatura sobre víctimas y reconciliación.

La lectura que ordena esas dos condiciones no es un accidente narrativo: son dos caras del mismo proceso. El modelo de desarrollo energético colombiano —planeado desde el centro, ejecutado con enorme inversión, orientado a la demanda urbana e industrial— transformó el territorio sancarlitano sin construir las condiciones sociales que hicieran soportable la transformación. Rompió la estructura de pequeña propiedad, atrajo y expulsó a miles de trabajadores en pocos años, concentró tierras, silenció con la represión al Movimiento Cívico que habría podido negociar el proceso, y entregó a los actores armados un territorio estratégico, fragmentado y sin interlocución institucional legítima. La violencia posterior tuvo autonomía —no la produjeron las hidroeléctricas—, pero encontró en San Carlos un terreno preparado para desangrarlo.

Esa lectura no cancela otras. La agencia de los pobladores —el Movimiento Cívico previo, la resistencia civil durante los años duros, la participación en el desminado, el liderazgo de figuras como Pastora Mira— demuestra que la comunidad no fue mero objeto de fuerzas estructurales, sino sujeto histórico que negoció, resistió y reconstruyó. Y la política de retorno y memoria, con toda su ambigüedad, ha producido una experiencia que otros municipios del país miran como referencia posible.

Queda, sin embargo, la pregunta incómoda que San Carlos formula al país entero: si un municipio puede aportar 1.240 megavatios al sistema eléctrico nacional y a la vez ser vaciado por la guerra sin que el Estado impida ni una cosa ni la otra, ¿qué modelo de desarrollo se está sosteniendo y a costa de qué territorios? La respuesta no está en el informe de memoria histórica ni en la Mesa de Reconciliación: está en la relación estructural entre el centro que decide y las periferias que producen, entre la energía que ilumina Medellín y las veredas que se apagaron para producirla. San Carlos, al ser al mismo tiempo proveedor energético y símbolo del éxodo, no es una anomalía: es un espejo.