Pedro Gual

Un caraqueño en la conspiración

Gual nació en Caracas en 1783, el mismo año que Bolívar, dentro de la red familiar y cultural criolla que engendraría a la primera generación republicana venezolana. El apellido tenía peso en la conspiración: Manuel Gual, junto con José María España, había sido una de las fuerzas propulsoras del alzamiento de La Guaira en 1797, aquella tentativa temprana inspirada por el catalán Juan Bautista Picornell, exiliado y devoto lector de la Revolución francesa. La sangre y el ambiente predisponían al joven Pedro a la causa, aunque la generación que le tocaría llevar adelante ya no discutía el proyecto de emancipación en clave conspirativa de fines de siglo, sino en el lenguaje de las guerras abiertas y los congresos constituyentes.

Su formación fue la del abogado colonial, y su vocación se decantó pronto hacia la política y la diplomacia. Cuando comenzaron los movimientos de 1810, Gual era ya un hombre de veintisiete años, y su papel en esos primeros años se define por una función discreta pero estratégica: servir de puente entre Francisco de Miranda —el precursor que regresaba de Londres cargado de proyectos continentales— y Simón Bolívar, el militar ascendente cuya energía necesitaba anclaje intelectual y contactos exteriores. Ser ese nexo no era un cargo formal; era una condición de operador político, y Gual la ejerció con la mezcla de tacto y determinación que lo caracterizaría después en la cancillería grancolombiana.

La misión de 1814: diplomacia en el naufragio

El primer episodio documentado con claridad de su carrera diplomática ocurre en el peor momento posible. En julio de 1814, con la Segunda República venezolana colapsando bajo las lanzas de José Tomás Boves —que acababa de derrotar a los patriotas en La Puerta pocas semanas antes—, Bolívar envió a Gual en misión urgente al Caribe. El objetivo era contactar a los comandantes militar y naval británicos de las islas de Sotavento y solicitarles armas, con una fórmula tan pragmática como reveladora del momento: las armas se usarían exclusivamente contra "bandidos y esclavos fugitivos", no contra los españoles. Las instrucciones incluían incluso la oferta, humillante y desesperada, de que tropas británicas pudieran ser enviadas a Venezuela para garantizar ese uso.

La misión de Gual llegaba tras otra tentativa venezolana anterior enviada a Londres, cuya carta de presentación se había fechado el 10 de junio de 1814, apenas unos días antes del desastre de La Puerta. La secuencia dibuja con precisión el drama: los patriotas ensayaban una diplomacia de emergencia mientras el suelo se les hundía bajo los pies. Aquella gestión no salvó a la Segunda República —que se disolvió en la fuga hacia Cartagena y Jamaica—, pero educó a Gual en el oficio que definiría su vida: negociar desde la debilidad, medir palabras ante potencias extranjeras que decidían soberanamente si reconocer o ignorar a los emisarios de repúblicas todavía sin territorio. En esa escuela aprendió que la diplomacia hispanoamericana sería, durante décadas, la de quien pide siendo pobre mientras finge tratar de igual a igual.

Cúcuta, 1821: la fundación administrativa

El Congreso de Cúcuta reunió, en la villa fronteriza del Rosario, a los diputados que darían forma jurídica al Estado que Bolívar había propuesto en Angostura dos años antes: la unión del antiguo virreinato de Nueva Granada con la antigua Capitanía General de Venezuela en una sola república, la Colombia grande. Gual llegó como diputado por la provincia de Cartagena, con treinta y ocho años cumplidos, y se encontró en un cuerpo presidido por José Félix de Restrepo, con Fernando Peñalver como vicepresidente y Francisco Soto y Miguel Santamaría como secretarios. La Constitución que allí se aprobó instauró un régimen centralista, que integraba a Venezuela, Nueva Granada y Quito bajo un mismo gobierno, y que regiría sin oposición mayor hasta 1826.

