Caída de Rafael Reyes y jornadas cívicas contra los tratados con Estados Unidos (1909)

Caída de Rafael Reyes y jornadas cívicas contra los tratados con Estados Unidos (1909)

Entre marzo y junio de 1909, Bogotá vivió el primer ciclo de movilización urbana que logró derribar a un régimen autoritario en Colombia. Estudiantes universitarios, comerciantes, artesanos y una coalición bipartidista de conservadores antioqueños y liberales históricos convergieron en las calles y en la prensa contra los tratados Root-Cortés-Arosemena, negociados por Rafael Reyes Prieto para normalizar las relaciones con Estados Unidos tras la separación de Panamá. En pocas semanas, el general que en 1904 había asumido con vocación modernizadora y que en 1905 había disuelto el Congreso para gobernar con una Asamblea Nacional a su medida se vio forzado a renunciar, embarcarse en Santa Marta y abandonar el país en un vapor de la United Fruit Company. La caída de Reyes cerró el Quinquenio, abrió el camino a la Unión Republicana y a la presidencia de Carlos Eugenio Restrepo, y dejó fijado en el imaginario político colombiano un repertorio de acción, la protesta urbana pluriclasista con capacidad de tumbar gobiernos, que reaparecería en 1957, en 1977 y en 2021.

El Quinquenio y sus grietas

Reyes había llegado a la presidencia en 1904 con el propósito declarado de sacar al país del atolladero en que lo dejaron la Guerra de los Mil Días y la pérdida de Panamá. Su fórmula fue autoritaria de origen. En 1905, ante un Congreso de mayoría conservadora que obstaculizaba su programa, lo disolvió y lo reemplazó por una Asamblea Nacional cuyos miembros él mismo designó, calculando la participación de ambos partidos para asegurar la aprobación de reformas. Esa Asamblea extendió el período presidencial de seis a diez años, contados desde el 1.° de enero de 1905 hasta el 31 de diciembre de 1914. También garantizó a las minorías liberales un tercio de los escaños en todos los cuerpos legislativos elegidos, una concesión que buscaba desactivar la vieja lógica de guerra civil entre partidos. A ojos de los conservadores históricos y de los liberales republicanos, sin embargo, esa cuota no compensaba la usurpación de la representación popular.

Sobre esa base política, Reyes impulsó una modernización económica notable. Su gobierno adoptó proteccionismo arancelario y estimuló la industria textil. La Colombiana de Tejidos, luego Coltejer, recibió su respaldo, como también fábricas de cemento y otras iniciativas fabriles. Extendió la red ferroviaria y creó un Banco Central destinado a estabilizar la moneda. Al terminar el Quinquenio, los kilómetros de ferrocarril en servicio superaban ligeramente los 900, tras la reconstrucción de tramos, la reposición de material rodante y la ampliación de líneas que conectaban Antioquia con la costa y con Bogotá y unían la Sabana con el Magdalena. En 1905 se estableció el primer servicio regular de automóviles entre Honda y Mariquita, por contrato con el gobierno.

Bajo esos logros, el proyecto arrastraba fracturas que fueron ensanchándose. La centralización de rentas departamentales y la fragmentación del país en treinta y cuatro departamentos, decretada en 1908, ofendieron a las élites regionales. En particular, un conservatismo antioqueño ligado al comercio, la banca y la industria de Medellín nunca había aceptado al régimen. Marceliano Vélez, figura mayor de ese conservatismo, había sido confinado en la colonia penal de Mocoa hasta julio de 1907 tras el atentado de febrero de 1906 contra Reyes. El episodio dejó al descubierto la disposición del régimen a tratar a sus opositores como enemigos internos y alimentó una memoria de agravio que después resultaría útil a la coalición republicana.

