Gerardo Loaiza Aldana

Un patriarca en armas

Gerardo Loaiza fue, ante todo, jefe de familia antes que jefe de guerrilla. Aparece en el municipio de Rioblanco, en el sur del Tolima, encabezando desde 1949 un grupo armado que en su núcleo original contaba con apenas cuarenta hombres y en el que sus cinco hijos y sus dos hermanos formaban el eje irreductible de la lealtad. A su alrededor se agregaron otras familias campesinas —los Ariza, los Guerrero, los Rubiano— con quienes compartía adscripción liberal, tenencia parcelaria de la tierra y la memoria fresca de las masacres chulavitas que, desde 1948, habían caído sobre las zonas de Santiago Pérez, Planadas y Gaitania.

Esa estructura de mando familiar explica su longevidad como caudillo local y también sus límites. Loaiza no dirigió una organización sino un parentesco armado: mandaba porque era el mayor, porque tenía tierra, porque su palabra sostenía la de sus hijos. Cuando cayó, la red no sobrevivió en su forma original; hubo que reemplazarlo desde afuera, con un pastor protestante venido de otras filas, Jesús María Oviedo, alias General Mariachi. El comunismo, en cambio, había aprendido temprano a producir cuadros: mientras el mundo limpio dependía de un patriarca, el mundo común se transformaba en aparato.

Su centralidad histórica descansa en dos actos: haber dividido físicamente El Davis a finales de 1951, cuando su gente se replegó al sector llamado La Ocasión mientras los comunistas conservaban el campamento principal; y haber ordenado, el 11 de enero de 1960, la muerte de Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro. Entre ambos gestos transcurre la biografía útil del personaje. Antes de 1951 es un colono más entre los desplazados por la violencia conservadora; después de 1960 es un cadáver en una guerra que él encendió.

Colonos liberales bajo la Policía Chulavita

La biografía de Loaiza no puede leerse fuera de la historia agraria del sur del Tolima. La región combinaba dos mundos que la Violencia terminó de enfrentar: en las tierras bajas del Magdalena, los latifundios ganaderos; en las estribaciones de la cordillera Central, las fincas familiares de café, plátano y cacao, trabajadas por una población heterogénea de mestizos locales, antioqueños y migrantes venidos de Cundinamarca y Boyacá, asentados por pisos térmicos y con diferencias culturales entre sí. Rioblanco y su aldea más apartada, Herrera, pertenecían a este segundo Tolima: colonizador, cafetero, sin caminos, sin escuelas, sin hospitales.

Sobre ese sustrato cayó el proyecto de conservatización que Mariano Ospina Pérez había puesto en marcha desde 1946 y que incluyó, como pieza clave, la depuración de la policía que Alfonso López Pumarejo había liberalizado durante la República Liberal. La consecuencia práctica fue el envío a las zonas liberales de contingentes reclutados en Boyacá —los chulavitas— cuya misión no era mantener el orden sino producir desplazamiento. A partir de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá el 9 de abril, esa violencia estatal se intensificó: casas quemadas, semovientes robados, emboscadas en los caminos, masacres selectivas contra colonos identificados como liberales o comunistas.

De las familias que huyeron al monte emergieron los primeros núcleos armados. En Rioblanco, ese núcleo se constituyó alrededor de Gerardo Loaiza. El grupo inicial —los cuarenta hombres de las familias Ariza, Guerrero, Loaiza y Rubiano— no era una guerrilla sino una autodefensa: se juntaban para no ser cazados uno por uno. La escalada llegó cuando esos campesinos armados lograron tomarse Herrera, expulsando a la Policía, hasta que el Ejército los desalojó y los empujó de nuevo hacia la cordillera. Esa breve toma marcó un umbral: los Loaiza habían pasado de refugiados a combatientes con capacidad de disputar territorio.

Con la elección de Laureano Gómez en 1950, la ruptura entre los dos partidos tradicionales se hizo total. Las guerrillas liberales crecieron en todo el país —los Llanos, Santander, Antioquia, el sur del Tolima— y el Partido Comunista, con antecedentes en las Ligas Campesinas de los años treinta y en las movilizaciones agrarias que en el Tolima y el Sumapaz habían tenido como figuras a Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, articuló también sus propios frentes campesinos. En el sur del Tolima, ambas corrientes coincidieron en el terreno y aprendieron, primero por necesidad y luego con desconfianza, a convivir.

