Derechos humanos

Los derechos humanos en Colombia

Los derechos humanos en Colombia no son una doctrina heredada de tratados lejanos ni un catálogo aprendido en las facultades de derecho. Son, ante todo, un lenguaje forjado en el fragor de la guerra sucia, una gramática que las víctimas, las madres de desaparecidos, los abogados perseguidos y un puñado de organizaciones no gubernamentales aprendieron a hablar en los años setenta y ochenta para nombrar lo que el Estado prefería no nombrar. De ese trabajo obstinado, muchas veces pagado con la vida, salieron la denuncia internacional que erosionó el Estatuto de Seguridad de Turbay, la Constitución garantista de 1991, la Corte Constitucional y la tutela, y, más tarde, el andamiaje de justicia transicional del Acuerdo de 2016. Pero también quedó, en el mismo movimiento, la evidencia de que el Estado colombiano aprendió a hablar el idioma de los derechos sin renunciar a la razón contrainsurgente: firmó convenciones mientras vetaba las leyes internas que las hacían efectivas, creó consejerías presidenciales mientras los paramilitares exterminaban a la Unión Patriótica, y proclamó una carta ambiciosa mientras los defensores caían asesinados en sus oficinas. La historia de los derechos humanos en Colombia es la historia de una victoria normativa que convive con una derrota material que aún no termina.

Qué son los derechos humanos en clave colombiana

En un país que estuvo bajo alguna forma de estado de sitio en más del 80 % del tiempo entre 1958 y 1990, hablar de derechos humanos no fue nunca un ejercicio jurídico neutro. Fue una toma de posición. Bajo la Constitución de 1886 —que rigió más de cien años— el Ejecutivo podía declarar la conmoción interna casi a voluntad y gobernar con decretos legislativos que suspendían garantías, ampliaban penas y trasladaban civiles a la justicia penal militar. La reforma constitucional de 1968 introdujo ajustes al ordenamiento, pero el régimen de excepción siguió siendo la vía preferida para administrar el orden público. La Constitución del 86, además, había extirpado de la carta anterior el artículo que acogía el derecho de gentes como regulador de los conflictos interiores, reservando su aplicación a las relaciones entre Estados. Traducido: el país entró al siglo XX con un vacío jurídico deliberado que dejaba los conflictos internos a la discreción del Ejecutivo y de las armas.

Sobre ese suelo se instaló, desde los años sesenta, la Doctrina de Seguridad Nacional y su concepción del enemigo interno. Militares y servicios de inteligencia trasladaron el aparato contrainsurgente pensado para la guerrilla hacia un blanco mucho más ancho: líderes sindicales, estudiantiles, campesinos, activistas de izquierda. Las detenciones indiscriminadas, los allanamientos, las torturas, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales dejaron de ser excesos aislados y se volvieron rutinarias a medida que crecía la movilización social. Los derechos humanos, en Colombia, nacieron como respuesta política a esa maquinaria; no como un capítulo cualquiera del derecho público, sino como el nombre que un movimiento social le dio a la tarea de detenerla.

El detonante: el Estatuto de Seguridad de Turbay

El 6 de septiembre de 1978, apenas un mes después de posesionarse, el presidente Julio César Turbay Ayala expidió el Decreto 1923 al amparo del estado de sitio. Se lo conocería como Estatuto de Seguridad. En su articulado se creaban nuevas conductas delictivas, se ampliaban las penas para los delitos políticos, se imponían arrestos y prisión a formas de protesta social y —el punto neurálgico— se trasladaba a la justicia penal militar el juzgamiento de civiles vinculados con el orden público, incluida la protesta.

El efecto fue devastador y rapidísimo. Solo en Bogotá, más de cinco mil personas fueron detenidas y torturadas por militares durante la vigencia del Estatuto. Las capturas sin orden judicial, los allanamientos masivos, las torturas en cuarteles y estaciones de policía, las desapariciones forzadas y las restricciones al habeas corpus dejaron de ser excepción para volverse método. Los sectores afectados desbordaron ampliamente al M-19 o a las FARC: sindicalistas, estudiantes universitarios, defensores de derechos humanos y campesinos de zonas de conflicto quedaron dentro del radar. El propio presidente, en una frase que quedó grabada como emblema del cinismo institucional de la época, dijo: En Colombia el único preso político soy yo.

