Vichada

Un territorio antes del mapa

Vichada es, ante todo, geografía. Tres ríos lo definen y lo cierran: al norte el Meta, que lo separa de Casanare y desemboca en el Orinoco tras trescientas leguas de recorrido; al este el propio Orinoco, frontera con los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar; al sur el Guaviare, límite con Guainía y Guaviare. Al occidente, la única frontera artificial: una línea trazada sobre el mapa que lo separa del Meta, sin río ni cordillera que la marque. El resto es sabana y selva de galería: llanuras herbáceas ligeramente onduladas, morichales que siguen los cauces y, en el sureste, los primeros afloramientos del escudo Guayanés, formación geológica antiquísima que emerge en cerros aislados sobre el paisaje plano.

La zona drenada entre los ríos Meta y Vichada abarca casi diez millones de hectáreas de altillanura. Temperatura media uniforme durante todo el año y un período seco de entre dos y cinco meses fijan el pulso del territorio: la alternancia rígida entre el llano encharcado y el llano polvoriento ha determinado los ritmos productivos de la región desde antes de la llegada de los españoles. Puerto Carreño, la capital, se levanta en la confluencia estratégica del Meta y el Orinoco, mirando desde su barranca de arenisca a la ciudad venezolana de Puerto Ayacucho, al otro lado del río. Es una capital de frontera en el sentido más literal: se llega a ella más fácilmente por avión desde Bogotá o por bote desde Venezuela que por carretera desde el resto de Colombia.

Antes de que los mapas coloniales trazaran esta geometría de ríos, el territorio pertenecía a los pueblos indígenas que aún hoy lo habitan: sikuani, piaroa, sáliba, amorua, cuiba, puinave, piapoco, kurripaco, achagua. No eran sociedades aisladas ni marginales a las corrientes continentales. Los sáliba manufacturaban onoto, el pigmento rojo extraído del achiote, considerado más limpio y de mejor calidad que el de los guahibos, y lo intercambiaban en circuitos comerciales interétnicos que unían los Llanos con las Guayanas y el Alto Orinoco. Los piaroa producían chica, otro pigmento rojo mezclado con resinas aromáticas, que también circulaba por esas rutas. Sáliba, guahibo, piaroa, guaypunavi-puinave y grupos caribes estaban articulados en un sistema que llegaba hasta el río Negro y se conectaba con los grandes circuitos amazónicos. La religión sáliba, con sus dioses del monte, del agua y de la sabana, formaba parte de una economía simbólica y material densamente tejida, muy anterior a la llegada de cualquier cruz.

La primera colonización: misiones y ríos

El siglo XVI trajo a los ríos de los Llanos las primeras expediciones españolas y, con ellas, una lógica de ocupación que no pretendía poblar el territorio sino atravesarlo. El Orinoco funcionó como corredor: los europeos buscaban en sus aguas rutas hacia el interior del continente, y los cauces del Meta y del Vichada aparecían como caminos naturales hacia las montañas andinas. En los siglos XVII y XVIII, misioneros jesuitas —entre ellos José Gumilla, cuyo Orinoco ilustrado dejó una de las primeras descripciones sistemáticas de la región— establecieron reducciones sobre las márgenes fluviales, congregaron indígenas en pueblos y comenzaron el trabajo largo de sustitución religiosa. Los sáliba fueron uno de los pueblos donde la evangelización dejó huellas más profundas: sus dioses del monte, del agua y de la sabana fueron desplazados por el catolicismo impuesto con la llegada de los españoles y luego adoptado por el Estado colombiano.

La expulsión de los jesuitas en 1767 desmontó ese primer aparato de control territorial. En los siglos siguientes, mientras el centro del país se reconfiguraba en repúblicas y guerras civiles, el Vichada quedó fuera del alcance efectivo de cualquier poder estatal. Los pueblos indígenas sobrevivieron reajustando sus economías: los sáliba consolidaron una economía mixta que combinaba cultivos de yuca, caña para guarapo, frutales y ganadería con la producción de cerámica doméstica y comercial elaborada por las mujeres, mientras los hombres se empleaban como jornaleros en las haciendas vecinas. Esa versatilidad, invisible para el Estado colombiano, fue una forma de resistencia sostenida frente al vaciado administrativo.