En esa constelación política, Gual quedó identificado sin ambigüedad con el bando centralista, junto con Vicente Azuero, Francisco Soto y Fernando Peñalver. El vicepresidente Francisco de Paula Santander, encargado del gobierno mientras Bolívar seguía la guerra hacia el sur, lo nombró Secretario de Hacienda y Secretario de Relaciones Exteriores. La primera designación respondió al deseo explícito de Santander de sanear las finanzas de una república recién nacida y agobiada por deudas de guerra; la segunda le confió el frente en el que Gual dejaría su marca más honda.

Que un solo hombre cargara con ambas secretarías dice mucho sobre la escasez de cuadros civiles capaces y sobre la confianza que Santander depositó en el caraqueño. Que fuera venezolano y no neogranadino, en un gobierno instalado en Bogotá bajo un vicepresidente cundinamarqués, era además una señal política deliberada: la Gran Colombia se quería binacional en su cúpula, y los nombramientos cruzados eran la argamasa simbólica de la unión.

La cancillería como obra

En 1822, Santander expidió el reglamento que definió las atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores: llevar las relaciones diplomáticas con otros Estados, nombrar a los enviados colombianos y ocuparse de las gestiones de los agentes extranjeros ante el gobierno de Bogotá. Ese texto administrativo, aparentemente rutinario, fue el marco dentro del cual Gual organizó una cancillería desde cero. No había tradición, no había archivos, no había protocolos: había que inventar el aparato mientras se lo usaba.

Tres ejes ordenaron su gestión. El primero fue la organización interna de la secretaría misma: la creación de una burocracia mínima capaz de despachar correspondencia, redactar instrucciones, recibir a los agentes extranjeros y coordinar con el vicepresidente. El segundo fue el despliegue de misiones diplomáticas orientadas a un objetivo político central: obtener el reconocimiento de la independencia. Gual envió emisarios a los principales países de América y de Europa, y también ante la Santa Sede, con la ambición doble de conseguir el reconocimiento del papa —clave en un continente católico donde la legitimidad religiosa importaba tanto como la política— y el de los Estados soberanos, indispensable para el comercio, el crédito y la seguridad.

Las gestiones tuvieron trayectorias desiguales. Gran Bretaña, la potencia decisiva del sistema atlántico, había sido tanteada desde 1820 mediante los sucesivos nombramientos de Francisco Antonio Zea y de José Rafael Revenga como agentes ante el Foreign Office; el reconocimiento formal llegaría después, pero el trabajo preparatorio corrió por cuenta de la secretaría de Gual. En México, Miguel Santamaría logró concertar un tratado de alianza colombo-mexicano y comprometer la asistencia mexicana al futuro congreso de Panamá; el tratado de comercio que también negoció, sin embargo, no alcanzó a ser ratificado por Colombia, una anticipación del destino que sufrirían muchos de los instrumentos jurídicos del período.

El tercer eje, el más ambicioso, fue la convocatoria de la Asamblea Internacional Americana, el proyecto que Bolívar acariciaba desde hacía años y que se conocería como Congreso Anfictiónico de Panamá. Gual fue el operador que le dio forma diplomática: cursó las invitaciones, negoció las presencias, coordinó los tiempos. Bolívar, ausente en la campaña del sur, se quejaba a menudo por carta con Santander de las demoras en poner en acción el proyecto anfictiónico, y llegó incluso a considerar trasladar la sede a Quito para asegurar mejor clima y comodidades a los delegados. La correspondencia deja entrever la impaciencia bolivariana y el peso administrativo que recaía sobre Bogotá.

El Congreso de Panamá y sus límites

Panamá se reunió con la representación de varios Estados americanos y produjo un conjunto de instrumentos que aspiraban a fundar una liga permanente hispanoamericana. Ninguno de esos tratados fue ratificado por los congresos nacionales. El proyecto anfictiónico murió en el papel, aunque la historia diplomática posterior lo reivindicaría como precursor remoto del panamericanismo y de las organizaciones internacionales permanentes.