La respuesta cívica no se hizo esperar, y aquí conviene detenerse porque en ese momento se cristaliza el movimiento colombiano de derechos humanos. Familiares de detenidos y desaparecidos, abogados como Alfredo Vázquez Carrizosa —expresidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos—, Eduardo Umaña Mendoza, Pedro Pablo Camargo y otros comenzaron a documentar caso por caso, a golpear puertas en el Congreso, a publicar denuncias en la prensa que aún podía imprimirlas y a buscar, sobre todo, aliados fuera del país. En 1979, Camargo presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU la Comunicación 45/1979, sobre el asesinato de María Fanny Suárez de Guerrero y otras seis personas: fue una de las primeras veces que el sistema internacional recibía un caso concreto colombiano por vía individual.

La primera internacionalización

El paso decisivo llegó en 1980, cuando Amnistía Internacional visitó Colombia por primera vez a solicitud de las organizaciones locales. El informe que publicó ese año documentó de manera minuciosa las torturas, las detenciones arbitrarias y las desapariciones ocurridas bajo el Estatuto de Seguridad, y formuló tres recomendaciones que se volverían programa del movimiento: levantar el estado de sitio, derogar el Estatuto de Seguridad y devolver a la justicia ordinaria los procesos contra civiles que la jurisdicción penal militar tenía en sus manos. El texto no era una acusación teórica: nombraba víctimas, describía centros de detención y confrontaba al gobierno con su propia práctica.

El informe operó como pivote. Convirtió denuncias dispersas en un expediente internacional consultable, dio respaldo a las víctimas frente a un aparato estatal que negaba sistemáticamente los atropellos y volvió imposible, en términos diplomáticos, seguir sosteniendo la ficción de que en Colombia no pasaba nada. La campaña presidencial de 1982 recogió esa presión: las denuncias de violaciones, los escándalos de las torturas y la sombra del Estatuto ocuparon el centro del debate, el Partido Liberal —el de Turbay— perdió credibilidad, se dividió, y el conservador Belisario Betancur ganó la Presidencia con la promesa de una salida negociada al conflicto. Su gobierno arrancó con la Ley 35 de 1982, de amnistía, y con la apertura de diálogos con las guerrillas. La primera gran victoria del incipiente movimiento de derechos humanos fue política antes que jurídica: haber convertido la represión en costo electoral.

Cinco años después, en 1987, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequibles las facultades exorbitantes que autorizaban a la justicia penal militar a juzgar civiles. La sentencia recogía, con casi una década de retardo, lo que las ONG y Amnistía habían venido reclamando desde 1979-1980, y anticipaba la transformación mayor del proceso penal colombiano que traería la Constitución de 1991.

Quiénes eran los defensores

Conviene detenerse en el perfil sociológico del movimiento, porque explica tanto su fuerza como su vulnerabilidad. Los primeros activistas de derechos humanos en Colombia no vinieron de las élites ilustradas. Provinieron mayoritariamente de sectores marginalizados de clase media-baja, con experiencia directa de violencia política y formados en la cultura radical de la militancia de los años sesenta. Muchos habían pasado por partidos y movimientos de izquierda; algunos, por la cárcel. Cuando adoptaron el lenguaje de los derechos humanos —introducido en el repertorio político latinoamericano por redes de intercambio a lo largo de los ochenta—, no lo hicieron para reemplazar su horizonte de solidaridad de clase y transformación social, sino para complementarlo con una herramienta que funcionara en foros internacionales, en cortes y en la opinión pública.

Esa doble filiación —militancia previa y marco de derechos— fue precisamente lo que las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia usarían para deslegitimarlos. Un documento que circuló en las esferas oficiales caracterizaría a las ONG de derechos humanos como instrumentos de la Narcoguerrilla destinados a desprestigiar al Ejército y al Estado ante los organismos internacionales. Esa acusación —la del defensor como fachada de la subversión— se volvería letal en los años noventa.

