Campaña de Cultura Aldeana (1934–1936)

La Campaña de Cultura Aldeana

Entre 1934 y 1938, la primera administración de Alfonso López Pumarejo intentó algo que ningún gobierno colombiano había ensayado antes: llevar el Estado, en su forma cultural, hasta la aldea. La Campaña de Cultura Aldeana —dirigida desde el Ministerio de Educación por Jorge Zalamea Borda y enmarcada en la política educativa de Luis López de Mesa— desplegó bibliotecas rurales, comisiones de estudio, publicaciones para maestros y una retórica civilizadora que pretendía transformar al campesinado colombiano en ciudadano moderno. Duró apenas dos años en su fase activa, entre 1934 y 1936, y dejó tras de sí 613 bibliotecas aldeanas, un debate encendido con la Iglesia católica y una pregunta sin resolver sobre los límites del reformismo liberal ante un país cuya geografía y cuyas mediaciones simbólicas seguían escapándole al Estado. Fue, más que un programa pedagógico, un ensayo de estatización cultural del campo: el intento de fabricar por vía estética, higiénica y bibliográfica al ciudadano laico que la Revolución en Marcha necesitaba para consolidarse.

La República Liberal y el aparato de las reformas

Cuando López Pumarejo se posesionó en agosto de 1934, el Partido Liberal llevaba cuatro años en el poder tras casi medio siglo de hegemonía conservadora. La reelección de Olaya Herrera no había sido posible y las urnas dieron paso a un liberalismo que se sentía por fin autorizado a gobernar sin transacciones. El nuevo mandatario bautizó su programa como la Revolución en Marcha, expresión que él mismo acuñó y que agrupaba tres frentes: reforma tributaria, reforma agraria y democratización de la educación.

El gabinete que rodeó a López Pumarejo rompió con la costumbre liberal de repartir el poder entre los grandes barones del partido. Alberto Lleras entró al gobierno con veintiocho años; Plinio Mendoza Neira, Antonio Rocha, Jorge Soto del Corral y Darío Echandía tenían todos menos de treinta y ocho. Eran jóvenes intelectuales, muchos con formación jurídica y sensibilidad reformista, y con ellos entró también una generación de funcionarios que venían de la periferia del bipartidismo: sindicalistas, militantes cercanos al Partido Comunista, escritores de la izquierda literaria. López Pumarejo los dejó conservar su lenguaje socializante y participar en congresos obreros y manifestaciones populares desde su calidad de servidores públicos. La maniobra incorporaba las demandas del movimiento inconforme al programa oficial y a la vez las domesticaba.

Ese diseño explica la textura cultural de la Revolución en Marcha. El liberalismo lopista no se pensaba como un partido tradicional que administraba el Estado; se pensaba como un frente amplio que absorbía sindicatos, intelectuales y organizaciones independientes —la UNIR de Jorge Eliécer Gaitán terminó disuelta en el oficialismo liberal— para articular una hegemonía nueva. La reforma constitucional de 1936 fijó el eje jurídico de esa ambición: suprimió el artículo que consagraba a la Iglesia católica como elemento esencial del orden social y, aunque mantuvo la cláusula según la cual la libertad de cultos no podía ser contraria a la moral católica ni a las leyes, retiró al clero la protección constitucional que lo había blindado desde 1886. El Estado, no la Iglesia, garantizaría en adelante el orden simbólico. Y para dar cuerpo a esa garantía, había que llevarla hasta donde el Estado nunca había llegado: la aldea.

El diagnóstico: una nación por regenerar

La Campaña de Cultura Aldeana no fue una ocurrencia improvisada. Se apoyó en un diagnóstico sobre Colombia que venía madurando desde comienzos del siglo XX y que atravesaba, curiosamente, la frontera entre liberales y conservadores. En 1918, el médico conservador Miguel Jiménez López había abierto el debate en el Tercer Congreso Nacional de Médicos con una ponencia titulada Nuestras razas decaen, en la que sostenía —apoyado en mediciones de estatura, conteo de glóbulos rojos y temperatura corporal— que la población colombiana mostraba signos fisiológicos de degeneración. La tesis atribuía el deterioro a la mezcla entre "españoles aventureros inmorales" e "indígenas ya degenerados antes de la colonización": un doble origen deficitario del que no podía esperarse, sin intervención, una nación viable.

