Idea · Crisis y narcotráfico
Guerra sucia
Dispositivo estable de eliminación de la oposición civil y política que operó de manera sistemática en Colombia entre finales de los años setenta y mediados de los noventa, articulando a la Fuerza Pública, redes paramilitares y capital del narcotráfico bajo una doctrina común de enemigo interno.
Trayectoria de una idea
- 1962
Misión Yarborough y bases doctrinales
- 1965
Decreto 3398: legalización de grupos civiles armados
- 1978
Estatuto de Seguridad: la excepción hecha norma
- 1983
Informe del Procurador sobre el MAS: confirmación institucional del entramado
- 1984
Alianza narcoparamilitar en el Magdalena Medio
- 1985
Inicio del exterminio de la Unión Patriótica y hechos del Palacio de Justicia
- 1987
Plan Esmeralda y consolidación del terror contra la UP
- 1989
Masacre de La Rochela y asesinato de Galán: la alianza en evidencia
- 1991
Masacre de Trujillo: guerra sucia sistemática en el Valle del Cauca
- 1993
Plan de exterminio final contra la UP
La lectura
La guerra sucia colombiana no fue una desviación ni una serie de excesos individuales: fue un régimen paralelo de violencia habilitado desde arriba por decretos, manuales y sentencias militares, y ejecutado desde abajo por batallones, sicarios y escuadrones locales con una impunidad estructural medible. Su rasgo más perturbador fue la deniabilidad: a diferencia de las dictaduras del Cono Sur, operó bajo gobiernos civiles elegidos, delegando la violencia en autodefensas, reportando víctimas como bajas en combate y señalando previamente a los blancos como colaboradores de la guerrilla. La alianza entre narcotraficantes, paramilitares y sectores de la Fuerza Pública no fue una conspiración puntual sino una convergencia funcional de intereses —económicos, políticos y militares— que transformó el proyecto contrainsurgente en un aparato con capital, expansión y proyecto nacional. Su víctima más nítida fue la Unión Patriótica, cuyo exterminio entre 1984 y 2002 reveló que el objetivo estratégico no era vencer a la guerrilla armada sino cerrar el sistema político a cualquier alternativa nacida fuera del bipartidismo. La impunidad que la sostuvo fue también sistemática: según estimativos del gobierno Barco, apenas el 4% de los crímenes obtuvo sentencia, y entre 1987 y 1991 fueron asesinados más de cien funcionarios judiciales.
La guerra sucia
En el vocabulario político colombiano, "guerra sucia" designa un dispositivo estable de eliminación de la oposición civil y política que operó de manera sistemática entre finales de los años setenta y mediados de los noventa, articulando a la Fuerza Pública, redes paramilitares y capital del narcotráfico bajo una doctrina común de enemigo interno. No fue una serie de excesos individuales ni una desviación coyuntural: fue un régimen paralelo de violencia, habilitado desde arriba por decretos, manuales y sentencias militares, y ejecutado desde abajo por batallones, sicarios y escuadrones locales, con una impunidad medible que permitió que, según estimativos del propio gobierno de Virgilio Barco, apenas el 4% de los crímenes obtuviera sentencia. Sus víctimas fueron precisas —militantes de la Unión Patriótica, sindicalistas, jueces, maestros, campesinos, candidatos presidenciales— y su marco fue consistente: la doctrina contrainsurgente que definía la subversión como infiltración en todas las instituciones civiles, borrando en la práctica la distinción entre actividad política legítima y amenaza armada.
Qué se nombra cuando se dice guerra sucia
La expresión llegó a Colombia con el peso que había adquirido en el Cono Sur durante las dictaduras del setenta, pero se instaló para describir algo distinto: no una represión ejercida abiertamente desde un régimen militar, sino una violencia paraestatal desplegada bajo gobiernos civiles elegidos, con formas de negación y desplazamiento de la responsabilidad —la delegación en autodefensas, el reporte de víctimas como bajas en combate, el señalamiento previo del blanco como colaborador de la guerrilla— que le daban al Estado un margen de deniabilidad que las juntas del sur no necesitaron.
La guerra sucia colombiana combinó, en proporciones variables según la región y el año, cinco modalidades: la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de líderes sociales; la masacre rural con lista en mano; la limpieza social contra habitantes de la calle, drogadictos, prostitutas, homosexuales y pequeños delincuentes; la tortura y detención masiva bajo estado de sitio; y el asesinato selectivo de jueces, investigadores y periodistas. Un rasgo la atraviesa: era más grave cuanto más lejos del centro del país y más abajo se descendía en las jerarquías castrenses. En Bogotá se ejercía con relativa cautela; en Segovia, Trujillo o Puerto Boyacá se ejercía con lista, con nombre y con firma tácita.
Los cimientos: doctrina y legalidad de excepción
El andamiaje jurídico se construyó dos décadas antes de que la expresión circulara en la prensa. En 1962, la Escuela Especial de Guerra de Estados Unidos envió al general William Yarborough en misión de asesoramiento a Colombia. Sus recomendaciones incluyeron el registro masivo de la población civil con huellas digitales y fotografías, y el uso de técnicas de interrogatorio como el pentotal sódico y el polígrafo. Sobre esa matriz de Doctrina de Seguridad Nacional se articularon los instrumentos legales colombianos.
El Decreto Legislativo 3398 de 1965, expedido bajo estado de excepción, autorizó al gobierno a utilizar a todos los colombianos en actividades de restablecimiento del orden y al Ministerio de Guerra a conformar grupos de civiles armados para tareas de contrainsurgencia. Junto con el Decreto 1667 de 1966, fue convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968 y el Decreto 1355 de 1970. Dos años antes de que terminara formalmente el Frente Nacional, el país tenía ya, escrito en normas ordinarias, el permiso legal para que ejércitos privados actuaran bajo dirección militar. Ese es el hilo del que penderá todo lo demás.
Los manuales contrainsurgentes del Ejército —de 1963, 1969, 1979 y 1982— desarrollaron operativamente esa autorización. Al menos los de 1963 y 1979 definieron a las "juntas de autodefensa" como organizaciones de personal civil seleccionado para operar contra guerrilleros en coordinación con tropas regulares. La subversión, en la doctrina que ahí se codificó, no era solo la guerrilla armada: era su presunta expresión civil, es decir, sindicatos, ligas campesinas, movimientos estudiantiles, partidos de izquierda. Como formularía el general y ministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes, era tan importante localizar la "dirección política" de la subversión como sus organizaciones armadas. Bajo esa premisa, huelgas, manifestaciones y campañas electorales quedaban conceptualizadas como focos de conflicto sujetos a control estatal.
El Estatuto de Seguridad: la excepción hecha norma
El 6 de septiembre de 1978, el presidente Julio César Turbay Ayala expidió el Decreto 1923, conocido como Estatuto de Seguridad, invocando las facultades del estado de sitio vigente. El Estatuto amplió la competencia de la jurisdicción militar sobre conductas de civiles, transfiriendo a los comandantes de batallón y de brigada la facultad de conocer, juzgar y sancionar violaciones que hasta entonces correspondían a la justicia ordinaria. Creó nuevas figuras penales, aumentó las sanciones para delitos políticos, estableció mecanismos de censura de la información y restringió formas concretas de protesta social.
Turbay lo expidió como un conjunto de tres decretos: dos dirigidos contra la insurgencia rural y urbana, y uno contra productores y traficantes de drogas. La operación conceptual era decisiva: la represión política y la guerra antinarcóticos quedaban articuladas bajo un mismo marco normativo, y el enemigo interno se ensanchaba para caber en él.
En los cuatro años que siguieron, el Estatuto amparó detenciones masivas, allanamientos y torturas contra militantes del M-19, sindicalistas, intelectuales, estudiantes y campesinos sospechosos de simpatía con la insurgencia. Solo en Bogotá, más de cinco mil personas fueron detenidas y torturadas por militares bajo su cobertura. Contra Turbay se levantó un frente amplio: entre las voces disidentes, la del dirigente liberal Luis Carlos Galán denunció que el Estatuto y la justicia militar expresaban una tendencia a derivar la legitimidad del poder de la fuerza armada, en lugar de la soberanía popular, en contradicción con las responsabilidades constitucionales de los militares.
