Oriente antioqueño

Oriente antioqueño

El Oriente antioqueño se extiende al oriente de Medellín, entre el borde de la Cordillera Central y el descenso hacia el Magdalena Medio. En el último medio siglo se convirtió en la bisagra material del país: sus centrales alimentan de electricidad al sistema nacional, su autopista une a Medellín con Bogotá y su territorio fue el escenario, entre los años sesenta y los dos mil, de uno de los ciclos más intensos de movilización social, guerra y desplazamiento que ha vivido Colombia. Compuesto por veintitrés municipios agrupados en cuatro zonas —altiplano, embalses, páramo y bosques—, reúne en un mismo mapa el altiplano fresco y densamente poblado que rodea a Rionegro, los embalses del cañón medio, los páramos del sur y las selvas húmedas que caen hacia el río Magdalena. Su historia larga es la del poblamiento antioqueño hacia el sur y el oriente; su historia reciente, la de un territorio que pagó su valor estratégico con éxodo.

Un mapa en cuatro pisos

La primera clave para leer el Oriente es geográfica. La subregión se organiza en cuatro zonas que responden a pisos térmicos, vocaciones económicas y trayectorias históricas distintas. El altiplano —Marinilla, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, La Ceja, San Vicente, La Unión y Guarne— es el más próximo a Medellín y el más antiguamente integrado al desarrollo económico y cultural del departamento. La zona de embalses —San Carlos, San Rafael, El Peñol, Guatapé, Granada, Concepción y Alejandría— alberga el complejo hidroeléctrico que transformó al Oriente en la segunda mitad del siglo XX. El páramo —Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño— corresponde al extremo sur, de altitud fría y tradición conservadora. Los bosques —San Francisco, Cocorná y San Luis— descienden hacia el Magdalena Medio por selvas húmedas y accidentadas.

Sobre este mapa se superpone otra distinción, menos evidente en los atlas y más decisiva para entender el conflicto: la que separa un oriente cercano, incorporado al pulso económico y cultural de Antioquia desde el siglo XIX, de un oriente lejano que solo empezó a contar en la economía regional a partir de la década de 1960, con la construcción de las hidroeléctricas y la autopista Medellín-Bogotá. Granada pertenece a ese oriente lejano; también, en distinto grado, los municipios de embalses y bosques que quedan al otro lado del filo cordillerano. La cercanía a Medellín, que en el altiplano se tradujo en industria de flores, cerámica y agroindustria, en el oriente lejano llegó tarde, en forma de megaproyecto, y con una violencia que la infraestructura no supo mediar.

Colonos de Rionegro y Marinilla

El poblamiento colonial hunde sus raíces en el siglo XVI. Jerónimo Luis Tejelo descubrió el valle de Aburrá en 1541, el mismo año en que Jorge Robledo fundó la ciudad de Antioquia, trasladada seis años después por Gaspar de Rodas y transformada, con el tiempo, en la actual Santa Fe de Antioquia, capital de la provincia hasta 1830. Pero el peso demográfico del oriente colonial no vino de Santa Fe sino del ascenso de Rionegro y Marinilla como núcleos de una segunda ola de poblamiento, en el altiplano templado que se abre al oriente del valle de Aburrá.

Rionegro y Marinilla se consolidaron como cabeceras de partido a lo largo del siglo XVIII, hasta el punto de que a comienzos del XIX las circunscripciones electorales de la Provincia de Antioquia estuvieron ligadas a cuatro cabildos: Antioquia, Medellín, Rionegro y Marinilla. Ese cuadrilátero define la geografía del poder antioqueño temprano y ubica al Oriente en el centro, no en la periferia, del proyecto provincial.

Fue precisamente la presión demográfica sobre esas dos villas la que empujó la frontera de colonización hacia el sur. En 1789, vecinos de Rionegro y Marinilla declararon ante el gobernador que su "extrema pobreza en bienes materiales y la escasez de tierras" los había llevado a internarse en las montañas de Sonsón. Un memorial del 27 de agosto de ese mismo año consigna que colonos de ambas poblaciones se asentaron allí con el propósito de erigir una nueva población. De ese impulso salió Sonsón, y de Sonsón, en las décadas siguientes, la corriente colonizadora que descendería por la vertiente sur hasta el Cauca medio: la llamada colonización antioqueña tuvo en el Oriente uno de sus puntos de arranque, y no fue otra cosa que la salida al monte de hijos sin tierra del altiplano oriental.

