José María del Castillo y Rada

El criollo cartagenero y su formación

Nació el 20 de diciembre de 1776 en Cartagena de Indias, una ciudad que era a la vez puerto, fortaleza y plaza mercantil del Caribe hispánico, con una población atravesada por jerarquías jurídicas, raciales y económicas. Fue hijo del oficial español Nicolás del Castillo, integrante del Batallón Fijo de Cartagena, y de Manuela Rada de la Torre, perteneciente a una familia distinguida de la ciudad. Quedó huérfano de padre a los diez años. Esa posición familiar facilitó su educación, pero las fuentes disponibles no reducen su trayectoria a una supuesta dinastía mercantil ni permiten reconstruirla como el ascenso lineal de una casa nueva.

Del entorno cartagenero, José María pasó al estudio del derecho en Santafé de Bogotá, una de las rutas disponibles para quienes aspiraban a ejercer como abogados, catedráticos o funcionarios. Para los criollos, esa formación ofrecía credenciales y redes sin borrar las restricciones de la jerarquía virreinal. Ese marco ayuda a situar a su generación, pero no basta para atribuirle a Castillo y Rada un estado emocional ni para presentar la independencia como una salida personal predeterminada.

Ingresó al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 1790, obtuvo el grado de bachiller en 1793 y continuó los estudios que le dieron los títulos de licenciado y doctor en Derecho. En el claustro fue catedrático, procurador y consiliario; en 1802 fue recibido como abogado de la Real Audiencia. Su formación jurídica coincidió con la circulación de ideas ilustradas en Santafé, pero la documentación consultada permite probar mejor sus grados y cargos que una influencia personal específica de Mutis. Sus Memorias posteriores muestran, en todo caso, una confianza marcada en la legislación y la administración como instrumentos de reforma económica.

De abogado a insurgente

Cuando en 1810 se desató la crisis del régimen colonial, Castillo y Rada tenía treinta y tres años y era un abogado formado que había participado en la agitación política desde 1809. El 22 de mayo de 1810 el cabildo de Cartagena estableció una Junta de Gobierno que todavía incluyó al gobernador Francisco Montes como presidente; el 14 de junio el cabildo y una movilización popular lo depusieron y expulsaron. En diciembre, la ciudad convocó a vecinos libres bajo requisitos de domicilio, ingreso y alfabetización para formar una Junta Provincial. Fue una apertura política significativa, aunque mantuvo exclusiones sociales y jurídicas.

En noviembre de 1811 la provincia de Cartagena declaró su independencia absoluta y se convirtió en uno de los focos de la primera República. Castillo y Rada estuvo vinculado al proceso independentista, aunque las fuentes consultadas no permiten asignarle un papel preciso dentro del antagonismo entre Gabriel Gutiérrez de Piñeres y José María García de Toledo. Ese conflicto entre facciones y sectores sociales dividió a la provincia, pero no explica por sí solo su posterior derrota militar.

De Cartagena, Castillo y Rada pasó al escenario nacional. Fue diputado por Tunja y Mariquita en los cuerpos legislativos de la primera República, gobernó la provincia de Tunja y participó en la prensa política junto a José Fernández Madrid en El Argos de la Nueva Granada. El 5 de octubre de 1814 asumió, como suplente, uno de los puestos del triunvirato interino de las Provincias Unidas junto con José Joaquín Camacho y Fernández Madrid. Ese ejecutivo colegiado ejerció hasta el 28 de noviembre, cuando pudieron incorporarse los titulares elegidos por el Congreso.

El experimento fue efímero. La expedición de Pablo Morillo, la más grande enviada por España a América desde la Conquista, cayó sobre la Nueva Granada en 1815. Cartagena resistió un sitio atroz, en el que perdió más de la tercera parte de su población mientras los españoles dejaban 3.125 muertos y otros 3.000 enfermos, pero cayó, y con ella el resto del país. La resistencia pasiva de las comunidades ante las exigencias militares y la deserción masiva de las tropas patriotas terminaron de desbaratar al ejército confederado. En el momento más crítico, el conflicto entre Bolívar y las autoridades de Cartagena sobre el mando militar y los aprovisionamientos estuvo a punto de desatar una nueva guerra civil interna.

Sentenciado a muerte

Instalada la Reconquista, Morillo montó un aparato represivo que sería recordado como el régimen del terror: consejos de guerra que imponían la pena capital a los acusados de rebelión, un Consejo de Purificación para los desleales al rey, Juntas de Secuestros que incautaban los bienes de los patriotas. Bajo ese régimen, Castillo y Rada fue detenido, juzgado y condenado a muerte.