El Estatuto fue derogado en 1982 al iniciar el gobierno de Belisario Betancur, pero su lógica —la militarización de la respuesta al conflicto social, el juzgamiento de civiles por tribunales castrenses, la sospecha estructural contra la oposición— sobrevivió intacta en la doctrina y en las prácticas de rutina de las Fuerzas Armadas.
La invención del paramilitarismo moderno: Puerto Boyacá y el Magdalena Medio
Mientras el Estatuto operaba desde Bogotá, en el Magdalena Medio se ensayaba un modelo distinto y más duradero. Ganaderos, comerciantes y hacendados de Puerto Boyacá, al amparo de la Ley 48 de 1968 y con acompañamiento de guarniciones locales del Ejército, financiaron y organizaron grupos de autodefensa contra la extorsión y el reclutamiento de las FARC. Miembros del Ejército proveyeron armas y respaldaron a esos grupos. Nacía allí la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM) y una estructura que se presentaba como respuesta legítima a la guerrilla, pero cuya lógica operativa era la eliminación selectiva de líderes campesinos, sindicales y de izquierda.
La transformación decisiva ocurrió en diciembre de 1984. Fuerzas paramilitares bajo el mando de Henry Pérez interceptaron cerca de Puerto Boyacá un cargamento de cocaína de Gonzalo Rodríguez Gacha. El incidente, en lugar de derivar en conflicto, cristalizó una alianza: Rodríguez Gacha proveería armamento a los paramilitares y estos protegerían sus laboratorios de cocaína contra las FARC y el ELN. A partir de ese pacto, Pablo Escobar y Rodríguez Gacha invirtieron masivamente en bienes raíces en el Magdalena Medio, se convirtieron en terratenientes y ganaderos, y terminaron aliados con las autodefensas en la causa contrainsurgente. El proyecto paramilitar dejó de ser gremial y regional para convertirse en un aparato con capital, expansión y proyecto nacional.
En 1987, el cartel de Medellín contrató mercenarios israelíes y británicos para entrenar a paramilitares en el Magdalena Medio; a comienzos de 1988 instruían a un grupo de cincuenta hombres. De ese círculo de armas y entrenamiento salieron rifles y sicarios que reaparecerían en momentos decisivos. Uno de los Galil utilizados en el asesinato de Luis Carlos Galán en Soacha, el 18 de agosto de 1989 —serial 7-1721058—, provenía del lote traído clandestinamente desde Israel para ACDEGAM. El sicario que encabezó el operativo, Jaime Eduardo Rueda Rocha, había nacido en el Magdalena Medio y se había formado en las escuelas de las autodefensas.
El informe del Procurador y la evidencia del entramado
La confirmación institucional del entramado llegó en febrero de 1983, cuando el Procurador General de la Nación presentó un informe público sobre el grupo Muerte a Secuestradores (MAS): de 163 miembros individualizados, 69 eran integrantes activos de la Fuerza Pública. El informe identificó la participación de miembros del Ejército, la Policía y organismos de seguridad estatal en la conformación de los grupos paramilitares del Magdalena Medio.
Era una pieza que debió haber quebrado la lógica de encubrimiento, y no lo hizo. No derivó en la depuración de las estructuras señaladas; su circulación coincidió con el ascenso de la doctrina que consideraba al movimiento social como parte de la estrategia insurgente. El manual "Conozcamos a nuestro enemigo", que circulaba desde 1985 en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, señalaba a los sindicatos como fachadas de la subversión y estructuras de dependencia directa del Partido Comunista Colombiano. La ecuación se había codificado.
Betancur, la paz y la privatización clandestina de la guerra
Belisario Betancur (1982-1986) intentó romper el círculo con una política de negociación. Su gobierno impulsó procesos de paz con las FARC, el M-19, el EPL y el ADO, y firmó acuerdos de cese al fuego en 1984. La política se enfrentó a lo que Eduardo Pizarro llamó un "bloque opositor a la estrategia de paz" desde sectores fundamentales del poder, que impidió que la iniciativa se convirtiera en propósito estatal.
En esa fricción se produjo el desplazamiento más grave: sectores radicales de las Fuerzas Armadas, en actos de autonomía clandestina frente al gobierno que negociaba, promovieron la privatización de la lucha contrainsurgente mediante la expansión de los grupos paramilitares. La guerra sucia de los ochenta no fue, en ese sentido, una política presidencial: fue lo que sectores del Estado hicieron a espaldas del Presidente, con la complacencia, negligencia o ayuda directa de guarniciones locales, y con el respaldo económico de ganaderos del Magdalena Medio y la Costa Atlántica y de narcotraficantes convertidos en finqueros.
El malestar de esas élites locales con Betancur y su proceso de paz facilitó el florecimiento paramilitar. La Unión Patriótica, lanzada en 1985 como brazo político legal vinculado a las FARC —cuyo segundo comandante, Jacobo Arenas, fue su primer candidato presidencial—, llegaría a ese contexto como el blanco perfecto: una fuerza electoral que probaba que la guerrilla podía dejar las armas y ganar votos, es decir, exactamente lo que el proyecto contrainsurgente no podía permitir.
El exterminio de la Unión Patriótica
La UP nació con un programa que amenazaba de frente al orden bipartidista: reformas para terminar con el dominio de liberales y conservadores, elección popular de alcaldes, reforma agraria, nacionalización de empresas extranjeras, bancos y transporte. En las elecciones para el período 1986-1988 obtuvo dos senadores propios y cuatro más en coalición, tres representantes a la Cámara y seis más en coalición, y veintinueve diputados. Era poco frente a la maquinaria tradicional, pero suficiente para probar que había un tercer espacio viable.
El exterminio comenzó de inmediato y se extendió entre 1984 y 2002, con presencia documentada en al menos veintitrés departamentos. Se ensañó con las regiones donde la UP era más activa electoralmente. Jaime Pardo Leal, candidato presidencial en 1986, fue asesinado por sicarios de Rodríguez Gacha, con logística atribuida a los servicios de inteligencia del Batallón de la Escuela de Caballería, comandado por el teniente coronel Alfonso Plazas Vega. Bernardo Jaramillo Ossa cayó después. Manuel Cepeda Vargas, senador, sería asesinado años más tarde. Alrededor de esos nombres emblemáticos, la maquinaria consumió sin descanso alcaldes, concejales, diputados, dirigentes locales, militantes de base, campesinos que hospedaban a un candidato en gira.
Desde 1987 se ejecutó el Plan Esmeralda en los Llanos Orientales y el Caquetá, consistente en la persecución sistemática de miembros de la UP y sus aliados. En 1993 se ejecutó otro plan que incluyó el asesinato de dirigentes regionales y el encarcelamiento judicial de otros. El Centro Nacional de Memoria Histórica calificó lo ocurrido como genocidio político, adoptando el reclamo que las víctimas habían sostenido durante veinticinco años.
El caso de la UP no fue un episodio dentro de la guerra sucia: fue su ejemplar más nítido. Confirmó que el objetivo estratégico no era vencer a la guerrilla armada, sino cerrar el sistema político a cualquier alternativa que naciera fuera del bipartidismo. En regiones como Caldas —donde la Coalición Barcoyepista, entre el senador liberal Víctor Renán Barco y el conservador Omar Yepes, prolongó desde 1978 la lógica del Frente Nacional en distribución milimétrica del poder— la clausura era parlamentaria; en el Urabá, el Magdalena Medio y los Llanos, era a bala.
Bajo Barco: la expansión y la impotencia estatal
Virgilio Barco (1986-1990) recibió un país donde la guerra sucia era ya un sistema en pleno funcionamiento. El 30 de septiembre de 1987, su ministro de Gobierno César Gaviria denunció ante la Cámara de Representantes la existencia de al menos ciento cuarenta grupos paramilitares operando en distintas regiones. El dato, en sí mismo, era una confesión: el Estado sabía, contaba y no actuaba. O actuaba de más, en dirección contraria.