Esa doble matriz —Rionegro y Marinilla como núcleos consolidados, Sonsón como frontera— explica por qué el altiplano oriental fue, durante todo el siglo XIX, una región densa, católica y conservadora, articulada a Medellín por caminos de arriería y por los circuitos del comercio interno; y por qué, en cambio, los municipios del descenso hacia el Magdalena permanecieron por siglo y medio más como territorio marginal, apenas rozado por la ganadería extensiva y la minería aluvial, sin caminos serios ni instituciones fuertes. El Partido Conservador conservó allí, en el altiplano y el páramo, una hegemonía política que perduraría bien entrado el siglo XX.

La bisagra hidroeléctrica

La transformación decisiva del Oriente no vino ni de la colonización decimonónica ni de la industrialización de Medellín, sino de una decisión de política pública tomada en los años sesenta: convertir sus cañones y sus ríos torrenciales en el corazón del sistema eléctrico nacional. En cuestión de dos décadas, entre 1960 y 1988, el Estado y las empresas de energía construyeron un complejo de centrales —Guatapé, San Carlos, Jaguas, Playas, Calderas— que reconfiguraron la geografía humana de la subregión. Al mismo tiempo, la autopista Medellín-Bogotá abrió la comunicación por tierra entre las dos ciudades mayores del país, cortando el Oriente por su mitad y dotándolo, por primera vez desde la Colonia, de un eje vial de carácter nacional.

El caso más visible es el del embalse del Peñol-Guatapé, que en los años setenta anegó buena parte del antiguo casco urbano de El Peñol y obligó a trasladar el pueblo. Las torres de la iglesia vieja quedaron bajo el agua, y con ellas una manera de habitar el valle que nunca volvería. En San Carlos entraron en operación entre 1986 y 1988 las centrales de San Carlos —la mayor del país en su momento— y en San Rafael las de Jaguas y Playas, alterando profundamente la dinámica territorial de una zona que hasta pocos años antes había vivido de la agricultura de subsistencia, la ganadería menor y la minería informal.

La construcción de las obras produjo un flujo masivo de población hacia la región: obreros, ingenieros, comerciantes ambulantes, arrendatarios que llegaban a los frentes de obra atraídos por jornales que triplicaban los del campo. Cambió el uso del suelo —tierras agrícolas fueron inundadas o expropiadas, otras se concentraron en pocas manos— y cambió la estructura ocupacional. La conexión a la autopista Medellín-Bogotá asignó, además, a municipios como San Rafael una importancia geoestratégica que hasta entonces no habían tenido: pasaron de ser trasladeros de arriería a ser nodos de un corredor logístico y energético de escala nacional.

Pero la bisagra tenía dos caras. Cuando entre 1986 y 1988 las centrales entraron a operar, la demanda de mano de obra colapsó. Los campesinos propietarios habían visto reducidos sus predios o alteradas sus fuentes de agua; los jornaleros perdieron el jornal de obra sin haber recuperado el jornal agrario; los mineros artesanales fueron desplazados de los ríos represados. La región produjo, casi de un día para otro, un excedente laboral que ni la agricultura tradicional ni la incipiente industria local podían absorber. Y ese excedente coincidió con la llegada, o el fortalecimiento, de actores armados que llevaban ya dos décadas asentándose en el territorio.

Los cívicos del Oriente

Antes de que la guerra ocupara la escena, el Oriente respondió a la irrupción de los megaproyectos con una de las movilizaciones sociales más significativas del país. En abril de 1969 y enero de 1970 estallaron protestas en varios municipios contra los términos de la construcción de las hidroeléctricas, las tarifas de energía y el desplazamiento provocado por las obras. Esas movilizaciones, que unieron a campesinos, ganaderos, estudiantes, comerciantes, políticos locales, docentes, organizaciones comunitarias y a una Iglesia Católica activa en la mediación, fueron el origen del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño.

Lo notable del movimiento fue su composición interclasista y su capacidad de sostener, durante las décadas de 1970 y 1980, una agenda regional propia: tarifas justas de energía para las comunidades que producían la electricidad, inversión pública en infraestructura social, defensa del territorio frente a las obras y reconocimiento político de la subregión como interlocutora. Fue una respuesta civil, autónoma, articulada, a un modelo de desarrollo que llegaba desde afuera. Y fue también, por eso mismo, blanco privilegiado de la represión.