Junto a los abogados y comités urbanos surgieron las organizaciones de víctimas. ASFADDES, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, se convirtió en actor central: llevó casos ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a lo largo de los años ochenta y en 1988, con apoyo de los comités de solidaridad alemanes, recorrió trece ciudades de Alemania y Suiza denunciando la práctica sistemática de la desaparición forzada. Ese trabajo internacional, hecho por familiares que muchas veces no habían salido nunca del país, es una parte de la historia colombiana que suele pasar por debajo del radar de los grandes relatos.

La guerra sucia como paisaje

Mientras Betancur intentaba una paz que le sería saboteada desde adentro y desde afuera, la violencia contra la izquierda no armada se profesionalizaba. En 1982 apareció en el Magdalena Medio la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores, ACDEGAM, que canalizó recursos para el acondicionamiento de centros de entrenamiento, el pago de sueldos, armas y municiones de estructuras paramilitares regionales. Desde mediados de los ochenta, esos grupos comenzaron a desmembrar y arrojar cadáveres al río Magdalena como técnica sistemática; el río se volvió tumba, y esa imagen —cuerpos que se van con la corriente— es una de las que mejor sintetiza el período.

El año 1988 concentró el horror en una escala nueva. La escalada empezó en marzo en Urabá y se extendió a Córdoba, Ariari y Magdalena Medio, regiones donde la Unión Patriótica y el Frente Popular habían obtenido éxitos electorales significativos. El 3 de abril, la masacre de La Mejor Esquina en Córdoba dejó 28 muertos, en su mayoría campesinos, seis de ellos militantes del Frente Popular. El 30 de agosto, la masacre del Tomate cayó sobre pobladores señalados como simpatizantes del EPL. La noche del 11 de noviembre, un comando paramilitar irrumpió en el casco urbano de Segovia, Antioquia, y asesinó a 46 personas en pocas horas. Segovia, ciudad minera del nordeste antioqueño con fuerte presencia de la UP, fue castigada colectivamente por votar como votaba.

El exterminio de la Unión Patriótica —el partido nacido de los acuerdos de La Uribe entre Betancur y las FARC— es el caso paradigmático. No fue un asesinato político sino miles de asesinatos, más las desapariciones y las amenazas. La persecución no distinguió entre militantes y guerrilleros: en los llanos orientales, la banda conocida como Los Masetos persiguió indistintamente a integrantes de la UP y a combatientes de las FARC, y testimonios campesinos describen cómo el simple hecho de portar un carné del partido o un libro del Partido Comunista bastaba para ser detenido, amenazado o asesinado por actores armados. La afiliación política se equiparó a la pertenencia armada, y esa equivalencia —fabricada por los agresores— justificó, en su lógica, el exterminio. Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, fue asesinado en 1987; Bernardo Jaramillo Ossa, su sucesor, en 1990. Con ellos cayeron alcaldes, concejales, líderes sindicales, campesinos anónimos.

A ese cuadro se sumaron los magnicidios del narcoterrorismo. Pablo Escobar y el Cartel de Medellín declararon la guerra al Estado para tumbar la extradición. Luis Carlos Galán, el liberal que la reivindicaba, fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en Soacha. Carlos Pizarro Leongómez, exjefe del M-19 recién desmovilizado y candidato presidencial, cayó el 26 de abril de 1990 en pleno vuelo. La coincidencia de tres candidatos presidenciales asesinados —Galán, Jaramillo, Pizarro— entre 1989 y 1990 marcó un umbral: el sistema político mismo estaba en riesgo.

1991: la refundación normativa

En ese punto de inflexión llegó la Asamblea Nacional Constituyente. Instalada el 4 de febrero de 1991 en el salón Elíptico del Congreso, integrada por 70 miembros elegidos popularmente y copresidida por Álvaro Gómez Hurtado (conservador), Antonio Navarro Wolff (exjefe del M-19) y Horacio Serpa Uribe (liberal), la Constituyente proclamó la nueva Constitución el 4 de julio de 1991. Su composición plural —con la presencia decisiva del M-19 recién desmovilizado— y el clima cívico que la había impulsado le imprimieron un carácter reformista que la carta del 86 nunca había admitido.