Las masacres se multiplicaron. En el Alto Nordeste Antioqueño —Remedios y Segovia—, operaciones de los años 1982-1983 involucraron presuntamente a miembros activos del Batallón de Infantería N° 42 "Batalla de Bomboná", actuando al servicio de Fidel Castaño Gil; las víctimas eran atadas, mutiladas y asesinadas con lista en mano. Entre 1988 y 1991, en Trujillo y municipios aledaños del Valle del Cauca, una alianza entre estructuras criminales, paramilitares y agentes estatales ejecutó una secuencia sistemática de desapariciones forzadas, torturas, homicidios selectivos y masacres. La XIV Brigada del Ejército señaló en comunicados oficiales a víctimas de esas masacres como guerrilleros muertos en combate, encubriendo la responsabilidad paramilitar; las denuncias de las familias, presentadas en 1984 ante la Procuraduría, no prosperaron.
La universidad se convirtió en objetivo. Entre 1987 y 1988 fueron asesinados varios profesores de la Universidad de Antioquia —Pedro Luis Valencia, Leonardo Betancourt, Héctor Abad Gómez, el vicerrector Luis Fernando Vélez—, en una operación sistemática contra una comunidad profesional e intelectual, atribuida principalmente a sectores de ultraderecha. En el Magdalena Medio, los principales dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) fueron asesinados junto con la periodista Silvia Duzán en Cimitarra, Santander, llevando a la organización a una franca decadencia.
En noviembre de 1985, las prácticas rurales de la guerra sucia habían migrado al centro del poder. En la retoma del Palacio de Justicia, tras el asalto del M-19, se cometieron desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y torturas —denominadas "Operación Rastrillo" y "Operación Limpieza"— que trasladaron a Bogotá procedimientos que hasta entonces se aplicaban invisiblemente en pueblos y barrios marginados. El sujeto pasivo de esas operaciones fueron empleados de la cafetería y magistrados sobrevivientes: la línea entre víctima y sospechoso quedó borrada frente a las cámaras del país.
La impunidad como estructura
Ningún dispositivo de eliminación se sostiene sin impunidad. La colombiana fue medible. Entre 1979 y 1991, doscientas noventa personas en cumplimiento de funciones judiciales fueron asesinadas. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) registró ciento diez asesinatos de funcionarios antes de 1985 y doscientos cuarenta entre 1987 y 1991. La Comisión Andina de Juristas documentó que el promedio anual de muertes de funcionarios judiciales subió de 2, en el período 1979-1982, a 10,5, en el período 1985-1988. En una encuesta de 1987, el 25,4% de los jueces y juezas del país manifestaron haber sido objeto de amenazas directas o contra sus familiares en razón del ejercicio de sus funciones.
El caso fundacional de la impunidad como estrategia fue la masacre de La Rochela, el 18 de enero de 1989. Doce miembros de una comisión judicial que investigaba la desaparición de diecinueve comerciantes —caso en el que estaban involucrados altos oficiales del Ejército— fueron asesinados por paramilitares conocidos como los Masetos. El mensaje era límpido: quien investigara al entramado no llegaría al juicio. La Rochela evidenció, además, la concurrencia entre narcotráfico y sectores de las Fuerzas Armadas en la guerra sucia; era la misma alianza que había armado el operativo contra Galán meses después, y sería la misma que dejaría en la impunidad prácticamente todos los grandes crímenes del período.
Solo el 20% de los crímenes llegaba al conocimiento de las autoridades, según estimativos del propio gobierno Barco, y de esos solo el 4% obtenía sentencia. Ninguno de los procesados por las grandes masacres confesó los actos imputados; los expedientes se llenaron de testigos sobrevivientes y quedaron vacíos de autores confesos. Ese vacío no era una anomalía procesal: era el modo de funcionamiento del sistema.
Narcotráfico: el acelerador que reescribió el proyecto
El narcotráfico entró en la guerra sucia como financiador de terceros y salió, hacia finales de los ochenta, como su protagonista principal. La alianza sellada en Puerto Boyacá en 1984 fue el pivote. A partir de 1987, Rodríguez Gacha financió la expansión paramilitar desde Puerto Boyacá hacia diversas regiones del país, absorbiendo grupos menores del valle central del Magdalena y llegando hasta el Caribe. Las autodefensas del Magdalena Medio se expandieron hacia Córdoba, Urabá, los Llanos del Yarí, Putumayo y Nariño, orientadas primordialmente a proteger laboratorios de cocaína.
Henry Pérez y su padre compraron tierras en Urabá y, en 1988, coordinaron con Fidel Castaño las primeras masacres en la zona bananera. El cartel de Medellín combinó desde entonces dos técnicas de terror: sicarios urbanos que operaban en las ciudades y paramilitares rurales que combatían guerrillas en zonas estratégicas. La distinción entre crimen y contrainsurgencia dejó de tener sentido operativo.
Esa transformación desplazó al proyecto paramilitar original. Los narcotraficantes, al convertirse en terratenientes y ganaderos, incrementaron significativamente su influencia dentro del proyecto, y los grupos se distanciaron de sus promotores iniciales —militares y ganaderos tradicionales—. La guerra sucia se volvió más brutal, más nacional y más rentable. Y cuando Escobar declaró la guerra al Estado tras la extradición y el asesinato de Galán, la propia lucha contra él se ejecutó en alianza con sus rivales narcotraficantes —cartel de Cali, disidentes del cartel de Medellín, los Pepes—, en una operación que Carlos Castaño describió después como tolerada tácitamente por la Fiscalía, la Policía, el Ejército, el DAS y la Presidencia de César Gaviria.
La paradoja Gaviria: apertura constitucional y continuidad del dispositivo
El período de César Gaviria (1990-1994) contuvo la paradoja central del proceso colombiano. Por un lado, la desmovilización del M-19 en 1990 y la Constitución de 1991 abrieron el sistema político: se definió el Estado social de derecho, se reconocieron los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, se reformaron los estados de excepción y se prohibió el juzgamiento de civiles por tribunales militares. Carlos Pizarro Leongómez, candidato presidencial del M-19 desmovilizado, fue asesinado en un avión en abril de 1990 por un sicario del paramilitarismo; la solidaridad masiva que siguió a su muerte se tradujo en un tercio de la votación para los exintegrantes del M-19 en la Asamblea Constituyente, y Antonio Navarro fue copresidente de esa asamblea.
Por otro lado, el modelo de seguridad que había habilitado la guerra sucia no fue tocado. La Ley 48 de 1968 seguía vigente, los manuales contrainsurgentes seguían formando oficiales, y las alianzas regionales entre Fuerza Pública, paramilitares y narcotráfico se consolidaron. La constituyente rediseñó el edificio institucional, pero no desmontó el subsuelo doctrinal.
En 1993, con la ejecución de un plan que incluyó el asesinato de dirigentes regionales de la UP y el encarcelamiento judicial de otros, la guerra sucia contra la izquierda legal alcanzó su fase de clausura. Ese año Pablo Escobar cayó abatido en Medellín, en la operación conjunta entre el Bloque de Búsqueda y sus rivales narcotraficantes. La convergencia entre lucha antinarcóticos, guerra sucia y captura del Estado por las mafias regionales había cerrado su ciclo formativo.
La herencia: parapolítica y falsos positivos
El dispositivo no se desmontó al terminar el período. Se transformó y se expandió. En la segunda mitad de los noventa, los grupos paramilitares consolidaron una presencia nacional bajo la forma confederada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y hacia 1996 incursionaron en los Montes de María en operaciones de "limpieza". Utilizaron redes del narcotráfico para consolidar bases sociales en el piedemonte llanero, el Valle de Aburrá, el Cesar, la Sierra Nevada y Urabá.
Las AUC buscaron ampliar su influencia parlamentaria a través de múltiples movimientos políticos —Colombia Democrática, Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, sectores del liberalismo y del conservatismo—, aprovechando la proliferación de partidos habilitada, paradójicamente, por la Constitución de 1991. Esa infiltración estallaría en el escándalo de la parapolítica en los años dos mil.
