Alianza para el Progreso

La Alianza para el Progreso

En agosto de 1961, en el balneario uruguayo de Punta del Este, veintidós países americanos firmaron un pacto que prometía transformar en una década las estructuras económicas y sociales de América Latina. La Alianza para el Progreso —bautizada así por John F. Kennedy en Washington unos meses antes— comprometía cerca de veinte mil millones de dólares en ayuda al desarrollo, reformas agrarias, tributarias y administrativas, y un horizonte de democracia con clase media próspera capaz de vacunar al continente contra la tentación cubana. Colombia fue elegida como su vitrina. Recibió más de mil millones de dólares —el once por ciento del financiamiento total del programa—, promulgó una Ley de Reforma Social Agraria en la misma semana en que Kennedy visitó Bogotá, inauguró Ciudad Techo, alojó al primer contingente latinoamericano del Cuerpo de Paz y, mientras tanto, en las cordilleras del Tolima y el Huila el ejército preparaba, con asesoría norteamericana, la ofensiva contra las llamadas repúblicas independientes. La Alianza fue en Colombia esas dos cosas a la vez: modernización desarrollista y contención anticomunista. Su fracaso estructural —la reforma agraria capturada por los terratenientes, el crecimiento per cápita muy por debajo de la meta— convivió con una huella material que aún hoy se pisa en un barrio de Bogotá y con una doctrina de acción cívico-militar que sobrevivió a su clausura.

Qué fue la Alianza

La Alianza para el Progreso fue un programa hemisférico de cooperación económica y política, formalizado el 17 de agosto de 1961 mediante la Carta de Punta del Este, en el marco del Consejo Interamericano Económico y Social de la Organización de Estados Americanos. Comprometía a Estados Unidos a aportar, junto con agencias internacionales de crédito, cerca de veinte mil millones de dólares a lo largo de los años sesenta, la mayor parte en ayuda al desarrollo. A cambio, los países latinoamericanos se obligaban a emprender reformas estructurales —agraria, tributaria, administrativa— y a fijar metas medibles de crecimiento, con un piso del 2,5% anual en producto per cápita.

Su propósito declarado era demostrar que el capitalismo progresista, y no el comunismo, era la vía más eficaz para mejorar las condiciones materiales de vida en América Latina. Su propósito real, apenas velado, era construir una alternativa democrático-burguesa a la Revolución Cubana, contener el atractivo del modelo de La Habana y consolidar en cada país una clase media normativa que sirviera de contrapeso tanto a las oligarquías terratenientes renuentes al cambio como a las clases trabajadoras y campesinas susceptibles de radicalizarse. Era, en sentido estricto, un proyecto de ingeniería social: no tanto redistribuir como estabilizar, no tanto transformar como disciplinar.

Ese doble carácter —desarrollo y contención, modernización y anticomunismo— la definió desde el primer día, y explica que en Colombia, la vitrina escogida por Kennedy, la Alianza produjera a un tiempo escuelas, acueductos, barrios enteros de vivienda popular y la doctrina contrainsurgente del Plan Lazo.

El shock de La Habana

El detonante inmediato fue Cuba. La entrada de Fidel Castro en La Habana el 1 de enero de 1959 fue leída en Washington como un campanazo de alerta. No porque hubiera revoluciones latinoamericanas por primera vez, sino porque esta había triunfado sin apoyo extracontinental: la arquitectura de defensa hemisférica —el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de 1947, pensado para responder a agresiones soviéticas externas— no contemplaba la subversión desde adentro. Lo que hasta entonces era un peligro remoto se convirtió, para las clases dominantes y los militares de la región, en una posibilidad inmediata.

La revisión de la política estadounidense hacia América Latina había comenzado antes. En mayo de 1958, el vicepresidente Richard Nixon fue atacado en Caracas por una multitud que apedreó su caravana; el incidente obligó a la administración Eisenhower a admitir que la relación con el continente estaba peligrosamente reducida a los círculos de poder económico, político y militar. En septiembre de 1960, en la reunión de la OEA celebrada en Bogotá, figuras como José Figueres —expresidente costarricense— y Rómulo Betancourt —presidente de Venezuela— solicitaron abiertamente apoyo estadounidense a los gobiernos democráticos y al desarrollo social. Ya circulaba en el aire la idea de que había que hablarle a la sociedad, no solo a sus élites.

