William Yarborough

El soldado de las Fuerzas Especiales

William Pelham Yarborough (1912-2005) pertenece a esa generación de oficiales estadounidenses que atravesaron tres guerras —la Segunda Mundial, Corea y Vietnam— y en el camino inventaron una manera nueva de hacer la guerra, ya no entre ejércitos regulares sino contra insurgencias, guerrillas y movimientos de liberación nacional. Cuando aterrizó en Bogotá en febrero de 1962 dirigía el Special Warfare Center de Fort Bragg, en Carolina del Norte, la instalación insignia de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos, la misma que John F. Kennedy había ordenado fortalecer al asumir la presidencia. Fort Bragg era en esos meses el laboratorio doctrinal de la guerra no convencional: allí se pensaba y se enseñaba a combatir insurgencias en Indochina, en África y en América Latina, y se ensayaban las tácticas de guerra psicológica, acción cívica y contra-organización que definirían las intervenciones estadounidenses de la década. Yarborough era, en ese engranaje, más que un comandante técnico: un ideólogo institucional del oficio, un hombre que había hecho carrera cuando la propia noción de Fuerzas Especiales todavía se debatía dentro del Pentágono.

Su presencia en Colombia no fue una visita de cortesía militar. Kennedy había instruido personalmente al general Maxwell Taylor para presionar al Pentágono a desarrollar capacidades contraguerrilleras, había creado en el gabinete el Special Group (Counter Insurgency) y había designado un asistente especial del secretario de defensa para guerra no convencional. Toda esa arquitectura buscaba un lugar donde probarse. Colombia, ya alineada con Washington desde Corea, con un gobierno del Frente Nacional que reconocía abiertamente que la violencia no había cesado, era un terreno privilegiado. Yarborough encabezó la misión de febrero de 1962 en calidad de máxima autoridad estadounidense en guerra irregular, y su nombre quedó atado desde entonces a la bisagra doctrinal entre la doctrina Kennedy y el Ejército colombiano.

Del cuartel prusiano al laboratorio contrainsurgente: por qué Colombia estaba lista

Para entender el peso del informe de 1962 hay que ver el edificio que ya estaba en pie. Desde la Guerra de los Mil Días y hasta la Segunda Guerra Mundial, el Ejército colombiano había sido entrenado por oficiales alemanes con doctrina prusiana de guerra convencional: masas de infantería, defensa de fronteras, choque frontal. Ese molde comenzó a agrietarse en los años cuarenta y se rompió después de la guerra, cuando el Pacto de Río de Asistencia Recíproca de 1947 consagró la doctrina de defensa hemisférica y Estados Unidos empezó a copar los espacios que habían dejado los europeos. Colombia envió tropas combatientes y una fragata naval a la Guerra de Corea bajo mandato de la ONU —único país latinoamericano con tropas terrestres en ese conflicto—, en una decisión del gobierno de Laureano Gómez cargada de anticomunismo militante y de cálculo estratégico: la contrapartida esperada era la ayuda militar norteamericana. Llegaron millones de dólares en asistencia, entrenamiento para oficiales y tropas, cursos en Fort Knox, Fort Jackson, West Point, Fort Leavenworth, Annapolis y Albrook, y una alineación duradera de Bogotá con Washington. Para 1957, en toda América Latina operaban cuarenta misiones militares estadounidenses —catorce del Ejército, once de la Marina y quince de la Fuerza Aérea— con cerca de seiscientos oficiales como asesores; Colombia participaba plenamente de ese esquema.

