Laureano Gómez

La semblanza

Pocos nombres despiertan en la memoria política colombiana asociaciones tan contrapuestas. Sus contemporáneos y la memoria posterior lo llamaron el Hombre Tempestad, el Monstruo y el Basilisco. Fue reconocido por una oratoria incisiva y por un estilo de oposición que alcanzó tanto a liberales como a rivales de su propio partido. Desde La Unidad y, después, desde El Siglo, combatió la educación laica y varias reformas liberales, defendió un orden público confesional y presentó con frecuencia al liberalismo y al comunismo como amenazas conectadas. Esa retórica contribuyó a endurecer el lenguaje político, pero su relación exacta con la violencia social y regional debe estudiarse junto con el Estado, los partidos, la Iglesia, las disputas por la tierra y los conflictos locales.

También fue uno de los dirigentes que, después del golpe y el exilio, negociaron el retorno a un gobierno civil mediante acuerdos bipartidistas. Esa tensión no convierte automáticamente al polemista en pacificador ni hace de los pactos la conclusión necesaria de toda su trayectoria. Benidorm y Sitges respondieron a la dictadura de Rojas Pinilla, a la fractura conservadora y al interés compartido de liberales y conservadores por recuperar garantías y participación. El resultado abrió elecciones y alternancia civil, pero aseguró cuotas paritarias a los dos partidos tradicionales y restringió la competencia. Su papel debe leerse, por tanto, como una combinación cambiante de doctrina, estrategia partidista y negociación bajo nuevas circunstancias.

Los orígenes: San Bartolomé y la primera pluma

Nació en Bogotá el 20 de febrero de 1889, hijo de José Laureano Gómez y Dolores Castro. Estudió en el Colegio de San Bartolomé, dirigido por la Compañía de Jesús, y recibió el título de bachiller en 1904. La educación católica y el neotomismo fueron referencias duraderas de su pensamiento. A partir de sus escritos y actuaciones puede documentarse una defensa del papel público de la Iglesia, una crítica persistente al liberalismo y una concepción hispano-católica de la nación; atribuir toda su arquitectura intelectual a una sola experiencia escolar, sin embargo, simplificaría una trayectoria formada también en la prensa, el Parlamento, la diplomacia y los conflictos del conservatismo.

En 1909 obtuvo el título de ingeniero civil en la Universidad Nacional y alcanzó a vincularse con trabajos del Ferrocarril de Antioquia. Ese mismo año participó en la oposición al gobierno de Rafael Reyes y ayudó a fundar La Unidad, de la que fue primer director. El periódico comenzó a circular el 16 de octubre de 1909 y fue una empresa colectiva en la que participaron, entre otros, José Joaquín Casas, Julio C. Pizano y Mariano Andrade. Presentarlo como fundador único borra esa red editorial. La ingeniería no fue apenas una credencial: antes de concentrarse en la política, Gómez trabajó en obras ferroviarias y más tarde fue ministro de Obras Públicas.

La Unidad articuló militancia católica, controversia pública y organización conservadora. Su primer editorial sostuvo que las cuestiones políticas debían examinarse también desde la religión, y el periódico intervino en debates sobre Iglesia, educación y régimen político hasta 1916. Esa experiencia anticipó la estrecha relación que Gómez mantendría entre prensa y acción partidista. No prueba, sin embargo, que cada texto posterior obedeciera a un programa invariable ya fijado a los veinte años: su carrera atravesó cambios de contexto, alianzas y posiciones internacionales que exigen una cronología más abierta.

La trayectoria: parlamento, prensa y radicalización (1911-1946)

Gómez entró muy joven a los cuerpos representativos. Fue diputado de Cundinamarca y representante entre 1911 y 1913; volvió a la Cámara en los períodos 1913-1916, 1918 y 1921, y ejerció como senador entre 1931-1935 y 1939-1945. Su oratoria, cargada de referencias clásicas y sarcasmo, le dio notoriedad como fiscal de gobiernos propios y ajenos. Participó en el desgaste político de Marco Fidel Suárez, pero aquella caída tuvo múltiples actores y causas. La confrontación con conservadores moderados y con el ospinismo fue una constante importante; no basta, por sí sola, para explicar todas las fracturas partidistas de los años cincuenta.