Sería tentador leer ese fracaso como una derrota personal de Gual, pero el diagnóstico exige más profundidad. La élite letrada caraqueña y bogotana construyó, con Gual como operador central, una superestructura diplomática continental sin el sustrato político que la sostuviera. Venezuela, Quito y Nueva Granada tenían intereses regionales, económicos y militares divergentes; ninguna asamblea internacional podía suturar lo que ni siquiera la Gran Colombia lograba mantener unido dentro de sí. Los tratados no ratificados no fueron accidentes técnicos: fueron el síntoma de que el proyecto continental existía como aspiración de una minoría ilustrada pero no como consenso social ni regional.

La obra de Gual tenía, en ese sentido, un techo que no dependía de su talento. Podía negociar, redactar, convocar, enviar; no podía fabricar la voluntad política de los actores locales que decidirían, en última instancia, si aquellos tratados vivían o morían.

Centralismo, bolivarianismo y las líneas de fractura

Hasta 1826, la Constitución de Cúcuta rigió sin oposición mayor. Ese año marcó el comienzo del fin. Bolívar, de regreso del sur tras culminar la campaña del Perú y de la Alta Perú, promovió su Constitución boliviana, cuyo rasgo más polémico era una presidencia vitalicia con derecho a designar sucesor, un diseño casi monárquico que quiso extender a Colombia. La propuesta desató la pugna entre bolivarianos y santanderistas y quebró la coalición que había hecho posible la fundación.

Los santanderistas —o constitucionalistas— se aferraron a la Constitución de 1821 y rechazaron el proyecto vitalicio; los bolivarianos defendieron un ejecutivo fuerte, permanente, con atribuciones cercanas a las de un monarca. La Convención de Ocaña, reunida en 1828 para reformar la constitución, terminó en fracaso: los bolivarianos se retiraron, los santanderistas se declararon sujetos al orden de 1821, y no se logró acuerdo alguno.

La posición de Gual en esa fractura es más matizada de lo que su etiqueta de centralista sugiere a primera vista. Colaborador directo de Santander, formado en el marco jurídico de Cúcuta y comprometido con las instituciones que él mismo había ayudado a construir, tenía todos los motivos para inclinarse al bando constitucionalista. Al mismo tiempo, era venezolano, cercano al círculo bolivariano por origen, por generación y por la larga cadena de colaboraciones que se remontaba a la misión de 1814. Los años de la fractura lo encontraron atrapado en la tensión que definía a buena parte de la élite letrada caraqueña: leal al Libertador como figura fundadora, pero incapaz de suscribir su deriva autoritaria; leal al orden constitucional, pero consciente de que sin Bolívar la Gran Colombia se disolvería.

La disolución y el retorno a Venezuela

La disolución llegó, y llegó desde Venezuela. Desde 1826, José Antonio Páez encabezó el movimiento separatista que arrastraría al oriente grancolombiano fuera de la unión. Páez había propuesto a Bolívar, en algún momento, que imitara a Napoleón y estableciera una monarquía en Colombia; Bolívar rechazó la sugerencia, pero la anécdota ilustra el clima de improvisación política del período. El 26 de noviembre de 1829, cuatrocientos notables firmaron en Caracas el Acta de Separación —incluyendo un primo y un cuñado del propio Bolívar, así como el general Carlos Soublette—, formalizando la ruptura. Venezuela había actuado durante años como un Estado autónomo dentro de la unión; el acta solo puso por escrito lo que el poder efectivo de Páez ya sostenía sobre el terreno.

Bolívar renunció a la presidencia en mayo de 1830 y murió en diciembre del mismo año. Sin su prestigio personal como argamasa, la Gran Colombia se disgregó en tres repúblicas: Venezuela, Ecuador y Nueva Granada. El proyecto que Miranda había concebido, que Bolívar había hecho aprobar por el Congreso de Angostura en 1819 y que Gual había dotado de instituciones y de política exterior, duró apenas una década larga.