Entre las regiones de Urabá, Magdalena Medio y Alto Sinú y San Jorge se concentró más de la mitad de los desplazamientos forzados registrados entre 1980 y 1988, coincidiendo geográficamente con el boom del narcotráfico y la génesis de los primeros grupos paramilitares regionales. El despojo de tierras que se consolidó en las décadas siguientes tuvo su matriz en ese período.
Y la lógica original —eliminar civiles y presentarlos como combatientes— reapareció en el escándalo de los "falsos positivos", investigado por la JEP en su Caso 03. Miembros del Ejército asesinaron civiles, alteraron escenas del crimen y cambiaron vestimentas de las víctimas para reportarlas como guerrilleros dados de baja, con el objetivo de reclamar incentivos económicos y profesionales frente a las presiones institucionales de resultados. En el Meta, paramilitares del Bloque Centauros coordinaron falsos positivos con oficiales del Ejército; ese departamento registró bajo la jurisdicción del BCe la mayor cifra de ejecuciones extrajudiciales, según testimonios de exparamilitares. El escándalo estalló públicamente en 2008 con el caso Soacha —dieciséis jóvenes desaparecidos y aparecidos como bajas guerrilleras a trescientas millas de distancia—, y llevó al presidente Álvaro Uribe a destituir a veintisiete oficiales, incluidos tres generales, y al comandante del Ejército a renunciar.
El eslabón conceptual era el mismo que había codificado el general Landazábal Reyes en los ochenta: la relativización del principio de distinción entre combatientes y no combatientes, la sospecha estructural sobre el civil como colaborador. Y su justificación política se articuló en un discurso —representado por sectores del uribismo— que buscó encarnar a quienes consideraban legítimo el uso de cualquier método para derrotar a la subversión, convirtiendo la defensa de militares acusados de graves violaciones en argumento electoral.
Lo que queda dicho
La guerra sucia colombiana no fue un episodio: fue un régimen de facto que sobrevivió bajo cinco gobiernos civiles y una reforma constitucional, se financió con capital agrario y narco, se ejecutó con fuerzas mixtas, se ocultó bajo comunicados oficiales de bajas en combate, y produjo un daño que el país todavía cuantifica. Su blanco no fue nunca solo la guerrilla armada: fueron los intermediarios civiles imaginarios de esa guerrilla —la Unión Patriótica ante todo, pero también sindicalistas, jueces, maestros, periodistas, campesinos organizados, candidatos presidenciales de tres partidos distintos.
Su rasgo colombiano específico fue el hecho de haber operado sin dictadura. No hubo Videla, no hubo Pinochet: hubo Turbay, Betancur, Barco, Gaviria, cada uno con su relación distinta con el dispositivo —el que lo legalizó a la fuerza, el que negoció mientras sus generales lo expandían por lo bajo, el que lo denunció desde el ministerio y no logró detenerlo, el que reformó la Constitución sin tocar el modelo de seguridad—. Esa arquitectura civil-militar-narco es la respuesta a la pregunta de cómo un país produjo, sin dictadura, un catálogo de víctimas comparable al de las peores dictaduras del hemisferio.
La huella permanece en la JEP y sus expedientes abiertos, en el reclamo aún inconcluso del genocidio político de la UP, en las tierras despojadas que la Ley de Víctimas intenta restituir, en la memoria pública que el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Comisión de la Verdad codificaron. Y en el hecho de que, cada vez que un candidato pierde la vida en Colombia, la palabra que aparece primero en la conversación pública sea la misma que designa lo que aquí se ha descrito: guerra sucia. Es a la vez una descripción y una advertencia sobre cuánto del dispositivo sigue disponible.
En el archivo
1 apariciones públicas, ordenadas por período y año.
Relaciones
Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.
Relaciones editoriales
- 01Doctrina de Seguridad Nacional
- 02Paramilitarismo
- 03Unión Patriótica
- 04Impunidad estructural
- 05Desaparición forzada
- 06Narcoparamilitarismo
- 07Magdalena Medio
- 08Puerto Boyacá
- 09Julio César Turbay Ayala
- 10Belisario Betancur
- 11Virgilio Barco
- 12Pablo Escobar
Personas
Lugares
Ideas
Documentos y fragmentos citados
70 documentos · 97 fragmentos
01Movimientos sociales, Estado y democracia en ColombiaMauricio Archila, Mauricio Pardo (Editores) · 2001 · p. 3671 cita
[1]se adelantan cap- turas sin orden judicial, se aplica la sanción de arresto hasta por 180 días por alcaldes y gobernadores contra dirigentes sociales, dando como resultado detenciones arbitrarias y masivas, tortu- ras, restricciones a las garantías judiciales y al derecho al babeas corpus. La labor de las ONG de…
p. 367
02Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 2691 cita
[2]del p en- sami ento argentino de la <1seg uridad naci onah>. Segú n el presidente, esos asuntos debían ser abordados por una Asamblea Constituyente qu e má s ta rd e la Corte Suprema declararía inconstituciona l. En la s el ecc iones d e 1978, Turba y, el repre se ntant e por exce- lencia de la clase política li bera…
p. 269
03Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 571 cita
[3]o en contra de la nación, nunca neutrales, dada la visión que se hacía a través del prisma de la lucha contrainsurgente. En ese sentido, las huelgas, la manifestación social y las campañas electorales de ciertas condiciones eran consideradas como focos de con fl ictos y, por ende, sujetos de control estatal 64. La in…
p. 57
04La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 272, 2972 citas
[4]miembros de las fuerzas armadas. En 1976, fue expedido el decreto 2578, que le concedía a los mayores del ejército y a inspectores de policía la facultad de sancionar con una multa a personas consideradas potencialmente criminales. El segundo decreto fue el 0070, promulgado en enero de 1978 que concedía a miembros de…
p. 272
[58]Eduardo Ramírez, 95 Hacia 1987 el paramilitarismo del Magdalena Medio comenzó a perturbar re- giones de Córdoba y Urabá. La expansión del grupo paramilitar comandado por Gonzalo y Henry Pérez a territorios que transcendían al Magdalena Medio tuvo cierta semejanza con el proceso de enquistamiento que años atrás…
p. 297
05Conversaciones de honor: Memorias MilitaresMartín Nova · 2020 · p. 521 cita
[5]que el manejo debía ser de manera amplia estatal, no solamente la aplicación de la fuerza y operaciones militares. Se percibe la participación de los ministerios en lo que es de su esencia y su responsabilidad. Y en cuanto a las Fuerzas Militares hay un margen de maniobra más amplio. Por ejemplo, el manejo por parte…
p. 52
06"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 25, 312 citas
[6]6; “De los fines del Estado” (Boletín de Estrategia 001), en el mismo ejemplar, pp. 79 a 82; “Organización básica de la defensa nacional”, (Boletín estratégico 002), en Nº. 89, mayo-junio-julio-agosto 1978, Vol. XXX, pp. 227 a 236; “Generalidades sobre seguridad nacional”, (Editorial), en No.96,…
p. 25
[28]L c arte L de m ede LL ín (1988-1994) Entre 1988 y 1994, los métodos de guerra sucia combinaron acciones encu- biertas de eliminación de cientos de civiles por parte de organismos estatales de seguridad y asesinatos selectivos perpetrados por paramilitares coordinados por agentes estatales. Este periodo coincide con…
p. 31
07El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 139, 1794 citas
[7]la creadora de la dicta- dura del general Rojas Pinilla. Pero unos pocos miembros de la élite política empezaron a preocuparse. El dirigente liberal Luis Carlos Galán expresó: El país tiende a vivir bajo autoridades cuya legitimidad se deriva cada vez menos de la soberanía popular y cada vez más de la fuerza armada.…
p. 139
[13]la creadora de la dicta- dura del general Rojas Pinilla. Pero unos pocos miembros de la élite política empezaron a preocuparse. El dirigente liberal Luis Carlos Galán expresó: El país tiende a vivir bajo autoridades cuya legitimidad se deriva cada vez menos de la soberanía popular y cada vez más de la fuerza armada.…
p. 139
[50]de drogas [...]” 9. El tratar de menospreciar a las víctimas, difamar de su vida personal y atacar su dignidad para justificar vulgarmente el crimen, se volvió algo rutinario. Y los grandes medios lo multiplicaban. Las investigaciones fueron demostrando que a Pardo Leal lo habían matado sicarios del narcotraficante…