A lo largo de los años ochenta y noventa, y bien entrados los dos mil, los liderazgos del Movimiento Cívico fueron sistemáticamente perseguidos, asesinados o desplazados. Esa represión —cuya autoría se repartió entre agentes del Estado, paramilitares y, en ocasiones, guerrillas que disputaban la representación popular— vació el espacio de la mediación política y dejó a las comunidades sin el instrumento que habían construido para negociar con el Estado y con las empresas. En el vacío entraron los fusiles.

La llegada de los fusiles

Los grupos guerrilleros —el ELN primero, las FARC después— comenzaron a asentarse en el Oriente lejano entre 1965 y 1977, período que coincide con el inicio de las obras hidroeléctricas y la construcción de la autopista. Su argumento de inserción combinaba dos elementos que el propio territorio ofrecía: el potencial económico de una región que empezaba a generar renta estratégica y los altísimos índices de pobreza que persistían en veredas y corregimientos con niveles mínimos de vías, servicios y acceso a derechos básicos. Granada, hoy municipio referente del oriente lejano, ilustra esa combinación: apenas incorporado a la economía regional en los años sesenta, arrastraba indicadores sociales muy bajos que las guerrillas utilizaron como bandera.

La llegada guerrillera se concentró en corregimientos, veredas y sectores cercanos a las cabeceras municipales de San Carlos y otros municipios de embalses y bosques. La geografía ayudaba: cañones profundos, selvas de niebla, caminos veredales sin control estatal. Pero la variable decisiva no fue la topografía sino el uso económico y político del territorio. La autopista Medellín-Bogotá fue leída por los propios grupos armados como una línea de comunicación estratégica que conectaba el Oriente antioqueño —área base de operaciones— con la Comuna 13 de Medellín, caracterizada como área de avanzada urbana. En ese esquema, las hidroeléctricas eran a la vez objetivo militar y objeto de extorsión, y la subregión entera funcionaba como retaguardia con salida a la capital y al Magdalena Medio.

Hay un dato cronológico que matiza cualquier explicación mecanicista. El Movimiento Cívico nació en 1969-1970, y las guerrillas empezaron a asentarse en la región desde 1965; las centrales, en cambio, entraron a operar entre 1986 y 1988. La movilización social y la inserción armada precedieron, entonces, a la puesta en marcha de las obras. Fueron la pobreza estructural del oriente lejano y la irrupción de los frentes de construcción sobre ese territorio empobrecido —no la operación de las plantas— lo que abrió el ciclo. Las hidroeléctricas, al concluirse, actuaron como acelerador y como premio: aceleraron el desempleo y la fractura social, y ofrecieron una renta que todos los actores armados quisieron capturar.

El desangre paramilitar

La irrupción paramilitar sistemática llegó en la segunda mitad de los años noventa y se intensificó en el cambio de siglo. Los grupos vinculados a las Autodefensas Unidas de Colombia, con figuras como Carlos Castaño Gil en la comandancia nacional y Ramón Isaza consolidado en el Magdalena Medio, disputaron a las guerrillas el control del corredor de la autopista, de las cabeceras municipales y de las veredas productivas. La disputa se libró, como en tantas otras regiones del país, sobre la población civil: masacres, asesinatos selectivos de líderes, desapariciones, órdenes de confinamiento, siembra de minas antipersonal.

Los propios métodos guerrilleros contribuyeron al desenlace. Los paros armados, los confinamientos y el minado de caminos veredales erosionaron los apoyos sociales que el ELN y las FARC habían construido en las décadas anteriores, y facilitaron el asentamiento paramilitar en zonas donde la población, exhausta, terminó por replegarse o por huir. San Carlos, Granada, Cocorná, San Francisco, San Luis, San Rafael y Argelia se convirtieron, entre finales de los noventa y mediados de los dos mil, en el epicentro de un desplazamiento forzado masivo. Municipios enteros quedaron reducidos a fracciones de su población anterior; veredas completas fueron abandonadas.

En el corregimiento de Aquitania, en San Rafael, aproximadamente la mitad de las veredas fueron desplazadas; una nota de prensa de 2003 estimó en al menos quinientas personas la magnitud del éxodo en ese solo corregimiento, y esa cifra fue presentada como conservadora frente a cálculos previos. En Granada, Cocorná y El Carmen de Viboral se registraron, entre 1997 y 2007, decenas de miles de desplazados y miles de hectáreas abandonadas. San Carlos y Granada aparecen, en los conteos de Acción Social, entre los once principales municipios expulsores de población desplazada que llegó a la Comuna 13 de Medellín, en un patrón que hizo de la capital antioqueña el segundo lugar del país en desplazamiento intraurbano acumulado entre 2000 y 2010.