La frontera dibujada: laudos, tratados y ríos disputados

Vichada nació políticamente de un problema fronterizo. La frontera colombo-venezolana, que se extiende por 2.219 kilómetros desde La Guajira hasta el Amazonas, fue durante todo el siglo XIX una fuente de disputas y tratados fallidos. El primero, firmado en 1833 por Lino de Pombo y Santos Michelena, cedía territorios en La Guajira a Venezuela sin compensación para Colombia; el Congreso colombiano lo aprobó, pero el venezolano lo rechazó. Décadas de negociación desembocaron en el Laudo Arbitral español de 1891, emitido tras la muerte de Alfonso XII, favorable en general a Colombia, que le adjudicó territorios en La Guajira y en varios segmentos de la frontera oriental. En 1916, el Tratado Suárez-Losada Díaz cerró la serie de acuerdos con un resultado que ambos gobiernos consideraron positivo y que garantizó expresamente la libre navegación de los ríos compartidos.

Esa libre navegación no era un asunto técnico. El Meta, tras sus trescientas leguas, entrega sus aguas al Orinoco, y este desciende hasta el Atlántico. Para los proyectos colombianos de finales del siglo XIX —encabezados por hombres como Rafael Reyes, que había explorado los ríos amazónicos y conocía el valor estratégico de las vías fluviales—, la ruta Meta-Orinoco era una alternativa al Magdalena para conectar el interior del país con el mar. Era, en la retórica de la época, comparable al Bajo Magdalena: navegable aguas abajo hasta Ciudad Bolívar, capaz de sacar los productos del piedemonte hacia mercados atlánticos sin depender del puerto de Barranquilla.

Ese sueño geopolítico nunca se materializó, pero justificó las primeras intervenciones administrativas. En 1909 se creó la intendencia del Meta y, en 1913, Vichada fue segregada como comisaría independiente, con una extensión de unos 102.900 kilómetros cuadrados. La comisaría era una figura administrativa de mínima presencia estatal: un comisario nombrado desde Bogotá, un puñado de funcionarios en Puerto Carreño y el resto del territorio librado a su propia dinámica. La frontera con Venezuela quedaba nominalmente resguardada, pero en la práctica el intercambio cotidiano era mucho más denso hacia el Orinoco que hacia el interior colombiano.

La comisaría como espera

Durante casi ochenta años —de 1913 a 1991— Vichada fue una comisaría, y durante ese tiempo la palabra que mejor describe su condición es abandono. En 1947, en toda la comisaría existían únicamente dos escuelas oficiales, ambas en Puerto Carreño. El Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública instaló un puesto de salud en la capital, con un solo médico, insuficiente para combatir la malaria y las enfermedades endémicas que diezmaban tanto a indígenas como a los pocos colonos.

En 1948, Gustavo Jiménez Cohen publicó un artículo sobre los problemas de los Llanos Orientales con una visión crítica de la situación en Vichada: escaso desarrollo, débil presencia estatal colombiana, dependencia de Venezuela para lo esencial. El territorio, describía, tenía población mayoritariamente indígena guahibo y una presencia muy reducida de colonos concentrada en Puerto Carreño. Tres años más tarde, el censo de 1951 registraba apenas 12.330 habitantes en toda la comisaría: menos de una persona cada ocho kilómetros cuadrados. La densidad seguía siendo una de las más bajas del país en los años sesenta, solo superada por las de Amazonas y Vaupés.

