José María del Castillo y Rada

El criollo cartagenero y su formación

Nació en 1776 en Cartagena de Indias, una ciudad que era ante todo plaza mercantil: puerto y fortaleza del Caribe hispánico, con una elite de españoles y criollos que vivía del comercio ultramarino y una población mayoritaria de castas —mestizos, negros libres, mulatos— que sostenía la vida urbana bajo un régimen de jerarquías rígidas. Los Del Castillo y Rada eran la primera generación de la familia en Cartagena; no una dinastía antigua, sino una casa nueva que se abrió camino en las últimas décadas coloniales y que, en el momento decisivo, tomaría parte activa en la guerra de independencia y en la organización de la nueva república. En la Nueva Granada colonial, el parentesco pesaba más que la fortuna para definir el acceso a la elite, y las redes familiares eran el vehículo principal de adaptación de los grupos regionales. Los Castillo y Rada entraron al círculo dirigente combinando trayectorias mercantiles, políticas y militares en un solo apellido.

Del entorno cartagenero, José María saltó pronto al camino que la elite criolla instruida reservaba a sus hijos más prometedores: el estudio del derecho en Santafé de Bogotá. Era la ruta obligada para aspirar a cargos gubernamentales y al prestigio social que estos conferían, aunque, para los nacidos en América, las probabilidades reales de ascenso en la jerarquía virreinal eran escasas. Esa contradicción entre expectativas altas y techos bajos fue el suelo emocional de toda una generación de criollos ilustrados que hacia 1810 encontraría en la independencia la salida a un desajuste que ya no podían tolerar.

Se formó en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la institución que educó a buena parte de los cuadros civiles del futuro Estado. Su formación fue jurídica y tomista, pero se movió en un ambiente donde ya circulaban con fuerza las ideas de la Ilustración española y la ciencia moderna. La intelligentsia criolla de la Nueva Granada entre 1760 y 1800 compartía con los ilustrados peninsulares el rechazo a la escolástica, el entusiasmo por las ciencias naturales y la fe en la educación como palanca de progreso económico y social. José Celestino Mutis, llegado a Santafé en 1761 como médico del virrey, era el principal agente de esa renovación científica. Castillo y Rada creció intelectualmente en ese cruce entre la tradición jurídica del Rosario y la novedad ilustrada, y la marca sería duradera: sus Memorias de Hacienda de los años veinte respiran ese aire, con su fe en la razón administrativa, su desprecio por lo que consideraba supersticiones fiscales heredadas y su convicción de que la ley bien hecha podía transformar la economía.

De abogado a insurgente

Cuando en 1810 se desató la crisis del régimen colonial, Castillo y Rada tenía treinta y cuatro años y era un abogado formado, con reputación en Cartagena y conexiones en Santafé. El cabildo de Cartagena depuso y expulsó al gobernador de la provincia el 22 de mayo y el 14 de junio de 1810, en el marco de la ola de movimientos autonomistas que recorrió las ciudades neogranadinas ese año. En diciembre, la ciudad convocó a todos los vecinos libres —incluidos mestizos y castas con casa poblada o ingreso independiente— para formar una Junta Provincial, en una apertura política inusual que anticipaba el clima de radicalización cartagenero. Aquella junta excluía a esclavos y a quienes no supieran leer ni escribir sin las condiciones económicas requeridas, pero incorporaba a un espectro social más amplio del que la ciudad había admitido bajo el rey.

En noviembre de 1811 la provincia de Cartagena declaró su independencia absoluta, cuya acta se conserva en el Museo Nacional de Bogotá, y se convirtió en uno de los focos más avanzados de la primera República. Castillo y Rada se movió en el interior político de esa Cartagena en efervescencia, marcada por el antagonismo entre Gabriel Piñeres, a quien las elites acusaban de predicar la igualdad a negros y mulatos y de querer eliminar las jerarquías sociales, y los dirigentes moderados como García de Toledo, que lo veían como un demagogo peligroso. Ese pulso entre radicalismo popular y moderación patricia dividió a la ciudad y fue una de las claves de su debilidad posterior frente al enemigo común.

