Sindicalismo

El sindicalismo en Colombia

El sindicalismo colombiano es la forma organizada en que los trabajadores asalariados del país han negociado, resistido y —a veces— pactado su lugar frente al capital y al Estado desde finales del siglo XIX hasta hoy. No es un movimiento unitario ni continuo: es un campo fracturado desde su origen, tutelado por partidos y por la Iglesia, forjado en los enclaves exportadores del petróleo y el banano, contenido por leyes que lo reconocieron pero lo trataron como menor de edad, y asediado por una violencia antisindical que entre 1973 y 2019 dejó 3.264 sindicalistas asesinados. Su historia condensa buena parte del siglo XX colombiano: la irrupción tardía de una clase obrera pequeña pero combativa, la República Liberal que lo amparó y lo domesticó, el Frente Nacional que lo estabilizó y lo desactivó, y la apertura económica que lo redujo a una fracción marginal de la fuerza laboral. Actor central por su capacidad de movilizar y actor sacrificado por ser el blanco más sostenido de la represión, el sindicalismo condensa la pregunta de qué margen de autonomía puede tener el trabajo organizado en un país donde el Estado, los partidos, la Iglesia y las armas se disputaron sin descanso su tutela.

Antes del sindicato: artesanos, mutuales y el largo umbral

La palabra sindicato llega tarde a Colombia. Antes de la Primera Guerra Mundial, el grueso de lo que podía llamarse clase trabajadora eran artesanos —sastres, zapateros, tipógrafos, carpinteros, herreros— agrupados en sociedades de ayuda mutua constituidas casi siempre bajo el amparo de la Iglesia católica. Estas mutuales no eran sindicatos: eran cofradías laicas que socorrían al enfermo, sepultaban al muerto y compraban en común, sin plantear la negociación con un patrón porque, en un taller de tres oficiales, no había patrón en el sentido moderno. Entre 1886 y 1919 el Estado colombiano solo otorgó 26 personerías jurídicas a agrupaciones de mutuo auxilio: la vida asociativa obrera era escasa, dispersa y tolerada más que promovida.

Junto a ese mutualismo confesional coexistió una vertiente más combativa. Artesanos y obreros incipientes fundaron la Unión de Industriales y Obreros en 1904 y la Unión Obrera Colombiana en 1913, organizaciones híbridas donde se ensayaba ya un lenguaje de derechos que rebasaba la caridad. De ese sedimento surgieron el Partido Obrero en 1916 y la Asamblea Obrera en 1919, hitos que marcan el momento en que los obreros propiamente dichos empiezan a relevar a los artesanos en la dirección de los movimientos populares. La transición no fue lineal ni completa —el peso artesanal persistió hasta bien entrada la década de 1920—, pero fijó un rasgo duradero: en Colombia, a diferencia de Argentina, Uruguay o el sur de Brasil, la inmigración europea desempeñó un papel insignificante en la formación del movimiento obrero. El sindicalismo colombiano nacería sin la influencia directa de anarquistas italianos ni socialistas alemanes; sus doctrinas llegarían por vía intelectual, en libros y periódicos, y no por barcos.

Los sectores donde el sindicato moderno echó raíces fueron los ferrocarriles, los puertos, el transporte fluvial del Magdalena y los enclaves extranjeros del petróleo y el banano: los nudos donde la economía exportadora concentraba fuerza de trabajo asalariada, disciplinada por reloj y sometida a un solo patrón grande y visible. Entre 1918 y 1923 se formaron los primeros sindicatos y se libraron las primeras huelgas del naciente movimiento obrero. En 1920 hubo una oleada notable: paros en las minas de Segovia, en el ferrocarril de La Dorada, en la fábrica de tejidos de Bello y una huelga prolongada de los obreros del ferrocarril del Pacífico en el Valle del Cauca. Fue el momento en que el país descubrió que tenía proletariado.

