Lino de Pombo O'Donnell

La herencia cartagenera: los Pombo y el reformismo ilustrado

Para entender a Lino de Pombo hay que empezar por su tío José Ignacio de Pombo, comerciante de Cartagena y una de las voces más agudas del reformismo neogranadino en el tránsito del siglo XVIII al XIX. Vinculado por parentesco con las familias criollas distinguidas del virreinato, José Ignacio había consolidado hacia 1788 una posición sólida en el circuito mercantil cartagenero, en años en que la ciudad y Mompox disputaban primacías comerciales sobre el bajo Magdalena. Desde esa posición produjo dos documentos que fijarían el perfil de la casa: un escrito de 1804 en el que denunció la desmoralización institucional, el crecimiento del contrabando y las distorsiones económicas de un sistema imperial incapaz de responder a las presiones de la guerra internacional; y el Informe del 11 de octubre de 1810, redactado cuando Cartagena, aún sin declarar formalmente su independencia, se regía ya con márgenes de autonomía notables, y en el que asomaba una economía política de tinte proteccionista.

No conviene tratar esos escritos como piezas aisladas de un pensador excepcional. Son, más bien, el punto en que el reformismo borbónico tardío —el mismo que había alimentado a Mutis, a Nariño, a los redactores del Papel Periódico— toma en Cartagena la forma de un programa mercantil coherente. La denuncia del contrabando no es moralismo colonial: es diagnóstico de una fiscalidad quebrada. La defensa del proteccionismo no es dogma: es respuesta a la parálisis del comercio atlántico durante las guerras napoleónicas. Ese lenguaje —técnico, económico, cauteloso frente a la ruptura pero exigente en la reforma— es el que el niño Lino escucha en la mesa familiar.

Ese es el aire que respira en la Cartagena de la primera década del siglo: una ciudad portuaria en la que la crítica al orden imperial se hace desde adentro, con lenguaje técnico y sensibilidad económica, no desde el pronunciamiento militar. La familia extendida —los Pombo, los O'Donnell por rama materna, las alianzas con la élite criolla— constituye una plataforma social de la que Lino no saldrá nunca del todo. Toda su carrera posterior, incluso cuando parezca alejarse del comercio hacia la ingeniería y la diplomacia, se apoyará en ese sustrato: una manera cartagenera de pensar el Estado como problema de instituciones y no de caudillos.

La independencia y el sitio de Cartagena de 1815, con la reconquista de Pablo Morillo y la caída de los notables criollos, quebraron aquella élite ilustrada, pero no la disolvieron. Los sobrevivientes cargaron con la memoria del proyecto reformista trunco; el joven Lino la reactivaría, en clave republicana, dos décadas más tarde.

Formación, campañas y el aprendizaje del oficio de Estado

La formación de Lino se cumple en dos escenarios sucesivos: la península, adonde llega a estudiar ingeniería, y el frente bolivariano, al que se incorpora tras la independencia. La ingeniería militar y civil de tradición española —enseñada en establecimientos como los de Alcalá y Madrid— le proporciona el instrumental técnico del que carece casi por completo la Nueva Granada de entonces: matemáticas aplicadas, topografía, fortificación, construcción, principios de derecho administrativo. Es una formación rara en el país al que regresa, y esa rareza le abrirá puertas durante cuatro décadas.

Su participación en las campañas de independencia y en el ejército de la Gran Colombia lo sitúa en el interior de una máquina militar cuya escala vale la pena recordar: hacia 1825, las tropas republicanas bolivarianas constituían un ejército nacional de unos treinta mil hombres, con historia, símbolos y respaldo gubernamental pleno. Dentro de ese aparato, Lino no fue ninguno de los grandes nombres que la posteridad canonizó —no fue Sucre, ni Urdaneta, ni Córdova—, pero sí uno de los oficiales técnicos cuya labor discreta sostuvo campañas y guarniciones. La evolución de las formas de guerra fue moldeando en paralelo las formas políticas, la definición de los partidos y la organización misma de los ejércitos; Pombo aprendió, en ese cruce, un oficio que después trasladaría intacto a la administración civil: el arte de organizar recursos escasos con reglamentos.

