Enemigo interno

En la gramática militar colombiana de la segunda mitad del siglo XX, "enemigo interno" no fue una descripción de la realidad sino un dispositivo para producirla. La categoría, importada de la contrainsurgencia francesa en Indochina y Argelia, filtrada por la doctrina estadounidense de la Guerra Fría y adaptada por generaciones sucesivas de oficiales colombianos, definió al adversario no por el hecho de portar armas sino por su posición ideológica. Fijó, en palabras del propio Ejército Nacional en 1963, "una frontera ideológica inmaterial" que atravesaba el cuerpo social. Esa frontera —movediza, expansiva, discrecional— permitió tratar como amenaza militar a sindicalistas, campesinos organizados, estudiantes, sacerdotes, magistrados, políticos de oposición y comunidades enteras. Bajo su cobertura se expidieron decretos, se armaron civiles, se redactaron manuales, se ejecutaron operaciones y se enterraron nombres. Rastrear su genealogía es exponer el andamiaje conceptual que hizo pensables, y luego rutinarias, prácticas de exterminio bajo lenguaje técnico.

La forma del concepto

El enemigo interno es, en términos estrictos, una categoría de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), el paradigma que hegemonizó el pensamiento militar latinoamericano entre los años sesenta y ochenta. Su núcleo consiste en un desplazamiento: el enemigo ya no es un Estado extranjero al otro lado de una frontera geográfica, sino un adversario ideológico incrustado dentro del propio cuerpo nacional. De esa premisa se siguen consecuencias que definen todo lo demás.

Una de ellas es la totalización del conflicto. Bajo la DSN, la lucha contra el enemigo interno se caracterizó como una "guerra total e indivisible" que exigía asumir como "frentes de guerra" todos los espacios de la vida nacional: económico, sindical, religioso, psicológico. La guerra deja de ser una excepción acotada y se convierte en la condición permanente del Estado. Otra es la disolución de la neutralidad. Los manuales militares colombianos, formados en esta lógica, no contemplaron una tercera posición: la población civil era, o bien parte del problema subversivo, o bien leal al Estado. No había espacio intermedio, y por tanto tampoco protección para quien no quisiera alinearse.

Pero la consecuencia más grave es la difuminación del principio de distinción entre combatiente y no combatiente. El Reglamento de Combate de Contraguerrillas de las Fuerzas Militares dividió las fuerzas insurgentes en dos componentes, "grupo armado" y "población civil insurgente", definida esta última como "la masa heterogénea conformada por elementos provenientes de diferentes sectores y unificada a través de un proceso de actividad sicológica". Con esa definición, categorías enteras de la sociedad quedaban clasificables como parte de la insurgencia sin haber tomado nunca un arma. El reglamento sostenía además que, en la etapa avanzada de la guerra subversiva, los grupos armados "organizan y dirigen movimientos sindicales, estudiantiles y campesinos" como parte del frente civil, con lo cual la existencia misma de un sindicato o de un movimiento estudiantil podía leerse como manifestación de guerra.

El ministro de Defensa Rafael Samudio Molina lo expresó sin rodeos en su Memoria al Congreso 1987-1988: la subversión, dijo, actuaba simultáneamente "en los campos político, económico, educativo, sindical y armado". Dicha desde el poder civil ante el legislativo, la frase oficializaba una definición del enemigo que había estado latente en los manuales durante dos décadas. Y ese enemigo, así redefinido, era ya inseparable de la organización social legal.

Del Mekong a Fort Benning: el itinerario transnacional

La doctrina no nació en Colombia. Sus arquitectos originales fueron oficiales franceses que, tras las derrotas en Indochina (1954) y Argelia (1962), destilaron una teoría de la guerra revolucionaria centrada en el control de la población civil, el trabajo psicológico y la eliminación selectiva de cuadros. Roger Trinquier sistematizó estas ideas en La guerre moderne (1961) y David Galula en Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice (1964); ambos volúmenes se convirtieron en canon técnico de las escuelas contrainsurgentes del hemisferio.