p. 179
[51]de drogas [...]” 9. El tratar de menospreciar a las víctimas, difamar de su vida personal y atacar su dignidad para justificar vulgarmente el crimen, se volvió algo rutinario. Y los grandes medios lo multiplicaban. Las investigaciones fueron demostrando que a Pardo Leal lo habían matado sicarios del narcotraficante…
p. 179
08Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 471 cita
[8]la población, y se mejorara la inteligencia. En particular sugería: «Un programa intenso de registro de los civiles... de modo que todos sean registrados en archivos del gobierno incluyendo huellas digitales y fotografías»... También recomendaba este esmerado militar, el procedimiento de técnicas de interrogatorio que…
p. 47
09Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 471 cita
[9]la población, y se mejorara la inteligencia. En particular sugería: «Un programa intenso de registro de los civiles... de modo que todos sean registrados en archivos del gobierno incluyendo huellas digitales y fotografías»... También recomendaba este esmerado militar, el procedimiento de técnicas de interrogatorio que…
p. 47
10El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 651 cita
[10]serie de normas que autorizaron al Ministerio de Guerra para la conformación de grupos de civiles armados para el desarrollo de actividades de con- trainsurgencia, vigilancia y protección, tanto rural como barrial. Así fue como se expidió el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965, mediante el cual se reglamentó la…
p. 65
11Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 521 cita
[11]de control directo de las élites políticas locales y regionales. El general Rojas Pinilla dio el primer paso para desestimular a los grupos armados civiles y despolitizar a la Policía y acabar con sus expresiones subnacionales (el Decreto 1814 del 13 de junio de 1953 la trasladó al Ministerio de Defensa y la convirtió…
p. 52
12Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 152, 1622 citas
[12]con la tropa, para obligarlos a que se descubran; atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región” (Colombia, Ejército Nacional, Ayudantía General del Comando del Ejército, 1979, p. 188). Como los habitantes se encuentran en el centro del con fl icto, es necesario incluirlos en…
p. 152
[25]en Puerto Boyacá. Los orígenes del informe yacían en el testimonio de un desertor, Diego Viáfara, quien actuó como consejero municipal en este poblado. Viáfara les describió a los investigadores la forma de fi nanciación, la organización interna y las actividades de los grupos paramilitares. El informe hacía entonces…
p. 162
13Marijuana Boom: The Rise and Fall of Colombia's First Drug ParadiseLina Britto · 2020 · p. 3081 cita
[14]such bilateral cooperation. “The contaminating wave of social decomposition and immorality that knocks on the doors of the majority of countries,” new president Julio Cesar Turbay Ayala (1978–82) announced in his inaugural speech, “forced all nations to take care of the important problem of restoring ethical values,…
p. 308
14Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 871 cita
[15]y fincas ganaderas. El surgimiento del movimiento Muerte a Secuestradores (MAS) en 1981 marca un hito en la evolución del con- flicto en Colombia, llevando el antagonisn1o social a mayores niveles de violencia. En noviembre 1981, el M-19 (una organización guerrillera des- movilizada en 1990) secuestró a Marta Nieves…
p. 87
15Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzada en ColombiaMartha Nubia Bello Albarracín, Andrés Fernando Suárez, Mónica Márquez Ramírez · 2016 · p. 1131 cita
[16]los grupos de autodefensas en el Magdalena Medio con la presencia del presidente Betancur. El informe solicitado por el presidente Betancur al procurador general de la nación sobre el grupo paramilitar MAS 43 se elaboró en respuesta a las denuncias que llegaban desde el Magdalena Medio so- bre el accionar criminal de…
p. 113
16¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 90, 922 citas
[17]muchas de sus ofensivas contrainsur- gentes o en su implantación territorial en las periferias, dada la preca- riedad de recursos del Estado para financiar la guerra. A esto se había Titular de prensa, inicio del proceso de paz con las FARC en 1984. El Espectador. 137 Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del…
p. 90
[21]Cafetero, 1994), 45. 140 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica vos grupos en varias zonas del país: en Córdoba bajo el liderazgo de Fidel Castaño; en el Cesar, con los hermanos Prada; en la Sierra Nevada de Santa Marta, con Hernán Giraldo y Los Rojas; en Casanare, con Los Buitrago; y en los llanos…
p. 92
17El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 272 citas
[18]iba perdiendo terreno, pues iba quedando limpia la zona. (…) ¿Qué hizo Henry y Gonzalo? Quitarle las masas a la guerrilla. A uno los atraía, a otros los mataba. Entonces, por eso fue que hubo tanto muerto, tanto desplazado (…)”. (CNMH, CV, Triana, 2017, 13 de julio) La XIV Brigada del Ejército en comunicados oficiales…
p. 27
[19]iba perdiendo terreno, pues iba quedando limpia la zona. (…) ¿Qué hizo Henry y Gonzalo? Quitarle las masas a la guerrilla. A uno los atraía, a otros los mataba. Entonces, por eso fue que hubo tanto muerto, tanto desplazado (…)”. (CNMH, CV, Triana, 2017, 13 de julio) La XIV Brigada del Ejército en comunicados oficiales…
p. 27
18No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 211, 2262 citas
[20]los datos de la Comisión Andina de Juristas, mientras que para el periodo 1979-1982 se presentaban en promedio anual dos muertes de funcionarios judiciales, entre 1985 y 1988 este subió a 10,5 665. La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal) calculó, por su parte, 110 asesinatos…
p. 226
[85]1990. Aguilera Peña y Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Colombia), El orden desarmado, 385. 621 Los principales dirigentes de la ATCC fueron asesinados en 1990 en Cimitarra, Santander, junto a la periodista Silvia Duzán. Año 50 40 30 20 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Paros…
p. 211
19Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 1711 cita
[22]decir que no, pero ante un magistrado ustedes no van a salir con cuentos raros, no se los va a creer nadie”. Yo les digo así en la versión, esto no se lo cree nadie, que usted sea comandante y no… es su problema, el proceso es suyo”. 340 Capítulo 2 341 JUSTICIA Y PAZ: ¿Verdad judicial o verdad histórica? crimen…
p. 171
20Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 1641 cita
[23]armas, uniformes y alimentos), y las inversiones para consolidar una base social (droguerías, clínicas, escuelas y brigadas de salud). Los aportes de los ganaderos y las armas proveídas por el Ejército no bastaban para cubrir este esfuerzo de expansión. Poniéndolo en términos simples, había más necesidades que dinero.…
p. 164
21Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 521 cita
[24]yo entiendo, este señor Gacha, Pablo Escobar se unieron con los señores estos del Magdalena Medio, formaron las autodefensas en la hacienda Nápoles. Empezó como el ejército privado de ellos. El ejército privado de ellos, pa’ que los cuidaran. En ese momento que tenían un enemigo en común, que era la guerrilla. Ellos…
p. 52
22El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 1791 cita
[26]esta dirección fueron Uprimny y Vargas (1990) para quienes si bien paramilitarismo es el resultado de la evolución de las modalidades represivas estatales, en el con texto y marco de la guerra sucia, no es en estricto un instrumen- lu de la estrategia del Estado como un todo, sino una expresión contradictoria producto…
p. 179
23Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 67, 1502 citas
[27]las organizaciones subversivas” y “se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento” (Velásquez, E., 2007, página 138). En esta coyuntura de división ideológica se produjo una pro- funda radicalización política “que se manifestó en la exacerbación de autoritarismos regionales y en una creciente…
p. 67
[91]afectando el 60 por ciento de los mu- nicipios del territorio nacional (ver Mapa 4). Al analizar la magnitud del desplazamiento a nivel regional, tres regiones sobresalen como las mayores expulsoras y represen- tan más de la mitad de los éxodos registrados en este periodo: Urabá; Magdalena Medio; y Alto Sinú y San…