Barrancabermeja, Ciénaga, Líbano: la década incandescente

La década de 1920 fundó el imaginario del sindicalismo colombiano, y lo hizo a fuerza de huelgas grandes y masacres mayores. Su epicentro fue Barrancabermeja, el puerto petrolero sobre el Magdalena donde la Tropical Oil Company —la Troco, subsidiaria de la Standard— explotaba la concesión De Mares en condiciones laborales infames: calor, malaria, salarios pagados en vales, campamentos-cárcel. A finales de 1922 o comienzos de 1923 llegó allí Raúl Eduardo Mahecha, abogado de origen conservador convertido al socialismo por el eco de la Revolución Rusa. En 1923 se fundó en Barrancabermeja la Unión Sindical Obrera (USO), heredera de la Unión Obrera, con participación del Partido Socialista Revolucionario. Un año después, en 1924, estalló la primera huelga petrolera contra la Troco.

En 1925 el Segundo Congreso de Trabajadores, reunido en Bogotá, creó la Confederación Obrera Nacional (CON), que se afilió a la Internacional Sindical Roja de Moscú. La sindicalización del país empezaba a organizarse en escala nacional y con un horizonte ideológico definido: mejorar las condiciones materiales y, al mismo tiempo, disputar el sentido político del trabajo. La segunda huelga petrolera de Barrancabermeja, en 1927, replicó y amplió el patrón: mayor apoyo ciudadano, paros de solidaridad de los portuarios a lo largo del Magdalena y enfrentamientos armados con la tropa que dejaron víctimas fatales. La represión fue mayor que la de 1924 y anunció el desenlace del ciclo.

Ese desenlace tuvo dos nombres: Ciénaga y Líbano. En 1928 la United Fruit Company operaba en la zona bananera del Magdalena como un Estado dentro del Estado. Controlaba en 1921 el 59% de la tierra productiva e improductiva de la región, dominaba el ferrocarril y el transporte marítimo, quebraba y compraba pequeñas empresas, pagaba salarios bajos en vales canjeables en sus propios comisariatos y obtenía en 1928 una ganancia del 100% por cada racimo vendido. Sobre todo, se protegía mediante un sistema de contratistas intermediarios que le permitía negar que los trabajadores del banano fueran empleados suyos —y por tanto evadir el seguro colectivo y cualquier responsabilidad laboral directa—. Contra ese arreglo se levantó la huelga bananera, organizada por Mahecha, que llegó a sindicalizar a más de 32.000 trabajadores bajo la Unión Sindical de Trabajadores del Magdalena (USTM), fundada en 1925, que agrupaba tanto a asalariados como a colonos campesinos. El pliego pedía vivienda, servicios médicos, abolición de los pagos en vales y supresión del sistema de contratistas.

Semanas antes del estallido, en octubre de 1928, el Congreso había aprobado la Ley Heroica, impulsada por Ignacio Rengifo con el argumento de que era necesaria para frenar una inminente revuelta comunista. La ley prohibía la formación de organizaciones populares y sindicales de oposición e impedía la difusión de ideas socialistas. Cuando la huelga estalló, el gobierno de Miguel Abadía Méndez declaró el estado de sitio en el Magdalena y nombró al general Carlos Cortés Vargas jefe civil y militar de la zona. En la madrugada del 6 de diciembre de 1928, tras publicarse el estado de sitio, soldados salieron del cuartel de Ciénaga hacia la estación del ferrocarril —o hacia la plaza, según qué testimonio se lea— y abrieron fuego contra la multitud concentrada de trabajadores. La masacre de las bananeras se convirtió, y sigue siendo, la escena fundacional del martirologio sindical colombiano: el momento en que el Estado, a nombre del orden y de la inversión extranjera, disparó contra sus propios trabajadores.

El siguiente año, 1929, los sucesos del Líbano, en el Tolima, cerraron el ciclo. Los dos hechos —Ciénaga y Líbano— sintetizan la lógica de la década: movilización obrera y campesina masiva por un lado, respuesta militar del Estado por el otro. La suerte concreta de los principales dirigentes —Mahecha, María Cano, Ignacio Torres Giraldo— tras la represión quedó envuelta en sombra, aunque los tres se convirtieron desde entonces en referentes ineludibles de la memoria obrera. Para 1930, cuando la República Conservadora daba paso a la Liberal, solo 15.000 obreros laboraban en fábricas en Colombia, y las dos terceras partes de ellos eran mujeres. El sindicalismo naciente era, en cifras, minúsculo; en simbolismo, ya inmenso.