Sobre esa base convencional se depositó, hacia fines de los años cincuenta, una capa nueva: la contrainsurgencia. En 1959, Estados Unidos envió a Colombia el primero de varios equipos de asesoría, integrado por veteranos de Filipinas y Corea —con antecedentes en las operaciones dirigidas por el coronel Edward Lansdale en el archipiélago asiático—, para evaluar la guerra y los métodos del Ejército colombiano. El informe resultante, en tres volúmenes, ya recomendaba una red extensa de asesores estadounidenses, participación directa en acciones contrainsurgentes y, entre otras medidas dirigidas al gobierno colombiano, adelantar una reforma agraria. En paralelo, dentro del país se consolidaba un anticomunismo militar de larga data: el coronel Gustavo Sierra Ochoa, uno de los primeros comandantes del Batallón XXI Vargas, había introducido en publicaciones internas la noción de "enemigo interno", la distinción entre "población hostil" y "población simpatizante" y la indicación de prescindir de la noción de ciudadanía para quienes se opusieran al Gobierno, llamando a librar una guerra sin cuartel que soslayara los derechos individuales. Desde finales de los años cuarenta, el reclutamiento oficial preferente de conservadores había teñido de facción a una institución que declaraba ser apolítica.

Cuando Yarborough aterrizó en El Dorado, entonces, el Ejército colombiano ya había sido reorientado desde una postura de defensa hemisférica externa hacia una de seguridad interna orientada a combatir guerrillas rurales; ya había recibido helicópteros, vehículos, equipos de comunicaciones y armas pequeñas; ya había realizado su primer asalto aéreo sobre una "república independiente" con helicóptero estadounidense; ya tenía dentro del cuerpo de oficiales una corriente que veía en la población civil un campo de disputa y no un espacio a proteger. El general no llegó a fundar nada: llegó a acelerar, sistematizar y legitimar externamente algo que ya estaba en curso.

Febrero de 1962: la misión y el suplemento secreto

La misión Yarborough se desplegó durante dos semanas, con visitas a instalaciones militares, entrevistas con altos mandos y recorridos por regiones donde el conflicto seguía vivo. Producto de ese trabajo, el equipo entregó dos textos. El informe público concentró recomendaciones técnicas: entrenamiento, equipamiento, adquisiciones. Se aconsejó a la Fuerza Aérea Colombiana adquirir aviones ligeros Helio Courier, el mismo modelo que la CIA usaba entonces intensamente en operaciones en África e Indochina —una pista discreta pero elocuente de la clase de guerra que se estaba proyectando—. Se recomendó también un programa intensivo de registro civil que dejara a toda la población fichada en archivos del gobierno con huellas digitales y fotografías, y se sugirieron técnicas de interrogatorio que incluían el uso de pentotal sódico y polígrafo.

Pero la pieza decisiva fue el Suplemento Secreto. Allí, separado del texto público y destinado a un círculo estrecho, Yarborough aconsejó desarrollar una "estructura cívico-militar" que debía servir para presionar reformas, ejecutar funciones de contra-agentes y contra-propaganda y, cuando fuera necesario, impulsar sabotajes y actividades terroristas paramilitares contra los conocidos partidarios del comunismo, con respaldo estadounidense. La frase importa palabra por palabra. No se trata de "colaboración civil con la fuerza pública" en abstracto: se trata de una estructura híbrida —cívica y militar a la vez— con capacidad ofensiva encubierta, dirigida contra un enemigo definido políticamente ("partidarios del comunismo"), autorizada a emplear violencia paramilitar y bajo padrinaje explícito de Washington. Es la formulación clásica de la guerra irregular estadounidense de comienzos de los sesenta, trasladada al contexto colombiano.

Nada en el suplemento fue inventado desde cero para Colombia: la fórmula recogía experiencias de Filipinas, de Indochina, de las contrainsurgencias británicas en Kenia y Malasia que sirvieron de referencia al Pentágono para diseñar la Acción Cívico-Militar. Lo específico del texto de Yarborough fue nombrar, con la autoridad del Special Warfare Center, una tarea concreta a ejecutar por un aliado concreto en un momento concreto.