De Cartagena, Castillo y Rada pasó al escenario nacional. Fue diputado por las provincias de Tunja y Mariquita en los cuerpos legislativos de la Patria Boba, aquel sistema confederal neogranadino que entre 1810 y 1816 intentó, sin éxito, resolver la disputa entre federalistas y centralistas y las rivalidades entre provincias y ciudades vecinas: Mompox contra Cartagena, Girón contra Pamplona, y así. Ejerció la gobernación de Tunja y participó en la prensa política de la época, entre cuyos órganos figuraba Argos, tribuna del bando patriota. En octubre de 1814, cuando la Confederación buscaba concentrar el mando ante la evidente amenaza de una reconquista española, se instaló un triunvirato interino que gobernó hasta enero de 1815, presidido a partir de esa fecha por Custodio García Rovira; Castillo y Rada estuvo entre las figuras vinculadas a ese ensayo de ejecutivo colegiado, junto a nombres como Fernández Madrid.

El experimento fue efímero. La expedición de Pablo Morillo, la más grande enviada por España a América desde la Conquista, cayó sobre la Nueva Granada en 1815. Cartagena resistió un sitio atroz, en el que perdió más de la tercera parte de su población mientras los españoles dejaban 3.125 muertos y otros 3.000 enfermos, pero cayó, y con ella el resto del país. La resistencia pasiva de las comunidades ante las exigencias militares y la deserción masiva de las tropas patriotas terminaron de desbaratar al ejército confederado. En el momento más crítico, el conflicto entre Bolívar y las autoridades de Cartagena sobre el mando militar y los aprovisionamientos estuvo a punto de desatar una nueva guerra civil interna.

Sentenciado a muerte

Instalada la Reconquista, Morillo montó un aparato represivo que sería recordado como el régimen del terror: consejos de guerra que imponían la pena capital a los acusados de rebelión, un Consejo de Purificación para los desleales al rey, Juntas de Secuestros que incautaban los bienes de los patriotas. Bajo ese régimen, Castillo y Rada fue detenido, juzgado y condenado a muerte.

La sentencia no se ejecutó. Numerosas mujeres santafereñas intercedieron ante Morillo en su favor, y con la influencia del jefe peninsular Carlos Tolrá se logró conmutar la pena capital por presidio en la fortaleza de Omoa, en la costa hondureña. Fue confinado primero en Panamá durante un año, y luego trasladado a Cartagena de Indias, donde permaneció bajo trabajos forzados hasta julio de 1820, cuando las tropas del general Mariano Montilla liberaron la ciudad. Cinco años de prisión, presidio y humillación separan al triunviro de 1814 del hacendista que volvería a la vida pública en 1821.

En ese hueco se rehízo el personaje. Castillo y Rada llegó al Congreso de Cúcuta con el prestigio moral de haber sobrevivido a la sentencia de Morillo, con las credenciales de la primera independencia intactas y con la conciencia clara de lo que había fallado: un sistema republicano que se había desangrado en disputas federales y en peleas por el mando mientras el enemigo desembarcaba. Volvió convertido en un cuadro civil con vocación centralizadora, dispuesto a apoyar a los hombres del ejército libertador, sobre todo a Bolívar, en la construcción de un Estado unitario capaz de defenderse.

El arquitecto en Cúcuta

La Gran Colombia había sido proclamada por iniciativa de Bolívar en diciembre de 1819 en el Congreso de Angostura. Faltaba, sin embargo, darle forma constitucional, unir jurídicamente a Venezuela y la Nueva Granada, y organizar un Estado sobre las ruinas fiscales, administrativas y humanas de once años de guerra. Esa tarea correspondió al Congreso General de Colombia, instalado el 6 de mayo de 1821 en la sacristía de la iglesia del Rosario, en Villa del Rosario de Cúcuta, presidido por el general Antonio Nariño, con 57 diputados por Cundinamarca y Venezuela que habían oído la misa del Espíritu Santo en la misma iglesia antes de comenzar sus sesiones.

Castillo y Rada fue una de las figuras centrales de aquel Congreso. La Constitución de Cúcuta consagró los principios del liberalismo constitucional que se estaban imponiendo en el mundo atlántico: legalidad, presunción de inocencia, prohibición de detención sin proceso, derecho a no testificar contra uno mismo o sus parientes. Y estableció, con implicaciones enormes para la vida futura de la República, que el deber de cada ciudadano era contribuir a los gastos públicos, dándole al impuesto el carácter de universal. Ese principio, que era el fin del privilegio fiscal y la igualdad ante la carga tributaria, sería el eje de toda la obra hacendaria posterior de Castillo y Rada.

