Justicia penal militar

La Justicia Penal Militar en Colombia

La Justicia Penal Militar es la jurisdicción especializada que juzga a miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional colombianas por delitos cometidos "en relación con el servicio". Nacida como fuero corporativo bajo la Constitución de 1886 y organizada durante el siglo XX como dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, opera hoy con cuarenta y cuatro juzgados de instrucción, un Tribunal Superior Militar como órgano de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia como segunda instancia adicional en condenas de seis años o más. Su historia, sin embargo, no se agota en el organigrama: entre 1984 y 1997, en los años de la crisis del narcotráfico y la guerra sucia, la JPM se convirtió en el mecanismo institucional que blindó a oficiales de la fuerza pública frente a graves violaciones de derechos humanos, y en el campo de batalla jurídico donde la Corte Suprema primero y la Corte Constitucional después tuvieron que redefinir qué podía y qué no podía llamarse "acto del servicio" en un país en guerra. Ese pulso —entre un fuero pensado para la disciplina castrense y un aparato judicial civil que reclamaba las causas por masacres, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales— define el lugar de la JPM en la historia reciente de Colombia.

Una jurisdicción heredada del siglo XIX

El fuero militar colombiano se instaló con la Constitución de 1886, la carta de la Regeneración conducida por Rafael Núñez, que consagró junto al régimen presidencialista y al estado de sitio del artículo 121 la posibilidad de aplicar la justicia militar a los civiles. Esa disposición sobrevivió a las reformas del siglo XX y dio a la jurisdicción castrense un radio de acción que ninguna democracia comparable de la región mantuvo por tanto tiempo.

Sobre esa base, el aparato se fue armando por capas. Durante el siglo XX se creó, como dependencia del Ministerio de Guerra, la Corte Militar de Casación y Revisión, integrada por tres magistrados y encargada de cerrar el recorrido procesal dentro de la propia jurisdicción; funcionó hasta 1958. El Decreto Ley 1897 de 1953, expedido durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, extendió el fuero al personal de la Policía Nacional y al de aduanas y puertos marítimos y terrestres de carácter internacional, incorporando así al radio castrense a cuerpos que en teoría eran civiles. En adelante, cuando en Colombia se hablara de "justicia militar", habría que entender también a los policías activos: una decisión con enormes consecuencias, porque la Policía sería después uno de los actores más denunciados por vínculos con paramilitares y narcotraficantes.

El sistema, en su forma consolidada, tiene una arquitectura triangular. En la base, los juzgados de instrucción penal militar —hoy cuarenta y cuatro— adelantan las investigaciones. Sobre ellos, el Tribunal Superior Militar resuelve las apelaciones. Y en la cúspide, para condenas de seis años o más, interviene la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Los procesos se ventilan en consejos de guerra sin jurado, presididos por jueces militares; el acusado tiene derecho a defensa y a llamar testigos, y la ley obliga a que un representante de la Procuraduría civil esté presente en los juicios. Sobre el papel, garantías; en la práctica, un sistema donde quien investiga, quien juzga y quien es juzgado pertenecen a la misma institución jerárquica, subordinada al Ministerio de Defensa.

Esa subordinación orgánica es el pecado original que ninguna reforma jurisprudencial pudo corregir. A mediados de 2009, más de dos décadas después del inicio de las controversias que este artículo relata, la Justicia Penal Militar seguía siendo una dependencia del Ministerio de Defensa Nacional. El juez militar no depende del Consejo Superior de la Judicatura ni de la rama judicial: responde, en la cadena administrativa, al mismo ministro que dirige a las fuerzas que él debe investigar.

El Estatuto de Seguridad y la militarización del orden público

La JPM entró a la década de los ochenta con las competencias ampliadas. El Decreto 1923 de 1978, conocido como Estatuto de Seguridad y expedido bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala, transfirió a comandantes de batallón y de brigada la facultad de conocer, juzgar y sancionar determinadas violaciones que afectaban el orden público, competencias que hasta entonces correspondían en mayor medida a la justicia ordinaria. El Estatuto era la expresión colombiana de la Doctrina de Seguridad Nacional que recorría entonces América Latina; buscaba modelar la sociedad según sus principios y, en el camino, legitimar los atropellos que los militares cometían contra la población campesina en zonas violentas. Ampliar la jurisdicción penal militar era una pieza central de esa estrategia: si los soldados iban a hacer la guerra contra la subversión, los soldados también los juzgarían.

