Elecciones de 1946 y retorno conservador

Elecciones de 1946 y retorno conservador

En mayo de 1946, después de dieciséis años de hegemonía liberal, un empresario antioqueño llamado Mariano Ospina Pérez ganó la presidencia de Colombia con el 41% de los votos. No lo hizo derrotando al Partido Liberal: lo hizo entrando por la grieta que el liberalismo se había abierto a sí mismo. Gabriel Turbay, candidato oficial, y Jorge Eliécer Gaitán, candidato disidente, sumaron entre los dos una holgada mayoría del electorado, pero ninguno cedió. La aritmética de esa terquedad devolvió el poder al conservatismo y, con él, activó desde el aparato del Estado una reconquista territorial —policías conservatizadas, alcaldías militarizadas, estados de sitio— que prefiguraría el ciclo de La Violencia. El episodio que va de la renuncia de Alfonso López Pumarejo en julio de 1945 a la posesión de Ospina Pérez en agosto de 1946 es una bisagra: el momento en que la República Liberal se despide sin quererse ir, el gaitanismo desborda al partido que lo contiene y el conservatismo, con Laureano Gómez agazapado detrás de una candidatura moderada, ejecuta la maniobra más eficaz de la política colombiana del siglo XX.

El mundo que se derrumba: la renuncia de López y el interinato de Lleras

El segundo gobierno de Alfonso López Pumarejo (1942–1946) llegó a 1945 exhausto. La agenda reformista que en los años treinta había levantado la Revolución en Marcha —con la Ley 200 de 1936 como emblema— ya había sido erosionada por la propia Ley 100 de 1944, sancionada en pleno periodo de crisis, que restituyó poderes a los propietarios de tierras y limitó el alcance del reformismo agrario. El liberalismo estaba fracturado en tres corrientes que no se hablaban entre sí: el ala santista, encabezada por Eduardo Santos, que representaba al liberalismo moderado y patricio; el lopismo, ya sin oxígeno; y el gaitanismo, movimiento de masas que operaba dentro del partido pero le disputaba las bases. Ninguna de las tres respaldaba con firmeza al Ejecutivo.

A esa erosión política se sumó el sobresalto militar. En julio de 1944, durante una visita presidencial a Pasto, un movimiento dirigido por el coronel Diógenes Gil apresó al presidente en lo que la historia recuerda como el golpe de Pasto. La asonada duró apenas lo suficiente para dejar cicatriz: el designado Darío Echandía asumió la presidencia y, con el apoyo de los altos mandos y del ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo, conjuró el cuartelazo en pocos días. Pero el mandatario nunca se repuso del susto. El gobierno decretó el estado de sitio, cerró el Congreso y adoptó restricciones al debate público. La oposición conservadora, virulenta y bien organizada por Laureano Gómez desde El Siglo, tomó a López por el cuello y no lo soltó.

En un último intento por salvar la legislatura, López buscó un acuerdo con los conservadores: el 30 de marzo de 1945 les ofreció tres carteras ministeriales, de las cuales solo una fue aceptada. La coalición no cuajó. En julio de 1945, agotado por el asedio, sin partido detrás y sin fuerza para gobernar con lo poco que le quedaba, López Pumarejo renunció. Le entregó la presidencia al primer designado, Alberto Lleras Camargo, quien la ejerció hasta agosto de 1946.

El gobierno de Lleras Camargo no fue un paréntesis: fue una declaración. Con él, el reformismo lopista se cerró. Lleras, pieza clave en la configuración de la Ley 200 y en el gabinete de coalición de 1944, entendía que la tarea del interinato era serenar las aguas, no removerlas. Durante su administración, además, se selló el desmantelamiento del sindicato más combativo del país: la Federación Nacional del Transporte Marítimo y Fluvial, FEDENAL, fue destruida a finales de 1945 tras su huelga, marcando un punto de inflexión en el poder obrero. La República Liberal terminaba con el aparato reformista desarmado y el movimiento sindical debilitado justo cuando debía enfrentar su prueba electoral más difícil.

Dos liberales que no cabían en un partido

Cuando el liberalismo se preparó para escoger candidato en 1946, ya no era el partido monolítico que había ganado tres veces seguidas. Era dos partidos que compartían nombre.