Tras el fin de la hegemonía conservadora, Enrique Olaya Herrera lo nombró ministro plenipotenciario en Alemania, cargo que desempeñó entre 1930 y 1932. Su misión transcurrió durante la crisis final de la República de Weimar y terminó antes de que Hitler asumiera la Cancillería en enero de 1933. La experiencia europea coincidió con su interés por las derechas católicas y autoritarias, pero no autoriza a afirmar que hubiera observado directamente el régimen nazi ya instalado ni que allí adoptara de una vez una doctrina acabada. De regreso, intensificó la oposición a los gobiernos liberales y a los conservadores partidarios de colaborar con ellos.

En 1935 publicó El Cuadrilátero, cuatro perfiles dedicados a Mussolini, Hitler, Stalin y Gandhi. La recepción editorial ha destacado el contraste favorable a Gandhi, pero el libro no resuelve por sí solo la relación de Gómez con el fascismo, la Falange o el franquismo. Estudios sobre su pensamiento documentan nacionalismo católico, anticomunismo, simpatía por la Falange y afinidades corporativistas; también registran cambios posteriores, como su acercamiento a Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Conviene hablar de influencias y apropiaciones discutidas, no de una filiación única que explique mecánicamente todo su proyecto colombiano.

El 1 de febrero de 1936 fundó El Siglo junto con José de la Vega. El diario se convirtió en un órgano decisivo del conservatismo y en la plataforma de Gómez contra la Revolución en Marcha, la educación laica y otras reformas liberales. Sus escritos usaron reiteradamente el anticomunismo para impugnar al liberalismo y defendieron una presencia pública privilegiada de la Iglesia. Esas posiciones endurecieron la polémica política y tuvieron amplia circulación, aunque no permiten atribuir a un solo periódico una estrategia homogénea de todo el partido ni cada episodio posterior de violencia.

No volvió al Parlamento en 1942 después de una ausencia completa: la cronología institucional registra su segundo período en el Senado entre 1939 y 1945. En 1948 fue ministro de Relaciones Exteriores de Mariano Ospina Pérez. Sus posturas internacionales tampoco fueron inmóviles. Había criticado con dureza a Estados Unidos y mostrado simpatía por la Falange; ya en la Presidencia, su anticomunismo favoreció un acercamiento a Washington y la participación colombiana en la Guerra de Corea, decisión que venía discutiéndose desde el final del gobierno de Ospina. Esa secuencia revela adaptación estratégica además de continuidad doctrinal.

En 1946 la división liberal permitió el triunfo presidencial de Mariano Ospina Pérez, mientras Gómez consolidaba el liderazgo de la corriente conservadora más intransigente. La Unión de Trabajadores de Colombia no nació en 1947 por impulso exclusivo de su gobierno: fue fundada en Medellín el 12 de junio de 1946 sobre trabajos previos del sindicalismo católico, con apoyo de la Iglesia, sectores conservadores y empresariales, y recibió personería jurídica en 1949 durante la administración Ospina. El Siglo y el laureanismo respaldaron ese sindicalismo confesional y anticomunista, pero su creación y expansión fueron colectivas.

La presidencia: reforma corporativista y Violencia (1950-1953)

Gómez tomó posesión el 7 de agosto de 1950 después de una elección en la que el liberalismo retiró su candidatura y él quedó como único aspirante inscrito. El país ya atravesaba La Violencia. El estado de sitio había sido declarado por Mariano Ospina Pérez el 9 de noviembre de 1949 mediante el Decreto 3518 y continuó durante la administración siguiente. Ese régimen amplió de manera extraordinaria la capacidad normativa y represiva del Ejecutivo y restringió garantías y actividad opositora. Describirlo como poder “casi ilimitado” o afirmar sin precisión que desapareció el habeas corpus excede lo que demuestran las fuentes aquí revisadas; además, confunde medidas heredadas de Ospina con decisiones exclusivas de Gómez.

Su proyecto constitucional no buscaba sustituir por completo la Carta de 1886, sino revisarla en una dirección autoritaria, confesional y corporativista y revertir partes de las reformas de 1936 y 1945. La propuesta fortalecía al presidente, reducía controles del Congreso, estrechaba los vínculos entre Iglesia y Estado y daba al Senado una composición parcialmente corporativa. También regulaba la prensa con criterios de servicio público y censura previa para la radiodifusión. Era, sin embargo, un texto heterogéneo: conservaba elecciones populares para Presidencia y Cámara e incluía ciudadanía política de las mujeres y disposiciones sociales. Las afinidades con el franquismo son materia de análisis histórico; decir que simplemente reemplazaba la deliberación por corporaciones o suprimía todo derecho de oposición borra diferencias internas y medidas que nunca entraron en vigor.

