Doctrina de Seguridad Nacional y contrainsurgencia en Colombia (1962–1966)

Doctrina de Seguridad Nacional y contrainsurgencia en Colombia (1962–1966)

Entre 1962 y 1966, el Estado colombiano tradujo la Doctrina de Seguridad Nacional al idioma del derecho interno. No hubo recepción pasiva de teorías foráneas ni improvisación castrense: se ejecutó una operación deliberada de ingeniería jurídico-militar que articuló el Plan Lazo, la misión del general William P. Yarborough, la ofensiva contra las llamadas "repúblicas independientes" y, sobre todo, el Decreto Legislativo 3398 de 1965. El dispositivo redefinió al enemigo —ya no un ejército extranjero, sino un enemigo interno encarnado en el campesinado organizado— y autorizó al Ministerio de Defensa a entregar armas privativas de las Fuerzas Armadas a civiles. En cuatro años quedó fijado el principio que, dos décadas más tarde, haría posible el paramilitarismo: que el monopolio estatal de la coerción podía delegarse legalmente en particulares para combatir la subversión. En 1962, asesores estadounidenses estudiaban la geografía de las autodefensas comunistas; en septiembre de 1966, la II Conferencia Guerrillera de El Pato consagraba el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entre esos dos hitos se fraguó la arquitectura coercitiva que estructuraría el conflicto armado colombiano hasta el siglo XXI.

Cuando en 1962 se preparó la asesoría militar estadounidense que encabezaría Yarborough, Colombia vivía el cuarto año del Frente Nacional, el pacto firmado por Liberales y Conservadores en 1958 para alternarse la Presidencia y repartirse en partes iguales la administración pública durante dieciséis años. El arreglo puso fin a la fase abierta de La Violencia bipartidista, pero cerró la vida institucional a cualquier fuerza distinta de los dos partidos tradicionales. La exclusión práctica del Partido Comunista Colombiano no fue accesoria: fue estructural. Mientras la mayoría de las guerrillas liberales se desmovilizó con la amnistía de Alberto Lleras Camargo, los núcleos armados de influencia comunista permanecieron sobre las armas, replegados a comunas agrícolas en regiones remotas, y algunos grupos liberales derivaron hacia el bandolerismo o hacia una nueva insurgencia de orientación comunista.

El Frente Nacional trajo consigo una paradoja que marcaría todo el periodo: la desaparición de la competencia electoral entre los dos partidos vació el sistema de contenido programático y lo convirtió en una federación de caudillos locales que administraban el presupuesto público como herramienta de control clientelista. El Congreso fue perdiendo funciones legislativas y presupuestales. El veto cruzado del socio de gobierno paralizó cualquier reforma sustantiva: incluso la reforma agraria que impulsaría Carlos Lleras Restrepo, con respaldo campesino considerable, sería saboteada por sectores influyentes de ambos partidos. Entre 1958 y 1966 se computaron 18.481 víctimas de la violencia, tres cuartas partes concentradas en Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y el Viejo Caldas. La supuesta pacificación del pacto bipartidista convivía con una guerra rural que nunca se apagó del todo.

En ese terreno operaban las autodefensas comunistas. Su trayectoria venía de lejos: en 1949, cuando Mariano Ospina Pérez ensayó la ley marcial, el PCC había ordenado a sus militantes alzarse en armas en autodefensa; entre 1955 y 1958, la ofensiva militar contra Villarrica y el oriente tolimense —zonas declaradas "de operaciones militares" y sometidas a bombardeos y ametrallamientos— había mantenido intacta la estructura de esos grupos pese a la amnistía de Rojas Pinilla. A comienzos de los sesenta, la política del partido oscilaba cíclicamente entre autodefensa y guerrilla móvil según la presión estatal. En 1961, en una conferencia realizada en El Támaro —rebautizado desde entonces como Marquetalia—, el comité central reprochó a Manuel Marulanda Vélez sus acciones contra la fuerza pública; Marulanda se negó a desarmarse. En las colonias campesinas del sur del Tolima, El Pato, Guayabero, Riochiquito, Sumapaz y Natagaima, la ausencia del Estado había producido estructuras sociales alternativas: distribución de tierras, liderazgos comunitarios con funciones ejecutivas y judiciales, participación de mujeres y jóvenes, todo articulado por la influencia organizativa del PCC.