Esa baja densidad no era un accidente ni una fatalidad geográfica. Era el resultado acumulado de varios procesos: la lejanía de los mercados del altiplano andino, que impedía la expansión de las actividades económicas —extracción de tonka o cumarú, ganadería extensiva— pese al acceso telegráfico y aéreo disponible desde los años cuarenta; la ausencia de infraestructura estatal capaz de atraer colonos; y una violencia contra los pueblos indígenas que hacía del territorio, para muchos, un lugar temible. Hacia finales del siglo XX, mientras la mayor parte de la población colombiana se concentraba en el núcleo andino y en la costa Caribe, los Llanos y la Amazonía apenas reunían una fracción marginal del total nacional. Vichada era la expresión más extrema de esa asimetría.

El aislamiento tenía, sin embargo, sus propios circuitos. Cuando el bolívar venezolano estaba fuerte frente al peso colombiano, los venezolanos cruzaban el Orinoco a comprar en Puerto Carreño alimentos, calzado, artículos de cuero. Desde 2000, con los programas sociales del gobierno de Hugo Chávez, la relación se invirtió y fueron los colombianos quienes empezaron a ir a Puerto Ayacucho a comprar alimentos, combustible y materiales de construcción más baratos. Vichada vivía —vive— con un pie en cada ribera, en un intercambio que ningún tratado ha logrado normalizar.

La cuibiada: violencia como método de colonización

La historia del Vichada tiene una palabra que la resume mejor que cualquier estadística: cuibiar, o su variante guahibiar. Ambos verbos, acuñados en los Llanos Orientales durante el siglo XIX y usados hasta bien entrado el XX, nombran una práctica precisa: la cacería y el asesinato de indígenas cuibas y guahibos por parte de colonos, ganaderos y peones. No se trataba de conflictos aislados sino de una violencia sistemática, socialmente aceptada, incorporada al vocabulario cotidiano de la región.

En 1870, Pedro del Carmen Gutiérrez organizó una masacre de guahibos que quedó registrada como uno de los episodios tempranos de esa cacería institucionalizada. Casi un siglo después, en 1967, dieciséis cuibas fueron asesinados en el hato La Rubiera, en un caso que llegó a la prensa nacional y produjo un escándalo momentáneo. En el juicio, algunos de los perpetradores declararon que habían sido educados desde niños en la idea de que matar indígenas no era un delito y que estos eran "animales salvajes". Esa educación no era una excentricidad local: era la ideología cotidiana que sostenía la expansión de la ganadería sobre las sabanas ocupadas ancestralmente por los pueblos originarios.

La cuibiada no fue un efecto colateral de la colonización sino su mecanismo. Sin la expulsión, el exterminio o el sometimiento sistemático de los guahibos y cuibas, la apropiación ganadera de la altillanura habría sido inviable. Cada nueva oleada colonizadora del siglo XX —la del caucho a principios de siglo, la ganadera en los años cincuenta y sesenta, la coquera en los ochenta y noventa, la agroindustrial en el presente— se benefició directa o indirectamente de esa violencia previa que había vaciado o replegado a las poblaciones indígenas hacia los intersticios menos productivos del territorio.

Caucho, tonka y ganado: los ciclos extractivos

La economía histórica del Vichada se ha organizado en ciclos extractivos que dejan poco tras de sí. El primero de envergadura fue el caucho, entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando la demanda mundial del látex amazónico atrajo caucheros al Vichada, al Caquetá y al Putumayo. La bonanza fue breve —el caucho asiático la desplomó en los años veinte—, pero dejó huella: rutas fluviales militarizadas, relaciones de servidumbre por deuda con indígenas endeudados en los cauchales, y una imagen del oriente colombiano como territorio de extracción rápida y trabajo desechable.

