Laureano Gómez

La semblanza

Pocos nombres despiertan en la memoria política colombiana el conjunto de asociaciones —temor, admiración, repulsa, respeto— que provoca el suyo. Sus contemporáneos lo llamaron "el Monstruo" desde tribunas liberales y "el jefe" desde las conservadoras; la historiografía lo ha caracterizado como un jefe sombrío cuyas intervenciones parlamentarias contribuyeron a hundir a Colombia en una época de fanatismo militante, sectarismo e intolerancia. Fue el más implacable enemigo del liberalismo desde su llegada al Congreso, el orador que convirtió el debate político en excomunión civil, el editor de El Siglo que sostuvo durante décadas una guerra sin cuartel contra la escuela laica, el matrimonio civil, la libertad de cultos y todo el programa liberal del siglo XX.

Y sin embargo es también quien, ya derrocado y exiliado, firma con Alberto Lleras Camargo los acuerdos que restituyen la democracia representativa tras la dictadura militar. Esa tensión —entre el doctrinario que polariza hasta el exterminio y el negociador que pacta la salida— define su lugar en la historia. No se resuelve inclinando la balanza a uno u otro lado: se sostiene. Gómez fue las dos cosas porque ambas eran funcionales a la misma lógica: la defensa de un orden en el que las élites bipartidistas conservaran el monopolio de la representación, primero por vía del aplastamiento del adversario, luego por vía de su cooptación paritaria.

Los orígenes: San Bartolomé y la primera pluma

Nació en febrero de 1889, hijo de don José Laureano Gómez y doña Dolores Castro, en una familia de clase media bogotana con recursos suficientes para enviarlo al colegio de San Bartolomé, la institución que la Compañía de Jesús había reabierto tras el regreso de la orden al país en 1884. Allí obtuvo el diploma de bachiller en 1904. La formación jesuita marcó de forma indeleble no solo su fe personal sino toda la arquitectura de su pensamiento político: la centralidad de la Iglesia católica romana como ordenadora de la vida social, la desconfianza radical hacia el liberalismo como matriz de todos los errores modernos, la convicción de que Colombia era un país hispano-católico cuya identidad se defendía frente a las corrientes anticlericales, masónicas y librepensadoras.

Cinco años después del bachillerato se graduó como ingeniero en la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la Universidad Nacional. La formación técnica —que en otros egresados condujo a la obra pública o al gremio empresarial— fue en Gómez apenas credencial: su vocación era otra. En 1909, con apenas veinte años, se produjo su irrupción pública. El 13 de marzo pronunció un discurso en un mitin republicano contra el gobierno del general Rafael Reyes, cuyo Quinquenio agonizaba. Poco después, ante el presidente sucesor, el general Ramón González Valencia, tomó la palabra en San Bartolomé para conmemorar los veinticinco años del regreso de los jesuitas al país. Ese mismo 1909 fundó el periódico La Unidad.

Los tres actos —la protesta cívica, la alocución confesional, la fundación del órgano de prensa— trazan de una vez el mapa de toda su carrera. Restablecida la libertad de prensa tras el Quinquenio, habían proliferado publicaciones anticlericales que atacaban a la Iglesia y al clero; el propio Gómez explicaría después que fue ese ambiente el que lo empujó a fundar La Unidad como trinchera de la doctrina católica. Desde entonces, y hasta el final de su vida, no distinguirá entre política y periodismo: la tribuna, la pluma y el escaño serán las tres formas de una misma vocación combativa.

La trayectoria: parlamento, prensa y radicalización (1911-1946)

Gómez llegó al Congreso muy joven y se hizo temer pronto. Su instrumento era la palabra: una oratoria de arquitectura clásica, cargada de latinismos, referencias bíblicas y sarcasmo demoledor, capaz de convertir a un adversario en objeto de escarnio nacional durante horas. En los años veinte protagonizó embestidas contra figuras de su propio partido —la memoria política le atribuye un papel destacado en el desgaste de Marco Fidel Suárez— que revelan un rasgo constante: sus enemigos más inmediatos fueron con frecuencia copartidarios. Ese uso interno de la ferocidad, dirigido contra los conservadores moderados o "modernizadores", será una constante de su trayectoria y explica en buena medida por qué el partido llegaría fracturado a los años cincuenta.

La caída del hegemonismo conservador en 1930 lo empujó a la oposición irrestricta y a un período fuera del país. A comienzos de los años treinta representó a Colombia en Alemania, en los años finales de la República de Weimar y los primeros del ascenso nazi. La estancia europea lo puso en contacto directo con los movimientos que estaban reordenando el continente: el fascismo italiano, el nazismo alemán, y sobre todo la reacción hispano-católica que cristalizaría en la Falange española y luego en el régimen de Francisco Franco. Regresó en 1932 con la ofensiva en la boca, dispuesto a atacar por igual al Partido Liberal, a la administración de Enrique Olaya Herrera y a los conservadores que colaboraban con el gobierno de la concentración.