Gabriel Turbay encarnaba el liberalismo de dirección: culto, cosmopolita, con respaldo del ala santista, del aparato del partido, de la dirección de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y del Partido Comunista, entonces PSD. Su candidatura era la de la maquinaria, la de los notables, la de los directorios departamentales. Tenía todo lo que un candidato oficial necesita, salvo el pueblo.

Jorge Eliécer Gaitán encarnaba el liberalismo de base. Abogado penalista de origen popular, socialista reformista desde su tesis de grado hacia 1924, había ingresado años antes al Partido Liberal con la conocida imagen del Caballo de Troya: entrar para tomarlo desde adentro y orientarlo hacia los intereses populares. En 1945, en el Programa del Colón, había propuesto una reforma agraria moderada pero clara: limitar la tenencia a un máximo de 1.000 hectáreas y revertir al Estado las tierras tituladas pero no explotadas, para liberar la colonización campesina bajo el principio de que era el trabajo, y no el título, el origen legítimo de la propiedad. Su consigna era «la restauración moral de la república», una fórmula que no llamaba a la destitución de los privilegiados sino a la decencia, la legitimidad y el respeto por la comunidad. Con ella tocaba una fibra que trascendía las lealtades de partido.

Su diagnóstico cabía en una frase: «el pueblo no tiene dos partidos, sino que ha sido partido en dos». Los enemigos de los sectores populares, decía, no estaban en el partido de enfrente, sino en las dirigencias de ambos. La fórmula era peligrosa para las cúpulas y magnética para las bases. Tenderos, artesanos, obreros industriales, empleados de servicios, campesinos: el gaitanismo articulaba un bloque que reconocía en su líder algo que ningún otro dirigente le daba —el respeto elemental de mirarlo de frente.

En abril de 1946, con las elecciones a un mes de distancia, Turbay y Gaitán se reunieron para intentar acordar una candidatura única. Las conversaciones fracasaron. La versión que sobrevive de aquel desencuentro tiene el sabor amargo de las cosas irreparables: Turbay le habría espetado a Gaitán la frase «soy más calificado que tú para ser presidente». Ese cálculo de superioridad —de escuela, de linaje político, de trato con las embajadas— chocó con el cálculo inverso de Gaitán: ceder su candidatura, aun con la promesa de la nominación liberal para 1950, habría significado desmovilizar a un movimiento popular que había hecho de él, no del partido, su punto de referencia. Rendirse ante la maquinaria era desaparecer.

Detrás de esa pulseada personal se movía otro actor decisivo: López Pumarejo, que declaró su neutralidad. Dijo que no podía asumir el papel de capitán de una campaña contra ninguno de los dos aspirantes de su propio partido. En términos prácticos, la neutralidad del expresidente y jefe natural del liberalismo equivalía a dejar sin árbitro la disputa. Sin autoridad política interna que forzara a una fórmula única, Turbay y Gaitán se lanzaron por separado al abismo.

La maniobra de Laureano y la aparición de Ospina

Del lado conservador, el problema era en apariencia simple: llevaba dieciséis años perdiendo. Laureano Gómez, jefe indiscutido del partido y dueño de El Siglo, era el candidato natural. Pero Gómez era también el hombre público más polarizante del país. Sabía, con esa lucidez fría que lo caracterizaba, que su propia postulación produciría el efecto contrario al deseado: uniría al liberalismo dividido. La sola posibilidad de un presidente Laureano Gómez habría bastado para que Turbay y Gaitán se sentaran de nuevo, esta vez con voluntad de acuerdo.

La solución fue táctica y quirúrgica. El 24 de marzo de 1946 —a mes y medio de las elecciones del 5 de mayo, cuando la ruptura liberal ya era irreversible— el conservatismo lanzó la candidatura de Mariano Ospina Pérez. La sincronización no fue casual: se dejó cocinar la fractura del adversario y solo entonces se puso el nombre sobre la mesa.

Ospina era la figura ideal para la operación. Nieto del expresidente Mariano Ospina Rodríguez y sobrino de Pedro Nel Ospina, pertenecía a una dinastía política antioqueña que le daba pedigrí sin identificarlo con el sector más beligerante del partido. Empresario, dirigente cafetero, industrial y urbanizador, encarnaba la imagen de un conservatismo moderno, católico moderado, cercano —en el discurso de campaña— a campesinos y obreros. Prudente, tolerante, con maneras de gerente antes que de tribuno: exactamente el opuesto de Gómez.

