Ejecuciones de Piar (1817) y Padilla (1828): el techo racial de la república

Ejecuciones de Manuel Piar (1817) y José Padilla (1828)

Entre el 16 de octubre de 1817 y el 2 de octubre de 1828, la república naciente ejecutó a los dos oficiales afrodescendientes de mayor rango en sus ejércitos. Manuel Carlos Piar cayó ante un pelotón en la plaza mayor de Angostura, condenado por un consejo de guerra que lo halló culpable, entre otras cosas, de promover la guerra de razas. Once años más tarde, José Prudencio Padilla fue fusilado y luego colgado en la plaza mayor de Bogotá, tras un proceso donde se lo acusó de sedición y de complicidad en la conspiración septembrina, aunque estaba preso cuando ocurrió el atentado. Ambos habían sido decisivos para la independencia: el uno como vencedor de San Félix y arquitecto de la campaña de Guayana; el otro como el hombre que forzó la rendición de Maracaibo y cerró la guerra en el Caribe. Ambos eran pardos. Ambos habían acumulado mando militar autónomo y ascendiente sobre poblaciones afrodescendientes. Y ambos fueron eliminados por el mismo aparato republicano al que habían servido, bajo una acusación —la de preparar una pardocracia al estilo haitiano— que en cada caso operó menos como descripción de los hechos que como dispositivo para transformar una insubordinación política ordinaria en una amenaza existencial que solo la muerte podía conjurar. Las dos ejecuciones, leídas juntas, dibujan el techo racial que la república fundó sin necesidad de inscribirlo en sus leyes.

El mundo del que salieron Piar y Padilla

La independencia venezolana y neogranadina se libró en una sociedad donde los pardos —descendientes libres de la mezcla africana, indígena y europea— constituían aproximadamente la mitad de la población en Venezuela y una proporción decisiva en las provincias costeras del Caribe neogranadino. Ese peso demográfico se había traducido, desde el siglo XVIII, en instituciones milicianas de gente de color libre que servían a la Corona en plazas como Cartagena de Indias, y en arrabales como el de Getsemaní, poblado por artesanos, marineros y jornaleros pardos cuyo estatus, sin dejar de ser subordinado, se había fortalecido con el servicio de armas.

De ese mundo salieron los dos oficiales. Manuel Piar, de origen pardo, ingresó a la lucha patriota en fecha temprana y llegó a figurar entre los oficiales más senior de su condición racial dentro del ejército venezolano, en tensión constante con la élite criolla blanca que dominaba la oficialidad superior. José Prudencio Padilla nació en Riohacha, hijo de un pescador pobre, mulato y sin abolengos, con educación formal precaria y acostumbrado desde niño al trabajo manual; a los catorce años se embarcó en un navío de la Marina Real Española, donde aprendió el oficio de mar que luego pondría al servicio de la república.

Los dos hombres cargaban, además del talento militar, una experiencia social distinta a la de los oficiales criollos. La guerra los encumbró: los pardos entraron al ejército patriota en masa, y algunos, por mérito propio, escalaron a rangos que en la sociedad colonial les habrían estado vedados. Esa movilidad, sin embargo, no disolvió las jerarquías. Las divisiones entre patriotas radicales y sus adversarios de élite reflejaban un desacuerdo profundo sobre el alcance de los cambios raciales y sociales que la revolución debía producir, y la cuestión de si oficiales como Piar y Padilla recibirían el mismo trato honorable que sus pares blancos permaneció abierta, latente, disponible para estallar cuando el poder militar de un pardo empezara a incomodar.

Piar hizo su nombre en la campaña de Guayana. Hacia 1816 y 1817 ostentaba el título de General de División de los Ejércitos de Venezuela y en Jefe del Centro, y el 11 de abril de 1817 obtuvo en San Félix una victoria decisiva sobre las fuerzas realistas que abrió a los patriotas el control del Orinoco. Padilla, por su parte, se formó como marino y combatió en la campaña del Magdalena: participó el 10 de noviembre de 1820 en el combate de la Ciénaga junto al capitán Maza y bajo las órdenes del general José María Carreño, acción que precedió a la caída de Cartagena en manos patriotas. Su gran hora llegó en mayo de 1823, cuando condujo una escuadra de veleros de bajo calado hacia el lago de Maracaibo y dos meses después venció a los navíos realistas del comodoro Ángel Laborde, victoria naval que forzó la capitulación del general Francisco Tomás Morales y selló la independencia militar de Venezuela.

