Fernando Landazábal Reyes

La semblanza del militar-ideólogo

Landazábal no fue el único general colombiano que se opuso a las políticas de paz del gobierno Betancur, ni el primero en articular la doctrina del enemigo interno. Sus sucesores en el Ministerio de Defensa —los generales Miguel Vega Uribe y Matamoros— mantuvieron posiciones igualmente hostiles al proceso de negociación, y ninguno fue removido por ello. Lo que distingue a Landazábal es haber llevado esa posición al terreno público con una explicitud ideológica que la institución castrense rara vez practicaba. Escribió libros, dio entrevistas, publicó columnas, difundió modelos explicativos del proceso marxista-leninista para la toma del poder. Convirtió lo que en otros oficiales era doctrina implícita —una manera de leer el país aprendida en la Escuela de las Américas, en el Plan Lazo, en la lectura de manuales de contrainsurgencia— en un discurso público, argumentado y persistente.

Esa vocación intelectual, sumada a una carrera operativa en el corazón de las campañas militares más simbólicas del siglo XX colombiano, lo convirtió en algo poco común: un general con biblioteca y con memoria, alguien que había mandado tropa en Marquetalia y que después escribía sobre lo que había hecho. Por eso, cuando en 1984 dijo en voz alta lo que buena parte del alto mando pensaba en silencio —que negociar con la guerrilla era un error estratégico y una claudicación institucional—, su declaración no fue leída como opinión personal sino como el diagnóstico de una corporación. Betancur había desafiado la autonomía militar; Landazábal, al renunciar, hizo del desafío un episodio público.

Los orígenes: un ejército profesional en construcción

Landazábal se formó en un Ejército que apenas empezaba a pensarse como profesión. Desde la Guerra de los Mil Días hasta la Segunda Guerra Mundial, los oficiales colombianos habían recibido entrenamiento de misiones alemanas bajo doctrina prusiana, orientada por completo a la guerra convencional entre Estados. La profesionalización, impulsada por Rafael Reyes a comienzos del siglo XX, buscó reemplazar la vieja tradición de oficiales forjados en los campos de batalla civiles —los generales de las guerras del XIX— por una casta educada, jerárquica y técnica.

Durante los años cuarenta y cincuenta, cuando Landazábal comenzaba su carrera, la doctrina del Ejército seguía centrada en la defensa hemisférica, en la lógica de un enemigo externo. Tres experiencias reorientaron esa mentalidad. La represión a los trabajadores en Barrancabermeja y en la zona bananera durante los años veinte había dejado el precedente institucional del Ejército como instrumento contra el conflicto social interno. La represión de los motines del 9 de abril de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, consolidó ese rol. Y la participación del Batallón Colombia en la Guerra de Corea, entre 1951 y 1954 bajo mando estadounidense, incorporó al oficialato colombiano a la órbita doctrinaria de Washington en plena Guerra Fría.

Landazábal pertenecía a la generación que hizo ese tránsito. Cuando Estados Unidos empezó a exportar sistemáticamente la Doctrina de Seguridad Nacional a América Latina —una construcción articulada alrededor del anticomunismo, la visión bipolar del mundo y la idea de que el frente decisivo de la guerra era interno—, el Ejército colombiano ya estaba dispuesto a recibirla. Su producción intelectual posterior lleva la marca completa de esa formación: la categoría de enemigo interno, la sospecha estructural sobre el sindicalismo y el movimiento estudiantil, la lectura del conflicto colombiano como episodio local de una guerra global.

Fue también en ese período cuando el Ejército transformó su educación institucional. La Escuela Militar de Cadetes elevó su enseñanza al ámbito universitario, y se fundó la Cátedra de Filosofía Militar, un esfuerzo explícito por llevar a los cuadros militares la comprensión de los problemas políticos, sociales y económicos del país. La Cátedra reflejaba un giro doctrinario: los oficiales debían abandonar el apoliticismo tradicional y prepararse para combatir el comunismo no solo con armas, sino también con acción política, económica y social. Landazábal creció profesionalmente dentro de esa nueva sensibilidad, y buena parte de su obra escrita puede leerse como prolongación pública de esa cátedra.

