Eduardo Franco Isaza

La semblanza: letrado en armas

En el organigrama guerrillero de los Llanos, Franco Isaza ocupó desde muy pronto un lugar peculiar. Su origen no estaba en el hato ni en el conuco; tampoco encarnaba la figura mítica del jinete llanero levantado en armas contra el gobierno. Su papel, reconocido formalmente por el propio movimiento en la Segunda Ley del Llano de 1953, fue el de jefe de estado mayor: el hombre que traducía la insurrección en estructura, en artículos, en órdenes escritas. Junto a Guadalupe Salcedo, comandante militar y símbolo de la resistencia, constituyó el núcleo dirigente del comando guerrillero con asiento en Yopal, en el corazón del Casanare.

Esa dualidad tiene consecuencias historiográficas serias. Cuando se reconstruye la rebelión llanera —desde Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna en La violencia en Colombia hasta las lecturas contemporáneas—, la operación se apoya una y otra vez en Franco Isaza. Es él quien fijó los apodos con que los guerrilleros liberales llamaban a las fuerzas oficiales, quien narró la vida cotidiana del campamento, quien contó desde adentro la política interna del alzamiento. Salcedo, asesinado en 1957, no dejó memoria escrita. Franco Isaza sobrevivió, se sentó a escribir y su versión se volvió, casi por defecto, la versión.

De ahí la necesidad de leerlo con distancia crítica sin desmontarlo. Fue actor de segundo rango dentro de una jerarquía militar real, y fue al mismo tiempo el principal productor del relato que la posteridad heredó. Reducirlo a "comandante" reproduce el mito que sus propias memorias contribuyeron a instalar; reducirlo a "cronista" desconoce que su firma aparece al pie de los documentos jurídicos del gobierno rebelde. Su centralidad histórica está exactamente en esa superposición, y es esa superposición la que obliga a distinguir, en cada tramo de su biografía, entre el Franco Isaza que actúa y el Franco Isaza que narra lo que actuó.

Los orígenes: el letrado antes de la guerrilla

Franco Isaza fue parco al hablar de sí mismo antes del alzamiento. Su propio libro deja fuera lo que un lector esperaría de una autobiografía: el lugar exacto de nacimiento, la familia, los estudios formales, los años previos a 1949. Ese silencio es en sí mismo un dato. El hombre que después fijaría por escrito la historia del movimiento decidió no fijar por escrito la suya. La historiografía posterior no ha reconstruido con precisión ese tramo, y lo que puede afirmarse sobre él se sostiene, en lo esencial, en su propio testimonio.

Lo que sí queda claro es el estrato al que perteneció. Su perfil no coincide con el del vaquero alzado ni con el del hacendado patrocinador. Pertenecía a la capa letrada regional, la de quienes en los Llanos y en los pueblos de piedemonte accedieron a una formación jurídica o secretarial suficiente para redactar actas, llevar correspondencia y dar forma escrita a decisiones colectivas. Ese estrato, minoritario pero decisivo, era el que hacía posible que un alzamiento campesino tuviera papelería, tesorería y ley escrita. Franco Isaza pertenece a él antes de pertenecer a la guerrilla, y ese es probablemente el dato biográfico más relevante para entender lo que hará después.

Su función no fue montar, marcar reses ni conocer los caños como quien nació entre ellos, sino leer, redactar, negociar y, más tarde, escribir. Esa competencia lo distinguió desde el comienzo del liderazgo carismático-popular que encarnaría Salcedo. En un movimiento que reunía a peones, aparceros, pequeños propietarios y hacendados liberales, él fue la bisagra: alguien capaz de hablar el lenguaje del hato y el lenguaje de la norma, del campamento y del despacho. Esa doble competencia, más que cualquier hazaña militar, es lo que lo llevará al segundo puesto del comando.

El mundo en el que se movió está bien documentado. Los Llanos Orientales del Casanare, el Meta, el Arauca y el Vichada eran a mediados del siglo XX una región de hatos ganaderos extensos, poblaciones dispersas y una jerarquía social rígida. En la base estaba el conuquero, el estrato más vulnerable: vivía en un rancho miserable, no podía tener ganado propio, era sospechoso de cuatrerismo ante los dueños del hato y sufría registros frecuentes de su vivienda. "Eres un conuquero" funcionaba como insulto. Encima venían los vegueros o aparceros, los peones, los vaqueros y los caballiceros, y arriba de todos ellos los caporales, con función de mando en el trabajo ganadero. Sobre esa pirámide se alzaban los hacendados, muchos de ellos de filiación liberal, propietarios de los grandes hatos.

