Darío Echandía

El hombre de Chaparral

Nació en Chaparral, en el sur del Tolima, el 13 de octubre de 1897, en una tierra cuya vocación política era, ya para entonces, un dato biográfico: la misma población había sido cuna de Manuel Murillo Toro y de José María Melo, dos presidentes de la República del siglo XIX que representaban, cada uno a su modo, las genealogías radicales del liberalismo colombiano. Chaparral no era, pues, un pueblo cualquiera para un futuro liberal, y el Tolima en el que Echandía se formó era una provincia atravesada por dos ritmos simultáneos y desiguales: la persistencia de las tradiciones caudillistas heredadas del siglo XIX, con su polarización endurecida entre conservadores y liberales, y un proceso de modernización social que empezaba a rehacer las jerarquías.

En ese Tolima de comienzos de siglo, los conservadores retuvieron el control del poder departamental hasta 1930, año en que los errores del conservatismo a nivel nacional —el desgaste de la hegemonía, la fractura interna que llevó a la candidatura de Enrique Olaya Herrera— hicieron caer también sus bastiones regionales. Echandía llegaba a la madurez política en el momento exacto en que su tierra dejaba de ser una plaza cerrada para el liberalismo. Su voz, cuando la elevó luego en el Congreso, conservó siempre las cadencias tolimenses que Klim, el humorista más agudo de la época, describiría con precisión de retratista: una voz cansada y dejativa, cargada de esos giros musicales del sur, que desenvolvía el pensamiento con una armonía inesperada en un recinto habituado al énfasis.

No fue nunca, sin embargo, un tribuno popular al estilo tolimense clásico. Echandía era jurista, hombre de biblioteca, y sus armas fueron la precisión técnica y la ironía: una combinación rara en un país que prefería a sus políticos entre el latinismo campanudo y el grito de plaza pública. Los contemporáneos lo llamaron, con una mezcla de cariño y respeto, "El Maestro". El apodo no se explicaba solo por su erudición: había en Echandía una manera de estar en la política que era más de guía que de caudillo, más de mediador que de conductor.

Los umbrales del poder: el joven ministro de López Pumarejo

Cuando Alfonso López Pumarejo se posesionó el 7 de agosto de 1934 e inauguró lo que él mismo bautizaría como la Revolución en Marcha, tomó una decisión que resultaría decisiva no solo para su gobierno sino para las tres décadas siguientes de vida política colombiana: prescindir de los grandes caciques del Partido Liberal —de los notables que esperaban su turno tras la primera presidencia de la posthegemonía— y rodearse en cambio de un gabinete de jóvenes intelectuales, todos menores de treinta y ocho años. Alberto Lleras Camargo, con veintiocho, era el más joven. Junto a él, Plinio Mendoza Neira, Antonio Rocha, Jorge Soto del Corral y Darío Echandía compusieron el equipo que habría de transformar el país por decreto y por texto constitucional. López los eligió porque quería reformar, no administrar; sabía que los viejos jefes le hubieran frenado el brío. Esa apuesta personal explica el ascenso de Echandía al centro de la maquinaria reformista: sin la decisión lopista de saltarse una generación, el jurista tolimense probablemente habría sido un parlamentario brillante sin palanca constitucional.

A Echandía le tocó el papel técnicamente más difícil y políticamente más expuesto: el ministerio de Gobierno, encargado de tramitar la reforma constitucional en un Congreso donde había que negociar cada coma. Apenas un mes después de la posesión, el 10 de septiembre de 1934, presentó al Senado los proyectos sobre límites y derechos de los extranjeros, y ese mismo día llevó a la Cámara los proyectos capitales sobre el régimen de la propiedad y la intervención del Estado en la economía. Un mes más tarde presentó al Senado el proyecto sobre reunión y atribuciones del Congreso. La reforma no fue improvisada ni retórica: fue una arquitectura jurídica meticulosa, elaborada en un ritmo que hoy asombra, y que buscaba desmontar, artículo por artículo, la Constitución de 1886, la Constitución "clerical y goda" de Núñez y Caro, como la llamaban los liberales de la hegemonía.