Cúcuta inauguró un patrón que marcaría la historia constitucional colombiana durante más de un siglo: la alternancia entre revisiones y reescrituras constitucionales al ritmo aproximado de una por década entre 1821 y 1936. Castillo y Rada no llegó a ver la mayor parte de esa deriva, pero fue uno de los que fijó el molde inicial. Ecuador, incorporado a la Gran Colombia tras la batalla de Pichincha en 1822, no tuvo representación adecuada en aquel congreso, y su unión al proyecto colombiano se produjo más como anexión de un territorio conquistado militarmente que como integración negociada, fisura que anunciaba tensiones futuras.

Secretario de Hacienda: el diagnóstico

De Cúcuta, Castillo y Rada pasó directamente al gabinete. Fue nombrado secretario de Hacienda de la Gran Colombia, cargo que ejercería con intermitencias durante casi toda la década siguiente y que lo convirtió en el primer organizador del sistema fiscal del naciente Estado. A su lado, en Relaciones Exteriores, trabajaba el venezolano Pedro Gual, diputado por Cartagena en Cúcuta.

Lo que encontró al asumir la Secretaría era una herencia colonial en ruinas. El sistema tributario recibido de España descansaba en las alcabalas mayor y menor, el diezmo, el quinto real —la quinta parte de la producción minera de metales preciosos—, los estancos de tabaco y aguardiente y una constelación de gravámenes menores. Los estancos habían sido, junto con el tabaco, la principal fuente de ingresos del virreinato entre 1760 y la década de 1790, y el aguardiente había estimulado incluso el crecimiento de las haciendas cañeras y los trapiches. La crisis minera obligó luego a diversificar las fuentes, multiplicar las Cajas reales y depender cada vez más de tributos indirectos que la burguesía comerciante consideraba, desde el inicio de la República, trabas al comercio y la producción. A ello se sumaban prácticas endémicas de evasión y contrabando: subdeclaración de metales preciosos, extracción clandestina, conflictos recurrentes entre la población y el fisco.

Castillo y Rada leyó ese cuadro con lucidez y lo tradujo en un programa. Sus Memorias de Hacienda, sostenidas ante el Congreso en el curso de los años veinte, articularon una crítica sistemática del orden fiscal colonial que combinaba doctrina ilustrada, argumento histórico y proyecto reformador. Sostuvo, como principio rector, que el sistema tributario debía basarse en la igualdad y la proporcionalidad: todos los ciudadanos debían contribuir en proporción a sus fuerzas, sin distinciones, excepciones ni privilegios, porque en materia fiscal, escribió, lo que más ofende no es el peso del impuesto sino la desigualdad. Era la traducción hacendaria del principio consagrado en Cúcuta.

Sobre el diezmo fue implacable. Lo calificó de tributo injusto e insoportable y funesto para la agricultura, y argumentó que mientras pesara sobre las tierras la agricultura permanecería estacionaria. Su crítica no era solo económica: era también histórica y jurídica. Sostuvo que el diezmo no había existido en el mundo cristiano hasta el siglo IV ni en España hasta el siglo XII, que se había extendido a la sombra del despotismo y la barbarie, y que ni los papas habían podido imponerlo ni los monarcas confirmarlo legítimamente. La conclusión era la supresión.

Sobre los bienes de manos muertas, esa masa de propiedad acumulada por conventos, capellanías, cofradías y demás instituciones eclesiásticas y civiles, sustraída del mercado y de la producción, fue igualmente crítico. Los identificó como un obstáculo perjudicial para la agricultura e insinuó la necesidad de desamortizarlos, adelantándose en varias décadas a las reformas que solo se ejecutarían en 1862 bajo Tomás Cipriano de Mosquera. Alcabalas y estanco de aguardiente merecieron el mismo veredicto: impuestos bárbaros, impolíticos y ruinosos para la agricultura, la industria y el comercio, contrarios a las instituciones republicanas, cuyo restablecimiento sería una violación del orden constitucional que la propia República se había dado.

La alternativa era la contribución directa: un impuesto proporcional sobre los haberes, calculado según la capacidad económica de cada ciudadano, que sustituiría a la maraña de gravámenes indirectos coloniales. Era el correlato fiscal exacto de la igualdad ciudadana consagrada en Cúcuta.