Luis López de Mesa, psiquiatra e intelectual liberal que terminaría siendo ministro de Educación de López Pumarejo, había suscrito ese diagnóstico. Junto con Marco Fidel Suárez, esperaba regenerar la sangre colombiana mediante inmigración proveniente del norte. En 1934, el mismo año en que se posesionó López Pumarejo, publicó De cómo se ha formado la nación colombiana, el primer estudio integral moderno de la nacionalidad, que combinaba historia, sociología, economía y psicología social, y que abogaba por la inmigración europea para poblar y modernizar los territorios periféricos. Del otro lado del espectro, Laureano Gómez había pronunciado en 1928 sus conferencias Interrogantes sobre el progreso de Colombia, con un tono pesimista en sintonía con Spengler sobre la composición racial del país y sus perspectivas.

Liberales y conservadores compartían la sospecha de que el pueblo colombiano no estaba a la altura del proyecto de nación moderna que unos y otros imaginaban. Diferían en el remedio. Para los conservadores, la Iglesia y la tradición contenían la disolución. Para los liberales lopistas, había que sustituir a la Iglesia por el Estado: educación laica, higiene pública, ciencia, cultura letrada. La aldea colombiana —el municipio pequeño, el corregimiento, la vereda cafetera, la parroquia andina— era el laboratorio donde ese reemplazo debía ensayarse.

Jorge Zalamea Borda, escritor y diplomático que regresó al país en 1936 tras años en Europa, alzó desde dentro del oficialismo una voz discordante frente al pesimismo racial dominante. Criticó a quienes desde las élites intelectuales veían en el pueblo colombiano únicamente "gentes ignaras e insensibles de piel oscura" que necesitaban mestizarse con el "dolicocéfalo rubio" para producir civilización, y exigió una relectura de la historia nacional libre de esa mirada. Su posición personal era compleja —él mismo participaba de códigos culturales de la élite letrada—, pero introdujo en el proyecto una fricción interna: la Campaña de Cultura Aldeana no debía limitarse a "elevar" al campesino desde arriba, sino reconocer materiales culturales que ya existían en las regiones.

Zalamea y el Ministerio de Educación

Zalamea concentró en su persona los cargos que hicieron operativa la campaña. Ocupó la secretaría general del Ministerio de Educación, el ministerio en encargo durante dieciocho meses y la dirección de la Comisión de Cultura Aldeana. Desde allí dirigió también publicaciones que se convirtieron en instrumentos del proyecto: Rin Rin, dirigida a niños, y la Revista del Maestro, dirigida a los docentes rurales que la campaña quería formar y controlar simbólicamente. Defendió la reforma educativa ante la Cámara y el Senado con una inteligencia que sus contemporáneos calificaron de brillante, y encarnó el rostro visible de la política cultural del gobierno durante los años decisivos.

El vasto plan educativo de la administración —cuyo eje principal, según el propio discurso de posesión del presidente, era la difusión y mejoramiento de la educación primaria urbana y rural— tuvo en López de Mesa un ministro con perfil intelectual denso pero con prioridades distintas a las de sus antecesores. La primaria concentró la primera preocupación; la secundaria y la universitaria recibieron análisis crítico. Dentro de ese conjunto, la Cultura Aldeana ocupó un lugar específico: no era la escuela pública propiamente dicha, sino su prolongación cultural en los espacios que la escuela sola no alcanzaba a modelar.

La Comisión sale al territorio

La Comisión de Cultura Aldeana envió equipos de trabajo a departamentos como Nariño y Huila entre 1934 y 1936. El propio Zalamea participó hacia 1936 en trabajos de campo en Nariño, de los que salieron materiales, notas y reflexiones sobre la realidad regional. Las visitas no fueron investigaciones sociológicas formales en el sentido académico contemporáneo —no había protocolo, ni cuestionario estandarizado, ni pretensión de exhaustividad—, pero sí un esfuerzo por que los funcionarios de Bogotá vieran con sus propios ojos el país que pretendían transformar.