La disolución de la Gran Colombia lo encuentra ya adulto y foguadado. Cuando Bolívar muere en diciembre de 1830, la Nueva Granada —el actual territorio colombiano más Panamá— tiene ya una vida política separada de Venezuela y Quito. El general bolivariano Rafael Urdaneta, apoyado en el batallón del Callao, compuesto principalmente por venezolanos, había instalado una dictadura que sería derrotada a comienzos de 1832. La Constitución de la República de la Nueva Granada, sancionada ese mismo año, formaliza el nuevo Estado y restablece parte del espíritu de las reformas de 1821, otorgando una autonomía limitada a las asambleas provinciales. Ese es el país que Pombo empezará a administrar.

La entrada al Estado santanderista: Academia, Cancillería y el tratado de 1833

El 25 de diciembre de 1832, apenas cerrado el episodio urdanetista y en pleno impulso reformador de la primera administración Santander, se reabre la Academia y se designa a once ciudadanos para ocupar las vacantes de los fallecidos. La lista es una fotografía de la élite ilustrada del momento: junto a Pombo aparecen Joaquín Mosquera, Rufino Cuervo, Joaquín Acosta, José Hilario López y otros nombres del mismo tenor, en una mezcla reveladora de obispos, militares, botánicos y juristas. La Academia había dejado de funcionar y hubo que reorganizarla; en el mismo aliento, Santander impulsó mejoras en el Observatorio Astronómico y el Museo Nacional. La incorporación de Pombo a esa red institucional lo consagra tempranamente como uno de sus operadores civiles.

La designación académica no es decorativa. En una república recién nacida, los círculos ilustrados funcionan como reserva de cuadros para la administración, los tribunales y la diplomacia. Y es en esa última donde Pombo asumirá su primer gran encargo. Como canciller —secretario de relaciones exteriores— de la Nueva Granada, suscribe en 1833 el tratado de límites con Venezuela, negociado con el plenipotenciario venezolano Santos Michelena. El instrumento es la primera respuesta granadina al problema mayor abierto por la disolución de la Gran Colombia: definir con los vecinos qué era, exactamente, cada país.

El tratado, sin embargo, arrastra desde su firma la sombra de sus concesiones. Colombia cedía extensos territorios en la Guajira sin recibir compensaciones equivalentes, cuando los títulos jurídicos permitían reclamar la totalidad de la península. El Congreso neogranadino aprobó el tratado; el venezolano lo rechazó. La paradoja diplomática —que el país perjudicado ratifique y el beneficiado rehúse— revela la lógica de la negociación: Michelena había obtenido concesiones máximas y Pombo había firmado con la esperanza de cerrar el frente cuanto antes. La ratificación quedó trunca y las conversaciones se reanudarían más tarde con Fermín Toro, sin alcanzar solución definitiva. La frontera con Venezuela se convertiría en el más largo de los pleitos limítrofes colombianos del siglo XIX, una sucesión de acuerdos incompletos y renegociaciones que atravesarían tres generaciones diplomáticas.

Contra la lectura fácil —Pombo entregó la Guajira— cabe una segunda: el tratado de 1833 fue la operación de un Estado sin músculo diplomático propio, encabezado por un canciller que buscaba, ante todo, que la Nueva Granada existiera para sus vecinos. Que la ejecución fuese lesiva no cancela el hecho de que fue el primer acto de política exterior soberana del nuevo país. La alternativa realista no era un tratado mejor: era ningún tratado, y con él, la prolongación indefinida de un territorio sin contornos.

Deuda colombiana, límites en cadena y la mecánica del Congreso

En paralelo al asunto limítrofe, Pombo debió negociar el reparto de la deuda de la extinta Gran Colombia entre las tres repúblicas herederas. El asunto no era menor: se trataba de decidir quién asumía qué proporción de las obligaciones contraídas por una entidad estatal ya inexistente, en un momento en que ninguno de los tres países disponía de rentas holgadas ni de crédito internacional consolidado. Aquí también los tiempos legislativos revelan la fragilidad de las instituciones que Pombo manejaba. Venezuela aceptó el convenio en abril de 1835; Ecuador lo hizo el 13 de abril de 1837; la Cámara de Representantes de la Nueva Granada, en cambio, lo rechazó por mayoría el 9 de abril de 1836. La asimetría entre las tres velocidades legislativas —Venezuela expedita, Ecuador demorada pero eficaz, Nueva Granada trabada— dibuja con nitidez las diferencias de cohesión parlamentaria entre los tres herederos.