El 5 de noviembre de 1951 Gómez sufrió una crisis cardíaca y entregó el ejercicio de la Presidencia al designado Roberto Urdaneta Arbeláez. Aunque conservó autoridad partidista e intervino mediante ministros, familiares y comunicaciones, Urdaneta ejercía formalmente el Ejecutivo; “gobierno a control remoto” es una interpretación, no una descripción jurídica. El mensaje presidencial del 30 de octubre de 1951 puso en marcha la revisión constitucional. En 1952 se creó una Comisión de Estudios Constitucionales de once integrantes: cinco liberales y seis conservadores. Los liberales renunciaron, y el trabajo continuó bajo predominio conservador hasta el proyecto presentado en 1953.

La Violencia no comenzó con la posesión de Gómez ni siguió una sola cadena de mando nacional. Desde el gobierno de Ospina se habían producido depuraciones partidistas de la Policía, reclutamiento de conservadores procedentes de zonas como Chulavita y colaboración entre autoridades, dirigentes locales y grupos civiles armados. Bajo Gómez esas prácticas continuaron y, en algunas regiones, se intensificó la influencia laureanista sobre alcaldías, policías y redes paralegales. Los llamados chulavitas y pájaros participaron en persecuciones, masacres y despojos, pero su organización, relación con el Estado y autonomía variaron por territorio. Esa distinción impide tratarlos a todos como un único “brazo armado” creado personalmente por el presidente.

La retórica de Gómez dio a esa confrontación una imagen duradera. En el discurso del 25 de junio de 1949 en Medellín describió al liberalismo mediante la metáfora del basilisco: una criatura compuesta por confusión, violencia, intereses oligárquicos, masonería y una cabeza comunista. La figura condensaba su lectura del adversario como una amenaza moral y política. La historiografía ha estudiado ese lenguaje como una forma de estigmatización y de legitimación de la confrontación, pero no permite afirmar que cada medida represiva o cada crimen fuera consecuencia directa de una sola metáfora. La cifra de setenta mil comunistas que reproducía el artículo tampoco quedó respaldada por una fuente directa y se retira.

Los efectos políticos y sociales del período no se reducen a una maniobra de clase ni a una guerra personal de Gómez. La represión estatal y paralegal debilitó organizaciones obreras, campesinas, liberales y comunistas; al mismo tiempo, la violencia se alimentó de sectarismo partidista, conflictos por la tierra, disputas burocráticas y dinámicas locales. El proyecto constitucional también agudizó la ruptura entre laureanistas y ospinistas y sumó opositores liberales, conservadores y gremiales. Las fuentes sostienen esas conexiones, pero no prueban que un “bloque de poder” hubiera tolerado primero una estrategia común y calculado después, de manera unificada, que sus costos superaban sus beneficios.

El 13 de junio de 1953 Gómez intentó reasumir el poder después de que Urdaneta se negara a destituir al general Gustavo Rojas Pinilla. Ese mismo día Rojas encabezó el golpe que impidió el retorno presidencial y recibió apoyo de dirigentes liberales y de sectores conservadores opuestos al laureanismo. La expresión “golpe de opinión” fue la fórmula con la que partidarios y cronistas describieron la acogida inicial; no demuestra unanimidad social ni elimina su carácter militar. El ala ospinista respaldó el cambio y la laureanista lo condenó. La reforma constitucional, que aún era una propuesta destinada a una asamblea constituyente, no entró en vigor.

Benidorm, Sitges y la fundación del Frente Nacional (1953-1958)

Después del golpe, Gómez salió al exilio primero hacia Nueva York y posteriormente hacia España. En 1956 se encontraba en Benidorm, donde recibió a Alberto Lleras Camargo. El exilio no fue un simple retiro: desde fuera del país mantuvo comunicación con sus seguidores, combatió al gobierno de Rojas y participó en la reorganización del conservatismo. La secuencia Nueva York-España corrige la impresión de que hubiera partido directamente a establecerse en la costa mediterránea.

