Chulavitas, pájaros y el origen del paramilitarismo colombiano

¿Son los chulavitas y los pájaros el origen del paramilitarismo colombiano?

La pregunta atraviesa medio siglo de historia colombiana y no admite respuesta perezosa. Entre 1946 y 1958, el Estado y los partidos armaron cuadrillas civiles —chulavitas reclutados en Boyacá, Pájaros al mando de León María Lozano en el Valle, comisiones mixtas de policía y particulares en el Tolima, guerrillas liberales financiadas por hacendados en el Llano— que ejercieron violencia sistemática contra el adversario político y, de paso, reordenaron la propiedad agraria. Entre 1980 y 2006, las Autodefensas Unidas de Colombia y sus antecesoras hicieron algo estructuralmente parecido a mayor escala, con doctrina contrainsurgente y financiamiento del narcotráfico. La pregunta de fondo es si lo segundo nació de lo primero o si el paramilitarismo es criatura nueva de los ochenta que apenas se parece a sus supuestos abuelos. La respuesta más honesta es la incómoda: hay continuidad real, pero no lineal; hay ruptura real, pero no total. El paramilitarismo colombiano heredó una gramática institucional —delegación estatal de la coerción, alianza élite regional–fuerza pública–cuadrilla, despojo agrario como dividendo— que La Violencia instaló y el andamiaje legal de 1965-1994 mantuvo vivo; pero solo se convirtió en el fenómeno que conocemos cuando el narcotráfico refinanció esa gramática, la reescaló y mutó cualitativamente a sus actores.

Qué se juega en la pregunta

No es una discusión académica. Si el paramilitarismo se lee como accidente de los ochenta —un mal empujado por el Cartel de Medellín y la frustración castrense frente al proceso de paz de Belisario Betancur—, basta con capturar capos, desmovilizar bloques y sancionar el Decreto 356 de 1994. Si, en cambio, es la reactivación de una matriz institucional más antigua, ninguna desmovilización individual toca el nervio: mientras subsista la alianza entre élites regionales, fuerza pública y coerción privada, el fenómeno reaparece con otro nombre. La pregunta es de política pública tanto como de historia.

También se juega la lectura del propio Estado. Una tradición interpretativa lo entiende como víctima de sus propios monstruos: la guerrilla lo empujó, los narcos lo penetraron, los paramilitares aprovecharon su debilidad. Otra, más incómoda, lo entiende como agente: fue el Estado el que armó, delegó y reguló. La respuesta sobre la continuidad chulavita-pájaros-paramilitarismo decide entre ambas lecturas.

Los términos del debate

Tres posiciones se enfrentan.

La primera —la tesis de la continuidad institucional— sostiene que el paramilitarismo es la mutación de un patrón histórico de delegación violenta del Estado en actores partidistas privados, patrón fraguado durante La Violencia y codificado luego jurídicamente en el Decreto 3398 de 1965 y en el Decreto 356 de 1994 que creó las Convivir. Francisco Gutiérrez ha formulado esta lectura con más precisión que nadie: entre 1965 y 1989, sostiene, el paramilitarismo fue legal en Colombia —aunque no lo eran sus crímenes—, porque constituyó una estrategia deliberada del Estado que delegó en coaliciones regionales el monopolio de la violencia dentro de la política global de Seguridad Nacional. La chulavita, el Pájaro y las comisiones mixtas del sur del Tolima serían la prehistoria de esa estrategia; las Convivir, su reencarnación legal en los noventa.

