Reconquista

Entre 1815 y 1819, el Nuevo Reino de Granada vivió el intento más sistemático de restaurar el orden colonial español que se conoció en Sudamérica. Se lo llama la Reconquista, con eco deliberado del vocabulario peninsular medieval: la recuperación armada de un territorio percibido como perdido. Fue una operación militar dirigida por el general Pablo Morillo al frente de la llamada Expedición Pacificadora, pero también —y sobre todo— un proyecto político y jurídico de restauración absolutista que instaló tribunales, confiscó bienes, ejecutó cuadros ilustrados y pretendió borrar la memoria de las primeras juntas. Duró apenas cuatro años. En ese lapso, la brutalidad selectiva del régimen dilapidó el apoyo que amplios sectores le habían concedido tras el fracaso de la Patria Boba y terminó fabricando, casi por reacción química, el consenso independentista que Fernando VII quería aplastar. El garrote forjó la república.

La semblanza: una restauración con vocabulario medieval

La palabra Reconquista no es neutra. Al elegirla, la Corona española invocó una tradición de siete siglos de guerra santa contra el infiel para nombrar lo que en rigor era una guerra colonial contra súbditos de ultramar. El gesto retórico importa: convertía a los criollos en apóstatas de la fidelidad debida al rey y autorizaba, por analogía, procedimientos de excepción. Pero el fenómeno colombiano tiene su propia forma. Es una campaña militar corta y fulminante —Cartagena cae en diciembre de 1815, Santafé en los primeros días de octubre de 1816—; es un aparato represivo instalado inmediatamente después, con tres tribunales que operaron desde la capital y se extendieron por las provincias; y es, finalmente, una política de terror que Morillo sostuvo con método hasta que las derrotas venezolanas y neogranadinas lo obligaron a replegarse.

Se la suele leer como interregno, como paréntesis entre la Patria Boba y la Campaña Libertadora. La lectura es cómoda pero engañosa. La Reconquista no interrumpió un proceso independentista lineal: lo produjo. Antes de 1816, en el territorio neogranadino coexistían provincias emancipadas y provincias fieles al rey, y no era evidente cuál sería el desenlace. Después de 1819 ya no había vuelta atrás, y buena parte de la razón está en lo que Morillo hizo entre esas dos fechas.

Los antecedentes: la crisis imperial y la fragmentación criolla

El punto de partida remoto es 1808. La captura de la familia real española por Napoleón —Fernando VII prisionero en Bayona, José Bonaparte impuesto en Madrid— dejó al imperio sin cabeza legítima y a los criollos americanos ante una pregunta insólita: ¿en nombre de quién se gobierna una colonia cuyo rey ha sido secuestrado? La respuesta fue la formación, entre 1809 y 1810, de juntas autónomas que declaraban lealtad al monarca cautivo mientras asumían el poder local. En Nueva Granada, Cartagena, Pamplona, Socorro, Tunja y Santafé encabezaron esa deriva.

Lo que siguió, entre 1810 y 1815, fue lo que la historiografía bautizó con desdén como la Patria Boba. Las juntas no lograron consolidar una unidad política. Cundinamarca, con Antonio Nariño, defendía un centralismo; las Provincias Unidas, con Camilo Torres a la cabeza, apostaban por el federalismo. Provincias enteras —Panamá, Santa Marta, Riohacha, Pasto, Popayán, las sabanas del Sinú— se declararon leales al rey, de modo que la guerra no fue nunca solo entre neogranadinos y españoles, sino también entre neogranadinos entre sí. La expedición de Nariño hacia el sur terminó con su captura por fuerzas realistas cerca de Pasto. La campaña que Bolívar debía dirigir contra los realistas de Santa Marta se disolvió cuando, en lugar de marchar al norte, el caraqueño decidió apuntar sus tropas contra Cartagena para obtener por la fuerza los aprovisionamientos que Manuel del Castillo Rada le negaba. El sitio patriota se sumó a otro anterior impuesto por el propio Castillo. Cuando Bolívar renunció al mando del ejército del Gobierno general el 8 de mayo de 1815 y se embarcó hacia Jamaica, Cartagena quedó sola, exhausta y dividida, para enfrentar lo que venía desde el otro lado del Atlántico.