La imagen cultural del llanero llegaba cargada desde el siglo XIX: milicias casanareñas levantadas contra el régimen colonial desde finales del siglo XVIII, protagonismo en la guerra de independencia, la figura del jinete guerrero convertida en símbolo libertador por la literatura y el mito republicano. Pero esa misma imagen era ambivalente: el llanero era admirado por sus aptitudes para el trabajo y la guerra, y a la vez asociado a la fiereza, la barbarie, la violencia. Su mestizaje con población indígena entraba, no siempre dicho pero siempre presente, en las representaciones que desde el centro del país se hacían de él. El eje andino miraba al Llano como frontera y como reserva simbólica, y esa mirada externa condicionó el modo en que la represión conservadora se desplegaría sobre la región a partir de 1949: como una expedición del altiplano contra un territorio percibido, a la vez, como periférico y díscolo. Franco Isaza entró en esa geografía desde una posición que no era la del vaquero ni la del hacendado, sino la del intermediario alfabetizado. Todo lo que hará después se ordena en torno a ese punto de partida.

La trayectoria: de la persecución al comando unificado

Los Llanos Orientales fueron el primer territorio donde los liberales colombianos se levantaron en armas durante La Violencia. Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, la policía fue "conservatizada": surgió la policía política —la "popol"—, la policía chulavita, y grupos de conservadores armados organizados como "guardia cívica" que ejercían funciones represivas sin ser propiamente policías, financiados por propietarios. De esa red saldrían los "pájaros", sicarios que operaron primero en zonas urbanas y luego emigraron al campo.

Sobre los Llanos, la persecución cayó con nombres y fechas concretas. Hacia finales de abril de 1949, los chulavitas —originarios de la vereda Chulavita, en el municipio boyacense de Boavita— fueron desplegados en Nunchía y Támara, en el Casanare, con la misión de sembrar terror e impedir que los llaneros votaran en las elecciones parlamentarias del 5 de junio. La operación funcionó a fuerza de fraude y violencia: en Tame, tras un conteo que dio 463 votos liberales contra 39 conservadores, el corregidor ordenó quemar las papeletas; en otros municipios el registrador las destruyó en presencia de un sargento del Ejército. No habría vía electoral para los liberales del Llano.

La primera respuesta armada fue la de Elíseo Velásquez, oriundo de Líbano (Tolima), alzado tras el asesinato de su padre por conservadores en 1946, quien encabezó el ataque guerrillero a Puerto López el 9 de abril de 1948. Su liderazgo pronto fue objeto de críticas por sectarismo, y sobre esa insatisfacción se levantaron liderazgos alternativos: los hermanos Bautista —Tulio, Pablo y Manuel—, que terminarían muertos víctimas de rivalidades internas; los hermanos Fonseca Galán —Eulogio, Jorge y Eduardo—, pequeños propietarios de Cusiana; y, sobre todo, el binomio que se consolidaría como centro del movimiento: Guadalupe Salcedo y Eduardo Franco Isaza.

A comienzos de 1950, las bandas guerrilleras organizadas en los Llanos contaban con unos 2.500 combatientes, operaban un transmisor conocido como "Voz de la Libertad, Radio Libre de Colombia" y disponían del respaldo económico de hacendados liberales prósperos. La respuesta del gobierno de Laureano Gómez fue frontal: se decretó que todo aquel que se opusiera a las Fuerzas Armadas sería considerado bandido y sometido a ejecución sumaria. En el mensaje presidencial de 1951, el Llano ni siquiera fue mencionado: Gómez prefería negar públicamente la existencia del alzamiento antes que reconocerlo como problema político.

Frente a esa negación, el movimiento fue mutando. En sus primeros años funcionó, en buena medida, como una guerra partidista entre liberales y conservadores, con los hacendados liberales financiando a los combatientes en la medida en que estos se mantuvieran como guardianes de sus hatos. Pero la lógica interna del alzamiento empujaba hacia otro lado. En la etapa en que Salcedo y Franco Isaza consolidaron el comando, la dirección buscó ganar independencia económica frente a la Dirección Liberal nacional —entre otras vías, imponiendo tributos al ganado de saca diferenciados según la filiación política del propietario— y darle al movimiento un contenido más social. Para 1952, un sector importante de las guerrillas llaneras había declarado su lucha como una revolución con miras a derrocar al gobierno, y Salcedo se había alejado con nitidez de la línea marcada por los hacendados.

