Paro cívico

El paro cívico

El paro cívico es la forma colombiana de la ciudadanía territorial. No es una huelga, aunque a veces la contenga; no es una manifestación, aunque la desborde; no es un motín, aunque a veces se le confunda con él. Es un dispositivo de acción colectiva mediante el cual una comunidad local, urbana o rural, paraliza la vida cotidiana de un territorio para forzar la interlocución con un Estado que, en la mayor parte de los casos, no ha llegado allí sino en forma de tropa. Entre 1972 y 1994, en el arco que va del Sarare al Putumayo pasando por Barrancabermeja, el Nordeste antioqueño y Ciudad Bolívar, el paro cívico funcionó como la principal institución de facto para negociar carreteras, acueductos, escuelas, hospitales y, cada vez más a medida que avanzaba el conflicto armado, la vida misma de quienes reclamaban esos bienes. Fue el mecanismo por el cual las periferias colombianas construyeron una relación política con el centro sin partido, sin representación parlamentaria propia y a menudo sin más recurso que el bloqueo de la única carretera que las conectaba con el país.

Qué se paraliza y por qué

Conviene deslindar. Las luchas cívicas son acciones colectivas protagonizadas por pobladores de un territorio para expresar demandas sobre bienes y servicios públicos, respeto a derechos fundamentales, ampliaciones democráticas y participación en el manejo de sus destinos colectivos. Los movimientos cívicos van más allá: son conjuntos de acciones colectivas coordinadas por un grupo relativamente estable durante un tiempo prolongado, con objetivos reivindicativos o propositivos. El paro cívico es la modalidad más contundente de ese repertorio: una interrupción concertada de la vida económica y cotidiana —bloqueo de vías, cierre del comercio, suspensión del transporte, cese de actividades escolares— que fuerza al gobierno a negociar en la mesa lo que se negó a resolver en el escritorio.

Lo distingue de la huelga que su sujeto no es un gremio sino una comunidad territorial: no protestan los trabajadores de una empresa, sino los habitantes de un municipio o una región. Lo distingue de la marcha que su objetivo no es visibilizar sino paralizar. Y lo distingue del motín que hay una estructura organizativa —comités cívicos, juntas de acción comunal, sindicatos, párrocos, docentes— que lo convoca, lo sostiene y lo negocia. Los paros cívicos tienden a concentrarse en municipios de menor tamaño poblacional, hasta treinta mil habitantes, donde la debilidad institucional es mayor y la organización comunitaria más densa. Las movilizaciones y las invasiones se dan con más frecuencia en municipios grandes; el paro cívico es fundamentalmente un fenómeno de la Colombia intermedia y periférica.

Esa geografía explica su contenido. Un paro cívico raras veces pide reforma agraria en abstracto o cambio de modelo económico: pide que se pavimente la vía entre dos veredas, que llegue la electricidad al barrio, que el hospital tenga médico permanente, que el INCORA cumpla los créditos prometidos, que cesen los desalojos, que la fuerza pública deje de asesinar a los líderes de la comunidad. Es un repertorio material, concreto, negociable, y precisamente por eso, cuando el interlocutor estatal se retiraba o se militarizaba, se volvía intratable.

Los orígenes: del Sarare a la huelga petrolera

El primer paro cívico rural documentado en Colombia se realizó en febrero de 1972 en la región del Sarare, en Arauca, una zona de colonización reciente. Lo organizó un comité cívico local, involucró bloqueos de carreteras entre Pamplona y otros municipios, y sus demandas fueron las que se repetirían durante las dos décadas siguientes: construcción de vías de comunicación, cumplimiento de los créditos subsidiados prometidos por el INCORA, atención en salud y educación. Los pobladores del Sarare inventaron, sin saberlo o sabiéndolo, una forma nueva de interpelar al Estado: la comunidad entera dejaba de producir y de circular hasta que un funcionario con capacidad de decisión llegaba a firmar un acta de acuerdos.