Los servicios eran, en ambos casos, insustituibles. Pero San Félix y Maracaibo produjeron algo más que gloria: produjeron autonomía. Y con la autonomía llegó el problema.

Piar en Angostura: la primera decapitación

Tras la victoria de San Félix, Piar alcanzó una prominencia que trastornó los equilibrios internos del ejército patriota oriental. En un contexto donde ya se disputaban el poder al menos tres polos —la clientela del general Santiago Mariño, la red que se articulaba en torno a Bolívar y la que Piar comenzó a construir premiando ascensos a sus subordinados leales—, el vencedor de Guayana se convirtió, en frase que resume su situación política, en el hombre por derribar. No era solo su rango, ni solo su victoria: era la combinación de mando militar efectivo, ascendiente sobre tropas donde los pardos abundaban, y una trayectoria que incluía un episodio anterior en el mar durante los primeros tiempos de la campaña venezolana, cuando Piar y el general José Félix Ribas habrían intentado despojar al Libertador de su mando, acción atribuida más a la envidia que a cargos fundados, pero que quedó como antecedente de deslealtad.

El 30 de junio de 1817, Bolívar concedió a Piar un pasaporte para que se marchara adonde quisiera. Era la salida negociada: apártate y vive. Piar no aceptó. La decisión de arrestarlo vino después, y con ella la maquinaria del consejo de guerra. En octubre, tras un proceso conducido por el general Rafael Urdaneta como presidente del tribunal, Piar fue condenado por deserción, insubordinación, conspiración contra el orden social y —el cargo más grave, el que en adelante marcaría el patrón— fomento de la guerra de colores. El 16 de octubre fue fusilado en la plaza mayor de Angostura.

Bolívar no asistió a la ejecución, pero la ordenó y la justificó públicamente. El acto tenía un doble destinatario. Hacia adentro del ejército, avisaba a cualquier general con base propia que la insubordinación se pagaba con la vida, sin importar los servicios prestados. Hacia la sociedad pluriétnica que el ejército reflejaba, comunicaba que la república no toleraría la movilización racial explícita, aunque su retórica igualitaria admitiera formalmente a los pardos como ciudadanos. Semanas más tarde, en noviembre de 1817, Bolívar estableció en Angostura un provisional Consejo de Estado presidido por él mismo, con Francisco Antonio Zea, Luis Brión y Manuel Cedeño como miembros. La institucionalidad naciente de la república se armó, así, sobre la tumba fresca de su general más incómodo.

Angostura, tomada en 1817, se convirtió en la base político-militar donde germinó el Estado republicano. En 1819, el Congreso allí instalado eligió a Bolívar presidente y sentó las bases para la unificación con Nueva Granada en la Gran Colombia. La república que nacía declaraba, en la misma respiración, la identificación entre el ejército y la patria liberada: el pueblo era, forzosamente, el pueblo bajo las armas. Y ese pueblo armado tenía ya un precedente sobre lo que le ocurría a los generales pardos que construían mando propio.

Padilla en Cartagena: la construcción del enemigo

Los años que separaron a Piar de Padilla fueron los de la consolidación republicana bajo Bolívar y de la lenta erosión del pacto entre los distintos sectores que habían hecho la independencia. Padilla, tras Maracaibo, quedó como figura pública mayor en el Caribe neogranadino, con base natural en Cartagena, donde su ascendiente sobre los pardos de la ciudad y de la costa —marineros, artesanos, veteranos de guerra— era considerable. Frente a él se levantaba el general Mariano Montilla, venezolano blanco de la élite, comandante militar y gobernador de la plaza, con quien Padilla mantenía una rivalidad que combinaba el conflicto de mando con la distancia social y racial. Montilla sembró sistemáticamente durante años la imagen de una conspiración de los pardos ante Bolívar, alimentando en Bucaramanga el clima de sospecha que luego se descargaría sobre su rival.

