Doctrina Monroe

El 2 de diciembre de 1823, en su mensaje anual al Congreso, el presidente James Monroe advirtió a las potencias europeas que el continente americano ya no era terreno abierto a la colonización ni a la intervención política de la Santa Alianza. La fórmula "América para los americanos" —que la memoria popular atribuye a ese discurso pero que no figura literalmente en él— resumiría con el tiempo una doctrina cuya vida real excedería con mucho su formulación original. En Colombia, esa doctrina tuvo una trayectoria singular: fue celebrada por Santander como escudo contra la reconquista, sufrida por el país como coartada de la amputación de Panamá en 1903, resignificada por las élites del siglo XX como matriz de política exterior propia y prolongada finalmente en el Plan Colombia como intervención por invitación. Ninguna otra idea diplomática de origen extranjero ha marcado con tanta fuerza la soberanía, las fronteras y las guerras internas del país. Su historia colombiana es la de un dispositivo elástico, disputado y, en última instancia, coproducido por los propios actores locales.

Una advertencia europea leída desde Bogotá

La Doctrina Monroe nació como respuesta a un miedo concreto. En la primavera de 1823, Francia había invadido España con un ejército de cien mil hombres, derrocado el régimen constitucional y restaurado a Fernando VII. La operación, impulsada desde París por Chateaubriand como ministro de Relaciones Exteriores, encendió las alarmas en Londres y Washington: si las potencias legitimistas se atrevían a cruzar los Pirineos, ¿por qué no cruzarían el Atlántico para devolver al monarca español las colonias americanas recientemente independizadas? George Canning, secretario de Relaciones Exteriores británico, formuló amenazas verbales contra una eventual extensión francesa a Hispanoamérica, pero esas advertencias resultaron ineficaces: Francia procedió en la península con la garantía del apoyo ruso.

En ese ambiente, Monroe, aconsejado por su secretario de Estado John Quincy Adams, trazó el principio de dos hemisferios: el europeo y el americano, con sistemas políticos distintos y no interferencia mutua. La doctrina se dirigía, en su letra estricta, contra futuros intentos de recolonización europea. No proclamaba tutela sobre las nuevas repúblicas ni derecho de intervención estadounidense; esa lectura restrictiva, sin embargo, se disolvería con las décadas.

En Bogotá, la recepción fue inmediata y entusiasta. En febrero de 1824, apenas dos meses después del mensaje, la Gaceta de Colombia reprodujo los principales párrafos del discurso, precedidos por un artículo atribuido al general Francisco de Paula Santander, entonces vicepresidente encargado del ejecutivo de la Gran Colombia. Para el gobierno santanderista, la declaración de Washington era una bendición: un respaldo hemisférico gratuito frente al fantasma de la Santa Alianza, en un país que aún tenía tropas españolas en el Perú y que no había firmado la paz con Madrid. Los altos círculos del gobierno colombiano celebraron la doctrina como si fuera propia.

Bolívar, en cambio, guardó una distancia que el tiempo revelaría profética. El Libertador nunca tuvo entusiasmo por incluir a los Estados Unidos en su proyecto de gran confederación anfictiónica —la unión de Perú, México, la Confederación Centroamericana, Bolivia y la Gran Colombia—, y en el Congreso de Panamá de 1826 Washington actuaría como aliado eventual y egoísta, más resistente que solidario ante la unificación continental. En una carta de 1829 Bolívar dejaría escrita la frase que marcaría toda la ambivalencia colombiana posterior hacia el vecino del norte: los Estados Unidos parecían "destinados por la Providencia a plagar América con tormentos en nombre de la libertad". En la misma correspondencia sostuvo que sería mejor para América adoptar el Corán que el gobierno estadounidense, aunque reconociera que ese gobierno era el mejor del mundo. Esa ambivalencia se explica en parte por las inclinaciones monárquicas del Libertador: Bolívar lamentaba que Estados Unidos empujara al continente hacia el republicanismo, restando espacio a los objetivos más monárquicos de Gran Bretaña, potencia que de hecho ejercería la mayor influencia en América Latina —y en Colombia— durante la mayor parte del siglo XIX. Thomas Jefferson había dudado, por su parte, de la capacidad de los latinoamericanos para sostener sus derechos, atribuyendo su "degradante ignorancia" a la influencia de "sus curas y reyes"; Bolívar tenía sobre sus vecinos una opinión igualmente miope, aunque un poco más matizada.