Esa forma no surgió de la nada. Se alimentó del acumulado de las luchas obreras del Magdalena Medio, en particular de las huelgas de la Unión Sindical Obrera de la industria petrolera, cuya consigna nacionalista logró convocar en Bogotá a veinticinco mil personas en un paro cívico de apoyo, con mítines paralelos en Tunja y otras ciudades. La huelga petrolera obtuvo un triunfo mayúsculo: el ala gaitanista del Partido Liberal presionó para la creación de una empresa estatal, gestiones en las que intervino el ministro de Minas y que derivarían en el nacimiento de Ecopetrol. La lección política de aquella experiencia, que la coordinación entre sindicatos y comunidad urbana podía forzar decisiones de fondo al gobierno nacional, se transmitió a los movimientos cívicos que se estaban gestando en Santander, el Magdalena Medio y el sur de Bolívar, donde la lucha urbana por servicios públicos e infraestructura se construyó sobre los cimientos de las marchas campesinas y los paros petroleros.

A finales de los sesenta ya se había ensayado el repertorio en el Oriente antioqueño, donde entre abril de 1969 y enero de 1970 se produjeron movilizaciones que unieron a campesinos, ganaderos, estudiantes, comerciantes, políticos locales, la Iglesia católica, docentes y organizaciones comunitarias en defensa del territorio, y que constituyen el origen del Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño. En enero de 1974, en Puerto Asís, la comunidad exigió obras de infraestructura —carreteras, acueducto, alcantarillado— y en diciembre de ese mismo año se tomó las vías de acceso y paralizó el comercio durante dos semanas. La modalidad estaba consolidada: en menos de un lustro, del Sarare al Putumayo pasando por Antioquia, el paro cívico se había vuelto la manera colombiana de decirle al Estado que no se podía seguir así.

1977: el paro que asustó al país

El Paro Cívico Nacional de septiembre de 1977 marcó el punto de inflexión. Lo organizaron las centrales sindicales coordinadas a través del Consejo Nacional Sindical, que había logrado unificar bajo un mismo pliego líneas políticas muy diversas del sindicalismo colombiano. El programa común constaba de ocho puntos que resumían el malestar de la Colombia de finales del Frente Nacional: aumento salarial mínimo del cincuenta por ciento, levantamiento del estado de sitio, congelamiento de precios de artículos de primera necesidad, derogatoria del Estatuto Docente, entrega de tierras a campesinos, jornada laboral de ocho horas, supresión de los decretos de reorganización del Seguro Social y abolición de la reforma administrativa que afectaba a los trabajadores estatales.

El contexto lo hacía inevitable. 1977 fue un año atravesado por huelgas de petroleros, cementeros, metalúrgicos, cerveceros, mineros y trabajadores de la caña. La crisis del modelo de sustitución de importaciones se había combinado con una crisis agraria de fondo, mientras la bonanza cafetera de 1976-1977 ocultaba el crecimiento insostenible del gasto gubernamental y solo atenuaba momentáneamente las presiones. La urbanización avanzaba a un ritmo que ninguna política de vivienda podía seguir: hacia 1985 el país sería urbano en un sesenta y ocho por ciento, con periferias como Aguablanca en Cali, Ciudad Bolívar en Bogotá, La Chinita en Barranquilla y Cuba en Pereira creciendo casi al margen del Estado.

El día del paro, dieciocho ciudadanos murieron en las calles y tres mil fueron detenidos. Ese saldo bastó para que las lecturas del episodio se dispararan en direcciones peligrosas. El M-19 aprovechó la jornada para liberar al gerente general de Indupalma, Hugo Ferreira Neira, a quien había secuestrado meses antes para presionar a favor de la huelga de trabajadores de esa empresa iniciada el 16 de agosto. El ELN interpretó el paro como la antesala de la revolución y como evidencia de que maduraban las condiciones para una insurrección exitosa; instruyó a sus redes urbanas para participar activamente y envió cuadros de la guerrilla rural a las ciudades a establecer relaciones con líderes sociales, con el propósito de imprimirle al paro un carácter radical. El gobierno de Alfonso López Michelsen leyó el paro en clave insurreccional similar: la prensa oficialista y el propio presidente atribuyeron la movilización a la mano de organizaciones armadas y a su financiamiento. Excombatientes matizarían después que algunas guerrillas estuvieron institucionalmente al margen, aunque sus militantes se sumaron a título individual gracias al trabajo político de masas previo.

La consecuencia de esa lectura compartida, con guerrilla y gobierno viendo el mismo fantasma insurreccional donde había sobre todo un paro sindical con apoyo urbano, fue política y jurídica. Pocas semanas después, el alto mando militar intentó imponer medidas excepcionales de orden público. López Michelsen las rechazó. Su sucesor no.