Estados Unidos absorbió ese saber francés durante los primeros años sesenta y lo articuló con sus propias experiencias en Filipinas, Malasia británica y Kenia, y sobre todo con la escalada vietnamita. La administración Kennedy, alarmada por el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, imprimió a la Alianza para el Progreso una cara contrainsurgente cuya base teórica quedó explicitada en Las etapas del crecimiento económico (1960) de Walt W. Rostow, texto que anudaba modernización y contención. El principio operativo era doble: fortalecer la legitimidad política de los Estados aliados y adiestrar a sus fuerzas armadas en guerra irregular contra el enemigo interno.

La transferencia hacia América Latina se hizo por dos canales. Uno fue la formación masiva de oficiales latinoamericanos en instalaciones militares estadounidenses ubicadas en la Zona del Canal de Panamá, en Fort Benning (Georgia), Fort Bliss (Texas) y Fort Bragg (Carolina del Norte). Allí, a lo largo de tres décadas, miles de militares aprendieron teoría económica, estructura del partido comunista, organización de células, guerra psicológica y técnicas de interrogatorio. La Escuela de las Américas, luego trasladada a Fort Benning, se convirtió en el sitio emblemático de esa pedagogía. El otro canal fue la asesoría directa en terreno mediante misiones militares.

La misión más determinante para Colombia fue la que encabezó el general William P. Yarborough en febrero de 1962. Yarborough, entonces al frente del Special Warfare Center estadounidense, recorrió el país y entregó dos informes: uno público y uno anexo secreto. El anexo recomendaba estructurar, con respaldo estadounidense, "una organización de tipo civil-militar" que ejecutara "actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra conocidos proponentes comunistas". Sugería también un programa intensivo de registro poblacional con huellas digitales y fotografías, y el empleo de técnicas de interrogatorio con sodio pentotal y polígrafos. El documento importa menos por sus efectos inmediatos que por lo que anticipa: la fórmula civil-militar armada para la eliminación de opositores políticos —lo que dos décadas después se llamará paramilitarismo— aparece formulada en 1962 como recomendación técnica de un asesor extranjero.

El canal formativo siguió operando durante décadas. El mayor Alirio Antonio Urueña Jaramillo, señalado por su papel en la masacre de Trujillo (Valle del Cauca) a finales de los años ochenta, había pasado dos veces por el aparato estadounidense: en 1976 asistió a la Escuela de las Américas, y entre diciembre de 1988 y enero de 1989 tomó un curso para oficiales de inteligencia. Casos como el suyo muestran que la doctrina no viajó como texto abstracto sino incrustada en trayectorias biográficas concretas de mandos que luego la aplicaron sobre poblaciones concretas.

Antecedentes domésticos y el primer laboratorio

La doctrina llegó a un país donde el ejercicio de la violencia contra opositores internos tenía ya larga tradición. Las operaciones militares contra guerrillas liberales y comunistas en los Llanos Orientales entre 1952 y 1953, y las guerras de Villarrica en el oriente del Tolima entre 1954 y 1955, habían practicado la lógica del enemigo interno mucho antes de que existiera el vocabulario técnico para nombrarla. La DSN no inauguró la persecución: le dio marco doctrinario coherente, respaldo transnacional y aparato jurídico.

Su primer laboratorio pleno fue Marquetalia. En el Senado de la República, hacia 1961, el conservador Álvaro Gómez Hurtado, apoyado por el liberal Víctor Mosquera Chaux, popularizó la expresión "repúblicas independientes" para designar enclaves campesinos —Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero— donde, según denunciaba, el Estado había perdido soberanía. La calificación desplazaba el problema del terreno agrario, donde en realidad estaba, al terreno de la seguridad nacional. Detrás del discurso de Gómez Hurtado había presiones de latifundistas y sectores del clero que no habían logrado apoderarse de tierras colonizadas por campesinos, dato que el líder conservador omitió en sus intervenciones. La denuncia parlamentaria construyó una amenaza cuya escala justificaba una respuesta militar de envergadura.

En mayo de 1964, bajo el gobierno del conservador Guillermo León Valencia, el Ejército lanzó una operación combinada contra Marquetalia, una zona campesina en el sur del Tolima donde vivían unas cuarenta y ocho familias bajo el liderazgo de Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda Vélez. La operación, apoyada por aviación y bombardeo, movilizó miles de soldados contra un puñado de campesinos armados. A pesar de la abrumadora desproporción, Marulanda y la mayoría de sus hombres rompieron el cerco. Poco después redactaron el Programa Agrario de los Guerrilleros y constituyeron el Bloque Sur, que en 1966 se refundó como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), siempre bajo la orientación ideológica del Partido Comunista Colombiano y del ideólogo Jacobo Arenas.