La búsqueda de acuerdos bipartidistas tenía antecedentes, pero el artículo no documentaba de manera suficiente una propuesta precisa de Alfonso López Pumarejo a Gómez a comienzos de los años cincuenta ni una respuesta textual del dirigente conservador. Lo comprobable es que la dictadura alteró los incentivos de ambos partidos. Rojas, inicialmente apoyado por sectores liberales y conservadores, intentó prolongar su mandato y construir apoyos políticos y sindicales propios. Frente a esa evolución, dirigentes de las colectividades tradicionales convergieron en la defensa de un retorno al orden constitucional, aun con desacuerdos sobre la fórmula y el liderazgo conservador.

Alberto Lleras Camargo regresó a Colombia a finales de 1954 después de dejar la Secretaría General de la OEA y asumió un papel central en la oposición civil. Como director del liberalismo negoció con distintas corrientes conservadoras. Gómez podía comprometer al laureanismo y seguía siendo un jefe partidista decisivo, pero Mariano Ospina Pérez conservaba su propia fuerza y celebró también acuerdos contra la dictadura. Presentar a Gómez como el único interlocutor posible y a Ospina como una figura ya “devaluada” borra la competencia que siguió marcando el conservatismo y la construcción gradual del Frente Civil.

El 24 de julio de 1956, Gómez y Lleras firmaron la Declaración de Benidorm, que llamó a restaurar el orden constitucional y a organizar una acción conjunta de liberales y conservadores contra la dictadura. El 20 de julio de 1957, después de la caída de Rojas, la Declaración de Sitges propuso la paridad de los dos partidos en ministerios y corporaciones públicas durante doce años, la carrera administrativa y un plebiscito para legitimar las reformas. Sitges no estableció la alternancia presidencial ni un período de dieciséis años. La alternancia para los tres períodos comprendidos entre 1962 y 1974 fue incorporada después por el Acto Legislativo 1 de 1959, que también extendió la paridad hasta 1974.

El plebiscito del 1 de diciembre de 1957 aprobó las reformas acordadas para el retorno al gobierno civil. El escrutinio general registró 4.397.090 votos depositados: 4.169.294 por el sí, 206.864 por el no, 20.738 en blanco y 194 nulos, frente a una población cedulada estimada en 5.386.981 personas. La consulta garantizó paridad liberal-conservadora, derechos políticos de las mujeres y otros cambios, pero no contenía todavía la alternancia presidencial. Alberto Lleras Camargo ganó las elecciones del 4 de mayo de 1958 y fue el primer presidente de la nueva coalición. El Frente Nacional redujo la competencia violenta entre las dirigencias tradicionales, sin “enterrar” por sí solo las guerras rurales ni las nuevas insurgencias.

La coalición tuvo antecedentes en otros gobiernos y pactos bipartidistas, pero el arreglo de 1957-1959 fue más rígido: aseguró paridad en corporaciones y cargos y reservó la Presidencia por turnos a liberales y conservadores hasta 1974. Esa arquitectura limitó a terceras fuerzas y ayudó a que parte de la oposición buscara cauces como el Movimiento Revolucionario Liberal y la ANAPO; no significa que toda persona situada fuera de los dos partidos quedara literalmente sin representación, pues hubo disidencias, coaliciones y candidaturas inscritas bajo rótulos tradicionales. El balance histórico debe sostener a la vez la reapertura electoral, las garantías mutuas y las restricciones de una democracia pactada.

Que Gómez acordara con Lleras después de décadas de antiliberalismo muestra una adaptación política profunda. Las fuentes permiten relacionarla con el fracaso de la reforma constitucional, el golpe, el exilio, la amenaza que el proyecto de Rojas representaba para los partidos y la necesidad de restaurar reglas civiles. No permiten afirmar que Gómez hubiera producido personalmente un país “incontrolable”, que el pacto fuera un simple repliegue para bloquear a las clases subalternas ni que su discurso hubiera desorganizado durante veinte años toda movilización popular. Esas son interpretaciones posibles sobre efectos del régimen, pero deben presentarse como tales y confrontarse con la pluralidad de actores.

Su red: personas, lugares, ideas

La trayectoria de Gómez se cruzó con dirigentes de varias generaciones. Mariano Ospina Pérez fue aliado conservador y después adversario de facción; Roberto Urdaneta ejerció el Ejecutivo entre 1951 y 1953; y Gustavo Rojas Pinilla impidió su retorno al poder. Marco Fidel Suárez sufrió sus ataques parlamentarios, aunque su renuncia no tuvo una causa única. Gómez polemizó con los gobiernos de Alfonso López Pumarejo y Eduardo Santos y con el liberalismo dirigido por Jorge Eliécer Gaitán. El asesinato de Gaitán agravó una crisis que contribuyó al escenario de 1949, pero no “abrió” de manera lineal la Presidencia a Gómez. Con Alberto Lleras Camargo pasó de la confrontación partidista a la negociación de Benidorm y Sitges.