La segunda —la tesis de la discontinuidad narco-contrainsurgente— replica que los cuerpos armados de La Violencia y el paramilitarismo son fenómenos distintos separados por un abismo cualitativo. Los Pájaros eran mercenarios volantes que se desplazaban de un centro a otro para hacer "trabajitos" en el norte del Valle, Risaralda, Caldas y el Quindío, al servicio de la disputa electoral bipartidista y con alcance municipal. Las AUC, en cambio, construyeron un proyecto político-territorial de escala nacional, con economía propia basada en la cocaína, franquicias vendidas a narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle como Carlos Mario Jiménez (Macaco), capacidad de veto sobre el Estado y una doctrina contrainsurgente sistemática ausente en el sectarismo bipartidista de los cincuenta. Lo que hizo posible ese salto no fue ninguna herencia institucional, sino el ascenso del narcotráfico desde finales de los ochenta, que resolvió el problema de financiación que la ganadería extensiva ya no podía sostener.

La tercera —la tesis de la continuidad de clase y territorio— desplaza el eje del debate. Ni la norma jurídica ni la técnica militar serían el verdadero hilo conductor, sino la persistencia del actor social: en Córdoba, Sucre, Bolívar, el Valle del Cauca y los Llanos, las mismas élites terratenientes y ganaderas que financiaron o toleraron la violencia partidista de los cincuenta aparecen como agentes del despojo a lo largo del siglo XX, sumándose luego a paramilitares y narcotraficantes en la tabla de responsables entre 1960 y 2010. Lo que persistiría no sería una institución ni una técnica, sino una coalición: la que articula hacendados, fuerza pública local y hombres armados contratables.

Lo que la evidencia sostiene: la matriz de La Violencia

Los rasgos operativos del paramilitarismo posterior estaban ya montados hacia 1949.

Primero, la delegación de la coerción a cuerpos partidistas dentro del propio Estado. Tras la derrota liberal de 1946 y, sobre todo, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en abril de 1948, el gobierno de Mariano Ospina Pérez impulsó la "conservatización" de la policía. De ese proceso salió la policía chulavita —así llamada, según la tradición, por la vereda Chulavita de Boavita, en el norte de Boyacá, de donde se habrían reclutado muchos de sus agentes— y salieron también los Pájaros como fuerza civil paralela. Ospina y luego Laureano Gómez recurrieron al Ejército para consolidar el control político; tanto el Ejército como la Policía dejaron de ser imparciales para operar en favor del Partido Conservador. La institución estatal no fue penetrada por una violencia externa: se politizó desde adentro.

Segundo, el armamentismo paraestatal. En Antioquia, la Secretaría de Gobierno distribuyó escopetas, carabinas Winchester y munición a comités políticos y a particulares mediante actas oficiales selladas y firmadas, financiadas con préstamos bancarios. No fue clandestinidad ni desborde: fue política pública documentada. Ese mecanismo —el Estado armando a civiles afines mediante trámite formal— es exactamente el que reaparecerá, con otra estética jurídica, en las Convivir del Decreto 356 de 1994, cuando la Décima Séptima Brigada del Ejército aprobará licencias de funcionamiento, entregará material bélico y en algunos casos persuadirá a grupos armados de conformarlas.

Tercero, la operación mixta policía-civiles. En el sur del Tolima —Chaparral, Santiago Pérez, Planadas, Gaitania— comisiones formadas por agentes de policía y particulares conservadores atacaron desde 1948 a colonos liberales, incendiaron casas, robaron semovientes y desplazaron poblaciones enteras hacia zonas de refugio. En el Casanare y Arauca, los chulavitas llegaron a Nunchía y Támara enviados por el gobernador de Boyacá, siguiendo —según la crónica de El Liberal firmada por Juan Salagero Bravo— instrucciones de la Dirección Conservadora para impedir que los llaneros votaran en las elecciones congresionales de junio de 1949. Fue una operación paraestatal explícita, dirigida a suprimir votos mediante violencia armada.