La República Liberal: reconocimiento con tutela

Con Enrique Olaya Herrera en el poder desde 1930, el sindicalismo entró en una fase nueva y ambigua: la del amparo estatal. La Ley 83 de 1931 reconoció los derechos de organización sindical y de huelga y estableció multas —bajas— a los patrones que violaran el derecho de sindicalización. Fue un salto normativo. Pero la misma ley mantuvo el derecho de las empresas a contratar nuevos trabajadores durante las huelgas, lo que en la práctica recortaba la capacidad de presión de los sindicatos. El reconocimiento venía con freno de mano.

Esa doble faz definió toda la relación entre la República Liberal y el mundo del trabajo. La reforma constitucional de 1936, el Acto Legislativo 01 de la administración de Alfonso López Pumarejo, garantizó el derecho de huelga, declaró el trabajo como obligación social y reprodujo del texto de 1886 los derechos de reunión y asociación como fundamento jurídico. Ese mismo año, bajo auspicio directo del gobierno, se fundó una confederación sindical que agrupó a sectores del movimiento obrero, precursora de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), brazo sindical del liberalismo y del comunismo pactantes.

La política laboral culminó con el Decreto 2350 de 1944, promulgado bajo facultades de estado de sitio, y la Ley 6 de 1945 que lo recogió con modificaciones. Estas normas prohibieron el paralelismo sindical dentro de una misma empresa —un solo sindicato por empresa, regla fundacional del modelo colombiano—, vetaron la contratación de nuevos trabajadores durante las huelgas y otorgaron a las organizaciones obreras amplia protección legal. La Ley 6 de 1945 fue, respecto al decreto que la antecedió, un avance casi ejemplar en el respeto a la autonomía de los trabajadores. Esa concepción duró pocos meses, hasta la expedición de su decreto reglamentario. El efecto acumulado fue espectacular en términos organizativos: entre 1943 y 1947 surgieron 342 sindicatos de base donde antes no existía ninguno, mientras los sindicatos gremiales cayeron de 642 a 324. La contratación colectiva por empresa desplazaba al viejo gremio artesanal.

El precio de ese crecimiento fue una autonomía escasa. La legislación era fuertemente interventora y trataba a los afiliados como una minoría de edad; el apoyo al ejecutivo se volvió la principal herramienta de reivindicación. Los gobiernos liberales no se limitaron a legislar: protegieron activamente el crecimiento sindical con motivaciones políticas. López Pumarejo entendió pronto que una clase obrera organizada era base electoral y contrapeso al poder empresarial conservador. En ese pacto asimétrico se formó la CTC. Y en las grietas de ese pacto se incubó todo lo demás.

La CTC, la UTC y el cisma que definió al sindicalismo colombiano

La CTC, dominada por liberales y comunistas, fue durante quince años la única central del país. Su fuerza fue también su fragilidad: la coalición interna se volvió inmanejable después de que el 9 de abril de 1948 el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el Bogotazo cerraran de un tajo el ciclo reformista. Ya antes, en 1946, se había producido el cisma decisivo: la fundación de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), promovida por la Iglesia Católica, el gobierno y sectores industriales, con vocación explícita de sindicalismo confesional, apolítico y anticomunista.

