Mariano Montilla

Un mantuano en la guerra larga

Montilla nació en Caracas a comienzos de la década de 1780, en una familia de la aristocracia criolla venezolana. Su pronta incorporación a la causa independentista y la trayectoria militar posterior lo sitúan sin ambigüedad dentro del bloque mantuano que hizo posible la Primera República en 1811 y sufrió luego el largo naufragio de las siguientes. Su hermano Tomás Montilla figuró también entre los oficiales patriotas de esa generación, lo que confirma la matriz familiar: hermanos, primos, cuñados que se distribuían mandos y territorios en un ejército que era, también, red de parentesco.

Entre 1813 y 1819, esa generación vivió la fase más dura de la guerra: los años de la "pequeña guerra", con ejércitos libertadores de apenas tres a siete mil hombres, derrotas sucesivas, exilios en Jamaica y Haití, y el aplastamiento de la Nueva Granada por Pablo Morillo. Montilla alternó operaciones en Venezuela, gestiones en el Caribe insular y contactos con las redes de apoyo antillanas que sostuvieron la resistencia. Ese aprendizaje explica por qué, cuando en 1819 Bolívar necesitó un jefe para abrir el segundo frente costero, lo eligió a él.

El encargo del Libertador

La estrategia de Bolívar tras Boyacá era doble. En Venezuela, donde Morillo mantenía cuerpos veteranos, convenía permanecer a la defensiva. En cambio, había que atacar las tres plazas del litoral caribe —Cartagena, Santa Marta, Maracaibo— que aún resistían y desde donde España podía intentar cualquier reconquista. Cortarlas del mar significaba estrangular al enemigo por su punto más sensible.

En diciembre de 1819, Bolívar organizó la que se conocería como campaña del Magdalena. Su objetivo central declarado era liberar Maracaibo, considerado la llave para recuperar Venezuela; la liberación de Cartagena figuraba como propósito complementario, aunque de hecho fuera lo primero que se lograra. Bolívar encomendó a Mariano Montilla hacerse cargo de la división de voluntarios irlandeses que había desembarcado en la isla Margarita en el marco de la Legión Británica, y desde allí lanzar la ofensiva sobre el litoral. El almirante Luis Brión, corsario curazoleño al servicio de la República, coordinaría el bloqueo naval: sus fuerzas debían cerrar la boca del mar abierto mientras las tropas de tierra estrechaban la plaza.

Entre 1820 y 1821, Montilla operó sucesivamente sobre Riohacha, Santa Marta y Cartagena. Un documento suyo del 15 de noviembre de 1820 atestigua su actividad en la zona ya en esa fecha. La liberación de Cartagena fue el episodio decisivo. Tras un asedio prolongado, la ciudad amurallada terminó capitulando: el 24 de junio de 1821 —Noche de San Juan— se produjo, según la propia narración de Montilla, una acción que aprovechó una fiesta masónica de los oficiales españoles; en julio de ese año Montilla despachó al vicepresidente Francisco de Paula Santander dos informes fechados el 10 y el 20 sobre el estado de las operaciones. La entrada patriota definitiva se consumó en octubre de 1821.

El sitio había durado más de un año. Su financiamiento revela otra capa de la operación: el comerciante Juan Bernardo Elbers, que años después introduciría los vapores al Magdalena, declaró en 1851 haber suministrado grandes auxilios de dinero tanto a Padilla como a Montilla para el equipo de la flotilla que actuó frente a Cartagena. La guerra en el Caribe se hizo también con crédito privado, y esa participación pecuniaria dejaría después su cauda de reclamos y sospechas.

Consumada la toma, Montilla se ocupó de reorganizar la administración de la costa y en particular las rentas del aguardiente y del tabaco. Luego se trasladó a Santa Marta —a donde llegó con el ánimo prevenido por noticias de fraude generalizado en la aduana y contrabando abierto— y de allí a Riohacha, donde estableció su cuartel general para preparar la expedición sobre Maracaibo. Esa fuerza estuvo lista hacia finales de 1822, casi tres años después de que Bolívar concibiera la campaña del Magdalena. Montilla dirigió las operaciones terrestres; la flotilla, en la que Padilla ya había ganado prestigio, se abrió camino por el lago hasta la victoria naval de 1823 que selló la independencia de Venezuela por el occidente.