Marquetalia y el bautismo de la contrainsurgencia

El hito que ancla su biografía militar es la participación en las operaciones contra las llamadas repúblicas independientes durante los años sesenta. Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero: los enclaves campesinos del sur del Tolima, el Huila y el Cauca donde comunidades armadas de origen liberal y comunista, replegadas desde la Violencia, se habían dado formas propias de autogobierno. El Plan Lazo, expresión operativa de la doctrina contrainsurgente en Colombia, se propuso eliminarlas.

Marquetalia, en 1964, fue la operación fundacional. Combinó despliegue militar, acción cívico-militar y guerra psicológica bajo la lógica que los manuales estadounidenses habían popularizado como "quitarle el agua al pez": privar a la guerrilla de la base social que la sostiene. La operación no aniquiló a los alzados —Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas escaparon al cerco y fundarían las FARC dos años después, en 1966— pero quedó grabada como el momento en que el Ejército colombiano dejó de librar guerras convencionales y empezó a librar una guerra irregular que no ha terminado. Landazábal participó en esa operación y no dejó de escribir sobre ella. Marquetalia fue para él, hasta el final, la clave interpretativa del conflicto colombiano: el momento en que la subversión comunista se instaló en el territorio nacional y desde el cual todo lo que vino después —el M-19, el ELN, el EPL, la protesta social, las huelgas, las tomas de tierras— podía ser leído como derivación de aquel foco original.

Esa lectura, que congelaba la política colombiana en el molde de 1964, sería su seña distintiva como intelectual militar. En sus escritos posteriores difundió un modelo del proceso marxista-leninista para la toma del poder: fases, métodos, infiltraciones, guerra política combinada con guerra armada. El modelo, más que analizar la realidad colombiana, le imponía una plantilla. Pero la plantilla era funcional: permitía leer cualquier conflicto social como capítulo de un plan más amplio y, por tanto, tratarlo como amenaza militar.

El Estatuto de Seguridad: el ensayo general

Antes de que Landazábal llegara al ministerio, la doctrina contrainsurgente había tenido su formulación política más agresiva bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala. El Estatuto de Seguridad, expedido en 1978, fue la aplicación colombiana más pura de la Doctrina de Seguridad Nacional. Consistió en tres decretos: dos dirigidos contra insurgentes rurales y urbanos, y uno contra productores y traficantes de drogas. Bajo su vigencia, la protesta social y el delito político fueron trasladados a la justicia penal militar, se institucionalizó la tortura, se ampliaron las prerrogativas de los organismos de seguridad para detener sin orden judicial y se produjo un aumento notable de desapariciones forzadas.

Las cifras del período divergen: entre ocho mil y dieciséis mil personas detenidas por razones políticas, la gran mayoría juzgadas en tribunales militares. Amnistía Internacional visitó Colombia en 1980, sensibilizada por organizaciones locales de derechos humanos, y documentó las prácticas del régimen de excepción. El Estatuto fue diseñado para exterminar la subversión y produjo lo contrario: los movimientos de oposición se fortalecieron, los grupos insurgentes crecieron. Turbay levantó el estado de sitio a mediados de 1982, tras seis años ininterrumpidos, argumentando que la acción subversiva estaba controlada. Era el reconocimiento tácito del fracaso.

El Estatuto fue el ensayo general de la doctrina en la que Landazábal creía. Su expansión del rol militar coincidió con el fracaso del Frente Nacional en construir el consenso necesario para su legitimidad: la coerción se había vuelto el mecanismo primario de control estatal, y esa coerción se ejercía desde una autonomía militar que, bajo el estado de sitio permanente, no rendía cuentas al poder civil. Cuando Landazábal llegó al ministerio en 1982, heredó esa arquitectura y creyó que había que defenderla.

El ministerio: la fractura con Betancur

Belisario Betancur asumió la presidencia en agosto de 1982 con una apuesta que rompía dos décadas de gestión del orden público: negociar con las guerrillas. El 19 de noviembre de 1982, el Congreso aprobó, por iniciativa del Ejecutivo, la Ley 35, que otorgaba amnistía a los guerrilleros alzados en armas. La Comisión de Paz presidida por Otto Morales Benítez inició contactos con varios grupos: las FARC, el M-19, el ADO. La amnistía beneficiaría también al EPL. Era un giro copernicano en la política de Estado.

Landazábal, primer ministro de Defensa de Betancur, reaccionó tan pronto como se conoció la Ley de Amnistía. En octubre de 1982 declaró, con brevedad lapidaria: "Esperemos que ésta sea la última amnistía". La frase concentraba en once palabras la totalidad de su diagnóstico: las amnistías eran claudicaciones, cada una fortalecía a la guerrilla, y la historia colombiana —con sus perdones seriales— era un catálogo de errores. Desde el arranque, el ministro de Defensa marcaba distancia con la política presidencial que estaba obligado a acompañar.