Echandía buscó bases doctrinales en la Constitución de la nueva República Española, entonces recientísima, y las fundió con la tradición liberal colombiana del siglo XIX: libre examen, fe en la razón, poder liberador de la ciencia. La reforma, aprobada en 1936, incorporó la intervención del Estado en la economía, estableció que la propiedad tiene una función social que implica obligaciones —principio que a su vez habilitó, en la legislación posterior, disposiciones como la reversión al Estado de los predios rurales sin destinación económica al cabo de diez años, y el derecho del colono que hubiera explotado un predio por cinco años de buena fe a adquirir su dominio— y sentó las bases jurídicas para lo que sería, décadas más tarde, el Estado asistencial. Era un reto frontal a las antiguas normas que dejaban los problemas de la vejez y la pobreza en manos de la Iglesia o del destino.

Conviene precisar qué tipo de intervención era la que Echandía redactaba, porque el punto es fino. No se trataba del dirigismo o el planismo europeo de esos años —esos programas que pretendían dictar la composición y volumen de la producción— sino de una intervención primariamente regulatoria, concentrada en el derecho laboral, en la relación entre trabajador y empresario para procurar ventajas al primero. Es la marca del jurista Echandía en el reformismo lopista: menos vocación de ingeniería económica que voluntad de reequilibrar, por vía normativa, las asimetrías del contrato social. El nacionalismo desatado por el conflicto de Leticia con el Perú había preparado el terreno emocional; Echandía aportó el terreno jurídico.

Tres medidas simbolizaron la Revolución en Marcha: la reforma tributaria, la reforma agraria y la democratización de la educación. Esta última siguió las viejas ideas del liberalismo decimonónico y buscó adaptar la educación al proceso de industrialización que empezaba a asomar. La oposición fue temprana y transversal: los conservadores respondieron con dureza, pero también sectores del propio liberalismo —los que preferían el statu quo, sobre todo en el campo y en la educación— resistieron. En diciembre de 1936, el propio López proclamó la necesidad de una "pausa" para apaciguar a la oposición conservadora y a las críticas patronales. La reforma agraria, en particular, fue vetada por sectores de las élites regionales, que lograron frenar sus alcances durante el siguiente gobierno liberal. El texto constitucional de Echandía sobrevivió; la aplicación práctica de sus principios, no del todo.

De la reforma al arbitraje: los años de Gaitán y el 9 de abril

Terminado el primer gobierno de López en 1938, el grupo del gabinete inicial se dispersó en cargos y misiones diversas, pero seguiría dominando la política colombiana durante las tres décadas siguientes. Echandía transitó por ministerios, por la diplomacia —la Santa Sede, Berna—, por el Congreso. Su prestigio de reformador constitucional era ya, hacia mediados de los años cuarenta, una marca de fábrica: cuando entraba al recinto y tomaba la palabra, se hacía el silencio, y desenvolvía armoniosamente su pensamiento. Daniel Henao, ex ministro y escritor, lo describió como brillante, polémico, retador, incisivo y sagaz, y añadió una frase que lo pintaba entero: no daba ni recibía cuartel en la contienda ideológica.

Vino entonces el fenómeno Gaitán. En marzo de 1947, Jorge Eliécer Gaitán superó en casi cien mil votos al sector santista del liberalismo. En Cundinamarca, encabezando la lista al Senado, obtuvo 32.780 votos frente a 9.761 de la lista santista que encabezaba Carlos Lleras Restrepo. La aritmética lo hacía acreedor a la jefatura del partido, y así ocurrió. Pero lo que la aritmética no podía disimular era el rechazo íntimo que la dirigencia liberal oficial sentía por el caudillo popular: la gran mayoría dejó que Gaitán asumiera la jefatura con sus propios copartidarios, seguros —o esperanzados— de que se desacreditaría rápidamente al chocar con las contradicciones inevitables de ser, a la vez, líder popular beligerante y jefe de un partido que participaba en un gobierno de Unión Nacional presidido por el conservador Mariano Ospina Pérez.