El fracaso no fue definitivo. Michelena, del otro lado, propuso resometer el asunto a la Legislatura de 1837, aprovechando el inicio de la administración de José Ignacio de Márquez, quien había sucedido a Santander. Márquez apoyó la reapertura con un mensaje del 6 de abril de 1837, y en mayo de ese año el Congreso expidió el acto legislativo que sancionó finalmente el convenio. Cuatro años, dos legislaturas y un cambio de gobierno para ratificar un acuerdo de deuda: esa es la temporalidad real en que operaba la diplomacia técnica de Pombo. Cada renegociación exigía volver a instruir al pleno, recomponer mayorías, esperar el ciclo legislativo siguiente, contener a los diputados que veían en el rechazo una manera barata de exhibir patriotismo. Comparada con la velocidad de los pronunciamientos militares, la lentitud de los tratados y códigos revela por qué el panteón nacional siempre prefirió al soldado sobre el letrado. Pero la Nueva Granada que sobrevivió como Estado —con presupuesto, deuda ordenada y fronteras al menos negociadas— la construyeron estos últimos.

Facciones, moderación y la Guerra de los Supremos

Durante los años treinta, la Nueva Granada se organizó políticamente en dos grandes agrupaciones: los ministeriales, partidarios del gobierno, y los liberales, el grupo civilista alrededor de Santander y Vicente Azuero. La distinción no era todavía la del posterior bipartidismo, pero contenía sus semillas. Santander, fiel a su tendencia legalista, aceptó la derrota de su candidato preferido y entregó la presidencia a Márquez en 1837, aunque después se le opuso; su sectarismo se expresaba menos en la violencia que en artículos cuasi anónimos en la prensa progubernamental. Ese estilo —el ataque frontal cifrado en la seudonimia periodística, el legalismo severo, la indignación contenida— fijó por décadas el repertorio del liberalismo civilista granadino.

Dentro del campo ministerial —y ese es el lugar donde suele ubicarse a Luis Pombo, figura próxima al núcleo familiar de Lino y a la misma red intelectual— se distinguían dos corrientes. Los moderados civilistas seguían a Márquez y a intelectuales como José Manuel Restrepo, y buscaban integrar al antiguo bolivarianismo dentro del orden constitucional de 1832 sin liquidarlo políticamente. Los llamados fanáticos, en cambio, fundaron en 1838 la Sociedad Católica agitando el problema religioso, y encontraron en la defensa de las órdenes conventuales y la ortodoxia doctrinal una plataforma de movilización que anticipaba las guerras culturales del medio siglo. Algunos moderados, distanciados del santanderismo más intransigente por su actitud conciliadora hacia los antiguos bolivarianos, terminaron alineados con el bloque ministerial. En ese ecosistema, Lino de Pombo se movió como los suyos: en el terreno de la administración técnica, sin adscripción faccional estridente, útil sucesivamente a santanderistas, ministeriales y bolivarianos reciclados.

La Guerra de los Supremos (1840-1842) fue el punto de inflexión. Los santanderistas más intransigentes respaldaron el levantamiento; Márquez y los liberales moderados estrecharon su alianza con los antiguos bolivarianos, sentando las bases de la diferenciación partidaria posterior. Es en esa recomposición donde el letrado técnico prueba su valor: mientras las facciones se destrozan por el poder ejecutivo, los tratados firmados, los códigos redactados y las fronteras trazadas siguen ahí, sosteniendo la continuidad del Estado. La guerra civil arrasa gobiernos y prestigios; no arrasa la Ley de Procedimiento Civil ni la prelación de fuentes que ordena los tribunales.

La obra legislativa: derecho, procedimiento, arquitectura constitucional

La Ley de Procedimiento Civil sancionada el 14 de mayo de 1834, bajo la vigencia de la Constitución de 1832, ilustra con precisión la naturaleza del trabajo institucional al que Pombo pertenecía. La ley establecía un orden de prelación de fuentes para los Tribunales de la República: en primer lugar las leyes del Poder Legislativo; luego, pragmáticas y cédulas españolas anteriores al 18 de marzo de 1808; a continuación las Leyes de la Recopilación de Indias, las de la Nueva Recopilación de Castilla y las Siete Partidas.

