Carlos Jiménez Gómez

Un liberal formado entre París y Bonn

Antioqueño de raíz —oriundo de la región de Sonsón—, Jiménez Gómez perteneció a esa generación de juristas colombianos que, tras el pregrado en Derecho, buscaron especialización en las escuelas europeas de posguerra. Cursó estudios de derecho constitucional en la Universidad de París y de derecho penal en la Universidad de Bonn: dos tradiciones jurídicas que dejarían huella en su manera de razonar sobre el Estado, las garantías individuales y los límites al poder punitivo. De París trajo la sensibilidad por el derecho público continental; de Bonn, la dogmática penal alemana con su afinamiento sobre el tipo, la culpabilidad y la responsabilidad. Esa doble formación —constitucional y penal— explica en buena medida por qué, al momento de comisionar la investigación sobre el MAS, supo diseñar una metodología que combinaba lo administrativo, lo judicial y lo político sin extraviar el rigor técnico.

Fue liberal hasta la médula, en el sentido histórico y no solo partidista del término: defensor de la solución negociada del conflicto armado, del garantismo procesal y de la primacía de las autoridades civiles sobre las castrenses. Ese liberalismo doctrinario —más filosófico que faccional— resultaría decisivo cuando le tocó ejercer el control sobre las Fuerzas Militares en el momento álgido del proceso de paz de Betancur.

Su carrera pública combinó la academia, el periodismo y la administración de justicia. Fue profesor universitario y columnista de El Tiempo, tribuna desde la cual mantuvo, durante décadas, una voz reconocible en los debates sobre derecho penal, política criminal y derechos humanos. Ocupó la representación a la Cámara y con el tiempo sumaría a su hoja de vida los cargos de fiscal general, embajador en Austria, precandidato presidencial y ministro de Justicia. Su bibliografía especializada —Delito continuo (1974), Delitos contra la Administración Pública (1987), Derecho Penal: hacia la globalización (2000)— refleja un jurista que nunca abandonó la investigación teórica, ni siquiera en los años más agitados de su ejercicio en el Estado.

La Procuraduría en el proyecto Betancur

Belisario Betancur Cuartas asumió la Presidencia en agosto de 1982 en un contexto conservador de excepción: había ganado en unas elecciones marcadas por la división liberal —el oficialismo de Alfonso López Michelsen frente al Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán— y por la resaca del Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala, aquel decreto de estado de sitio expedido en septiembre de 1978 que había disparado las denuncias de desapariciones, torturas y abusos militares. La campaña de 1982 había estado atravesada por esas denuncias, y Betancur llegó al Palacio con el mandato tácito de cambiar el rumbo.

Su respuesta fue una política de apertura democrática articulada en dos gestos rápidos y correlativos. Primero, la Ley 35 del 19 de noviembre de 1982, sancionada apenas tres meses después de la posesión, que otorgó amnistía por delitos políticos y buscó el restablecimiento de la paz. La cifra oficial que después presentaría el general Miguel Vega Uribe cuantificó el alcance: 375 guerrilleros excarcelados, cerca del 90% de los procesados, distribuidos entre el M-19 (256), el ELN (35), el PLA (30), las FARC (31), el EPL (6) y el ADO (6). Segundo, el Decreto 2711 del 19 de septiembre de 1982, que conformó una Comisión de Paz Asesora del Gobierno Nacional compuesta inicialmente por cuarenta personalidades, presidida al comienzo por el expresidente Carlos Lleras Restrepo y luego, tras su relevo, por Otto Morales Benítez.

En esa arquitectura de paz, la Procuraduría General de la Nación tenía asignado un papel específico: vigilar la conducta oficial de los funcionarios, incluidos los militares. Fue en ese marco donde Betancur, hacia finales de 1982, encargó a la Procuraduría —y por tanto a Jiménez Gómez— la elaboración de un informe sobre el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores. La solicitud no era abstracta: desde el Magdalena Medio venían llegando denuncias reiteradas de desapariciones forzadas y cuerpos arrojados a los ríos, atribuidas a un grupo que ya había desbordado ampliamente su pretexto fundacional.