El gobierno de la costa

La Gran Colombia, proclamada en Angostura en diciembre de 1819 y organizada por la Constitución de Cúcuta en 1821, era un edificio centralista que reunía teóricamente el territorio del antiguo Virreinato de Nueva Granada. Pero su consolidación tomó años, y en la periferia esa arquitectura dependía de un puñado de generales-gobernantes. Montilla fue el hombre de Bolívar en el Caribe neogranadino: Comandante General del Departamento del Magdalena, con jurisdicción sobre las tres plazas que él mismo había ayudado a rendir y sobre un litoral extenso, poroso, mestizo, tradicionalmente refractario al mando de Bogotá.

El poder que ejerció desde Cartagena entre 1821 y 1828 fue simultáneamente militar, administrativo y fiscal. Organizó las aduanas, intentó controlar el contrabando endémico en Santa Marta y Riohacha, gestionó las rentas estancadas, mantuvo correspondencia con Santander en Bogotá sobre asuntos de gobierno. Ese entramado, que en el papel era el de un funcionario republicano, tenía en la práctica el color de una tenencia personal: cargos otorgados, plazas repartidas, redes clientelares tejidas con oficiales venidos de Venezuela, comerciantes locales y familias notables. En una economía costera donde el contrabando había sido durante siglos la forma normal del comercio, la aduana operaba menos como institución fiscal que como punto de negociación entre el poder político y los grandes tratantes. La figura del gobernador militar tendía inevitablemente a superponerse con la del árbitro económico, y Montilla habitó esa ambigüedad con la naturalidad de quien se sabe pieza única en el tablero.

El precio político de esa hegemonía fue alto. Su propio grupo bolivariano y sectores de la élite gran colombiana llegaron a acusar a Montilla de utilizar su posición para enriquecerse de manera fraudulenta. Años después, cuando ya era enemigo político declarado de Manuel Marcelino Núñez —tío del futuro presidente Rafael Núñez—, denunció con acritud la "fortuna colosal" que este último habría amasado entre 1822 y 1828 y sus especulaciones marinas; la simetría del reproche es reveladora, pues el propio Montilla arrastraba imputaciones análogas. La memoria popular cartagenera terminó por expresarse de manera contundente: hacia el final de su mando, prácticamente tuvo que abandonar la plaza ante manifestaciones de rechazo. La ciudad que había ayudado a liberar no lo despidió con honores.

La costa caribe neogranadina, en los años veinte, era un mundo de puertos desiguales y hatos ganaderos en el interior, con poblaciones ribereñas del Magdalena que dependían del bogaje. Convivían allí comunidades libres de negros e indígenas semiautónomas y comerciantes extranjeros —británicos, franceses, curazoleños, jamaicanos— establecidos en Santa Marta y Cartagena. Gobernar ese conjunto desde una única plaza fortificada exigía, más que ordenanzas, una permanente negociación con actores locales que rara vez cabían en las categorías republicanas escritas en Cúcuta. Montilla actuó, en la práctica, como un virrey menor, con la diferencia de que su legitimidad no venía de un rey lejano sino de un Libertador cuyas decisiones cambiaban con la geografía militar.

Padilla, o el otro Caribe

El conflicto central de esos años no fue con notables blancos. Fue con José Prudencio Padilla, el marino que había combatido a su lado. Y precisamente porque estalló allí —entre dos oficiales de la misma guerra— revela lo que estaba en juego en la costa recién liberada.

Padilla era todo lo que Montilla no era. Nacido en Riohacha, hijo de un pescador pobre, mulato, sin abolengos, con educación formal precaria, se había embarcado a los catorce años en la Marina Real Española, ascendido a contramaestre de navío y regresado a las Antillas para incorporarse a la causa republicana. Su prestigio militar era genuino: había sido protagonista de la flotilla que forzó la rendición de Cartagena, y luego de las operaciones lacustres que culminaron en la batalla del Lago de Maracaibo en 1823. En Cartagena, además, no era un forastero: era el héroe local, el hijo de la costa, el símbolo viviente de que la República podía tener rostro pardo.

Montilla, mantuano caraqueño, oficial patricio, gobernador impuesto por Bogotá, representaba en su persona la jerarquía sociorracial que la Independencia había prometido —al menos retóricamente— disolver. Que Padilla, negro y popular, ascendiera al alto mando naval sin dejar de ser lo que era, resultaba tolerable dentro del ejército; que se convirtiera en referente político de los afrocartageneros dentro de una ciudad que Montilla gobernaba, no.