Entre ambas orillas del Atlántico, mientras tanto, se movía la pieza que realmente pesaría: Gran Bretaña. Desde 1820 Colombia había enviado sucesivamente a Francisco Antonio Zea y a José Rafael Revenga como agentes diplomáticos a Londres buscando reconocimiento; en 1823 el gobierno británico correspondió nombrando agentes confidenciales ante Bogotá. Londres consideraba que Hispanoamérica podía servirle como contrapeso frente a Washington en el hemisferio occidental, y los vínculos comerciales avanzaban en paralelo al reconocimiento formal. La Doctrina Monroe, en ese ajedrez, era más gesto declarativo que fuerza militar: los buques que patrullaban el Caribe eran británicos, y los préstamos que empezaban a asfixiar al tesoro neogranadino salían de bancos ingleses.

Del entusiasmo a la sospecha: la doctrina como opinión sin fuerza de derecho

Muy pronto la Doctrina Monroe reveló su naturaleza ambigua. Analistas latinoamericanos del siglo XIX comenzaron a señalar que no constituía un principio de derecho público internacional sino una opinión, un desideratum, la expresión de los intereses generales de un pueblo sin fuerza obligatoria para el resto del mundo. Cada vez que un presidente estadounidense la formulaba o reformulaba, Inglaterra —y en muchos casos las potencias continentales europeas— manifestaba de algún modo su oposición. La doctrina jamás obtuvo consenso universal.

El problema, para Colombia, no era teórico. Tras la disolución de la Gran Colombia y en los primeros años de la Nueva Granada, Gran Bretaña dirigía el comercio exterior del país, y los préstamos ingleses habían generado una deuda tan onerosa que a mediados de la década de 1820 el nuevo Estado no podía costear el pago de los intereses. En 1822 Santander había expedido un decreto que prohibía el tráfico comercial entre Jamaica y la Costa Mosquitia; Londres lo desconoció alegando que Colombia no poseía establecimientos mercantiles en aquellos territorios, expresión de una concepción británica de la soberanía basada en la posesión efectiva antes que en el título jurídico. La Doctrina Monroe, invocada desde Washington como escudo hemisférico, no impedía ni podía impedir esas incursiones.

El episodio más flagrante ocurrió durante la Guerra de los Supremos, en 1840. La corbeta británica Tweet desembarcó en Bocas del Toro a un indio misquito que fue coronado con el nombre de Roberto Carlos Federico I; el nuevo monarca empezó a nombrar funcionarios y a tomar posesión de sus imaginarios dominios, extendiendo su autoridad incluso a las islas Mangles, reclamadas por Colombia. Al mismo tiempo, Londres consolidaba su influencia en la Costa Mosquitia nicaragüense y mantenía la Honduras Británica —el actual Belice— como enclave colonial pleno. Ninguna doctrina redactada en Washington detenía esas maniobras.

Al calor de esa evidencia, algunos analistas suramericanos aconsejaron a sus gobiernos rechazar toda solidaridad con la Doctrina Monroe tal como la practicaban los estadounidenses. Recomendaban, en cambio, adherirse a una garantía colectiva del Istmo —propuesta por Inglaterra— para evitar que un solo poder, es decir Estados Unidos, se apoderara unilateralmente del futuro Canal de Panamá cuando llegara el momento oportuno. La sospecha estaba puesta con décadas de anticipación.