Kennedy, que llegó a la Casa Blanca en enero de 1961, recogió ese diagnóstico y lo elevó a doctrina. Pidió a dos expresidentes latinoamericanos —Alberto Lleras Camargo, de Colombia, y Juscelino Kubitschek, de Brasil— que formularan propuestas sobre los cambios estructurales que la nueva política requeriría. Lleras, primer Secretario General de la OEA y orientador desde ese cargo de la Unión Panamericana, tenía la biografía institucional adecuada para el papel. Su participación no fue decorativa: impulsó la convocatoria de Punta del Este y se convirtió en uno de los interlocutores latinoamericanos privilegiados del proyecto.

Punta del Este

Cuando los delegados llegaron al balneario uruguayo en agosto de 1961, el guion estaba escrito. Douglas Dillon, secretario del Tesoro de Kennedy, encabezó la delegación estadounidense; Teodoro Moscoso, puertorriqueño, quedaría al frente de la coordinación operativa del programa. La Carta de Punta del Este fue firmada por veintidós países. Uno solo se abstuvo: Cuba, cuyo delegado, Ernesto Che Guevara, denunció desde la tribuna que la reunión era una maniobra de la política exterior norteamericana para aislar a la isla. Tenía razón en la lectura, y sin embargo la firmó todo el resto.

La arquitectura institucional que salió de allí incluyó, con los años, el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso —el CIAP—, presidido por el economista y diplomático colombiano Carlos Sanz de Santamaría. Colombia no solo era destinataria: era también uno de los países que habían ayudado a diseñar el aparato, lo que complica cualquier lectura simple del programa como imposición imperial. Alberto Lleras Camargo, presidente entre 1958 y 1962, se alineó estrechamente con Kennedy: rompió relaciones diplomáticas con Cuba, impulsó la convocatoria hemisférica y ofreció a su país como laboratorio.

Kennedy correspondió el gesto. Colombia fue identificada como vital link y como showcase del programa. El conjunto se deja adivinar: un Frente Nacional que garantizaba alternancia pacífica entre liberales y conservadores tras la Violencia bipartidista, un presidente civil de perfil internacional, una tradición institucional continua y una geografía andina que la hacía militarmente manejable. Kennedy y su esposa Jacqueline visitaron Bogotá en diciembre de 1961. En esa visita se sembró simbólicamente el proyecto de vivienda popular de Ciudad Techo, en los terrenos del viejo aeropuerto del mismo nombre. Tras el asesinato de Kennedy en Dallas, en noviembre de 1963, el barrio pasó a llamarse Ciudad Kennedy.

El dinero y la meta

Entre 1961 y 1969, la ayuda comprometida para Colombia ascendió a 1.717 millones de dólares, una cifra cercana al doble del valor de sus exportaciones en el período. A lo largo de toda la vigencia del programa, el país recibió más de mil millones en préstamos efectivos de Estados Unidos y de agencias internacionales de crédito. El primer program loan fue otorgado en abril de 1962. Su propósito, según registrarían más tarde los evaluadores de la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos, no era en primer lugar el desarrollo económico: era la estabilidad política y el sostenimiento de las instituciones democráticas del Frente Nacional.

Esa declaración —contenida en un informe del GAO de 1969— es la clave para leer todo el balance. Entre 1961 y 1967, el producto nacional bruto per cápita colombiano pasó de 276 a 295 dólares anuales: un crecimiento promedio del 1,2%, menos de la mitad de la meta del 2,5% fijada en Punta del Este. El peso se depreció frente al dólar a lo largo de la década. Los indicadores de desarrollo económico y social quedaron muy por debajo de lo prometido. El objetivo político, en cambio, sí se cumplió: el Frente Nacional se mantuvo. Kennedy, Lyndon B. Johnson y sus sucesores obtuvieron lo que necesitaban —un aliado estable en un hemisferio agitado—, aunque los colombianos no obtuvieron lo que se les había prometido.

La asistencia militar, en el mismo período, fue comparativamente modesta: 6 millones de dólares en 1962, 8,4 millones en 1963. El grueso del gasto fue civil. Y sin embargo, como se verá, la modestia contable de la cooperación militar no significó modestia en su efecto doctrinario.