A la caída del caucho siguió la extracción de tonka o cumarú, semilla aromática usada en perfumería, y sobre todo la ganadería extensiva. El sistema ganadero llanero consolidó una jerarquía social nítida: el señor del hato concentraba la propiedad de la tierra y del ganado; el vaquero, con caballo, silla, soga e implementos propios, tenía una categoría social reconocida dentro del sistema; el veguero, en cambio, vivía en las riberas de los ríos dentro de los grandes fundos, en condiciones de intercambio comercial desproporcionado con el dueño del hato, casi siempre endeudado con el comisariato de la hacienda. La ganadería del Vichada nunca alcanzó las escalas industriales de otras regiones del país: siguió siendo, y sigue siendo, actividad de ceba y levante con fuerte componente de subsistencia.

El otro ciclo, el que transformó Vichada en las décadas de 1980 y 1990, fue el de la coca. Hacia el año 2000, el cultivo alcanzó una superficie de 4.593 hectáreas en el departamento. No fue nunca la principal región cocalera del país, pero la actividad se acopló con las rutas fluviales del Meta y del Orinoco para el tráfico de pasta base y clorhidrato hacia Venezuela. El corredor Meta-Vichada, con sus caños escondidos y su frontera porosa, se convirtió en una arteria del narcotráfico que atrajo, como en tantas otras regiones colombianas, a los actores armados que se disputarían el control del territorio.

Los Masetos y la conquista paramilitar

La expansión paramilitar sobre los Llanos Orientales tuvo en Vichada una de sus estaciones más brutales. Los antecedentes se remontan a Los Masetos, grupos de seguridad privada de grandes hacendados ligados a Gonzalo Rodríguez Gacha, el capo del cartel de Medellín asentado en el piedemonte llanero. En los años ochenta operaron como prolongación del MAS —Muerte a Secuestradores— en las regiones ganaderas del Meta y Casanare. Estos ejércitos privados, financiados con dinero del narcotráfico y protegidos por sectores de la Fuerza Pública, sentaron las bases del modelo que se generalizaría en la década siguiente.

En los años noventa se estructuraron las Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (ACMV), con influencia especialmente en la zona limítrofe entre los municipios de Cumaribo, en Vichada, y Puerto Gaitán, en Meta, así como en Puerto López y el norte de Vichada. Desde 1995 se registró presencia paramilitar en el sur de Puerto Gaitán, en la zona de Tillavá, corredor natural hacia la altillanura vichadense.

El punto de inflexión llegó en julio de 1997 con la masacre de Mapiripán, ejecutada por estructuras paramilitares vinculadas a los hermanos Castaño en el marco de la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia hacia los Llanos Orientales. Mapiripán no fue un exceso: fue el anuncio de un método. Carlos Castaño celebró públicamente lo ocurrido y advirtió que "habría más Mapiripanes". La operación buscaba apropiarse de zonas de cultivos ilícitos y controlar corredores estratégicos para el narcotráfico, y coincidió con la llegada de los llamados "urabeños" a la región ese mismo año.

En Vichada, el Frente Vichada de las AUC se estructuró con personal repatriado desde Venezuela, tras las muertes de Gustavo Alarcón y Felipe Candado, y con combatientes provenientes del sur de Bolívar. Su despliegue combinó control territorial, cobro de "vacunas" a ganaderos y transportadores, y la apropiación sistemática de tierras. Uno de los comandantes de la estructura, José Baldomero Linares —alias Guillermo Torres—, que respondía a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, declaró después que su financiación provenía principalmente del cobro de tributos a ganaderos, entre mil y mil quinientos pesos por hectárea según el tipo de uso, y no del narcotráfico directo, aunque la organización operaba en un corredor estratégico para actividades narcoilícitas.

El costo humano de esa colonización armada fue enorme, y su costo en tierras fue estructural. Las parcelas campesinas despojadas por los paramilitares en los Llanos fueron legalizadas con apoyo de testaferros, abogados, funcionarios corruptos del INCODER, jueces, notarios y registradores. Esa maquinaria jurídica transformó el despojo en propiedad legítima. Y las tierras despojadas se valorizaron rápidamente: la explotación petrolera y la agroindustria de biocombustibles —palma aceitera y caña— convirtieron lo que había sido sabana marginal en activos codiciados. Todavía en 2010, el ERPAC —Ejército Revolucionario Popular Antiterrorista Colombiano, heredero directo del despliegue paramilitar en los Llanos tras la desmovilización nominal de las AUC— conservaba poder territorial significativo y defendía el statu quo del despojo.