El éxodo no fue solo una consecuencia colateral de la guerra: fue, en muchos casos, su objetivo. Se vació el territorio para controlarlo, para explotarlo, para castigar apoyos reales o presuntos, para acumular tierra. Como ocurrió en El Salado de los Montes de María, algunos cascos veredales del Oriente antioqueño quedaron abandonados el tiempo suficiente para que la vegetación invadiera las construcciones, y su repoblamiento posterior tuvo que hacerse casa por casa, monte adentro.

San Carlos y Granada

Dos municipios concentran, más que ningún otro, la memoria del ciclo. San Carlos, en el corazón de la zona de embalses, fue durante décadas el mayor generador de energía del país, y al mismo tiempo uno de los territorios más golpeados: perdió a más de la mitad de sus habitantes en los años del conflicto agudo, sufrió masacres, minado extensivo de caminos y disputa continua entre guerrillas y paramilitares. Granada, un poco más al norte, vivió su propia catástrofe: el casco urbano fue atacado con carro bomba por las FARC en diciembre de 2000, en un episodio que quedó grabado como uno de los más devastadores del conflicto urbano-rural en Antioquia, y sufrió luego incursiones paramilitares que consolidaron el vaciamiento.

Ambos municipios se convirtieron en casos emblemáticos del ciclo guerra-éxodo-retorno. Porque a la fase del vaciamiento siguió, desde mediados de los dos mil, una fase de retorno. Algunos regresos fueron voluntarios y comunitarios, apoyados por procesos organizativos locales, la Iglesia y una densa red de organizaciones no gubernamentales —cerca de doscientas se crearon en Antioquia en las décadas de 1980 y 1990, muchas orientadas a convivencia, derechos humanos y medio ambiente—. Otros retornos fueron acompañados por la fuerza pública, en operativos que buscaban a la vez repoblar el territorio y afirmar el control militar.

El regreso, sin embargo, no cerró la herida. No existe una política de mediano ni de largo plazo para la población desplazada dentro de las administraciones regionales: la respuesta se ha centrado en la entrega de tierras sin seguimiento efectivo a la viabilidad de los proyectos productivos, y los gobiernos locales tienden a priorizar a los pobres locales sobre los desplazados foráneos. La Ley 1448 de 2011 —de Víctimas y Restitución de Tierras— y los decretos étnicos han sido la herramienta principal, pero su implementación en el Oriente ha sido desigual. En el mapeo de 2014, grupos posdesmovilización de las AUC mantenían presencia activa en varias subregiones de Antioquia, y el Oriente no fue la excepción.

Hay, con todo, un dato que marca el cambio de fase. Durante el período abril 2006 - marzo 2016, el problema de minas antipersonal y remanentes explosivos de guerra —que había sido en los años más duros uno de los mayores tormentos del Oriente— se desconcentró de la subregión y se trasladó hacia el pacífico nariñense, en Tumaco, Samaniego y Ricaurte. El Oriente antioqueño, sin haber cerrado sus duelos, dejó de ser el epicentro nacional de esa forma particular de guerra.

Los liderazgos y su costo

La historia política del Oriente reciente no puede contarse sin los nombres de sus líderes cívicos. Ramón Emilio Arcila, Fidel Antonio Insuasty, Jorge Iván Cortés —y una larga lista que la memoria local guarda con precisión— representan las generaciones que sostuvieron el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño en los años de mayor peligro. Fueron alcaldes, concejales, presidentes de junta de acción comunal, maestros, párrocos, dirigentes campesinos. Muchos pagaron con la vida su tarea de mediación. Otros, con el exilio interno o el destierro forzado.

La densidad organizativa que estos liderazgos construyeron —articulada con la Diócesis local, con las asociaciones campesinas y con una tradición comunal fuerte— fue la variable que permitió que, cuando llegó la hora del retorno, existiera un tejido mínimo sobre el cual reconstruir. En pueblos como San Carlos, la memoria del éxodo se procesó colectivamente: se hicieron caminatas, se levantaron monumentos, se documentó casa por casa quiénes habían muerto y quiénes habían huido. En Granada, el Salón del Nunca Más se convirtió en referente nacional de memoria construida desde abajo. Esos gestos, humildes en apariencia, son el equivalente civil de las obras hidroeléctricas: infraestructura simbólica levantada por las comunidades para no repetir.