La Alianza para el Progreso: la mano tendida y el guante cerrado

El suplemento secreto se depositó en un país que era, al mismo tiempo, la vitrina latinoamericana de la Alianza para el Progreso. La Alianza había sido lanzada el 17 de agosto de 1961 en Uruguay, mediante el Acta de Punta del Este, como iniciativa personal de Kennedy para América Latina, y su objetivo declarado era demostrar que el capitalismo progresista, y no el comunismo, era el medio más efectivo para mejorar la vida material del continente. Era la respuesta política a la Revolución cubana. Colombia fue seleccionada país modelo, en parte por su alineación histórica con Washington, en parte por considerarse un terreno favorable para probar la viabilidad del modelo. El primer contingente del Cuerpo de Paz que llegó a América Latina desembarcó en Colombia en septiembre de 1961 —sesenta y un voluntarios—, y hacia finales de la década había cerca de setecientos destacados en el país.

Las cifras del gasto ilustran el desequilibrio con el que la política estadounidense se proponía operar: en 1962 la asistencia militar a Colombia fue de apenas seis millones de dólares, y en 1963 subió a ocho coma cuatro millones, cantidades modestas frente al enorme gasto social y de desarrollo que la Alianza canalizaba en simultáneo. Ese contraste no debe leerse como candor. La doctrina Kennedy vinculaba explícitamente modernización económica y seguridad, apoyada en la teoría de las etapas del crecimiento de Walt W. Rostow, que identificaba la fase de "despegue" económico como el momento de mayor vulnerabilidad al ataque subversivo. Reforma y contrainsurgencia eran las dos manos del mismo cuerpo: se prometía desarrollo, se preparaba represión.

El programa de Acción Cívico-Militar, elaborado en el Pentágono a partir de la experiencia británica en Kenia y Malasia durante los años cincuenta, expresaba esa dualidad con nitidez: el Ejército repartiría vacunas, construiría escuelas y abriría caminos, y al mismo tiempo ficharía a la población, tejería redes de informantes y prepararía el terreno para la operación militar cuando llegara. El informe Yarborough, y en particular su anexo secreto, se encaja con precisión en ese engranaje: la "estructura cívico-militar" que recomendaba desarrollar era el brazo operativo de una política que, hacia afuera, se presentaba como cooperación al desarrollo.

Ruiz Novoa y el Plan Lazo: cómo la doctrina se hizo colombiana

El puente entre el suplemento de Yarborough y la doctrina interna del Ejército colombiano tiene un nombre: Alberto Ruiz Novoa, oficial de trayectoria en Corea, aplicador del Plan Lazo desde 1962 y luego comandante del Ejército y ministro de Guerra en el gobierno de Guillermo León Valencia. El Plan Lazo recogió, adaptó y sistematizó las ideas que llegaban de las misiones estadounidenses. Su fórmula doctrinal, sintetizada en una frase que circuló por los cuarteles —"el guerrillero es como pez en el agua; hay que quitarle el agua: esa es la tarea de la acción cívico-militar y de la guerra psicológica"—, es la traducción exacta, en registro criollo, de la ecuación que Fort Bragg exportaba al mundo.

En términos operativos, el Plan Lazo implicó abandonar los puestos fijos y las unidades tácticas regulares en favor de bases de patrullajes móviles y equipos de combate, con planeación centralizada y ejecución descentralizada; amplió el servicio militar obligatorio a dos años; reorganizó la institución castrense; y creó los Comités de Coordinación Cívico-Militar, encargados de seleccionar, organizar y adoctrinar unidades legales de autodefensa. En estas unidades se incorporaban preferentemente militares y policías retirados, junto a "personas sobresalientes" de la sociedad local, a quienes se entregaban armas. La descripción es literal, y su parentesco con la "estructura cívico-militar" del suplemento Yarborough es evidente: la civilidad armada al servicio de la contrainsurgencia dejaba de ser una recomendación externa y se convertía en organigrama.