Lo que encontraron confirmó y desmintió a la vez el diagnóstico previo. Confirmó la pobreza material, el analfabetismo, la ausencia del Estado en zonas enteras; desmintió, en cambio, la idea de un pueblo pasivo esperando ser civilizado. Las regiones tenían tramas culturales propias —religiosas, festivas, agrarias— cuya densidad no cabía en el esquema del "atraso" que el proyecto liberal traía por defecto. La campaña se propuso, en teoría, dialogar con esas tramas; en la práctica, terminó imponiendo sobre ellas un canon letrado que venía de Bogotá.

La Biblioteca Aldeana

El instrumento central de la campaña fue la Biblioteca Aldeana de Colombia: colecciones de libros distribuidas en pequeños municipios y corregimientos, concebidas como núcleos de irradiación cultural donde antes no había más letra impresa que el catecismo y, en el mejor de los casos, un almanaque. Entre 1935 y 1936, recién creada la campaña, se establecieron 89 bibliotecas aldeanas en municipios y corregimientos de Antioquia. En el conjunto del país, el total inicial ascendía a 613, de las cuales Antioquia concentraba el 14,5 por ciento. Hacia 1937 la cifra antioqueña había subido a 108, un incremento del 17,5 por ciento respecto al año anterior.

Las colecciones apuntaban a lo que la retórica oficial llamaba la "nueva escuela": una pedagogía moderna, activa, laica, informada por la psicología y la higiene. Los títulos combinaban clásicos, manuales prácticos, obras de divulgación científica y textos de autores nacionales que la campaña quería instalar en la conciencia rural. La biblioteca no funcionaba solo como depósito de libros; operaba como dispositivo simbólico. Su sola presencia en la aldea afirmaba que existía otro centro de mediación cultural además de la parroquia, otro lugar donde la palabra escrita circulaba con autoridad.

Pero el dispositivo era frágil. Los reportes de la Biblioteca Nacional sobre el funcionamiento de las bibliotecas antioqueñas hacia 1937 registraban problemas serios en una parte significativa de ellas: colecciones incompletas, ausencia de personal capacitado, locales inadecuados, escasa circulación efectiva de los volúmenes. Y los propios registros nacionales resultaban insuficientes. La lista oficial de la Biblioteca Nacional omitió a Medellín y solo mencionó cuatro de las bibliotecas que Diego Monsalve había registrado en su Monografía Estadística de Antioquia. Si en el departamento más urbanizado y con mayor tradición letrada del país el aparato de registro fallaba a ese punto, cabe imaginar el estado real de las bibliotecas instaladas en Boyacá, Nariño, el Huila o los territorios cafeteros más apartados.

Higiene, estética y pedagogía de nación

La Cultura Aldeana no se limitó a los libros. El proyecto articulaba la biblioteca con un ideario más amplio de intervención sobre el cuerpo y el espacio del campesino. El higienismo era pieza estructural del reformismo liberal: la lucha contra el alcoholismo, la promoción de la educación nutricional, el combate a las enfermedades tropicales, el mejoramiento de las condiciones materiales de la escuela rural, formaban parte del horizonte declarado del ministerio. La escuela primaria no se agotaba en la alfabetización; servía como plataforma para modelar hábitos, posturas, disciplinas del cuerpo. El maestro debía ser, al mismo tiempo, pedagogo, higienista y agente cultural.

Detrás de esa articulación operaba una teoría implícita de la ciudadanía. El campesino colombiano, tal como lo imaginaba el reformismo lopista, debía dejar de ser feligrés para volverse ciudadano; debía dejar de ser cuerpo enfermo para volverse cuerpo productivo; debía dejar de ser analfabeto para volverse lector. Y esas tres transformaciones eran una sola: la constitución de un sujeto laico, sano y letrado que sirviera de base a la nación moderna. La aldea era el lugar donde ese sujeto debía nacer, porque allí vivía la mayoría de la población colombiana en los años treinta y porque allí la mediación eclesiástica —el párroco, la fiesta patronal, la escuela confesional— seguía teniendo el monopolio del sentido.