Ese era el paisaje que la asesoría estadounidense encontró al llegar. No un vacío, sino un tejido rural con instituciones propias que, a los ojos de Washington y de Bogotá, constituía la avanzada continental del comunismo en plena Guerra Fría.

La Revolución cubana de 1959 y la adhesión pública de Fidel Castro al marxismo-leninismo reordenaron la política hemisférica de Estados Unidos. La Alianza para el Progreso, lanzada por John F. Kennedy en 1961, combinó ayuda económica al desarrollo con una doctrina contrainsurgente pensada para blindar a los ejércitos latinoamericanos frente a la subversión interna. El nexo teórico entre modernización y contrainsurgencia venía de Walt W. Rostow, profesor del MIT y asesor de Seguridad Nacional de Kennedy, cuya obra sobre las etapas del crecimiento económico identificaba la fase del "despegue" como el momento críticamente vulnerable a la penetración comunista. La contrainsurgencia estadounidense se nutría, además, de la experiencia colonialista francesa en Vietnam y Argelia, y sería después actualizada con los aprendizajes de Filipinas, Malasia y Kenia.

Colombia recibió esta arquitectura de manera temprana y sistemática. En 1959 llegó el primer equipo de asesores militares estadounidenses, integrado por veteranos de Filipinas y Corea, para evaluar la guerra irregular colombiana. Su informe de tres volúmenes recomendó una red extensa de asesoría permanente y participación directa de personal norteamericano en las operaciones contra la guerrilla. Para 1961, el equipamiento comprometido incluía helicópteros, vehículos, equipos de comunicaciones y armas ligeras destinados específicamente a combatir las autodefensas del sur del Tolima y sus zonas vecinas. El Departamento de Estado había recomendado desde 1960 la compra de aviones ligeros Helio Courier, la misma aeronave que la CIA empleaba en operaciones encubiertas en África e Indochina.

En este marco se produjo la visita del general William P. Yarborough al frente de una misión militar. Yarborough, vinculado al Centro de Fuerzas Especiales de Fort Bragg, redactó un informe cuyo anexo secreto contiene la fórmula que marcaría el rumbo doctrinal del periodo: era necesario desarrollar una estructura civil y militar capaz de "ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terrorismo contra conocidos proponentes del comunismo", con respaldo de Estados Unidos. En el mismo informe recomendó la adquisición de los Helio Courier para la Fuerza Aérea colombiana, y sugirió medidas como el registro sistemático de civiles mediante huellas digitales y fotografías, y el uso de sodio pentotal y polígrafos en interrogatorios.

La transferencia doctrinal encontró su canal permanente en la Escuela de las Américas, con sede en Panamá, donde los oficiales colombianos recibieron entrenamiento en anticomunismo operativo y guerra irregular. La Doctrina de Seguridad Nacional que allí se enseñaba concebía el mundo como un tablero polarizado entre el bloque occidental y el bloque comunista, asignaba a los militares un papel protagónico en la defensa del orden social contra un "enemigo interno" y desplazaba el énfasis desde la guerra interestatal clásica hacia la guerra irregular contra el subversivo doméstico. Colombia rompió relaciones con Cuba en diciembre de 1961, poco antes de la visita de Kennedy al país, y a partir de entonces el gobierno de Guillermo León Valencia, iniciado en agosto de 1962, encuadró los conflictos internos en la lógica bipolar Este-Oeste.

La construcción política del enemigo requería un nombre. Lo aportó Álvaro Gómez Hurtado en un discurso en el Senado en el que denunció la existencia de "repúblicas independientes" en Sumapaz, Planadas, Riochiquito, Marquetalia, El Pato y Guayabero: territorios donde, según el senador conservador, los habitantes no permitían el control estatal y desafiaban a las Fuerzas Armadas. Pidió al Gobierno vía libre para que el Ejército operara a plenitud. La fórmula tuvo eco inmediato en la prensa colombiana y en la burocracia estadounidense que seguía de cerca la política hemisférica. Detrás del discurso se movían las quejas de latifundistas y sectores del clero que no habían logrado apoderarse de tierras colonizadas por campesinos; la denuncia anticomunista servía a intereses agrarios muy concretos que Gómez Hurtado no reveló.