La política monetaria fue el otro frente donde el Quinquenio se agrietó. El Banco Central, vinculado a Pepe Sierra, consuegro y amigo personal de Reyes, administró las finanzas gubernamentales y permitió pagar la deuda externa. Sus billetes, en cambio, suscitaron desconfianza pública y circularon en pequeñas cantidades. El gobierno destinó a la amortización del papel moneda el 25% de las nuevas rentas fiscales en 1906 y el 50% en 1907. Compraba los viejos billetes pagando una centésima parte de su valor nominal en oro y los incineraba públicamente. Pese al gesto, el patrón oro siguió siendo una ficción. El oro amonedado no se encontraba por ninguna parte y el medio de pago continuaba siendo el papel.

En 1909, con la amortización todavía pendiente, se asignaron para ese fin los productos de las minas de esmeraldas de Muzo y Coscuez, el arrendamiento de las minas de Marmato y Supía y el 2% de los impuestos de importación. Las adjudicaciones de rentas mineras terminaron en peculado mayúsculo. Los favores a allegados, el desorden monetario y la sensación de que la modernización beneficiaba a un círculo cerrado erosionaron la legitimidad del régimen antes incluso de que los tratados con Washington llegaran al debate público. Cuando llegaron, la munición estaba dispuesta.

La herida de Panamá y la trampa diplomática

Todo lo que Reyes tocara en materia de política exterior con Estados Unidos estaba condicionado por la memoria de 1903. En los primeros días de noviembre de ese año, Panamá se había separado con el respaldo activo de Washington, que posicionó buques de guerra para disuadir el avance de tropas colombianas y reconoció a la nueva república en un plazo brevísimo. El Tratado Hay-Bunau-Varilla, firmado el 18 de noviembre de 1903, otorgó a Estados Unidos todos los derechos, poderes y autoridad que corresponderían a un país soberano en la zona del canal, con exclusión total del ejercicio de esos derechos por parte de la propia República de Panamá. Theodore Roosevelt, que había expresado abierto desdén por los colombianos y llegó a llamarlos contemptible little creatures, congeló las relaciones bilaterales durante más de una década.

Reyes estaba convencido de que el desarrollo económico de Colombia dependía de la normalización de esas relaciones. Estados Unidos era el principal comprador de exportaciones colombianas y la fuente más prometedora de inversión extranjera. Bajo esa premisa, en agosto de 1907 su gobierno acordó un protocolo por el cual Panamá transferiría a Colombia los primeros diez pagos anuales de 250.000 dólares cada uno que Estados Unidos le debía bajo el Tratado Hay-Bunau-Varilla, comenzando en 1908 y terminando en 1917, para cubrir una deuda de 2,5 millones de dólares sin usar sus reservas de efectivo. El paquete completo, los llamados tratados tripartitos, involucró por Estados Unidos al secretario Elihu Root, por Colombia a Enrique Cortés y por Panamá a Carlos Constantino Arosemena. La lógica de Reyes era clara: cerrar el capítulo panameño mediante compensación económica y reanudar el vínculo diplomático.

Esa lógica económica chocaba con una constricción política insalvable. La ofensa a la sensibilidad colombiana por la intervención de Roosevelt había sido tan profunda que la sola mención de normalizar relaciones diplomáticas con Estados Unidos bastó, más tarde, para derribar a otros presidentes, entre ellos Marco Fidel Suárez en 1921. En 1909, sostener los tratados equivalía a admitir públicamente que la pérdida de Panamá se aceptaba a cambio de dinero. Era una operación insoportable para un país que aún llevaba fresca la memoria de la Guerra de los Mil Días y que percibía la separación como una humillación nacional. En la sensibilidad de la época, el dinero no lavaba el agravio: lo confirmaba.

El argumento jurídico que le dio a la oposición una llave de ataque lo formuló Nicolás Esguerra. Mediante un memorial, el jurista sostuvo que la Asamblea Nacional carecía de competencia para aprobar tratados internacionales, función que a su juicio correspondía exclusivamente a un Congreso elegido popularmente. La objeción era doblemente eficaz. Recusaba la legitimidad del cuerpo designado por Reyes y vinculaba la cuestión de la representación democrática con el rechazo a los tratados. La legalidad republicana, el resentimiento antiyanqui y el descontento con el autoritarismo encontraban un mismo objeto sobre el que descargarse. Rara vez un solo texto había ofrecido a la oposición colombiana un instrumento tan polivalente.