La altillanura como despensa

En las dos primeras décadas del siglo XXI, Vichada fue proyectado desde Bogotá y desde los grandes gremios agroindustriales como la nueva frontera agrícola de Colombia, una suerte de cerrado brasileño en escala reducida. La altillanura entre los ríos Meta y Vichada, con sus casi diez millones de hectáreas planas, suelos ácidos corregibles con cal y régimen de lluvias predecible, apareció ante los inversionistas como el último gran territorio disponible del país. La inversión empresarial en palma aceitera, caña, petróleo y ganadería intensiva creció de manera extraordinaria en esos años, con algunos de sus promotores impulsando técnicas agropecuarias importadas del Mato Grosso.

Ese proceso, sin embargo, se montó sobre las tierras cuya trayectoria de despojo acaba de narrarse, y sobre un marco jurídico explícitamente diseñado para permitir la acumulación de baldíos por encima de los límites legales de la Unidad Agrícola Familiar. Los escándalos sobre la adquisición irregular de baldíos por parte de grandes empresas —incluidas compañías vinculadas a grupos económicos importantes— revelaron que la altillanura vichadense se había convertido en el escenario de una nueva forma de concentración de la tierra, respaldada por decisiones de política pública que trataban la región como territorio en blanco.

La caracterización de la altillanura como "frontera abierta" con baja presencia estatal ha sido la fórmula recurrente para justificar esa apropiación. Pero la altillanura nunca ha estado abierta: sobre ella coexisten resguardos indígenas de los pueblos achagua, sikuani, piaroa, guahibo, kurripaco, masiguare, piacoco y otros; grupos nómadas y seminómadas; vaqueros de antigua estirpe; campesinos en las vegas de los ríos; y, desde hace dos décadas, empresarios del sector palmero, cañero, petrolero y ganadero. Las economías de bonanza, legales e ilegales, han generado una población flotante significativa y un tejido social fragmentado, en el que todos estos actores compiten por el uso y la ocupación de la tierra y los recursos naturales. La palma, la caña, el petróleo y la coca han producido en el mismo territorio y muchas veces sobre las mismas parcelas.

Los pueblos que persisten

Contra el relato del vacío, los pueblos indígenas del Vichada han sostenido una presencia territorial que las estadísticas oficiales tienden a minimizar. En el corredor Meta-Vichada habitan doce pueblos indígenas distribuidos en 80 resguardos, que han consolidado asociaciones de autoridades tradicionales indígenas —las Aatis— y un consejo comunitario. Sikuani, piaroa, amorua, kurripaco, puinave y piapoco son reconocidos por la Defensoría del Pueblo como comunidades binacionales cuyos territorios abarcan ambos lados del Orinoco, y cuya división por la frontera política colombo-venezolana ha fragmentado circuitos sociales y económicos que existían antes que los Estados.

Esa persistencia no es pintoresca ni residual. Es política. Las Aatis operan como instancias de gobierno propio, negocian con el Estado colombiano y con los operadores agroindustriales, denuncian afectaciones ambientales y territoriales, y participan en procesos de consulta previa. Los sikuani, los piaroa y los sáliba mantienen prácticas culturales y económicas propias —agricultura de tumba y quema, pesca en los caños, comercio interétnico— dentro de una situación estructural de presión sobre sus territorios. Los sáliba, en particular, han sostenido su economía mixta de yuca, caña, frutales, ganadería menor y cerámica, con las mujeres a cargo de la producción alfarera doméstica y comercial, y los hombres alternando el trabajo en las parcelas propias con el jornal en las haciendas.