La pieza central de su campaña fue la promesa de un gobierno de Unión Nacional, con gabinete paritario entre los dos partidos y supresión de los «gobiernos de partido». La propuesta tenía dos destinatarios. A los grupos empresariales, tanto conservadores como liberales, les hablaba en el lenguaje de la estabilidad posreformista: se acabó la agitación de los años treinta, gobernemos con las élites productivas de las dos colectividades. A los liberales moderados les ofrecía una razón para no oponerse activamente: si el conservador que viene no es Laureano, si además va a gobernar con nosotros, ¿para qué desgastarse en una batalla que hemos hecho impracticable por cuenta propia?

Gómez, hombre de estrategia antes que de vanidad, aceptó el juego. Ceder el primer plano de la candidatura para asegurar el retorno del partido al poder era un cálculo del que sabría cobrar dividendos después.

La votación del 5 de mayo

Los resultados del 5 de mayo de 1946 confirmaron dos cosas: que Ospina Pérez había ganado con el 41% de los votos, y que la aritmética de la derrota liberal era todavía más dramática de lo que la campaña anticipaba. Turbay quedó en segundo lugar; Gaitán, en el último, aunque no muy lejos de sus rivales. La diferencia entre Gaitán y Turbay fue de unos 60.000 votos; entre Gaitán y Ospina, unos 200.000. Los dos candidatos liberales, sumados, habrían derrotado con holgura al conservador. Fue el espejo exacto, con los papeles invertidos, de 1930: entonces, la división del conservatismo entre Alfredo Vásquez Cobo y Guillermo Valencia había entregado el poder a Enrique Olaya Herrera. Ahora, la división liberal lo devolvía.

Pero el mapa del voto contaba una historia más compleja que el conteo nacional. Gaitán, último en el agregado, había ganado en Bogotá con el 58% de los votos y en Barranquilla con el 71%. Superó a Turbay y a Ospina en todas las grandes ciudades de concentración obrera, con la única excepción de Medellín. Donde había fábricas, sindicatos, barrios populares consolidados, tranvías, mercados, el gaitanismo arrasó. En cambio, en los bastiones liberales rurales tradicionales —los municipios donde la maquinaria del partido controlaba directorios y padrones—, el voto oficial se mantuvo con Turbay. La CTC había apoyado a Turbay con precaria mayoría de su dirección, pero las bases sindicales se fueron con Gaitán al margen de la orden confederal. El abismo entre la dirigencia obrera y sus afiliados quedó expuesto en las urnas.

Los datos regionales lo ilustran. En la Intendencia de Arauca, de 560 votos registrados, 476 fueron para los candidatos liberales: Gaitán obtuvo 256, Turbay 220 y Ospina apenas 84. Incluso en la frontera de los llanos, donde la política llegaba con menos ruido, el gaitanismo era la primera opción entre los liberales. Ese patrón —Gaitán primero entre los liberales del pueblo raso, Turbay primero entre los liberales del partido— reveló que no había dos candidatos disputándose un electorado, sino dos electorados que ya no cabían en el mismo partido.

Gaitán, aun perdiendo, había ganado el liberalismo. Superó por casi 100.000 votos, a nivel nacional, al sector santista. En Cundinamarca derrotó a Carlos Lleras Restrepo por 32.780 votos contra 9.761. Aquella derrota presidencial era, en la lógica interna del partido, una demostración de fuerza. En las elecciones parlamentarias de comienzos de 1947 las listas gaitanistas barrerían en todo el país, y Gaitán sería reconocido como jefe único del liberalismo. La lección política era brutal para las dirigencias: la base había dictado su veredicto.

Las causas de la derrota liberal

Reducir el resultado de 1946 a una anécdota de egos —Turbay que no cede, Gaitán que no baja— es quedarse en la superficie. La división tuvo un detonante personal, sí, pero se apoyó en una fractura estructural.

Primero, el liberalismo había perdido la capacidad de representar a su propia base social. La República Liberal había construido, entre 1930 y 1945, un electorado urbano y popular en torno a las reformas de López y a la incorporación política del movimiento obrero. Pero al llegar a 1946, con el reformismo agotado por la Ley 100 y el sindicalismo golpeado por la destrucción de la FEDENAL, ese electorado ya no se reconocía en la dirigencia santista ni en los notables regionales. El gaitanismo no fue una escisión: fue la expresión electoral de una separación que ya se había consumado en la vida social.

