Doctrina de Seguridad Nacional

La Doctrina de Seguridad Nacional fue el armazón ideológico, jurídico y militar con el que buena parte de América Latina libró su Guerra Fría hacia adentro. Concebida en las academias militares francesas y estadounidenses de posguerra, difundida sistemáticamente por Washington a partir de 1959 y adoptada por los estamentos castrenses del continente entre los años sesenta y ochenta, reorientó a las Fuerzas Armadas latinoamericanas desde la defensa del hemisferio contra agresiones exteriores hacia el combate de un adversario nuevo: el enemigo interno, categoría elástica que llegó a comprender guerrilleros, sindicalistas, campesinos organizados, estudiantes, sacerdotes, intelectuales y partidos legales de izquierda. En el Cono Sur produjo dictaduras abiertamente terroristas; en Colombia, más singular todavía, se acopló a un conflicto interno preexistente y se codificó jurídicamente dentro de un régimen formalmente democrático, dando forma a un dispositivo represivo de alta intensidad cuya huella normativa sobrevivió al fin de la Guerra Fría. Su nombre condensa una tesis: la seguridad del Estado ya no se juega en las fronteras, sino en el tejido social.

La semblanza: qué es la DSN

La Doctrina de Seguridad Nacional es, ante todo, un desplazamiento conceptual. Hasta 1959, el marco de seguridad interamericano —consagrado en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947— pensaba la amenaza comunista como una posible agresión soviética contra el hemisferio, es decir, como guerra convencional interestatal. La Revolución Cubana obligó a rehacer el mapa. Fidel Castro había triunfado sin apoyo extracontinental, con una guerrilla campesina, y en menos de treinta meses había ejecutado una reforma agraria, expropiado empresas norteamericanas, traído al campo soviético a la región y proclamado el socialismo. Nada de eso encajaba en el TIAR. La amenaza, se concluyó en Washington y en los estados mayores del continente, ya no venía de afuera: brotaba de las propias sociedades latinoamericanas.

De ese diagnóstico surge la DSN como cuerpo doctrinal. Su núcleo es una redefinición de la guerra: la contienda principal ya no es la guerra regular entre Estados, sino la guerra irregular interna librada contra una subversión que se despliega simultáneamente en lo militar, lo político, lo sindical, lo educativo, lo cultural. De esa premisa se deriva todo lo demás: si la subversión es total, la respuesta debe ser total; si el enemigo se camufla en el tejido civil, hay que militarizar el control de ese tejido; si los problemas sociales son caldo de cultivo del comunismo, entonces huelgas, campañas electorales, movilizaciones agrarias y hasta actividades culturales o deportivas se vuelven focos legítimos de vigilancia estatal. El ministro colombiano de Defensa Rafael Samudio Molina lo dejaría dicho con inusual franqueza en su Memoria al Congreso 1987-1988: la subversión, escribió, actúa a la vez en los campos político, económico, educativo, sindical, laboral y armado. La definición era una puerta: por ella cabía casi cualquier oposición.

Este es el rasgo que distingue a la DSN de una simple política contrainsurgente. No fue una técnica de combate, sino una cosmovisión. Y no fue solo un producto militar: articuló doctrina castrense, teoría de la modernización, geopolítica de Guerra Fría y legislación de emergencia en un mismo dispositivo. Por eso su biografía debe leerse en varias capas superpuestas.

Los orígenes: Argelia, Vietnam y el giro de 1959

La DSN tiene padres varios y todos anteriores a la Revolución Cubana. El más señalado es la experiencia colonialista francesa. En Indochina primero y en Argelia después, oficiales como Roger Trinquier —teórico de la guerra moderna— desarrollaron un cuerpo de ideas sobre cómo combatir enemigos que no vestían uniforme, se mezclaban con la población civil y peleaban por la conquista de lealtades antes que por el control de territorios. El Estado francés bajo Charles de Gaulle heredó y depuró esa experiencia. La segunda fuente es angloamericana: la contrainsurgencia británica en Malasia y Kenia, y la guerra estadounidense en Filipinas y luego en Vietnam. De ese archivo mixto —colonial francés, imperial británico, contrainsurgente norteamericano— los estrategas militares estadounidenses de los años sesenta y setenta armaron el cuerpo doctrinal que difundirían al sur.