El detonante ocurrió a comienzos de 1828, en el contexto de la convocatoria a la Convención de Ocaña, donde bolivarianos y santanderistas medirían fuerzas para reformar la constitución. El miércoles 5 de marzo de 1828, en el cuartel de artillería de Cartagena, durante la lista de las seis de la mañana, el comandante Joaquín María Tatis vitoreó a Bolívar y condenó a muerte al vicepresidente Francisco de Paula Santander. Padilla informó del incidente al comandante Montes declarando que no podía consentirlo. Un episodio previo en el bar Matosi había envenenado ya la relación con los oficiales del bando bolivariano, y en los días siguientes Padilla asumió funciones de mando en la ciudad. Hubo gestiones de negociación con Montilla, en las que participaron Juan de Francisco Martín e Ignacio Muñoz. Y hubo, sobre todo, arengas en Getsemaní.

Fue allí, en el arrabal pardo, donde Padilla cruzó la línea que sus enemigos esperaban. Declaró que Montilla buscaba destruir las leyes y la Convención, afirmó que el general "debía morir" y sostuvo que la Constitución Boliviana no ofrecía ventajas a la "segunda clase" —la clase de colores— que había combatido por la libertad. Esa última frase, pronunciada ante una multitud parda, fue el acto que Montilla necesitaba. Bastó con reproducirla, ampliarla y enmarcarla para convertir una defensa política de las instituciones liberales en un intento de levantamiento racial.

El movimiento, sin embargo, fracasó como acción militar. Cuando Montilla retiró sus fuerzas y luego las reintrodujo en la ciudad, las tropas —soldados de tierra y marineros reclutados forzosamente, con escasa lealtad personal a Padilla— lo siguieron sin resistencia. Padilla no encontró la base popular movilizada que sus arengas presuponían. Se retiró a Mompox, desde donde envió una representación a la Convención de Ocaña, y luego se dirigió hacia Ocaña mismo; pero terminó arrestado en Cartagena, adonde Montilla había restablecido su control.

Desde Bucaramanga, Bolívar reaccionó con una gravedad que revelaba el peso simbólico del asunto. En cartas del 24 y 31 de marzo, del 9 y del 15 de abril de 1828, escribió que Cartagena le pesaba "en el corazón como el único peligro que nos amenaza en el día", y ordenó juzgar a Padilla conforme al decreto de conspiradores —lo que equivalía, en la práctica, a una condena a muerte anticipada. Daniel Florencio O'Leary, secretario y confidente del Libertador, recomendó no juzgarlo en Cartagena: argumentaba que Padilla había sido abandonado por el pueblo y el ejército cuando actuó ilegalmente, pero que un proceso en su propia plaza podía convertirlo en víctima y despertar simpatías peligrosas. El razonamiento revela lo que estaba en juego: no bastaba con eliminarlo; había que hacerlo sin producir un mártir.

En junio de 1828, Ignacio Muñoz prestó declaración jurada en Cartagena acusando a Padilla de liderar, junto con varios delegados a la Convención, una amplia conspiración armada para impedir la adopción de la Constitución Boliviana y separar a Nueva Granada de la Gran Colombia. El escenario procesal quedaba montado. Faltaba el pretexto final.

La conspiración septembrina y el fusilamiento

Ese pretexto llegó la noche del 25 de septiembre de 1828, cuando un grupo de conjurados intentó asesinar a Bolívar en el palacio de San Carlos, en Bogotá. Bolívar huyó por una ventana, Manuela Sáenz ganó tiempo, y la conjuración fracasó. En la madrugada del 26, el general Urdaneta ordenó la detención de alrededor de sesenta personas, entre ellas Santander. Padilla estaba ya preso en Bogotá, transferido meses antes desde Cartagena, y no había participado en el atentado ni tenido conocimiento de él.

La represión posterior barrió el tablero. En los testimonios del proceso no apareció evidencia de valor que justificara la sentencia de muerte contra Padilla, pero la maquinaria estaba en marcha desde marzo. Bolívar había ordenado juzgarlo por rebeldía en Cartagena; el atentado del 25 de septiembre no creó su condena, la aceleró. El papel del propio Santander no quedó plenamente aclarado: se comprobó que estaba al corriente de los planes, pero no pudo probarse que fuera el instigador. Estanislao Vergara, miembro del Consejo de Estado, opinó que si hubiera quedado probada la participación activa habría votado por su muerte, pero como no se justificaba esa circunstancia recomendó la clemencia, argumentando que el Libertador ganaría consideración e influjo perdonándole. A Santander lo salvó, además de la falta de pruebas concluyentes, su condición de vicepresidente y su red política. A Padilla no lo salvó nada.