La coalición republicana

Desde 1906, y con claridad creciente hacia 1909, se fue consolidando una coalición bipartidista opositora que reunió a liberales y a conservadores históricos. El conservatismo antioqueño, orientado por políticos ligados al sector comercial, bancario e industrial de Medellín, fue el núcleo más constante de esa oposición. Nunca había aceptado a Reyes y desde muy pronto había hecho pública su distancia. En marzo de 1909 la coalición cristalizó formalmente como Unión Republicana, con Juntas Republicanas en varias ciudades del país.

Carlos Eugenio Restrepo, liberal antioqueño, fue el convocante. Alrededor suyo se agruparon líderes conservadores locales de peso: los hermanos Ospina, los Vásquez, Alejandro Botero, Abraham Moreno, Rafael Navarro y Eusse, entre otros. Aportaron a la nueva organización la red de contactos comerciales y familiares del conservatismo antioqueño, un capital de relación que ninguna facción liberal podía igualar en la región. La denominación de Unión Republicana no era retórica. Proponía trascender la lógica bipartidista tradicional y construir un espacio político común sobre tres rechazos concretos: el autoritarismo del régimen, los privilegios de los allegados del presidente y la ratificación del tratado con Estados Unidos y Panamá.

Ese último rechazo tuvo un papel cohesionador desproporcionado respecto a su contenido jurídico. Los tratados condensaban, en un solo objeto, agravios que hasta entonces circulaban dispersos. Aceptarlos era admitir que el gobierno reyista, además de haber desmontado la representación popular y centralizado las rentas, estaba dispuesto a monetizar la pérdida de Panamá. Rechazarlos permitía articular en una misma consigna la defensa de la soberanía nacional, la reivindicación del Congreso como órgano legítimo y la denuncia del entorno personal de Reyes. Un solo blanco, tres cuentas por cobrar.

La prensa fue el instrumento principal de esa articulación. El periodismo colombiano de la época de la Regeneración y del régimen de Reyes era militante, combativo, extremadamente politizado. El periódico funcionaba como arma en las luchas políticas y no como registro neutral de los hechos. En 1909 surgieron publicaciones vinculadas a las Juntas Republicanas de Popayán a Bucaramanga. Adelante, dirigido por el maestro Guillermo Valencia, La República, órgano de la Junta Republicana santandereana, y El Verbo Rojo figuraban entre los títulos más activos. En Bogotá, la prensa liberal y la conservadora disidente daban cobertura a las críticas al régimen. La oposición no era un fenómeno estrictamente bogotano, sino una red urbana articulada por Juntas y periódicos locales que se leían y se citaban entre sí.

Bajo esa dirección letrada y comercial fluía un sustrato social más difuso pero real. Los grupos que habían sustentado a Reyes se habían erosionado. Los artesanos, base tradicional de apoyo del régimen y organizados en sociedades mutuales predominantemente artesanales, se movieron hacia protestas de mayor audacia. El descontento popular tenía además una dimensión antiyanqui alimentada por protestas contra empresas norteamericanas. La del tranvía de Bogotá fue una de ellas, y aunque no se dirigían directamente contra Reyes, esas protestas nutrían el ambiente en que sus tratados serían recibidos. Estudiantes universitarios agregaron una capacidad de agitación que las jornadas de marzo pondrían en evidencia y que sería recordada años después como antecedente de otras movilizaciones. La dirigencia republicana ponía la estrategia; los estudiantes y los artesanos, la temperatura.