El Estatuto de Seguridad: cuando protestar se volvió delito

Julio César Turbay Ayala asumió la presidencia en agosto de 1978, y apenas un mes después, el 6 de septiembre, expidió el Decreto 1923, el Estatuto de Seguridad, amparado en las facultades del estado de sitio. Su sombra se proyectaría sobre toda la protesta cívica de la década siguiente. El decreto elevó a veinticuatro años las penas por perturbación del orden público en centros urbanos, entregó a las Fuerzas Armadas la potestad de juzgar civiles mediante consejos de guerra e institucionalizó, en la práctica, la detención sin orden judicial y la tortura. Las condenas las proferían por lo general comandantes de brigada, sin recurso de segunda instancia. Durante su vigencia, cerca de dieciséis mil personas fueron detenidas por razones políticas.

La lógica del instrumento venía de más atrás. Colombia había estado bajo alguna forma de estado de sitio en más del ochenta por ciento del periodo 1958-1990: los poderes de excepción no eran la excepción sino la regla del ejercicio ejecutivo. La Doctrina de Seguridad Nacional, cuya expresión normativa fue precisamente el Estatuto, interpretaba las huelgas, las manifestaciones sociales y las campañas electorales de ciertos sectores como focos de conflicto sujetos de control estatal. El proyecto contrainsurgente tendía a tratar la movilización social como una extensión de hecho, no de intención, del proyecto político de la guerrilla, y respondía en consecuencia: detenciones indiscriminadas, allanamientos, torturas a líderes sindicales, sociales, estudiantiles y campesinos de izquierda, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, todas más sistemáticas a medida que aumentaba la movilización social.

Por el juzgamiento masivo de civiles por militares, el Estatuto de Seguridad fue el mecanismo colombiano más cercano al modelo represivo de las dictaduras del Cono Sur, rebasando los límites de la legislación ordinaria. La paradoja es que se expidió bajo un gobierno civil, mediante un decreto de estado de sitio, contra un movimiento social que apenas empezaba a organizarse en el nivel regional. Lo que el Estatuto criminalizaba no era la insurrección: era la posibilidad misma de que las periferias hicieran política mediante el paro.

La geografía de los años ochenta: paros de la Colombia olvidada

Con Belisario Betancur en la presidencia entre 1982 y 1986, el ejecutivo impulsó una política de negociación con las guerrillas y de apertura democrática que suponía la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Esa pérdida de control llevó a corrientes militares a buscar soluciones distintas, algunas clandestinas, con apoyo de sectores civiles. Fue en ese marco, de negociación en el centro y radicalización contrainsurgente en la periferia, cuando el paro cívico regional vivió su edad de oro y su tragedia.

Urabá concentró el desplazamiento más brutal del repertorio. Entre 1986 y 1990 se registraron allí catorce tentativas de luchas cívicas y veinte paros cívicos, con un pliego que ya mezclaba lo material y lo político: persecución y asesinatos de dirigentes agrarios, mejora en servicios públicos, avance de la reforma agraria, oposición a la militarización, denuncia de la desaparición de personas. La ecuación había cambiado. En los años setenta se paraba para conseguir un puesto de salud; en los ochenta se paraba también para que dejaran de matar a quien había pedido el puesto de salud.

En el Alto Nordeste antioqueño, en el corredor Segovia-Remedios, los liderazgos urbanos correspondían a A Luchar y a la Unión Patriótica, con los sindicatos como actores clave, mientras la violencia contra líderes sociales se volvía en sí misma un detonante de nuevas movilizaciones. El proceso organizativo evolucionó de las tomas del casco urbano, éxodos campesinos detonados por la victimización rural, hacia el paro cívico urbano propiamente dicho.

El hito del ciclo fue el 7 de junio de 1987. Tras varios meses de preparación, miles de campesinos se movilizaron en el nororiente colombiano. Las demandas eran las de siempre —mejores servicios públicos, salud, educación, cese de desalojos de predios ocupados— más una nueva y expresiva: fin a la guerra sucia. Iban dirigidas al gobierno de Virgilio Barco y a las autoridades regionales. La organización recayó principalmente en A Luchar, movimiento en el que militaban cuadros del ELN aunque la mayoría de sus integrantes no pertenecían a esa guerrilla. El ELN se mezcló en la protesta y se conformaron guardias populares o milicias para la seguridad de la marcha. El paro fue masivo y logró interlocución; también inauguró la sospecha —hábilmente cultivada por los servicios de inteligencia militar— de que detrás de cada paro había una guerrilla, sospecha que serviría para justificar el asesinato de sus líderes.