Ese giro tuvo costos. La alianza entre hacendados liberales y guerrilleros se resquebrajó justo cuando el movimiento empezó a asumir banderas de defensa de la tierra y de los peones. Los hatos que habían financiado la insurgencia comenzaron a ver en ella una amenaza a su propia base económica, y algunos propietarios que en 1949 habían aportado reses y dinero se replegaron o cambiaron de bando cuando las Leyes del Llano y las tributaciones internas empezaron a poner en cuestión su condición. En ese contexto, la figura de Franco Isaza cobró otra densidad: era, dentro del comando, el hombre capaz de convertir las decisiones políticas del núcleo dirigente en textos, en normas, en marco jurídico. Y ese fue el trabajo que definió su hito mayor: las Leyes del Llano.

Las Leyes del Llano: la firma del letrado

Las guerrillas de los Llanos Orientales expidieron dos "Leyes del Llano" en conferencias de jefes guerrilleros, con la ayuda de abogados y dirigentes que se sumaron al movimiento desde las ciudades. Fueron el intento más elaborado, en toda La Violencia, de dotar a un alzamiento armado de una arquitectura jurídico-política propia: no un puñado de proclamas, sino un cuerpo normativo que organizara el gobierno rebelde y regulara la vida en el territorio bajo control guerrillero.

La primera de esas leyes contenía disposiciones que revelan el alcance del proyecto. Prohibía soltar cerdos e incendiar potreros —normas ganaderas elementales, dictadas por quienes conocían la lógica productiva de la región—; ordenaba la libertad de presos políticos y la asistencia a enfermos; disponía la construcción de puentes y escuelas; creaba tesorerías por zona para administrar los recursos del movimiento. Un artículo, el décimo, iba más lejos: proponía facilitar a los propietarios conservadores la venta de sus fundos, exigir igual derecho para los liberales y solicitar la intervención del gobierno y de las direcciones de ambos partidos para hacer viables esas transacciones. Era un intento de regular jurídicamente el desplazamiento producido por la guerra y de negociar sus consecuencias territoriales.

La Segunda Ley del Llano fue emitida el 18 de junio de 1953, cinco días después de que el teniente general Gustavo Rojas Pinilla tomara el poder mediante golpe militar contra Laureano Gómez. La coincidencia de fechas no es casual: la nueva ley servía para consolidar la estructura interna del comando en el momento preciso en que el escenario nacional cambiaba y se abría la posibilidad de una negociación. El documento reconocía formalmente a Guadalupe Salcedo como jefe de los combatientes revolucionarios y a Eduardo Franco Isaza como su jefe de estado mayor. Con esa firma quedó consagrado, en el texto mismo del gobierno rebelde, el reparto de funciones que había vertebrado el comando: Salcedo era la autoridad militar y simbólica; Franco Isaza, la autoridad organizativa y jurídica.

Su valor histórico excede en mucho el de un documento coyuntural: representa uno de los primeros ensayos, en la Colombia del siglo XX, de un constitucionalismo insurgente en sentido pleno, un intento de dotarse de instituciones y no solo de mando militar. Sin la mano letrada de Franco Isaza —y sin los abogados y dirigentes urbanos que se sumaron al movimiento— ese ensayo no habría existido.

Aquí conviene detenerse. Es tentador leer las Leyes del Llano como expresión pura de un constitucionalismo insurgente autónomo, brotado del campamento guerrillero. La realidad fue más ambigua. Las leyes también expresaban el esfuerzo de la élite liberal letrada por encuadrar y disciplinar una movilización campesina que amenazaba con desbordarse más allá de los intereses de los hacendados que la habían patrocinado. El artículo décimo de la primera ley —con su propuesta de negociar la venta de fundos con la intervención del gobierno y de las direcciones partidistas— es sintomático: quien lo escribió pensaba en términos de conciliación institucional, no de ruptura revolucionaria. Franco Isaza operaba en ese punto exacto de tensión: era el hombre que tradujo la insurrección a un lenguaje que el país político podía, eventualmente, leer.

Su red: el mapa humano del alzamiento

La figura de Franco Isaza solo se recorta con nitidez cuando se la sitúa en la red de nombres, lugares y filiaciones que compuso el alzamiento llanero.