La Nueva Granada, catorce años después de Boyacá, seguía juzgando con derecho español anterior a la invasión napoleónica, con las Partidas de Alfonso X, con la Recopilación de Indias. En 1822 Santander había creado una comisión legislativa para elaborar proyectos de ley basados en el derecho español; en 1829 Bolívar ordenó redactar un Código Civil basado en el francés; la fractura política de 1830 dejó sin efecto ambos planteamientos. La república continuaba, en la práctica, dentro del derecho colonial reformado. Los letrados como Pombo trabajaban, entonces, en una traducción: pasar el aparato normativo hispánico a un lenguaje republicano viable, sin la ilusión de poder empezar desde cero. La obra jurídica de la Nueva Granada fue, en gran medida, ese trabajo de continuidad reformada, y la Ley de 1834 es uno de sus pilares.

El ciclo constitucional culminaría, mucho después, con la Constitución Política de la Confederación Granadina de 1858, que dividió la república en ocho estados federales pese a su formulación como régimen unitario —una tensión reveladora de las oscilaciones del período— y que el propio Pombo ayudó a preparar. En 1857, el Congreso había creado por ley el estado de Antioquia y había asumido el nombramiento de los contadores del Tribunal de Cuentas, función que antes correspondía al Ejecutivo: reajustes de atribuciones entre poderes que anunciaban el federalismo pleno de 1863. Toda esa arquitectura, hoy leída como fase intermedia entre 1832 y Rionegro, contó con Pombo entre sus técnicos de cabecera.

Ingeniería, obras públicas y cartografía: la Comisión Corográfica

La otra gran vertiente de su vida pública, indistinguible de la anterior, es la ingeniería aplicada al fomento. Durante la primera administración de Tomás Cipriano de Mosquera (1845-1849), las obras públicas se convirtieron en instrumento estratégico de una política modernizadora deliberada. Mosquera y su secretario de Hacienda Florentino González orientaron el esfuerzo a identificar recursos naturales y facilitar su producción y distribución: reformaron las aduanas, eliminaron las aduanas interiores, introdujeron el sistema métrico y usaron la obra pública como palanca. Puesto que la ingeniería no había arraigado en el medio neogranadino, se recurrió a ingenieros extranjeros; los pocos nacionales con formación equivalente, entre ellos Pombo, funcionaron como puentes entre los técnicos foráneos y la administración.

Esa función de bisagra fue decisiva. Un ingeniero italiano contratado por el gobierno neogranadino podía dominar los cálculos y desconocer por completo la lógica administrativa, los ritmos del Congreso, los códigos vigentes, las susceptibilidades regionales. Alguien debía traducir presupuestos en trámites, informes técnicos en actos legislativos, planos en contratos ejecutables. Pombo, con su doble condición de ingeniero formado en la península y funcionario veterano del Estado granadino, ocupaba ese lugar con una naturalidad que pocos podían disputarle.

De esa política resultó, ya bajo el gobierno de José Hilario López y por la Ley 29 de 1849, la Comisión Corográfica, que inició labores en 1850 y se prolongó hasta 1859. La dirigió el coronel-ingeniero italiano Agustín Codazzi (1792-1859) y tuvo por objeto el levantamiento general del mapa de la República y el estudio detallado de sus provincias. Fue el primer intento científico institucional de alcance global emprendido por el país: sus equipos recorrieron buena parte del territorio nacional, tal como estipulaban los contratos, con excepción de una exploración intensiva de la zona del Caquetá.

Codazzi no viajaba solo. Manuel Ancízar iba redactando en el camino la crónica descriptiva de las provincias del norte, que se convertiría en su Peregrinación de Alpha y en modelo de un género intermedio entre etnografía, geografía moral y literatura. José Jerónimo Triana, botánico, levantaba herbarios que darían a la flora colombiana su primer inventario sistemático desde Mutis. Felipe Pérez, más joven, se encargaría después de ordenar y publicar el material acumulado tras la muerte del director. Y el dibujante Manuel María Paz fijaba en acuarelas y láminas los rostros, indumentarias y paisajes que la escritura sola no podía retener. Entre los cuatro, la Comisión producía a la vez un mapa, una descripción, un herbario y un archivo visual: cuatro capas superpuestas de un mismo esfuerzo por conocer el país. Comprendieron todos que el discurso sobre el valor de la ciencia y la técnica para el engrandecimiento nacional debía apuntalarse con acción concreta: recorrer el territorio, medirlo, describirlo, producir conocimiento geográfico sistemático.