p. 150
24Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 231 cita
[29]ejercicio de la violencia política, con alta complicidad de las instituciones estatales, conocida como “guerra sucia”. Como se describirá en los primeros capítulos de este infor- me, alrededor del narcotráfico crecieron pequeños grupos armados de la izquierda radical, en su mayoría independientes de las guerrillas…
p. 23
25Trujillo: Una tragedia que no cesaGrupo de Memoria Histórica; Álvaro Camacho Guizado (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2008 · p. 411 cita
[30]y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar” Observatorio de derechos Hu- manos y DIH. Glosario de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanita- rio. Bogotá. Programa Presidencial de derechos Humanos y DIH. 2000, pp. 16-17. Primera Parte 41 Tabla 1. Evolución de las dimensiones de los hechos violentos del…
p. 41
26Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 521 cita
[31]desconoce 25. Los victimarios recorrieron el caserío con lista en mano para seleccionar a sus víctimas, las cuales fueron atadas y luego asesinadas con sevicia: “los cuerpos estaban mutilados, sin ojos y sin lengua; fueron asesinados a ba- lazos y a golpes de machete” 26. Olga Lucía García de Osorio fue violada…
p. 52
27Limpieza social. Una violencia mal nombradaCarlos Mario Perea Restrepo · 2015 · p. 301 cita
[32]revista Noche y Niebla 43. En dos lugares de la clasificación que preside el registro de la 42 Están las bases del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacio- nal Humanitario de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos; del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC); la reciente…
p. 30
28Las ideas en la guerra. Justificación y crítica en la Colombia contemporáneaJorge Giraldo Ramírez · 2015 · p. 194, 1952 citas
[33]se ventilaban, que abría amplias avenidas al exceso de policías y militares. Esos excesos —la guerra sucia— eran más graves mientras más lejos del centro del país y más abajo de las jerarquías castrenses se iba. Si una parte importante de la fuerza física, de la violencia, que se desplegaba en el territorio nacional…
p. 194
[34]se ventilaban, que abría amplias avenidas al exceso de policías y militares. Esos excesos —la guerra sucia— eran más graves mientras más lejos del centro del país y más abajo de las jerarquías castrenses se iba. Si una parte importante de la fuerza física, de la violencia, que se desplegaba en el territorio nacional…
p. 195
29Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 4311 cita
[35]proveedores para todas las armas” 468. La reacción de las Fuerzas Armadas, amparadas en el Estatuto de Seguridad, fue inmediata. Sin contemplaciones pasaron a la ofensiva y procedieron a allanar, detener y aplicar refinadas formas de tortura, como más adelante lo pudieron constatar organismos públicos y privados,…
p. 431
30El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 16, 284 citas
[36]a la justicia, fi nales de la década 1970, Colombia Procuraduría General de la Nación, Estados de Excep- ción, páginas 31 y siguientes, 2004, en el cual se alude a: el caso de la comunicación enviada por Pedro Pablo Camargo en 1979, en nombre del esposo de María Fan- ny Suárez de Guerrero, asesinada el 13 de abril de…
p. 28
[37]a la justicia, fi nales de la década 1970, Colombia Procuraduría General de la Nación, Estados de Excep- ción, páginas 31 y siguientes, 2004, en el cual se alude a: el caso de la comunicación enviada por Pedro Pablo Camargo en 1979, en nombre del esposo de María Fan- ny Suárez de Guerrero, asesinada el 13 de abril de…
p. 28
[68]la violencia y sus actores. Según los estimativos del gobierno de Virgilio Barco Vargas, solo el 20 por ciento de los crímenes llegaban al co- nocimiento de las autoridades, y de estos solo el 4 por ciento obtenía una sentencia (Tirado, 1989, páginas 66 - 67). Se trata- ba, además, de un sistema asediado él mismo por…
p. 16
[69]la violencia y sus actores. Según los estimativos del gobierno de Virgilio Barco Vargas, solo el 20 por ciento de los crímenes llegaban al co- nocimiento de las autoridades, y de estos solo el 4 por ciento obtenía una sentencia (Tirado, 1989, páginas 66 - 67). Se trata- ba, además, de un sistema asediado él mismo por…
p. 16
31Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 4281 cita
[38]de Seguridad; guerra sucia traducida en violaciones de derechos humanos de responsabilidad de organismos de seguridad e inteligencia; y transformación de los organismos civiles armados en aterradores paramilitares que, en alianza con el narco - tráfico, sectores políticos y sociales y la fuerza pública, eran…
p. 428
32El Palacio de Justicia: una tragedia colombianaAna Carrigan · 2009 · p. 1701 cita
[39]convence a nadie. Quizá la pregunta más fundamental que planteó la trage dia del Palacio es esta: ¿por qué, en una democracia constitucio nal que tiene una tradición de elegir líderes civiles, un país cuyas Fuerzas Armadas no conspiran para dar golpes militares, por qué es éste el país donde se libra la «guerra sucia»…
p. 170
33Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 841 cita
[40]esos hechos, le argumentaban a los miembros de la guerrilla que, pues, no tenían cómo pagar, pues ellos no generaban, pues, unas acciones en contra [específicamente] de esas familias. Al parecer, les hacían como un estudio socioeconómico a dichas familias y otras sí se iban desplazadas» 228. El exterminio de la Unión…
p. 84
34Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 12, 182 citas
[41]sin detenerse, dirigidos en específico contra sus militantes debido a su identidad política. Fue genera- lizada porque se presentó en gran magnitud en todo el territorio nacional, con énfasis donde la dinámica de participación política de la UP fue más exitosa y en un extenso periodo de tiempo com- prendido entre 1984…
p. 18
[45]la generosidad de muchas instituciones y perso- nas para tener acceso a información ineludible, lo que nos llevó a mirar de manera comprometida los enormes vacíos que circun- dan lo que hasta ahora se conoce de los hechos acaecidos a la Unión Patriótica. Sabemos que esta no será la única perspectiva desde la cual se…
p. 12
35Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 5, 144 citas
[42]otros periodistas a una reunión de las. Estaban FARC haciendo el evento de lanzamiento de la. Entonces, yo aproveché que iba a estar en la mañana de ese día en el UP campamento de las y grabé un mensaje de ‘Manuel Marulanda’ hablando sobre la. Lo grabé porque en la tarde en FARC UP Bogotá, cuando yo regresara, iba a…
p. 14
[43]otros periodistas a una reunión de las. Estaban FARC haciendo el evento de lanzamiento de la. Entonces, yo aproveché que iba a estar en la mañana de ese día en el UP campamento de las y grabé un mensaje de ‘Manuel Marulanda’ hablando sobre la. Lo grabé porque en la tarde en FARC UP Bogotá, cuando yo regresara, iba a…
p. 14
[83]en medio de un replanteamiento de su forma de lucha. El 7 de febrero de 1989 se realizó un encuentro de la Dirección Nacional del M-19, para discutir los pasos a seguir con el Gobierno. El movimiento en conjunto manifestó la cohesión con su comandante general, Carlos Pizarro. Los días 3 y 4 de marzo de 1989, en…
p. 5
[84]en medio de un replanteamiento de su forma de lucha. El 7 de febrero de 1989 se realizó un encuentro de la Dirección Nacional del M-19, para discutir los pasos a seguir con el Gobierno. El movimiento en conjunto manifestó la cohesión con su comandante general, Carlos Pizarro. Los días 3 y 4 de marzo de 1989, en…
p. 5
36Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2671 cita
[44]lo grar que jefes guerrilleros participaran en pol í tica y fueran elegidos al Congreso y otras corporaciones, buscaban crear un canal para simpatizantes y militantes civiles, muchos de ellos influidos por el curocomunismo, que cre í an que el ambiente pol í tico y la fatiga con la violencia favorec í an la acci ó n…
p. 267
37Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 702, 7082 citas
[46]los sobrevivientes nos tocó volarnos de Puerto Berrío– la mayor parte de militantes [...] llegamos aquí a Barrancabermeja huyendo» 2404. La reconstrucción de la violencia contra la UNO presentada a la Comisión permite establecer que ocurrieron violaciones de derechos humanos contra sus integrantes en por lo menos 23…