Las jornadas de marzo

El 13 de marzo de 1909 fue una fecha decisiva. Ese día se constituyeron o se hicieron públicas Juntas Republicanas en diversas ciudades colombianas, reuniendo a dirigentes liberales y conservadores históricos distanciados del régimen. En Bogotá, la calle se sumó. Las multitudes corearon consignas contra el régimen, abajo el tirano, muerte a los traidores, y hostigaron a los miembros de la Asamblea Nacional, cuyo edificio y cuyos integrantes se convirtieron en el blanco físico de la protesta. El vínculo era directo. La Asamblea era el cuerpo que se disponía a aprobar los tratados y era también el símbolo del régimen autoritario. Recusarla en la calle era recusar a Reyes.

Reyes presentó una primera renuncia esa misma jornada, pero la reconsideró durante la noche y reasumió el poder. La mañana del 14 de marzo, ya reafirmado en la presidencia, respondió con una demostración de fuerza calculada para restablecer la autoridad. Declaró estado de sitio, colocó ametralladoras en la Plaza de Bolívar y desplegó policía y tropas armadas con fusiles Mauser al mando de los tres generales más temidos del país. Durante el estado de sitio no podían reunirse más de cinco colombianos en público. Los testimonios de la época describen una calma sepulcral. Los descontentos, atemorizados, se retiraron de la calle. Tres días después, Reyes levantó el estado de sitio.

La operación militar del 14 de marzo fue exitosa en lo inmediato pero políticamente catastrófica en el mediano plazo. El régimen había logrado limpiar la plaza, pero había hecho visible su naturaleza represiva y confirmado la caracterización que la oposición venía haciendo de él. Además, la retirada temporal de la calle no significó la desactivación de la coalición republicana. Las Juntas siguieron funcionando. La prensa mantuvo su presión. El argumento de Esguerra siguió circulando como recusación jurídica. Reyes había ganado tres días de silencio y perdido el margen para gobernar. La imagen de las ametralladoras apuntando a la Plaza de Bolívar quedó, más que las consignas de la víspera, como estampa del régimen que iba a caer.

Junio y la salida

Los sucesos de junio de 1909 alejaron definitivamente a Reyes del poder. Hubo nueva movilización urbana, nueva presión política, y esta vez el régimen no estuvo en condiciones de replicar la demostración de fuerza de marzo. La coalición había medido su capacidad, la calle había vuelto y las divisiones dentro del propio aparato del gobierno se habían profundizado durante los tres meses intermedios. Reyes abandonó el país de forma semiclandestina. Se embarcó en Santa Marta, en un vapor de la United Fruit Company. La salida por un puerto del Caribe y en un barco de la compañía frutera norteamericana ofrecía una imagen simbólica difícilmente más elocuente para el ciclo que se cerraba: el presidente que había querido normalizar relaciones con Estados Unidos abandonaba el país en un buque de la principal empresa estadounidense en la región.

La transición se organizó de inmediato. Jorge Holguín asumió la primera parte del interinato y retiró los tratados con Estados Unidos y Panamá del debate del Congreso, el gesto que traducía en política internacional la victoria de la coalición republicana. Ramón González Valencia completó el período de transición. En ese lapso se convocó una Asamblea Nacional Constituyente que, por mayoría de votos, eligió a Carlos Eugenio Restrepo presidente de la República. La Unión Republicana, formada meses antes como coalición de oposición, se convertía en gobierno. El trayecto de la calle a la banda presidencial se había cumplido en menos de un año.

La secuencia de marzo a junio de 1909 mostró varias cosas a la vez. Mostró que un régimen autoritario podía ser derribado sin guerra civil, por presión política y urbana articulada. Mostró que la coalición bipartidista, difícil de imaginar apenas años antes cuando liberales y conservadores se mataban en los campos, era posible cuando el objeto común lo justificaba. Y mostró que la calle, aun cuando fuera vaciada temporalmente por las ametralladoras, podía volver. Ese aprendizaje, elemental en apariencia, no había estado disponible en el repertorio político colombiano del siglo XIX.