Gual no combatió activamente el separatismo venezolano ni se alineó con Páez en la ruptura. Su trayectoria posterior sugiere una respuesta pragmática: volvió a Venezuela y sirvió al nuevo Estado. La élite letrada caraqueña que él encarnaba, incapaz de sostener el proyecto continental, se replegó a los marcos nacionales que la separación había producido, y desde allí siguió operando como pudo.

Cuatro décadas de servicio venezolano

De 1830 a 1861, Gual desarrolló en Venezuela una vida política intensa que lo llevó, en varias oportunidades, a la presidencia encargada de la república. Los intervalos, las circunstancias y las alianzas específicas de esos ejercicios se pierden en la sucesión turbulenta de gobiernos, guerras civiles y arreglos entre caudillos que definieron el siglo XIX venezolano, pero el dato macro es elocuente: durante tres décadas, el viejo secretario de la Gran Colombia siguió siendo un recurso disponible para el poder, un rostro civil que las coaliciones inestables convocaban cuando necesitaban legitimidad institucional o mediación entre facciones.

Esa longevidad política tiene una lectura menos amable. Gual sobrevivió porque era útil, no porque encabezara un partido propio ni porque encarnara una causa mayoritaria. La élite letrada de la que provenía había perdido la batalla estructural contra los caudillos militares desde el momento en que Páez disolvió la unión, y el papel de los juristas y diplomáticos en las repúblicas resultantes fue el de administradores subordinados al poder efectivo de las armas. Gual ocupó ese lugar con dignidad y competencia, pero el lugar era, en el fondo, secundario.

El golpe llegó en 1861. A los setenta y ocho años, en una nueva oportunidad como presidente encargado, fue derrocado y enviado al exilio en las Antillas. Desde allí se trasladó a Guayaquil, la ciudad-puerto ecuatoriana donde tantos exiliados hispanoamericanos habían recalado antes que él, y allí murió en 1862. El caraqueño que había ayudado a fundar la Gran Colombia terminó su vida en un tercer país nacido de la disolución de esa misma república, expulsado por un golpe militar en el suyo propio.

Ejecutor, no ideólogo

Conviene resistir dos tentaciones simétricas al evaluar a Gual. La primera es la hagiográfica: presentarlo como el genio silencioso detrás del edificio grancolombiano, el arquitecto invisible sin el cual nada habría sido posible. Esa lectura sobrestima la autonomía de su acción. El reglamento de la Secretaría de Relaciones Exteriores lo dictó Santander en 1822, no Gual. Las grandes líneas de política exterior —el reconocimiento internacional, la alianza continental, el Congreso de Panamá— respondían a directrices que venían de Bolívar y que se discutían en la correspondencia entre el Libertador y el vicepresidente. Gual ejecutó, organizó, tradujo en instrumentos concretos; no fue el ideólogo del proyecto sino su operador disciplinado y competente.

La tentación opuesta es reducirlo a burócrata intercambiable, funcionario aplicado sin peso propio. Esa lectura ignora la evidencia biográfica. Fue Gual, no otro, quien sirvió de nexo entre Miranda y Bolívar en los años germinales. Fue él a quien Bolívar eligió para la misión desesperada de 1814, cuando enviar al hombre equivocado podía haber cerrado la puerta británica del todo. Fue él a quien Santander eligió para dos secretarías simultáneas en 1821, en un cuerpo político donde había abogados y letrados de sobra. La reiteración de esa confianza a lo largo de veinte años, por parte de líderes que rara vez coincidían entre sí, indica que Gual poseía cualidades —discreción, competencia técnica, habilidad para operar entre facciones, conocimiento del mundo diplomático caribeño y atlántico— que no eran comunes ni fácilmente sustituibles.

Gual fue el tipo de figura sin la cual las instituciones no se sostienen, pero cuya presencia individual, aunque necesaria, no basta para producir el resultado buscado. La Gran Colombia lo necesitó; también necesitó de mucho más de lo que él, o cualquier otro operador civil, podía aportar. Los caudillos militares tenían la última palabra, y la usaron.