La táctica del Plan Lazo contra las llamadas repúblicas independientes se desplegó en tres pasos secuenciales, ejecutados durante 1962-1966: primero, guerra psicológica y acción cívico-militar para ganar simpatías, crear redes de espionaje y censar habitantes; segundo, bloqueo económico y militar del territorio; tercero, agresión punitiva con armas modernas y gran número de tropas. Es la secuencia que se aplicaría en Marquetalia, en Riochiquito, en El Pato, en Sumapaz —zonas donde el Partido Comunista Colombiano tenía presencia y donde el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado había denunciado la existencia de territorios sustraídos a la soberanía del Estado—.

La misión Yarborough no dictó el Plan Lazo ni firmó sus manuales. Pero la doctrina que el plan operacionalizó, la arquitectura cívico-militar que institucionalizó y la definición de enemigo interno con la que trabajó recogen, casi punto por punto, la matriz de la guerra irregular que el general estadounidense representaba. La agencia colombiana —Ruiz Novoa, los oficiales del Frente Nacional, las élites bipartidistas— fue decisiva: seleccionó, adaptó y aplicó según sus intereses de consolidación institucional y control territorial. Pero la caja de herramientas conceptual venía de Fort Bragg.

El Frente Nacional: el terreno político

El paisaje que Yarborough encontró en 1962 estaba modelado por dos hechos mayores: el fin nominal de La Violencia y la instalación del Frente Nacional. La Violencia —el ciclo de exterminio de sectores que luchaban por cambio social, con origen en el temor a que el gaitanismo accediera al poder electoral— había desangrado al país entre 1946 y 1959. El Frente Nacional, pacto bipartidista entre liberales y conservadores para alternarse en el poder cada cuatro años durante veinte, cerró la posibilidad de que cualquier tercer partido compitiera en igualdad de condiciones. El primer presidente del arreglo fue el liberal Alberto Lleras Camargo (1958-1962), quien reconoció abiertamente que el Frente Nacional no había significado la conquista de la paz —la violencia política persistía en menor escala— e impulsó una Comisión Investigadora de las Causas de la Violencia y un Plan Nacional de Rehabilitación, sin lograr calmar del todo los conflictos heredados.

Ese cerrojo político tuvo un costo. Los grupos organizados que quedaban por fuera del bipartidismo —remanentes de guerrillas liberales, autodefensas campesinas de raíz comunista, movimientos agrarios— encontraron cegados los canales legales de disputa por el poder. La combinación de tres factores —los rezagos de la violencia de los años cincuenta, los intentos militares de recuperación territorial y la limitada capacidad del Frente Nacional para integrar organizaciones al margen del bipartidismo— empujó una mutación de esos grupos hacia guerrillas revolucionarias en confrontación abierta con el régimen. El asesinato de Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro, jefe comunista, a manos de guerrilleros liberales, fue uno de los factores que impulsaron a los sectores comunistas al retorno a la lucha armada.

Sobre ese trasfondo, la Guerra Fría y la Alianza para el Progreso operaban como condicionantes externos que reforzaban la lectura militarizada del conflicto interno. Todo empujaba a que la respuesta del Estado colombiano al malestar rural fuera una respuesta contrainsurgente, no una respuesta política. La misión Yarborough llegó a un país donde la pregunta ya no era si habría guerra irregular, sino cómo hacerla mejor.

La Doctrina de Seguridad Nacional y la construcción del enemigo interno

El marco intelectual que envolvió la operacionalización de las recomendaciones de Yarborough fue la Doctrina de Seguridad Nacional, promovida por Estados Unidos y adoptada por oficiales latinoamericanos entrenados en Panamá, Georgia, Texas y Carolina del Norte. Allí aprendían teoría económica comunista, estructura partidaria, estrategia; allí se les enseñaba a leer el conflicto interno de sus países como capítulo local de una guerra global. La doctrina exigía a las Fuerzas Armadas el abandono del apoliticismo y la neutralidad castrense, y les pedía incidencia activa en los ámbitos político, económico y social para combatir el comunismo.

