Líderes sociales

Líder social

En el vocabulario público colombiano posterior a 2016, "líder social" designa a quien encarna, en un territorio, la capacidad organizativa de una comunidad frente al Estado, los actores armados y las economías extractivas. La categoría es reciente y ambigua: agrupa a presidentes de Juntas de Acción Comunal, comuneros indígenas de guardia, firmantes de acuerdos de sustitución de cultivos, reclamantes de tierras, lideresas de mujeres, defensores ambientales, militantes de derechos humanos. No la creó una ley ni una tradición unificada; se consolidó al mismo tiempo que Colombia se convertía, desde 2016, en el país que más asesina defensores de derechos humanos en el mundo. Esa coincidencia —visibilidad jurídica y exterminio— es la clave para entender qué nombra la palabra. El líder social es hoy, simultáneamente, un sujeto de protección constitucional, un actor central de la implementación del Acuerdo de La Habana y el blanco predilecto de una violencia rearticulada que llenó los vacíos dejados por la desmovilización de las FARC-EP.

Qué nombra la palabra

La categoría no describe un oficio ni una identidad política homogénea. Describe una función: la de mediar entre una comunidad y las estructuras —estatales, económicas, armadas— que la atraviesan. Bajo ese paraguas caben figuras muy distintas. El presidente de una Junta de Acción Comunal en una vereda del Catatumbo que gestiona la construcción de una vía y la instalación del fluido eléctrico. El médico tradicional de una comunidad emberá en el Medio Baudó chocoano. El comunero de la Guardia Indígena que se turna con otros jóvenes de su cabildo para controlar el territorio frente a economías ilegales. La dirigente sindical de una empresa palmera del bajo Atrato. El firmante del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en el Putumayo. La defensora afrocolombiana de un consejo comunitario en Tumaco. La persona LGBT que asume, en un municipio pequeño, la defensa pública de derechos.

Lo que unifica a estas figuras no es su origen social ni su repertorio ideológico, sino su posición estructural. Los líderes comunitarios han asumido históricamente la función de garantizar derechos ciudadanos y proteger la vida de las poblaciones donde el Estado y los actores económicos han dejado vacíos. Esa función de sustitución los vuelve interlocutores necesarios de cualquier proyecto —público o armado— que aspire a operar en el territorio. Y los convierte, por la misma razón, en obstáculos cuando ese proyecto es la coca, la minería ilegal, el despojo o el control social por la vía del miedo.

La palabra, además, es de aparición tardía. Hasta bien entrada la década de 1990, el mapa organizativo colombiano se describía por sus componentes: campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, comunales, defensores de derechos humanos. Rocío Londoño calculaba para 1993 que cerca de 4.500.000 colombianos estaban vinculados a alguna forma de organización de base —Juntas de Acción Comunal, sindicatos, organizaciones campesinas, de viviendistas, étnicas, de género, ecológicas, de derechos humanos—, una cifra amplia aunque la propia autora advertía sobre la irregularidad de la participación real. La consolidación de una etiqueta común, "líder social", coincide con dos procesos paralelos: la constitucionalización del discurso de derechos humanos tras 1991 y la profesionalización de organismos internacionales que necesitaban una categoría abarcadora para nombrar a quienes eran asesinados. Visibilidad y vulnerabilidad se construyeron a la vez.

Los cauces históricos: del terraje a las juntas

Ningún país inventa de la nada su capacidad organizativa. La figura contemporánea del líder social descansa sobre cauces que se abrieron a lo largo del siglo XX y que hoy son legibles como sus antecedentes directos.

El primer cauce es indígena. Manuel Quintín Lame, en el sur andino, formuló a comienzos del siglo XX los puntos programáticos que décadas después retomaría el Consejo Regional Indígena del Cauca: recuperación de resguardos, abolición del terraje, defensa de la autonomía. Cuando el CRIC se organiza en los años setenta en el norte del Cauca, no está creando un movimiento desde cero: se inscribe en una tradición de lucha por la tierra y el gobierno propio que ya llevaba medio siglo enunciada. De esa matriz nacen las figuras contemporáneas del cabildo, el resguardo, la minga y la Guardia Indígena —una estructura colectiva, orientada por el cabildo, compuesta por jóvenes que se turnan en el servicio y que cumple funciones de control territorial, defensa de sitios sagrados y acompañamiento a la movilización—. En regiones como el Cauca, el liderazgo comunitario indígena se ha extendido más allá de los resguardos, ejerciéndose incluso en zonas de población mestiza donde los guambianos, por ejemplo, son reconocidos por su pericia agrícola y organizativa.