Tres años después, el 11 de septiembre de 1990, ya con César Gaviria en la presidencia, Fensuagro y la ANUC organizaron en Arauca un paro cívico campesino en el que veinticinco mil personas acamparon durante seis semanas en las plazas de los municipios del piedemonte. Fue el mayor y más organizado paro cívico araucano hasta entonces, con demandas de pavimentación de vías clave y otras reivindicaciones de infraestructura y servicios, en un contexto de tensión con las autoridades militares.

Barrancabermeja y el Putumayo fueron los dos escenarios de larga duración. En Barrancabermeja, los paros se desarrollaron durante toda la década en un pulso permanente con la alcaldía militar, con participación de la Diócesis y de organizaciones sociales que la fuerza pública veía como confrontadoras del poder militar. En el Putumayo, desde los paros fundacionales de 1974 en Puerto Asís y hasta al menos 1994, la movilización tuvo dos objetivos que se volvieron inseparables: demandar infraestructura y servicios sociales, y exigir el respeto de los derechos humanos de los participantes, sistemáticamente violentados por la fuerza pública y grupos paramilitares. Durante los ochenta se consolidó allí el Movimiento Cívico Regional del Putumayo como plataforma que reunía a la mayoría de las organizaciones cívicas y comunitarias de esa región.

Y en Bogotá, el 11 de octubre de 1993, el paro cívico de Ciudad Bolívar —convocado para exigir mejoras en acueducto, luz, vías, educación y atención al desplazamiento— fue el más importante al sur de la capital, con participación de Tunjuelito, Bosa y Usme. La periferia bogotana había reproducido, dos décadas después del Sarare, el mismo repertorio: bloqueo, comité, pliego, negociación.

Guerrilla, narco y contrainsurgencia: el paro capturado

La tragedia del paro cívico entre 1982 y 1994 fue que dejó de ser un dispositivo autónomo de negociación territorial. Los actores armados lo colonizaron con lógicas ajenas. El M-19 usó la fecha del paro del 77 para una operación propia. El ELN, en los paros del nororiente, se infiltró en marchas y, en huelgas posteriores en Barrancabermeja como la de 1991, atacó con petardos y armas al Ejército, asesinó a un jefe de personal de Ecopetrol y realizó atentados contra supervisores, distorsionando la autonomía del movimiento sindical. Excombatientes del EPL, el M-19 y el ELN sostendrían después que el paro del 27 de octubre de 1988 fue pensado como punto de partida de una nueva forma de lucha político-militar urbana que vincularía organizaciones populares y sindicales; en la práctica, ese día se registraron dieciocho vehículos quemados, dos puentes volados y nueve hostigamientos armados, sin que se produjeran movilizaciones masivas ni protestas populares. La operación militar reemplazó al paro cívico y lo desnaturalizó.

En el Putumayo, las FARC-EP tuvieron influencia en el desarrollo del paro cívico regional y en las marchas cocaleras de 1996, influencia derivada de su presencia y control territorial. Esa influencia, sin embargo, no anuló totalmente la autonomía de las juntas de acción comunal ni invalidó las demandas legítimas de los campesinos contra las fumigaciones, distinción crucial que el discurso oficial se negó a hacer.

Del otro lado, la respuesta del Estado y de los actores paraestatales fue indistinguir. En el Magdalena Medio, sectores de las Fuerzas Armadas y grupos económicos vinculados al narcotráfico convergieron con estructuras paramilitares para responder a la movilización social que interpretaban como extensión del proyecto guerrillero, criminalizando organizaciones de izquierda y movimientos democráticos. Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jairo Ortega llegaron a la región con ejércitos privados y se aliaron con los paramilitares. La Fuerza Pública, en ese contexto, criminalizó a la izquierda y a las organizaciones democráticas que expresaban su descontento en movilizaciones, huelgas y paros cívicos, confundiéndolas con la guerrilla.

El costo humano de esa confusión fue enorme. Entre 1973 y 2019 fueron asesinados 3.264 afiliados al movimiento sindical colombiano, el noventa por ciento hombres, en una violencia que se prolongó en 7.433 amenazas y 1.951 desplazamientos forzados. Antioquia encabezó el registro con 4.703 hechos en Sinderh, cifra casi equivalente a la suma de Valle, Santander y Cesar. Tras las marchas cocaleras de 1996 en el Caquetá, los paramilitares que se reorganizaron en la región asesinaron a varios líderes de las movilizaciones —entre ellos Noé Sánchez en 1997— y forzaron al exilio a muchos otros, declarando explícitamente que venían a perseguir a quienes habían participado en el paro. La represalia era, por primera vez, nominal.