El Tratado Mallarino-Bidlack y el pie estadounidense en el Istmo

El 12 de diciembre de 1846, el diplomático estadounidense Benjamin Bidlack firmó con el canciller neogranadino Manuel María Mallarino un tratado que cambiaría la geografía política del continente. El acuerdo garantizaba a ciudadanos, buques y mercancías norteamericanas privilegios equivalentes a los neogranadinos: derecho de tránsito por el istmo sin gravámenes, exención de derechos de importación para bienes de exportación que atravesaran Panamá, tarifas asimiladas a las nacionales. A cambio de esas ventajas, Estados Unidos se comprometió a garantizar la neutralidad del istmo, el libre tránsito y —cláusula decisiva— la soberanía y propiedad de la Nueva Granada sobre Panamá.

En el papel, Bogotá obtenía un poderoso aliado que protegería su soberanía istmeña. En la práctica, había concedido a Washington una llave para intervenir militarmente en el Istmo cada vez que sus intereses lo requirieran. Desde la década de 1850, las tropas estadounidenses desembarcaron en Panamá en varias ocasiones amparándose en el tratado, con el argumento de proteger la vía interoceánica y, tras 1855, el ferrocarril transístmico. Cada intervención se justificaba invocando el propio compromiso colombiano con la neutralidad de la ruta; cada intervención debilitaba, en la misma medida, la soberanía que el tratado supuestamente garantizaba.

La lógica era ya la lógica monroísta llevada al terreno: si Europa no podía intervenir en América, Estados Unidos sí podía hacerlo en nombre de la protección hemisférica. La doctrina, formulada en 1823 como advertencia defensiva, iba mutando en licencia intervencionista. Colombia, sin proponérselo, había pagado por adelantado esa mutación.

Durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902), buques de guerra estadounidenses patrullaron frente a la costa panameña para defender el ferrocarril. La firma de la paz que cerró aquel conflicto tuvo un escenario simbólico: se rubricó el 21 de noviembre de 1902 a bordo del acorazado norteamericano Wisconsin. Que la paz interna de Colombia se firmara sobre cubierta estadounidense revelaba con crudeza el desplazamiento de poder que ya se había consumado.

1903: la Doctrina Monroe como coartada de la amputación

El 13 de enero de 1903, el ministro colombiano Tomás Herrán firmó con el secretario de Estado John Hay un tratado por el cual Colombia cedería a Estados Unidos una franja de territorio a lado y lado del futuro canal. El Congreso colombiano, con celo soberano tardío, rechazó su aprobación. Theodore Roosevelt reaccionó con una mezcla de despecho, ambición geopolítica y retórica monroísta: declaró que el canal era un asunto vital para la seguridad de Estados Unidos, que podía ser atacado desde territorio colombiano y que era deber de Washington prohibir toda alianza entre Colombia y cualquier potencia europea o asiática. El razonamiento hacía de la Doctrina Monroe la justificación conceptual de la intervención.

El 3 de noviembre de 1903 se produjo la separación de Panamá. No era el primer intento autonomista del istmo —las tensiones eran estructurales, ancladas en la diferencia radical de intereses económicos del comercio transístmico frente al resto del país—, pero fue el único que triunfó, y triunfó gracias a la intervención directa de Estados Unidos. Tropas norteamericanas impidieron el desembarco del ejército colombiano enviado a sofocar el movimiento separatista. Roosevelt, con la franqueza que se permitía en privado y a veces en público, reconocería con el tiempo la fórmula lapidaria: "I took Panama from Colombia". La prensa estadounidense de la época —Harper's Weekly entre otras publicaciones— lo retrató como una figura que confrontaba a Colombia para asegurar el control del canal.

La amputación fue el acto más brutal de la historia diplomática colombiana y también la revelación definitiva de en qué se había convertido la Doctrina Monroe. Lo que en 1823 se había proclamado como defensa del hemisferio contra la reconquista europea funcionaba en 1903 como cobertura ideológica del despojo territorial de una república latinoamericana por parte del propio Estados Unidos. La doctrina que Santander había celebrado ochenta años antes se volvía contra Colombia.