El Davis y la partición del mundo

El punto donde esa convivencia se hizo carne se llamó El Davis: un paraje en las estribaciones de la cordillera Central, en el municipio de Rioblanco, adonde en 1950 llegó la llamada Columna de Marcha, primera expresión armada conjunta de liberales y comunistas del sur del Tolima. Durante un tiempo funcionó allí un estado mayor unificado que integraba destacamentos de ambas orientaciones, con formación política y militar impartida a la tropa y a los pobladores.

Bajo el mando militar comunista —encabezado por Raúl Valbuena, alias Baltasar, y reforzado luego por el mayor Lister, Isauro Yosa, y por el comandante Olimpo, Eutiquio Leal— El Davis organizó escuelas políticas de marxismo, filosofía y economía, dirigidas por Martín Camargo y Pedro Vásquez. En esas escuelas participaron jóvenes, comités femeninos y hombres del campamento; entre ellos, un joven venido del Quindío que se hacía llamar Pedro Antonio Marín y que más tarde firmaría como Manuel Marulanda Vélez. Las mujeres cumplían funciones logísticas —cocina, lavandería, costura, enfermería— y participaban en la búsqueda y transporte de alimentos.

Loaiza y los suyos vivieron esa etapa como una alianza tolerada, no como un proyecto compartido. Las fricciones se acumularon rápido. Los comunistas intentaban colectivizar la producción agrícola; los comisarios políticos llegaron a ordenar a los campesinos cuándo cosechar. Los liberales, dueños de parcelas familiares, se quejaron. Para los limpios, la propiedad privada no era un principio abstracto: era el título mismo de su rebelión, la razón por la que se habían negado a que la Policía Chulavita los expulsara. Para los comunes, en cambio, la guerra abría la posibilidad de reorganizar la relación con la tierra sobre bases distintas. Los comunistas veían a los liberales indisciplinados; los liberales veían a los comunistas dogmáticos.

Hacia finales de 1951 la ruptura se hizo espacial. El Davis se dividió en dos sectores: el campamento principal quedó bajo control de los Comunes —mandados por Isauro Yosa, mayor Lister, y por Luis Alfonso Castañeda, alias Richard— y un sector adyacente, La Ocasión, pasó a ser el reducto de los Limpios, donde vivían Gerardo Loaiza y sus leales. Los nombres importan: limpios significaba no contaminados por el comunismo; comunes, la abreviatura despectiva de comunistas. La partición no fue todavía una guerra, pero ya era una frontera.

La ruptura definitiva llegó el 15 de agosto de 1952, con la Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional —la llamada Conferencia Boyacá—, en la que participaron delegados de las guerrillas del Llano, Santander, Antioquia y Sumapaz, y de la que salió un programa que los comunistas del sur del Tolima adoptaron como propio. Ese programa —con su horizonte de reforma agraria, colectivización y transformación del régimen— fue el punto en que los limpios dijeron basta. La identidad liberal, para ellos, no era compatible con un proyecto que pusiera en discusión la propiedad de la tierra. A partir de ese momento, El Davis dejó de ser una alianza y pasó a ser un vecindario armado, con una hostilidad que solo la presión del Ejército mantenía en suspenso.

Del amnistiado al asesino de Charro Negro

El golpe de Estado del 13 de junio de 1953, que llevó al general Gustavo Rojas Pinilla al poder, ofreció a las guerrillas liberales una salida. La amnistía y el indulto que decretó el nuevo gobierno militar fueron aceptados por la mayoría de los mandos liberales del país, incluidas las guerrillas del sur del Tolima. Los Loaiza y los García entraron en contacto con las autoridades; algunos de sus hombres se pusieron a disposición del Ejército para operar contra los comunistas, en una lógica que combinaba pragmatismo, resentimiento y hambre.

La respuesta de los comunes fue exactamente la contraria. Siguiendo las directrices del Partido Comunista, no se desmovilizaron: sus guerrillas se reconvirtieron en autodefensas campesinas, conservaron sus armas y su estructura, y se replegaron a zonas de refugio. En 1954, cuando Rojas Pinilla ilegalizó al Partido Comunista, esa distinción se convirtió en abismo: los liberales reinsertados podían moverse como amnistiados; los comunistas, como fuera de la ley.