Fernando VII había regresado al trono en 1814, tras la derrota de Napoleón. Restaurado el absolutismo en la península, buena parte de la población americana volvió a la obediencia sin resistencia. La independencia neogranadina, en el papel, era un cadáver antes de que Morillo desembarcara.

La expedición: quién es Morillo y qué trae consigo

Pablo Morillo era un militar formado en las guerras napoleónicas peninsulares, un oficial de línea acostumbrado a operar en teatros europeos donde la brutalidad se justificaba por la escala. En 1815, Fernando VII lo puso al frente de la mayor expedición militar que España había enviado nunca a sus colonias americanas: unos doce mil soldados destinados a Costa Firme, es decir, a Venezuela y Nueva Granada. Llegó a las costas venezolanas ese mismo año, con instrucciones —parte de ellas secretas— que definían el mandato de pacificación. Su segundo era Pascual Enrile; en la retaguardia política operaban el virrey Francisco de Montalvo y, después, Juan Sámano, cuya dureza con los prisioneros era ya proverbial entre sus contemporáneos.

La lógica de la expedición era clara aunque nunca del todo confesada: no bastaba con derrotar a los ejércitos patriotas, había que descabezar a la élite criolla que los había producido. Morillo, que traía la mentalidad de un general peninsular donde el enemigo era el francés y la traición se pagaba con la vida, aplicó ese principio con una constancia que sus propios superiores en Madrid nunca tuvieron que sostener directamente.

El primer objetivo americano fue Cartagena. El sitio duró ciento dos días. La ciudad, ya debilitada por los asedios previos que le habían impuesto sus propios aliados, resistió con una tenacidad que se pagó carísimo: aproximadamente un tercio de su población murió por hambre y epidemias antes de la rendición. El 6 de diciembre de 1815, con el apoyo de los realistas de las poblaciones vecinas, Morillo entró en la plaza. Bolívar, desde su exilio jamaicano, escribiría después que la posesión de Cartagena era insustituible para asegurar la independencia, que nada era comparable al precio de su posesión y que su control aseguraba la libertad de Cundinamarca. La pérdida, en esa lectura, valía por sí sola la campaña entera.

Desde Cartagena, la expedición avanzó hacia el interior. En Mompox, a orillas del Magdalena y en plena marcha hacia la capital, Morillo hizo ahorcar a varios patriotas y ordenó decapitar el cadáver del teniente coronel Fernando Carabaño, colocando la cabeza en un palo. La imagen anticipaba el método. En los primeros días de octubre de 1816, cuando la reconquista neogranadina se completó con la toma efectiva de Santafé, ya nadie podía dudar de qué clase de restauración se había impuesto.

Los tres tribunales: la arquitectura jurídica del terror

Lo distintivo del régimen de Morillo no fue la violencia militar —esa la había habido siempre—, sino la traducción de esa violencia a formas jurídicas. En Santafé, y desde allí extendiéndose por la Nueva Granada, se instalaron tres instituciones. El Consejo Permanente de Guerra imponía la pena capital a quienes eran acusados de rebelión. El Consejo de Purificación juzgaba a los desleales al rey de España, categoría flexible que abarcaba desde los cabecillas de las juntas hasta funcionarios de segundo orden y ciudadanos particulares señalados por vecinos o denunciantes. La Junta de Secuestros confiscaba los bienes de quienes fueran acusados de traición o de haber colaborado con los insurgentes.