p. 702
[52]y el encarcelamiento judicial de los 2423 Prensa Cajar, «Masacre de Caño Sibao». 2424 Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Reiniciar), «Base de datos, Víctimas identificadas UP 1984-2006». 2425 Testimonio de Carlos Alfonso Velázquez, coronel (r) del Ejército y catedrático universitario…
p. 708
38A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 391 cita
[47]1982-2003,p. 139. 32 José Félix LAfaurie Rivera, presidente de Fedega/l, discurso de inauguración del XXX Congreso Nacional de Ganaderos, noviembre de 2006. 41 IV ÁN CEPEDA Y JORGE ROJAS Patriótica, de candidatos al concejo, sindicalistas, maestros, indígenas y profesores, no lesionó la capacidad de los grupos…
p. 39
39America's Other War: Terrorizing ColombiaDoug Stokes · 2005 · p. 962 citas
[48]and to articulate peasant and working-class interests within a democratic framework. According to sociologist Ricardo Vargas Meza: ‘[b]y incorporating some of the FARC’s socio-economic demands and extending the cease-fire, the accords opened the possibility of a political resolution to the conflict. Betancur’s…
p. 96
[49]and to articulate peasant and working-class interests within a democratic framework. According to sociologist Ricardo Vargas Meza: ‘[b]y incorporating some of the FARC’s socio-economic demands and extending the cease-fire, the accords opened the possibility of a political resolution to the conflict. Betancur’s…
p. 96
40Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 871 cita
[53]Sanabria había sido amenazado tanto físicamente como por vía 208 Ibíd., 102. 209 Ibíd. 210 Entrevista 150-PR-00657. Académico de la Universidad de la Amazonía que fue testigo de ese momento en Caquetá. 88 fiflćflThffan nexosfl. nThnflon telefónica, por agentes del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal…
p. 87
41Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 113, 1802 citas
[54]Socialista de los Trabajadores (PST), que se agruparon en torno a la idea de construir una propuesta política extra institucional y en oposición a los métodos que ellos mismos consideraban conciliatorios, como los diálogos de paz. Para mayor información revisar el caso sobre la persecución, estigmatización y…
p. 113
[95]Rodríguez (alias Aguilar) en Justicia y Paz. Es de anotar que el General Mauricio Santoyo jugó un papel importante al ser el facilitador de las comunicaciones entre la fuerza pública y los paramilitares 584. El mismo informe concluyó que: Durante el periodo de agudización del conflicto (2000-2002), la responsabilidad…
p. 180
42Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 1371 cita
[55]Samper, puesto ante las cuer das por el ñnanciamiento ilegal a su campaña presidencial, decidió revivir la medida. En todo caso, durante el gobierno de Barco y a la sombra y con el apoyo de los carteles de la droga, se vivió la implosión del paramilitarismo que comenzó a abarcar la mayor parte del territorio nacional.…
p. 137
43Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 144, 2574 citas
[56]Carranza y Molina quienes lo presentaron al grupo de traficantes de Medellín. Para mediados de los años ochenta, Rodríguez Gacha actuaba como una espe- cie de intermediario entre el cartel de Medellín y la mafia de las esmeraldas. 77 Esto resultó importante para Rodríguez Gacha cuando sus instalaciones de producción…
p. 144
[57]Carranza y Molina quienes lo presentaron al grupo de traficantes de Medellín. Para mediados de los años ochenta, Rodríguez Gacha actuaba como una espe- cie de intermediario entre el cartel de Medellín y la mafia de las esmeraldas. 77 Esto resultó importante para Rodríguez Gacha cuando sus instalaciones de producción…
p. 144
[59]los comerciantes a Puerto Boyacá preguntando por ellos, también fueron asesinados. Poco después, la esposa de Henry Pérez abrió un almacén para vender las mercancías robadas. 67 El paso siguiente en la decadencia de la Acdegam fue una consecuencia de la guerra entre los carteles, iniciada a fines de 1987, e implicó la…
p. 257
[60]los comerciantes a Puerto Boyacá preguntando por ellos, también fueron asesinados. Poco después, la esposa de Henry Pérez abrió un almacén para vender las mercancías robadas. 67 El paso siguiente en la decadencia de la Acdegam fue una consecuencia de la guerra entre los carteles, iniciada a fines de 1987, e implicó la…
p. 257
44Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 93, 1202 citas
[61]carga; de las cocinas o laboratorios químicos, a la venta directa de pasta y del alcaloide o a su trueque por armas. En esta confusa historia se fraguaron alianzas tran- sitorias y guerras locales episódicas entre guerrillas y organizaciones de nar- cotraficantes. Por entonces había llegado a su cénit el modelo…
p. 120
[67]sidente Betancur entendiera que la prioridad estadounidense era el combate frontal al tráfico de drogas prohibidas. El incremento del "fuego cruzado" implicó una guerra sucia por “corre dores” y "territorios” con altas dosis de terror hacia la población civil, ora indiscriminado, ora selectivo.1 2 En la década de…
p. 93
45Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 641 cita
[62]lo que sería un nuevo paramilitarismo que llegaría a su pico una década después. El principio del fin de las Autodefensas de Henry Pérez comenzó ese 18 de agosto de 1989, cuando sicarios, encabezados por Jaime Eduardo Rueda Rocha, nacido en Yacopí, Cundinamarca, en el Magdalena Medio, y entrenado en las escuelas de…
p. 64
46Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 1591 cita
[63]cien dólares por asesinar a alguien, incluidos políticos y policías. La guerra entre el Estado y el cartel de Medellín, liderado por Escobar, se intensificó entre 1989 y 1990, periodo al que el historiador Marco Palacios se refiere como “de fuego cruzado”. 34 En agosto de 1989, mientras hacía campaña por la…
p. 159
47Colombia Elites and Organized CrimeHannah Stone · p. 351 cita
[64]PEPES. 23 The Castaños had grown distant from Pablo Escobar for several reasons, not least because of Escobar's stat ed affinity for left - wing guerrillas, and his alleged links to M - 19 and another rebel group, the National Liberation Army (Ejército de Liberación Nacional - ELN). Berna's motivations were less clear…
p. 35
48The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 4211 cita
[65]history of Colombia was called: the pepes. Our existence was tolerated by the public prosecutor’s office, the police, the army, the DAS (Colombia’s main intelligence agency), and the Attorney General’s Office. Even President César Gaviria Trujillo never ordered a move against us. Journalists applauded in silence. And…
p. 421
49Democracia feroz. ¿Por qué la sociedad en Colombia no es capaz de controlar a su clase política?Gustavo Duncan · 2018 · p. 1941 cita
[66]como se analizará en la siguiente sección. L OS CAMBIOS EN EL NARCOTRÁFICO Y EN EL CONFLICTO La guerra del Estado contra Escobar se hizo en alianza con sus competidores en el narcotráfico. Desde finales de los años ochenta Escobar había agregado dentro de su lista de enemigos al Cartel de Cali y del Norte del Valle y…
p. 194
50Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 4811 cita
[70]la Verdad constituye para las víctimas una esperanza de acercar los reclamos de verdad, memoria y justicia sobre una de las más atroces prácticas genocidas del terrorismo de Estado en Colombia 1228. Así mismo, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que: 1226 Ibíd. 1227 Entrevista…
p. 481
51Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 1681 cita
[71]pressures that accelerated the practice. One incident catalyzed the public conversation. In early 2008, sixteen young men in Soacha, a working- class suburb of Bogotá, dis appeared after telling their families that they had gotten work and were leaving town. Civilian recruiters— later revealed to be in the army’s pay—…
p. 168
52Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 601 cita
[72]era un tipo de los que yo había formado desde hace muchos años atrás, ¿me entiende? Entonces, ¿cómo le sacamos provecho al man? Pues, démoselo de baja al Ejército, y el Ejército saca pecho con una baja importante de la autodefensa, y uno le ayuda a realizarla por medios noticiosos y todo eso, y listo. Ese era el……