A las diferencias de origen se añadió una fricción íntima que la documentación registra sin ambages: Juanita Rodríguez, mulata antillana conocida como la "Zamba Jarocha" y traída de las Antillas por Montilla, lo abandonó para irse con Padilla. La afrenta personal —minúscula al lado de las cuestiones estructurales, y precisamente por ello capaz de encender lo estructural— corrió por debajo del resto del conflicto.

Cartas privadas, categorías públicas

La correspondencia reservada de Montilla con Santander preservó el idioma con que aquella élite pensaba la costa. En al menos una carta, Montilla usó los términos "pardita" y "mulatica" para calificar a compañeras de oficiales y a mujeres relacionadas con miembros del cabildo de Cartagena. Señaló que la mitad de ese cabildo estaba integrado por mulatos y lo presentó al vicepresidente como una amenaza política para la República. A la compañera de Padilla —vinculada al teniente coronel Pedro Romero, uno de los pardos ilustres de Cartagena— la calificó de "pardita hermana de Romero". El registro es reservado y su tono, denigratorio: son las categorías del Antiguo Régimen colonial recicladas para el uso de un gobernador republicano.

Esas cartas evidencian que las jerarquías raciales de la Colonia no desaparecieron con la independencia sino que se reorganizaron dentro de la retórica igualitaria de la república. No se trata de deducciones lejanas: son palabras precisas escritas por el propio gobernador. Al mismo tiempo, cumplían una función política: preparaban el terreno discursivo para lo que vendría en 1828. El diminutivo despectivo —"pardita", "mulatica"— hacía dos operaciones simultáneas. Rebajaba a las mujeres nombradas al plano de la anécdota doméstica y, al mismo tiempo, marcaba con una etiqueta racial a los hombres a los que estaban ligadas. En el juego de la correspondencia reservada, esa marca circulaba de Cartagena a Bogotá sin resistencia, se depositaba en la mente del vicepresidente y regresaba, cuando hacía falta, en forma de sospecha institucional.

1828: la acusación como estrategia

El año 1828 fue el de la fractura definitiva de la Gran Colombia, y Montilla actuó en el epicentro. Desde 1826, Bolívar había impulsado un proyecto constitucional inspirado en su Constitución boliviana —presidencia vitalicia, poderes casi monárquicos— que colisionaba con el legalismo santanderista. La Convención de Ocaña, reunida en abril de 1828, debía dirimir esa disputa. Los diputados bolivarianos se retiraron para forzar su disolución. En agosto, Bolívar asumió la dictadura.

En ese cuadro, Padilla se había convertido en algo peligroso desde la óptica bolivariana: un líder militar afrocolombiano con base local en Cartagena que se identificaba con la causa santanderista y con la defensa de los delegados liberales en Ocaña, entre ellos el diputado pardo Antonio Baena. En marzo de 1828, tumultos en Cartagena —a los que la retórica bolivariana rápidamente etiquetó como intento de "guerra de colores" o "guerra de clases", términos entonces intercambiables— dieron a Montilla la oportunidad de golpear.

El gobernador escribió desde Turbaco, el 7 de marzo, al Secretario de Estado del Libertador; y a Daniel F. O'Leary, edecán de Bolívar, el 18 de marzo desde Cartagena. Su versión fue nítida: Padilla estaba promoviendo un levantamiento racial contra el orden blanco. La "Sumaria averiguación" abierta sobre los tumultos no contiene pruebas convincentes de esa promoción. Algunos testigos reportaron expresiones atribuidas a gente del pueblo y a corporales pardos sobre "acabar con los blancos", pero la propia sumaria las pone en duda y no consta que constituyeran evidencia formal. La acusación funcionó igual: sirvió para deslegitimar simultáneamente a Padilla y a los liberales santanderistas que en Ocaña lo habían defendido.

Joaquín Posada Gutiérrez, testigo del período, resumió después el episodio con dureza: en los sucesos de marzo, Padilla no habría cometido "más que imprudencias" que "no pasaban de simples conatos", y Montilla actuó con precipitación, lo que "llevó a la destrucción del almirante". Es un juicio contemporáneo, no una tesis tardía: quien lo emite es un memorialista del bando conservador.

Padilla fue arrestado, procesado y trasladado a Bogotá. Cuando el 25 de septiembre de 1828 estalló el atentado septembrino contra Bolívar, Padilla ya estaba preso: no tuvo parte en el complot, según el propio Posada, y no supo lo que pasaba hasta que su prisión fue invadida. Aun así, fue el primero en ser ejecutado tras la conspiración —fusilado y luego colgado en la plaza mayor de Bogotá el 2 de octubre de 1828—, víctima probable de los prejuicios contra los pardos. La sentencia se sostenía menos en pruebas que en el clima de acusaciones raciales que Montilla había ayudado a construir durante los meses previos.