La expresión "repúblicas independientes" hizo carrera parlamentaria y mediática como caracterización de aquellos territorios dominados por el PCC. Estigmatizó a comunidades campesinas enteras y sirvió de justificación política para lo que ya se estaba diseñando en el estado mayor: el Plan Lazo, desplegado entre 1962 y 1966. El plan articuló tres fases sucesivas. Primero, la acción cívico-militar: obras públicas, programas de asistencia, presencia de las Fuerzas Armadas con la doble tarea de ganar apoyo poblacional y construir redes de inteligencia. Segundo, el bloqueo económico y militar del territorio marcado como enemigo. Tercero, la ofensiva armada final. La filosofía operativa se resumía en la fórmula clásica de la contrainsurgencia: "quitarle el agua al pez", aislar a la guerrilla de su base social mediante la combinación de asistencia y cerco.

El Plan Lazo introdujo así, en el vocabulario doctrinal colombiano, la combinación de "desarrollismo" y "anticomunismo" que las Fuerzas Armadas adoptarían como matriz estratégica. Se ejecutó bajo el gobierno de Valencia y bajo la orientación del general Alberto Ruiz Novoa, con influencia significativa de las ideas y del equipamiento estadounidenses. Sus premisas conceptuales —el enemigo interno, la centralidad de la inteligencia, la instrumentalización de la población civil— eran las mismas que se enseñaban en Panamá.

Una operación anterior, en 1962, había movilizado unos siete mil miembros del Ejército sobre zonas de autodefensa. Pero la campaña decisiva del plan sería la que se lanzaría en mayo de 1964 contra Marquetalia.

El 18 de mayo de 1964, los altos mandos militares declararon oficialmente iniciada la Operación Marquetalia —también conocida como Operación Soberanía—, con participación conjunta del Ejército y la Fuerza Aérea. La ofensiva concentró un despliegue militar considerable sobre un pequeño enclave de campesinos armados del sur del Tolima. Las cifras varían: versiones cercanas al bando guerrillero hablan de más de dieciséis mil soldados frente a un puñado de combatientes. La desproporción, más allá de los números exactos, era manifiesta.

En los primeros días de abril de 1964, anticipándose a la ofensiva, el Partido Comunista Colombiano había enviado a Jacobo Arenas a Marquetalia para reforzar la conducción política del núcleo. Cuando el cerco se cerró, Marulanda, Arenas y Hernando González lograron romperlo por trochas y avanzar hacia Riochiquito, en el departamento del Cauca, donde comenzarían a preparar la primera reunión de reorganización. El 20 de julio de 1964, desde las montañas de Marquetalia, se proclamó el Programa Agrario Guerrillero: el documento fundacional que exponía las reivindicaciones sobre tierra, salud, educación y comercialización de la producción campesina que la organización asumiría como bandera política.

La respuesta oficial pareció eficaz en el corto plazo. Pero la evaluación del Departamento de Estado estadounidense en septiembre de 1964 fue clara: la campaña estaba lejos de concluir, las principales fuerzas comunistas permanecían intactas y la moral del Ejército colombiano decaía frente a emboscadas y trampas guerrilleras. El bloqueo se extendió durante los meses siguientes con operaciones adicionales contra las demás "repúblicas independientes"; en diciembre de 1965 concluyeron las acciones sobre El Pato y Guayabero.

Ese cierre operativo no significó una derrota. En 1965, en Riochiquito, se celebró la I Conferencia del Bloque Sur, con cerca de cien combatientes; allí se unificaron los destacamentos de Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia. Un año después, en la región de El Pato, la II Conferencia Guerrillera reunió a unos trescientos cincuenta insurgentes y adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Manuel Marulanda Vélez ejercía como líder histórico, Ciro Trujillo como primer lugarteniente y Jacobo Arenas como principal cuadro ideológico.