Segundo, faltó árbitro. La neutralidad declarada de López Pumarejo —léase como convicción personal, resignación política o cálculo tardío— dejó al partido sin autoridad interna capaz de imponer una fórmula única. Sin arbitraje, la disputa se resolvió por el desgaste, y el desgaste favoreció al que tenía menos que perder: Gaitán, que sin la candidatura desmovilizaba su movimiento; Turbay, que sin la candidatura oficial dejaba de existir. Ambos prefirieron perder juntos a ceder por separado.

Tercero —y esto es lo que suele olvidarse cuando se habla de «suicidio liberal»— hubo una decisión conservadora activa que convirtió la apertura en victoria. Sustituir a Gómez por Ospina fue una jugada de manual. Sin ese cambio, la candidatura conservadora habría cohesionado al liberalismo por reacción y la fórmula única habría emergido, aunque fuera a regañadientes. La táctica de Gómez —aceptar el segundo plano para asegurar el retorno— fue el complemento indispensable de la fractura ajena.

Y hubo un actor emergente cuyo peso no se ha subrayado lo suficiente: los grupos empresariales bipartidistas. La afinidad con la propuesta de Unión Nacional atravesó las líneas partidarias. Para los industriales, banqueros y comerciantes que habían crecido a la sombra de la sustitución de importaciones durante la guerra, el proyecto de Ospina era la promesa de estabilidad institucional sin retornos reformistas. 1946 fue también la victoria de un bloque de élites económicas que se reordenaba por encima de la lealtad de partido.

El estreno de Ospina y la Unión Nacional

Al conocer su triunfo, Ospina Pérez ratificó, en declaraciones a personas cercanas, su programa: quería ser «el Presidente de Colombia para todos los colombianos». La retórica de reconciliación no era solo cortesía. Reflejaba una constatación práctica: los liberales controlaban la mayoría del Congreso, del poder judicial y de casi todas las policías departamentales y municipales del país. Gobernar contra ellos era gobernar contra el Estado.

La Unión Nacional se estrenó con un gabinete paritario y una política de continuidad administrativa. Un signo del talante inicial fue la proposición aprobada por el Senado el 24 de octubre de 1946 —treinta votos contra tres— reconociendo que el gobierno saliente de Lleras Camargo había respetado la Constitución y las leyes de la República. Ese gesto bipartidista de despedida tenía algo de tregua entre caballeros: el liberalismo salía con honores, el conservatismo entraba sin revanchas visibles.

Pero la tregua era frágil por razones simultáneas. Adentro del gobierno, el ala laureanista veía la Unión Nacional como un mal necesario, no como un fin. Afuera, en el liberalismo, la oposición se fragmentaba en dos actitudes: el sector oficial, dispuesto a colaborar en el gabinete y a moderar su discurso; y el sector gaitanista, cada vez más beligerante, que veía en Ospina no a un moderado con quien negociar sino a la punta visible de un aparato que ya estaba operando contra sus bases en las regiones.

Y sobre el terreno, las cosas se movían más rápido que en los ministerios.

La reconquista territorial

Desde 1946, y con claridad creciente a lo largo de 1947, el gobierno de Ospina —o, más precisamente, el conjunto de autoridades conservadoras departamentales y municipales que se instalaron con él— comenzó a ejecutar una política que sería central en la deriva hacia La Violencia: la conservatización sistemática del aparato coercitivo del Estado.

En Boyacá, en los Santanderes, en el norte del Tolima, en zonas de Cundinamarca y en municipios cafeteros de Antioquia, alcaldes y comandantes de policía fueron reemplazados por personal conservador dispuesto a ejecutar las órdenes de los directorios locales del partido. La memoria de la persecución liberal contra los conservadores en los años treinta —viva y dolorosa en departamentos como Boyacá y los Santanderes— proveyó la coartada emocional para lo que a veces fue revancha explícita: despidos de empleados públicos liberales, intimidación de portadores de cédulas liberales, despojos de tierras, apaleamientos, homicidios.

La violencia contra los gaitanistas venía de antes. Los archivos personales de Gaitán conservan cientos de telegramas enviados desde municipios de todo el país denunciando atropellos: en febrero de 1946, en Anapoima, el personero municipal ordenó retirar de sus cargos a todo el personal gaitanista; el 20 de marzo de 1947, en Icononzo, el alcalde militar allanó el domicilio de un militante gaitanista —el líder agrario Juan de la Cruz Varela lo denunció por telegrama— y lo condujo enfermo a la cárcel sin delito ni motivo. Robos de cédulas, constreñimiento electoral, encarcelamientos sin causa, apaleamientos, homicidios, desplazamientos: el catálogo se repite en las denuncias con una monotonía que solo la impunidad explica.