Echandía tomó, en ese punto, una decisión atípica dentro de su sector. Junto con Plinio Mendoza Neira, Alonso Aragón y unos pocos más, se puso al lado de Gaitán y le prestó apoyo como jefe del partido. Fue una minoría dentro del liberalismo oficial, pero una minoría de peso: el nombre de Echandía cubría a Gaitán con una legitimidad que las élites liberales le negaban. Que fuera Echandía el que cruzara ese umbral dice mucho de su lectura de la hora: entendió que el gaitanismo no era una anomalía a esperar que se disipara, sino una fuerza a incorporar. La incorporación, sin embargo, fracasó por causas mayores. El Congreso de mayoría liberal, durante la jefatura de Gaitán, no aprobó ninguna ley importante ni sus proyectos de reforma bancaria y reforma agraria. El sabotaje interno del santismo y el bloqueo conservador dejaron al caudillo con la calle pero sin la ley.

El 9 de abril de 1948, Gaitán fue asesinado en Bogotá y la ciudad ardió. Esa misma noche, mientras la turba destruía el centro, un grupo de dirigentes liberales se dirigió al Palacio de Gobierno a negociar con Ospina Pérez. Entre ellos, Carlos Lleras Restrepo y Darío Echandía. Ambos pidieron la renuncia del presidente. Ospina se negó, defendió su legitimidad, esperó los refuerzos militares y decidió mantenerse al mando. Algunos militares llegaron a sugerir una junta de gobierno provisional con militares y dirigentes conservadores; Ospina descartó la salida castrense y optó por relanzar, en cambio, su proyecto de Unión Nacional, ahora con los principales dirigentes liberales incorporados al gabinete. Laureano Gómez, exiliado tras la jornada, quedaba fuera del arreglo, lo que hacía la coalición políticamente viable para el liberalismo.

En la mañana del 10 de abril, con la revuelta ya reprimida, se cerró el acuerdo. Se designó un ministro de Gobierno liberal para garantizar la imparcialidad de las siguientes elecciones y evitar más violencia. Los mismos dirigentes que la noche anterior habían pedido la renuncia del presidente aceptaban ahora colaborar con él. Juan Lozano y Lozano, periodista y liberal, criticó a la dirigencia por haber llevado la lucha civil legal hasta el último extremo y comprometido al pueblo en ella: una frase que resonaba más allá del contexto inmediato.

Aquí conviene detenerse, porque en este pliegue está una de las claves del personaje. Echandía había sido, meses antes, uno de los pocos que apostó por Gaitán; era ahora uno de los negociadores que aceptaba la coalición con el gobierno que muchos gaitanistas consideraban corresponsable, por acción u omisión, del crimen y de la represión. La coherencia entre esos dos gestos —el apoyo minoritario a Gaitán y la firma del pacto con Ospina— no es de doctrina sino de método: Echandía creía en la mediación institucional aun cuando la institución flaqueaba. Fue, a la vez, el liberal más abierto al gaitanismo y el que ayudó a construir la salida que dejó al gaitanismo sin representación política. La violencia no se detuvo: continuó, y se extendió por los campos, con creciente desconfianza entre los partidos. El acuerdo de notables había estabilizado a Bogotá; no había desactivado la Violencia.

El atentado del 25 de noviembre de 1949

En 1949, con el país entrando en una escalada de violencia partidista y con Ospina Pérez cerrando cada vez más el régimen, el Partido Liberal proclamó candidato presidencial a Darío Echandía. Era la elección natural: el hombre de mayor autoridad moral del liberalismo, respetado por su trayectoria y por su discurso mesurado, con el prestigio del jurista y del negociador.

El viernes 25 de noviembre de 1949, en Bogotá, sobre la carrera 13, junto a los muros del colegio de María Auxiliadora y de la empresa Bavaria, Echandía caminaba con lo que un testigo describió como un remedo de mini-manifestación silenciosa y pacífica: un grupo modesto, formado sobre la marcha, con estudiantes y simpatizantes que se sumaban al paso del candidato. Fue entonces cuando estalló el ataque armado. En el atentado murió Vicente Echandía, hermano del candidato. Darío sobrevivió.