La agresión militar transformó lo que hasta entonces habían sido comunidades de autodefensa —defensivas, territorializadas, con horizonte de sobrevivencia campesina— en una guerrilla móvil con proyecto revolucionario nacional. El propio Jacobo Arenas y el sociólogo Pierre Guilhodes coincidieron después en que, sin la agresión estatal sobre Marquetalia, las FARC probablemente no habrían existido. La organización asumió como fecha fundacional el 27 de mayo de 1964 —asociada al inicio del ataque— y construyó desde entonces un mito de origen según el cual no habían declarado la guerra al Estado, sino que respondían a una agresión ejercida contra organizaciones agrarias comunistas legítimas. Ese relato, anclado en la Operación Soberanía, seguiría alimentando la legitimidad interna de la organización durante medio siglo.

La insurgencia colombiana, sin embargo, no se agotaría en el linaje comunista campesino. En paralelo a los acontecimientos de Marquetalia germinaba una segunda vertiente, esta vez de inspiración cubana. En 1962, un grupo de sesenta jóvenes becarios colombianos había viajado a La Habana; de ellos, veintidós se quedaron y siete recibieron entrenamiento en lucha guerrillera, conformando la Brigada Proliberación José Antonio Galán bajo el mando de Fabio Vásquez Castaño. La región que eligieron —Simacota, Santa Helena del Opón y San Vicente de Chucurí, en Santander— no era casual: tenía antecedentes de movilización social y de guerrilla liberal previa, un sustrato que Vásquez Castaño y sus compañeros supieron leer como terreno fértil.

De ese núcleo nació el Ejército de Liberación Nacional, que se presentó ante el país el 7 de enero de 1965 con la toma del casco urbano de Simacota, ejecutada por veintidós guerrilleros. La proclama de Simacota, leída aquel día, condensó una plataforma política distinta de la del Programa Agrario Guerrillero: mientras las futuras FARC hablaban desde la memoria campesina de La Violencia y la autodefensa comunista, el ELN articulaba un discurso urbano, nacionalista y foquista, deudor directo de la teoría del Che Guevara según la cual un pequeño núcleo armado podía crear las condiciones subjetivas de la revolución. En octubre de 1965 se les unió el sacerdote Camilo Torres Restrepo, cuya muerte en combate en febrero de 1966 dotó a la organización de un mártir de resonancia continental y anudó por primera vez, en la Colombia armada, la teología de la liberación y la lucha guerrillera. Un año después nacería el Ejército Popular de Liberación, de matriz maoísta, completando el mapa insurgente. En cuatro años, la insurgencia armada colombiana pasó de un archipiélago de autodefensas campesinas a una constelación de guerrillas móviles con proyecto político.

La respuesta estatal a esa pluralización insurgente se cifró en un instrumento normativo cuya trascendencia rebasaría su coyuntura. En 1965, bajo estado de sitio, el gobierno de Guillermo León Valencia expidió el Decreto Legislativo 3398, "por el cual se organiza la defensa nacional". El decreto definió la defensa nacional como "la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país, desde tiempo de paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones". Su artículo 3 estableció que "todos los colombianos están obligados a participar activamente en la defensa nacional, cuando las necesidades públicas lo exijan para defender la independencia nacional y las instituciones patrias".

Bajo esa cláusula programática, el decreto autorizó al Ministerio de Defensa Nacional, por conducto de los comandos militares, a entregar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas a particulares. Esa autorización rompió el principio del monopolio estatal de la fuerza que Alberto Lleras Camargo había proclamado como piedra angular del Frente Nacional en su discurso del Teatro Patria. Lo hizo, además, en tres movimientos concatenados: definió al conjunto de la población como recurso de defensa, obligó a los ciudadanos a participar activamente en ella y habilitó al Ejército para armar a quienes considerara auxiliares en la lucha contrainsurgente.

El armado de civiles no era novedad en Colombia. Bandas partidistas habían operado durante La Violencia en los Llanos, el Tolima y el Viejo Caldas; auxiliares campesinos habían acompañado operaciones del Ejército en episodios anteriores. La ruptura del decreto de 1965 no consistió en inaugurar la práctica, sino en darle cobertura jurídica sistemática, permanente y anclada en la Doctrina de Seguridad Nacional. Lo que había sido recurso coyuntural pasó a ser categoría institucional.