En 1935 publicó El Cuadrilátero, un libro de cuatro semblanzas —Hitler, Mussolini, Stalin y Gandhi— en el que atacaba a los tres primeros como dictadores y elogiaba al último por su pacifismo. La obra desmiente los diagnósticos simples: Gómez no era estrictamente fascista ni un admirador irrestricto de Mussolini o Hitler. Su referente político era otro, más específico y más duradero: la Falange española y el franquismo, con su fórmula de restauración católica, corporativismo y autoridad presidencial fuerte. Esa filiación —hispanista antes que fascista— lo distingue de sus contemporáneos autoritarios y explica por qué su proyecto sobrevivió a la caída de las potencias del Eje en 1945: lo suyo era menos una modernidad reaccionaria a la europea que una restauración señorial a la española.

En 1936 fundó El Siglo, el diario que sería su plataforma durante las tres décadas siguientes. En pleno gobierno de la República Liberal —con Alfonso López Pumarejo empujando la Revolución en Marcha, y luego con Eduardo Santos en la Presidencia—, El Siglo se convirtió en el vocero implacable del conservatismo antiliberal. Desde sus páginas Gómez atacó al Ministerio de Educación llamándolo "Ministerio de Corrupción Nacional" por promover la escuela laica, "materialista y sin Dios". Cada reforma laboral, cada medida agraria, cada gesto de laicización fue leído como avanzada del comunismo. La estrategia era deliberada: equiparar liberalismo con comunismo para convertir la disputa política ordinaria en batalla civilizatoria, y desde ese marco reclamar la "reconquista" total del poder para los conservadores.

Volvió al Parlamento en 1942, tras un período de ausencia, en un país que la Segunda Guerra Mundial y el segundo mandato de López Pumarejo habían tensionado hasta la ruptura. Su oposición al alineamiento colombiano con Estados Unidos —lectura que incomodaba a los sectores liberales por sus resonancias con las simpatías conservadoras hacia la España franquista— coincidió con el desmoronamiento del liberalismo, dividido entre las tendencias oficialistas y el gaitanismo insurgente. Cuando Jorge Eliécer Gaitán tomó las riendas del liberalismo, Gómez lo enfrentó no como al oligarca moderado que había sido Santos, sino como al enemigo total, encarnación popular de todo lo que él combatía.

Su posible candidatura presidencial hacia 1946 despertaba en los liberales más temor que la de Mariano Ospina Pérez, quien representaba las corrientes moderadas del conservatismo. La división liberal —Gaitán frente al oficialismo— entregó la presidencia a Ospina; Gómez quedó como el líder indiscutido del ala extrema, dueño de El Siglo, con influencia decisiva sobre las bases del partido y sobre las relaciones con la jerarquía eclesiástica. Desde esa posición apoyó, a partir de 1947, la creación de la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), impulsada por el gobierno conservador de Ospina como contrapeso a la Central de Trabajadores de Colombia, de simpatías liberales y comunistas. La UTC, respaldada por El Siglo y por el clero, encarnó el modelo de sindicalismo confesional que Gómez consideraba compatible con el orden social católico: era la traducción práctica, en el mundo del trabajo, de aquella "re-cristianización" que su proyecto reclamaba.

La presidencia: reforma corporativista y Violencia (1950-1953)

Gómez llegó a la presidencia el 7 de agosto de 1950 en circunstancias excepcionales: el asesinato de Gaitán el 9 de abril de 1948 había desatado el Bogotazo y precipitado al país en la espiral de La Violencia; el liberalismo se abstuvo en las elecciones de 1949 tras el rompimiento con Ospina; y el estado de sitio, decretado en 1949, no se levantaría durante todo su mandato. Bajo ese régimen de excepción, el Ejecutivo podía definir discrecionalmente qué conductas constituían atentados al orden público, y el habeas corpus había desaparecido. Gómez asumió un poder de facto casi ilimitado sobre un país que ya sangraba.