Conviene precisar el punto, porque de él depende el sentido histórico de lo que vino después: la iniciativa de investigar al MAS fue presidencial, no autónoma de la Procuraduría. Betancur quería el informe. Jiménez Gómez lo produjo. Esa doble condición —encargo del Ejecutivo y ejecución técnica del órgano de control— es la que hace del documento un instrumento del proyecto Betancur y, a la vez, un acto propio de la Procuraduría como institución civil de vigilancia.

El informe del MAS: metodología y hallazgos

El MAS había nacido a finales de 1981 como respuesta armada de los grandes capos del narcotráfico al secuestro de Nieves Ochoa, hija de Jorge Luis Ochoa, por quien la guerrilla pedía quince millones de dólares. Lo que empezó como un instrumento de defensa de los intereses de Pablo Escobar, los Ochoa y sus aliados evolucionó rápidamente hacia una estructura contrainsurgente de mayor envergadura, con al menos quince apelativos distintos para reivindicar sus actos y despistar investigaciones: Los Masetos, Los Tiznados, Los Magníficos, Amor por Medellín, La Mano Negra, Escuadrón de la Muerte, Muertes a Revolucionarios y Comunistas del Nordeste, entre otros. El desdoblamiento nominal era, en sí mismo, una técnica de impunidad.

Para investigarlo, Jiménez Gómez diseñó una misión mixta: la Procuraduría en cabeza, pero con jueces de instrucción trabajando en paralelo desde distintas jurisdicciones. Esa arquitectura permitió cruzar denuncias del Magdalena Medio con expedientes de otras regiones, contrastar identidades y establecer patrones. El resultado, presentado públicamente en febrero de 1983 y registrado institucionalmente como Informe del Procurador Nacional sobre el MAS, fue devastador en su especificidad: de 163 miembros individualizados del grupo paramilitar, 69 eran integrantes activos de la Fuerza Pública. Casi cuatro de cada diez. Y no se trataba de una imputación difusa: eran nombres, rangos, adscripciones concretas.

Uno de los soportes técnicos más significativos vendría después. En agosto de 1983, el Instituto Nacional de Tránsito certificó que las desapariciones forzadas atribuidas al MAS durante 1982 y 1983 se habían realizado en vehículos asignados a la DIPEC-F2, la unidad de inteligencia de la Policía. La materialidad —las placas, los automotores oficiales— reforzaba la conclusión política del informe: no era que algunos militares se hubieran extraviado, era que la institución había prestado su infraestructura.

Jiménez Gómez no ignoraba lo que estaba haciendo. Antes de publicar los nombres, envió a sus hijas fuera del país. La precaución dice más sobre el momento colombiano que cualquier análisis retrospectivo: el procurador de la Nación anticipaba, con motivos, que denunciar a militares activos por paramilitarismo podía costarle la vida a su familia.

La reacción militar y el traslado a la justicia castrense

El informe cayó sobre un cuerpo institucional ya tensionado. El ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes —designado por Betancur en 1982 y proveniente de una tradición de mando forjada en la doctrina contrainsurgente— llevaba meses contrapunteando la política de paz del presidente. Landazábal defendía públicamente a las Fuerzas Armadas de las acusaciones por sus vínculos con grupos paramilitares como el MAS y los Tiznados en el Magdalena Medio, y protestaba, junto con los mandos operativos, por la exclusión sistemática de los militares de las decisiones del proceso. El comandante del Ejército llegó a afirmar que no le consultaban nada, que se enteraba de las medidas del gobierno como cualquier ciudadano.

Los primeros dos ministros de Defensa de Betancur —Landazábal y luego Gustavo Matamoros D'Costa, que lo reemplazó tras la renuncia de 1984— compartían el mismo perfil: generales con sólida formación en guerra de guerrillas e inteligencia. Ese fue el tipo de mando que el presidente privilegió, y esa fue, correlativamente, la escuela que se opuso con más consistencia a su política. La salida de Landazábal en 1984, motivada porque sus declaraciones públicas iban en abierta contravía con la política de paz, no detuvo la resistencia: Matamoros continuó expresando su oposición. Figuras del M-19 percibirían después que Betancur tenía profundas divergencias con los mandos —Landazábal, el general Bernardo Lema— que sencillamente no entendían la lógica de paz del presidente.