El 2 de octubre de 1828, Padilla fue conducido a la plaza mayor de Bogotá. Fue fusilado y ahorcado, con la doble ceremonia que la república reservaba para los traidores como escarmiento público. La distancia entre el atentado y su ejecución fue de una semana. Fue ejecutado, en rigor, no por lo que había hecho en septiembre —nada—, sino por lo que había dicho en marzo en Getsemaní, y sobre todo por lo que representaba: un almirante pardo con base social propia en el Caribe, aliado a la oposición liberal, capaz de invocar la igualdad de la "segunda clase" ante una multitud.

Honor, raza y ciudadanía: la mecánica del descrédito

El proceso contra Padilla no operó solo en los tribunales militares. Corrió también en paralelo por otro registro, más antiguo y menos visible: el de los códigos coloniales de honor, que la república había heredado sin desmontar. Un panfletista anónimo atacó a Padilla utilizando el lenguaje del honor colonial —su separación de la esposa adúltera y su cohabitación con Anita Romero, considerada inmoral por no estar sancionada por matrimonio— para excluirlo del cuerpo de patresfamilias respetables que encarnaban la ciudadanía plena. El ataque no mencionaba explícitamente su raza, pero no tenía por qué hacerlo: los conceptos coloniales de honor excluían de suyo a los hombres de ascendencia africana, considerados manchados por la esclavitud y la ilegitimidad de origen, y la crítica a la unión libre de Padilla activaba automáticamente esa exclusión.

Padilla lo entendió y lo denunció. Cuando Anita Romero fue excluida de un baile en casa del comerciante Juan de Francisco Martín, Padilla interpretó públicamente esa exclusión como motivada por la raza más que por la ilegitimidad de la unión, y protestó con la vehemencia de quien reconoce el mecanismo. Anita, hija del artesano pardo Pedro Romero —figura pionera de la Primera Independencia de Cartagena—, no era una mujer cualquiera: pertenecía a una familia que había hecho la revolución en la costa, y ofenderla equivalía a impugnar el linaje republicano de todo un sector social.

El dispositivo racial funcionaba, así, en dos niveles simultáneos. En el formal, la acusación de guerra de razas transformaba la insubordinación política en amenaza existencial y justificaba la respuesta letal del Estado. En el informal, la exclusión por vía del honor colonial negaba al pardo eminente la ciudadanía plena sin necesidad de decretar nada. Cuando Padilla anunció que usaría su espada para defender la igualdad y la integración plena de la clase parda, sus detractores encontraron la formulación que necesitaban: el propio protagonista había enunciado el escenario que autoridades coloniales y republicanas venían prediciendo, y ya solo faltaba acusarlo de querer convertir a Nueva Granada en otra Haití.

La analogía con la Revolución Haitiana operaba, en la Colombia de 1828, como un imaginario político disponible que servía para clausurar cualquier discusión sobre desigualdad racial. Los pardos, se repetía con naturalidad escalofriante, "necesitan poco estímulo para matar blancos". Ese lenguaje estaba ahí, listo para ser activado. Montilla lo activó sistemáticamente. Bolívar, en su correspondencia privada, expresó con frecuencia temores sobre la acción política afrodescendiente en términos ofensivos y dramáticos. Y José Manuel Restrepo, historiador oficial y ex ministro, anotaría en su diario, con alivio, que el desenlace del conflicto con Padilla "no puede haber sido más feliz" porque evitó que se "pusiera al frente de los pardos porque él es un negro". La frase, escrita en la intimidad del diario, expresa con crudeza lo que la retórica pública tenía que decir con más pulcritud: la ejecución de Padilla resolvía un problema racial disfrazado de problema de orden.

Ocaña y la política del miedo

Los dos procesos se inscriben, cada uno, en la coyuntura constitucional de su tiempo. Piar cayó cuando Bolívar apenas construía la institucionalidad de Angostura y necesitaba imponer su primacía sobre los otros generales del oriente. Padilla cayó cuando la Convención de Ocaña —convocada para reformar la Constitución de Cúcuta— entraba en su fase decisiva y el bloque bolivariano medía fuerzas con el santanderista.