De dónde venía la caída

Reducir el desenlace de junio de 1909 a las jornadas de marzo sería empobrecerlo. Sin los tratados, el descontento estructural quizá habría tardado más en cristalizar en movilización, o habría encontrado otro objeto. Sin el descontento estructural acumulado, la centralización fiscal de 1908, el fracaso del patrón oro, el peculado en las adjudicaciones mineras, la disolución del Congreso, los privilegios de allegados como Pepe Sierra, el tratado por sí solo difícilmente habría bastado para derribar a un presidente. Fue el encuentro entre una causa política con capacidad de convocar consenso amplio, la defensa de la soberanía, y una crisis de legitimidad de fondo lo que hizo posible la caída en el plazo corto de marzo a junio.

En esa confluencia, las élites y la movilización popular actuaron en paralelo, con divisiones del trabajo bastante nítidas. Las Juntas Republicanas y su liderazgo letrado y comercial proveyeron la organización, la estrategia y la interlocución política capaz de traducir la crisis en cambio de régimen. Los artesanos, los estudiantes y los sectores populares urbanos aportaron la presión de calle sin la cual las Juntas habrían sido conversaciones de salón. El honor nacional funcionó como el punto donde ambas dimensiones se volvían, por un momento, indistinguibles. La legalidad republicana de Esguerra, el resentimiento antiyanqui popular y el cálculo político de los Históricos convergieron en una misma consigna operativa, y esa convergencia, más que cualquiera de sus componentes por separado, es lo que explica el desenlace.

Conviene subrayar que esa coalición no era homogénea ni ideológicamente coherente. Los conservadores antioqueños que financiaban Juntas Republicanas no compartían con los liberales de Bogotá una lectura común del país. Los artesanos organizados en mutuales no perseguían el mismo horizonte que los estudiantes universitarios. Los comerciantes de Medellín tenían intereses concretos en la descentralización fiscal que no siempre coincidían con las convicciones cívicas de la dirigencia republicana. Lo que la mantuvo unida durante los meses críticos fue la existencia de un adversario común y de un objeto simbólico, los tratados, sobre el que todas las lecturas podían converger. Cuando ese adversario cayó, la coalición empezó a diluirse, y la Unión Republicana como fuerza gobernante duraría menos de un decenio.

Lo que quedó

Las consecuencias inmediatas fueron institucionales. El Congreso de 1909 restituyó la autonomía fiscal y administrativa a los departamentos y municipios, deshaciendo la centralización reyista. Se creó la Junta de Conversión para retomar la amortización del papel moneda que la administración de Reyes no había ejecutado. El Banco Central perdió sus contratos con el Estado.

En 1910, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una reforma constitucional de alcance mayor. Abolió la pena de muerte. Prohibió absolutamente la emisión de papel moneda de curso forzoso, elevando a norma constitucional lo que hasta entonces había sido política monetaria discutida. Fijó el período presidencial en cuatro años y estableció la no reelección para el período siguiente, cerrando explícitamente la vía por la que Reyes había pretendido gobernar diez años. Creó los departamentos de Atlántico, Norte de Santander y Valle del Cauca, reorganizando la geografía administrativa sin volver a la fragmentación de 1908. La reforma leía el Quinquenio como un catálogo de excesos y legislaba, punto por punto, contra cada uno.

En lo político, la Unión Republicana gobernó con Carlos Eugenio Restrepo entre 1910 y 1914, con una visión que trascendía los partidos tradicionales y promovía tolerancia y altos estándares cívicos. La prensa reflejó, como siempre en Colombia, las tensiones del período. Los periódicos más católicos, como La Unidad, denostaron a Restrepo, mientras la prensa liberal le fue más favorable. El Espectador de Fidel Cano lo elogió con la expresión de presidente incoloro, y El Tiempo fue fundado por Alfonso Villegas Restrepo, republicano recalcitrante. La Unión Republicana como coalición fue perdiendo influencia progresivamente y no desapareció del todo hasta 1921, cuando Eduardo Santos, director de El Tiempo, regresó al Partido Liberal.