La sentencia dictada en 1816 no se ejecutó. Según la tradición biográfica, varias mujeres santafereñas intercedieron ante Morillo y la intervención del militar Carlos Tolrá contribuyó a que la pena capital fuera conmutada por presidio en Omoa. Castillo y Rada fue confinado primero en Panamá y luego trasladado a Cartagena, donde permaneció sometido a trabajos forzados hasta quedar en libertad en julio de 1820, durante el avance de las fuerzas de Mariano Montilla por la costa. Cartagena seguía entonces bajo dominio realista y solo capituló en octubre de 1821. Los años de prisión separan al triunviro de 1814 del hacendista que volvió a la vida pública en 1821.

Castillo y Rada llegó al Congreso de Cúcuta con el prestigio de haber sobrevivido a la condena y con experiencia en los gobiernos de la primera independencia. Su apoyo posterior a un Ejecutivo fuerte está documentado, pero no fue una consecuencia automática del presidio: antes de alinearse estrechamente con Bolívar también había criticado decisiones suyas durante la primera República. Su trayectoria política fue una evolución, no una conversión que pueda reconstruirse a partir de una sola experiencia.

El arquitecto en Cúcuta

La Gran Colombia había sido proclamada por iniciativa de Bolívar en diciembre de 1819 en el Congreso de Angostura. Faltaba darle forma constitucional, unir jurídicamente a Venezuela y la Nueva Granada y organizar un Estado sobre las ruinas de la guerra. Antonio Nariño instaló el Congreso General de Colombia el 6 de mayo de 1821 en Villa del Rosario de Cúcuta; José Félix de Restrepo, no Nariño, fue elegido primer presidente del cuerpo. En sus sesiones participaron 57 diputados de 19 provincias.

Castillo y Rada fue diputado y asumió interinamente la Vicepresidencia mientras sesionaba aquel Congreso. La Constitución de Cúcuta consagró garantías de legalidad y debido proceso y, en su artículo 5, incluyó entre los deberes de todo colombiano contribuir a los gastos públicos. La norma formuló un deber general, pero no estableció por sí sola una contribución proporcional ni abolió los privilegios fiscales. Castillo y Rada desarrollaría esos problemas con mayor detalle en sus Memorias de Hacienda.

Cúcuta fijó el marco centralista inicial de la República y dispuso que la Constitución no pudiera reformarse antes de diez años. Los territorios de la antigua Audiencia de Quito no tuvieron diputados porque seguían bajo dominio español durante las sesiones. Después de la batalla de Pichincha, la asamblea municipal de Quito declaró su incorporación a Colombia el 29 de mayo de 1822. La integración ocurrió bajo un contexto militar decisivo y con representación diferida, pero no puede describirse únicamente como la anexión de un territorio conquistado.

Secretario de Hacienda: el diagnóstico

De Cúcuta, Castillo y Rada pasó al gabinete. El 7 de octubre de 1821 fue designado secretario de Hacienda y tomó posesión el 14, mientras Pedro Gual quedó al frente de Relaciones Exteriores. Castillo y Rada ocupó Hacienda durante buena parte de los años veinte y fue uno de los principales organizadores del sistema fiscal grancolombiano; no fue, sin embargo, su único responsable ni partió de una administración vacía.

Lo que encontró al asumir la Secretaría era una hacienda debilitada por la guerra y todavía apoyada en instituciones fiscales coloniales. Entre ellas estaban las alcabalas, el diezmo, los derechos sobre la minería y los monopolios o estancos del tabaco y el aguardiente, además de numerosos gravámenes menores. Las rentas estancadas habían sido fuentes importantes del virreinato y siguieron siendo difíciles de reemplazar en la República. A ello se sumaban contrabando, evasión, escasez de información sobre patrimonios y una administración con poca capacidad para recaudar en un territorio extenso.

Castillo y Rada leyó ese cuadro y lo tradujo en un programa expuesto, entre otros textos, en las Memorias de Hacienda de 1823, 1826 y 1827. Allí combinó críticas al orden fiscal colonial con propuestas adaptadas a una República en guerra. Defendió que las cargas guardaran relación con los recursos de los contribuyentes y buscó ampliar la contribución directa, pero su política efectiva también preservó rentas indirectas y monopolios que consideró temporalmente necesarios. Más que una aplicación lineal del artículo 5 de Cúcuta, fue un intento de conciliar principios republicanos y necesidades de caja.