El franquismo fue una referencia importante para sectores del laureanismo, junto con el nacionalismo católico, la Falange, el corporativismo y tradiciones conservadoras colombianas. El grado en que funcionó como “modelo” directo de cada disposición constitucional sigue siendo discutido y debe atribuirse a los estudios que comparan esas corrientes. En la generación siguiente, su hijo Álvaro Gómez Hurtado denunció el 25 de octubre de 1961 la existencia de “repúblicas independientes”. El gobierno de Guillermo León Valencia lanzó en 1964 la Operación Soberanía contra Marquetalia. Aquella ofensiva fue un antecedente y mito fundacional de las FARC, pero la organización adoptó formalmente ese nombre en su segunda conferencia guerrillera, celebrada entre el 25 de abril y el 5 de mayo de 1966; no nació automáticamente como resultado inmediato de una frase o una operación.

Los lugares de su trayectoria verificable incluyen Bogotá —San Bartolomé, la Universidad Nacional, las redacciones, el Capitolio y la Presidencia—; Chile y Argentina durante su servicio diplomático de 1923 a 1925; Alemania entre 1930 y 1932; Nueva York como primer destino del exilio en 1953; y España, donde Benidorm y Sitges dieron nombre a los acuerdos de 1956 y 1957. El artículo anterior añadía Roma y una misión diplomática en Nueva York sin identificar cargos o fechas; se conservan solamente los destinos respaldados por la cronología institucional.

Su huella

Gómez murió en Bogotá el 13 de julio de 1965. Para entonces el Frente Nacional, del que había sido negociador decisivo, llevaba siete años y atravesaba su segundo gobierno. Su legado no se deja reducir a una sola fórmula: reúne doctrina católica y corporativista, prensa partidista, ejercicio presidencial bajo estado de sitio, participación en un período de violencia multicausal y construcción posterior de un arreglo bipartidista restrictivo.

En el registro doctrinario, su nacionalismo católico y su antiliberalismo marcaron al conservatismo y a El Siglo más allá de su muerte. En el institucional, fue coautor de acuerdos que condujeron al Frente Nacional: Benidorm y Sitges fueron pasos importantes, pero el plebiscito de 1957, los pactos posteriores y el Acto Legislativo de 1959 completaron una arquitectura que rigió hasta 1974. Esa fórmula reabrió el gobierno civil y garantizó participación a liberales y conservadores, al costo de restringir la competencia. En el registro de la violencia, su lenguaje del basilisco y las políticas de su gobierno deben estudiarse junto con aparatos estatales, redes partidistas, jerarquías regionales y conflictos agrarios, sin fundirlos en una responsabilidad individual única.

La historiografía ha discutido cuánto peso asignar a las dirigencias partidistas —entre ellas Gómez, López y Gaitán— y cuánto a conflictos sociales, agrarios, institucionales y regionales. La evidencia revisada descarta los dos extremos. Gómez no fue el motor único de La Violencia: la persecución y la organización paralegal ya operaban bajo Ospina, y los procesos tomaron formas diferentes según el territorio. Tampoco fue un espectador pasivo. Su retórica estigmatizante, su jefatura partidista, el estado de excepción y las decisiones de su administración contribuyeron a un clima y a unas prácticas de exclusión y represión. Medir esas contribuciones exige atribución y contexto, no una absolución ni una causalidad total.

Queda una figura de enorme capacidad intelectual y eficacia polémica, pero las fuentes públicas revisadas no permiten certificar su vida íntima, la sinceridad de su fe ni estados psicológicos como “lucidez” o “ceguera”. Sí permiten evaluar actos y lenguajes: defendió un orden católico y corporativista, atacó con dureza a sus adversarios, gobernó bajo un régimen de excepción y sostuvo influencia sobre un Estado atravesado por persecuciones y violencia; años después negoció una salida civil que combinó estabilización y exclusión. Esa trayectoria no requiere demonización ni redención. Requiere distinguir hechos, responsabilidades compartidas, interpretaciones historiográficas y consecuencias que desbordaron la voluntad de un solo dirigente.