El diseño era ingenioso en su brutalidad. El primer tribunal producía cadáveres; el segundo producía expedientes que quedaban abiertos como una espada sobre las cabezas de los sobrevivientes; el tercero producía dinero. Los recursos obtenidos por las purificaciones y los secuestros eran centralizados por la tesorería del ejército expedicionario para financiar la prolongación de la guerra en la región. La represión se autofinanciaba: los patriotas pagaban con sus haciendas la campaña destinada a exterminarlos. Ese detalle contable, aparentemente menor, explica por qué el régimen pudo sostenerse tanto tiempo sin depender enteramente de remesas peninsulares, y por qué golpeaba con particular saña a las familias con propiedades: había mucho que confiscar.

Los fusilados de 1816: la muerte de una generación ilustrada

El año 1816 quedó grabado en la memoria neogranadina como el año en que la Reconquista se llevó por delante a la mayoría de los líderes independentistas. La lista es larga y desigual, pero contiene nombres que la historiografía posterior convirtió en fundacionales.

Camilo Torres Tenorio, presidente de las Provincias Unidas y autor del Memorial de agravios de 1809, fue ejecutado. Francisco José de Caldas, el naturalista de Popayán, discípulo remoto de Mutis, cartógrafo, matemático, uno de los cerebros más finos que produjo la ilustración criolla, también. Jorge Tadeo Lozano, aristócrata santafereño, botánico, primer presidente de Cundinamarca. José María Carbonell, agitador plebeyo del 20 de julio. Antonio Villavicencio, comisionado regio devenido patriota. José María Cabal, militar y hombre de letras. La represión no distinguió entre el republicano moderado y el radical, entre el científico y el político: descabezó por parejo.

José Fernández Madrid, que había asumido la presidencia patriota tras Torres y renunciado en Popayán, escapó a la ejecución y sobrevivió al régimen. Otros huyeron a los Llanos o a las Antillas. Pero el saldo de 1816 fue devastador: la Reconquista amputó, en un solo golpe, a una generación entera de la élite ilustrada neogranadina, aquella que había leído a Rousseau y a los enciclopedistas, que había fundado periódicos y sociedades económicas, que había pensado el país antes de que existiera como república.

Un año después, en 1817, el régimen ejecutó a Policarpa Salavarrieta. Su fusilamiento —el de una mujer joven, guipuzcoana de origen y bogotana de vida, que servía de enlace con las guerrillas patriotas— añadió al martirologio una dimensión popular y femenina que los grandes nombres masculinos no ocupaban. Antonia Santos, en el Socorro, correría suerte parecida. El régimen no discriminaba por género ni por clase cuando percibía complicidad con la insurgencia.

Morillo dejó por escrito su lógica: se mataba selectivamente a los ilustres por el saber, el valor o la virtud. Rafael María Baralt, historiador venezolano descrito por sus contemporáneos como entusiasta admirador de España, lo definiría después con una fórmula que se volvió canónica: duro y cruel por sistema más que por inclinación. La frase tiene su filo: no atribuye la crueldad a un rasgo personal patológico, sino a una decisión política deliberada. Morillo mataba porque calculaba que había que matar, no porque disfrutara haciéndolo. Esa lucidez del método es lo que hace a la Reconquista particularmente inquietante.

La geografía del terror: de Cartagena al Cauca

El régimen no fue uniforme en el territorio. Su epicentro fue Santafé, donde se instalaron los tribunales y donde cayó la mayor parte de la élite ilustrada. Cartagena, tras el asedio y la caída, quedó bajo el peso de la mortalidad epidémica y de la ocupación militar. Mompox pagó su fidelidad patriota con los ahorcamientos en la plaza. El Socorro y Pamplona, cunas de la insurrección comunera de 1781 y focos tempranos del juntismo, fueron sometidos a persecución sistemática.

Popayán y el suroccidente vivieron su propia versión del régimen bajo la dureza particular de Sámano, que consolidó allí una fama de brutalidad con los prisioneros que sus contemporáneos anotaron sin ambigüedad. Los Llanos de Casanare, en cambio, se convirtieron en refugio y retaguardia: la geografía de sabanas y ríos, la movilidad de la caballería llanera, la dificultad logística que suponía para un ejército regular perseguir guerrillas móviles, hicieron de esa región el santuario donde se conservó y reorganizó el núcleo militar que en 1819 volvería a cruzar los Andes con Bolívar.