En ese circuito trágico se agotó una parte del sentido del repertorio. La represión estatal terminó aumentando la credibilidad de la guerrilla entre los sectores sociales que eran blanco de ella: la persecución indiscriminada empujaba a las víctimas hacia el único actor que ofrecía protección armada, retroalimentando la lectura contrainsurgente que había justificado la persecución en primer lugar.

La red: quiénes hacían el paro

Nombrar la red del paro cívico es nombrar una Colombia oculta a la Colombia oficial. En el nivel nacional, las cuatro centrales sindicales del período —la CSTC, la CTC, la UTC y la CGT—, coordinadas a través del Consejo Nacional Sindical, articularon las convocatorias mayores. Pero el paro, aun cuando era nacional, se hacía siempre en algún municipio concreto, y su verdadera arquitectura estaba en el nivel regional, donde el tejido era más denso y más frágil.

Ese tejido incluía a las juntas de acción comunal, la infraestructura capilar más importante del país, presente en cada vereda y en cada barrio de invasión; a los comités cívicos municipales, con frecuencia constituidos ad hoc para cada movilización pero apoyados en liderazgos estables; a los párrocos vinculados a la teología de la liberación, cuya legitimidad simbólica en zonas de colonización era irremplazable; a los docentes sindicalizados en Fecode y sus filiales regionales, cuya doble condición de empleados públicos y de habitantes del municipio los convertía en articuladores naturales; a las organizaciones campesinas afiliadas a la ANUC y a Fensuagro; a los grupos de mujeres, protagonistas silenciadas de la logística del paro, del abastecimiento de las plazas ocupadas y del cuidado de los detenidos; a los estudiantes de secundaria; a los líderes barriales de las periferias urbanas.

En la primera línea política se movieron figuras como Diego Montaña Cuéllar, Bernardo Jaramillo Ossa y Manuel Cepeda Vargas, vinculados a la Unión Patriótica y a los procesos de convergencia democrática; Jaime Dussán en la vertiente sindical del magisterio; Jorge Carrillo en las movilizaciones cívicas del oriente colombiano. El destino de varios de ellos —Jaramillo Ossa asesinado en 1990, Cepeda Vargas en 1994— traza por sí solo el arco entre la esperanza de la apertura democrática y la respuesta paraestatal.

Del lado del poder, los interlocutores fueron los presidentes del periodo —Turbay endureciendo, Betancur negociando, Barco intentando modernizar con violencia paramilitar creciente, Gaviria constituyente y a la vez militar—, sus ministros de Gobierno, y en el nivel regional una constelación de gobernadores designados, alcaldes militares o cuasi militares en las zonas de conflicto, y comandantes de brigada con jurisdicción penal sobre civiles gracias al Estatuto. Entre el pliego que se levantaba en la plaza y la firma que finalmente lo destrababa mediaba, casi siempre, una cadena larga de mediadores: el cura del pueblo llamando al obispo, el obispo llamando al ministro, el ministro despachando un delegado que llegaba en helicóptero a un municipio al que no había carretera, la ausencia misma que había motivado el paro.

La geografía del paro dibujó un mapa alternativo del país. Barrancabermeja y Barrancas en La Guajira; el corredor Segovia-Remedios y el Urabá antioqueño; el piedemonte araucano, el Putumayo entero y el Caquetá cocalero; Tumaco, Buenaventura y el Chocó; Cauca, Nariño, Sucre y Córdoba; y las periferias sur de Bogotá —Ciudad Bolívar, Bosa, Usme, Tunjuelito— constituyeron los lugares donde el Estado se hacía presente como fuerza pública mucho antes que como ministerio de obras o de salud, y donde, en consecuencia, la única forma de negociar era paralizarlo todo. Ese mapa coincide, casi punto por punto, con el mapa del conflicto armado posterior. Fueron las mismas comunidades, las mismas redes, los mismos liderazgos —diezmados uno tras otro— los que sostuvieron ambas historias.