Sobre ese terreno hostil, la Procuraduría intentó llevar los hallazgos del informe a proceso. No lo logró. El Tribunal Disciplinario, órgano encargado por la Constitución de 1886 de resolver conflictos de competencia, trasladó todos los procesos penales contra militares señalados en el informe a la Jurisdicción Penal Militar. El argumento invocado —que los militares se hallaban en servicio las veinticuatro horas y, por tanto, sus actos, aun los criminales, eran competencia castrense— cerró el paso a cualquier investigación civil. Y una vez en la justicia penal militar, los casos por paramilitarismo carecían de posibilidad alguna de prosperar: los militares señalados fueron absueltos.

Aquí está el nudo del asunto. La valentía técnica del procurador y la impunidad completa de los señalados no son fenómenos separados: son las dos caras del mismo diseño institucional. La Constitución de 1886, con su fuero militar amplio y su Tribunal Disciplinario, permitía que la Procuraduría diagnosticara pero no que sancionara. El informe podía documentar, incluso podía publicarse; lo que no podía era producir consecuencias judiciales efectivas contra uniformados en servicio. Betancur había querido el informe; la arquitectura del Estado que él presidía lo neutralizó.

Anatomía del paramilitarismo que Jiménez Gómez nombró

Lo que la Procuraduría documentó en 1983 no era una desviación individual sino la primera manifestación pública de una alianza estructural que se estaba consolidando en el Magdalena Medio. Tres actores confluían en ella. Primero, las élites económicas locales que buscaban defender su patrimonio de la extorsión guerrillera, articuladas alrededor de ACDEGAM en Puerto Boyacá. Segundo, los narcotraficantes —con Gonzalo Rodríguez Gacha como figura decisiva— que necesitaban proteger laboratorios y propiedades del cobro de vacunas por parte de las FARC y el ELN, y que muy pronto descubrieron la utilidad estratégica de la violencia paramilitar más allá de la simple defensa. Tercero, sectores de la Fuerza Pública que encontraron en esa estructura una forma más efectiva de combatir a la insurgencia sin comprometer la imagen institucional: los narcotraficantes ponían la infraestructura y el dinero, los militares aportaban inteligencia, cobertura territorial y —cuando hacía falta— vehículos oficiales.

Un comunicado del Frente XII de las FARC, a comienzos de 1984, describía con precisión el patrón territorial: el MAS se había desplazado hacia el Magdalena Medio "asesinando a su paso a familias enteras" en Cimitarra, Vuelta Acuña y Puerto Berrío. No era un grupo urbano de escuadrones de la muerte al servicio del cartel: era ya una fuerza contrainsurgente con presencia rural y proyecto de territorio.

Que la Procuraduría hubiera nombrado esta simbiosis en 1983 —con la evidencia forense de los vehículos de la DIPEC-F2, con la lista de 69 uniformados, con la metodología mixta de jueces e investigadores— significa que el Estado colombiano supo, oficialmente, lo que estaba ocurriendo, desde el momento mismo en que estaba ocurriendo. La imposibilidad posterior de actuar sobre ese conocimiento no puede atribuirse, entonces, a ignorancia. En sucesivos gobiernos, las relaciones de la Fuerza Pública con el paramilitarismo serían oficialmente negadas y minimizadas; pero la negación operó siempre sobre un archivo primario que ya existía, y que llevaba la firma de Carlos Jiménez Gómez.

El derecho de las pobres gentes

Mientras la Procuraduría investigaba y denunciaba, Jiménez Gómez desarrollaba en paralelo una elaboración doctrinaria que resultaría más duradera que sus efectos judiciales inmediatos. Frente a los excesos de la fuerza pública —más graves cuanto más lejos del centro del país y más abajo de la jerarquía castrense—, propuso reivindicar el "estatuto jurídico propio del estado de guerra" y aplicar el derecho humanitario a los conflictos internos colombianos. Lo formulaba con una imagen que resume su sensibilidad: "el derecho de gentes, el de las pobres gentes".