De ese pliegue salió una realidad amarga para los limpios: entregaron las armas sin garantías. Los guerrilleros presentaron a través de la prensa un pliego con cinco peticiones al gobierno —seguridad para sus familias, créditos a largo plazo para reconstruir fincas, restablecer cultivos— que no se cumplió sino en su enunciado. La amnistía funcionó como desarme; el auxilio para volver a la vida civil, no.

La política de paz continuó en abril de 1957, cuando en Herrera se celebró un cabildo abierto al que asistieron representantes del gobierno departamental y comandantes guerrilleros liberales del sur del Tolima —entre ellos Leopoldo García, alias General Peligro; Aristóbulo Gómez, alias General Santander; Luis Carlos Hernández—. Los jefes limpios recibieron con calidez a los enviados oficiales y ofrecieron apoyo al régimen a cambio de que cesaran las operaciones militares y de que el Estado hiciera algo por la miseria de una región sin escuelas, sin hospitales, sin carreteras. En agosto de 1957 los mismos comandantes convocaron un consejo supremo con presencia de la dirigencia liberal del departamento. Para agosto de 1958, ante la Comisión Nacional Investigadora del recién estrenado Frente Nacional, quien había emergido como el interlocutor más visible del sur del Tolima era Leopoldo García, no Loaiza.

Ese desplazamiento de foco es significativo. Loaiza seguía siendo el patriarca familiar y el símbolo, pero la representación política del bando limpio pasaba por García. Su rastro durante estos años se adelgaza; reaparece con brutalidad en enero de 1960.

El detonante fue un rifle. Un guerrillero liberal apodado El Diablo tenía un arma que Charro Negro —Jacobo Prías Alape, uno de los mandos comunistas centrales del sur del Tolima, de ascendencia indígena— le confiscó. La afrenta enfureció a Loaiza. El 11 de enero de 1960, tres de sus hombres se acercaron al cuartel comunista solicitando hablar con Charro Negro; cuando este salió, lo mataron a tiros y huyeron.

La muerte de Charro Negro fue el punto de no retorno. Se desencadenó una guerra abierta entre las guerrillas limpias y las autodefensas comunes que dejó alrededor de cincuenta muertos del bando liberal —entre ellos el propio Gerardo Loaiza— y unos veinticinco del bando comunista. Loaiza cayó en la guerra que él había encendido. El cálculo, si lo hubo, le salió al revés: había querido escarmentar a los comunes por una humillación menor, y terminó abriendo la puerta al reordenamiento del liderazgo comunista bajo Pedro Antonio Marín, Manuel Marulanda Vélez, que en pocos años convertiría a las autodefensas de Marquetalia en el núcleo fundacional de las FARC.

Familia, partido, cordillera

Toda biografía de Loaiza pasa por un mapa de personas y de lugares muy denso, pero muy pequeño. El clan familiar era su primera línea: los cinco hijos, los dos hermanos, y por extensión los Rubiano —cocomandantes en el grupo armado inicial— y las otras familias campesinas, Ariza y Guerrero, que se sumaron desde el principio. Ese núcleo de parentesco es el que combatió, el que negoció, el que se dividió con los comunistas en El Davis y el que ordenó la muerte de Charro Negro.

En una órbita más amplia estaban los otros jefes limpios del sur del Tolima: Leopoldo García, alias Peligro, que terminaría siendo el rostro público del proceso de paz de 1957-1958; Aristóbulo Gómez, alias General Santander; Luis Carlos Hernández; Efraín Valencia, alias General Arboleda, con quien parte del liderazgo liberal estableció alianzas. Con ellos Loaiza compartía la identidad liberal, la base social campesina y la desconfianza hacia los comunistas, aunque no siempre las decisiones tácticas.

Del lado común, los antagonistas: Isauro Yosa, el mayor Lister, campesino comunista y uno de los mandos centrales de El Davis; Luis Alfonso Castañeda, alias Richard; Jacobo Prías Alape, Charro Negro, dirigente comunista de origen indígena; Raúl Valbuena, Baltasar, jefe militar del bando; Eutiquio Leal, comandante Olimpo. Y, en el margen del período, un joven venido de otras regiones que en El Davis pasó por las escuelas políticas de Martín Camargo y Pedro Vásquez, y que se llamaba entonces Pedro Antonio Marín: el futuro Manuel Marulanda Vélez.