El giro decisivo lo produce 1959. La Revolución Cubana fue leída como un campanazo de alerta para Washington, las clases dominantes latinoamericanas y sus militares. Reveló que el TIAR no servía para el nuevo escenario y que los ejércitos del continente, entrenados para una hipotética guerra convencional, no estaban preparados para lo que se les venía encima. La crisis de los misiles de octubre de 1962 puso al planeta al borde de la guerra nuclear, pero pronto quedó claro que América Latina —salvo Cuba misma— no era prioridad expansiva para la Unión Soviética, cuyo apoyo a los partidos comunistas locales era político-ideológico y se enmarcaba en la coexistencia pacífica. Eso, sin embargo, no atenuó la percepción de amenaza: el peligro ya no dependía de Moscú, sino de que el modelo cubano se replicara por vía guerrillera propia.

La respuesta estadounidense fue doble. Por un lado, la Alianza para el Progreso, lanzada el 17 de agosto de 1961 en Punta del Este por la administración Kennedy, buscaba demostrar que el capitalismo progresista —y no el comunismo— era el camino más eficaz para mejorar las condiciones materiales de vida en la región. Por otro, y a menudo con las mismas manos, se reorientó a las Fuerzas Armadas latinoamericanas hacia la guerra irregular interna. La cara antiliberal de la Alianza articuló políticas económicas, sociales, políticas, psicológicas, militares y de seguridad en un mismo diseño. Walt W. Rostow, del MIT y asesor de Seguridad Nacional de Kennedy, había fijado el nexo teórico un año antes en Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no-comunista (1960): todos los países atraviesan fases sucesivas de crecimiento y la etapa del despegue encierra riesgos particulares de subversión. La modernización, así, no era solo remedio: era el momento peligroso que había que blindar militarmente.

La arquitectura: cómo viajó la doctrina

Que la DSN se convirtiera en marco compartido del continente exigió un aparato de transmisión. Ese aparato tuvo tres piezas mayores: las escuelas militares estadounidenses, las misiones militares en cada país y una asistencia de seguridad ampliada que iba del equipo aéreo a la doctrina de manuales.

La pieza más célebre es la School of the Americas, con sede en la Zona del Canal de Panamá y trasladada luego a Fort Benning, Georgia. Al terminar la Guerra Fría había entrenado a más de 40.000 militares latinoamericanos. A ella se sumaron el Command and General Staff College, la Academia Militar, la Academia Naval y el War College, entre otras instituciones estadounidenses por las que pasaron sistemáticamente oficiales colombianos. Ya en 1947 el secretario de Guerra Robert P. Patterson había explicitado la función ideológica de esas academias para América Latina: formar cuadros bajo un marco común. En Panamá, Georgia, Texas y Carolina del Norte, generaciones enteras de oficiales latinoamericanos recibieron entrenamiento sobre el comunismo y la amenaza subversiva bajo la lógica de la Guerra Fría.

La segunda pieza fueron las misiones militares permanentes. En Colombia funcionaron misiones estadounidenses para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, asociadas al Programa de Asistencia Militar (MAP) y a actividades de seguridad interna. Su presencia consolidó lo que la historiografía militar colombiana ha llamado la norteamericanización del ejército: el desplazamiento definitivo del referente prusiano —que había llegado en las primeras décadas del siglo XX por la vía chilena— hacia el modelo estadounidense. Fue un cambio de matriz profesional, no solo de proveedor de armas.

La tercera pieza fue el traslado directo de doctrina operativa. En 1962, el general William Yarborough encabezó una misión a Colombia cuyas recomendaciones tuvieron consecuencias duraderas. Su informe público sugería mejoras en equipamiento aéreo, operaciones psicológicas y estructuras de acción cívico-militar. Su anexo secreto, más grave, recomendaba desarrollar una estructura civil y militar que ejecutara actividades paramilitares, de sabotaje o incluso terroristas contra comunistas conocidos, con respaldo estadounidense. En ese anexo se rastrea una de las raíces institucionales del paramilitarismo colombiano.