La Ley 135 y el destino de la tierra

En diciembre de 1961, en la misma semana en que Kennedy pisaba Bogotá, el Congreso promulgó la Ley 135 de Reforma Social Agraria. Fue aprobada con amplio consenso entre liberales y conservadores, con la única excepción de los conservadores más doctrinarios. La ley creó el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria —el INCORA—, estableció mecanismos de expropiación y extinción de dominio sobre tierras privadas, promovió la colonización mediante ayuda técnica y financiera, creó las figuras de los procuradores agrarios y las corporaciones regionales de desarrollo para la parcelación, dotó al Fondo Nacional Agrario de recursos y contempló la adjudicación de tierras a comunidades campesinas.

Sobre el papel era una reforma. En el proceso legislativo que la precedió, sin embargo, la clase terrateniente había logrado dos concesiones decisivas: suavizar los criterios de expropiación —de modo que la explotación económica de un predio lo eximía de la extinción de dominio— y asegurar procedimientos de indemnización con términos de pago aceptables para los propietarios. Ambos límites, incorporados desde el origen, redujeron el alcance redistributivo antes de que la ley se aplicara.

Lo que vino después profundizó el vaciamiento. Los terratenientes contaban con representación directa en el Congreso, con capacidad de captura sobre funcionarios y jueces, y con las redes clientelares heredadas del bipartidismo. Presionaron a la burocracia del INCORA para que la agencia concentrara su actividad no en la redistribución de tierras aptas y productivas, sino en la colonización dirigida fuera de la frontera agrícola. El resultado fue previsible: entre 1960 y 1970, la concentración de predios de más de 500 hectáreas pasó del 40,4% al 40,9% del área total del país. La estructura de la tierra permaneció idéntica, con el mínimo desplazamiento estadístico. Hacia 1971, menos del 1% de las tierras sujetas a expropiación habían sido efectivamente distribuidas, y la mayoría correspondían a baldíos, no a latifundios.

El INCORA compró fincas por un total de 472.470 hectáreas y distribuyó tierra a unas 30.000 familias, principalmente en los primeros años setenta. Buena parte de las tierras adquiridas terminó destinada a la construcción de distritos de riego que beneficiaron a la agricultura comercial de gran escala, no a los campesinos sin tierra. En regiones como Arauca, el INCORA adjudicó 85.830 hectáreas entre 1961 y 1973 para incorporarlas a la producción agropecuaria, en zonas con enormes dificultades de comunicación con el centro del país. En el Meta, la aplicación de la ley comenzó en julio de 1964 en municipios como Acacías, Guamal, San Luis de Cubarral, Granada, San Martín y Fuente de Oro; desde el inicio el instituto enfrentó resistencias cruzadas, tildado de comunista por los conservadores del Alto Ariari y rechazado por antiguos caudillos guerrilleros liberales que ocupaban la zona como colonos previos. En la región Centro —Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y Bogotá— se titularon 489.791 hectáreas de baldíos entre 1961 y 1973.

La reforma no tocó el latifundio. Empujó campesinos hacia la selva y el piedemonte —al Caquetá, al Meta, a la altillanura entre Meta y Vichada, al Magdalena Medio, al sur de Córdoba, al bajo Cauca, al nordeste antioqueño, al Urabá— y les dio, en el mejor de los casos, un título de baldío en una tierra sin carreteras, sin crédito sostenido, sin escuela cercana. La Alianza pagó el costo. Los terratenientes conservaron su patrimonio.

Ciudad Techo, y las juntas

Mientras la reforma agraria se diluía, la Alianza dejaba una marca material más visible en las ciudades. Colombia recibió uno de los primeros préstamos del programa —anterior incluso a la firma formal de Punta del Este— para construir un proyecto de vivienda popular en los terrenos del antiguo aeropuerto de Techo, al suroccidente de Bogotá. Se llamó Ciudad Techo. Tras la muerte de Kennedy pasó a llamarse Ciudad Kennedy. Fue planeado para alojar alrededor de 80.000 personas en su primera fase.

Con el tiempo desbordó cualquier proyección. Superó el millón de habitantes. El lenguaje arquitectónico repetitivo, la escala del conjunto, la brevedad con que se ejecutaron las áreas libres, las zonas escolares y los núcleos comerciales previstos en el plano original —diseños más cargados de conciencia social que de otra cosa— produjeron el caso clásico de la aglomeración urbana anodina y alienante. Ciudad Kennedy fue, y sigue siendo, la huella más visible de la Alianza en el paisaje colombiano: un desatino urbanístico convertido, por fuerza de las circunstancias, en ciudad.