Las cifras del propio sistema muestran el resultado. En 1980, la jurisdicción penal militar desarrolló 334 consejos de guerra verbales contra civiles. La práctica de juzgar a paisanos en tribunales castrenses, avalada por el artículo 121 de la Constitución de 1886 y por su desarrollo legal, se había vuelto rutinaria; los consejos verbales de guerra, particularmente durante los estados de sitio, se consolidaron como el mecanismo ordinario para tramitar delitos políticos y de orden público. Amnistía Internacional, desde 1980, recomendaba al Estado colombiano tres cosas: levantar el estado de sitio, derogar el Estatuto de Seguridad y trasladar a la justicia ordinaria los procesos de civiles que estaban en cabeza de la JPM.

Al interior de la propia jurisdicción, la cultura era abiertamente punitiva. La "doctrina Ñungo", bautizada por el fiscal militar Gerardo Ñungo, sostenía en 1975 que "más vale condenar a un inocente que absolver a un culpable": una inversión completa del principio garantista que sostiene cualquier derecho penal moderno. Que un fiscal militar pudiera enunciar en público esa fórmula sin consecuencias dice mucho del clima institucional en que la JPM llegó a la década decisiva.

1983: la doctrina del "servicio permanente"

El punto de inflexión que transformó a la JPM en escudo de impunidad no fue una ley ni un golpe: fue una interpretación jurisprudencial. El Tribunal Disciplinario, órgano encargado de dirimir los conflictos de competencia entre la jurisdicción militar y la ordinaria bajo la Constitución de 1886, resolvió por sentencia del 20 de mayo de 1983 que "los militares en servicio activo están prestando su servicio permanentemente". La fórmula era aparentemente técnica; sus consecuencias, devastadoras.

Si un militar prestaba servicio las veinticuatro horas del día, entonces cualquier acto suyo —dentro o fuera del cuartel, en uniforme o de civil, en operación oficial o en incursión clandestina— podía ser considerado "acto relacionado con el servicio" y, por tanto, competencia de la justicia militar. La doctrina se estrenó en un caso emblemático. El procurador Carlos Jiménez Gómez había identificado en 1983, en un informe que le costó enviar a sus hijas fuera del país por razones de seguridad, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional señalados por vínculos con el MAS —"Muerte a Secuestradores"—, la organización paramilitar financiada inicialmente por narcotraficantes y luego articulada con sectores militares. Todos los procesos contra los uniformados señalados por la Procuraduría pasaron, por decisión del Tribunal Disciplinario, a la Jurisdicción Penal Militar. Bajo el fuero castrense, las investigaciones se diluyeron.

La doctrina del servicio permanente cristalizó así una premisa que gobernaría los años siguientes: la pertenencia a una organización paramilitar, la participación en masacres, el vestir de civil para asesinar en connivencia con narcotraficantes, todo eso podía leerse como acto del servicio militar. La JPM no necesitaba absolver a nadie; le bastaba con retener las causas y dejarlas dormir.

1987: la Corte Suprema retoma el arbitraje

La primera grieta seria en ese edificio se abrió en 1987. Ese año, la competencia para resolver los conflictos entre la jurisdicción militar y la ordinaria se transfirió del Tribunal Disciplinario a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema, casi de inmediato, declaró inexequibles las facultades exorbitantes de juzgamiento contra civiles de las que habían gozado las Fuerzas Armadas. Fue un giro doctrinal decisivo: el árbitro de las competencias pasaba a interpretar el fuero castrense de manera restrictiva, en las antípodas de la lectura expansiva del Tribunal Disciplinario.

En el papel, la JPM debía haberse replegado. En la práctica, no lo hizo. Pese a la nueva jurisprudencia, la jurisdicción penal militar continuó a lo largo de los años noventa recibiendo casos que constituían graves violaciones a los derechos humanos: la letra de la Corte se estrellaba contra el arraigado espíritu de cuerpo que atravesaba a jueces, fiscales y magistrados castrenses. Los procesos entraban por competencia y, cuando la justicia ordinaria los reclamaba, se activaba una guerra de trámites que en muchos casos ganaba el fuero.