Durante 1983, la tensión se administró en el registro de la ambigüedad. Landazábal denunció públicamente la infiltración comunista en el magisterio y los establecimientos educativos, expresó preocupación por el deterioro de la estructura judicial, defendió el principio de autoridad y afirmó que las Fuerzas Armadas no cesarían en el cumplimiento de su deber para garantizar la vida, los bienes y la honra de los colombianos. Cada intervención era un recordatorio de que el ministro no compartía el optimismo del presidente sobre la posibilidad de una paz negociada.

El pulso se agravó cuando la Procuraduría, a instancias del propio Betancur, empezó a investigar los vínculos entre militares y el grupo paramilitar MAS —Muerte a Secuestradores—, creado en 1981 con financiación del narcotráfico y expandido después bajo el paraguas de propietarios rurales y sectores militares locales. A finales de 1982, el procurador Carlos Jiménez Gómez organizó una misión mixta con jueces de instrucción. Las investigaciones penales contra militares por paramilitarismo eran asumidas por la justicia penal militar, sistema en el que dichos casos no tenían posibilidad de prosperar. La impunidad era institucional. Aun así, la sola existencia del informe fue leída por el alto mando como una afrenta.

El 9 de febrero de 1984, las Fuerzas Armadas publicaron en El Espectador un comunicado que negaba el uso de organismos paramilitares en el cumplimiento de su misión. La declaración —hecha desde el ministerio que Landazábal dirigía— fijaba la posición institucional: no había vínculos, no había complicidad, no había MAS militar. Ese mismo día, otras declaraciones de Landazábal difundían el modelo explicativo del proceso marxista-leninista para la toma del poder. El ministro no se defendía en clave técnica; se defendía en clave ideológica, redoblando la doctrina.

La ruptura llegó ese mismo año. Landazábal declaró que no podía haber negociaciones ni acuerdos con las guerrillas. La declaración, hecha por un ministro en ejercicio contra la política central de su presidente, era una impugnación pública. Renunció. Si la renuncia fue voluntaria por incompatibilidad o inducida por Betancur, es un matiz que las crónicas del período no acaban de resolver, pero el resultado fue el mismo: el primer ministro de Defensa del gobierno de paz salía por la puerta de la coherencia doctrinaria, no por la del acuerdo con el proyecto que estaba obligado a servir.

Los sucesores y el límite de la fractura

La lectura fácil convertiría la renuncia de Landazábal en el momento en que el poder civil se impuso al poder militar. La lectura precisa muestra lo contrario. Sus sucesores mantuvieron posiciones idénticas. El general Matamoros, ministro inmediato después de Landazábal, se opuso también a los acuerdos de tregua. El general Miguel Vega Uribe, segundo ministro de Defensa de Betancur, ordenó un estado de alerta permanente a todas las unidades de combate y, argumentando que era imposible distinguir a quienes se habían desmovilizado de quienes seguían operando armados, emitió órdenes que en la práctica contradecían el espíritu del cese al fuego pactado con las FARC. Vega Uribe compartía con Landazábal el perfil doctrinario: general con formación sólida en guerra de guerrillas e inteligencia, cuadro típico del período.

El dato es decisivo. Si Landazábal hubiera sido un disidente aislado, su reemplazo habría bastado para reencauzar la política. No bastó. Lo que la renuncia hizo visible es que la doctrina contrainsurgente no era propiedad personal de un ministro sino patrimonio institucional de las Fuerzas Militares, y que Betancur —a pesar del respaldo constitucional y del mandato electoral— carecía de instrumentos reales para subordinarlas. La autonomía militar heredada del Frente Nacional y consolidada bajo el Estatuto de Seguridad no se desmontaba con un cambio de ministro; era una arquitectura estructural que ningún ejecutivo posterior desafiaría con la misma frontalidad hasta muchos años después.

Mientras tanto, en el terreno, la desconfianza militar frente al proceso de paz se traducía en una alianza táctica con propietarios rurales locales y con los grupos más hostiles a la guerrilla. Los grupos paramilitares aprovecharon el contexto para fortalecerse. La ausencia de mecanismos efectivos de verificación del cese al fuego, la excarcelación de guerrilleros que no entregaban armas y la sensación militar de estar peleando una guerra que sus superiores civiles habían decidido perder empujaron la lógica del paramilitarismo hacia una expansión que marcaría la década siguiente.