El presidente José Manuel Marroquín, entonces jefe del Estado, cargó con el peso histórico del episodio, aunque las causas se habían acumulado durante décadas de tratados asimétricos, deudas, presiones y guerras civiles. La cicatriz quedó abierta. Solo en abril de 1914, tras años de negociación, el Tratado Urrutia-Thomson intentaría cerrarla: Colombia reconocía la soberanía panameña y recibía compensaciones. Pero la ratificación por el Senado estadounidense se demoraría todavía años, arrastrada por la resistencia republicana a admitir cualquier reparación que sonara a mea culpa por la política de Roosevelt.

Respice Polum: la doctrina se vuelve política de Estado

El siglo XX abrió en Colombia con una paradoja: el país acababa de ser víctima del monroísmo más brutal y, sin embargo, su clase dirigente comenzó a orientar la política exterior hacia una alineación cada vez más estrecha con Washington. Esa aparente contradicción tuvo un nombre: Marco Fidel Suárez.

Suárez, presidente entre 1918 y 1921, formuló lo que se conocería como Doctrina Suárez o Respice Polum —mirar hacia el norte, hacia la estrella polar—: la constatación de que Estados Unidos, con el declive del comercio europeo durante la Primera Guerra Mundial, se convertiría en el líder económico y político del hemisferio occidental, y que Colombia debía orientar su diplomacia en consecuencia. La visión era realista y, en su lógica interna, coherente: si el poder había cambiado de manos entre Londres y Washington, la política exterior colombiana debía cambiar con él.

El contexto acompañaba la tesis. Cuando José Vicente Concha se inauguró como presidente el 7 de agosto de 1914, Europa entraba en guerra; como el resto de Hispanoamérica, Colombia se mantuvo al margen del conflicto y no se definió formalmente hasta 1917. Durante esos años, la retirada del capital europeo aceleró la penetración de empresarios estadounidenses en la zona bananera del Magdalena y en la región petrolera de Bucaramanga, aunque las inversiones británicas todavía superaban ampliamente a las norteamericanas en Hispanoamérica en conjunto. Bajo el gobierno de Carlos E. Restrepo, las concesiones petroleras solicitadas por empresas británicas se consideraron atendiendo simultáneamente a criterios económicos, de soberanía y a la negociación pendiente del tratado sobre Panamá con Estados Unidos: Colombia jugaba, tácticamente, la rivalidad entre las dos potencias.

Suárez, sin embargo, sufrió una decepción amarga: durante su mandato, el Senado estadounidense se negó a ratificar el Tratado Thomson-Urrutia, con lo que la compensación por Panamá quedó suspendida. La doctrina del Respice Polum quedaba así grabada bajo el signo de una asimetría estructural: Colombia miraba hacia el norte, pero el norte no correspondía con simetría.

En los años treinta la política exterior colombiana se afinó. Bajo Alfonso López Pumarejo, el gobierno colombiano fomentó la solidaridad continental y respaldó la política del Buen Vecino inaugurada por Franklin D. Roosevelt, que renunciaba a las intervenciones militares directas y proponía una relación hemisférica basada en la cooperación. La conferencia especial de Buenos Aires de 1936, convocada tras el fin de la Guerra del Chaco, aprobó la propuesta de Roosevelt de consultas continentales ante conflictos bilaterales o conmociones civiles y militares, mecanismo que se activaría por primera vez en 1939 ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Fue en ese ambiente donde Colombia intentó, por primera y quizá última vez, reformar la Doctrina Monroe desde dentro. En la Conferencia Panamericana de Lima de 1938, el canciller Luis López de Mesa, representando a Colombia, sostuvo que la doctrina era sinónimo de indeseable tutoría y que su sentido unilateral resultaba anacrónico. Propuso renovarla y continentalizarla bajo una nueva doctrina de solidaridad hemisférica fundada en el respeto mutuo, la igualdad sincera y los principios del Derecho. La delegación colombiana también gestionó la participación del Ecuador en la conferencia, movilizando a varios países para convencerlo de asistir pese a sus tensiones con Perú. La propuesta de López de Mesa, aunque no derogaba la doctrina, buscaba disolver su unilateralismo en un marco multilateral americano. Fue la última tentativa colombiana de reformarla antes de aceptarla.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Eduardo Santos y su sucesor cooperaron con Estados Unidos de manera tan amplia que, al finalizar el conflicto, el embajador norteamericano en Bogotá declaró que no existía país en Suramérica que se hubiera desempeñado de forma más cooperadora con los intereses de Washington. La Doctrina Suárez había fructificado, aunque el precio era una integración cada vez menos negociable.