El escenario físico se reducía a un pedazo de cordillera Central: Rioblanco, con su aldea de Herrera; los pueblos vecinos de Chaparral, Ataco, Planadas y Gaitania; el paraje de El Davis con su sector adyacente de La Ocasión; el cañón del Cambrín, donde funcionó el comando conjunto; el cañón de las Hermosas, corredor natural que comunicaba la zona con el resto del sur del Tolima; y, más allá de la vida de Loaiza pero prolongación directa de su territorio, la hacienda El Támara en la región de San Miguel, base temporal de Pedro Antonio Marín que después sería conocida como Marquetalia, con un nombre tomado de un pueblo de Caldas.

Sobre esa red se movía el Partido Liberal como pertenencia identitaria más que como aparato disciplinado. Los limpios se llamaban así porque eran liberales de partido, votantes o cercanos al gaitanismo, defensores de la propiedad privada frente al colectivismo. En algún momento, alguien del entorno cercano a Loaiza fue candidato a la Alcaldía de Rioblanco: la política local seguía siendo, aun en plena Violencia, un horizonte para el clan.

Propiedad, disciplina y partido

Vale la pena detenerse en lo que separaba a limpios de comunes, porque en esa distinción se juega el sentido de la trayectoria de Loaiza. La divergencia era, primero, agraria: los liberales defendían la parcela familiar y el título individual; los comunistas ensayaban en El Davis formas de colectivización que iban desde la producción común hasta el ordenamiento del ciclo agrícola por comisarios políticos. La propiedad no era una abstracción doctrinaria sino la línea que separaba dos maneras de organizar el trabajo, la comida y la vida.

La divergencia era, en segundo lugar, política: los limpios se reconocían en un partido —el Liberal— que era también una tradición familiar y una red de patronazgo local; los comunes se reconocían en una organización —el Partido Comunista— que aspiraba a producir cuadros disciplinados y a insertarse en un movimiento internacional. Una era pertenencia; la otra, militancia.

La divergencia era, en tercer lugar, temperamental. En El Davis, los comunistas consideraban a los liberales indisciplinados; los liberales consideraban a los comunistas dogmáticos. Cuando la Conferencia Boyacá de agosto de 1952 formalizó el programa comunista, esa incompatibilidad temperamental se volvió política. La ruptura no fue accidente sino desenlace.

De ahí también las acusaciones cruzadas. Una carta abierta de las autodefensas comunes —posterior a la desmovilización limpia— acusaba al bando de Loaiza de amparar ladrones y asesinos, de haber dado muerte a ciudadanos en Herrera, entre ellos un tal Miguel Calderón. El fondo de esas denuncias era la certeza de que los liberales reinsertados no solo se habían salido de la guerra sino que se habían pasado al enemigo: colaboraban con el Ejército contra sus antiguos aliados, o al menos permitían que el aparato estatal los usara. Entre 1958 y 1962, mientras el Partido Comunista intentaba —sin lograrlo del todo— unificar la orientación de sus guerrillas bajo un mismo mando, las guerrillas limpias funcionaban ya como fuerza auxiliar del contrachusmerismo oficial en algunas zonas.

Es en ese contexto donde se produce el asesinato de Charro Negro. No fue un episodio de la guerra bipartidista contra el Estado sino de la guerra intraguerrillera entre dos proyectos rurales incompatibles. La disputa por un rifle fue el pretexto; el fondo era una década de agravios acumulados y una situación estructural en la que, tras la amnistía incumplida y el Frente Nacional que no llegaba a las veredas, los limpios quedaron atrapados entre un Estado que no los protegía y unos vecinos armados que los recordaban como traidores.

La caída y la sucesión

La guerra intraguerrillera de 1960 se llevó a Gerardo Loaiza en su marea. Cincuenta liberales muertos —entre ellos el patriarca— y veinticinco comunistas son las cifras que ha dejado el conteo. En términos militares el bando común ganó; en términos históricos, ganó mucho más que una batalla.

La sucesión en el liderazgo limpio la asumió Jesús María Oviedo, alias General Mariachi, un ex ministro protestante. Su trayectoria posterior es ambigua: la desmovilización de las guerrillas liberales, incluida la de los Loaiza, se profundizó, y algunas facciones se pusieron a disposición del Ejército para combatir a los comunistas. Pero el arraigo territorial que había tenido Loaiza en Rioblanco no se reprodujo. Sin el patriarca, el clan se disolvió como fuerza política autónoma.