La lógica que se derivaba era implacable: nadie podía ser neutral. Huelgas, manifestaciones sociales y campañas electorales de ciertos sectores fueron consideradas focos de conflicto sujetos a control estatal, lo que tendió a difuminar la frontera entre oposición política y subversión. En Colombia, esa doctrina cayó sobre un cuerpo de oficiales que desde los años cuarenta venía elaborando la noción de enemigo interno, y encontró terreno fértil para consolidarla. La militarización de territorios como zonas especiales de orden público, las acciones cívico-militares para ganar simpatía de la población y las labores de inteligencia a través de actividades civiles definieron una nueva forma de estar del Ejército en la sociedad colombiana.

Los manuales militares de 1963 y 1979 ordenaron explícitamente organizar militarmente a la población civil para su participación en operaciones de combate contra guerrillas, y definieron formalmente la figura de la "junta de autodefensa". La estrategia antisubversiva consideró legítima la conformación de grupos civiles armados en defensa nacional. Todo el vocabulario del suplemento Yarborough —estructura cívico-militar, contra-agentes, contra-propaganda, apoyo estadounidense— reaparecía traducido a la lengua administrativa del Ejército colombiano.

Del Decreto 3398 de 1965 al paramilitarismo legal

El eslabón jurídico llegó tres años y medio después de la misión. El Decreto 3398 de 1965 organizó la defensa nacional y formalizó la utilización de la población civil en acciones militares, estableciendo un marco legal para la conformación de grupos civiles armados de autodefensa y contemplando el suministro de medios a civiles. Con ese decreto, y con la Ley 48 de 1968 que lo prorrogó, el paramilitarismo se hizo legal en Colombia. Lo sería durante veinticuatro años, hasta 1989, aunque los crímenes cometidos por esos grupos nunca lo fueron.

Aquí es donde la línea que sale del Suplemento Secreto de febrero de 1962 se hace más visible. La cadena tiene tres tramos: la doctrina estadounidense de guerra irregular, cristalizada en el informe de Yarborough, propuso una estructura cívico-militar con capacidad paramilitar; el Plan Lazo, aplicado desde 1962, montó los Comités de Coordinación Cívico-Militar que institucionalizaron esa figura en la práctica del Ejército; el Decreto 3398 de 1965 le dio forma legal. En ese trayecto, lo que había nacido como recomendación externa dirigida a un aliado se convirtió en derecho positivo colombiano.

Sería un error reducir la génesis del paramilitarismo colombiano a la voluntad de un general estadounidense o a un decreto. Hubo diseño y hubo desborde, hubo intención estatal y hubo lógicas propias de los grupos que operaron bajo su amparo: las autodefensas colombianas surgieron de la decisión y el patrocinio del Estado, fueron creadas institucionalmente en los años sesenta como parte de la política global de Seguridad Nacional —con delegación en coaliciones regionales del monopolio de la violencia bajo padrinaje del Ejército—, y sobre ese armazón se montaron después dinámicas propias que lo desbordaron: protección contra la extorsión, narcotráfico, intereses políticos regionales. Lo indiscutible es que el marco doctrinal y legal de esa privatización armada tuvo padres identificables, y que uno de los actos fundacionales de esa genealogía fue el informe de Yarborough.

Bajo el amparo del Decreto 3398 y la orientación del Plan Lazo actuaron ya, en los años sesenta y setenta, hombres como José Adalid Hoyos, alias El Patón, en el Magdalena Medio: la selección y el armamento de civiles, la incorporación de militares y policías retirados a estructuras locales de "autodefensa" con apoyo de la fuerza pública, todo eso operaba dentro del marco que la doctrina había preparado. Cuando en los años ochenta el narcotráfico inyectara recursos y agendas propias a esas estructuras, encontraría un edificio ya construido para recibirlas.