La Constitución de 1991 hizo cuatro cosas fundamentales para la historia de los derechos humanos en Colombia. Consagró un catálogo amplio y ambicioso de derechos fundamentales y libertades. Estableció el Estado Social de Derecho como principio fundacional. Creó la acción de tutela como mecanismo de comunicación directa entre el ciudadano y la rama judicial para reclamar derechos, junto con otras acciones populares y mecanismos de participación. Y creó la Corte Constitucional como guardián de la carta, con el objetivo explícito de restringir los poderes presidenciales y proteger los derechos fundamentales. Los constituyentes también quisieron poner límites a los abusos de los estados de excepción que habían caracterizado la Constitución anterior, restringiendo el uso de decretos legislativos y las declaratorias de emergencia.

Desde 1992 empezó a operar la Fiscalía General de la Nación, que abrió una etapa de tecnificación progresiva de la investigación criminal. La relación entre la nueva Corte Constitucional y el Ejecutivo, especialmente entre 1993 y 2001, estuvo marcada por tensiones que revelan hasta qué punto la carta pretendía —y en parte lograba— romper la vieja hegemonía presidencial.

La Constituyente también deja ver los límites del garantismo. El 19 de junio de 1991 aprobó, con 51 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones, el artículo 35 que prohibía la extradición. El mismo día, Pablo Escobar se entregó a las autoridades en una prisión construida a su medida en Envigado. La secuencia habla por sí sola. Hay quien lee el cambio institucional de 1991 como una estrategia del gatopardo: una reforma diseñada para relegitimar a las élites gobernantes en medio de la crisis narcoparamilitar sin transformar el fondo del orden político. La lectura es dura pero encuentra apoyo en episodios como ese. Y sin embargo, las nuevas instituciones adquirieron dinámica propia, se volvieron campos de lucha, y produjeron efectos que ninguno de sus promotores pudo controlar del todo. La tutela y la Corte Constitucional, en particular, se convirtieron en instrumentos que sectores populares, minorías étnicas, comunidades desplazadas y víctimas usarían de maneras que la élite constituyente no había previsto.

Las consejerías y la doble cara del Estado

La institucionalización estatal de los derechos humanos comenzó antes de 1991 y continuó después. La primera Consejería Presidencial de Derechos Humanos fue creada durante la administración de Virgilio Barco (1986-1990) y fue continuada por César Gaviria (1990-1994) y reforzada por Ernesto Samper (1994-1998). Bajo Andrés Pastrana y luego Álvaro Uribe se transformaría en un Programa Presidencial debilitado, con menor rango y menor incidencia.

Las consejerías cumplieron un papel real. Profesionalizaron el diálogo con el sistema interamericano, impulsaron la negociación y ratificación de instrumentos como la Convención Interamericana contra la Tortura y contra la Desaparición Forzada, y prepararon el terreno para que en 1996 el gobierno reconociera el carácter vinculante de las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acordara la apertura de una oficina del Alto Comisionado de la ONU en el país.

Pero la ambivalencia fue constante. En junio de 1994, el gobierno de Gaviria apoyó en la OEA la Convención Interamericana sobre desaparición forzada. Un mes después, en julio, vetó artículos de la legislación interna que hacían operativa esa misma convención y que estaban en plena concordancia con las políticas de la ONU y la OEA. Funcionarios de derechos humanos del propio gabinete lo condenaron. La comisión que Gaviria creó fue descrita como carente de poder real de decisión. La brecha entre discurso y práctica —firmar afuera lo que se sabotea adentro— no era distracción administrativa: era el modo en que el Estado gestionaba la tensión entre presión internacional y autonomía militar.