El episodio fue mucho más que una tragedia familiar. En el plano político, marcó el punto en que el liberalismo dejó de creer en la viabilidad electoral bajo el régimen conservador: el partido se retiró de las elecciones, Laureano Gómez llegó a la presidencia sin oposición y el país entró en su ciclo más oscuro de violencia. Para Echandía, en el plano íntimo, aquel disparo dejó una marca imborrable. La reserva que ya le era natural se convirtió en repliegue, y su relación con el poder ejecutivo —al que había estado tan cerca y del que se apartaría una y otra vez en los años siguientes— quedó atravesada por esa fecha. La pregunta "¿poder para qué?", que la memoria colectiva le atribuye, cobra un sentido más denso cuando se recuerda que su hermano había muerto en la calle acompañándolo a un mitin.

El árbitro tardío: hacia el Frente Nacional

En los años de la Violencia, con Gómez en la presidencia y luego con el golpe de Gustavo Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953, la política colombiana entró en una zona de sombras donde las viejas categorías se agotaban. Alfonso López Pumarejo, ya en los primeros años de la década de 1950, había propuesto un acuerdo bipartidista de reparto del poder como salida a los problemas del país, propuesta que Laureano Gómez rechazó entonces. La idea, sin embargo, quedó circulando entre los notables de ambos partidos.

Fue Alberto Lleras Camargo —aquel joven de veintiocho años del primer gabinete de López— quien, como director del liberalismo, lideró la oposición civil al régimen de Rojas Pinilla y quien encabezó las negociaciones que darían origen al Frente Nacional. En julio de 1956, en Benidorm, España, Lleras Camargo y Laureano Gómez firmaron el acuerdo que proponía el retorno a la normalidad jurídica y afirmaba el principio de cooperación política bipartidista. En 1957, el Pacto de Sitges estableció que el poder sería compartido igualitariamente entre liberales y conservadores durante cuatro elecciones consecutivas, con alternancia presidencial cada cuatro años. El 1 de diciembre de 1957, un referéndum nacional aprobó el Frente Nacional, que instauraría un gobierno bipartidista por dieciséis años a partir de 1958.

Echandía asistió al desenlace desde el lugar que había construido para sí durante toda su vida pública: no el del negociador principal —ese fue Lleras Camargo—, sino el del hombre cuya venia legitimaba, cuya crítica pesaba, cuyo silencio importaba. Había sido uno de los interlocutores del liberalismo con Ospina en el momento más crítico del 9 de abril; había sido candidato baleado; había pasado por ministerios y misiones diplomáticas sin quedarse en ninguno. Cuando el liberalismo colombiano necesitaba una figura que encarnara la continuidad moral entre la República Liberal y el Frente Nacional, Echandía estaba disponible, precisamente porque no había querido ser presidente cuando pudo.

Que rechazara el poder no era, sin embargo, un gesto de humildad ni de indiferencia. Era, más bien, un cálculo lúcido sobre las condiciones de la autoridad en un país como el suyo. Echandía había visto, desde el gabinete lopista, cómo el ejercicio pleno del poder desgastaba incluso a los reformadores más brillantes. Había visto, en 1948, cómo un presidente en el Palacio se convertía en pararrayos de todas las tormentas. Había visto, en 1949, lo que podía costar personalmente aspirar a la primera magistratura. Su decisión de mantenerse en los umbrales —ministro sí, encargado del poder sí, candidato sí, presidente no— era una economía de la autoridad: gastarla lo justo, preservarla para los momentos en que el país necesitara mediación más que mando.

Retrato del jurista: obra, estilo y el "¿poder para qué?"

Hay figuras cuya huella es fundamentalmente política —los presidentes, los caudillos— y figuras cuya huella es fundamentalmente doctrinal —los ideólogos, los tratadistas. Echandía pertenece a una categoría más rara: la de los hombres cuya huella es jurídica en el sentido más denso, porque redactaron el marco normativo en el que otros habrían de moverse. La reforma de 1936 —con la función social de la propiedad, la intervención del Estado, las bases del Estado asistencial— es un texto que dio forma a Colombia durante medio siglo, hasta la Constitución de 1991. Y ese texto lleva, en buena parte, la impronta del joven ministro de treinta y siete años que lo llevó al Senado y a la Cámara el 10 de septiembre de 1934.