En el terreno de la organización social, otro instrumento cobró vida. Las Juntas de Acción Comunal, creadas desde 1958 —antes de la Alianza, pero potenciadas por ella—, fueron el vehículo estatal para canalizar el trabajo comunitario en barrios y veredas. Para 1970 existían más de 15.000 juntas a nivel nacional, con más de 400 solo en Tolima. Las juntas construían acueductos, escuelas, caminos vecinales, salones comunales; recibían apoyo técnico y, en ocasiones, financiación de programas ligados a la cooperación norteamericana. Fueron el tejido capilar de la modernización desarrollista: no transformaban la estructura, pero producían mejoras concretas que fijaban al Estado en el territorio.

A ese tejido se sumó el Cuerpo de Paz, creado por Kennedy en marzo de 1961. Colombia fue la primera nación latinoamericana en recibir voluntarios: 61 llegaron en septiembre de 1961. Hacia finales de la década había unos 700 voluntarios estacionados en el país, y a lo largo de los sesenta más de mil participaron en proyectos de desarrollo comunitario, educación, salud rural y organización campesina. Su presencia era simultáneamente ayuda técnica y presencia simbólica: jóvenes estadounidenses viviendo en veredas del Cauca o del Chocó eran la contracara amable del asesor militar en el Tolima.

La colonización dirigida

La política de colonización dirigida no nació con la Alianza, pero fue absorbida y ampliada por ella. Su primer embrión fue el Plan Nacional de Rehabilitación y Socorro para Víctimas de la Violencia, formalizado en la Ley 20 de 1959, que asignó a la Caja de Crédito Agrario la responsabilidad de organizar colonias oficiales en tierras baldías. Se seleccionaron vastas zonas en Caquetá y Meta. Bajo esa ley, unas 3.000 personas adquirieron parcelas. El plan enfrentó desde el comienzo el problema estructural que persistiría durante toda la Alianza: muchas de las zonas escogidas ya estaban ocupadas por colonizadores de oleadas anteriores, campesinos empujados por la Violencia o por el despojo silencioso del minifundio.

La Ley 135 de 1961 recogió y expandió esa lógica. La creación del INCORA formalizó la colonización dirigida como política de Estado, alentada explícitamente por la Alianza en el marco de la estrategia norteamericana de contención. Se abrían frentes de colonización en el piedemonte oriental de la cordillera Oriental, en el Magdalena Medio, en la altillanura entre Meta y Vichada, en el sur de Córdoba, en el bajo Cauca antioqueño, en el nordeste de Antioquia y en el Urabá. Se prometía asistencia técnica, crédito, mejoramiento de condiciones de vida, organización del mercadeo. Pero los recursos eran insuficientes, las distancias enormes, las vías inexistentes, y el Estado —una vez adjudicado el título— tendía a desaparecer.

La colonización dirigida hizo lo que la reforma agraria no hizo: sacó campesinos del corazón agrario del país y los puso en las márgenes de la frontera, donde a la vuelta de una década construirían economías campesinas frágiles y donde, en muchas de esas mismas regiones, la insurgencia armada echaría raíces.

El Plan Lazo

La otra cara de la Alianza fue militar. Entre 1962 y 1966 el Ejército colombiano ejecutó el Plan Lazo —Latin American Security Operation—, una estrategia contrainsurgente diseñada con asesoría norteamericana en el marco de la política de Guerra Fría. El Plan Lazo no era formalmente parte de la Alianza para el Progreso, pero funcionaba en paralelo, con la misma lógica y hacia los mismos fines: donde la modernización desarrollista no bastara para contener la movilización popular, la acción cívico-militar tomaría el relevo.

En febrero de 1962, una misión especial del ejército de Estados Unidos, encabezada por el general William Yarborough, visitó Colombia para evaluar la situación de seguridad y recomendar acciones. Yarborough entregó su informe con un anexo secreto que recomendaba desarrollar una estructura civil y militar capaz de ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y terroristas contra los comunistas, con respaldo de Estados Unidos. Esa recomendación tuvo eco en la doctrina militar colombiana de las décadas siguientes, aunque su relación con la posterior conformación estatal de grupos de autodefensa civiles debe trazarse con cuidado.