Marquetalia y la ironía del laboratorio

La aplicación más célebre de la doctrina que Yarborough contribuyó a instalar fue la Operación Marquetalia de 1964. El Ejército colombiano, con la estrecha alianza militar entre el gobierno de Guillermo León Valencia y Estados Unidos que caracterizó el periodo, atacó el enclave campesino comunista del sur del Tolima donde vivían Manuel Marulanda Vélez —Pedro Antonio Marín, luego conocido como Tirofijo— y Jacobo Arenas, entre otros. La operación siguió al pie de la letra los tres pasos del Plan Lazo: acción cívico-militar y guerra psicológica previa, bloqueo del territorio, agresión punitiva. Los mandos colombianos fueron oficiales formados en la nueva doctrina —Álvaro Valencia Tovar, luego comandante del Ejército; Fernando Landazábal Reyes, luego ministro de Defensa—, y la operación se coronó como éxito militar: se recuperó el territorio.

El éxito militar, sin embargo, tuvo el efecto que muchas veces produce la contrainsurgencia sin política: los sobrevivientes de Marquetalia, aquellos campesinos y comunistas que huyeron del bombardeo, se reorganizaron en asamblea y en 1966 dieron origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los ataques a las otras repúblicas independientes —Riochiquito, El Pato, Guayabero— alimentaron el mismo proceso. La contrainsurgencia diseñada para eliminar guerrillas terminó, por sus propios métodos, ampliando el problema que se proponía resolver. Yarborough no vivió para ver, o eligió no ver, esa paradoja: en las memorias públicas de los oficiales estadounidenses de la contrainsurgencia sesentera, América Latina figura como un teatro de éxito. En Colombia, la operación que se presentó como triunfo abrió un ciclo de guerra que duraría medio siglo.

La huella

Yarborough continuó su carrera después de 1962 —Vietnam del Sur estaba en la agenda inmediata de Fort Bragg— y murió en 2005, a los noventa y dos años, con la reputación intacta dentro de la comunidad de las Fuerzas Especiales estadounidenses, que lo tiene por uno de sus padres institucionales. Fuera de ese círculo, su nombre viaja de otra manera. En la bibliografía sobre el conflicto armado colombiano, el Suplemento Secreto de febrero de 1962 es una cita recurrente, casi obligada, cuando se rastrean los orígenes doctrinales del paramilitarismo. Su frase sobre los "sabotajes y actividades terroristas paramilitares" se ha convertido en la evidencia más limpia y más citable de que Washington no solo toleró, sino que recomendó por escrito, una guerra sucia como componente auxiliar de la contrainsurgencia latinoamericana.

Reducir la historia posterior de Colombia a esa recomendación sería una simplificación. La violencia bipartidista precedía a Yarborough; el anticomunismo del Ejército venía de antes; las élites colombianas tenían sus propios cálculos; y el paramilitarismo, en su expansión de los años ochenta y noventa, adquirió lógicas —narcotráfico, tierras, control electoral local— que desbordaron cualquier libreto de Guerra Fría. Pero también sería falso presentar al general como un visitante episódico. La misión de febrero de 1962 fue el momento en que la doctrina de Fort Bragg se depositó, con nombre y firma, en la caja fuerte del Estado colombiano. Lo que allí quedó guardado se sacó pronto: el Plan Lazo lo operacionalizó, el Decreto 3398 lo legalizó, los manuales de 1963 y 1979 lo dogmatizaron, y las autodefensas legales lo pusieron a andar. La sociedad colombiana pagaría el resto del siglo la cuenta de aquella importación doctrinal.

En la Unión Patriótica, exterminada en los años ochenta por parte de un sector del estamento castrense que la identificó como enemigo interno desde su nacimiento, en los pueblos del Magdalena Medio arrasados por autodefensas armadas al amparo de decretos que la doctrina Yarborough había hecho pensables, en la larga sombra que el concepto de "estructura cívico-militar" proyectó sobre la relación entre Fuerzas Armadas y sociedad, se puede leer, filtrada por múltiples mediaciones colombianas, la huella de aquellas dos semanas de febrero de 1962. Yarborough no fue el autor único de esa historia. Fue, sin embargo, el hombre que puso por escrito, en un anexo secreto, lo que otros luego harían con nombre y bandera colombianos.