En la primera línea, Guadalupe Salcedo Unda. La historiografía coincide en identificarlos como los dos jefes guerrilleros más importantes de los Llanos Orientales. Salcedo atrajo desde temprano la atención de otros insurgentes —Velásquez, Franco Isaza— por su creciente influencia en la región. La relación entre ambos fue de complementariedad. Salcedo era el líder popular, un carisma que lo convirtió en figura legendaria. Franco Isaza era el letrado, capaz de dar forma escrita a las decisiones del comando. Esa distribución explica por qué la Segunda Ley del Llano pudo firmarse con esas dos rúbricas específicas y en ese orden.

Alrededor de ellos, el resto del alto mando guerrillero: Eduardo Nossa, Dumar Aljure, Bernardo Giraldo, José Alvear Restrepo, Plinio Murillo. Y las líneas de fractura interna que atravesaron el movimiento: el sectarismo criticado de Elíseo Velásquez, las rivalidades que costaron la vida a los hermanos Bautista, el ascenso de los Fonseca Galán como alternativa entre pequeños propietarios de Cusiana. El movimiento llanero nunca fue monolítico, y las Leyes del Llano deben leerse también como intentos de contener, mediante la norma escrita, esas tensiones que en el terreno se saldaban a bala.

En el otro lado de la línea de fuego, un enemigo con nombre: los chulavitas, la policía política, los "pájaros". En su libro de 1959, Franco Isaza fijó el vocabulario despectivo con que los guerrilleros del Llano los designaban. "Chulavos", "chunchullo", "guates", "paisanitos", "chatos", "patones", "indios". Ese repertorio no es anecdótico. Revela el modo en que la guerra partidista se articuló con marcas regionales y étnicas: el enemigo era conservador, sí, pero también era el "guate", el andino, el "indio" del altiplano boyacense enviado a someter al llanero. Es esa página la que la historiografía posterior ha usado para documentar el vocabulario sectario y la identidad partidista de los guerrilleros liberales del Llano.

Por encima del conflicto, los actores nacionales: Laureano Gómez, quien negó públicamente el alzamiento y decretó su tratamiento como bandidaje; Roberto Urdaneta Arbeláez, su ministro de Guerra; Gustavo Rojas Pinilla, cuyo golpe del 13 de junio de 1953 abrió la puerta de la negociación; el ministro de Guerra Duarte Blum, delegado por Rojas para encabezar las conversaciones con los líderes guerrilleros.

En el trasfondo, un actor que rondó el conflicto sin llegar a integrarse a él: el Partido Comunista, que en noviembre de 1949 llamó a la autodefensa de masas cuando en algunas regiones la resistencia armada ya retoñaba entre liberales gaitanistas, con la consigna de que la alternativa era "resistir o perecer". La guerrilla llanera nunca fue comunista —fue una insurrección liberal, financiada inicialmente por hacendados liberales y regulada por los cuadros letrados del liberalismo regional—, pero el gobierno conservador la leyó a través del prisma de la Guerra Fría y trató a sus combatientes como una mezcla de liberales, comunistas y bandidos. Esa lectura sesgada endureció la represión, cerró durante años cualquier vía política y terminó por condicionar la forma misma de la desmovilización de 1953: quien firmara la paz con Rojas Pinilla lo haría bajo la sospecha permanente de estar entregando un movimiento que, para una parte del establecimiento, no era una guerra política sino un problema de orden público mezclado con subversión. Franco Isaza escribió, en parte, para desmentir esa lectura: su libro es también un alegato para que el alzamiento llanero fuera leído como lo que él sostenía que era, una insurrección liberal con contenido social, no una operación comunista disfrazada.

El fin de la guerra: la desmovilización de 1953

El derrocamiento de Laureano Gómez el 13 de junio de 1953 por las Fuerzas Militares al mando de Rojas Pinilla cambió el escenario de un día para otro. Cinco días después, el 18 de junio, las guerrillas del Llano firmaron la Segunda Ley del Llano; casi de inmediato se abrieron las negociaciones con el nuevo gobierno. Rojas Pinilla delegó al ministro de Guerra Duarte Blum para conducir las conversaciones con los líderes guerrilleros, y entre agosto y octubre de 1953 el grueso de las guerrillas llaneras entregó sus armas.

Las cifras hablan de la magnitud del proceso. En aproximadamente seis semanas rindieron armas alrededor de 3.220 guerrilleros, cifra que incluía a una contraguerrilla conservadora también acogida a la amnistía. El gobierno intercambió armas por tierras en la región del Ariari y ofreció un modesto préstamo de la Caja Agraria para facilitar la reincorporación a la vida civil. Guadalupe Salcedo y sus principales lugartenientes se ubicaron tras la desmovilización en Cubarral, San Antonio y San Martín, en el Meta.