En el bando comunista ocurrió lo inverso. La eliminación de Charro Negro no desarticuló la estructura: el liderazgo se recompuso, y Pedro Antonio Marín —que había llegado a la región desde el Quindío, había pasado por las escuelas de El Davis y había comandado ya destacamentos en el cañón del Cambrín— fue emergiendo como figura central. Marulanda no fue el sucesor inmediato ni designado de Charro Negro, pero sí quien capitalizó, con paciencia, el nuevo mapa: menos liberales, más autodefensa comunista consolidada, un Ejército que dirigía toda su capacidad contra los comunes porque los limpios ya no eran problema. Cuatro años después, en 1964, la operación militar sobre Marquetalia y otras zonas de autodefensa produjo el efecto contrario al buscado: los sobrevivientes se organizaron como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Entre tanto, en la geografía moral del Tolima, las guerrillas limpias que no volvieron a la vida civil ni al servicio del Ejército derivaron hacia el bandolerismo. Los alias que quedaron en la leyenda popular regional —Sangrenegra, Chispas, Desquite, Tarzán— son la posteridad menor de aquella tradición liberal-campesina que Loaiza había encabezado. Otros combatientes venidos de Cauca, Huila y Quindío, que habían militado bajo las filas liberales y participado en las disputas sangrientas entre limpios y comunes, terminaron como miembros fundadores de las FARC: el mayor Ciro Trujillo, el propio Marulanda. La frontera que Loaiza había fijado en 1951 y en 1960 seguía dividiendo hombres, pero ya no en dos bandos guerrilleros sino en dos destinos: la ilegalidad marginal o la insurgencia organizada.

Nombrar la frontera

¿Qué queda de Gerardo Loaiza en la historia de Colombia? Menos que su nombre y más que sus actos. Su figura no ha entrado en la memoria pública con la fuerza de un caudillo llanero como Guadalupe Salcedo, ni con la genealogía institucional de los fundadores de las FARC. Aparece en la historiografía especializada como personaje secundario en las biografías de Marulanda y en las reconstrucciones de la guerra intraguerrillera, y como referencia obligada en los relatos del sur del Tolima. En el imaginario nacional no tiene lugar propio.

Y sin embargo, su papel es más denso que su fama. Loaiza encarnó y aceleró —no creó, pero encarnó y aceleró— la escisión entre liberalismo campesino y comunismo agrario en una de las regiones donde esa escisión definió la historia posterior del país. La tensión sobre la propiedad de la tierra, la incompatibilidad entre parcela familiar y colectivización, la fractura identitaria entre pertenencia partidista y militancia orgánica: todas esas tensiones estructurales habrían producido, con Loaiza o sin él, una ruptura entre limpios y comunes. Pero fue Loaiza, con su decisión de partir El Davis en 1951 y con su orden de matar a Charro Negro en 1960, quien convirtió esas tensiones en hechos militares irreversibles.

La ironía de su trayectoria está en el desenlace. Loaiza defendió con las armas un modelo campesino —familia, parcela, partido liberal— que la amnistía de Rojas Pinilla no supo proteger, que el Frente Nacional no supo integrar y que las guerrillas comunistas, por su lado, veían como obstáculo. Su muerte no fue un accidente sino la consecuencia lógica de haber querido resolver por la fuerza una guerra que el Estado había dejado sin ganador. Al morir, dejó el campo despejado para que otro proyecto campesino —el que había aprendido disciplina en las escuelas políticas de El Davis— ocupara el territorio.

La biografía de Gerardo Loaiza Aldana es también una advertencia sobre cómo se pierden las guerras que se ganan. Los limpios vencieron a los chulavitas en Herrera, sobrevivieron a la Violencia, obtuvieron amnistía y hasta la simpatía del Ejército. Los comunes perdieron combatientes, sufrieron persecución, fueron ilegalizados. Pero al final del siglo XX, el nombre de Marulanda —el joven que había pasado por El Davis— era conocido en el mundo entero, y el nombre de Loaiza había quedado reducido a una nota al pie en la historia del municipio de Rioblanco. Su huella está en lo que hizo posible: no la victoria de su bando, sino la consolidación del otro. Nombró la frontera y luego cayó del lado equivocado de ella.