El gobierno de Samper (1994-1998), ya jaqueado por el escándalo del Proceso 8.000 y con graves problemas de gobernabilidad, introdujo con fuerza el tema del Derecho Internacional Humanitario en el debate público y avanzó en compromisos internacionales, pero coexistió con decisiones que agudizaron el conflicto y generaron contradicciones internas visibles. La política institucional de derechos humanos no bastaba para contener la expansión paramilitar ni para reducir la impunidad.

La Oficina de la ONU y la crítica sostenida

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos abrió sus puertas en Bogotá en mayo de 1997, con mandato de protección, promoción y supervisión. Fue una conquista de la presión sostenida desde 1980 y de la maduración de las ONG colombianas en foros ginebrinos. Desde 1998 emitió informes anuales que fueron progresivamente más críticos y que el gobierno colombiano fue igualmente combatiendo. Entre 1998 y 2002, la relación entre la Oficina y el Ejecutivo se deterioró de manera paulatina, con pronunciamientos de funcionarios estatales que buscaban desvirtuar los informes o cuestionar su legitimidad. La misma escena se repetiría con matices en los años siguientes: un gobierno que había pedido la Oficina descubriendo, año tras año, que la Oficina hacía justamente lo que su mandato le pedía.

Matar al mensajero

Los últimos años del período que va del Estatuto de Seguridad al fin del siglo dejaron una lección sombría: si el marco de los derechos humanos se había vuelto costo político para el Estado y para los actores armados, la respuesta fue eliminar al mensajero. La estigmatización —el defensor como fachada de la Narcoguerrilla— se tradujo en violencia sistemática.

El 19 de mayo de 1997, los investigadores del CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado fueron asesinados en su apartamento de Bogotá. Ambos habían dedicado años a documentar violaciones en zonas de conflicto. Documentos citados en investigaciones judiciales sostuvieron que el crimen fue perpetrado por sicarios que actuaban bajo órdenes de jefes militares vinculados a estructuras paramilitares. El 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle Jaramillo, abogado y presidente del Comité de Derechos Humanos de Medellín, fue asesinado a tiros en su oficina. Valle había denunciado con nombres propios la connivencia entre paramilitares y fuerzas oficiales en Antioquia, en particular en el municipio de Ituango. En 1987, Héctor Abad Gómez —médico salubrista y presidente del mismo Comité— ya había sido asesinado. Jaime Garzón, humorista y mediador humanitario, caería en 1999. Eduardo Umaña Mendoza, uno de los abogados de derechos humanos más incisivos del país, fue asesinado en 1998. Manuel Cepeda Vargas, senador de la UP y de las últimas voces sobrevivientes del partido en el Congreso, había sido asesinado en 1994.

La sucesión de nombres no es acumulación retórica: es el mapa de una campaña. Y su efecto sobre el movimiento fue el previsible. En los últimos años del período, la labor de los defensores fue pasando de la defensa de terceros a la búsqueda de protección propia. Muchos partieron al exilio. Otros redujeron su exposición. El asesinato de Valle en su oficina —a plena luz, sin siquiera intento de disimulo— era el mensaje explícito: aquí ni siquiera los abogados están a salvo.

El 16 de mayo de 1998, paramilitares asesinaron a siete pobladores de Barrancabermeja y desaparecieron a 25 más, en el marco de la expansión paramilitar sobre el Magdalena Medio. Ese mismo año, el Proyecto Colombia Nunca Más —surgido en 1995 como articulación nacional y regional de organizaciones sindicales, campesinas, comunitarias, eclesiales y culturales para recuperar la memoria de las víctimas de violencia política— consolidaba su trabajo. La memoria, que las víctimas habían empezado a organizar en cuadernos, denuncias y testimonios desde los ochenta, se volvía archivo colectivo justo cuando los que la construían caían asesinados.

De la justicia transicional al Acuerdo de 2016

El siglo XXI se abrió con una paradoja: el país tenía la carta más garantista de su historia y a la vez la mayor expansión paramilitar de su historia. La respuesta institucional vino en dos oleadas.