La UTC nació con el manual de la doctrina social de la Iglesia bajo el brazo y con la encíclica Rerum Novarum como base doctrinal —una base que en Colombia se aplicó tardíamente y que, cuando finalmente se implementó, dio a la institución eclesial el papel preponderante como oferente de una ideología cristiana competitiva frente al socialismo marxista—. Su estrategia era clara: promover la contratación colectiva y la armonía de clases, alejando al obrero de cualquier aspiración de controlar el proceso productivo. Aunque se proclamaba apolítica, la UTC tendía en la práctica a apoyar los intereses conservadores e industriales; sus propios documentos de congreso lo consignaban con inusual franqueza. En el Congreso de 1961 se autodefinió como una organización que no era enemiga de los empresarios colombianos, "firmemente dedicada a crear una reestructuración de la sociedad colombiana conforme a la justicia". La reestructuración era, se entiende, doctrinal, no clasista. Obtuvo apoyo del gobierno de Estados Unidos y, aparentemente, de sectores conservadores de federaciones obreras norteamericanas.

El golpe decisivo a la CTC llegó en 1947: tras el fracaso de la huelga general de mayo, el gobierno de Mariano Ospina Pérez le retiró el reconocimiento legal. Durante los gobiernos de Laureano Gómez y Gustavo Rojas Pinilla, la CTC sufrió una represión severa: sus dirigentes fueron perseguidos, encarcelados o asesinados, y el sindicalismo militante decayó drásticamente. Tras el golpe militar de 1953, el Partido Comunista fue declarado ilegal y de una escisión de la UTC surgió la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), auspiciada directamente por la dictadura. En pocos años, el mapa se había invertido: la central liberal-comunista, otrora hegemónica, quedó reducida y a la defensiva; la central católica y anticomunista, aupada por Iglesia, gobierno e industriales, se convirtió en la organización más grande del país desde los años cincuenta.

En el campo, la UTC extendió su influencia mediante FANAL, la Federación Agraria Nacional, organización agraria con respaldo eclesiástico orientada explícitamente a contrarrestar el sindicalismo de orientación comunista. La justificación doctrinal la formuló con claridad el padre Francisco Mejía, activo en el Valle del Cauca: los comunistas, decía, aprovechaban la miseria y la ignorancia del campesinado, y ese era el mayor peligro que enfrentaba América Latina. Sobre ese diagnóstico se construyó la intervención sindical de la Iglesia en el mundo rural. FANAL fracasó, sin embargo, en su misión de transformación agraria. Su estructura patriarcal y paternalista, su incapacidad para redistribuir la tierra de manera radical y los controles impuestos por figuras eclesiásticas no campesinas terminaron por convertirla, hacia su V Congreso en 1970, en una forma más de paternalismo asumida abiertamente por la propia organización. La pluralidad sindical resistió mejor de lo que la UTC esperaba: en el Valle del Cauca, junto a sus sindicatos católicos operaban organizaciones vinculadas a la CTC y a la CSTC del Partido Comunista, particularmente notorias en los ingenios azucareros.

Frente Nacional: el techo y el descenso

El Frente Nacional (1958–1974) fue el acuerdo bipartidista que alternó la presidencia y repartió por mitades la burocracia entre liberales y conservadores. En su marco, paradójicamente, el sindicalismo colombiano alcanzó la cifra más alta de afiliación de su historia: aproximadamente el 15% de los trabajadores potencialmente sindicalizables. La institucionalización del pacto laboral heredado de la República Liberal, la expansión industrial de mediados de siglo y la estabilidad negociadora produjeron un movimiento numeroso, hegemonizado por la UTC en lo cuantitativo y por una CTC recompuesta en lo simbólico.

Pero el mismo Frente Nacional generó las condiciones de su erosión. Alfonso López Michelsen, presidente entre 1974 y 1978, lo caracterizó como una especie de régimen de partido único sin oposición, que hacía impensable cualquier propuesta al margen del consenso liberal-conservador. Ese cierre político desencantó a sectores estudiantiles y sindicales que reclamaban cambios profundos y favoreció el crecimiento de tendencias de izquierda dentro del movimiento obrero. Entre los años setenta y ochenta, una parte significativa de los sindicatos colombianos aparecía vinculada a partidos de izquierda radical, con un discurso que validaba la lucha armada y planteaba contradicciones irreconciliables con los enemigos de clase. El sindicalismo economicista y apolítico impulsado desde la dictadura de Rojas Pinilla siguió siendo mayoritario, pero convivía con un sindicalismo político que se radicalizaba a la vez que la insurgencia armada crecía en el país.