La operación produjo su propia justificación retrospectiva. Se inventó al enemigo en nombre de una respuesta continental, y sin la agresión de Marquetalia probablemente las FARC no habrían nacido. Aunque la operación desencadenó protestas del Movimiento Revolucionario Liberal y del Partido Comunista, debates parlamentarios que denunciaron fusilamientos y torturas, marchas estudiantiles, comunicados obreros y cerca de cincuenta atentados terroristas sin víctimas, ninguna reacción alteró la trayectoria doctrinal. Al contrario: la aparición de las FARC como consecuencia directa de la operación confirmó, en la lectura oficial, la existencia previa de la amenaza que la operación pretendía combatir. Se cerraba así un circuito autorreferencial que definiría el conflicto colombiano durante medio siglo: la doctrina que producía la insurgencia era la misma que se legitimaba con su existencia.

El aparato jurídico

La traducción normativa del enemigo interno se hizo por capas. La primera piedra fue el Decreto Legislativo 3398 del 24 de diciembre de 1965, expedido bajo el gobierno de Valencia. Reglamentó la defensa nacional definiéndola como "la organización y empleo de todos los habitantes y recursos del país desde tiempo de paz" para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones. El texto autorizaba al Ministerio de Defensa, "por conducto de los Comandos", a permitir la propiedad particular de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas para la "defensa civil". El monopolio estatal de la fuerza —piedra angular del Estado moderno— quedaba, por vía de decreto, abierto.

El Decreto 1667 de 1966 complementó ese marco. La Ley 48 del 16 de diciembre de 1968 elevó ambos decretos a norma permanente, sacándolos de la lógica del estado de excepción y convirtiéndolos en legislación ordinaria. El Decreto 1355 de 1970 reforzó el andamiaje. El resultado fue que entre 1965 y 1989 el paramilitarismo fue legal en Colombia: no lo eran, evidentemente, los crímenes cometidos por esos grupos, pero la conformación de estructuras civiles armadas para tareas de contrainsurgencia, vigilancia y protección tenía respaldo en normas vigentes del Congreso.

La segunda gran capa jurídica llegó una década después. El 6 de septiembre de 1978, apenas asumido el poder, el gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala expidió, con base en la declaratoria del estado de sitio, el Decreto 1923, conocido como Estatuto de Seguridad. El estatuto creó nuevos tipos penales, amplió las penas para delitos políticos, extendió la competencia de la jurisdicción militar para juzgar a civiles y estableció mecanismos de censura de información. Su aplicación produjo, en el reconocimiento del propio Ministerio de Defensa, más de cinco mil personas detenidas y torturadas solo en Bogotá, y más de sesenta mil detenidos en todo el país durante el primer año del gobierno Turbay. Las víctimas fueron predominantemente dirigentes sindicales y estudiantiles, campesinos, líderes sociales y militantes de izquierda. Fue bajo este estatuto que se hicieron rutinarias las prácticas que después serían denunciadas ante instancias internacionales: allanamientos masivos, arrestos administrativos de hasta 180 días, torturas en instalaciones militares, desapariciones.

El linaje del enemigo interno en el derecho colombiano se prolongó más allá del final de la Guerra Fría. La Ley de Seguridad Nacional de 2001 y el Estatuto Antiterrorista de 2003, ambos herederos directos de la lógica de suspensión de derechos y criminalización de la protesta social, fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. La doctrina probó ser más resistente que los regímenes que la produjeron.

La doctrina en los cuarteles

El aparato normativo no operó en solitario. Mientras el Congreso elevaba decretos a ley permanente, dentro de los cuarteles se construía, en paralelo y por capas sucesivas, una arquitectura doctrinaria que traducía la categoría a instrucción operativa. Desde los años sesenta, los manuales colombianos clasificaron a la población civil según su afinidad —real, supuesta o potencial— con las Fuerzas Armadas o con la guerrilla, institucionalizando una vigilancia clasificatoria del conjunto de la sociedad. Los manuales de 1969, 1979, 1982 y 1987 fueron actualizando esa arquitectura, siempre en la dirección de ampliar el perímetro del enemigo y consolidar la centralidad de la inteligencia sobre civiles.