Los límites del programa

La contribución directa fracasó. Ya en 1822 se advertía que el nuevo régimen solo podía dar buenos resultados en un país menos desmoralizado, y que los ciudadanos, acostumbrados durante siglos a eludir los impuestos arbitrarios del gobierno español, hacían lo mismo con el nuevo sistema. Los contribuyentes ocultaban sus haberes; los legisladores habían contado con la probidad y el patriotismo de los ciudadanos y se habían engañado. El hábito colonial de la evasión sobrevivía al régimen colonial. La red de recaudación republicana era demasiado débil para forzar el cumplimiento, y las cifras de recaudación no permitían sostener al Estado.

Ese fracaso no era, con todo, una falla del diseño de Castillo y Rada. Era una manifestación de la contradicción estructural que atravesaba a la Nueva Granada: un derecho político formalmente liberal montado sobre una economía de raíz colonial antiliberal. La Constitución proclamaba la igualdad; la economía real, esclavista en la costa y los valles cálidos, con resguardos indígenas en el altiplano, con propiedad acumulada en manos muertas, con haciendas que apenas producían para mercados internos deprimidos, no la podía sostener. Castillo y Rada vio ese abismo con más claridad que casi cualquiera de sus contemporáneos, pero verlo no bastaba para cerrarlo.

Sus sucesores en la Secretaría de Hacienda, tras 1830, conservarían la vieja economía intacta. La República siguió siendo colonial en lo económico pese a su forma liberal. Solo bajo el gobierno de José Hilario López, entre 1849 y 1853, Manuel Murillo Toro, secretario de Hacienda, coordinaría la supresión efectiva de varios gravámenes coloniales: la alcabala, los derechos de exportación, los diezmos, el impuesto al aguardiente, los de hipoteca y registro. El estanco del tabaco, que había sido la principal fuente de ingresos del virreinato y de la República temprana, fue desmontado en el mismo período. La desamortización esperaría a Mosquera en 1862, aunque con procedimientos distintos a los que Castillo y Rada había insinuado. La agenda reformista que él había fijado en los años veinte tardó tres décadas en ejecutarse siquiera parcialmente.

Delegado del vicepresidente

Mientras Bolívar guerreaba en el sur, en Pichincha, Junín y Ayacucho, la Gran Colombia era gobernada por Francisco de Paula Santander desde Bogotá, en un ejercicio de vicepresidencia que fue de hecho una presidencia efectiva. Castillo y Rada fue pieza central de ese gobierno. Ejerció incluso la vicepresidencia interina en momentos de ausencia de Santander, y llegó a controlar de facto todo lo relativo a la Hacienda Nacional.

Ese dominio no fue solo mérito personal. Fue también resultado de la delegación tácita del propio Santander. En carta a Bolívar del 23 de diciembre de 1826, el vicepresidente reconoció que había dejado de intervenir en la hacienda nacional por hastío, permitiendo que Castillo y Rada manejara los empréstitos, las rentas y demás asuntos fiscales. El desgaste político de Santander había dejado un vacío que Castillo y Rada llenó por competencia y por presencia. Fue, durante esos años, el referente indispensable para resolver los apuros fiscales de una República en guerra crónica.

Aquel arreglo funcionó mientras funcionó la Gran Colombia. Pero desde 1826 las diferencias entre Bolívar y Santander se ahondaron profundamente y se convirtieron en uno de los ejes de la crisis del proyecto colombiano. Bolívar, decepcionado del reformismo apresurado de Santander y convencido de que el Estado necesitaba un ejecutivo más fuerte, propuso adoptar en Colombia la Constitución que él mismo había redactado para Bolivia, cuyo rasgo central era un presidente vitalicio con la facultad de nombrar a su sucesor. Santander y los federalistas resistieron. La Convención de Ocaña, convocada en 1828 para resolver el pleito constitucional, no alcanzó ningún acuerdo. Ese mismo año, Bolívar asumió poderes extraordinarios y estableció una dictadura.

Castillo y Rada se alineó en ese pulso con Bolívar. Su convicción centralizadora, forjada en la experiencia de la Patria Boba y del presidio, lo llevaba naturalmente a los sectores partidarios de un ejecutivo fuerte. Participó en la Convención de Ocaña del lado bolivariano y sostuvo el proyecto de una nueva constitución que diera al presidente los poderes que Santander se negaba a conceder. Poco después de la Convención frustrada, y tras el atentado septembrino contra Bolívar en 1828, el coronel José María Obando lideró una revuelta en el sudeste del país en comunicación con los santanderistas de Bogotá; Bolívar se dirigió a la zona rebelde para restablecer el orden. La República se descomponía por múltiples costuras.