La costa Caribe permaneció más firmemente en manos realistas hasta el final. Cuando, ya avanzada la guerra, Cartagena volvió a manos patriotas, fue tras un sitio republicano de más de catorce meses bajo el mando del general Mariano Montilla. El ciclo se cerraba con una simetría cruel: la ciudad que había caído tras ciento dos días de asedio español necesitaría más de un año de asedio patriota para regresar a la causa que había abrazado primero.

La red: los actores del drama

El elenco de la Reconquista se organiza en tres círculos concéntricos. En el centro, los cuadros del régimen: Morillo como cabeza militar y política, Enrile como su segundo, Montalvo y luego Sámano como virreyes, la burocracia peninsular reinstalada en las audiencias y las gobernaciones. En un anillo intermedio, los realistas americanos, criollos y peninsulares residentes que colaboraron con la restauración, delataron a vecinos, ocuparon cargos vacantes o simplemente sobrevivieron adaptándose. En el círculo exterior, la población: campesinos, artesanos, esclavos, indígenas, comerciantes, mujeres, curas párrocos, cuyo comportamiento fue plástico y regional, oscilando entre la lealtad, la resistencia armada y la simple supervivencia.

Del lado patriota, la geografía humana se dispersó tras 1816. Los muertos habían sido los más visibles; los sobrevivientes buscaron los Llanos, las Antillas, el sur venezolano. Bolívar operaba desde Angostura. Santander, joven abogado y militar del Socorro, organizaba desde Casanare la retaguardia neogranadina. Páez consolidaba en el Apure venezolano una caballería llanera formidable. Arismendi resistía en Margarita. Ese archipiélago de resistencias, dispersas pero conectadas, es el que en 1819 convergería en la Campaña Libertadora.

La huella inmediata: cómo el terror fabricó su propio antídoto

Aquí está el nudo del proceso, y aquí es donde la historia se vuelve casi paradójica. Cuando los españoles llegaron, buena parte de la población neogranadina los recibió con alivio o al menos con indiferencia. El fracaso de la Patria Boba, las guerras intestinas, la ineptitud de los republicanos para consolidar un orden estable, habían desilusionado a sectores amplios. Muchos preferían el orden colonial, previsible y conocido, a las improvisaciones criollas. En regiones enteras —Pasto, Santa Marta, Panamá— la reconquista fue vivida como restauración legítima, no como invasión.

La política del terror disipó ese capital político con una rapidez asombrosa. La animadversión franca y abierta reemplazó a la simpatía inicial. Y lo hizo por dos vías. Por un lado, la selectividad de las ejecuciones concentró el golpe sobre las élites criollas, es decir, sobre los sectores que habían dudado más y que —por su prestigio, sus redes de parentesco, sus haciendas— tenían más capacidad de influir en la opinión regional. Cuando Morillo fusiló a Camilo Torres o a Caldas, no ejecutó solo a dos individuos: eliminó nodos de sociabilidad que se tradujeron en resentimiento familiar, comercial y político sostenido durante años. Por otro lado, la Junta de Secuestros llevó la represión al bolsillo: la confiscación de haciendas y bienes convirtió en enemigos irreconciliables a familias que hasta ayer se habían mantenido neutrales.

La consecuencia estratégica fue decisiva. La lucha contra España, que hasta 1815 había tenido rasgos de disputa entre facciones criollas y guerrillas locales, empezó a pensarse como causa compartida. Los intereses de las élites terratenientes y los de los sectores populares, antes divergentes, se alinearon frente al enemigo común. Ese fue el paso —invisible pero fundamental— que permitió transitar del guerrillerismo individualista a la concepción de un ejército libertador continental. Sin ese consenso transclasista, la campaña de Boyacá no habría tenido reclutamiento ni retaguardia.