El más citado, el Reglamento EJC-3-10 de 1987 sobre combate de contraguerrilla, condensó la matriz conceptual: distinción entre "grupo armado" y "población civil insurgente", asociación explícita de sindicalismo, movimiento estudiantil y organización campesina con las etapas avanzadas de la guerra subversiva, y postulación de la guerra psicológica como frente principal. Las declaraciones de Samudio Molina ante el Congreso el año siguiente no eran, por tanto, opinión personal del ministro: eran la formulación pública, ante el poder civil, de una doctrina que llevaba décadas escrita.

El acuerdo entre norma y doctrina se apoyó en un cambio de identidad institucional. Antes de los años sesenta, el Ejército colombiano ocupaba en el Estado un lugar precario, con prestigio débil y sometido a una tradición civilista antimilitarista que databa del siglo XIX. La adopción del paradigma de seguridad nacional le ofreció a los mandos castrenses la oportunidad de transformar ese papel: de institución subalterna pasaron a asumirse como garantes últimos de la seguridad del Estado, custodios ideológicos del régimen frente a un enemigo interno cuya identificación quedaba, en la práctica, a discreción del mando militar.

Esa reconfiguración fue transversal a los dos partidos tradicionales. La DSN fue adoptada desde el inicio del Frente Nacional en 1958 tanto por gobiernos liberales como conservadores, y sobrevivió a la disolución del pacto bipartidista en 1974. El enemigo interno no fue política de un gobierno sino identidad de Estado.

El perímetro se ensancha

La lógica interna del concepto empujaba en una sola dirección: la ampliación del perímetro del enemigo. Si el frente ya no era militar sino "político, económico, educativo, sindical y armado" —como enunciaba la fórmula ministerial—, cualquier práctica social organizada quedaba bajo sospecha estructural. El sindicato, la asociación campesina, la comunidad eclesial de base, la asamblea estudiantil, el comité de derechos humanos pasaron a ser leídos, en clave contrainsurgente, como manifestaciones del "frente civil" de la subversión.

La consecuencia práctica fue la relativización sistemática del principio de distinción. Adversarios políticos desarmados podían ser catalogados como colaboradores de la guerrilla, y en esa medida convertidos en objetivos legítimos. La estigmatización operaba en dos niveles: uno formal, en los manuales y en el discurso institucional; otro cotidiano, en los cuarteles regionales, en las emisoras oficiales, en las páginas editoriales, donde la asociación entre reivindicación social y subversión se repetía hasta naturalizarse.

El caso más doloroso de esta ampliación fue el de la Unión Patriótica. Fundada en 1985 como parte de los acuerdos de La Uribe entre el gobierno del conservador Belisario Betancur y las FARC, la UP fue una apuesta explícita por la desmovilización política. Sus dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal —asesinado en 1987— y Bernardo Jaramillo Ossa —asesinado en 1990—, encarnaban precisamente la transición del fusil al voto que la doctrina oficial decía perseguir. Pero una parte del estamento castrense, formada en la ideología anticomunista y contrainsurgente consolidada desde los años sesenta, identificó a la UP como encarnación del enemigo interno desde su nacimiento, a pesar de su naturaleza civil y política y a pesar de los argumentos en contrario del propio Gobierno. Entre 1984 y 2002, el partido fue objeto de un exterminio sistemático que costó miles de vidas. La categoría doctrinaria mostró en la UP su capacidad más letal: la de negar la posibilidad misma de una oposición política legal.

Otros dos escenarios ilustran la textura territorial del proceso. En el Magdalena Medio, a partir de finales de los setenta, la convergencia entre ganaderos, mandos militares regionales, agentes del narcotráfico y asesoría paramilitar produjo el modelo que después se replicaría en Córdoba y Urabá. En Urabá, en los años ochenta y noventa, la doctrina se articuló con conflictos por tierra bananera para producir masacres de sindicalistas, dirigentes comunales y campesinos. El campesino que vivía en zona de presencia guerrillera —sin haber elegido esa vecindad— quedaba automáticamente clasificado como base social del enemigo, y con esa clasificación se le retiraba, de hecho, cualquier protección.