1991: la Constitución que quiso incluir sin resolver

Ese tejido humano —agotado por la represión, capturado por los actores armados, todavía capaz de convocar— fue el trasfondo social sobre el que se escribió la reforma constitucional. La Constitución de 1991 llegó como respuesta al agotamiento del modelo que había producido, en simultáneo, los paros y el Estatuto. Los constituyentes venían de un país donde el estado de sitio era la regla, donde la protesta social se trataba rutinariamente como subversión y donde la crisis de legitimidad —altos índices de abstencionismo, ausencia de mecanismos de participación distintos a las elecciones— había erosionado la capacidad del Estado para canalizar el malestar ciudadano. La apertura participativa buscó tapar ese hueco.

La Carta recortó severamente los poderes presidenciales de emergencia y creó la Corte Constitucional como contrapeso. Introdujo la tutela, las acciones populares y la iniciativa popular. Consolidó el proceso de descentralización iniciado en 1986 con la elección popular de alcaldes y añadió la de gobernadores. Transfirió a los gobiernos subnacionales competencias en salud y educación, en un movimiento que llevaría el gasto social del ocho por ciento del PIB en 1992 al trece por ciento en 2001. El proceso constituyente incorporó a sectores del M-19 desmovilizado, cuya agenda incluía precisamente la ampliación de la democracia local, y contó con la desmovilización paralela del EPL. La reforma fue, al menos en parte, un instrumento para cooptar a la oposición desmovilizada y reducir la violencia política que minaba la legitimidad del sistema.

Para el paro cívico, el efecto fue doble y contradictorio. Por un lado, la tutela y la carta de derechos convencieron a los colombianos de que tenían derechos: sirvieron para proteger a minorías y débiles, y para obligar a la burocracia, sobre todo en salud, a atender a todos los ciudadanos. Muchos conflictos que antes solo podían tramitarse mediante bloqueo de carretera empezaron a tramitarse mediante acciones judiciales. La periferia ganó, por primera vez, un instrumento individual y expedito para reclamar frente al Estado.

Por otro lado, la descentralización transfirió recursos que se volvieron botín. El conflicto armado se expandió e intensificó después de 1991, coincidiendo con el aumento del gasto social: la plata que llegaba a los municipios se convirtió en objeto de disputa para guerrillas y paramilitares. Y la apertura electoral subnacional acabó subordinando a los operadores electorales locales a proyectos con más músculo económico, entre ellos organizaciones vinculadas al narcotráfico. La Colombia periférica ganó canales de participación y perdió, al mismo tiempo, autonomía institucional frente a los actores armados que ya operaban en su territorio. El paro cívico, que había sido la manera de hacer política sin representación, se vio superado por dos vías opuestas: la judicial, que canalizaba lo individual, y la armada, que capturaba lo colectivo.

La huella

Después de 1994, el paro cívico no desapareció —Tumaco, Buenaventura, el Chocó y el Cauca lo volverían a usar en el siglo XXI como forma privilegiada de negociación con Bogotá—, pero perdió centralidad en el repertorio nacional de la protesta. La tutela absorbió parte de sus demandas materiales; la descentralización trasladó otra parte a la disputa por los recursos municipales; el conflicto armado, en su intensificación de finales de los noventa, hizo del bloqueo de carreteras un acto peligroso porque la carretera podía estar bajo control paramilitar, guerrillero o militar según el día. La red humana que había sostenido los paros de los ochenta —los líderes de la UP, los cuadros sindicales, los promotores comunales— había sido diezmada. La violencia contra el sindicalismo colombiano en el arco largo 1973-2019, con más de tres mil homicidios, es la cifra de una amputación política que ninguna Constitución alcanzó a reparar.

El paro cívico demostró que la Colombia de la periferia no era políticamente pasiva: sabía organizarse, formular pliegos, sostener movilizaciones de seis semanas en la plaza de un municipio del piedemonte araucano, negociar con ministros y volver a paralizar cuando los acuerdos se incumplían. Demostró también las líneas rojas del sistema: cada vez que el paro se acercaba a articular una demanda nacional, como en 1977, la respuesta fue represiva; cada vez que se sostuvo en el nivel regional, la contra fue la violencia paramilitar sobre los líderes. El paro cívico no es solo un episodio de la historia de la protesta colombiana: es la forma que asumió el pacto pendiente entre el Estado colombiano y sus ciudadanos periféricos durante la segunda mitad del siglo XX. Y la razón por la cual, aún hoy, un bloqueo de carretera sigue siendo en ciertas regiones del país la manera más eficaz —y a veces la única— de hacer política.