La red: doctrina, escritura, política

Landazábal no vivió su carrera en soledad. Se movió en una red densa de oficiales, políticos, empresarios e intelectuales que compartían el diagnóstico contrainsurgente. Pablo Emilio Guarín, dirigente político del Magdalena Medio, impartía charlas político-ideológicas a integrantes de grupos paramilitares en las que señalaba a las FARC como una amenaza de golpe de Estado y sostenía que la guerrilla debía combatirse no solo con armas sino con política. Los propietarios rurales que financiaban al MAS y a sus derivaciones ofrecían la base económica. Los mandos locales militares aportaban logística, información y, en muchos casos, tolerancia operativa. Landazábal aportaba la voz pública y el marco doctrinario.

Su producción escrita se inscribe en una posición de justificación explícita de la guerra contrainsurgente: intelectuales, militares y políticos que construyeron argumentos para demostrar que sus afirmaciones sobre cuestiones constitucionales y de justicia eran razonables, y que las acciones bélicas congruentes con ellas eran correctas. En esa categoría, Landazábal fue uno de los articuladores más constantes. Sus libros funcionaban simultáneamente como manuales militares, memorias personales y programas políticos. Defendía la guerra contrainsurgente como necesidad histórica y como derecho institucional.

El marco jurídico en el que operaba tenía raíces largas. Desde 1903, la doctrina dominante en Colombia había cerrado toda posibilidad al reconocimiento político de la rebelión armada, criminalizando al rebelde. Ese giro moderno del derecho colombiano —que trataba al alzado en armas como delincuente común y no como adversario político con estatuto propio— proporcionaba a la doctrina contrainsurgente un cimiento jurídico. Landazábal se movía dentro de ese marco sin cuestionarlo, y contra la Ley de Amnistía precisamente porque suspendía, aunque fuera parcialmente, esa criminalización.

Su relación con el poder político posterior a 1984 fue la de un civil influyente. Salido del uniforme, pasó al debate público como columnista, conferencista y figura de opinión de la derecha colombiana. Sus intervenciones seguían la misma línea: el peligro del comunismo, la crítica a las negociaciones, la defensa del principio de autoridad, la denuncia de la infiltración subversiva en instituciones civiles. Fue una voz constante en un ecosistema de derecha que reunía a militares retirados, dirigentes del Movimiento de Salvación Nacional de Álvaro Gómez Hurtado, sectores empresariales y una parte del periodismo conservador.

Con Álvaro Gómez Hurtado, la coincidencia doctrinaria era casi natural. Gómez había sido el gran opositor conservador a la política de paz de Betancur; había sobrevivido al secuestro del M-19 en mayo de 1988 —secuestro que, paradójicamente, revivió su vigencia política y abrió una ventana de diálogo nacional— y había terminado presidiendo la Asamblea Constituyente de 1991 junto a Antonio Navarro, el M-19 desmovilizado, en una de las alianzas más inesperadas de la transición constitucional colombiana. Landazábal orbitó en el mismo campo político, aunque desde la retaguardia intelectual del militar retirado que interpretaba el país en clave de guerra revolucionaria.

Los años noventa: la doctrina persiste

La década de los noventa encontró a Landazábal fuera del uniforme pero dentro del debate. La Directiva 200-05/91, expedida por el Ministerio de Defensa, autorizó la creación de redes de inteligencia encubiertas integradas por militares en retiro o civiles, con fachadas, historias ficticias y comunicaciones secretas. Analistas y organizaciones de derechos humanos han señalado que las características de esas redes facilitaron vínculos entre agentes de las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares. La institución que Landazábal había dirigido no había roto con la lógica que él encarnaba; la había reconfigurado bajo nuevas formas.

Durante el gobierno de Ernesto Samper, entre 1994 y 1998, la fractura entre poder civil y poder militar volvió a hacerse visible, y esa fractura contribuía al fortalecimiento del paramilitarismo, cuyo agravamiento se relacionaba también con la ausencia de negociaciones de paz. Landazábal, como referente intelectual de la derecha militar, era parte de ese paisaje: no ministro, no comandante, pero sí voz. La doctrina que había defendido en 1982-1984 seguía viva, y quienes la profesaban ocupaban ahora posiciones más difusas pero no menos influyentes.