En ese contexto ocurrió uno de los episodios más siniestros de la historia sindical colombiana: el secuestro de José Raquel Mercado por el M-19. Mercado era presidente de la CTC, un dirigente incrustado en el aparato pactista del bipartidismo, y por eso mismo un blanco simbólico perfecto para una guerrilla empeñada en disputarle a la izquierda tradicional la representación del pueblo. El M-19 lo sometió a un juicio político público en el que pidió a organizaciones populares —asambleas sindicales, estudiantiles, juntas de barrio y campesinas— votar sobre su culpabilidad por supuestos delitos de traición a la patria, traición a la clase obrera y ser enemigo del pueblo. La votación se declaró condenatoria y Mercado fue asesinado.

La escena fue una inversión atroz de todos los términos conocidos. La guerrilla asumía funciones judiciales, convocaba al pueblo a ratificar una sentencia previa y ejecutaba a un dirigente máximo del sindicalismo no a manos de la patronal ni del Estado, sino de una organización que decía hablar en nombre de los mismos trabajadores a los que pretendía representar. A partir de ahí quedó fijado un doble frente: la izquierda armada empezaba a matar dirigentes sindicales acusándolos de tibios, mientras la derecha y sus aliados paramilitares los mataban acusándolos de subversivos. El espacio del sindicalismo autónomo se estrechaba desde ambos flancos, y cada dirigente medianamente visible aprendió a leer su propia trayectoria bajo el signo de esa doble amenaza.

Los indicadores estructurales acompañaron el desgaste. Entre 1975 y 2000 se registraron 3.377 huelgas en Colombia, con 1975 como año pico. La cifra global impresiona menos si se lee al lado de la caída de la afiliación: del 15% del Frente Nacional al 8% en 1990. Ni siquiera la unificación de la mayor parte del movimiento laboral bajo la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), creada en 1986 para superar la dispersión histórica entre CTC, UTC, CSTC y otras confederaciones menores, logró detener el declive. El sindicalismo colombiano dejó de crecer justo cuando parecía, por fin, unirse.

La violencia antisindical como sistema

Ningún relato del sindicalismo colombiano es honesto si no pone en el centro la violencia dirigida contra sindicalistas. Entre 1973 y 2019, el Sistema de Información de Derechos Humanos Sinderh de la Escuela Nacional Sindical registró 15.157 hechos violentos contra el movimiento sindical. La mayoría fueron amenazas: 7.433 casos. Los homicidios sumaron 3.264; los desplazamientos forzados, 1.951; las desapariciones, 251; los secuestros, 194. Detrás de la aritmética hay una arquitectura de la intimidación en la que asesinar era solo la punta visible de una pirámide mucho más ancha. Antioquia encabezó de lejos la geografía del terror con 4.703 hechos, cifra casi equivalente a la suma de los tres departamentos siguientes —Valle, Santander y Cesar—. Hacia septiembre de 2000, de una cifra mundial de 140 sindicalistas víctimas de asesinato o desaparición forzada, Colombia registraba 76: más de la mitad de todos los sindicalistas asesinados en el mundo en un solo año. En los primeros diez meses de 2002 fueron asesinados 146 sindicalistas, superando los 125 del mismo período del año anterior. Entre 2001 y 2010 los homicidios disminuyeron aproximadamente un 70%, aunque el descenso operó sobre una línea de base atroz.

Esta violencia no fue accidente ni epifenómeno del conflicto armado. Fue mecanismo. Los paramilitares del Bloque Norte, en alianza con terratenientes bananeros, persiguieron y asesinaron selectivamente a trabajadores sindicalizados de fincas bananeras en la Zona Bananera del Magdalena, justificando la persecución en supuestos vínculos con la guerrilla. En Puerto Nare, el grupo paramilitar de Puerto Boyacá al mando de Gonzalo Rodríguez Gacha perpetró desde 1986 homicidios y amenazas contra afiliados a Sutimac —el sindicato de Cementos del Nare—, con el propósito explícito de impedir la acción reivindicativa del sindicato. En Urabá, unidades militares en las décadas de 1980 y 1990 mantuvieron vínculos con grupos paramilitares de Córdoba, y el paro nacional del 19 de octubre de 1988 tuvo entre sus consecuencias la suspensión gubernamental de las personerías jurídicas de Sintagro y Sintrabanano, los dos grandes sindicatos bananeros de la región. La represión legal y la represión armada operaron sobre los mismos cuerpos.