El proyecto que trajo consigo no era la simple continuación del conservatismo tradicional: era un plan de refundación institucional. Inspirado en el régimen de Franco, quería reemplazar la Constitución de 1886 —a la que sus autores conservadores del siglo XIX habían dotado ya de una impronta católica— por un ordenamiento explícitamente corporativista. La reforma que se comenzó a preparar contemplaba un Congreso elegido parcialmente por empresarios y organismos gremiales, una autoridad presidencial reforzada, elecciones menos frecuentes, la consideración de la prensa como servicio público —lo que en la práctica implicaba censura— y la prohibición de las sociedades secretas. Se suprimían la libertad de crítica y el derecho de oposición. Era, en el vocabulario de la época, un proyecto de "democracia orgánica": la representación por corporaciones y no por partidos, la jerarquía y no la deliberación, la unidad católica y no el pluralismo.

A fines de octubre de 1951 la enfermedad —una angina de pecho— obligó a Gómez a apartarse de la Presidencia. Lo reemplazó como designado Roberto Urdaneta Arbeláez, un conservador respetable y menos incendiario. Pero Gómez no soltó las riendas: pretendió gobernar a control remoto y, sobre todo, empujar hasta el final la reforma constitucional que consideraba el instrumento para saldar la crisis interna del conservatismo —enfrentado ya en dos facciones, laureanistas y ospinistas— y "regenerar" el país. En 1952 se creó la Comisión de Estudios Constitucionales, integrada por conservadores, encargada de redactar el proyecto.

Mientras tanto, La Violencia se generalizaba. El régimen combinó dos niveles de represión que la historiografía ha aprendido a distinguir: uno partidista, con matanzas concentradas en distritos de mayoría o empate liberal, particularmente en Boyacá, los Santanderes, el Tolima y los Llanos; y otro clasista, dirigido contra organizaciones populares y sindicales, incluidas las movilizaciones campesinas y obreras que venían de los años treinta. Una de las medidas más notorias fue la renovación de la policía: agentes considerados de simpatías liberales fueron sustituidos por campesinos reclutados en veredas boyacenses —muy especialmente en Chulavita— que ganaron rápidamente una reputación sanguinaria. Los "chulavitas" se convirtieron en el brazo armado del régimen en las zonas rurales y en el símbolo, para la memoria liberal, del terror oficial.

La retórica gubernamental acompañó la violencia con su propia arquitectura. El gobierno reclamó la existencia de setenta mil comunistas en Colombia fomentando la discordia, cifra grotescamente inflada para consumo interno e internacional. Y Gómez fijó su descripción canónica del enemigo en la metáfora del basilisco: un ser monstruoso con pies de confusión y estupidez, piernas de brutalidad y violencia, barriga oligárquica, pecho de ira, brazos masónicos y una pequeña cabeza comunista. Colombia, advertía, estaba al borde de caer bajo la Cortina de Hierro. La imagen no era ornamental: era una teología política. Convertía al adversario en criatura infrahumana, hacía superflua la deliberación y legitimaba de antemano cualquier medida.

Los efectos de ese discurso fueron múltiples, y no todos previstos por su autor. Profundizó la desorganización de las clases subalternas, cuya movilización propia quedó ahogada en el enfrentamiento bipartidista. Desorganizó también, paradójicamente, a las propias clases dominantes: al empujar hasta el extremo el proyecto corporativista, Gómez hizo perder al bloque de poder su cohesión y lanzó a una franja importante de las élites —incluidos ospinistas y liberales moderados— a la oposición y a la "resistencia civil". Durante algún tiempo, el conjunto de las clases dominantes no vio con malos ojos el laureanismo: la violencia combinaba, después de todo, un nivel de represión clasista funcional a sus intereses con el enfrentamiento partidista que servía de cobertura ideológica. Pero llegó un punto en que el costo de tolerar a Gómez —la ruptura del propio bloque, el aislamiento internacional, la ingobernabilidad— superó el beneficio.

En junio de 1953, ya recuperado, Gómez decidió retomar directamente el poder y remover al teniente general Gustavo Rojas Pinilla, comandante de las Fuerzas Militares, cuyo peso creciente le resultaba intolerable. El 13 de junio —algunas versiones lo sitúan el 15— Rojas encabezó el golpe militar que puso fin al gobierno Gómez-Urdaneta. La reacción fue casi unánime: liberales, conservadores ospinistas y amplios sectores de la sociedad civil respaldaron el pronunciamiento. Fue, según la fórmula que se hizo célebre, un "golpe de opinión". El propio Partido Conservador quedó fracturado en torno al golpe: el ala ospinista lo respaldó, la laureanista lo condenó. La reforma corporativista, que avanzaba aceleradamente, quedó sepultada esa misma tarde.

Benidorm, Sitges y la fundación del Frente Nacional (1953-1958)

Gómez salió al exilio en España. Allí se estableció, y hacia 1956 vivía en la localidad mediterránea de Benidorm. En cualquier otra biografía, el destierro habría sido el epílogo. En la suya fue el segundo acto.