El aterrizaje colombiano: una lógica que ya estaba

Conviene detenerse en un rasgo específico del caso colombiano que las lecturas apresuradas suelen borrar. La DSN no llegó a Colombia como semilla arrojada sobre tierra virgen. Cuando la doctrina se formuló explícitamente en los años sesenta, en Colombia ya existía una práctica sostenida de identificación y combate del enemigo interno. En los Llanos entre 1952 y 1953, y en las guerras de Villarrica entre 1954 y 1955, el Ejército colombiano —y en particular el Batallón Colombia, con oficiales de experiencia coreana— había desarrollado un modus operandi propio contra guerrillas liberales y núcleos agrarios comunistas, mucho antes de que Trinquier, Yarborough o Rostow tuvieran incidencia alguna. La categoría de enemigo interno, en Colombia, es más vieja que su nombre.

Esta anterioridad explica por qué la DSN se acopló con tanta rapidez y firmeza al Estado colombiano. Con el Frente Nacional inaugurado en 1958, la doctrina de seguridad nacional se volvió fundacional para gobiernos tanto liberales como conservadores, bajo el principio de que los problemas sociales engendran subversión. El pacto bipartidista que cerró el ciclo de la Violencia excluyó constitucionalmente a otras fuerzas políticas y encontró en la DSN un lenguaje para catalogar lo excluido como amenaza. La doctrina importada no fundó una lógica: la codificó, la formalizó y la escaló.

La codificación jurídica fue acumulativa y silenciosa. El Decreto Legislativo 3398 de 1965 reglamentó la defensa nacional definiéndola como la organización y previsión del empleo de todos los habitantes y recursos del país desde tiempo de paz para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones. En su articulado autorizó al Ministerio de Guerra a conformar grupos de civiles armados para tareas de contrainsurgencia, vigilancia y protección rural y barrial. El Decreto 1667 de 1966 lo complementó. La Ley 48 de 1968 convirtió ambos en normas permanentes, y el Decreto 1355 de 1970, Estatuto Orgánico de la Policía, cerró el edificio. En apenas cinco años, Colombia había construido un marco legal para armar civiles con propósitos contrainsurgentes, formalmente vigente, sin declaratoria de guerra ni régimen de excepción prolongado. Entre 1969 y 1987 se emitieron manuales contrainsurgentes —en 1969, 1979, 1982 y 1987— que codificaron aspectos operativos de la doctrina del enemigo interno; el Manual de Guerrillas y Contraguerrillas Urbanas EJC 3-18 y documentos del Comando del Ejército de 1962 fijaron su gramática.

El Plan Lazo y Marquetalia: la DSN en acción

El primer gran despliegue operativo de esta arquitectura fue el Plan Lazo —escrito también Laso o Lasso—, desarrollado entre 1962 y 1966 en el contexto de las recomendaciones Yarborough y con asistencia estadounidense. Impulsado por el general Alberto Ruiz Novoa, ministro de Guerra bajo Guillermo León Valencia, el Plan Lazo articuló un cambio táctico y doctrinal simultáneo. En lo táctico, sustituyó puestos fijos y unidades regulares por bases de patrullaje móviles y equipos de combate, con planeación centralizada y ejecución descentralizada. En lo doctrinal, incorporó el corazón conceptual de la contrainsurgencia: la acción cívico-militar y la guerra psicológica para separar a la guerrilla de su base social. La metáfora circulaba en los manuales: el guerrillero es como pez en el agua; hay que quitarle el agua.

El blanco fueron las llamadas repúblicas independientes, término que popularizó el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado en un célebre discurso en el Senado, aunque él mismo transmitía quejas de latifundistas y sectores del clero. Con ese rótulo se designaba a enclaves campesinos con presencia comunista como Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, donde —se decía— no llegaba la autoridad estatal. En mayo de 1964, en el marco del Plan Lazo y con asesoría estadounidense, se ejecutó la Operación Soberanía contra Marquetalia. Incluyó bombardeos aéreos sobre el enclave, según testimonios de pobladores documentados posteriormente por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

El efecto fue el opuesto al buscado. Ese mismo año, las guerrillas unificaron su mando y en 1966 quedaron formalmente constituidas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El cerco a Marquetalia se convirtió en hito fundacional simbólico de la guerrilla y en una de las escenas más densas de la historia colombiana del siglo XX: alimentó durante décadas una narrativa de resistencia campesina frente a la agresión estatal. La DSN, en su primera gran aplicación local, no destruyó a la insurgencia comunista: la refundó bajo un nombre nuevo y con un mito de origen. Es una paradoja que la doctrina no supo procesar y que se repetiría, con variantes, durante las siguientes tres décadas.