El Plan Lazo integró la fórmula que sintetizaba su doctrina: el guerrillero es como pez en el agua; hay que quitarle el agua. Esa era, precisamente, la tarea de la acción cívico-militar y de la guerra psicológica: separar al insurgente de la población que le daba sustento, mediante obras, presencia estatal, propaganda y, cuando fuera necesario, operaciones militares dirigidas contra los enclaves rurales considerados comunistas. Los conservadores en el Congreso llamaban a esos enclaves "repúblicas independientes": territorios donde, decían, el Partido Comunista Colombiano ejercía un dominio de hecho. Marquetalia, en el sur del Tolima, era el más citado.

El 27 de mayo de 1964, en el marco del Plan Lazo, el Ejército lanzó la Operación Soberanía contra Marquetalia. Fue el hito que dio origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Un pequeño núcleo de campesinos armados, encabezado por Manuel Marulanda Vélez, sobrevivió al operativo y se replegó hacia el oriente, donde en 1966 se constituiría formalmente como FARC. La ironía histórica de la Alianza queda condensada allí: el mismo año en que Colombia era vitrina del desarrollo democrático, el ejército —con asesoría norteamericana— desencadenaba la operación que dio vida al grupo guerrillero más largo del hemisferio.

La red y los actores

La Alianza en Colombia no fue obra de una sola voluntad. Kennedy la formuló en Washington, con el equipo que incluía a Douglas Dillon y a Teodoro Moscoso. Lyndon B. Johnson la heredó tras el asesinato de Dallas y la sostuvo con menos entusiasmo. Del lado colombiano, Alberto Lleras Camargo fue el arquitecto local: presidente entre 1958 y 1962, firmó la Ley 135, recibió el primer préstamo para vivienda popular, alojó a Kennedy en Bogotá. Le siguió el conservador Guillermo León Valencia (1962-1966), bajo cuyo gobierno se ejecutó el Plan Lazo y se lanzó la Operación Soberanía. Luego llegó Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), el liberal reformista que intentó dinamizar lo que la propia Ley 135 no había logrado y que impulsaría, mediante el Decreto 755 de 1967, la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos.

En la burocracia técnica destacó Carlos Sanz de Santamaría, presidente del CIAP. En el pensamiento económico, la sombra de Lauchlin Currie —el economista canadiense-estadounidense radicado en Colombia desde los años cincuenta— seguía marcando la planeación del desarrollo, con su énfasis en la urbanización y en el sector de la construcción como motor. Jorge Mejía Palacio, entre otros funcionarios liberales, participó en la administración de programas ligados a la reforma agraria.

Del otro lado del hemisferio, La Habana era el referente negativo permanente. Fidel Castro consolidaba su régimen; Che Guevara, hasta su salida hacia Bolivia en 1966, personificaba la crítica revolucionaria a la Alianza. En Punta del Este había sido la voz solitaria que denunció la maniobra. La historia le daría, en un sentido, la razón de la denuncia; en otro sentido, la Alianza cumplió su propósito de contención donde el modelo cubano no logró replicarse.

La ANUC y el desfase

Hacia mediados de los sesenta era claro que la reforma agraria no funcionaba. Carlos Lleras Restrepo, al asumir la presidencia en 1966, intentó forzar la maquinaria por otra vía: en lugar de reformar más leyes desde arriba, organizar el campesinado desde abajo para que empujara. En 1967, mediante el Decreto 755, se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos —la ANUC—, y el Ministerio de Agricultura lanzó un empadronamiento masivo. Para 1970, la ANUC contaba con 845.000 usuarios inscritos.

La organización tenía dos motores: dinamizar la reforma agraria estancada y ofrecer un cauce institucional que compitiera con el ascenso de los movimientos insurgentes y con el populismo de la Alianza Nacional Popular, la ANAPO del general Gustavo Rojas Pinilla, que se convertía en la sorpresa electoral del final de la década. Fue una apuesta doble: reforma social y contención política, otra vez el gesto bifronte de toda la Alianza.