El brazo armado

La articulación jurídica del enemigo interno con la práctica paramilitar fue la operación política más decisiva del período. Los decretos de 1965 y 1966, elevados a ley permanente en 1968, no solo autorizaron el armamento de civiles: crearon un marco en el que la delegación de la fuerza en coaliciones regionales podía presentarse como estrategia técnica de defensa nacional.

El paramilitarismo colombiano no surgió al margen del Estado sino directamente de una decisión estatal amparada en la política global de Seguridad Nacional. Bajo esa lectura, el Estado delegó en coaliciones regionales el ejercicio de porciones significativas de violencia, resolviendo simultáneamente dos problemas: el de la movilidad limitada del Ejército regular frente a guerrillas ágiles en terreno rural, y el de la responsabilidad jurídica y política sobre las acciones más severas de la contrainsurgencia. Los paramilitares operaban como retaguardia territorial —consolidaban lo que la fuerza pública tomaba— y como ejecutores de acciones que la fuerza pública no podía realizar directamente sin costos institucionales.

El discurso contrainsurgente proveyó a estos grupos la elasticidad conceptual necesaria. La categoría de enemigo, ya difusa en los manuales oficiales, se extendió aún más en la práctica paramilitar hacia "colaboradores" y "simpatizantes" de la guerrilla, categorías que en terreno se aplicaron a cualquier persona con presencia comunitaria, autoridad moral o capacidad organizativa que no aceptara la tutela del grupo armado. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia y Paz en 2014 establecieron que sindicatos, líderes comunales y defensores de derechos humanos —muchos de ellos surgidos al amparo de la Constitución de 1991— fueron considerados "enemigos" del nuevo orden paramilitar por no ajustarse a la noción castrense-empresarial de seguridad nacional que las estructuras armadas trataron de imponer regionalmente.

La hibridación entre doctrina contrainsurgente, residuos de La Violencia bipartidista y economía del narcotráfico produjo un paramilitarismo de segunda generación cuya expresión más masiva fueron las Autodefensas Unidas de Colombia, formadas en 1997. Con ellas, el dispositivo doctrinario había atravesado ya varias mutaciones y se había desprendido, en parte, de su matriz estatal originaria —sin abandonarla del todo.

Mutaciones de la etiqueta

Cuando el fin de la Guerra Fría desactivó globalmente el vocabulario anticomunista, la doctrina no desapareció: mutó de nombre. La primera reetiquetación fue la "narcoguerrilla", categoría acuñada por un embajador estadounidense en Colombia y adoptada rápidamente por el discurso oficial para articular la lucha antinarcóticos con la contrainsurgencia. La fusión resolvía un problema práctico —permitía canalizar recursos y legitimidad internacional post-Guerra Fría hacia la vieja agenda contrainsurgente— y uno conceptual: dotaba al enemigo interno de un nuevo contenido que reemplazaba la referencia soviética, ya inservible, por la referencia al narcotráfico.

La segunda reetiquetación llegó tras los atentados de septiembre de 2001. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez, iniciado en 2002, fue el primero en Colombia en incorporar el concepto de "guerra contra el terror" como marco doctrinal explícito. La fórmula, articulada con la de "guerra contra el narcotráfico", fue empleada por sectores de la comunidad internacional para eludir preocupaciones en materia de derechos humanos y continuar facilitando ayuda militar bajo una nomenclatura políticamente aceptable.

La Política de Seguridad Democrática (2002-2010) fue la manifestación más plena de esa reactivación. No propuso una política autónoma de paz ni de derechos humanos: subsumió ambos temas dentro de una lógica de seguridad que militarizó la vida cotidiana con retenes, allanamientos, capturas masivas y ocupación de escuelas y espacios culturales. Cooptó organismos de control e investigación, y relevó a funcionarios judiciales que investigaban excesos de las fuerzas de seguridad. La estigmatización de sectores críticos retomó, en clave nueva, la operación clásica del enemigo interno.

Su expresión más brutal fue el fenómeno de los "falsos positivos": ejecuciones extrajudiciales de civiles jóvenes por parte de militares que luego los presentaban como guerrilleros muertos en combate para reclamar recompensas, permisos e incentivos. El escándalo estalló nacionalmente en septiembre de 2008, cuando se estableció que once jóvenes desaparecidos de Soacha y Bogotá habían sido reportados como bajas guerrilleras en el Catatumbo. El CINEP y la Comisión Colombiana de Juristas documentaron el patrón, junto con las capturas masivas y otras violaciones sistemáticas. Los "falsos positivos" fueron, en su lógica interna, la expresión terminal del enemigo interno: la producción material del cadáver del enemigo cuando el enemigo real ya no basta.