El Cono Sur y el molde argentino: la circulación regional

Mientras Colombia procesaba su ecuación particular, la DSN produjo en el Cono Sur su versión más ostensible: dictaduras militares de seguridad nacional. El ciclo se abrió con el golpe brasileño de abril de 1964 —en el que el general Golbery do Couto e Silva sistematizaría luego una versión teórica influyente de la doctrina— y se cerró con el fin de la dictadura chilena en 1991. Entre esos dos extremos, el Chile de Augusto Pinochet desde 1973, la Argentina de Jorge Rafael Videla y sus sucesores desde 1976, el Uruguay del mismo ciclo, el Paraguay de Stroessner y el Brasil de los generales aplicaron variantes de la doctrina con resultados terroristas: desapariciones, torturas, asesinatos, destierros masivos de activistas políticos, sociales, gremiales e intelectuales. El Paraguay incluso caracterizó el exilio como política de Estado orientada a la eliminación del adversario.

La circulación regional de la doctrina se acentuó en la segunda mitad de los setenta, y Colombia participó de ella por vías inesperadas. Julio César Turbay Ayala, presidente civil electo en 1978, adoptó abiertamente lo que analistas colombianos han llamado el esquema argentino de represión y expidió el Decreto 1923 de 1978, conocido como Estatuto de Seguridad. Fue el conjunto más comprensivo de leyes para limitar libertades públicas y garantías individuales desde 1958. Expedido bajo Estado de Sitio, otorgó facultades amplias a las Fuerzas Armadas para el control del orden público, creó nuevas figuras penales, aumentó sanciones para las existentes, amplió la competencia de la jurisdicción militar para juzgar civiles y estableció mecanismos de censura de informaciones. Convirtió el delito político en delito común y amplió las prerrogativas de los organismos de seguridad para detener sin orden judicial. En la práctica implicó la institucionalización de facto de la tortura.

El dato es decisivo para entender la especificidad colombiana: la doctrina de seguridad nacional argentina, producto de una dictadura militar, fue recibida y aplicada en Colombia por un presidente civil electo democráticamente, dentro de las formas constitucionales. Ese hecho obliga a revisar la comparación habitual entre Colombia y sus vecinos: no basta contrastar Bogotá con las democracias del continente, hay que contrastarla con el subconjunto de dictaduras abiertamente terroristas —la Argentina de los setenta, la Guatemala de 1982-1985— para dimensionar la intensidad represiva alcanzada bajo régimen civil. El Estatuto de Seguridad y su aplicación son, en esta lectura, la constatación de que la DSN podía producir represión de alta intensidad sin necesidad de un golpe militar previo.

El repertorio represivo y los límites del edificio

La aplicación del Estatuto de Seguridad entre 1978 y 1982 desplegó un repertorio conocido: detenciones indiscriminadas, allanamientos, torturas a líderes sindicales, sociales, estudiantiles y campesinos de izquierda, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Alfredo Molano consigna que durante la vigencia del Estatuto fueron detenidas por razones políticas alrededor de 16.000 personas; otras estimaciones elevan la cifra. En 1980, Amnistía Internacional realizó una visita a Colombia y emitió un informe que documentó torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas ocurridas bajo el Estatuto. La ficción de la excepcionalidad democrática colombiana se quebró en ese informe.

Dos decretos anteriores habían preparado el terreno. El Decreto 2578 de 1976 concedió a mayores del Ejército y a inspectores de policía la facultad de sancionar con multa a personas consideradas potencialmente criminales. El Decreto 0070 de enero de 1978 otorgó a miembros de la policía y las fuerzas militares inmunidad criminal especial por homicidios cometidos en operaciones contra secuestros, extorsiones o tráfico de drogas. Antes del gran Estatuto ya se habían construido, pieza por pieza, los blindajes legales para el uso letal de la fuerza.