Bogotá, 1948: el TIAR, la OEA y la Guerra Fría

El 2 de septiembre de 1947 se firmó en Río de Janeiro el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, diseñado para enfrentar las variadas modalidades de agresión y para incorporar la Zona de Seguridad hemisférica establecida en 1939. Su artículo sexto establecía que los gobiernos confrontarían cualquier hecho o situación que pusiera en peligro la paz de América. La formulación era deliberadamente amplia: no limitaba el enemigo a una potencia exterior concreta, sino que cubría toda amenaza a la paz continental, lo que abría la puerta a aplicarlo también contra amenazas internas.

Ocho meses después, entre el 30 de marzo y el 2 de mayo de 1948, se celebró en Bogotá la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos, en la que se fundó la Organización de Estados Americanos, sustituyendo a la vieja Unión Panamericana. La conferencia coincidió con el hecho más traumático de la historia política colombiana del siglo XX: el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril y el estallido popular conocido como el Bogotazo, interpretado inmediatamente en clave anticomunista tanto nacional como internacionalmente.

En la escena diplomática de posguerra, Alberto Lleras Camargo desempeñó un papel central. Había orientado la Unión Panamericana desde junio de 1947 y fue el primer Secretario General de la OEA en 1948, impulsando la creación de su estructura jurídica y su Carta fundamental. Los años de su gestión al frente de la organización fueron descritos como la edad de oro de la OEA, la etapa en que la institucionalidad interamericana pareció más sólida y más autónoma. Con el tiempo, sin embargo, la propia OEA perdería legitimidad en América Latina por la percepción, ampliamente compartida en la región, de que Estados Unidos controlaba y manipulaba la organización a su favor y en desmedro de los demás miembros.

La lógica del TIAR y de la OEA era la lógica monroísta reciclada para la Guerra Fría: la defensa del hemisferio ya no era contra la Santa Alianza, sino contra el comunismo soviético. Bajo esa lógica, entre 1950 y 1953, Colombia participó en la Guerra de Corea con un batallón de infantería y una fragata, bajo mando de Naciones Unidas y de Estados Unidos, en lo que constituyó el primer escenario de enfrentamiento armado de la Guerra Fría. Fue el único país latinoamericano que envió tropas. La decisión se tomó bajo el gobierno de Laureano Gómez y consolidó a Colombia como aliado incondicional de Washington en el conflicto bipolar.

La Habana, 1959: la doctrina desbordada por dentro

La Revolución Cubana triunfó el 1 de enero de 1959 y desbarató en pocos meses todo el andamiaje conceptual del TIAR y de la Doctrina Monroe. El sistema hemisférico había sido diseñado para repeler agresiones extracontinentales, para responder a una hipotética invasión soviética o a la infiltración externa del comunismo. Pero Cuba había triunfado sin apoyo extracontinental: la amenaza, si así podía llamarse, era interna al hemisferio, brotaba del propio patio. Nikita Jruschov lo declaró con sorna desde Moscú: la Doctrina Monroe moría de muerte natural.