En 1995 fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado. El magnicidio, ocurrido en Bogotá el 2 de noviembre, marcó un antes y un después en la crisis política del gobierno Samper y quedó rodeado de sospechas cruzadas —narcotráfico, sectores del propio Estado, retaliaciones múltiples— que todavía hoy no se han despejado del todo. Ese contexto de violencia política de altísimo nivel, en el que caían dirigentes de todas las orillas, era el mismo en el que Landazábal seguía interviniendo públicamente. En mayo de 1998, él mismo fue asesinado en Bogotá. Su muerte, como la de Gómez, se produjo en el marco de una crisis nacional en la que el conflicto armado había desbordado los cauces institucionales y en la que las autorías materiales e intelectuales seguían siendo, en muchos casos, terreno de disputa antes que de esclarecimiento.

La huella: doctrina, autonomía y las cuentas pendientes

La huella de Landazábal se mide en tres registros que conviene no confundir.

El primero es doctrinario. Landazábal fue el articulador público más constante de la lectura del conflicto colombiano como guerra revolucionaria irreductible a la negociación política. Esa lectura —que reducía la protesta social, el sindicalismo, el movimiento estudiantil y la izquierda electoral a expresiones tácticas de un mismo plan comunista— dio marco a la práctica represiva del Estado colombiano durante décadas. Bajo su lógica, la categoría de enemigo interno se extendió mucho más allá de la guerrilla, y las huelgas, manifestaciones y campañas electorales de ciertas condiciones fueron tratadas como focos de conflicto. Las consecuencias fueron documentadas: detenciones indiscriminadas, allanamientos, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Landazábal no fue el autor personal de cada una de esas prácticas, pero fue uno de los intelectuales que sostuvieron el marco que las hacía posibles.

El segundo es institucional. Su renuncia de 1984 se conserva como el episodio-síntoma de la autonomía militar colombiana. Reveló que las Fuerzas Armadas del país habían desarrollado, bajo el estado de sitio permanente, una capacidad de veto sobre las políticas de paz de los gobiernos civiles, y que ningún ejecutivo tenía instrumentos suficientes para revertirla sin ruptura. La lección de 1984 pesó sobre los gobiernos siguientes: Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, cada uno enfrentó la misma tensión estructural, y ninguno la resolvió del todo. La subordinación efectiva del poder militar al poder civil, principio elemental de una democracia constitucional, siguió siendo en Colombia una cuestión abierta.

El tercero es historiográfico. Landazábal, precisamente porque escribió tanto, dejó documentada su versión del país. Sus libros permiten leer con nitidez cómo pensaba una parte importante del alto mando colombiano, qué categorías usaba, qué genealogías reclamaba, qué enemigos identificaba. Esa transparencia ideológica es hoy un recurso invaluable para quienes buscan reconstruir la historia del conflicto armado no solo desde las víctimas y los alzados en armas, sino también desde los actores estatales que lo condujeron. En ese sentido, Landazábal —a pesar de sí mismo, o quizás por su propia insistencia doctrinaria— es un archivo abierto.

Queda una tensión que su figura no permite eludir. La biografía de Landazábal se cuenta a menudo como la de un militar excepcional: el intelectual entre los pragmáticos, el ideólogo entre los operadores. Esa lectura, aunque tiene fundamento, corre el riesgo de personalizar lo que fue estructural. La doctrina que él defendió no era suya: la había recibido de la Escuela de las Américas, del Plan Lazo, de la Cátedra de Filosofía Militar, de la larga tradición represiva del Ejército colombiano desde los años veinte. Y no murió con él: sobrevivió en sus sucesores, en las directivas de inteligencia de los noventa, en las alianzas locales con el paramilitarismo, en la propia cultura institucional de un ejército que nunca terminó de subordinarse plenamente al poder civil.

Contar a Landazábal como caso individual es útil, porque las biografías dan textura a lo que la historia estructural aplana. Pero la lección de su trayectoria no está en su singularidad, sino en su representatividad. Fue, ante todo, la voz articulada de una posición institucional. Que esa posición haya tenido en él a su ideólogo más público es lo que lo vuelve indispensable para entender el conflicto armado colombiano. Que la posición lo haya sobrevivido es lo que impide cerrar el expediente con su muerte.