La oposición gaitanista respondió trasladando la pelea al Congreso, donde el liberalismo aún era mayoritario. Allí montó el episodio conocido como «la conspiración de los gases», que involucró acusaciones contra ministros conservadores por presuntos favorecimientos en negocios petroleros y sospechas sobre importaciones de armas. La táctica —el uso del debate parlamentario como arma de desprestigio— tensionó el ambiente de la Unión Nacional sin llegar a romperla, pero dejó claro que Gaitán no aceptaría el papel de opositor cortés que el sector oficial liberal parecía dispuesto a asumir.

En mayo de 1947, la CTC convocó una huelga general con la bandera del alto costo de vida y la persecución sindical, pero con el propósito real de desestabilizar al gobierno. Fue un fracaso completo. La huelga desnudó la debilidad del sindicalismo tradicional —el mismo que un año antes había pedido votar por Turbay contra las simpatías de sus bases— y le dio a Ospina la excusa para declarar por primera vez el estado de sitio durante su administración, extendido a distintas regiones a raíz de huelgas de trabajadores liberales en Bogotá, Cali y otras zonas. Paralelamente, con impulso gubernamental y respaldo de El Siglo, se fue consolidando la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), central de orientación católica y conservadora que competiría con la debilitada CTC.

En octubre de 1947, las elecciones para concejales mostraron que el liberalismo, unificado en torno a Gaitán tras la debacle presidencial, seguía siendo mayoría: 738.233 votos contra 571.301 conservadores. Gómez respondió con la acusación de fraude por cédulas falsas —una tesis que sería la coartada permanente del conservatismo para no reconocer resultados adversos— y el ambiente político se agrió aún más. La lógica de suma cero se imponía sobre la Unión Nacional.

Lo que se abría

En agosto de 1946, cuando Ospina Pérez se posesionó, casi nadie en el país pensaba que el cambio de gobierno anunciaba una guerra. La transición había sido ordenada, el Senado le había reconocido al saliente el respeto por la Constitución, el gabinete era paritario, el nuevo presidente prometía tolerancia y gobernaba con ministros liberales al lado de conservadores. En la fotografía institucional, 1946 se parecía a una alternancia normal.

Pero debajo de la fotografía se movían corrientes distintas. La primera era la certeza, en amplios sectores conservadores regionales, de que dieciséis años en la oposición eran demasiados y que había llegado el momento de recuperar plazas, cargos, tierras y, si hacía falta, cuentas pendientes. La segunda era la fractura del liberalismo entre una dirigencia que aceptaba el juego de la Unión Nacional y un movimiento gaitanista que veía en ese juego una capitulación. La tercera era la descomposición del movimiento sindical, huérfano de estrategia tras la caída de la FEDENAL y la derrota del apoyo a Turbay. Y la cuarta, quizás la más silenciosa, era la conservatización creciente del aparato coercitivo del Estado en las regiones donde el conflicto por la tierra, el voto y el trabajo se resolvía a plomo.

Todo eso —la revancha regional, la fractura popular, la debilidad sindical, la policía partidizada— estaba en su lugar cuando Ospina firmó su primer decreto. La coyuntura que va de julio de 1945 a agosto de 1946 no causó por sí sola La Violencia; pero armó, pieza a pieza, el escenario en el que un magnicidio en una esquina del centro de Bogotá, veinte meses después, tendría las condiciones para incendiar el país.

Si el 5 de mayo de 1946 se recuerda como una fecha bisagra no es por el 41% de Ospina Pérez ni por el 58% de Gaitán en Bogotá. Es porque en ese día quedó a la vista lo que ya llevaba años ocurriendo: que la República Liberal se había separado de sus bases, que las bases habían encontrado su voz en un líder que las cúpulas no controlaban, que el conservatismo había aprendido a esperar, y que el Estado colombiano —tan imperfecto siempre, tan dependiente de la lealtad partidista— estaba a punto de convertirse en el instrumento con el que unos colombianos harían la guerra a otros. La derrota liberal de 1946 fue, en ese sentido, más que una elección perdida: fue el momento en que la política dejó de ser el modo colombiano de resolver la política.