Los últimos años

En 1830 el proyecto se derrumbó. Venezuela y Ecuador se separaron. Bolívar renunció a la presidencia en mayo y murió en diciembre. Él mismo había reconocido ante sus más íntimos colaboradores que la reunión de Nueva Granada y Venezuela había sido posible únicamente por la fuerza de su ambición personal, y que sin él la separación sería inevitable. Confesó, con amargura, que no había podido edificar en Colombia nada que pareciera gobierno, ni administración, ni orden siquiera, y que, faltando la fuerza de su ambición con su muerte, sería de gran utilidad anticipar la separación de las dos partes.

Castillo y Rada sobrevivió al colapso del proyecto al que había servido. Regresó a Bogotá y a los espacios civiles que habían marcado su juventud. Fue nombrado rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la institución que lo había formado, y ejerció esa rectoría en los años finales de su vida. En 1832, ante el Congreso de la Nueva Granada, sostuvo, en un pronunciamiento que resume su temperamento fiscal, que en el estado de tranquilidad existente y adoptando una economía bien entendida en los gastos, no había necesidad de aumentar los impuestos públicos. El austerísimo hacendista mantenía intacta, hasta el final, su fe en que la reforma del gasto podía sustituir el aumento de las cargas.

Murió en Bogotá en 1833, a los 57 años. Le sobrevivieron los apellidos, pues los Del Castillo y Rada mantendrían durante el siglo XIX una presencia visible en la vida comercial y política de Cartagena y del país, y le sobrevivió, sobre todo, un archivo de Memorias de Hacienda que las generaciones siguientes leerían y reciclarían.

Su red

Fue un hombre de instituciones más que de amistades notorias, y su vida transcurrió cruzando tres círculos que se superponían sin confundirse. Cartagena le dio el suelo. En la familia y en las redes mercantiles del Consulado de Comercio, creado en junio de 1795 como espacio de poder y privilegio de las elites mercantiles, se formó la base social sobre la que se levantó su carrera; allí aprendió a moverse entre casas nuevas y viejas, entre comerciantes y funcionarios, en el clima caribeño de una plaza que era a la vez fortaleza y bolsa.

Santafé le dio el mundo intelectual. El Colegio del Rosario, con su derecho tomista permeado por lecturas modernas, y la sociabilidad ilustrada tardía de los herederos de Mutis, lo empaparon de una convicción que arrastraría toda la vida: la de que la ley bien hecha y la administración razonada podían torcer la fatalidad económica de un país. En esa Santafé de fines del siglo XVIII se forjaron sus lealtades más duraderas y sus reflejos de jurista.

La política republicana le dio los interlocutores. Compartió gabinete con Pedro Gual y respaldó la visión centralizadora de Bolívar hasta el final. Con Santander mantuvo una relación funcional que fue más una convivencia administrativa que una alianza política, y que se agrietó cuando tomó partido claro en la disputa constitucional de 1826-1828. No fue nunca hombre de facción cerrada ni de tertulia bulliciosa: su manera de hacer política pasaba por los despachos, por las Memorias, por los proyectos de ley redactados con paciencia de jurista. Era un constructor de instituciones, no un caudillo; un jurista que creía en la ley bien hecha, no un revolucionario en el sentido nariñista del término.

Su huella

No fue el estadista todopoderoso que refunda un país. El proyecto grancolombiano no le dio esa oportunidad, y la estructura económica heredada le impuso techos que ninguna reforma administrativa podía romper por sí sola. Fue, en cambio, el arquitecto intelectual del fisco republicano temprano: el jurista rosarista que tradujo el ideario ilustrado tardío en propuestas hacendarias concretas, el hombre a quien Santander delegó de hecho el manejo de la Hacienda y a quien Bolívar sostuvo hasta el final. En la sombra de las grandes figuras militares y de los grandes ideólogos partidistas, fue la inteligencia civil que trató de darle al Estado colombiano una arquitectura fiscal digna de su forma constitucional.

Cuando Murillo Toro llegó al Ministerio en 1849 y Mosquera decretó la desamortización en 1862, no estaban inventando: estaban ejecutando, con las herramientas políticas que Castillo y Rada no tuvo, un programa que él había trazado décadas antes. La suya fue una lucidez adelantada a la República que le tocó servir, y la distancia entre lo que propuso y lo que se hizo mide con exactitud la resistencia de la economía colonial a morir del todo. Medio siglo tardó Colombia en llegar a las conclusiones que él había dejado escritas antes de los cuarenta años.