Se adelantaba con eso casi década y media al debate nacional. Cuando en la segunda mitad de los años noventa Colombia empezó a discutir en serio el carácter del conflicto armado y la aplicación del Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, muchas de las categorías que se pusieron sobre la mesa habían sido anticipadas —al menos en sus fundamentos— por el procurador de 1983. El principio humanitario de distinción entre combatientes y población civil, opuesto al principio contrainsurgente de "quitarle el agua al pez", empezó a formularse desde la Procuraduría y el Poder Judicial en aquellos años; y aunque la maduración doctrinaria posterior sería obra colectiva, la anticipación intelectual de Jiménez Gómez es un dato del expediente.

Esa elaboración jurídica tuvo un costo. Sectores militares y paramilitares reencuadraron muy pronto la defensa de los derechos humanos como "guerra jurídica": concibieron el trabajo de los defensores —y por extensión, el de funcionarios como Jiménez Gómez— como una actividad bélica en favor de la guerrilla, orientada a neutralizar combatientes del Ejército mediante procesos judiciales. La descalificación se anticipaba a los argumentos: no había que refutar el informe del MAS, bastaba con recodificar al procurador como enemigo. Una carta de la Corporación Cívica de Seguridad de Bogotá dirigida al ministro de Defensa tildó los hallazgos de imprudentes y pidió que la Procuraduría investigara más bien a los grupos insurgentes; no aportaba ningún elemento para desmentir la evidencia, pero desplazaba la controversia hacia el terreno de la lealtad institucional.

Extradición, Palacio de Justicia, argentinización

El informe del MAS no fue el único frente en que Jiménez Gómez ejerció la Procuraduría con perfil alto. El tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos, firmado en 1979 y en vigencia desde marzo de 1982, había convertido a la Procuraduría en actor obligado del procedimiento: se requería un concepto previo no vinculante del órgano de control antes de que el Ejecutivo tomara la decisión final. En un momento en que la extradición se consolidaba como la principal preocupación estratégica de los capos del narcotráfico, esa función colocaba al procurador en el centro del juego.

Pero fue el Palacio de Justicia lo que llevó la trayectoria de Jiménez Gómez a su punto más alto de confrontación institucional. Tras la toma y retoma del Palacio en noviembre de 1985, la Procuraduría abrió su propia investigación. El 13 de junio de 1986, Jiménez Gómez entregó al presidente Betancur un informe en el que señalaba responsabilidades del propio primer mandatario y de su ministro de Defensa, el general Miguel Vega Uribe. Nueve días después, el 22 de junio de 1986, formalizó el paso siguiente: presentó una demanda ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

La respuesta institucional fue una operación de contención en dos tiempos. El Consejo de Ministros rechazó el informe, acusando al procurador de querer una "Procuraduría de opinión"; los medios no lo recogieron con la fuerza que el asunto ameritaba, y el eco público fue menor del que Jiménez Gómez esperaba. La Comisión de Acusaciones, por su parte, declaró que legalmente no podía cuestionar el acto del gobierno Betancur durante los hechos del Palacio de Justicia, calificándolo de "acto típico de Gobierno" ejecutado por las personas autorizadas para actuar. La fórmula, técnicamente impecable, cerró el caso.

Fue el segundo choque frontal de Jiménez Gómez con el diseño institucional, y su patrón se repitió: la Procuraduría diagnosticaba —con nombres, fechas y responsabilidades—, y el sistema, apelando a competencias, fueros o categorías jurídicas específicas, blindaba a los señalados. Con los militares del MAS había sido el fuero militar; con Betancur y Vega Uribe fue la doctrina del acto de gobierno.