En Ocaña, los liberales pro-Santander defendieron a Padilla y apoyaron unánimemente la admisión de Antonio Baena, diputado pardo por Cartagena cuya credencial fue cuestionada por no cumplir las calificaciones de propiedad exigidas. Esa defensa tuvo un costo político alto: los bolivarianos utilizaron el respaldo liberal a Padilla para tacharlo de promotor del desorden social y para deslegitimar, por contagio, a los liberales que lo apoyaban, desplazándolos del papel de defensores de las instituciones republicanas. La acusación de movilización racial funcionó como arma en la disputa constitucional: cada vez que un liberal defendía a Padilla, se le podía imputar simpatía con la pardocracia; cada vez que un pardo defendía sus derechos, se lo podía acusar de preparar la guerra de castas.

La Convención fracasó. El grupo bolivariano más cercano al Libertador —José María del Castillo y Rada, Juan de Francisco Martín y otros— se retiró de las sesiones, provocando su disolución. El 27 de agosto de 1828, Bolívar promulgó el Decreto Orgánico y asumió la Dictadura. Un mes después vino el atentado del 25 de septiembre; en octubre, la ejecución de Padilla. La secuencia no es casual: la eliminación del almirante fue una pieza del cierre autoritario que siguió al fracaso de Ocaña, y la retórica de la pardocracia sirvió simultáneamente para justificar la eliminación de un rival político y para deslegitimar a la oposición liberal que lo había defendido.

Juan de Francisco Martín, que había participado en Cartagena como interlocutor entre Padilla y Montilla, fue premiado con el nombramiento como Prefecto del Departamento del Magdalena. La geometría del poder quedaba ordenada: los bolivarianos blancos ascendían, los liberales quedaban marcados, los pardos activistas quedaban sin cabeza.

Las dos ejecuciones como dispositivo

Leídos en paralelo, los procesos de Piar y Padilla revelan un mismo mecanismo con variaciones. En ambos casos, un oficial pardo alcanzó, por servicios militares extraordinarios, un rango y una autonomía que lo situaron en tensión con el mando central. En ambos, esa autonomía se combinó con base social propia entre poblaciones afrodescendientes —los soldados de la campaña de Guayana en Piar, los pardos costeños y los marineros del Caribe en Padilla. En ambos hubo una insubordinación real y verificable: Piar construyó redes clientelares rivales tras San Félix; Padilla asumió mando en Cartagena y declaró que Montilla debía morir. En ambos, la insubordinación fue procesada bajo la acusación de guerra de razas o de fomento del odio de castas, y castigada con la muerte tras consejo de guerra.

Reducir las dos ejecuciones a incidentes disciplinarios oscurece lo que las emparenta. Reducirlas a puro racismo instrumental oscurece que las insubordinaciones eran auténticas. Lo específico del dispositivo consistió en que la condición racial de Piar y de Padilla transformó rivalidades políticas de tipo ordinario —el general que desafía al comandante, el oficial que se subleva contra la autoridad civil— en conspiraciones raciales de dimensión apocalíptica. Un general blanco insubordinado podía negociar, exiliarse, ser degradado, esperar el indulto. Páez, que se sublevó contra Bogotá en 1826, fue perdonado y confirmado en su mando. Santander, que estaba al corriente del atentado de septiembre, fue desterrado. Piar y Padilla fueron fusilados.

La diferencia no se explica por la gravedad de los actos, sino por lo que cada actor representaba en el imaginario racial de la república. Un blanco insubordinado era un problema político; un pardo insubordinado era, potencialmente, el comienzo del apocalipsis haitiano. La acusación de pardocracia funcionó como acusación performativa: no describía una conspiración existente, la producía como amenaza al enunciarla, y una vez producida legitimaba la respuesta letal. Cuando Padilla dijo en Getsemaní que la clase de color merecía ventajas que la Carta Boliviana no daba, no estaba conspirando para exterminar blancos; estaba haciendo política republicana con un lenguaje que la república formalmente autorizaba. Pero al hacerlo activaba el fantasma que sus enemigos habían venido construyendo, y ese fantasma —una vez activado— tenía vida propia. Restrepo, en su diario, no celebra la derrota de una conspiración; celebra que un negro no haya llegado a ponerse al frente de los pardos. La distinción es todo.