Franco Isaza participó en esa desmovilización como parte del comando que la negoció y firmó. Fue el cierre de su ciclo militar: desde 1949 había estado en armas, y a partir de septiembre-octubre de 1953 dejaba el campamento para volver a la vida civil. Con él se retiraba, además, el redactor de las Leyes del Llano: el hombre que había producido los textos del gobierno rebelde tenía ahora, por delante, la tarea de producir el texto que fijaría la memoria del movimiento.

El desenlace inmediato de la paz llanera fue amargo. Rojas Pinilla fue depuesto el 10 de mayo de 1957; poco después, ya con el bipartidismo del Frente Nacional preparando su retorno al poder, Guadalupe Salcedo fue asesinado. Se convirtió, en la memoria popular, en el símbolo del insurrecto amnistiado y traicionado por el poder. Franco Isaza sobrevivió. Esa asimetría —Salcedo muerto y silenciado; Franco Isaza vivo y con pluma— es una de las claves para entender por qué la memoria del alzamiento llanero llegó al presente por el cauce que llegó.

Su huella: el libro y sus lecturas

En 1959, seis años después de la desmovilización y dos después de la muerte de Salcedo, Franco Isaza publicó Las guerrillas del Llano. El libro se inscribe en un momento fértil de la literatura testimonial sobre La Violencia, producida casi simultáneamente con el desarrollo del conflicto entre 1948 y 1964. Es una memoria de combatiente, escrita desde adentro, con el pulso de quien vivió los hechos y el interés de quien los interpreta desde una posición particular en el mapa del movimiento.

La historiografía posterior lo ha usado, sobre todo, como fuente primaria. Autores fundamentales del estudio de La Violencia —desde Guzmán, Fals Borda y Umaña Luna hasta las generaciones posteriores— citan a Franco Isaza para documentar la composición social heterogénea de las guerrillas liberales del Llano, para reconstruir el lenguaje interno del alzamiento y para acceder a la vida cotidiana del campamento guerrillero. Su libro se ha vuelto un lugar canónico en los estudios sobre la identidad sectaria del período.

Ese uso no está exento de matices. Los trabajos testimoniales sobre La Violencia, pese a sus limitaciones de perspectiva, han sido retomados por la investigación reciente como colección valiosa de información sobre las visiones de los actores del conflicto. El libro de Franco Isaza es fuente y también es interpretación: ordena los hechos según una jerarquía —la del núcleo Salcedo-Franco Isaza—, minimiza tensiones internas, atribuye motivos, decide qué contar y qué callar. Leerlo como transcripción neutra del alzamiento sería un error; ignorarlo como si fuera solo autopropaganda, otro.

La operación historiográfica que estabilizó su lugar tiene una dimensión política difícil de eludir. Franco Isaza y Salcedo aparecen consistentemente identificados como el núcleo dirigente del comando guerrillero con sede en Yopal. Pero Salcedo no dejó libro; Franco Isaza sí. La versión que el país heredó del alzamiento pasó por la pluma del jefe de estado mayor, no por la voz del comandante militar. En cierto sentido, la centralidad póstuma de Franco Isaza refleja la victoria de la facción letrada-urbana sobre el liderazgo carismático-popular en la disputa por la memoria del movimiento: quien sobrevivió para escribir impuso su versión sobre quien fue asesinado y no pudo contar la suya.

Esa observación no descalifica al libro ni a su autor. Al contrario: ayuda a leerlos con la precisión que merecen. Las guerrillas del Llano es la fuente primaria más importante para reconstruir el alzamiento llanero desde adentro, y precisamente por eso hay que leerla sabiendo desde qué lugar se escribe. Franco Isaza narra desde la posición del jefe de estado mayor sobreviviente en un movimiento cuyo comandante fue asesinado; narra tras la caída de Rojas Pinilla y el retorno del bipartidismo; narra sabiendo que la República ya no reconocería como acto político lo que estuvo cerca de convertirse, en 1952, en una revolución llanera. En esa mezcla de rigor documental y posición interesada reside el valor duradero de su obra.

La historia de Colombia guarda pocos casos así, en que una misma persona firme las leyes de un alzamiento y escriba luego el libro que lo cuenta. Franco Isaza es el punto donde la insurrección se hace texto, y donde el texto se convierte, con el tiempo, en el archivo del que otros —historiadores, escritores, memorialistas— siguen sacando materiales para entender lo que fue la primera guerra guerrillera del siglo XX colombiano.