Aquí aparece otra paradoja estructural de la DSN colombiana. La represión sistemática, lejos de erradicar la subversión, aumentó la credibilidad de los grupos guerrilleros entre los sectores sociales sometidos a esa represión. Cada oleada represiva ampliaba la base de agravios que la insurgencia podía capitalizar. Y las estrategias contrainsurgentes se fueron haciendo más sistemáticas a medida que crecían las movilizaciones sociales y las acciones guerrilleras, en un espiral que la doctrina no podía cerrar porque estaba diseñada para leer toda protesta como subversión. Hasta mediados de los setenta, además, la lucha contrainsurgente colombiana era relativamente exitosa —el ELN y el EPL estaban al borde de la desaparición, las FARC en estancamiento— y ese éxito relativo alimentó la confianza en la fórmula justo cuando las condiciones sociales estaban cambiando bajo los pies del edificio.

Autores, intérpretes y un mapa de circulación

La DSN no fue obra de un autor sino de una constelación, y su historia se entiende mejor recorriendo los cuerpos y los lugares por los que pasó. En el flanco doctrinal francés, Trinquier fijó la gramática de la guerra moderna sobre el archivo argelino e indochino. En Estados Unidos, Rostow proveyó el marco de modernización, y una generación de teóricos militares —vinculados al Command and General Staff College y al War College— actualizó la doctrina con las lecciones de Vietnam y Filipinas. Robert McNamara, como secretario de Defensa entre 1961 y 1968, presidió la fase decisiva de la asistencia militar a América Latina, cuando la teoría se volvió presupuesto y programa.

En Colombia, la doctrina encontró intérpretes y críticos entre los propios militares. Alberto Ruiz Novoa impulsó el Plan Lazo como ministro de Guerra y encarnó una lectura desarrollista de la contrainsurgencia; Álvaro Valencia Tovar, oficial ilustrado, pensó y escribió sobre la doctrina desde una perspectiva relativamente matizada dentro del estamento. Del otro lado del espejo, Camilo Torres Restrepo —sacerdote, sociólogo y luego guerrillero del ELN, muerto en combate en 1966— representó la ruptura de un sector del catolicismo colombiano con la lógica anticomunista dominante. Porque la Iglesia, o al menos sectores importantes del clero, aportó su propia energía al marco: el padre Francisco Mejía, promotor del Instituto Mayor Campesino de Buga, identificó el comunismo agrario como el mayor peligro para América Latina y advirtió sobre la organización comunista entre el campesinado. Álvaro Gómez Hurtado, desde el Partido Conservador, dio forma parlamentaria a las quejas de latifundistas y sectores clericales cuando popularizó la expresión repúblicas independientes.

Esa constelación tiene una geografía precisa. Fort Benning, en Georgia, y la Zona del Canal de Panamá entrenaron a decenas de miles de oficiales latinoamericanos; Buenos Aires y Santiago de Chile fueron laboratorios del terrorismo de Estado bajo Videla y Pinochet; Brasilia albergó la teorización de Golbery. Bogotá, en ese mapa, fue el punto de encuentro anómalo donde la doctrina se decantó en marco jurídico permanente sin necesidad de dictadura. Y en cada nodo hubo cuerpos concretos que llevaron el circuito adentro. El mayor Alirio Urueña, implicado en la Masacre de Trujillo en el Valle del Cauca a fines de los años ochenta, había pasado dos veces por el entrenamiento militar estadounidense: en 1976 asistió a la Escuela de las Américas para orientación de cadetes, y entre diciembre de 1988 y enero de 1989 tomó un curso para oficiales de inteligencia. Un nombre entre muchos, útil como recordatorio de que la doctrina viajó en biografías, no en abstracciones.

De la doctrina al paramilitarismo: la delegación de la violencia

Uno de los legados más duraderos de la DSN colombiana fue la construcción normativa del paramilitarismo. La línea es rastreable con precisión. El anexo secreto Yarborough de 1962 recomendó estructuras civiles armadas contra comunistas. El Decreto 3398 de 1965 y el Decreto 1667 de 1966 dieron base legal para conformar grupos de civiles armados, y la Ley 48 de 1968 los volvió permanentes. Los manuales contrainsurgentes de 1969, 1979, 1982 y 1987 fueron ajustando el marco operativo. Sobre esa base legal se construyó, entre los años setenta y noventa, un ecosistema de grupos paramilitares que operaron en coordinación con brigadas del Ejército.