La instrumentalización política del argumento racial fue, además, transversal: tras la caída del bolivarianismo, también representantes del gobierno santanderista recurrieron a la acusación de guerra racial contra otros líderes populares. La utilidad del recurso trascendió las facciones. Pero fue Montilla quien lo desplegó con más eficacia y consecuencias, y quien lo hizo cuando aún estaba en juego el destino del proyecto grancolombiano entero.

El bolivariano intransigente

En los meses siguientes a la dictadura, Montilla se mantuvo como uno de los sostenes del proyecto de Bolívar en el norte de la República. Su correspondencia lo muestra vigilante frente a cualquier disidencia dentro del propio bloque bolivariano: en 1829 dirigió una advertencia a José María Córdova, el general antioqueño cuya lealtad al Libertador empezaba a resquebrajarse y que efectivamente se sublevaría ese mismo año, cayendo en El Santuario. La advertencia no evitó la ruptura, pero deja constancia de la función que Montilla cumplía dentro del bolivarianismo tardío: guardián de la disciplina interna, garante del alineamiento de los mandos regionales.

El desenlace no dependía ya de él. Entre 1829 y 1830 se precipitó el colapso de la Gran Colombia. Venezuela se rebeló abiertamente contra Bogotá bajo la conducción de José Antonio Páez; la presencia del batallón Callao —compuesto principalmente por venezolanos y comandado por el también bolivariano Rafael Urdaneta— aumentó la animadversión entre venezolanos y neogranadinos en la propia capital. Bolívar renunció, emprendió el viaje hacia el Caribe y murió el 17 de diciembre de 1830 en la quinta de San Pedro Alejandrino, en las cercanías de Santa Marta —dentro, precisamente, del territorio que Montilla había gobernado.

Para entonces, la Nueva Granada tenía ya vida política separada. Urdaneta asumió el poder militar en Bogotá como dictador, sostenido por los bolivarianos, pero su régimen fue efímero: en 1831 fue derrotado, y a comienzos de 1832 se promulgó la Constitución de la República de la Nueva Granada.

Montilla vivió esa transición desde la costa. Una carta suya del 17 de marzo de 1831 al cónsul británico Edward Watts muestra que seguía siendo interlocutor de los agentes extranjeros en Cartagena. Poco después, la nueva república republicanizó a distancia el litoral: Watts fue expulsado a finales de 1831 y los bolivarianos de la región —entre ellos Juan de Francisco Martín, aliado cercano de Bolívar durante la dictadura de 1828— pasaron a la vigilancia diplomática. En marzo de 1832, el agente neogranadino en Kingston reportaba a Bogotá que De Francisco Martín y otros antiguos bolivarianos preparaban un barco desde el exilio jamaicano. El poder que Montilla había ejercido durante casi una década quedaba, así, desmontado desde arriba.

Sobrevivió a la Gran Colombia dos décadas. Murió en 1851, en un país ya distinto —la Nueva Granada de las reformas de mediados de siglo—, y con una memoria pública dividida.

La red de un mando

La figura de Montilla no se entiende aislada: se sostuvo en tres círculos concéntricos que dan la medida de su poder y de sus límites.

El primero fue el ejército libertador, patricio y transnacional, cuya lengua franca era el mando. Bolívar coronaba la pirámide como fuente última de legitimidad, y desde esa cúspide fluían las órdenes que definían el margen de maniobra de cada jefe regional. Brión fue el socio naval de la campaña de 1820-1821: sin su bloqueo, la caída de Cartagena habría sido impensable, y la relación entre los dos oficiales combinó cooperación operativa y rivalidades por el reparto del mérito, según el patrón habitual en aquel ejército. Tomás Montilla y otros oficiales venezolanos formaban la red familiar y de generación que multiplicaba los contactos de Mariano y le aseguraba lealtades cruzadas dentro y fuera del Caribe. Córdova era un par regional en el Occidente, en el círculo estrecho de los mandos bolivarianos con base territorial propia, hasta que dejó de serlo. Urdaneta fue el referente militar de la crisis final, el hombre al que los bolivarianos entregaron el poder en Bogotá cuando ya el edificio se venía abajo. Dentro de ese círculo, Montilla no era un subordinado más: era una pieza que Bolívar movía con precisión sobre el tablero costero, y su autoridad emanaba directamente de esa cercanía con la cúspide.