Cuarto, la profesionalización del sicariato. León María Lozano, alias El Cóndor, líder de los Pájaros en Tuluá, personifica el paso del matón partidista al asesino a sueldo con estructura. Los Pájaros no eran solamente sectarios: cobraban por "trabajitos", operaban donde había puesto de policía —"donde había un puesto de policía existía una cuadrilla de malhechores"—, articulaban a agentes y particulares en la misma cuadrilla, y ejercían control territorial en el norte del Valle, el noroccidente de Risaralda, Caldas y municipios del Quindío. Lozano moriría asesinado en Pereira. Esa figura —el gatillero profesional con protección local, red empresarial y complicidad de la fuerza pública— es la que reaparece cuarenta años después en Medellín, Envigado y el Magdalena Medio.

Quinto, la conexión orgánica entre violencia y despojo. La Violencia dejó unas 393.648 parcelas campesinas perdidas, concentradas en Valle del Cauca, Tolima, Cundinamarca, Caldas y Santander. Bogotá pasó de menos de 500.000 habitantes a comienzos de los cuarenta a 620.000 en 1950 y a 1.300.000 en 1960: el desplazamiento forzado como motor demográfico. La destrucción de cultivos, el robo de animales y herramientas, la quema de casas y la venta forzada a precios irrisorios fueron técnicas agrarias sistemáticas. Décadas después, el Bloque Central Bolívar usaría violencia, amenazas y compra fraudulenta o presionada de predios para usurpar tierras destinadas a palma africana y ganadería extensiva. Los tres verbos —quemar, robar, forzar la venta— son los mismos.

Lo que la evidencia también sostiene: la ruptura de los ochenta

La tesis de la continuidad, sin embargo, tropieza con hechos que no se dejan disolver.

Los cuerpos armados de La Violencia eran instrumentos de disputa partidista bicolor. Su enemigo era el liberal —o el conservador, en el caso simétrico de las guerrillas llaneras de Guadalupe Salcedo o Eduardo Franco Isaza—, no una insurgencia comunista con proyecto revolucionario. Su alcance era municipal o subregional. Los Pájaros de Lozano no aspiraban a controlar el país; aspiraban a controlar Tuluá y su comarca. Los chulavitas no tenían doctrina contrainsurgente; tenían una lista de veredas liberales.

El paramilitarismo de los ochenta, en cambio, se articuló en torno a una doctrina de seguridad nacional que definía al enemigo como el comunismo internacional y al territorio como espacio de disputa geoestratégica. El Decreto 3398 de 1965 no reglamentó cuadrillas partidistas: reglamentó organizaciones de defensa civil integradas a la lucha contrainsurgente. Desde los años setenta, el Ejército promovió en el sur de Córdoba juntas de autodefensas que involucraron a ganaderos y terratenientes en la guerra contra las guerrillas de izquierda, con entrenamiento militar directo. Ese es un dispositivo cualitativamente distinto al de las comisiones mixtas del Tolima de 1948.

La ruptura decisiva es económica. La ganadería extensiva bastó para financiar a los Pájaros de Lozano y a los grupos iniciales del Magdalena Medio, pero se reveló insuficiente a finales de los ochenta cuando el aparato militar paramilitar creció. El narcotráfico resolvió esa insolvencia. Gonzalo Rodríguez Gacha, del Cartel de Medellín, financió el entrenamiento y la expansión de los grupos del Magdalena Medio y de Urabá. Hacia 1987-1988, el mercenario israelí Yair Klein y su empresa Punta de Lanza llegaron a Colombia a entrenar paramilitares vinculados a ACDEGAM con dineros del cartel: eso no tiene equivalente en La Violencia. Los narcotraficantes se convirtieron en "narco-ganaderos" mediante compras masivas de tierras, generando un nuevo sujeto social que redefinió la alianza élite-cuadrilla sobre bases distintas. Los hermanos Castaño, más tarde, venderían franquicias de frentes y bloques a narcotraficantes del Cartel del Norte del Valle. Esa lógica de franquicia y expansión nacional no cabe en el molde chulavita.