En 1966, el gobierno Valencia expidió el Decreto 1667, que complementó la arquitectura. Dos años más tarde, la administración de Carlos Lleras Restrepo convirtió el Decreto 3398 en legislación permanente mediante la Ley 48 de 1968. En 1970 se sumó el Decreto 1355, Estatuto Orgánico de la Policía. La legalidad del paramilitarismo se afianzó así en normas civiles ordinarias, disociadas ya del estado de sitio que las había originado.

El componente doctrinal se desarrolló en paralelo. A lo largo de las dos décadas siguientes, las Fuerzas Militares colombianas fueron emitiendo manuales contrainsurgentes sucesivos —en 1969, 1979, 1982 y 1987— que tradujeron el andamiaje legal en protocolos operativos concretos. En ellos se clasificaba a la población civil según su afinidad o no con las Fuerzas Armadas y su relación real, supuesta o potencial con la guerrilla; se prescribía la organización militar de las comunidades rurales; se ampliaba la persecución del enemigo interno como categoría que rebasaba al combatiente armado. Bajo esta lógica, la huelga sindical, la manifestación social y la campaña electoral bajo ciertas condiciones podían ser tratadas como focos de conflicto sujetos a control estatal, según la premisa de que nadie podía ser neutral frente a la contrainsurgencia.

La categoría de "enemigo interno" se extendió de modo decisivo: no solo el guerrillero con fusil, sino el campesino que le suministraba alimentos, el estudiante que compartía sus ideas, el sacerdote que denunciaba la desigualdad rural. Décadas después, jefes paramilitares justificarían las masacres contra campesinos con una fórmula que resume esa mutación conceptual: "un campesino con ruana era más peligroso que un guerrillero armado", porque constituía su base de apoyo. La lógica no fue una desviación tardía, sino la aplicación consecuente de una doctrina inscrita en la ley desde los años sesenta.

Detrás de esta arquitectura convergieron factores estructurales y coyunturales. La exclusión política del Frente Nacional cerró el sistema representativo a las fuerzas distintas de los dos partidos tradicionales; la parálisis reformista impidió responder a las presiones agrarias con mecanismos institucionales —la reforma agraria de Lleras Restrepo tropezaría con el sabotaje de sectores influyentes en ambas colectividades—; y la Guerra Fría reorganizó los conflictos internos según la lógica bipolar Este-Oeste.

El germen insurreccional preexistía al Frente Nacional y a la asesoría estadounidense: las autodefensas comunistas venían fraguándose desde 1949, y su lógica cíclica de repliegue y expansión respondía a dinámicas del PCC anteriores a la Alianza para el Progreso. Al mismo tiempo, sin la Guerra Fría y sin la transferencia doctrinal, la respuesta estatal no habría adquirido, entre 1962 y 1966, la sofisticación jurídica y operativa que la caracterizó.

Las coyunturas fueron determinantes. La visita de Yarborough y su recomendación explícita sobre estructuras paramilitares fijaron un rumbo. El discurso de Álvaro Gómez Hurtado en el Senado construyó la etiqueta política que legitimó la ofensiva. La decisión del gobierno Valencia de lanzar la Operación Soberanía sobre Marquetalia fue un acto de agencia contingente que transformó un núcleo defensivo de campesinos comunistas en una guerrilla móvil con proyecto nacional. Esas contingencias operaron sobre un terreno preparado por la parálisis reformista del pacto bipartidista, el clientelismo que ocupó el lugar de la política programática, la exclusión estructural del PCC y la Doctrina de Seguridad Nacional como matriz cognitiva asumida por el Estado colombiano desde 1958.

Las consecuencias inmediatas fueron visibles en 1966: el nacimiento formal de las FARC, la consolidación del ELN en Santander, la aparición del EPL al año siguiente, la pluralización de la insurgencia armada como característica estructural del conflicto colombiano. Las de largo plazo del andamiaje jurídico-doctrinal de 1962-1966 desbordaron la coyuntura.