En abril de 1970, en unas elecciones marcadas por sospechas de fraude, Rojas Pinilla perdió la presidencia por un margen mínimo frente al conservador Misael Pastrana Borrero. Con Pastrana en el poder (1970-1974), la política agraria dio media vuelta. Se derogaron o revirtieron leyes de reforma, se persiguió y encarceló a miembros del movimiento campesino, se reanudó el despojo de minifundistas y colonos. La ANUC, radicalizada, intensificó las tomas de tierras entre 1971 y 1975. La contrarreforma agraria del pastranismo cerró el ciclo de la Alianza en el punto exacto en que había comenzado: la estructura de la tierra intacta, el conflicto agrario reavivado, y una organización campesina que había nacido como iniciativa presidencial convertida en actor de confrontación.

El balance del GAO y la clausura

En 1969, la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos —el GAO— entregó una evaluación del programa de ayuda a Colombia. El documento fue, en muchos sentidos, un acta de defunción anticipada. Los indicadores de desarrollo económico y social estaban muy por debajo de las metas de Punta del Este: el PIB per cápita había crecido 1,2% anual promedio, no 2,5%; el peso se había depreciado frente al dólar; la reforma agraria era, cifra en mano, una promesa incumplida. Pero el informe reconocía que el objetivo político sí se había alcanzado. El Frente Nacional se mantenía. Las instituciones democráticas colombianas seguían en pie. Colombia no era Cuba, ni parecía en camino de serlo. Los préstamos de programa habían servido, ante todo, para eso.

Esa evaluación revelaba, en el lenguaje contable de la burocracia estadounidense, lo que la Alianza había sido: un instrumento de estabilización política vestido de programa de desarrollo. El desarrollo era el envoltorio; la contención, el núcleo. Los cerca de veinte mil millones prometidos en Punta del Este habían servido menos para transformar América Latina que para asegurar que ninguna otra Cuba floreciera en el continente. En ese sentido restringido, funcionó.

Hacia 1973 la Alianza estaba disuelta de hecho. Nixon, en la Casa Blanca desde 1969, había desmontado la retórica kennediana y reorientado la política hacia América Latina con otras prioridades. En Colombia, el gobierno Pastrana había cerrado la puerta de la reforma agraria. En Chile, en septiembre de 1973, el golpe contra Salvador Allende marcaría el ingreso pleno a una nueva fase de la Guerra Fría hemisférica, ya sin la retórica del desarrollo democrático como fachada.

La huella

Queda preguntarse qué dejó la Alianza en Colombia. Dejó infraestructura: acueductos veredales, escuelas rurales, caminos, salones comunales. Dejó Ciudad Kennedy, con su millón largo de habitantes en el suroccidente de Bogotá. Dejó las Juntas de Acción Comunal como capilaridad territorial del Estado. Dejó al Cuerpo de Paz como memoria de una diplomacia blanda que hoy parece de otro siglo. Dejó al INCORA —transformado y disminuido con los años, cerrado en 2003— como recuerdo de una reforma agraria que nunca fue. Dejó a la ANUC como una organización campesina que sobrevivió, con altibajos, a sus fundadores y a sus enemigos.

Dejó también, en el pliegue oscuro, una doctrina contrainsurgente. La fórmula de la acción cívico-militar —quitar el agua al pez, combinar desarrollo y represión, integrar obras públicas y operaciones tácticas— quedó incorporada al pensamiento militar colombiano y reaparecería, transformada, en los planes de consolidación de las décadas siguientes. Marquetalia y las FARC son parte de esa herencia: no porque la Alianza las causara, sino porque el mismo dispositivo bifronte que ofrecía préstamos de vivienda ofrecía también asesoría en operaciones cívico-militares, y la lógica que fracasó en redistribuir la tierra fue la misma que empujó a los campesinos hacia las fronteras donde la insurgencia echaría raíces.

Fue una promesa incumplida y, a la vez, un éxito parcial. Prometió transformar; estabilizó. Prometió redistribuir; contuvo. Prometió una clase media próspera y democrática; produjo un barrio popular desbordado y una reforma agraria capturada por los terratenientes desde el primer trámite. Colombia fue la vitrina que Kennedy quiso, pero lo que se exhibió en esa vitrina —al final del recorrido— no era la modernización redentora sino la persistencia de las estructuras que la Revolución Cubana había venido a impugnar. La Alianza para el Progreso fue el nombre que en los años sesenta tuvo, en Colombia y en el continente, la manera en que Washington aprendió a convivir con esas estructuras sin tocarlas.