Al mismo tiempo, la noticia del terror cruzó el Atlántico. Las tácticas sangrientas contra los hombres ilustrados de Nueva Granada se difundieron con rapidez en Gran Bretaña y Estados Unidos, donde encajaron con los tropos de la leyenda negra española que la ilustración anglosajona llevaba dos siglos cultivando. Coincidió —y la coincidencia no fue casual— con el flujo de apoyo monetario, logístico y humano hacia la independencia americana desde esos países: los legionarios británicos que combatirían en Boyacá provenían, en parte, de una opinión pública sensibilizada por los relatos del régimen morillista.

El desenlace militar: de los Llanos a Boyacá

La caída del régimen de la Reconquista no fue instantánea sino acumulativa. El ejército expedicionario se fue desgastando por el simple paso del tiempo tropical: de los aproximadamente doce mil soldados peninsulares que Morillo había traído en 1815, en 1820 sobrevivían menos de tres mil, diezmados sobre todo por el paludismo y la fiebre amarilla. Las remesas de refuerzos desde España, tras el pronunciamiento liberal de Riego en Cabezas de San Juan en 1820, se hicieron imposibles. El régimen peninsular perdió su capacidad de sostener militarmente la reconquista americana justo cuando los patriotas concentraban su fuerza.

La campaña de 1819 lo remató en Nueva Granada. Reunidos en Angostura, los patriotas concibieron un plan audaz: cruzar los Llanos venezolanos en plena estación de lluvias, atravesar los Andes por un paso improbable —el páramo de Pisba— y sorprender por la retaguardia al ejército realista de la Nueva Granada. Bolívar avanzó por Mantecal, Guasdualito, el río Arauca, Tame. En Tame se reunió con Santander y ambos decidieron el cruce. El páramo de Pisba, a más de tres mil metros, casi liquidó al ejército por el frío y la altitud. Del otro lado, en Casanare y luego en el altiplano, la campaña se consolidó con las victorias del Pantano de Vargas y, el 7 de agosto de 1819, de Boyacá.

Boyacá fue la sentencia. El coronel realista José María Barreiro cayó prisionero, capturado por el joven boyacense Pedro Pascasio Martínez; la mayoría de sus jefes, oficiales y tropas fueron apresados o dispersados. Con la noticia, el virrey Sámano huyó de Santafé. Bolívar entró en la capital pocos días después y dejó a Santander como vicepresidente de Cundinamarca, encargado del gobierno y la administración, mientras él mismo marchaba a Angostura a informar al Congreso, donde ese mismo año se creó oficialmente la República de Colombia integrando Nueva Granada y Venezuela con proyección sobre Quito.

Morillo, para entonces, todavía dominaba con su división la región costera y buena parte de Venezuela. Pero la Nueva Granada estaba perdida para el rey. En 1820 firmó con Bolívar el armisticio y el tratado de regularización de la guerra en Santa Ana de Trujillo, y regresó a España poco después. La Reconquista, como proyecto, había terminado.

La huella larga: memoria, martirologio y disputa historiográfica

Si la Reconquista hubiera sido solo un episodio militar, se habría diluido en la crónica de la guerra. Pero sus efectos culturales y políticos duraron mucho más que sus tribunales. La lista de fusilados de 1816 —Torres, Caldas, Lozano, Carbonell, Villavicencio, Cabal— se convirtió en el martirologio fundacional de la nación colombiana. La ejecución de Caldas fue evocada por su coterráneo José María Gruesso en la Lamentación de Pubén, publicada en 1820, poema en el que, curiosamente, aparece por primera vez en las letras neogranadinas la palabra romántico aplicada a la naturaleza. El naturalista fusilado se transformaba así en emblema doble: víctima del absolutismo y precursor de la sensibilidad moderna.