Un microcosmos del país

Es habitual leer al Oriente antioqueño como microcosmos del conflicto colombiano, y la comparación resiste el escrutinio. En un mismo territorio se combinaron todos los actores que definieron la guerra nacional —guerrillas del ELN y las FARC, grupos paramilitares vinculados a las AUC, fuerza pública—; todas las formas de violencia —masacres, desapariciones, minado, desplazamiento, confinamiento, reclutamiento—; y todas las variables estructurales —pobreza rural, integración económica tardía, megaproyectos sin redistribución, presencia estatal débil o parcial—. El campesinado fue, aquí como en el resto del país, la víctima mayoritaria.

El Oriente antioqueño encaja con precisión inquietante en una lectura territorial del conflicto: fue precisamente cuando el Estado y las empresas de energía integraron el oriente lejano —vía obras y vía carretera— cuando la guerra se instaló allí con toda su fuerza. No porque la infraestructura causara mecánicamente la violencia, sino porque llegó sobre un territorio empobrecido, sin capacidad de mediación, con un Estado incapaz de redistribuir la renta que ella producía y con actores armados dispuestos a capturarla.

Esa es, quizás, la lección más dura del Oriente. La distinción entre oriente cercano y oriente lejano muestra que el conflicto fue selectivamente más devastador donde la integración económica llegó tarde, abrupta y extractiva. En el altiplano —Rionegro, Marinilla, La Ceja, El Carmen de Viboral—, donde la incorporación al desarrollo antioqueño venía del siglo XIX, la violencia existió pero no vació los municipios. En los embalses, los bosques y buena parte del páramo, donde la modernización llegó de golpe en los años sesenta y sin acompañamiento institucional, el desangre fue masivo.

El Oriente que queda

Hoy, el Oriente antioqueño convive con dos tiempos superpuestos. En el altiplano cercano a Medellín se consolida una segunda urbanización, sostenida por el aeropuerto José María Córdova en Rionegro, por los parques industriales y las zonas francas, por la migración de clases medias medellinenses hacia La Ceja, El Retiro y El Carmen. La construcción de vivienda, el turismo de fin de semana en Guatapé, las flores de exportación y la agroindustria dibujan una prosperidad que convive, muro con muro, con las memorias del conflicto reciente.

En los embalses, los bosques y el sur del páramo, la reconstrucción avanza más despacio. Los municipios han recuperado población, algunos han vuelto a sus cifras de los años ochenta, pero la economía sigue frágil, la restitución de tierras avanza con lentitud, y los grupos posdesmovilización mantienen una presencia intermitente que amenaza a los liderazgos sociales que se atreven a hablar. La renta hidroeléctrica —el Oriente sigue siendo pieza clave del sistema eléctrico nacional— tampoco se ha traducido en una redistribución significativa hacia los territorios que la sustentan. Esa tensión, entre la subregión que genera y la subregión que recibe, es hoy el nudo abierto del debate político local.

El cañón del río Samaná, en los bordes de San Luis, San Francisco y Sonsón, aloja aún proyectos hidroeléctricos en discusión, y en torno a ellos se ha organizado un movimiento social que reivindica la memoria de los cívicos de los setenta. No es casual: la subregión ha aprendido, en carne propia, que la infraestructura sin acuerdo con las comunidades vuelve como violencia. La lección la pagaron San Carlos, Granada, Cocorná y tantos otros pueblos que fueron, en cuestión de décadas, colonizados, iluminados, vaciados y repoblados.

El Oriente antioqueño no es una periferia. Es la bisagra que alimentó al país de electricidad, que conectó a sus dos ciudades mayores por la autopista, que sostuvo un movimiento cívico ejemplar y que pagó, con desplazamiento y muerte, el costo de un modelo de integración que no supo redistribuir lo que producía. Su historia larga —de Rionegro y Marinilla a Sonsón, de Sonsón a San Carlos y Granada— es la historia de un territorio que nunca fue marginal, aunque lo trataran como tal, y que hoy pide ser leído en toda su densidad: como escenario, sí, pero también como sujeto de una experiencia colectiva que interpela al país entero.