La violencia produjo un efecto estructural sobre las cifras. Que la afiliación cayera del 15% al 8% entre el Frente Nacional y 1990, y luego al 6% de la población económicamente activa hacia 1994, no se explica solo por las reformas neoliberales o la apertura económica; se explica también, y probablemente más, porque afiliarse a un sindicato podía costar la vida.

Geografía del enclave: petróleo, banano, azúcar

La forma concreta que tomó el sindicalismo en Colombia dependió, más que de la ideología, de la geografía económica. Donde el capital —extranjero sobre todo— concentró grandes masas de trabajadores en un solo lugar y bajo un solo patrón, surgió el sindicalismo más combativo, y también la represión más brutal. Tres enclaves fijaron el patrón: el petróleo, el banano y el azúcar, y cada uno produjo una variante distinta de la misma relación entre concentración productiva y capacidad organizativa.

El petróleo dio el modelo del sindicato con proyección nacional. Décadas después de su fundación en 1923, la USO condujo una huelga por la nacionalización del sector que trascendió con creces el pliego de una empresa: respaldada por campesinos y movimientos sociales de todo el país, con un paro cívico en Bogotá que reunió a 25.000 personas y mítines en Tunja y otras ciudades, articuló también la presión del ala gaitanista del Partido Liberal por la creación de una empresa estatal, presión que contribuyó al proceso que derivó en la fundación de Ecopetrol. Un sindicato de enclave logró incidir en la política petrolera del país entero. En paralelo, en el Catatumbo, Sidelca presentó en 1959 un pliego sobre vivienda, salarios y estabilidad laboral en Tibú, pero las negociaciones se rompieron cuando la CTC y las empresas petroleras firmaron un acuerdo sin tener en cuenta a Sidelca: un episodio menor que ilustra cómo la tutela confederal podía traicionar a la base local.

El banano dio el modelo opuesto: fuerza territorial masiva sin proyección nacional efectiva, y con un costo humano inconmensurable. Tras Ciénaga la United Fruit se retrajo del Magdalena, pero en los años sesenta reapareció en Urabá bajo el nombre de Compañía Frutera de Sevilla —la futura Chiquita— en una extensa zona de siete municipios históricamente abandonada por el Estado. Apartadó se convirtió en la capital indisputada de la región bananera, con aproximadamente el 30% de las plantaciones y el antagonismo más agudo entre trabajadores y propietarios. Allí coexistieron sindicatos obreros de industrias manufactureras, agroindustriales y madereras con guerrillas —EPL, FARC, ELN— que habían llegado a Antioquia en los años sesenta, en una superposición peligrosa entre reivindicación laboral y política armada que la contrainsurgencia luego usaría como coartada. La combatividad de Sintagro y Sintrabanano culminó en el paro de octubre de 1988 y la suspensión de sus personerías, y la violencia antisindical hizo de Urabá, junto con la Zona Bananera del Magdalena, uno de los cementerios sindicales del continente.

El azúcar del Valle del Cauca introdujo la tercera variante: pluralismo obligado. En los ingenios operaron sindicatos afiliados a la UTC de orientación católica, a la CTC liberal y a la CSTC comunista, en una convivencia que el proyecto sindical católico —a través de FANAL y de figuras como el padre Mejía— nunca logró monopolizar. Fue quizás el único gran sector donde ninguna corriente ideológica consiguió imponerse por completo. Junto a los enclaves exportadores, la geografía sindical incluyó los grandes centros urbanos e industriales —Medellín como capital textil, Bogotá como concentración administrativa e industrial, Cali, Bello, Sogamoso, Cartago—, donde los sindicatos de empresa siguieron el patrón fijado por la Ley 6 de 1945: uno por empresa, negociación colectiva y una economía de las prestaciones dentro del marco fijado por el Estado. Enclave y ciudad, combatividad y pactismo, coexistieron sin fundirse.