En materia de política exterior, el problema panameño no se resolvió con la caída de Reyes. La resistencia a la normalización con Estados Unidos era tal que persistió como constricción estructural del sistema político colombiano. Reyes, desde el exilio, continuó presionando por la ratificación de un tratado que resolviera la cuestión. En 1914, ya lejos del poder, Colombia y Estados Unidos firmaron el Tratado Urrutia-Thompson en Bogotá el 6 de abril, por el cual Colombia reconocía la soberanía panameña. La ratificación tardaría años, y la normalización efectiva de las relaciones contribuiría a la caída de al menos un presidente más, Marco Fidel Suárez en 1921. El veto popular al reconocimiento de la separación de Panamá sobrevivió a la caída de quien primero intentó gestionarlo, y sería otro gobernante el que pagaría el costo político de una operación que Reyes había querido cerrar en 1909.

El período 1910-1930 se caracterizó por notable estabilidad política y por el respeto general a las libertades civiles, aunque ese respeto estuvo circunscrito principalmente al ejercicio de esas libertades por parte de las clases altas gobernantes. La coalición republicana no inauguró una democracia participativa. Inauguró un régimen civilista más tolerante, más previsible en las reglas de sucesión y menos concentrador que el Quinquenio. Fue mucho comparado con lo que había, poco comparado con lo que sería exigible.

Por qué sigue importando

Las jornadas de 1909 dejaron dos legados que superan el ciclo inmediato. El primero es un repertorio de acción política. La combinación de coalición bipartidista de élites, prensa militante, Juntas locales en varias ciudades y presión de calle de estudiantes y artesanos organizados, capaz de forzar la salida de un gobernante autoritario sin guerra civil, quedó inscrita como posibilidad en el sistema político colombiano. La memoria de la agitación estudiantil de 1909 fue invocada más tarde como antecedente de otras jornadas urbanas: la del 8 de junio de 1929, la caída de Rojas Pinilla en 1957 tras el paro cívico bogotano, el paro cívico nacional de 1977, el ciclo de movilización de 2021. En cada uno de esos momentos, la fórmula básica ha sido reconocible: convergencia pluriclasista, prensa como amplificador, presencia sostenida en el espacio público, objeto simbólico común.

El segundo legado es una lección sobre los límites de la modernización sin representación. Reyes intentó construir infraestructura, industria y estabilidad monetaria desde arriba, sin Congreso, sin equilibrio regional y con un entorno personal enriquecido en el proceso. Su proyecto tenía logros reales, los novecientos kilómetros de ferrocarril, las fábricas fundadas, el pago de la deuda externa, y estaba orientado por un diagnóstico correcto de las carencias del país. Su fracaso no fue técnico sino político. Subestimó la capacidad de las élites regionales excluidas y de los sectores urbanos organizados para articular una oposición eficaz cuando encontraran un objeto común. La ratificación de los tratados con Estados Unidos fue ese objeto, y las condiciones estructurales que había creado el Quinquenio hacían que la crisis fuera cuestión de tiempo.

La caída de Reyes cierra el ciclo del autoritarismo modernizador que la Regeneración había ensayado, en distintas variantes, desde 1886, y abre el ciclo republicano civilista que caracterizaría a Colombia hasta el fin de la Hegemonía Conservadora en 1930. En esa transición, las jornadas de marzo y junio de 1909 son el gozne. La calle bogotana, hostigando a los asambleístas en marzo, y la coalición republicana, retirando los tratados del Congreso en junio, hicieron algo que no había ocurrido antes en la historia colombiana. Cambiaron un régimen por presión ciudadana sostenida. Que esa presión conviviera con las ametralladoras de la Plaza de Bolívar el 14 de marzo, y que se retirara temporalmente ante ellas para volver semanas después, dice algo preciso sobre el país que se estaba formando: uno que empezaba a moverse entre la coerción y la deliberación, y que aprendía a hacerlo en la escala corta de tres meses.