El segundo cauce es campesino. La Ley 19 de 1958 creó las Juntas de Acción Comunal, los primeros espacios formales de autogestión solidaria de las comunidades rurales colombianas. En regiones como el Catatumbo, las JAC se convirtieron en el motor principal de las demandas hacia el Estado, gestionando desde vías hasta electricidad en territorios que quedaban al margen de la infraestructura petrolera. Casi diez años después, el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, mediante el Decreto 755 de 1967 y una campaña masiva del Ministerio de Agricultura, creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. En 1970 la ANUC contaba con cerca de 845.000 usuarios inscritos, y en 1971 protagonizó la mayor movilización rural organizada de la segunda mitad del siglo XX colombiano, con recuperaciones de tierras en zonas de latifundio y colonización. La ANUC se fracturó pronto —la Línea Armenia cercana al gobierno, sectores más radicales influidos por la izquierda maoísta, presiones de las guerrillas por asumir la dirección del movimiento— y, sin embargo, dejó cuadros formados en Sucre, Córdoba y Bolívar cuya experiencia se proyectaría en las décadas siguientes.

El tercer cauce es afrocolombiano. La organización territorial en el Chocó, particularmente el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, articuló comunidades negras en un título colectivo estructurado por cuencas hidrográficas. Esa articulación traducía redes de parentesco y movilidad territorial en potencialidad política frente al Estado, y sería el modelo que la Ley 70 de 1993 recogería como marco general para las comunidades negras.

El cuarto cauce es el sindical y de derechos humanos. En un contexto en que el discurso jurídico de los derechos humanos apenas ascendía y los instrumentos legales eran escasos, víctimas de la violencia, líderes populares y profesionales comprometidos cimentaron desde los años ochenta las bases de las organizaciones civiles de derechos humanos que empujarían la inclusión de mecanismos de defensa en el sistema jurídico colombiano.

Estos cuatro cauces no confluyen en una sola tradición pero comparten un rasgo: su capacidad de generar liderazgos que sustituyen o negocian con el Estado en territorios donde este llega tarde, mal o nunca.

La lógica contrainsurgente y el líder como enemigo

El otro antecedente indispensable es más oscuro. Desde los años setenta se instaló en Colombia una ecuación política que trataría la capacidad organizativa social como amenaza militar. Las élites propietarias y políticas interpretaron el movimiento campesino de la ANUC como punta de lanza de la revolución comunista. Corrientes de las Fuerzas Armadas, dentro del proyecto contrainsurgente, extendieron la lógica: la movilización social era vista como extensión del proyecto guerrillero, y su respuesta —cuando el marco institucional resultaba insuficiente— derivó en soluciones clandestinas apoyadas por sectores civiles. La violencia contra líderes campesinos de esa década tuvo, entonces, un doble filo: la visión conspirativa de las élites y la voluntad de las guerrillas de asumir la dirección de la movilización, dos fuerzas que estrangularon la autonomía del movimiento.

El punto de inflexión llegó con el proceso de paz del gobierno de Belisario Betancur y la creación de la Unión Patriótica en 1985. La UP nació como plataforma política legal ligada al proceso con las FARC, y su exterminio inmediato reveló hasta qué punto la lógica contrainsurgente se había autonomizado del control civil. Desde 1986, en Córdoba y Urabá, los paramilitares de los hermanos Castaño comenzaron a asesinar sistemáticamente a afiliados a la UP, a miembros de sindicatos y grupos aliados, considerándolos agentes de las FARC disfrazados de civiles. Ese criterio —el militante legal como guerrillero encubierto— justificó no solo el asesinato de comunistas sino también el de socialdemócratas y liberales opuestos a la vía armada. El exterminio se coordinó desde Puerto Boyacá hacia las regiones donde la UP tenía presencia: Urabá, los Llanos Orientales, el Nordeste Antioqueño. Solo en el Magdalena Medio, entre 1984 y 1991, se documentaron al menos 55 víctimas entre asesinatos y desaparecidos.

Lo que se instaló entonces no fue un episodio sino un patrón. Los paramilitares desarrollaron una política sistemática de ataques contra civiles —líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas— y no lo hicieron como excesos individuales: la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional estableció en 2012 que los ataques contra la población civil, tanto de las FARC como del ELN y de los grupos paramilitares, respondieron a políticas desarrolladas por los mandos de cada organización. Las víctimas eran acusadas de ser informantes o colaboradores del enemigo, y esa acusación funcionaba a la vez como justificación del crimen y como mecanismo de control social sobre el resto de la población. Bastaba residir en una vereda considerada guerrillera para ser sindicado como tal; bastaba asistir a una reunión para ser marcado. La estigmatización operaba sin necesidad de prueba, y la connivencia de agentes del Estado con actores armados —particularmente con los paramilitares— aparecía en los testimonios como un patrón ampliamente observado por las comunidades.