El segundo círculo fue la administración gran colombiana, la maquinaria civil y burocrática que sostenía —o pretendía sostener— la centralidad de Bogotá sobre la periferia. Santander fue su interlocutor institucional durante los años en que ambos servían a la misma república: la correspondencia entre el gobernador de la costa y el vicepresidente encargado del ejecutivo cumplía la función ordinaria de cualquier administración, aun cuando por debajo circulara ya la lengua racial que preparaba futuras rupturas. O'Leary, edecán de Bolívar, funcionó como corresponsal directo del Libertador y canal alterno a la vía formal, un doble circuito de comunicación que Montilla supo utilizar con habilidad cuando le convino. Los prefectos y gobernadores departamentales completaban el andamiaje: Juan de Francisco Martín, sucesor y aliado en Cartagena tras 1828, prolongó el proyecto centralista en la costa cuando ya se acercaba su desmoronamiento, y su exilio jamaicano en 1832 marcó el final de esa continuidad.

El tercer círculo, el más conflictivo y también el más revelador, fue la propia sociedad cartagenera. Padilla y los oficiales pardos, los cabildantes mulatos, los comerciantes locales cuyas fortunas dependían del giro marítimo y del contrabando, los sectores populares afrocartageneros que reclamaban ciudadanía plena en la república recién fundada, integraban un tejido denso que Montilla nunca terminó de gobernar realmente. Con unos negoció, a otros los cooptó, a los más incómodos los reprimió. Fue este círculo el que intentó disciplinar y el que, a la larga, lo expulsó: la salida forzada de la plaza al final de su mando no fue anécdota, fue veredicto. En términos de sociología política, el gobierno de Montilla ilustra la asimetría estructural de la primera república grancolombiana en su periferia: una autoridad legalmente republicana, ejercida por un patriciado extranjero a la región, sobre una sociedad local numéricamente afrodescendiente que había participado en la guerra de independencia con expectativas de reconocimiento pleno y se encontraba, al ganarla, en una posición subordinada dentro del nuevo orden.

La memoria disputada

La huella de Montilla es, por eso, doble.

En el registro oficial de la República, quedó como uno de los generales de la Independencia, comandante de la campaña que devolvió al Caribe neogranadino la soberanía patriota, organizador de la expedición que precedió a Maracaibo, gobernante duro pero eficaz de una región difícil. Esa memoria lo integró sin fricción a las galerías de próceres, entre venezolanos que sirvieron a la causa neogranadina, y no tuvo dificultad en absorberlo en el panteón compartido de los dos países surgidos del colapso grancolombiano.

En la memoria costeña quedó de otra manera: como el gobernador que instrumentalizó la acusación racial para eliminar a Padilla, como el mantuano que reprodujo desde el poder republicano las jerarquías coloniales, como el patricio que ejerció el mando militar como poder regional personal y que, al final, tuvo que huir de la ciudad que administraba. Esa memoria pervive en Cartagena y en Riohacha con una densidad distinta a la del recuerdo oficial: allí donde Padilla es héroe civil, Montilla es su antagonista, y la ejecución de octubre de 1828 no es un episodio remoto de la política grancolombiana sino un agravio local.

Las dos memorias son ciertas, y sólo su tensión permite ver a Montilla completo. Su figura condensa la naturaleza doble de la Independencia en el Caribe: la promesa igualitaria y la persistencia jerárquica, la retórica ciudadana y la práctica del privilegio, el proyecto centralista bolivariano y su fragilidad estructural frente a las sociedades locales que pretendía gobernar. La colisión con Padilla no fue un accidente personal —aunque la afrenta íntima de la Zamba Jarocha corriera por debajo— ni una simple pugna faccional entre santanderistas y bolivarianos —aunque encajara en ella—. Fue el momento en que dos posibilidades de república se disputaron el Caribe: una de oficiales patricios que gobernaban desde arriba, y otra de ciudadanos afrodescendientes que reclamaban su lugar desde abajo.

La vida privada de Montilla, más allá de estos episodios públicos —su matrimonio, sus descendientes, su vida doméstica en Cartagena y luego en el retiro—, permanece poco iluminada. En su caso, la línea entre lo privado y lo político —la casa, la mujer traída de las Antillas, la carta reservada al vicepresidente— fue especialmente porosa. La figura pública se conoce en detalle; el hombre entero, apenas se entrevé.