La huella de Pombo en la Comisión no fue la del explorador de campo sino la del organizador institucional. Como funcionario, docente y consejero técnico, contribuyó a que la empresa cartográfica —origen remoto de la geografía colombiana moderna— tuviera el amparo legal, el respaldo administrativo y los cuadros formados para operar. En ese sentido, la Comisión Corográfica es también, indirectamente, obra suya.

Junto a ella se creó o reorganizó, en el mismo período, una constelación de establecimientos científicos: el Instituto de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas, el Observatorio Astronómico, el Laboratorio Químico Nacional, el Museo de Historia Natural. Y se consolidó el Colegio Militar, fundado bajo el gobierno de Mosquera y del que Pombo fue docente, con Francisco José de Caldas como modelo tutelar y explícito. Allí formó a una generación de oficiales-ingenieros, cortos en número pero decisivos para la administración pública posterior.

Docencia y transmisión: el Colegio Militar como semillero

En el Colegio Militar se cruzan las dos vidas de Pombo: la del oficial bolivariano y la del ingeniero civil. Concebido como institución de formación científica y técnica bajo hábito militar, siguió el modelo del Semanario del Nuevo Reino de Granada de Caldas más que el de las academias castrenses tradicionales. Enseñar matemáticas, topografía, principios de física y de derecho a jóvenes destinados a servir en obras públicas, cartografía, artillería o administración era, en un país sin escuelas politécnicas, la única manera práctica de producir cuadros. Pombo, con su doble competencia, era el docente natural.

Esa función docente lo convirtió en pieza de una operación cultural más amplia. Las reformas científicas y educativas de mediados de siglo no fueron obra de un solo gobierno ni de un solo hombre, pero convergieron en la idea de que la república necesitaba producir su propio conocimiento del territorio, su propia élite técnica, su propia continuidad con Mutis, Caldas y los sabios de la Expedición Botánica. Pombo fue uno de los eslabones que mantuvieron viva esa cadena. Enseñar topografía en Bogotá en 1850 era, en rigor, prolongar el gesto de Caldas cuando levantaba planos en Popayán medio siglo antes: mismo instrumental, misma ambición de conocer el país por dentro, otra bandera.

La red: tertulias, prensa y familia

Ninguna carrera como la suya se explica sin la sociabilidad ilustrada bogotana. Bogotá, en las décadas que interesan, era todavía una ciudad pequeña donde los notables se conocían todos y se cruzaban a diario en la Academia, en las oficinas del gobierno, en las tertulias domésticas, en las páginas de la prensa. Los grupos selectos —así los llamaba la época— se reunían compartiendo ideales orientados hacia Europa y los Estados Unidos, y entre las familias tradicionales figuraban los Pombo de Brigard, rama con la que Lino se emparentaba.

La genealogía de esa sociabilidad se remontaba al Papel Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá (1791-1797), dirigido por Manuel del Socorro Rodríguez, que había publicado escritos de la Tertulia Eutropélica y reunido en sus páginas a lo más selecto de la ilustración neogranadina: Mutis, Zea, Caldas. La primera generación republicana continuó esa tendencia racionalizadora, reprodujo publicaciones españolas liberales, generó escritos en el mismo espíritu. Cuando Pombo se incorpora, en 1832, a la Academia reorganizada, se está sumando a esa tradición viva.

Las élites políticas e intelectuales compartían estos espacios institucionales como si fueran una misma cosa, y en cierto sentido lo eran: el jurista era también académico, el militar bolivariano dictaba cátedra, el botánico participaba en comisiones legislativas. Esa indiferenciación funcional, que hoy nos resulta extraña, era la única manera de que un país pequeño y pobre sostuviera al mismo tiempo una administración, una universidad, una academia y una prensa. Pombo fue, en todos esos frentes, actor simultáneo.

En esa Bogotá se casó, formó familia y se convirtió, con los años, en cabeza de un linaje. Manuel Pombo Rebolledo, su hijo, publicó un relato de viajes entre Medellín y Bogotá que sería obra citada en la literatura de itinerarios colombianos. Fidel Pombo Rebolledo, otro hijo, prolongó el compromiso familiar con la vida intelectual bogotana. La casa paterna, con su biblioteca, sus visitas y su conversación política y científica cotidiana, funcionó como aula prolongada para la generación siguiente; el capital cultural se transmitía menos por lección explícita que por atmósfera. De ese ambiente saldría Rafael Pombo, el más célebre de la descendencia, que firmaría en 1894 un prólogo célebre sobre Bogotá en el que criticaba con acritud el nuevo orden comercial de la ciudad, y cuya obra poética —desde las fábulas infantiles hasta la lírica más grave— fijaría por décadas el imaginario literario colombiano. Su hermano Jorge Pombo, contemporáneo suyo, sería considerado el más ingenioso de los miembros de la Gruta Simbólica, la tertulia bohemia bogotana de fin de siglo, aunque su nombre haya caído en el olvido. Entre padre e hijos hay continuidad: la misma pertenencia a una élite letrada que se piensa a sí misma como custodia del capital cultural del país, aunque la lengua cambie de la ordenanza jurídica al verso.