Neoliberalismo y crisis: el colapso pactado

Los años noventa fueron el golpe estructural. La Constitución de 1991 amplió formalmente los derechos sindicales, pero la apertura económica del gobierno de César Gaviria y las reformas legislativas aprobadas desde 1990 —la Ley 50 de flexibilización laboral en particular— erosionaron sus bases materiales. Entre 1990 y 1994 entraron en receso o fueron liquidados cerca de 514 sindicatos, con aproximadamente 95.229 afiliados, y la tasa de sindicalización cayó al 6% de la población económicamente activa. Según cálculos de Jorge Enrique Valderrama en 1998, las reducciones arancelarias habrían sido el motivo de la quiebra de al menos 25.000 fábricas, con la consiguiente reducción de la mano de obra industrial y de los trabajadores sindicalizados.

Al golpe económico se sumó el discursivo. En los años noventa se acuñó el término "oligarquía del overol" para desprestigiar a los trabajadores sindicalizados de empresas estatales, especialmente en vísperas de sus liquidaciones, y para responsabilizar a los sindicatos de los problemas macroeconómicos del país. El Estado, a cambio de aceptar la terminación del antiguo régimen de cesantías y pensiones de jubilación, ofreció a los sindicatos de empresas estatales la posibilidad de manejar fondos de pensiones y competir en el mercado financiero y de servicios de salud. La fórmula buscaba convertir a los sindicatos en operadores del propio esquema que los estaba desmantelando; su efectividad como mecanismo de concertación resultó limitada.

La crisis del sindicalismo no fue producto de una sola causa. Fue el resultado de una convergencia: la violencia antisindical sistemática documentada desde 1973, las reformas legislativas de 1990, la reestructuración empresarial por la apertura económica, el derrumbe del campo socialista que privó a la izquierda sindical de horizonte utópico y el desgaste interno de un movimiento que había vivido de la tutela estatal más que de su autonomía. La CUT, creada en 1986, sobrevivió como principal central del país, pero sobre una base cada vez más estrecha.

Huella y disputa

Cien años después de las primeras huelgas, el sindicalismo colombiano es un actor disminuido, pero irreductible. Sus tasas de afiliación son bajas, su influencia política menor que la de mediados del siglo XX y su capacidad de convocatoria concentrada en focos precisos: educadores, petroleros, judiciales, algunos sectores de servicios estatales. Y sin embargo, sigue siendo el interlocutor obrero del país, y sigue produciendo dirigentes que atraviesan la vida pública: Luis Eduardo Garzón, presidente de la CUT antes de ser alcalde de Bogotá; Angelino Garzón, ministro y vicepresidente. La memoria de los mártires —Ciénaga, Mercado, los miles de sindicalistas asesinados en las últimas cinco décadas— ancla un relato que ninguna otra organización social del país puede reclamar con la misma fuerza documental.

Nació tarde, se fragmentó pronto por la tutela liberal, conservadora y confesional, alcanzó su techo bajo un régimen de partido único y colapsó bajo el peso combinado de la violencia antisindical y las reformas neoliberales. Pero también construyó, en Barrancabermeja, en la zona bananera, en Urabá, en los ingenios del Valle, formas de organización territorial que no dependieron del favor del Estado y que resistieron precisamente porque tenían raíces propias. Ahí, en ese doble movimiento, se juega todavía la pregunta central: si el trabajo organizado en Colombia puede sostener un margen propio, o si su historia consiste en administrar la tutela ajena. La Constitución protege el derecho a organizarse; el país, con una constancia terca, ha hecho de ese derecho un oficio peligroso. Entre la letra que ampara y la costumbre que asesina, el sindicalismo sigue siendo el nombre de una disputa sin cerrar.