Bogotá materializó esa memoria en piedra a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX, con monumentos a Policarpa Salavarrieta y a los Mártires de la Patria en la plaza que hoy lleva su nombre. El calendario cívico y los manuales escolares hicieron el resto. Los relatos de historia patria organizaron el pasado como una diacronía de héroes ejemplares, con cortes temporales que se mantuvieron sin mayores alteraciones durante todo el siglo XX.

Pero la Reconquista no fue interpretada de una sola manera. La historiografía liberal decimonónica vio en Morillo la encarnación del absolutismo europeo, la prueba definitiva de que España no era capaz de reformarse, y usó el martirologio de 1816 como legitimación de proyectos republicanos radicales. La historiografía conservadora, en cambio, representada por autores como José Manuel Groot y su Historia eclesiástica y civil de la Nueva Granada de 1869, otorgó al legado hispánico —la lengua, la religión, las instituciones— un valor positivo, y matizó el juicio sobre la Reconquista subrayando la continuidad cultural entre colonia y república. A fines del siglo XIX, el proyecto regeneracionista impulsado por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro consolidó esta segunda lectura: la nación colombiana como heredera de España, no como su enemiga. El manual escolar de Jesús María Henao y Gerardo Arrubla, que formó a generaciones enteras de colombianos, trazó una línea de continuidad con el regeneracionismo y no repudió a España ni su acción en la Conquista y la Colonia, cohesionando la herencia colonial con el período republicano.

Ese debate no es de anticuarios. En él se juega la pregunta de qué es Colombia: una república surgida contra España o una nación española tardíamente emancipada por circunstancias históricas. La Reconquista es el punto donde esa pregunta se vuelve más aguda, porque es el momento en que el poder colonial, para sostenerse, tuvo que matar a la propia élite criolla que aún dudaba entre ambos mundos.

La ironía del proceso

Queda una pregunta que atraviesa el episodio entero. ¿Fue la Reconquista la causa de la independencia, o solo su detonante? El territorio neogranadino ya estaba militarmente indefenso cuando Morillo desembarcó, fracturado por sus propias guerras internas, por el conflicto entre Bolívar y Castillo, por la incapacidad de las provincias para unificar el mando. Sin la Reconquista, probablemente la restauración absolutista habría triunfado con menos violencia y habría durado más. Con la Reconquista, ese mismo triunfo se convirtió en pírrico: consolidó por reacción el consenso que su ausencia no habría producido.

Es probable, también, que la crueldad de Morillo no fuera una orden explícita de Fernando VII sino una improvisación local, la lógica autónoma de un militar formado en la guerra peninsular que trasladó al Caribe los métodos aprendidos contra los franceses. Baralt lo vio con lucidez: crueldad por sistema, no por inclinación. Ese sistema, sin embargo, no estaba diseñado en Madrid con claridad estratégica; se fue instalando sobre la marcha, respondiendo a las circunstancias, aprovechando las herramientas jurídicas del Antiguo Régimen —los consejos de guerra, las purificaciones, los secuestros— para producir una represión que resultó, a la vez, jurídicamente formal y políticamente catastrófica.

La Reconquista descubrió, sin proponérselo, un límite del absolutismo tardío. Podía matar a los cuadros de la élite ilustrada, pero al hacerlo los transformaba en mártires; podía confiscar sus bienes, pero al hacerlo alineaba contra sí a las familias propietarias; podía ocupar el territorio, pero no podía gobernarlo sin el consentimiento de una sociedad que había convertido cada ejecución en un agravio recordado. En 1815, buena parte de Nueva Granada estaba dispuesta a volver a ser colonia. En 1819, esa disposición había desaparecido. En medio no había habido conversión ideológica masiva ni predicación republicana efectiva: había habido tribunales, patíbulos y confiscaciones. Ese fue el trabajo, involuntario pero decisivo, de la Reconquista. Fernando VII envió doce mil soldados a salvar su imperio americano; con lo que le devolvieron fue una república.