La primera fue la Ley de Justicia y Paz, aplicada en el marco de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Constituyó una forma de justicia transicional —el conjunto de mecanismos de juicios penales, reparación y esclarecimiento que acompañan transiciones políticas o finales de conflicto— y, con todos sus vacíos, facilitó que salieran a la luz miles de crímenes cometidos por paramilitares. Los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el papel de las víctimas en el proceso reforzaron ese espacio. El marco, sin embargo, estaba centrado en la figura del desmovilizado.

El desplazamiento del énfasis vino con la Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Su decisión más significativa fue mover el centro de gravedad: del desmovilizado a la víctima. Reconoció como sujetos de reparación a quienes hubieran sufrido daños derivados de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno a partir del 1° de enero de 1985. Esa fecha —1985— no es casual: recoge el arranque del período de violencia más intenso, el que las ONG y las víctimas habían venido documentando desde los ochenta.

La segunda oleada fue el Acuerdo Final firmado en 2016 con las FARC-EP. En su núcleo se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Las tres entidades fueron concebidas para operar articuladamente, cada una con un mandato específico y complementario. El Acuerdo reconoció además el impacto diferenciado del conflicto sobre pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, población LGBT, defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otros grupos.

Entre 2018 y 2021, con el gobierno de Iván Duque, la memoria dejó de ser un nodo articulador central del debate público oficial, aunque persistieron construcciones memoriales críticas y autorreflexivas en espacios alternativos. El Sistema siguió operando, pero en un ambiente político hostil.

Huella y disputa

Cuatro décadas después del Estatuto de Seguridad, los derechos humanos en Colombia son a la vez una conquista y una asignatura pendiente. Son conquista en el sentido más literal: existen porque un movimiento social los conquistó. Las víctimas y las ONG hicieron algo que no estaba en el guion —ni de las élites, ni de las guerrillas, ni de los partidos tradicionales—: inscribieron en la Constitución, en la Corte, en el sistema interamericano y en la ONU un vocabulario y un conjunto de instrumentos que hoy son piso mínimo del debate público. La tutela, que se presenta millones de veces al año, es la prueba cotidiana de esa inscripción.

Y son asignatura pendiente porque la razón de Estado contrainsurgente —que las víctimas identificaron desde los setenta como la matriz del problema— no fue nunca desmantelada. Se moduló, se dispersó, se privatizó a través del paramilitarismo, se disfrazó de otras cosas, pero siguió operando en paralelo al edificio garantista. Los defensores de derechos humanos siguen siendo asesinados; los líderes sociales caen a un ritmo que ninguna consejería ni programa presidencial ha podido detener. El país aprendió el idioma, pero no lo ha traducido del todo en gramática de gobierno.

Queda, sin embargo, la evidencia empírica de que el marco funciona cuando se activa desde abajo. Los constituyentes de 1991 no habrían restringido los estados de excepción si Amnistía Internacional no hubiera visitado en 1980. La Corte Suprema no habría declarado inexequibles las facultades penales militares en 1987 si ASFADDES no hubiera recorrido trece ciudades europeas denunciando la desaparición forzada. La Ley 1448 no habría desplazado el énfasis al sujeto víctima si generaciones enteras de familiares no hubieran sostenido durante décadas que sin víctima reconocida no hay reparación posible. La Oficina del Alto Comisionado no estaría en Bogotá si Pedro Pablo Camargo no hubiera enviado su comunicación a Ginebra en 1979.

La historia de los derechos humanos en Colombia enseña que las conquistas normativas grandes rara vez son concesiones espontáneas del poder: son casi siempre respuestas tardías a presiones sostenidas que combinaron la denuncia doméstica con la palanca internacional. Enseña también que ninguna arquitectura institucional, por bien diseñada que esté, sustituye a la vigilancia social que la puso en pie. Y enseña, sobre todo, que en un país donde el Estado ha sido durante décadas parte del problema, los derechos humanos no son un adorno del ordenamiento jurídico: son la línea de resistencia que separa un régimen democrático de una guerra prolongada contra su propia población. Esa línea, la trazaron las víctimas.