Red y contextos

La biografía de Gual se despliega en una red densa que dibuja el mapa entero de la política hispanoamericana en la primera mitad del siglo XIX. En los años iniciales, tejió el hilo que unía a Miranda con Bolívar; durante la fundación grancolombiana, se movió bajo el ala administrativa de Santander; en el frente exterior, coordinó a Francisco Antonio Zea y a José Rafael Revenga en Londres, a Miguel Santamaría en México, a Manuel Torres y Manuel José Hurtado en las gestiones norteamericanas y europeas. Antonio José de Sucre operaba mientras tanto en el frente sur, y de las órbitas estadounidenses —John Quincy Adams, Henry Clay, Richard Anderson— dependió el destino, finalmente fallido, de la diplomacia hacia Washington. Después de la disolución, tuvo que aprender a convivir con Páez en la Venezuela separada, y su trayectoria posterior cruzaría la de José María Vargas en el mundo político caraqueño.

Los lugares dibujan una geografía tan reveladora como los nombres. Caracas fue origen y destino recurrente; Cartagena, plataforma política en 1821; Bogotá, centro de gobierno grancolombiano; Cúcuta, escenario constituyente; Panamá, teatro del sueño anfictiónico; Curazao, Jamaica y Trinidad, puntos del circuito caribeño por donde transitaba la diplomacia patriota en las horas difíciles; las Antillas, refugio de exiliados; Guayaquil, estación final. Ese espacio atlántico y caribeño era el mapa mental de la élite letrada del período, un territorio por el que hombres como Gual se movían con relativa naturalidad, tejiendo redes de correspondencia, alianzas y refugios que ningún Estado nacional posterior lograría reconstituir. La Gran Colombia fue, entre otras cosas, el último intento de darle forma institucional a esa geografía compartida antes de que las fronteras republicanas la fragmentaran definitivamente.

Herencia

La huella de Gual es institucional antes que ideológica. No dejó tratados canónicos —los que negoció rara vez fueron ratificados—, ni doctrinas que llevaran su nombre, ni una obra escrita mayor. Dejó la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Gran Colombia, montada sobre un reglamento que él ejecutó y desarrolló, y que fue el antecedente directo de las cancillerías de las tres repúblicas sucesoras. Dejó también el precedente institucional del Congreso de Panamá, cuya semilla germinaría, mucho más tarde, en el sistema interamericano del siglo XX.

Dejó, sobre todo, un patrón: el del jurista-diplomático civil que sirve al proyecto republicano dentro de los marcos que los caudillos le imponen, y que sobrevive con dignidad y competencia hasta que los caudillos, hartos de sus mediaciones, lo expulsan. Ese patrón definiría buena parte de la historia política hispanoamericana del siglo XIX y hasta bien entrado el XX. Gual fue de los primeros en encarnarlo, y de los que lo llevaron hasta las últimas consecuencias.

Su figura nunca ha tenido la centralidad reservada a Bolívar, Santander o Sucre, y la distancia es justa en cierto sentido: Gual no fue el fundador ni el ideólogo del proyecto grancolombiano. Es insuficiente en otro: sin su trabajo, ese proyecto no habría existido como Estado ante el mundo.

En un país como Colombia, donde la memoria pública tiende a organizarse alrededor de nombres militares y ensayos ideológicos, la figura de Gual invita a recordar que las repúblicas no se fundan solo con batallas ni con manifiestos. Se fundan también, y quizás sobre todo, con secretarios que redactan instrucciones, con agentes que gestionan reconocimientos, con congresos que producen tratados y con hombres pacientes que traducen la voluntad política de los caudillos al lenguaje seco de las cancillerías. Pedro Gual fue uno de esos hombres. Que su república lo derrocara a los setenta y ocho años y lo dejara morir en un puerto ajeno dice, al final, más sobre la historia hispanoamericana que sobre él.