Entre 1965 y 1989, el paramilitarismo fue legal en Colombia. No lo eran los crímenes que sus grupos cometían, pero sí la existencia misma de unidades civiles armadas por el Estado bajo la cobertura del Decreto 3398 y la Ley 48 de 1968. Esa legalidad prolongada, sostenida por manuales militares sucesivos, permitió que desde finales de los años setenta el Ejército promoviera juntas de autodefensa y grupos de defensa civil en el sur de Córdoba y en el Magdalena Medio, con entrenamiento y a veces con armamento oficial.

En ese contexto se produjo, en 1982, un episodio que marcaría la genealogía del paramilitarismo colombiano. Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, era entonces una zona ganadera atravesada por la presión guerrillera y sometida a la figura excepcional del alcalde militar, un oficial designado por el Ejército en municipios considerados de orden público. Uno de esos alcaldes militares, el capitán Óscar Echandía, testificaría después que ese año el coronel Jaime Sánchez Arteaga, comandante del Batallón Bárbula, convocó en el municipio una reunión con ganaderos locales. De aquel encuentro habría surgido el primer grupo paramilitar formalizado del país. La lógica delegatoria consagrada en 1965 encontraba allí su aplicación concreta: un comandante militar en ejercicio, un cuerpo civil convocado por el propio Ejército, una región donde la autoridad castrense reemplazaba a la civil.

De ese semillero brotó la primera generación paramilitar de los años ochenta: una combinación de grupos sicariales al servicio del narcotráfico, autodefensas de ganaderos y terratenientes, y mecanismos legales e ilegales desplegados por el Ejército, en la que los límites entre sicariato, organización cívico-militar y ejército privado tendieron a disolverse. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, y luego las Autodefensas Unidas de Colombia, heredarían y expandirían ese modelo. El paramilitarismo colombiano se configuró así como una estrategia del Estado que delegó en coaliciones regionales el monopolio de la violencia bajo patrocinio militar, en el horizonte de la política global de Seguridad Nacional instituida desde los años sesenta.

A esa deriva se sumó la militarización del conflicto rural. La categoría de "enemigo interno" desplegada sobre el campesinado, la clasificación de la población civil según su presunta vinculación con la guerrilla y la lógica de "quitarle el agua al pez" produjeron durante décadas un patrón de violencia que trató a comunidades rurales enteras como campo de batalla legítimo. La Doctrina de Seguridad Nacional, transmitida a través de la Escuela de las Américas —el mayor Alirio Urueña, vinculado a la Masacre de Trujillo, se formó allí en 1976 y luego en un curso de inteligencia entre 1988 y 1989—, dejó una huella institucional que atravesó gobiernos, cambios de doctrina y sucesivas reformas.

El periodo 1962-1966 no fue el comienzo de la violencia en Colombia. Cuando Yarborough llegó al país, las autodefensas comunistas ya llevaban más de una década en armas y la Violencia bipartidista había dejado cientos de miles de muertos. Tampoco fue la mera importación mecánica de una doctrina foránea: la exclusión política del Frente Nacional, la parálisis reformista y el clientelismo eran productos internos. Fue el momento en que se sistematizó y se dotó de cobertura jurídica permanente un conjunto de prácticas que hasta entonces habían sido coyunturales o dispersas. El Decreto 3398 de 1965, con su definición expansiva de la defensa nacional y su autorización para armar civiles, es la pieza cardinal de esa arquitectura: al convertirse en legislación permanente en 1968, la excepción bajo estado de sitio pasó a ser norma ordinaria, y los manuales contrainsurgentes posteriores desarrollaron sus premisas operativas. La primera generación paramilitar de los años ochenta, la segunda de los noventa y las estructuras que sobrevivieron a la desmovilización parcial de 2003-2006 se apoyaron, todas, en ese cimiento normativo fundacional. Entre la misión Yarborough y la II Conferencia del Bloque Sur, entre el discurso de las "repúblicas independientes" y la proclamación del Programa Agrario Guerrillero, entre el Plan Lazo y la Ley 48 de 1968, el Estado colombiano tomó una decisión doctrinal difícil de revertir: tratar el monopolio de la coerción como una función delegable en particulares para combatir al enemigo interno. Esa decisión definió el andamiaje coercitivo del Frente Nacional y proyectó su sombra sobre la segunda mitad del siglo XX colombiano.