A comienzos de los años cincuenta, cuando aún gobernaba, el expresidente liberal Alfonso López Pumarejo le había propuesto un acuerdo bipartidista de reparto del poder como salida a la crisis. Gómez rechazó entonces el esquema como maniobra liberal para arrebatar a los conservadores su victoria política. Pero el golpe militar cambió los términos del problema. Rojas Pinilla, inicialmente recibido con alivio por ambos partidos, comenzó a construir su propia base política —con proyectos de organización popular, sindical y de "tercera fuerza"— que amenazaba directamente el monopolio bipartidista de la representación. Ese autoritarismo con vocación populista, más los intentos de prolongar el mandato, empujaron a liberales y conservadores a lo que hasta entonces les había parecido imposible: entenderse.

Alberto Lleras Camargo, que había regresado a Bogotá a fines de 1954 tras renunciar a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, asumió como director del liberalismo la tarea de negociar. Y el interlocutor conservador con capacidad de comprometer al partido —o al menos a una parte decisiva— no era Ospina, ya devaluado por su ambigüedad frente al golpe, sino Gómez en su exilio español.

El 24 de julio de 1956, Lleras Camargo viajó a Benidorm y firmó con Laureano Gómez una declaración conjunta. El Pacto de Benidorm proponía el regreso a la normalidad jurídica y acordaba el trabajo conjunto de liberales y conservadores orientado a lograr la salida de Rojas del poder, así como la constitución de un gobierno o una sucesión de gobiernos de coalición entre los dos partidos históricos. Un año después, el 20 de julio de 1957 —Rojas ya había caído en mayo—, los mismos dos hombres firmaron en Sitges el segundo pacto, que precisó los mecanismos: alternancia presidencial entre liberales y conservadores cada cuatro años, paridad burocrática en todos los cargos electos y designados, y sistema pactado por dieciséis años.

El 1 de diciembre de 1957, un plebiscito nacional aprobó la reforma constitucional que formalizaba el Frente Nacional: 4.169.294 votos afirmativos contra 206.864 negativos, sobre una población cedulada de 5.386.931 personas. En las elecciones presidenciales del 4 de mayo de 1958, Lleras Camargo obtuvo 2.482.948 votos y se convirtió en el primer presidente del nuevo régimen. Gómez, que había sido el gobernante más intransigente del período de La Violencia y cuya pugna con los ospinistas había precipitado el golpe de 1953, era también uno de los dos padres fundadores del pacto que enterraba la guerra bipartidista.

La paradoja tiene una lógica que conviene formular sin ambages. El Frente Nacional no rectificó el sistema excluyente que había producido La Violencia: lo institucionalizó por vía pactada. La fórmula bipartidista de gobierno tenía antecedentes en Colombia —la Unión Republicana de 1910, la administración de Olaya Herrera en 1930, la propuesta de López Pumarejo en 1945—, pero ninguno de esos precedentes había cristalizado en un régimen constitucional de reparto por dieciséis años. La novedad estaba en la formalización: exigir un entendimiento previo entre los dos partidos, consignado en la Constitución como garantía de cumplimiento, equivalía a desplazar el poder constituyente desde la nación hacia las dos organizaciones tradicionales. Todo lo que estuviera fuera de liberalismo y conservatismo —fuerzas populares, movimientos sindicales, expresiones campesinas, disidencias regionales— quedaba, por diseño constitucional, sin acceso a la representación.

Que Gómez, el hombre que había pasado toda su vida denunciando al liberalismo como brazo del comunismo, firmara con un liberal el acuerdo que cerraba La Violencia no es un misterio: era la resolución coherente del problema que su propio proyecto había planteado. La reforma corporativista había fracasado; el intento de aplastar al liberalismo por vía autoritaria había producido, en cambio, un país incontrolable y un partido conservador roto. El pacto con Lleras era la vía de repliegue negociado: garantizaba la supervivencia bipartidista y bloqueaba la irrupción de las clases subalternas, cuya movilización el propio discurso laureanista había contribuido a desorganizar durante veinte años.

Su red: personas, lugares, ideas

La trayectoria de Gómez se entreteje con un tejido apretado de figuras. En el conservatismo, sus interlocutores permanentes fueron Mariano Ospina Pérez —adversario dentro del partido más que aliado, y su némesis en la fractura de los años cincuenta— y Roberto Urdaneta Arbeláez, el designado que administró en su nombre entre 1951 y 1953. Marco Fidel Suárez, presidente entre 1918 y 1921, había sido su primera gran víctima parlamentaria. En el liberalismo, la enemistad total lo enfrentó a Jorge Eliécer Gaitán, cuyo asesinato en 1948 abrió la puerta a la presidencia laureanista; luego a Alfonso López Pumarejo, arquitecto de las reformas de los años treinta, y a Eduardo Santos. Con Alberto Lleras Camargo la relación tuvo dos tiempos: durante décadas fue el adversario elegante del liberalismo moderado; en el exilio se convirtió en el copartícipe de la fundación del Frente Nacional.