Y hay una ruptura política. Los Pájaros ejercían violencia con permisividad estatal, pero no negociaban con el Estado como interlocutores. Las AUC llegaron a construir capacidad de veto: se sentaron a Santa Fe de Ralito, colonizaron el Congreso a través de la parapolítica, y el modelo Convivir les dio una cobertura legal parcial que los Pájaros nunca tuvieron. En 1997, la Fiscalía General de la Nación abrió más de 35 investigaciones penales contra integrantes de Convivir, con más de 400 cooperativas activas en el país; ninguna de las que llevaban más de dos años funcionando estaba al día con la renovación de permisos, solo se registraron 15 visitas de inspección y apenas al 9% de sus integrantes se les examinaron antecedentes penales. Esa ingeniería de externalización plausiblemente denegable —Salvatore Mancuso explicando a élites del Cesar cómo crear Convivir, comandantes paramilitares dirigiéndolas directamente— es un nivel de sofisticación institucional que la delegación chulavita no alcanzó.

Dónde está entonces la continuidad

La respuesta se afina si se distingue entre tres planos.

En el plano institucional hay continuidad de matriz, no de línea. El Estado colombiano descubrió en La Violencia que podía delegar la coerción en actores privados afines sin asumir el costo político directo; ese aprendizaje se sedimentó en la doctrina de Seguridad Nacional, se codificó en el Decreto 3398 de 1965 y se reactivó con las Convivir del Decreto 356 de 1994. No es que los mismos hombres, ni la misma norma, ni la misma técnica atraviesen medio siglo: es que la disposición del Estado a externalizar la violencia hacia coaliciones regionales se instaló como respuesta disponible. Cuando en los ochenta la contrainsurgencia lo requirió, la respuesta ya estaba en el repertorio.

En el plano técnico hay continuidad más clara. El sicariato profesionalizado que encarnaron Lozano y sus hombres en Tuluá es genealógicamente el mismo que floreció en Medellín y en el norte del Valle décadas después. El armamentismo paraestatal antioqueño de 1948-1953 —Secretaría comprando escopetas, actas selladas, entrega a comités— es formalmente análogo al de las Convivir. Las técnicas de terror agrario —quema de casas, robo de ganado, venta forzada, desplazamiento— son idénticas: el Bloque Central Bolívar y las comisiones mixtas del sur del Tolima leyeron el mismo manual, aunque medio siglo los separe. En este plano, la continuidad no es metáfora: es concreta y verificable caso por caso.

En el plano de las alianzas la continuidad es la más robusta. La coalición hacendado–fuerza pública local–hombre armado es el hilo verdaderamente ininterrumpido. En el Valle del Cauca, la línea Tuluá–Cartel del Norte del Valle–Bloque Calima traza una geografía persistente de violencia privada al servicio de intereses económicos regionales, con relevo generacional de actores. En Córdoba, Sucre y Bolívar, la tabla de responsables del despojo entre 1900 y 2010 muestra a hacendados ganaderos y terratenientes tradicionales presentes desde 1900, con paramilitares y narcotraficantes sumándose entre 1960 y 2010: la élite no cambia, cambian sus socios armados. En el Magdalena Medio, los grandes ganaderos formaron parte de la célula inicial del paramilitarismo, y la conexión orgánica entre paramilitares y ganaderos se transformó —pero no se debilitó— con la entrada del narcotráfico.

El caso llanero: la mejor lente

Ningún territorio ilustra mejor la mezcla de continuidad y ruptura que los Llanos Orientales.

Durante La Violencia, hacendados liberales financiaron a las guerrillas llaneras mientras estas cumplieron su función de guardianes de los hatos. Guadalupe Salcedo, el jefe guerrillero más destacado, contó con ese respaldo inicial. Pero la alianza se resquebrajó cuando el movimiento asumió banderas de defensa de la tierra y los peones, alejándose de la línea partidista y patronal; hacia 1952, un sector importante de las guerrillas llaneras había declarado su lucha como revolución y Salcedo se había distanciado de los hacendados. La ruptura convirtió a la guerrilla, de instrumento de la élite ganadera, en actor autónomo con proyecto propio. Ese giro es genético: es el momento en que la coerción delegada se emancipa de quien la delegó.