La Segunda Declaración de La Habana, en 1962, formuló la inversión conceptual con precisión. Afirmó que, al dominar a la mayoría de los Estados latinoamericanos, Estados Unidos pretendía caer sobre Cuba con la fuerza de América: es decir, el poder hemisférico norteamericano se orientaba ahora contra un país americano, no en su defensa. La misma declaración sostuvo que las circunstancias históricas que habían permitido el desarrollo industrial de Estados Unidos y Europa los habían colocado en posición de someter al resto del mundo a su dominio y explotación. La Monroe quedaba desnuda como instrumento imperial.

En respuesta, la doctrina de seguridad hemisférica se reorientó silenciosamente: la misión de los ejércitos latinoamericanos pasó de la defensa frente a agresiones exteriores a enfrentar amenazas internas, pues la revolución había triunfado sin apoyo extracontinental. El giro fue decisivo. En Colombia, el ejército, entrenado hasta la Segunda Guerra Mundial por oficiales alemanes con doctrina prusiana de guerra convencional, y luego reorientado en los años cuarenta y cincuenta hacia la defensa hemisférica, adoptó a partir de los años sesenta la Doctrina de Seguridad Nacional. Sus implicaciones fueron profundas: militarización de territorios, acciones cívico-militares para ganar la simpatía de la población, labores de inteligencia sistemáticas, conformación de grupos civiles armados en pro de la defensa nacional y subordinación de la Policía a las necesidades militares.

El conflicto armado colombiano, cuyas raíces se hundían en las guerras civiles del siglo XIX y en la fase de La Violencia (1946-1959) —con sus cuerpos estatales especializados como la policía chulavita y sus escuadrones civiles como los pájaros del Valle del Cauca—, se articuló a partir de los años sesenta con las variables exógenas de la Guerra Fría, la guerra contra las drogas y la guerra contra el terrorismo. Fenómeno endógeno afectado por variables exógenas, o marco interpretativo mundial que modificaba las opciones de los actores domésticos: la historiografía ha oscilado entre ambas fórmulas para nombrar la interacción, pero coincide en que sin la matriz hemisférica —la Monroe convertida en doctrina de seguridad interna— la trayectoria del conflicto colombiano habría sido otra.

Reagan, Santa Fe y la escalada de los ochenta

El triunfo sandinista en Nicaragua el 19 de julio de 1979 revivió el mito guerrillero en América Latina. Aunque la ola fue menos extensa que la desencadenada por Cuba en 1959, resultó especialmente álgida en Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Ecuador y Perú. Bajo el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), Colombia pasó de un modelo de colaboración pragmática con la administración de Jimmy Carter a una alianza incondicional con Ronald Reagan, viraje que gestionó el canciller Carlos Lemos Simmonds. Un funcionario del Departamento de Estado, James Bell, comentó con satisfacción el grado de cooperación alcanzado con el gobierno de Turbay.

Los Documentos Santa Fe I (1980) y Santa Fe II (1988), elaborados por el Comité de Santa Fe y la Heritage Foundation con cercanía a la CIA, trazaron la doctrina estratégica de los conflictos de baja intensidad para los gobiernos republicanos de Reagan y Bush. Su fórmula era sofisticada: no se trataba ya de instalar dictaduras militares al estilo de las décadas anteriores, sino de sostener procesos de redemocratización y mantener formas democráticas en Estados contrainsurgentes legitimados mediante elecciones, con pleno funcionamiento del aparato judicial y las Fuerzas Armadas. La democracia se convertía en escenografía funcional de la contrainsurgencia. En Colombia, los años ochenta —con el gobierno de Belisario Betancur intentando la paz, los magnicidios sucesivos, la irrupción del narcotráfico y la aparición de los grupos paramilitares— transcurrieron bajo el peso de esa matriz.

Plan Colombia: intervención por invitación

En 1998, el presidente Andrés Pastrana concibió el Plan Colombia como una iniciativa con componente social significativo, orientada formalmente a la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, en paralelo a las negociaciones con las FARC en El Caguán. Desde su acogida por Bill Clinton en diciembre de 1998, sin embargo, el proyecto contempló un componente de ayuda militar que crecería con rapidez. Al pasar por el Congreso y el establecimiento de política exterior estadounidense entre 1998 y 1999, la propuesta se transformó de un paquete de desarrollo social en uno predominantemente militar y antinarcóticos.