Es tentador leer al conjunto de los Pombo como un linaje intelectual que reprodujo durante más de un siglo la misma posición: élite ilustrada cartagenero-bogotana, próxima al Estado sin identificarse enteramente con ningún caudillo, dotada de capital cultural transmisible. Lino, en el centro cronológico de esa saga, es quien articula la herencia comercial y crítica de José Ignacio con la producción literaria y consular de sus hijos. Su centralidad se explica, en parte, por méritos técnicos individuales; en parte, por ese capital de red y parentesco que ninguna república en formación puede improvisar.

Los límites de la agencia técnica

La obra de Lino de Pombo operó dentro de márgenes muy estrechos, y esos márgenes fueron a menudo su condena. El tratado de 1833, firmado con precisión diplomática, fue rechazado en Caracas y quedaría por décadas como asunto abierto. El convenio de deuda tardó cuatro años en aprobarse y requirió cambio de administración. La ingeniería no había arraigado en el país y hubo que traer a Codazzi; los códigos legislativos heredaban derecho español anterior a 1808. La Guerra de los Supremos partió al país en dos y forzó realineamientos que la mera política civilista no podía prever.

La lectura épica de la nación se equivoca al ignorar a Pombo, pero también se equivocaría una lectura simétricamente ingeniera que lo convirtiera en arquitecto único del Estado. Fue algo más modesto y, quizá por eso, más decisivo: un mediador que mantuvo abierta la posibilidad institucional cuando ni las armas ni las facciones podían garantizarla. Trabajó con los santanderistas, con los ministeriales, con Mosquera y con López, con los conservadores emergentes y con los liberales moderados. Esa aparente ductilidad no era oportunismo; era la condición de posibilidad de la continuidad estatal en un país que cambiaba de constitución cada quince años.

Aquella estatalidad técnica fue, además, en buena medida traducción tardía del reformismo borbónico al lenguaje republicano. La prelación de fuentes que incorpora las cédulas españolas de 1808, las comisiones legislativas basadas en derecho hispánico, la continuidad racionalizadora entre la Colonia tardía y la primera república: todo apunta a que el laboratorio de estatalidad no fue una ruptura sino una reconfiguración, con nueva bandera, de dispositivos coloniales. Los letrados de la Nueva Granada, Pombo entre ellos, fueron menos fundadores que herederos que supieron gestionar la herencia. Reconocerlo no los disminuye: los sitúa con precisión en el arco largo de la historia institucional hispanoamericana, donde la ruptura de 1810 fue menos radical de lo que la retórica patria sostuvo después.

Rionegro en el horizonte

Lino de Pombo murió en Bogotá en 1862, en vísperas de la consolidación federalista de Rionegro y de las reformas radicales que darían al país otro rostro. Su nombre figura en textos jurídicos, mapas, actas académicas y tratados internacionales, casi nunca en los frontispicios monumentales que la República reservó a otros. Y sin embargo, cuando la Nueva Granada dejó de existir para dar paso a los Estados Unidos de Colombia, la deuda estaba repartida, las fronteras negociadas o al menos abiertas a negociación, los códigos vigentes, la cartografía en marcha, el Colegio Militar formando cuadros, la Academia funcionando. Nada de eso se hizo solo, ni fue obra de un caudillo victorioso.

Pombo trabajó donde no había épica —en la redacción de un artículo procedimental, en la corrección de un plano, en la ratificación demorada de un convenio de deuda— y precisamente allí, en esa zona sin brillo, se decidió buena parte de que hubiera un Estado que heredar. Rionegro pudo ensayar el federalismo radical porque antes existió una administración que ordenar. Esa administración, en la generación anterior, llevaba entre otras la firma discreta de Lino de Pombo.