Su estilo parlamentario es lo que mejor conservó la memoria contemporánea. Klim lo pintó como el hombre cuya sola aparición en la palabra imponía silencio: voz cansada, dejativa, con cadencias tolimenses de torbellino, desenvolviendo armoniosamente el pensamiento. Daniel Henao lo describió con adjetivos menos musicales pero igual de reveladores: brillante, polémico, retador, incisivo, sagaz; incapaz de dar cuartel o de recibirlo. Los dos retratos parecen contradictorios y no lo son: Echandía era, en efecto, un contendor implacable en el fondo argumentativo y un orador armónico en la forma. La contradicción, si la había, se resolvía en su ironía, que era su marca personal más reconocible y la que ha sobrevivido en las anécdotas.

El "¿poder para qué?" —esa frase que la memoria colombiana le atribuye sin lograr fecharla con precisión— condensa la actitud de una vida entera. No era escepticismo filosófico ni desencanto vago: era la pregunta de un jurista que había visto los usos y los desgastes del poder desde muy cerca y que sabía que la autoridad de un dirigente civil, en Colombia, se preserva mejor por lo que se rechaza que por lo que se acepta. En un país donde la política era —y sigue siendo— un ejercicio de acumulación y despliegue, Echandía practicó una política de sustracción y reserva. Es una tradición minoritaria pero real en la historia colombiana, y Echandía es, quizá, su representante más elocuente.

Sombras y saldos

Una lectura demasiado benévola de Echandía lo convertiría en el sabio incorruptible del liberalismo, ajeno a los pactos que otros firmaron. Una lectura demasiado severa lo convertiría en el rostro amable de un cierre oligárquico. Ninguna hace justicia al personaje.

Echandía fue, sí, el reformador constitucional más eficaz de la República Liberal, y sin su trabajo técnico las ideas lopistas se habrían quedado en discurso. Fue, sí, uno de los pocos dirigentes del liberalismo oficial que apostó por Gaitán cuando la mayoría del partido esperaba su descrédito. Fue, sí, el candidato que pagó con la vida de su hermano el precio de una candidatura en el peor momento del régimen conservador.

Pero también fue el ministro de la reforma agraria de 1936 que, dos gobiernos después, sería vetada por las élites regionales sin que la dirigencia liberal —él incluido— librara la batalla política necesaria para defenderla. Fue el negociador del 10 de abril de 1948 que aceptó la coalición con Ospina apenas horas después de haber pedido su renuncia, contribuyendo a un pacto de notables que estabilizó a Bogotá mientras la Violencia se extendía por los campos. Fue, en suma, un hombre de la mediación institucional en un país cuyos problemas rebasaban las capacidades de la mediación institucional. Sus virtudes —la mesura, el matiz, la reserva— fueron también, en ciertos momentos decisivos, las limitaciones que impidieron una ruptura que quizá el país necesitaba.

Echandía murió en 1989, a los noventa y un años, habiendo sobrevivido a casi todos sus contemporáneos del primer gabinete de López. Vio nacer el Frente Nacional, lo vio agotarse, vio los primeros años del ciclo violento que le sucedió. La Colombia que dejó al morir no era ya la que él había ayudado a fundar en 1936: la Constitución de 1991, que rehizo el marco jurídico del país, estaba a solo dos años. Su nombre, sin embargo, seguía teniendo un peso específico en la memoria del liberalismo colombiano: el peso de una figura que había ocupado casi todos los cargos posibles sin dejarse marcar por ninguno, y que había convertido la pregunta "¿poder para qué?" en algo más profundo que una boutade: en un método.

Chaparral, que había dado a Colombia dos presidentes en el siglo XIX, dio en el XX a un hombre que decidió no serlo. La decisión, contra lo que parece, no lo empequeñece. Lo distingue.