La operación era política antes que pedagógica. Reemplazar al párroco por el maestro estatal, al catecismo por la Revista del Maestro, al calendario litúrgico por el calendario cívico, a la procesión por la ceremonia escolar: la campaña quería trasladar la autoridad simbólica del clero al Estado. Que muchos de sus arquitectos —empezando por el propio López de Mesa— siguieran creyendo, en privado, que el material humano con el que operaban era racialmente deficiente, no invalida el proyecto pero sí lo condiciona. La ambición civilizadora estaba entretejida con un paternalismo profundo que no confiaba plenamente en su propio objeto.

La resistencia: Iglesia, prensa conservadora y púlpito

La respuesta del catolicismo colombiano fue inmediata y organizada. Desde los púlpitos, los obispos y párrocos llamaron a los padres de familia a retirar a sus hijos de las escuelas públicas y matricularlos en escuelas católicas. Monseñor Ismael Perdomo, entonces obispo de Ibagué, escribió un folleto titulado Liberalismo colombiano teórico y práctico en el que sostenía que los liberales, cada vez que habían llegado al poder, se habían dedicado a perseguir a la Iglesia. El folleto circuló como munición doctrinal y política en un momento en que el conservatismo estaba reconstruyendo sus bases tras la derrota electoral.

Laureano Gómez fundó El Siglo en 1936, justo cuando la campaña alcanzaba su punto más visible, y desde sus páginas rebautizó al Ministerio de Educación como "Ministerio de Corrupción Nacional", acusándolo de promover una escuela laica, materialista y sin Dios. El ataque no era retórico ni marginal: articuló el rechazo conservador a todo el proyecto lopista, del que la reforma educativa era pieza central. Para Gómez y para los sectores eclesiásticos, la Campaña de Cultura Aldeana no era un programa cultural; era una ofensiva ideológica que pretendía descristianizar al campesinado colombiano.

El conservatismo respondió con una estrategia dual. En lo institucional, adoptó la abstención electoral sistemática: la consideraba garantía de supervivencia política y escudo frente al conjunto de reformas laicas, tributarias, agrarias y educativas de la Revolución en Marcha. En lo simbólico, movilizó a la Iglesia y a la prensa para deslegitimar cada frente reformista. La disputa por la escuela y por la cultura aldeana fue una de las trincheras más intensas de esa batalla. Tocaba, directamente, el terreno donde la Iglesia había sido soberana durante más de un siglo.

La solidez y la duración de esa oposición se miden en un dato tardío pero elocuente: todavía en 1955, en el contexto de las Conferencias Episcopales, sectores del catolicismo colombiano sostenían que el liberalismo estaba condenado por defender, entre otros errores, la libertad absoluta de enseñanza, la escuela laica, el monopolio del Estado en educación, la separación de Iglesia y Estado, el matrimonio civil y el divorcio vincular. Veinte años después de la Cultura Aldeana, la Iglesia seguía leyendo el proyecto liberal como una amenaza doctrinal en curso.

Los intelectuales y las tensiones internas

La campaña no fue un bloque homogéneo. La reunió una fracción intelectual joven y letrada —Zalamea, López de Mesa, y en el entorno más amplio del reformismo educativo figuras como Agustín Nieto Caballero y Gerardo Molina— que compartía la fe centenarista en el progreso y la aplicación de principios científicos a la modernización del país. Los centenaristas, más allá de sus diferencias políticas, alcanzaron sus mayores logros durante los gobiernos de Olaya Herrera y López Pumarejo: la Cultura Aldeana fue uno de ellos.

Pero dentro de esa fracción convivían sensibilidades distintas. López de Mesa cargaba con el diagnóstico racial pesimista y con la esperanza en la inmigración europea como palanca de regeneración; su modernización tenía un fondo eugenésico que hoy resulta difícil de mirar sin incomodidad. Zalamea, más literario, más cosmopolita, más cercano a la izquierda cultural, defendía una idea del pueblo colombiano como sujeto histórico con densidad propia, aunque su práctica ministerial también reprodujo los códigos de la élite letrada bogotana. Nieto Caballero venía de la pedagogía activa y del Gimnasio Moderno, con una tradición de renovación educativa distinta de la sociología racialista.