Sobre el diezmo fue implacable. Lo calificó de tributo injusto e insoportable y funesto para la agricultura, y argumentó que mientras pesara sobre las tierras la agricultura permanecería estacionaria. Su crítica no era solo económica: era también histórica y jurídica. Sostuvo que el diezmo no había existido en el mundo cristiano hasta el siglo IV ni en España hasta el siglo XII, que se había extendido a la sombra del despotismo y la barbarie, y que ni los papas habían podido imponerlo ni los monarcas confirmarlo legítimamente. La conclusión era la supresión.

Sobre los bienes de manos muertas, acumulados por conventos, capellanías, cofradías y otras instituciones, fue también crítico y favoreció medidas para ponerlos en circulación. Cuestionó las alcabalas y buscó suprimir el estanco de aguardiente por sus efectos sobre la agricultura, la industria y el comercio. Esa oposición no se extendió de manera uniforme a todos los monopolios: defendió mantener el estanco del tabaco porque era una fuente principal de ingresos y no veía un reemplazo inmediato durante la guerra.

Una pieza central de la alternativa era la contribución directa: un gravamen sobre rentas y patrimonios que buscaba relacionar la carga con la capacidad económica. Castillo y Rada aspiraba a reducir varios impuestos indirectos, pero no esperaba que una sola contribución financiara de inmediato al Estado; en la práctica defendió un sistema mixto mientras continuaran la guerra y la estrechez fiscal.

Los límites del programa

La contribución directa produjo una recaudación muy inferior a la esperada. La ley de septiembre de 1821 tenía problemas de diseño y encontró censos patrimoniales incompletos, funcionarios escasos, ocultamiento de bienes y resistencia de contribuyentes y autoridades locales. Entre 1819 y 1830 su peso fue marginal frente a otras rentas. El resultado no se explica solo por una supuesta desmoralización heredada de la colonia, sino por la combinación de una norma difícil de aplicar, baja capacidad administrativa y conflicto político.

Ese resultado tampoco puede atribuirse a una sola causa ni eximir por completo el diseño. La ley dejó bases imprecisas, y el proyecto chocó con una economía marcada por esclavitud, resguardos, propiedad corporativa, mercados regionales limitados y una guerra costosa. Castillo y Rada identificó varias de esas restricciones y ajustó sus propuestas con el tiempo; por eso su política se entiende mejor como una transición con innovaciones y continuidades que como un programa liberal puro derrotado únicamente por la herencia colonial.

Después de 1830 la hacienda republicana combinó continuidades con reformas graduales; no conservó intacto el orden anterior. La ley que abolió el monopolio del tabaco fue sancionada en 1848 y entró en vigor en 1850. Durante el gobierno de José Hilario López, Manuel Murillo Toro impulsó una reorganización de rentas y la descentralización fiscal, y la desamortización de bienes de manos muertas llegó bajo Mosquera en 1861-1862. Esas reformas retomaron problemas discutidos por Castillo y Rada, pero respondieron a nuevas coaliciones y circunstancias y no fueron la simple ejecución tardía de un plan suyo.

Delegado del vicepresidente

Mientras Bolívar dirigía campañas fuera de la capital, Francisco de Paula Santander ejercía el Poder Ejecutivo desde Bogotá como vicepresidente. Castillo y Rada fue una pieza importante de ese gobierno. Había reemplazado a Antonio Nariño como vicepresidente interino entre el 6 de junio y el 3 de octubre de 1821, mientras Bolívar permanecía ausente; no sustituyó a Santander por ausencias de este. En 1829 volvió a ejercer funciones ejecutivas durante una ausencia de Bolívar como presidente del Consejo de Ministros.

Su margen de acción se aprecia en una carta de Santander a Bolívar del 23 de diciembre de 1826: el vicepresidente escribió que, por hastío, había dejado a Castillo y Rada el manejo del empréstito, las rentas y otros asuntos de Hacienda. La carta documenta una delegación amplia y el peso del secretario, pero no prueba que hubiera un vacío institucional ni que una sola persona fuera indispensable para resolver los apuros fiscales de una República en guerra.

Aquel arreglo se desarrolló mientras se profundizaba la crisis de la Gran Colombia. Desde 1826 las diferencias entre Bolívar y Santander se convirtieron en uno de sus ejes. Los bolivarianos defendían un Ejecutivo más fuerte y tomaban como referencia rasgos de la Constitución boliviana de 1826; el bloque liberal o santanderista proponía otra reforma y buscaba contener la concentración de poder. La Convención de Ocaña, convocada en 1828, no logró acordar una nueva carta. En agosto de ese año Bolívar promulgó el Decreto Orgánico, asumió poderes dictatoriales y eliminó la Vicepresidencia.