Tras la amnistía de Rojas Pinilla en 1953, el grueso de las guerrillas llaneras entregó armas entre agosto y octubre; el gobierno intercambió armas por tierras en el Ariari y los lugartenientes de Salcedo se reubicaron en Cubarral, San Antonio y San Martín. Salcedo fue asesinado en Bogotá en 1957, poco después de la caída de Rojas, convertido en símbolo del insurrecto amnistiado y traicionado por el Estado.

Décadas después, las AUC llegaron a los Llanos con una estrategia nacional diseñada por Carlos Castaño, tomando como prototipos los modelos de Puerto Boyacá y Urabá. Encontraron un terreno preparado: la clase ganadera de la región, formada en parte por las políticas estatales de titulación de baldíos durante el mismo período de La Violencia, fue base social del auge paramilitar. La élite que había financiado a Salcedo cuando le convenía y lo había abandonado cuando ya no, financió a las autodefensas de los ochenta y noventa. La técnica cambió; la sociología de la alianza, no.

El caso vallecaucano: linaje territorial

La línea Tuluá–norte del Valle es la más nítida en términos genealógicos. León María Lozano articuló, desde finales de los cuarenta, un dispositivo que combinaba sectarismo político, contrabando de café, despojo con complicidad de notarios y fuerza pública, y sicariato profesional. La "conservatización a sangre y fuego" del Valle no fue solo cambio de color partidista de una región: fue reordenamiento territorial y demográfico, con desplazamientos, ventas forzadas y recomposición de la propiedad rural.

Ese repertorio no se apagó con la muerte de Lozano. Se transfirió por mimetismo, por herencia de redes clientelares locales, por continuidad territorial. Cuando emergieron el Cartel de Cali primero y el Cartel del Norte del Valle después, encontraron una cultura política local familiarizada con el uso de sicarios profesionales, con la connivencia rutinaria entre matones y policía, y con las técnicas de despojo agrario. El Bloque Calima, cuando llegó, no inauguró nada en el Valle: reactivó y reescaló lo que Lozano había normalizado medio siglo antes.

El caso tolimense: la fractura larga

En el sur del Tolima, las comisiones mixtas de policía chulavita y civiles conservadores desplazaron desde 1948 a colonos liberales que se refugiaron en enclaves guerrilleros como El Davis. A finales de 1951, ese enclave se dividió en dos: los "Comunes", comunistas liderados por Isauro Yosa "Mayor Lister" y Luis Alfonso Castañeda "Richard", y los "Limpios", liberales del sector de La Ocasión. La ruptura definitiva se produjo cuando los comunistas adoptaron el programa de la Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional —la "Conferencia Boyacá"— reunida el 15 de agosto de 1952 en Viotá, Cundinamarca, a la que los liberales no asistieron. Campesinos formados en esas disputas —el Mayor Ciro, Manuel Marulanda Vélez "Tirofijo"— fueron miembros fundadores de las FARC en los sesenta.

La otra rama de esa fractura es igual de reveladora. Desde el gobierno de Rojas Pinilla se estimularon grupos de civiles articulados con el Ejército, de tendencia liberal y con marcado acento anticomunista en el sur del Tolima. El grupo de "Mariachi", luego liderado por "Canario", encarna esa continuidad. Cuando el Bloque Tolima de las AUC se organizó décadas después, no llegó como importación desde Urabá: sedimentó sobre una fractura comunitaria de medio siglo entre "limpios" y "comunes", entre familias, veredas y linajes marcados por bandos que nunca dejaron de existir del todo.

Lo que queda abierto

Tres flancos siguen sin cerrar.