La convivencia funcionaba porque el enemigo común —la hegemonía eclesiástica sobre la escuela y la cultura— unificaba lo que las biografías intelectuales separaban. Pero también fragilizaba el proyecto: la Cultura Aldeana dependía de las voluntades personales de Zalamea y López de Mesa más que de una institucionalidad consolidada. Cuando esas voluntades se retiraron, el programa se retiró con ellas.

La geografía de la campaña

El material regional del que dispuso la campaña muestra un despliegue desigual. Antioquia, con su red urbana relativamente densa, su tradición de instrucción pública y una elite letrada local, fue el departamento donde las bibliotecas aldeanas se multiplicaron con más rapidez: 89 en 1935-1936, 108 en 1937. Nariño y Huila recibieron las visitas de la Comisión y sirvieron de laboratorio para el diagnóstico regional. Boyacá y Cundinamarca, más cercanas al centro del poder, entraron en la operación con una lógica de irradiación desde Bogotá. Las veredas cafeteras del eje central se cruzaron con el mapa de la campaña. La Costa Caribe apareció menos, y los Territorios Nacionales —Chocó, Vaupés, Amazonas— quedaron prácticamente fuera del alcance efectivo: allí el Estado apenas existía en cualquier forma, y la Cultura Aldeana no tuvo modo de instalarse.

Esa geografía revela algo estructural. La campaña operó donde ya había alguna base institucional previa —municipio funcional, escuela pública mínima, red de correos, algún camino— y fracasó donde el Estado partía de cero. La Cultura Aldeana no llevó el Estado a la aldea: reforzó su presencia allí donde ya estaba delineada y dejó intactas las inmensas zonas del país en las que la única mediación institucional seguía siendo la parroquia o el hacendado. La ambición de estatización cultural del campo topó, antes que con la resistencia eclesiástica, con la simple ausencia de aparato administrativo estatal en la mayor parte del territorio.

Las causas del repliegue

Hacia 1936 la campaña había perdido intensidad y hacia 1938, con el fin de la primera administración, quedó prácticamente clausurada. Varias líneas causales convergen en ese cierre temprano.

En el plano político, la Revolución en Marcha había gastado su capital de choque. La reforma agraria, símbolo del ala más combativa del programa, empezó a encontrar resistencia dentro del propio liberalismo, entre los sectores propietarios que habían tolerado a López Pumarejo mientras la agitación pudiera contenerse pero que se retiraron cuando la reforma amenazó con volverse efectiva. En el plano eclesiástico, la presión sostenida de la Iglesia y del conservatismo obligó al gobierno a modular sus gestos más ofensivos.

En el plano institucional, la fragilidad de origen se hizo estructural. Los reportes de 1937 sobre las bibliotecas antioqueñas y las omisiones de los registros nacionales muestran que el Estado carecía de la capacidad administrativa para sostener una operación de esa escala. La campaña había multiplicado los puntos de presencia sin construir la burocracia intermedia —inspectores, bibliotecarios, maestros formados, sistema de dotación regular— capaz de mantenerlos vivos.

En el plano personal, la salida de Zalamea del ministerio y las rotaciones al interior del gabinete removieron los sostenes concretos del programa. Y en el plano nacional, la sucesión presidencial abrió una etapa distinta.

La pausa y el regreso sin reforma

Eduardo Santos gobernó entre 1938 y 1942 bajo el signo de la moderación. Su administración fue caracterizada, casi desde el principio, como una "pausa" respecto a las reformas de la Revolución en Marcha: los programas agrarios se frenaron y la ofensiva cultural en la aldea se apagó como línea prioritaria, aunque no todo el reformismo educativo desapareció. Jorge Eliécer Gaitán, ministro de Educación desde 1939, emprendió en febrero de 1940 una campaña contra el analfabetismo adulto financiada por la industria privada: Bavaria, Chocó Pacífico y Tropical Oil aportaron camiones equipados con pequeñas bibliotecas, proyectores de cine y equipos de salud que recorrían poblaciones promoviendo la alfabetización. Los resultados fueron mixtos. La operación gaitanista retomaba, con otro lenguaje y otras alianzas, algunos objetivos de la Cultura Aldeana —llevar libros, imágenes y salud al campo—, pero desde una lógica menos culturizadora de arriba abajo y más orientada a la movilización popular.