La Procuraduría General de la Nación puso esa realidad por escrito en su Segundo Informe de Derechos Humanos, publicado en 1992. El informe destacó el arraigado espíritu de cuerpo con que actuaba la jurisdicción penal militar y las reservas serias sobre su verdadera imparcialidad para juzgar violaciones a los derechos humanos. Un año después, en 1993, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló dos recomendaciones que serían leitmotiv durante décadas: que se definiera con claridad qué constituía un acto delictual relacionado con el servicio, para evitar que violaciones a los derechos humanos fueran catalogadas como tales; y que en los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas con víctimas civiles, estas pudieran constituirse en parte civil dentro del proceso.

La Rochela, el Magdalena Medio y el general Yanine

Ningún caso condensó mejor la lógica del fuero durante la crisis que la masacre de La Rochela. El 18 de enero de 1989, una comisión judicial que investigaba en el Magdalena Medio la desaparición y ejecución de diecinueve comerciantes fue emboscada por paramilitares conocidos como "los Masetos"; los funcionarios —entre once y doce víctimas— fueron asesinados a la orilla del camino. Según la confesión de Alonso de Jesús Baquero, alias "el Negro Vladimir", jefe militar del grupo, en la planificación participaron socios de Acdegam, comandantes paramilitares y miembros del Ejército: veinte millones de pesos se pagaron a policías de Barrancabermeja para obtener información y otros pagos se destinaron a militares para que negaran protección a la comisión judicial.

El general Farouk Yanine Díaz, que había comandado la Brigada del Magdalena Medio y era señalado como pieza central de la connivencia militar con el paramilitarismo, fue absuelto por la Justicia Penal Militar en relación con los crímenes de esa región. Solo en junio de 2008, cuando la Fiscalía reabrió el caso, fue llamado a indagatoria. Entre tanto, la investigación sobre la masacre de los diecinueve comerciantes había terminado, por decisión del Consejo Superior de la Judicatura tras la Constitución de 1991, en la propia jurisdicción castrense.

La Rochela también dejó otro pronunciamiento clave. En sentencia del 28 de febrero de 2005, el Juzgado 75 de Instrucción Penal Militar declaró extinguida la acción penal contra el teniente Andrade, uno de los implicados. La decisión fue consultada ante el Tribunal Superior Militar, que se pronunció a favor de los límites al fuero: el concierto para delinquir no podía considerarse un acto del servicio. Un exfuncionario de la propia justicia penal militar describiría ese fallo como uno de los pronunciamientos más importantes en la transformación de la doctrina militar. Casi dos décadas después de la doctrina del servicio permanente, la corriente empezaba a invertirse desde dentro.

El Palacio de Justicia, la XX Brigada y la geografía del blindaje

Los otros grandes casos siguieron la misma lógica. En los hechos del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985, la Justicia Penal Militar absolvió inicialmente a los militares involucrados. La justicia ordinaria tardó décadas en recuperar terreno. El general retirado Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado en firme a 35 años de cárcel por la desaparición forzada de cinco víctimas. La condena a 30 años del coronel Luis Alfonso Plazas Vega fue revocada por la Corte Suprema en 2015, y quedó en libertad tras ocho años de prisión. El caso del Palacio se convirtió en una parábola sobre lo tarde y lo poco que la justicia colombiana pudo alcanzar cuando el fuero militar operaba primero.

La XX Brigada de Inteligencia del Ejército, desmantelada en mayo de 1998, ilustró otra dimensión del problema: la estructura misma de la JPM cuando el implicado era un oficial de alta graduación. Al estar involucrado un mando superior, el Comandante General del Ejército debía asumir como Juez Único de Primera Instancia Penal Militar. Esa función la ejerció primero el mayor general Mario Hugo Galán y luego el general Jorge Enrique Mora Rangel.

En pleno proceso, el 18 de abril de 1998, fue asesinado en Bogotá el abogado defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, cuya labor había puesto en evidencia justamente los excesos de las agencias de inteligencia militar. Que el jefe máximo del Ejército actuara como juez en causas contra sus propios subordinados —la fórmula legal para casos de altos oficiales— resume, mejor que cualquier teoría, por qué la JPM era percibida como incompatible con el juicio imparcial.