Tras la desmovilización paramilitar de mediados de los años 2000, subalternos de mandos desmovilizados crearon grupos neoparamilitares que continuaron el trabajo. En Tumaco, los asesinatos de Felipe Landázuri en 2008, Armenio Cortés en 2008 y Miller Angulo en 2012 —todos líderes de consejos comunitarios y de víctimas— mostraron que la lógica no se había desmontado con las armas entregadas. Simplemente había cambiado de siglas.

El Acuerdo de La Habana y la trampa del vacío

La firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 2016 reconoció formalmente a los líderes sociales como sujetos de la implementación. Restitución de tierras, sustitución de cultivos, participación política, titulación colectiva: cada punto del Acuerdo pasaba por la existencia de comunidades organizadas capaces de exigir, negociar e implementar. El líder social se convirtió, en el diseño institucional, en el puente indispensable entre el Estado central y el territorio.

Al mismo tiempo, la salida de las FARC-EP de vastas zonas del país generó un vacío que el Estado no ocupó. Las guerrillas ejercían allí funciones de regulación social —resolución de conflictos, control de economías, imposición de reglas— cuya desaparición no fue seguida por presencia estatal efectiva. En ese hueco entraron actores nuevos y viejos: disidencias de las FARC-EP que rechazaron el proceso, el Ejército de Liberación Nacional que expandió corredores, neoparamilitares vinculados a economías extractivas —el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia a la cabeza—, grupos armados organizados residuales de contornos difusos. Todos coincidieron en un punto: los líderes sociales que impulsaban la implementación del Acuerdo eran el obstáculo más inmediato para el control territorial.

Los números confirman la escala del fenómeno. En 2020, Colombia concentró el 53% del total mundial de asesinatos de defensores de derechos humanos: 177 de 331 casos globales, según el análisis anual de Front Line Defenders. Desde 2016, el país ocupa sin interrupción el primer lugar del mundo en asesinatos de defensores. Entre 2016 y 2020, solo en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare fueron asesinados 113 líderes sociales. El patrón geográfico es inequívoco: los crímenes se concentran en zonas de antigua presencia FARC hoy disputadas por disidencias, y en corredores del ELN, del Clan del Golfo y de economías ilegales.

La distribución de responsabilidades, según datos de la Fiscalía, muestra un panorama fragmentado. El Clan del Golfo aparece implicado en un 11,86% de los casos, los Grupos Armados Organizados Residuales en otro 11,86%, el ELN en un 7,91%, las disidencias de las FARC-EP en un 1,13%. Los grupos posdesmovilización o herederos del paramilitarismo son responsables de al menos el 38% de los registros de asesinatos selectivos contra líderes sociales y comunidades vulnerables hasta 2016. Una porción significativa de los crímenes se ejecuta a través de sicarios que desconocen la identidad de quien los contrató, lo que hace del asesinato una operación deliberadamente opaca.

La violencia mantuvo su ritmo incluso en el confinamiento del Covid-19. Entre el 5 de marzo y el 31 de julio de 2020, cuando el país se recluyó en sus casas, fueron asesinados 73 líderes sociales y al menos 13 comuneros indígenas: el 93% eran hombres y el 90% de las muertes ocurrieron en zona rural. El encierro urbano no protegió a nadie porque el conflicto por el territorio no se detuvo.

La dimensión étnica del exterminio es particularmente aguda. Según el proyecto conjunto de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y el Human Rights Data Analysis Group, los asesinatos de líderes afrocolombianos aumentaron de alrededor de 10 en 2013 a cerca de 33 en 2018, con una escalada notable después de la firma del Acuerdo. El caso del médico tradicional Esquivel Manyoma Barrigón, de la comunidad Dabeiba Queracito en el Medio Baudó, raptado y asesinado el 10 de junio de 2017 —crimen atribuido por los habitantes de la zona a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia—, ilustra la vulnerabilidad específica de los liderazgos étnicos en territorios de titulación colectiva disputados por cultivos de palma y economías ilegales. En el norte del Cauca, desde 2017, líderes indígenas comenzaron a reportar amenazas y declaraciones de objetivo militar firmadas indistintamente por EPL, Águilas Negras, disidencias de las FARC y ELN, en una polifonía de siglas que producía una sola cosa: zozobra.