La violencia estructural contra estos pueblos, sin embargo, no cesó con el fin nominal del conflicto armado. Las economías ilícitas del corredor Meta-Vichada siguen usando sus territorios para el tráfico de armas y drogas y para el cobro de impuestos a empresarios y transportadores. La expansión agroindustrial presiona los límites de los resguardos. Y la memoria de las cuibiadas del siglo XIX y XX, de la masacre de La Rubiera y de los desplazamientos paramilitares de los años noventa sigue viva en las comunidades como advertencia permanente.

Un departamento en el mapa

Vichada fue elevado a departamento por la Constitución de 1991, que suprimió la categoría de comisarías e intendencias y equiparó todos los territorios de la periferia oriental —Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada— a los antiguos departamentos del centro andino. Fue un cambio nominal significativo: por primera vez la región tuvo asamblea departamental, gobernador electo, cuota parlamentaria propia y presupuesto autónomo. Pero el cambio de figura administrativa no alteró las condiciones estructurales.

El censo de 2018 registró 107.808 habitantes en Vichada, de los cuales 25.833 vivían en cabeceras urbanas y 81.975 en zonas rurales. El departamento sigue teniendo apenas cuatro municipios: Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo, este último uno de los más extensos del país. La densidad se mantiene entre las más bajas de Colombia. Puerto Carreño conserva su condición de puerto de frontera: se comunica más fluida y económicamente con Puerto Ayacucho, al otro lado del Orinoco, que con las cabeceras municipales de su propio departamento. Cumaribo, en el sur, es prácticamente inaccesible por vía terrestre durante buena parte del año.

El desarrollo del narcotráfico transformó también la relación estatal con la frontera. Tanto Colombia como Venezuela reforzaron su presencia militar en la zona: Colombia desplegó ejército, policía y armada nacional; Venezuela, la Guardia Nacional y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial. Esa militarización aumentó las tensiones entre las poblaciones fronterizas y produjo formas cotidianas de fricción —controles, retenciones, contrabando— que se superpusieron a los intercambios legítimos que siempre habían existido a lo largo del Orinoco y el Meta.

La pregunta abierta

Vichada resume las contradicciones del modelo colombiano de ocupación territorial. Un departamento presentado como vacío, cuando en realidad está habitado por doce pueblos indígenas con presencia milenaria y por comunidades campesinas y llaneras de varias generaciones. Una frontera agraria proyectada como oportunidad, montada sobre décadas de despojo violento y sobre un aparato jurídico diseñado para legalizarlo. Una periferia geopolítica cuya debilidad estatal fue durante mucho tiempo funcional —para Venezuela, para los actores armados, para los inversionistas que llegaron después— y cuya reconstrucción institucional apenas comienza.

La imagen recurrente del Vichada como última frontera es exacta y engañosa al mismo tiempo. Exacta, porque el departamento condensa dinámicas de frontera que otras regiones del país ya han superado o transformado: violencia contra los pueblos originarios, acumulación irregular de tierras, extracción sin contraprestación, dependencia de circuitos transfronterizos informales. Engañosa, porque la idea de frontera sugiere un horizonte que se conquista y se cierra, mientras que Vichada demuestra lo contrario: cada supuesta clausura —la comisaría en 1913, el departamento en 1991, la altillanura agroindustrial en 2010— ha reabierto la misma pregunta bajo formas nuevas.

Quién tiene derecho a esta tierra sigue siendo una cuestión sin respuesta. La formulan los pueblos indígenas desde los 80 resguardos y las Aatis; los campesinos desplazados desde los procesos de restitución de tierras; los llaneros de antigua estirpe desde una identidad regional que se siente igualmente ajena al centralismo bogotano y a los conglomerados agroindustriales; y el propio Estado colombiano cada vez que redacta un plan de desarrollo para la Orinoquía. Vichada, en la escala más nítida que ofrece el país, muestra que el asunto de la tierra no se ha resuelto porque ninguna de las oleadas colonizadoras que atravesaron su geografía logró, ni por la fuerza ni por el mercado, hacerlo desaparecer.