El primero es la cadena causal directa entre las juntas de autodefensa promovidas por el Ejército en el sur de Córdoba desde los setenta y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) de los noventa. Que hubo continuidad de contexto institucional y de actor social es claro; que la línea organizativa sea ininterrumpida entre ambos momentos no está plenamente documentado. Los testimonios de desmovilizados apuntan en esa dirección, pero el mapa exacto de la transición aún tiene tramos oscuros.

El segundo es el peso relativo del narcotráfico en la formación del paramilitarismo. Que refinanció y reescaló, es indudable. Que fue variable de origen o solo de escala, es debate abierto. Los grupos de autodefensa de Puerto Boyacá y del Magdalena Medio existían antes de la irrupción masiva de dineros del Cartel de Medellín; los hermanos Castaño construyeron capacidad militar en Córdoba con base ganadera antes de venderle franquicias al Cartel del Norte del Valle. Pero el salto de escala nacional —la construcción de las AUC como proyecto federativo— es impensable sin el flujo cocalero. Distinguir causa de catalizador exige más granularidad de la que hoy se tiene sobre los presupuestos internos de cada estructura año por año.

El tercero es el papel de las guerrillas de paz llaneras y del pacto entre ganaderos y Ejército de comienzos de los cincuenta como matriz específica. Que hubo faccionalismo terrateniente en el Llano, que las alianzas entre hacendados y guerrillas se resquebrajaron cuando el movimiento asumió banderas agrarias, y que sectores ganaderos apoyaron después a las AUC en la región, todo eso está documentado. Trazar de allí una línea directa a un "pacto de Sogamoso" fundacional del paramilitarismo requiere más evidencia archivística de la que hoy circula.

La respuesta

El paramilitarismo colombiano de 1980-2006 no fue ni pura herencia de La Violencia ni pura criatura del narcotráfico. Fue la reactivación —bajo condiciones nuevas— de una matriz institucional que el Estado colombiano montó entre 1946 y 1958 y que el ordenamiento jurídico mantuvo latente entre 1965 y 1994. El Estado aprendió en La Violencia a delegar la coerción en actores partidistas privados; codificó esa delegación en el Decreto 3398 de 1965 dentro del marco de la Seguridad Nacional; la ejerció mediante juntas de autodefensa en Córdoba desde los setenta; la reformuló en las Convivir en 1994. Sobre ese andamiaje, el narcotráfico inyectó recursos, escala y autonomía territorial que las cuadrillas chulavitas nunca tuvieron, y creó un nuevo sujeto social —el narco-ganadero— que refundó la alianza clásica entre élite regional, fuerza pública y hombres armados sobre bases económicas cualitativamente distintas.

La continuidad decisiva no está tanto en la institución —que cambió de nombre y de forma— ni en la técnica aislada, sino en la alianza. Hacendados y ganaderos que en 1949 financiaron Pájaros o toleraron chulavitas son sociológicamente los mismos que en 1997 constituyeron Convivir en Norte de Santander, financiaron el Bloque Calima en el Valle o pactaron con Salvatore Mancuso en el Cesar. La fuerza pública que en Antioquia repartía escopetas con acta sellada en 1950 es la misma institución que en 1997 aprobaba licencias Convivir y entregaba material bélico a través de la Décima Séptima Brigada. Y el gatillero profesional que trabajaba para Lozano en Tuluá pertenece al mismo oficio que el sicario del norte del Valle o el paramilitar del Magdalena Medio.

Por eso la lectura discontinua —el paramilitarismo como fenómeno narco de los ochenta— captura la escala pero pierde la estructura. Y la lectura de continuidad estricta —el paramilitarismo como simple prolongación de los Pájaros— captura la matriz pero pierde la mutación. La verdad histórica está en la tensión: una gramática antigua reescrita por un capital nuevo. Los chulavitas y los Pájaros no son el paramilitarismo, pero sin ellos —sin la institucionalización estatal de la delegación violenta que ellos inauguraron— el paramilitarismo que Colombia conoció entre 1980 y 2006 no habría sido posible en la forma en que efectivamente ocurrió.