Anatomía del crimen selectivo

El asesinato de un líder social en el posacuerdo colombiano no es un episodio de violencia general: es una operación selectiva con una función específica. Los actores armados —guerrillas, paramilitares, grupos herederos— la utilizan como estrategia deliberada para instalar el miedo, sustraer al sujeto político de la esfera pública y ejercer control territorial.

La mecánica funciona en varios registros. En el registro inmediato, el crimen elimina al obstáculo concreto: quien firmó un acuerdo de sustitución, quien lidera un proceso de restitución, quien preside el consejo comunitario. En el registro colectivo, el asesinato desarticula la organización que la persona lideraba. Los casos de Jair Murillo y Marta Cecilia Obando muestran cómo la muerte de un liderazgo visible puede provocar la desaparición o desestabilización grave del proceso que acompañaba, un efecto que no se produce siempre pero es lo bastante frecuente como para haberse convertido en objetivo táctico. En el registro difuso, el crimen funciona como mensaje: para otros líderes ya amenazados en la misma vereda o municipio, la muerte de un compañero conocido opera como aceleración de decisiones —desplazarse, renunciar a la vocería, abandonar el proceso—. En la Comuna 13 de Medellín, los testimonios documentaron cómo el asesinato de personas cercanas a líderes amenazados era interpretado directamente como evidencia de que las amenazas serían cumplidas.

La estigmatización precede al crimen. Los grupos armados construyen al líder social como colaborador del enemigo: informante de la Fuerza Pública, aliado de la guerrilla rival, cómplice del paramilitar. La acusación se produce en un contexto donde la mera geografía condena —vivir en cierta vereda basta para ser guerrillero, asistir a una reunión basta para ser paramilitar— y donde la población civil queda atrapada entre la espada y la pared: cualquier interacción, voluntaria o forzada, con cualquiera de los actores, es reinterpretada por el otro como colaboración.

La estigmatización también proviene, en momentos clave, de las autoridades públicas. En la década de 2000, declaraciones de altos funcionarios cuestionaron el compromiso y la legitimidad del trabajo de defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, en episodios que motivaron pronunciamientos de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El presidente Álvaro Uribe acusó públicamente a ONG nacionales e internacionales de ser simpatizantes del terrorismo, lo que fue seguido de allanamientos a sus oficinas y detenciones de activistas bajo cargos de colaboración con terrorismo. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU había señalado ya en 2005 su preocupación por la abundancia de casos de tortura y tratos crueles atribuidos a miembros de la fuerza pública y a servidores públicos, en un cuadro donde las violaciones al derecho a la integridad personal no eran reconocidas ni corregidas.

El efecto acumulado sobre las organizaciones es un desgaste que las obliga a operar en modo defensivo permanente. La recurrencia, sistematicidad y encubrimiento de los asesinatos y amenazas producen una desestructuración de las apuestas políticas comunitarias que no depende de un asesinato aislado sino del clima que instala su repetición. Las organizaciones defensoras de derechos humanos en el Magdalena Medio han sufrido desde afectaciones emocionales por exposición constante a violencia extrema hasta la victimización directa de sus miembros. La cooptación de líderes por parte de intereses económicos o armados —cuando no se los mata, se los compra o se los convence de callar— aparece, junto con las dinámicas económicas regionales y los repertorios de violencia, como uno de los factores que erosionan la autonomía y el control territorial de las organizaciones comunitarias.

El marco de protección y sus grietas

Colombia dispone, en el papel, de un aparato de protección extendido. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emite alertas periódicas sobre riesgos en el territorio. La Unidad Nacional de Protección administra esquemas individuales y colectivos —chalecos, escoltas, vehículos blindados, teléfonos—. La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación fue creada para investigar contextualmente las agresiones contra líderes, lideresas y excombatientes. El Decreto 2124 de 2017, impulsado por la delegación gubernamental en la Mesa de Quito durante las negociaciones con el ELN, buscó reforzar precisamente el Sistema de Alertas Tempranas ante la preocupación por los asesinatos. Durante esas mismas negociaciones, el gobierno se comprometió con la pronta aplicación de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017 en cuanto a la despenalización de la protesta social.