La lectura dominante en Washington era clara: la mayoría de representantes del Congreso, los directores de think tanks de política exterior y los líderes militares convergieron en la visión de que la crisis social y política de Colombia era un problema de narcotráfico ilegal que requería militarización, antes que una crisis económica que exigía construcción institucional y ayuda al desarrollo. La ayuda estadounidense totalizó aproximadamente dos mil millones de dólares entre 1999 y 2002, de los cuales cerca del 80% se destinó a fuerzas militares. En su primera fase completa (1999-2005), el Plan Colombia costó alrededor de diez mil millones de dólares, financiados en un 35% por Estados Unidos y el resto por Colombia; el 57,5% del total se destinó a operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la lucha antinarcóticos y la contrainsurgencia se alinearon todavía más estrechamente, subsumidas en el discurso de la lucha global contra el terrorismo y en la retórica del narcoterrorismo. La distinción práctica entre ambas misiones se redujo significativamente. El presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) profundizaría esa matriz.

La relación bajo el Plan Colombia se caracterizó como intervención por invitación: Estados Unidos pasó a ser un actor directo en el desarrollo del conflicto armado colombiano no por imposición unilateral, sino por convocatoria explícita del gobierno de Bogotá. La lógica contrainsurgente del plan quedó coordinada desde el Comando Sur en Florida, que albergó un grupo militar para Colombia encargado de acompañar, formar, asesorar y fortalecer a las Fuerzas Armadas colombianas. La Doctrina Monroe cumplía así, a comienzos del siglo XXI, un ciclo completo: de advertencia antieuropea en 1823 a arquitectura operativa de intervención hemisférica ejecutada con consentimiento local.

Balance de una doctrina coproducida

La historia colombiana de la Doctrina Monroe muestra que la subordinación hemisférica no fue un destino impuesto desde afuera, sino un proceso coproducido con márgenes decrecientes pero reales de maniobra local. Santander la celebró en 1824 como escudo antieuropeo cuando le convenía a la Gran República. Bolívar la desconfió desde el Congreso de Panamá de 1826, en clave de afinidad monárquica con Londres. Suárez la aceptó como orientación estratégica en 1918. López de Mesa intentó reformarla y continentalizarla en 1938. Lleras Camargo la institucionalizó en la OEA en 1948. Laureano Gómez la operativizó en Corea en 1950. Turbay, Betancur y sus sucesores la aplicaron al conflicto interno bajo la Doctrina de Seguridad Nacional. Pastrana y Uribe la prolongaron como intervención por invitación en el Plan Colombia.

En cada etapa, sectores dominantes colombianos encontraron en la doctrina recursos para sus propias guerras internas: contra los realistas en 1824, contra Europa en el siglo XIX, contra el comunismo en el siglo XX, contra la guerrilla y el narcotráfico en el XXI. La asimetría estructural fue real, y su expresión más brutal fue la amputación de Panamá en 1903. Pero la asimetría no explica sola la profundidad del alineamiento: hubo agencia local, hubo cálculo, hubo interés propio.

La Doctrina Monroe nunca fue en Colombia una norma jurídica ni un tratado, sino un dispositivo elástico —opinión, desideratum, advertencia, coartada, matriz— capaz de servir a proyectos muy distintos según la coyuntura. Su vida colombiana no terminó con Jruschov ni con la Guerra Fría. Sigue viva, apenas disfrazada, en cada debate sobre soberanía, cooperación militar y política antidrogas. Doscientos años después del mensaje de Monroe al Congreso, la doctrina que Santander celebró desde la Gaceta de Colombia continúa siendo un espejo incómodo: en él Colombia se reconoce como república soberana y como país que, una y otra vez, ha aceptado ver su soberanía negociada bajo un paraguas ajeno.