Otro escenario fue Segovia, en el nordeste antioqueño, donde la masacre de noviembre de 1988 dejó ver la connivencia entre miembros de la fuerza pública y estructuras paramilitares. Los delitos imputados —concierto para delinquir, homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno, terrorismo— llegaron ante el Consejo Superior de la Judicatura para dirimir competencias entre las dos jurisdicciones. En Urabá, jueces de instrucción penal militar que investigaron la connivencia entre militares y paramilitares para presentar personas como muertas en combate fueron estigmatizados hasta que su labor se volvió imposible; un número considerable terminó en el exilio. La estigmatización, contaría uno de ellos años más tarde, fue el mecanismo con el que se obstruyó la justicia desde adentro.

Los falsos positivos tempranos

La práctica de presentar civiles asesinados como guerrilleros dados de baja en combate —el fenómeno que estallaría públicamente como "falsos positivos" en la década siguiente— tenía raíces institucionales tempranas. La lógica era conocida: se cambiaba la vestimenta de las víctimas por uniformes militares, se colocaban armas y material de guerra junto a los cadáveres, y la escena del crimen se armaba de tal modo que un levantamiento apresurado pudiera cerrarla. La motivación, también documentada: bonificaciones económicas, ascensos, prestigio institucional en un sistema donde el número de bajas determinaba la honorabilidad militar. En unidades del Ejército se llevaban tableros visibles con el conteo de bajas por compañía y los días transcurridos sin combates: una presión estadística que descendía por la cadena de mando hasta el soldado raso.

En ese entramado, los jueces penales militares no eran actores neutrales. Testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad señalaron responsabilidades compartidas entre comandantes, jueces penales militares y agentes de inteligencia en la gestión posterior a los crímenes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe 34/15, dejaría constancia de que presuntas víctimas habrían sido ejecutadas por miembros del Ejército, quienes alteraron la escena del crimen y cambiaron sus vestimentas para reportarlas como guerrilleros muertos en combate, con el propósito de reclamar incentivos económicos y profesionales. La respuesta oficial, ya entonces, era la que se ha vuelto habitual: altos mandos —un coronel que había servido en Antioquia bajo el general Mario Montoya, un brigadier general— argumentaron que las denuncias eran parte de una estrategia deliberada de "guerra política" de las guerrillas para desacreditar a las fuerzas armadas.

Al menos un juez de instrucción penal militar declaró ante la Comisión haber evidenciado en Urabá cómo esa connivencia operaba para presentar civiles como muertos en combate. Que la denuncia viniera desde dentro del propio sistema —y que quien la formulara terminara desplazado— es el mejor indicio de que los mecanismos correctivos internos habían quebrado.

1991: la Constitución y sus límites

La Constitución de 1991, redactada por una Asamblea Constituyente en la que confluyeron Álvaro Gómez Hurtado, la Alianza Democrática M-19 encabezada por Antonio Navarro Wolff tras el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez, y el liberalismo de César Gaviria, transformó la arquitectura judicial colombiana. Creó la Fiscalía General de la Nación, dotó a la Procuraduría de nuevas atribuciones para investigar violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales, e instauró la Corte Constitucional. En materia de conflictos de competencia entre jurisdicciones, la función pasó al Consejo Superior de la Judicatura.

El diseño era prometedor y mostró pronto sus límites. El Consejo Superior de la Judicatura reconoció, en diversos casos durante los años noventa, la competencia de la jurisdicción militar en situaciones que constituían presuntas graves violaciones a los derechos humanos —entre ellos, el caso Yanine Díaz—. Entre 1996 y 2016, ante ese órgano se presentaron 1.938 decisiones relativas a disputas de competencia entre la JPM y la justicia ordinaria: casi dos mil pulsos por definir quién juzgaba qué, en el mismo país y bajo la misma Constitución. El árbitro había cambiado; la disputa, no.

Además, el gobierno de César Gaviria, a través de los Decretos 2266 y 2271 de 1991 aprobados por la Comisión Legislativa Especial —el llamado "congresito"—, convirtió en legislación permanente buena parte de las disposiciones del Estatuto Antiterrorista y el Estatuto para la Defensa de la Justicia expedidos durante los estados de sitio. El Decreto 2700 de 1991, que promulgó el nuevo Código de Procedimiento Penal, incorporó componentes de la justicia de excepción dentro del marco de la justicia ordinaria: nació la "justicia regional", heredera directa de la "justicia de orden público". El estado de sitio como forma de gobernar se sustituyó por su normalización dentro del régimen ordinario. La JPM, mientras tanto, siguió intacta en su relación orgánica con el Ministerio de Defensa.