Cuando López Pumarejo regresó en 1942 para su segundo mandato, el contexto era otro. El Concordato negociado por Darío Echandía y suscrito el 22 de abril de ese año, en los últimos días del gobierno de Santos, debía actualizar las relaciones entre el Estado y la Iglesia; nunca entró en vigor porque el conservatismo impidió el canje de notas de ratificación. La ruptura abierta por la reforma de 1936 no se cerró. Dos años más tarde, la Ley 100 de 1944 amplió el plazo dado a los latifundios para poner a producir la tierra improductiva y favoreció a los grandes propietarios: la fase reformista en el campo quedaba clausurada por vía legislativa. La Cultura Aldeana, contraparte simbólica de la reforma agraria en su primer intento, no fue reactivada.

Balance: lo que dejó y lo que no

La Campaña de Cultura Aldeana figura entre los programas modernizantes y civilizadores de mayor alcance de la primera mitad del siglo XX en Colombia, tanto por el carácter liberal y culturizador del proyecto como por el funcionamiento concreto de las bibliotecas aldeanas en el marco político-cultural del momento. Su alcance real, medido región por región, sigue siendo objeto de discusión.

El balance permite afirmar varias cosas con cierta seguridad. La campaña instaló por primera vez, en la escala del Estado, la idea de que la cultura letrada y la higiene eran asuntos públicos y no privilegios de clase o ámbito exclusivo de la Iglesia. Legitimó al Ministerio de Educación como agente cultural más allá de la administración escolar. Puso a circular en zonas rurales colecciones de libros que, aunque desiguales en su recepción, marcaron a una generación de maestros. Formó cuadros intelectuales —Zalamea, sus colaboradores, la red de educadores— que sostuvieron durante décadas una idea del Estado como productor de cultura.

Y sin embargo, la campaña no logró lo que se proponía. No reemplazó a la Iglesia como mediadora cultural del campesinado. No transformó de fondo la relación de la aldea colombiana con la letra impresa. No construyó una ciudadanía laica y letrada capaz de sostener por sí misma el proyecto liberal. Sus bibliotecas se deterioraron pronto en muchos casos, sus registros fueron incompletos, su alcance geográfico se detuvo en las fronteras del Estado realmente existente. El campesinado que la campaña pretendía civilizar respondió, cuando pudo, votando conservador y siguiendo a su párroco.

Por qué sigue importando

La Campaña de Cultura Aldeana condensa una pregunta que Colombia no ha terminado de resolver: cómo hace un Estado para producir ciudadanía en un país donde su presencia territorial es discontinua y donde otras instituciones —religiosas, armadas, empresariales— disputan la mediación simbólica en zonas enteras. El intento lopista de responder a esa pregunta por vía cultural —bibliotecas, revistas, comisiones, higienismo, pedagogía activa— fue ambicioso y quedó trunco.

La disputa por la escuela laica no se cerró en 1938. Gómez había bautizado al ministerio como "Ministerio de Corrupción Nacional"; la fórmula sobrevivió al gobierno de López Pumarejo y reapareció en la Violencia, en el Frente Nacional y en las reformas educativas posteriores. La ambivalencia de la campaña —querer civilizar a un pueblo del que no se terminaba de fiar— reaparece, con otras palabras, en muchos de los proyectos de intervención estatal sobre la Colombia rural que vinieron después: desarrollo comunitario, alfabetización, sustitución de cultivos, restitución de tierras. En 1934-1938 ese ensayo tuvo un nombre: Cultura Aldeana. Bogotá quiso educar a un país que no cabía entero en sus categorías, y descubrió, en el intento, los límites concretos de su alcance.