Depósitos duraderos

La derogación de las leyes que tradujeron el enemigo interno ha sido lenta, parcial y disputada. Sucesivas cortes han desmontado normas específicas —la Ley de Seguridad Nacional de 2001, el Estatuto Antiterrorista de 2003— pero la doctrina que las inspiró sigue operando en la formación militar, en la cultura de inteligencia y en las prácticas de estigmatización de la protesta social. La derogación normativa no arrastra consigo la derogación doctrinaria: los manuales pueden reescribirse, pero los cuadros formados en el paradigma continúan mandando tropas, entrenando reemplazos y produciendo inteligencia. La tradición jurídica de la excepción —el estado de sitio como norma, la jurisdicción militar sobre civiles, la criminalización de conductas asociadas a la protesta— reaparece cada vez que un ciclo de movilización social pone en cuestión el orden público. En 2019, en 2021, en cada estallido reciente, las categorías con las que autoridades civiles y militares nombraron a los manifestantes —vándalos, terroristas de bajo costo, primera línea, "brazo desarmado" de estructuras armadas— reprodujeron la operación clásica: correr la frontera de la ilegitimidad hasta abarcar formas de protesta constitucionalmente protegidas.

El registro humano excede la capacidad narrativa. Ya en octubre de 1994, los relatores especiales de la ONU sobre tortura y sobre ejecuciones extrajudiciales visitaron el país conjuntamente y dejaron, en su informe de enero de 1995, constancia internacional temprana de la sistematicidad del fenómeno. La Comisión de la Verdad, tres décadas después, produjo el registro más ambicioso: la reconstrucción de patrones, responsabilidades y contextos que permite ver el conjunto no como suma de casos aislados sino como consecuencia previsible de un dispositivo doctrinario en operación.

El depósito más difícil de nombrar y el más resistente al desmontaje es una cultura política en la que la asociación entre organización social y subversión sigue operando como reflejo, más allá de que la Guerra Fría haya terminado y de que las FARC hayan firmado la paz en 2016. Se manifiesta en el vocabulario ordinario del debate público —"idiotas útiles", "castrochavismo", "socialismo del siglo XXI"— tanto como en la respuesta institucional a la movilización social, en la estigmatización mediática de dirigentes de oposición y en la lectura sospechosa de cualquier forma organizada de reclamo. Su eficacia consiste en que no requiere ser enunciada formalmente: opera como marco tácito de percepción, como esquema de clasificación disponible al que basta un gesto —una foto, una acusación, una insinuación de vínculos— para activarse.

La categoría demostró tener una vida más larga que las estructuras que la produjeron. Nacida en la contrainsurgencia francesa, importada por la escuela estadounidense, formalizada en decretos colombianos de los años sesenta, ejecutada por Ejército y paramilitares durante medio siglo, reetiquetada bajo Uribe, persiste hoy como esquema mental disponible cada vez que el poder busca situar a un adversario político fuera del campo legítimo de la disputa democrática. Que la doctrina haya sobrevivido a su contexto de origen indica que su función nunca fue solamente contener una insurgencia específica: fue delimitar los bordes de lo pensable en política, definir qué demandas son admisibles y cuáles quedan por fuera del pacto democrático. Cuando el enemigo real desaparece, esa función encuentra nuevos ocupantes para la casilla vacía.

Coda

Queda una tarea que la historia colombiana todavía no ha completado: dejar de leer el enemigo interno como una descripción para leerlo como el dispositivo que fue. Mientras la categoría siga funcionando como sentido común —en los editoriales, en los discursos de campaña, en las órdenes de servicio de una brigada, en la conversación de sobremesa que confunde huelga con sabotaje—, seguirá disponible para lo que siempre hizo: convertir al adversario político en objetivo, y al objetivo en cifra. La firma de La Habana en 2016 desarmó a una guerrilla; no desarmó la casilla. Y una casilla vacía, en política, no permanece vacía mucho tiempo.