En el flanco militar, Gustavo Rojas Pinilla es la figura que lo derrocó y sobre cuya caída se pactó la restauración civil. En el internacional, Francisco Franco fue el referente más constante: el franquismo español —con su restauración católica, su corporativismo y su hispanismo— constituyó para Gómez el modelo de orden político que Colombia debía adoptar. En la genealogía dinástica, su hijo Álvaro Gómez Hurtado prolongó la política familiar: fue él quien acuñó, en los años sesenta, la expresión "repúblicas independientes" para designar los reductos campesinos autónomos, denominación que tuvo consecuencias directas en la política militar del Estado. Cuando el gobierno de Guillermo León Valencia lanzó en mayo de 1964 la Operación Marquetalia contra uno de esos reductos, el resultado paradójico fue el nacimiento de las FARC.

Los lugares también dibujan su recorrido: Bogotá como escenario permanente —el San Bartolomé de los jesuitas, la Universidad Nacional, la redacción de El Siglo, el Capitolio, el Palacio de la Carrera—; Berlín en los años treinta como observatorio del ascenso nazi y de la reacción europea; Buenos Aires, Roma y Nueva York en distintos momentos diplomáticos; y, en la clausura, las dos localidades españolas —Benidorm y Sitges— cuyos nombres quedaron pegados a los pactos fundadores del Frente Nacional.

Su huella

Gómez murió en Bogotá en 1965, siete años después de que el Frente Nacional que había cofundado echara a andar. Su legado se mide en varios registros simultáneos, todos ellos irresueltos.

En el registro doctrinario, dejó al conservatismo colombiano una impronta hispano-católica y antiliberal que sobrevivió a su muerte y marcó, a través de El Siglo y de su hijo, buena parte del debate público hasta los años ochenta. En el registro institucional, es cofundador del régimen político que rigió el país entre 1958 y 1974 y cuyas huellas se prolongan hasta la Constitución de 1991: el bipartidismo formalizado, la exclusión constitucional de terceras fuerzas, la lógica del pacto entre élites como forma de resolución de crisis, todo ello tiene en Benidorm y Sitges su acta de nacimiento. En el registro violento, su nombre está adherido a los años más sangrientos de La Violencia: los chulavitas, la retórica del basilisco, la equiparación entre liberalismo y comunismo, la conversión del púlpito en tribuna política junto a los sacerdotes y obispos que compartieron su cruzada.

La historiografía lo ha leído de dos maneras principales. Una lo coloca en el centro explicativo de La Violencia: son las maquinaciones de los reaccionarios conservadores, en especial de Laureano Gómez —junto a las iniciativas y errores de López y Gaitán—, las que producen la catástrofe. La otra corriente advierte que ese enfoque, centrado en la acción política de las élites, deja fuera un elemento decisivo: la lucha de los trabajadores colombianos, las movilizaciones campesinas de los años treinta y cuarenta, las tensiones estructurales del capitalismo agrario, sin las cuales la violencia bipartidista no habría tenido la profundidad ni la duración que tuvo. Ninguna de las dos lecturas se sostiene sin la otra. Gómez no fue el motor único ni suficiente de La Violencia, pero tampoco fue simple síntoma: su agencia doctrinaria canalizó y amplificó una polarización estructural que él no había creado pero que supo, mejor que nadie de su generación, convertir en instrumento político.

Queda, por último, la pregunta sobre el hombre. Fue un lector voraz, un latinista formidable, un orador cuyas piezas todavía se estudian por su arquitectura; fue un padre y un jefe de partido de lealtades intensas; fue un católico de convicción sincera, no un cínico. Todo eso es cierto. También lo es que sus arengas y su periódico contribuyeron a que miles de colombianos fueran perseguidos, expulsados y asesinados en nombre de una restauración que confundía la fe con el Estado y el partido con la nación. La historia lo mira con esa doble carga. No se le puede reducir a demonio ni redimir como estadista tardío: fue el político colombiano que mejor encarnó, con toda su lucidez y toda su ceguera, el momento en que la República Conservadora se agotó, se hundió en la sangre y renació —pactada, restringida, aún incompleta— bajo la forma del Frente Nacional que él mismo, contra todo su pasado, quiso firmar.