Un tercer informe, menos conocido pero significativo, redondea el perfil doctrinario del procurador: el que dedicó al "proceso de argentinización" como "antesala de la centroamericanización", donde describía la persecución sistemática a activistas políticos de la oposición, en particular de la Unión Patriótica. Nombrar en aquellos años lo que le estaba pasando a la UP —y hacerlo con una analogía tan explícita a las dictaduras del Cono Sur— era otro acto de nombrar antes de tiempo.

Después de la Procuraduría

La salida de la Procuraduría a mediados de 1986, coincidente con el cierre del gobierno Betancur, no terminó la vida pública de Jiménez Gómez. Volvería al Estado por otras puertas: fue fiscal general, ministro de Justicia, embajador en Austria, precandidato presidencial. Publicó libros de derecho penal —incluido Derecho Penal: hacia la globalización en 2000— y mantuvo su columna en El Tiempo, desde donde continuó opinando sobre política criminal, derechos humanos y salidas negociadas al conflicto armado.

En 1989 su nombre volvió a los titulares por una razón particular: fue designado procurador general para reemplazar a Horacio Serpa, quien había renunciado al cargo para incorporarse a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Volvía, así, al mismo cargo desde el cual había producido el informe del MAS seis años antes, en un país que para entonces vivía la fase más aguda del narcoterrorismo. Sus memorias, publicadas en 1999, y sus recopilaciones documentales de 1987 se convertirían en fuentes primarias insustituibles para reconstruir el período. Falleció en 2013.

Un legado a dos velocidades

El legado de Jiménez Gómez opera en dos ritmos que conviene no confundir. En el corto plazo —el de los procesos, las sanciones, los resultados judiciales— el balance es nulo: ni un solo militar fue condenado por su pertenencia al MAS a raíz del informe de 1983; ni Betancur ni Vega Uribe fueron acusados por el Palacio de Justicia; los procesos por paramilitarismo, trasladados a la justicia castrense, se resolvieron en absoluciones. La impunidad no fue un accidente: fue el resultado esperable de un sistema constitucional diseñado para blindar a los uniformados frente al escrutinio civil.

En el largo plazo, sin embargo, la Procuraduría de Jiménez Gómez marcó un umbral irreversible. Después de 1983, ningún gobierno colombiano pudo alegar ignorancia sobre la simbiosis narco-militar-paramilitar en el Magdalena Medio: el archivo estaba abierto, los nombres estaban impresos, la metodología estaba disponible. Cuando en años posteriores investigaciones oficiales, comisiones de verdad y sentencias judiciales fueron estableciendo la responsabilidad directa del Estado en la creación de los grupos de autodefensa de los años ochenta y noventa —mostrando que la relación del Ejército con esos grupos no se limitó a la entrega de armas sino que incluyó su creación y fortalecimiento—, todos esos hallazgos estaban precedidos por el informe de 1983. El punto de partida quedó fijado allí.

Su elaboración jurídica sobre el derecho humanitario aplicable al conflicto interno, sobre la distinción combatiente/civil, sobre el "derecho de las pobres gentes", encontró tardíamente su carta de ciudadanía en el debate nacional. La Procuraduría, como institución, prolongó y afinó la línea de trabajo en materia de derechos humanos, y la creación posterior de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo con la Constitución de 1991 pueden leerse, en parte, como respuestas de arquitectura institucional a los límites que la Procuraduría de los años ochenta encontró en la Constitución de 1886.

La lectura definitiva de la figura no es hagiográfica ni fiscal. Jiménez Gómez fue un jurista que en un momento histórico preciso, y con el respaldo de un presidente que quería la información, produjo el diagnóstico más claro y verificable que la institucionalidad civil colombiana había hecho hasta entonces sobre el paramilitarismo. Ese diagnóstico se estrelló contra un sistema estatal que permitía nombrar pero no sancionar, ver pero no actuar. La valentía técnica del procurador y los límites del proyecto Betancur son inseparables: sin la primera no habría existido el archivo; sin los segundos, el archivo habría tenido consecuencias. Colombia se quedó con el archivo. Ese, y no la sanción que nunca llegó, es el legado histórico de Carlos Jiménez Gómez.