Castillo y Rada se alineó en ese pulso con Bolívar. Fue elegido presidente de la Convención de Ocaña y encabezó la minoría bolivariana partidaria de fortalecer el Ejecutivo; su retiro, junto con el de otros diputados, contribuyó a dejar la asamblea sin quórum. Esa postura fue el resultado de una evolución política documentada, no una inclinación natural que pueda deducirse de la Patria Boba o del presidio. Después del atentado septembrino, los coroneles José María Obando y José Hilario López se levantaron en el sur contra el gobierno de Bolívar. La República se descomponía por múltiples costuras.

Los últimos años

En 1830 el proyecto se derrumbó. Venezuela y Ecuador se separaron; Bolívar renunció a la presidencia en mayo y murió en diciembre. La crisis combinó disputas constitucionales, resistencias regionales, conflictos militares y la ruptura entre los principales bloques políticos. El colapso puso fin al orden estatal al que Castillo y Rada había dedicado su labor hacendaria y mostró que ni el mando personal de Bolívar ni la arquitectura centralista de Cúcuta habían resuelto esas tensiones.

Castillo y Rada sobrevivió al colapso del proyecto al que había servido y volvió a los espacios civiles de Bogotá. Su última exposición conocida como secretario de Hacienda data de enero de 1830. En 1832 asumió la rectoría del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la ejerció hasta su muerte. En la Memoria de 1827 había advertido que una «economía bien entendida» no consistía simplemente en disminuir gastos; su programa combinaba control del gasto, crédito y diversas fuentes de ingreso. No fue, por tanto, una doctrina según la cual la austeridad pudiera sustituir por sí sola los impuestos.

Murió en Bogotá el 23 de febrero de 1835, a los 58 años, mientras era rector y catedrático del Rosario. Le sobrevivió, sobre todo, un conjunto de Memorias y exposiciones de Hacienda que permite seguir tanto la ambición reformadora como los ajustes y límites de su política fiscal.

Su red

Su vida transcurrió entre instituciones políticas, educativas y administrativas. Cartagena le dio el suelo familiar: su padre fue oficial del Batallón Fijo y su madre pertenecía a una familia distinguida de la ciudad. El puerto era también un centro mercantil y militar, pero no está documentado que Castillo y Rada se formara personalmente en las redes del Consulado de Comercio ni que de allí proviniera toda la base social de su carrera.

Santafé le dio la formación jurídica y una larga relación con el Colegio del Rosario. Allí fue estudiante, catedrático, procurador, consiliario y, al final, rector. Sus escritos hacendarios muestran confianza en la ley y la administración como instrumentos de reforma; la documentación consultada no permite convertir esa orientación en una relación directa con los «herederos de Mutis» ni reconstruir allí todas sus lealtades personales.

La política republicana le dio sus principales interlocutores. Compartió gabinete con Pedro Gual, trabajó durante años bajo el Ejecutivo de Santander y terminó alineado con la corriente bolivariana. En Ocaña actuó como dirigente de un bloque definido, de modo que no puede describirse como ajeno a las facciones. Su trayectoria sí estuvo marcada más por congresos, ministerios, Memorias y proyectos de ley que por el mando militar: fue un constructor de instituciones y también un actor de las disputas políticas de su tiempo.

Su huella

No fue el estadista todopoderoso que refunda un país. El proyecto grancolombiano le impuso urgencias bélicas, resistencias políticas y límites administrativos. Fue, en cambio, uno de los principales arquitectos intelectuales del fisco republicano temprano: el jurista rosarista que formuló propuestas hacendarias concretas y recibió de Santander un amplio margen de gestión. En la sombra de las grandes figuras militares, fue una inteligencia civil que trató de dar al Estado una arquitectura fiscal compatible con su forma constitucional, aunque debió conservar parte de la herencia que criticaba.

Cuando Murillo Toro impulsó reformas fiscales a mediados del siglo y Mosquera decretó la desamortización en 1861, retomaron debates que Castillo y Rada había planteado, pero actuaron en contextos, coaliciones y diseños distintos. Su legado no consiste en haber redactado de antemano todo ese programa, sino en haber formulado tempranamente varias preguntas centrales del fisco republicano: quién debía contribuir, con qué proporcionalidad y cuáles rentas coloniales podían desmontarse sin dejar al Estado sin recursos.