Consecuencias: martirologio, silencio y techo

La ejecución de Padilla no clausuró el problema, aunque lo desplazó. La rehabilitación de su memoria fue decretada por el gobierno de Domingo Caicedo en octubre de 1828 —una rectificación asombrosamente rápida— y ratificada por la Convención Constituyente de 1831, que rehabilitó también los grados y honores de Santander y nombró a este presidente de la República con José María Obando como vicepresidente. La medida despertó protestas de varios sectores antes de ser aprobada, lo que indica cuán viva permanecía la disputa sobre el significado del almirante.

Los Veteranos Defensores de la Libertad de Cartagena tomaron la figura de Padilla y la convirtieron en emblema de martirologio republicano contra la tiranía. La conmemoración de su gloria sirvió para conectar la igualdad racial con la retórica antiaristocrática de la Revolución, y para reclamar el protagonismo político y militar pardo en la fundación de la república. Frente a la construcción conservadora que dominaba la historiografía oficial —la de Restrepo, que calificaba a los pardos activistas de Cartagena de "terribles" y describía a su corriente como "partido demagógico"—, los Veteranos ofrecieron una lectura alternativa donde la represión de pardos liberales y veteranos de guerra era el signo mismo de la tiranía.

En el terreno de la política institucional, algunas trayectorias siguieron abiertas. Mauricio José Romero, pardo de nacimiento e hijo del mulato Pedro Romero, fue vicepresidente de la Convención Constituyente de 1832 que erigió el Estado de la Nueva Granada y segundo firmante de su primera Carta Constitucional. Juan José Nieto, pardo mulato de modestos orígenes, permaneció fiel a los ideales liberales, alcanzó el grado de general en la guerra de los Supremos entre 1839 y 1842, y llegó a gobernador de la provincia de Cartagena y luego a presidente del estado soberano de Bolívar. El liderazgo afrodescendiente no fue eliminado; en el Caribe, especialmente, encontró vías institucionales.

Pero las condiciones cambiaron. La legislación de bonificaciones en propiedad nacional para veteranos benefició principalmente a oficiales de alto rango, y la mayoría de los veteranos caribeños neogranadinos —muchos de ellos pardos, con servicios en la marina y en los batallones costeros— no calificó. La combinación entre eliminación selectiva de los líderes pardos más autónomos y exclusión material del grueso de la tropa parda fue devastadora para la construcción de un liderazgo afrodescendiente estable a escala nacional. Padilla podía ser reivindicado como mártir, pero no podía ser reemplazado.

Por qué siguen importando

Las ejecuciones de Piar y Padilla no fueron episodios laterales de la fundación republicana: fueron actos constitutivos. Definieron, con más eficacia que cualquier ley, el techo por debajo del cual la ciudadanía plena estaba disponible para los afrodescendientes y por encima del cual dejaba de estarlo. Fijaron el precedente de que la movilización explícita del componente racial de la lucha política —incluso cuando esa movilización se articulaba en el lenguaje republicano de la igualdad— sería tratada como sedición contra el orden social y castigada con la muerte. Y establecieron el mecanismo retórico, la acusación de pardocracia, que atravesaría todo el siglo XIX colombiano cada vez que un líder popular con base afrodescendiente amenazara con desbordar los cauces institucionales.

La república igualitaria en el papel exigió, para sostener esa igualdad formal sin realizarla, la eliminación periódica de quienes la tomaban en serio. Ese es el pacto silencioso que Piar y Padilla revelan al pagarlo con la vida. Que uno fuera fusilado por un régimen aún en formación y el otro por una república ya consolidada, con Bolívar como Libertador y como dictador, muestra que el dispositivo era estructural, no circunstancial. Los actores cambiaban; el mecanismo permanecía.

Angostura en octubre de 1817 y Bogotá en octubre de 1828 quedaron unidos, así, por una línea que no aparece en los mapas de la campaña ni en los cronogramas de las convenciones constituyentes, pero que estructura la historia política colombiana con más fuerza que muchas de las líneas visibles. Fue la línea que decidió, sobre los cadáveres de dos almirantes y generales pardos, qué clase de república se estaba haciendo. La respuesta, escrita a fuego en las plazas mayores de dos capitales, fue que se estaba haciendo una república donde los brazos afrodescendientes eran indispensables para la guerra y las cabezas afrodescendientes eran intolerables para el poder.