El propio movimiento insurgente registró la escala del fenómeno. En una conversación con Fidel Castro, un comandante guerrillero cifraba en más de 140 los grupos paramilitares activos en Colombia coordinados por las brigadas del Ejército, con misiones que incluían atacar a población civil que apoyara movimientos revolucionarios y proteger infraestructura estratégica y recursos naturales. Miembros armados de la fuerza pública se vistieron de civil para operar encubiertos junto a grupos paramilitares y cometer masacres, homicidios, detenciones, torturas, desplazamientos forzados, desapariciones y amenazas. Las Convivir, autorizadas por normativa de 1994, facilitaron —según sentencias del Tribunal Superior de Justicia y Paz de 2014— lo que se denominó violencia por delegación: grupos paramilitares ejecutaban acciones que la fuerza pública no podía realizar legalmente.

El caso más brutal de esta lógica fue la victimización de la Unión Patriótica. Sectores del estamento castrense colombiano identificaron a la UP como enemigo interno desde su fundación en 1985, a pesar de los argumentos del propio partido, de los Comisionados de Paz y del Gobierno sobre su naturaleza de frente político civil. Esa identificación, hija directa de la configuración anticomunista consolidada por la DSN, contribuyó a moldear la violencia política que aniquiló a un partido legal.

La huella: sobrevivencia y disputa

Con el fin de la Guerra Fría en 1991 —el mismo año en que cayó la última dictadura de seguridad nacional del Cono Sur— podría haberse esperado que la DSN entrara en obsolescencia. No lo hizo en Colombia. Al menos dos intentos legislativos posteriores buscaron actualizar el marco doctrinal: la Ley de Seguridad Nacional de 2001 y el Estatuto Antiterrorista de 2003, ambos basados en la concepción del enemigo interno con suspensión de derechos y criminalización de la protesta social. Ambos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional. Esa doble derrota jurídica marca el momento en que el orden constitucional de 1991 comenzó a poner límites al edificio heredado.

La memoria de la doctrina se ha disputado en varios frentes. La Comisión de la Verdad, creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, la documentó como una de las matrices estructurales del conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz ha juzgado casos —falsos positivos, victimización de la UP— que solo se entienden dentro de la lógica del enemigo interno. Trabajos académicos como los de Lesley Gill sobre la Escuela de las Américas y de Laleh Khalili sobre la circulación transnacional de prácticas contrainsurgentes han situado el caso colombiano en marcos comparados. La historiografía militar colombiana, por su parte, ha reconstruido con detalle la norteamericanización del ejército y sus consecuencias.

Queda, sin embargo, una tensión sin resolver que atraviesa todo el balance. Si la práctica del enemigo interno era anterior a la formulación explícita de la DSN, si las estructuras de exclusión política del Frente Nacional y el conflicto agrario no resuelto habrían producido formas análogas de represión con o sin vector doctrinal externo, ¿qué peso causal atribuir a la doctrina importada? La respuesta más ajustada es que la DSN operó en Colombia como amplificador y formalización jurídico-militar de una lógica represiva preexistente. La transferencia doctrinal estadounidense proporcionó el lenguaje conceptual, los manuales operativos, el entrenamiento sistemático y la cobertura geopolítica que permitieron institucionalizar y escalar prácticas ya arraigadas en el conflicto interno colombiano. El resultado fue un dispositivo híbrido: la contingencia global de la Guerra Fría y las estructuras profundas de la violencia colombiana se reforzaron mutuamente hasta producir terrorismo de Estado dentro de un régimen civil.

La DSN dejó tres huellas de largo plazo. Una es normativa: aunque los decretos originales han sido superados, la tentación de recodificar la categoría de enemigo interno reaparece cíclicamente en la legislación colombiana. Otra es institucional: buena parte de la doctrina operativa y la cultura profesional de las Fuerzas Armadas colombianas se formó bajo su influjo, y desmontarla ha sido lento. La tercera es política: la costumbre de tratar a opositores, sindicalistas, líderes sociales y comunidades organizadas como amenazas de seguridad —más que como interlocutores democráticos— sobrevive en prácticas concretas que la historia reciente sigue documentando. La doctrina se pensó como un escudo del Estado; terminó siendo, en Colombia, uno de los factores que hizo del propio Estado, durante décadas, una fuente sistemática de violencia contra sus ciudadanos. Ese es su balance, y en ese balance sigue disputándose el sentido del siglo XX colombiano.