p. 60
53Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 811 cita
[73]y Vargas, 2016). “Los expedientes abiertos por la Procuraduría y por un grupo de jueces instructores no avanzaron mucho en la recolección y evaluación de pruebas y dejaron a todos los victimarios en la impunidad” (Noche y Niebla, 2004, página 227). 83 2. ORÍGENES 1981ó1991’ Tabla 4. Votación obtenida por partidos de…
p. 81
54Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 3861 cita
[74]y demás documentos anexos a los expedientes judiciales, van tomando cuerpo sentimientos contradictorios y confusos. La ausencia de descripciones por parte de los autores de las masacres es notable. Ello se debe a la impunidad que rodea estos hechos y a que ninguno de los procesados confiesa haber cometido los actos…
p. 386
55Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 511 cita
[75]de salud. 53 1MKYIPäRKIP(¿E^]*EYWXMRS0ºTI^)PTEVEQMPMXEVMWQSIREGGMºR Un segundo paso sería dado el 19 de noviembre de 1982, con la expedición de la Ley No. 35 de 1982, que otorgaba una amnistía por delitos políticos 82 y fue aprobada por el Congreso a iniciati- va del Poder Ejecutivo. Con ello, como lo señaló Alfredo…
p. 51
5625 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 231 cita
[76]seria su primer presidenle. 21 Colombia dK/igtna..., págs. 272 y SS. 1 ' SegUn Maria Teresa Finclji, hubo una nueva dinamica con tos illdigenas. de trato mas reciproco, de "autoridad a au10· ridad'" rMoviniento social y cuiiW potiUca: el caso del movimienro de auroriclades indlgenas en Colombia-. en Amado GUOITero…
p. 23
57La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 40, 452 citas
[77]Betancur, elegido para el periodo 1982-1986, quien quiso consagrarse como el presidente de la paz. Bajo su administración se lanzó el primer gran proceso de diálogo con las guerrillas que se habían formado casi veinte años atrás. Sin embargo, las guerrillas ya no eran las mismas de la década del setenta. El…
p. 40
[81]los antiguos combatientes regresaron a la vida civil y política, y jugaron de inmediato un papel esencial y constructivo. Su comandante, Carlos Pizarro, fue candidato a la alcaldía de Bogotá el mismo mes de su desmovilización y obtuvo la tercera votación. Luego lanzó su candidatura presidencial, que fue truncada por…
p. 45
58Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 351 cita
[78]a las tentativas de paz que los llevó a trabajar en llave con los paramilitares. Los hechos se adelantaron a las audaces y originales políticas de Betancur. Él no tuvo la autoridad individual para implementar o decretar un cambio unilateral, ni para negociar la reincorporación de los movimientos guerrilleros a la…
p. 35
59Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de SantanderCarlos Andrés Pallares Rincón · 2014 · p. 971 cita
[79]cial durante el gobierno Turbay y por tanto abrió una posibilidad de regreso al poder del Partido Conservador, que representaba de facto a la oposición en su competencia electoral con el Partido Liberal, pese a la prolongación de la simetría en la repartición burocrática heredada del Frente Nacional. 99 Argelino Durán…
p. 97
60Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009Mauricio García Villegas, Javier Eduardo Revelo Rebolledo · 2009 · p. 371 cita
[80]Estado. La violencia dejó de ser una guerra de los narcotraficantes contra el Estado y se reconvirtió en una guerra de los finque- ros, apoyados por los narcotraficantes, contra la guerrilla y contra la población campesina y los sectores populares rurales y urbanos. Los protagonistas de esta violencia fueron los gru-…
p. 37
61Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 2261 cita
[82]Uribe, y sus efectos (2003-2005). Mapa 1. Bloques y frentes de grupos armados ilegales (1980-2006) Fuente: Julio Cortés para MH. 226 Mujeres y guerra - Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano Línea de tiempo Fuente: Línea de Género, MH. PERÍODOS MH CONFLICTO ARMADO GOBIERNOS Virigilio Barco Vargas César Gaviria…
p. 226
62Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 701 cita
[86]masivo de las comunidades campesinas e indígenas de la región del Alto Sinú a las zonas urbanas de Tucurá y Tierralta. En Urabá, se dieron tensiones con sindicatos y organizaciones alineadas con el Partido Comunista, o con juntas de acción comunal y organizaciones sociales que estaban ligadas a dinámicas…
p. 70
63Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 3031 cita
[87]mantener en reserva esa situación. El inicio de esta cadena fue el siguiente: el primer profesor asesinado fue el médico de la Universidad de Antioquia Pedro Luis Valencia, en julio de 1987. Un mes más tarde fueron asesinados dos de los asistentes a su entierro, los también profesores Leonardo Betancourt y el…
p. 303
64Entre la incertidumbre y el dolor: Impactos psicosociales de la desaparición forzada. Tomo IIICentro Nacional de Memoria Histórica; Liz Arévalo Naranjo (relatora); Carlos Miguel Ortiz (coordinador) · 2014 · p. 361 cita
[88]territorial. r La motivación para la persecución política es la estigmatiza- ción que subsiste al interior de los cuarteles militares, élites políticas y económicas. El argumento central de esta apología del odio ha con- sistido en relativizar el principio de distinción entre com- batientes y no combatientes,…
p. 36
65Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 215, 2252 citas
[89]de los más ilustrativos al respecto. Un líder de este partido le dijo a la Comisión: «Allí se produjeron matanzas horribles. Allí fue asesinado el alcalde de Tibú, Tirso Vél ez […], el candidato más opcionado a la Gobernación de Santander […]. En la ciudad de Barrancabermeja, fue asesinado Leonardo Posada Pedraza,…
p. 215
[94]asesinado en Gigante, Huila, después de ser detenido en el Batallón Cacique Pigoanza, en 2007, expresó su ind ignación por lo sucedido con su hijo: «Que digan la verdad porque mi hijo no era así […]. Es que no era así. No era como ellos lo anunciaron, como lo dijeron en los periódicos, en las emisoras: que era el…
p. 225
66En medio del Magdalena MedioAlfredo Molano Bravo · 2009 · p. 411 cita
[90]a todos los grupos armados, fueran 43 ALFREDO MoLANo BRAvo de extrema izquierda o de extrema derecha, y firmó pactos de convivencia tanto con las guerrillas como con los paramilitares. Ese equilibrio era dificil de mantener no sólo por los campe- sinos, sino también por los grupos armados. En 1989, varios de los…
p. 41
67Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 1231 cita
[92]They not only were effec- tive in displacing thousands from profitable lands but have also been effective in displacing and removing guerrilla presence from much of northern Colombia, especially along the coasts, transforming these territories into paramilitary- dominated zones. By the end of 2002 paramilitary forces…
p. 123
68Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombianoCentro Nacional de Memoria Histórica; Katherine López Rojas (coord.); Andrés Felipe Aponte; Carolina Lozano Rodríguez; Linda Lorena Sánchez Avendaño · 2017 · p. 1421 cita
[93]y Conflicto, fecha de corte: 29/04/2017. El segundo aspecto para señalar es que el incremento del reclutamiento por parte de los paramilitares revela la consoli- dación de unas bases sociales y el uso de redes narcos en territo- Número de personas Personas reclutadas Personas desvinculadas/desmovilizadas 0 100 200 300…
p. 142
69¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?Francisco Gutiérrez Sanín · 2020 · p. 1391 cita
[96]del movimiento depende del fracaso de la paz. Lo mismo se puede decir de los “auditorios duros” del movimiento, es decir, de sectores sociales con gran poder, que se sienten apasionadamente representados por el movimiento y que le proveen una parte significativa de su personal dirigente. A continuación, doy dos…
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70La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 891 cita
[97]una gran bancada en el Congreso que les permitiera ventilar sus intereses en los órganos de decisión de la Nación. Para tal efecto, les fue útil la proliferación de partidos políticos promovida por la Constitución de 1991. De hecho, para el momento en que las AUC estaban unificadas, ya existían varios movimientos…
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