El marco existe. Su falla es sistemática. Las cifras del asesinato acumulado desde 2016 —la ONU y la Fiscalía documentan al menos 417 líderes sociales asesinados en los últimos años, cifra inferior a la que Indepaz reporta para períodos comparables— revelan un patrón: las alertas se emiten y no se traducen en presencia, los esquemas se otorgan tarde o resultan inadecuados a los riesgos territoriales, las investigaciones se estancan. La Comisión de la Verdad recomendó, entre otras medidas, fortalecer las capacidades territoriales de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para permitir un análisis contextual por región de las agresiones, y garantizar una respuesta efectiva de la Unidad Nacional de Protección a las solicitudes individuales y colectivas. Recomendaciones necesarias precisamente porque nombran lo que no está funcionando.

Detrás de la brecha entre marco y realidad hay un problema estructural. La protección individual no puede sustituir la ausencia de Estado territorial. Un chaleco antibalas y un escolta no reemplazan a un juez de circuito, a una inspección de policía, a una escuela funcionando, a una carretera pavimentada. En territorios donde la única forma de presencia institucional es el esquema de protección de un líder amenazado, la protección misma se convierte en confirmación del abandono. Y el líder queda expuesto: es visible como amenazado, pero invisible como ciudadano cuyo territorio debería estar regulado por instituciones civiles y no por su capacidad personal de sobrevivir.

La doble herencia

La figura contemporánea del líder social condensa dos herencias que no se contradicen sino que se refuerzan.

Por un lado, una herencia organizativa. Las Juntas de Acción Comunal creadas en 1958, la ANUC de 1967, el CRIC de los años setenta, los consejos comunitarios afrocolombianos consolidados por la Ley 70 de 1993, las organizaciones de derechos humanos gestadas en los ochenta, las redes de lideresas y colectivos LGBT desarrolladas en las últimas dos décadas: todo eso es materia viva que el líder social hereda. Cuando el Acuerdo de La Habana reconoció a las comunidades organizadas como sujetos de implementación, no inventó nada; ratificó una capacidad organizativa que llevaba décadas gestándose desde abajo.

Por otro lado, una herencia de exterminio. La lógica que trata la capacidad organizativa como amenaza militar, la ecuación entre movilización social y extensión guerrillera, la estigmatización arbitraria como colaboradores del enemigo, la política sistemática de ataques contra civiles desarrollada por los mandos paramilitares y confirmada por la Corte Penal Internacional en 2012: todo eso es también materia viva. Los actores armados del posacuerdo no reinventaron el crimen selectivo; heredaron una gramática de exterminio que el país no había desmontado.

El Acuerdo de 2016 puso ambas herencias en tensión visible. Al reconocer al líder social como sujeto de la paz, lo volvió más necesario y más expuesto. Al retirar a las FARC-EP sin llenar el vacío con Estado, entregó a las comunidades a la disputa entre actores rearticulados. La violencia posacuerdo contra líderes sociales no es, entonces, una anomalía respecto de la paz firmada: es el modo específico en que la ausencia de una paz territorial completa se ha ejecutado sobre los cuerpos de quienes intentaban implementarla.

La palabra y lo que sostiene

"Líder social", como categoría, es una construcción tardía, ambigua y necesaria. Tardía porque llegó cuando el fenómeno organizativo llevaba un siglo produciendo cuadros. Ambigua porque cubre bajo un mismo término realidades tan distintas como un guardia indígena nasa, un firmante de sustitución en el Putumayo y una lideresa comunal del Catatumbo. Necesaria porque nombra, en un solo vocablo, aquello que en Colombia queda expuesto cuando el Estado no llega: la voluntad de una comunidad de organizarse para exigir derechos, y la vida concreta de quien pone el nombre y el cuerpo en esa exigencia.

La pregunta que la categoría deja abierta es institucional, no semántica. Colombia ha construido, en el papel, un aparato de protección extenso. Ha reconocido, en el Acuerdo de La Habana, a los líderes sociales como sujetos de la implementación de la paz. Sigue siendo, año tras año, el país donde más defensores de derechos humanos son asesinados en el mundo. Esa distancia entre el marco jurídico y la realidad territorial no es un problema técnico de coordinación entre entidades: es la manifestación de que la lógica contrainsurgente que trató durante décadas la organización social como enemigo interno no ha sido efectivamente desmontada, y de que el vacío territorial dejado por la salida de una guerrilla no fue seguido por la ocupación cívica del Estado.

Mientras esa doble condición persista —lógica de exterminio no desmontada, vacío territorial no ocupado—, la palabra "líder social" seguirá nombrando, en Colombia, tanto una tradición organizativa de largo aliento como una condición de amenaza continua. Los nombres se acumulan, los territorios se repiten, las cifras suben. La pieza jurídica que faltaría no es una ley más de protección individual, sino una decisión política sostenida de hacer del territorio, y no del cuerpo del líder, el objeto de la garantía.