1997: la sentencia C-358 y la redefinición del "acto de servicio"

La Corte Constitucional, en la que magistrados como Eduardo Cifuentes Muñoz, Carlos Gaviria Díaz y Manuel José Cepeda tuvieron un papel decisivo en la construcción de la doctrina de derechos fundamentales, emitió en 1997 la sentencia C-358, el fallo que cerró conceptualmente la puerta que el Tribunal Disciplinario había abierto en 1983. La C-358/97 limitó la competencia de la justicia penal militar a los actos relacionados con el servicio, excluyendo las violaciones de derechos humanos. La tesis era la inversa de la doctrina del servicio permanente: no bastaba con ser militar en activo para que cualquier conducta cayera bajo el fuero; hacía falta demostrar una relación funcional, sustantiva, entre el acto y la misión militar.

La C-358/97 fue un hito doctrinal y, al mismo tiempo, una victoria insuficiente. La Corte había reconfigurado la doctrina; la organización institucional que decidía competencias en el día a día seguía siendo el Consejo Superior de la Judicatura, y este continuó reconociendo con frecuencia la competencia militar. Los jueces castrenses continuaron recibiendo denuncias. El espíritu de cuerpo, documentado desde 1992 por la Procuraduría, no se disolvía por vía de sentencia. El aprovechamiento estratégico del fuero para evadir responsabilidades generó un sistema de impunidad estructural cuyos casos —Las Palmeras, los diecinueve comerciantes del Magdalena Medio, otros— terminaron llegando al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que inició operaciones en Colombia en mayo de 1997 con mandato de proteger, promover y supervisar los derechos humanos y asesorar al Estado, encontró un país donde el problema no era solo doctrinal sino organizativo. El gobierno colombiano respondía a los organismos internacionales atribuyendo las violaciones a un clima generalizado de violencia con múltiples responsables; los organismos rechazaban esa caracterización. La situación en Colombia, sostenían las agencias internacionales, era compleja pero no confusa: había patrones, había responsables identificables, había una jurisdicción que retenía las causas.

El fuero como forma persistente

La historia posterior a 1998 confirma que la reforma jurisprudencial fue un techo, no un piso. El gobierno colombiano se opuso, durante el trámite del proyecto de ley sobre desaparición forzada, a disposiciones que impedían alegar que las conductas previstas habían sido cometidas en relación con el servicio cuando se atribuyeran a miembros de la fuerza pública, argumentando que dichas cláusulas contradecían los artículos 91 y 221 de la Constitución. La defensa del fuero, tras la C-358/97, se libraba ahora en el terreno de las leyes y no de las sentencias, pero la lógica corporativa era la misma.

Esa persistencia se prolongó durante las dos décadas siguientes. Las reformas legislativas para ampliar el fuero volvieron cíclicamente al Congreso, las tutelas se acumularon y la línea entre lo que era y no era acto del servicio siguió disputándose caso por caso. En 2021, la Corte Constitucional debió intervenir mediante tutela para ordenar que el caso de Dilan Cruz —el joven manifestante asesinado por el Escuadrón Móvil Antidisturbios durante el paro nacional de noviembre de 2019— fuera trasladado de la Justicia Penal Militar a la Justicia Ordinaria. Treinta y cuatro años después de que la Corte Suprema declarara inexequible el juzgamiento de civiles por tribunales militares, veinticuatro después de la C-358/97, dos décadas después de las recomendaciones de la CIDH, la jurisdicción castrense seguía atrayendo hacia sí, por competencia inicial, casos que la jurisprudencia excluía con claridad.

Que la Corte Constitucional deba resolver por tutela lo que la doctrina ya había resuelto por sentencia general revela el fondo del asunto. El problema de la Justicia Penal Militar en Colombia no fue únicamente una interpretación expansiva del "acto de servicio" —esa se corrigió—; fue, y sigue siendo, la subordinación de un aparato judicial al Ministerio de Defensa que él debe juzgar. Mientras esa dependencia orgánica se mantenga, cada límite jurisprudencial requerirá, caso por caso y tutela por tutela, ser reafirmado. La JPM, heredada del fuero corporativo del siglo XIX, redefinida en la crisis del narcotráfico como escudo de impunidad y solo parcialmente replegada por la Corte Constitucional, permanece como uno de los ángulos ciegos del Estado de derecho colombiano: la institución donde la Fuerza Pública se sigue investigando a sí misma, en un país que aún no termina de decidir si eso es compatible con la justicia.