Escisión entre 'limpios' y 'comunes' en El Davis (1951–1953)

Escisión entre "limpios" y "comunes" en El Davis (1951–1953)

En un paraje frío de las estribaciones de la Cordillera Central, en el municipio de Rioblanco al sur del Tolima, más de cuatro mil campesinos desplazados por la violencia bipartidista levantaron entre 1950 y 1953 un campamento fortificado que llamaron El Davis. Allí, bajo un mismo estado mayor guerrillero, convivieron dos tradiciones campesinas armadas que hasta entonces la persecución conservadora había mantenido unidas por necesidad: la de los liberales de fusil viejo, encabezados por el hacendado colonizador Gerardo Loaiza, y la de los cuadros ligados al Partido Comunista, formados en las Ligas Campesinas de la vereda El Limón y encabezados por Isauro Yosa, el Mayor Lister. La ruptura entre unos y otros —los "limpios" y los "comunes"— se fraguó a finales de 1951, se formalizó en agosto de 1952 con la Conferencia de Boyacá y quedó sellada como bifurcación irreversible con la amnistía del general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Es en ese pequeño enclave tolimense, y no en las llanuras del Casanare ni en Bogotá, donde se decidió que La Violencia no desembocaría en un movimiento popular unificado y que Colombia entraría, en cambio, en un ciclo largo de insurgencia comunista rural con las FARC como desenlace.

El sur del Tolima antes del campamento

La vertiente occidental del Tolima que se pliega sobre la Cordillera Central —Chaparral, Rioblanco, Ataco, Planadas, Gaitania— era, en los años cuarenta, una frontera de colonización cafetera. Aparceros, arrendatarios, jornaleros y colonos habían abierto tierra a hacha en las estribaciones andinas bajo el patronato de gamonales liberales que compraban su café y organizaban su voto. Allí, sin embargo, había también otra memoria organizativa: la de las luchas agrarias de las décadas de 1920 y 1930, que habían dejado un poso de reivindicaciones sobre baldíos, contratos de aparcería y garantías políticas para la oposición. En la vereda El Limón, en el municipio de Chaparral, se había fundado una Liga Campesina que sería con los años el semillero del comunismo agrario tolimense. De ella salió Isauro Yosa, indígena natagaimuno, jornalero y recolector de café antes de ser comandante guerrillero.

Sobre ese suelo cayeron, desde 1946, dos fuerzas conjugadas. La primera fue el proyecto de "conservatización" del país que Mariano Ospina Pérez impulsó como respuesta a la liberalización policial de López Pumarejo en los treinta —una policía que Ospina y los suyos leían como brazo armado del liberalismo—. La segunda fue la organización, en los años siguientes, de aparatos represivos privados y semiestatales: la policía chulavita, reclutada en Boyacá y desplegada como comisión punitiva sobre las regiones liberales; los pájaros, asesinos a sueldo de origen urbano organizados como cofradía contra los gaitanistas; y las llamadas guardias cívicas, cuerpos armados que gremios, ganaderos y hacendados propusieron dotar y pagar con fondos privados —un proyecto de trescientas unidades armadas que, en la práctica, terminó multiplicando las asociaciones paramilitares que asumían funciones represivas y de justicia propias del Estado.

A partir de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, esas fuerzas cayeron sobre el sur del Tolima como un operativo sostenido. Guzmán registra la muerte de trece personas en El Limón y comisiones mixtas de policía y civiles en Chaparral. Santiago Pérez, Planadas y Gaitania quedaron marcados por la persecución. La memoria posterior de las FARC llamaría a esa oleada "la primera guerra": la que empujó a familias campesinas liberales y comunistas a refugiarse fuera del alcance de chulavitas y pájaros, y la que sembró la resistencia armada del sur tolimense.

El Davis como refugio y como escuela

El Davis se constituyó en 1950 como núcleo de resistencia cuando llegó a ese paraje la Columna de Marcha, una de las primeras formaciones armadas liberal-comunistas que buscaban un lugar donde replegarse. El sitio ofrecía las virtudes de un fortín natural: en lo alto del cañón del Cambrín, con salidas hacia el cañón de Las Hermosas, protegido por la geografía y por una red de veredas leales. Allí se levantó lo que puede describirse, sin exageración, como una pequeña república armada: una granja comunal para la subsistencia colectiva, un servicio de Cruz Roja, casas, un puesto de guardia de dos pisos, entrenamiento diario para la defensa y el combate. La población superó en su punto más alto los cuatro mil refugiados. La fuerza combatiente rondó los trescientos hombres.

El armamento inicial resumía la precariedad de la resistencia: unos pocos fusiles viejos que habían quedado de la Guerra de los Mil Días, algunos revólveres, machetes, lanzas y catalicones. El arsenal creció a costa de la Policía, en emboscadas y combates cuyas armas capturadas pasaban al fondo común. Faltaban alimentos y medicinas de manera crónica. La mayoría de los refugiados era analfabeta. Y sin embargo, allí se organizó también algo poco habitual en la resistencia armada colombiana: un sistema de escuelas políticas con niveles diferenciados para jóvenes, comités femeninos y hombres adultos, dirigidas por Martín Camargo y Pedro Vásquez, que impartían cursos de filosofía, economía y marxismo. A esas clases asistió, con interés reconocido por los testimonios posteriores, un joven llegado de Génova, en el viejo Caldas cafetero: Pedro Antonio Marín, que años después firmaría como Manuel Marulanda Vélez y sería llamado Tirofijo.

Sobre El Davis se armó un estado mayor unificado que integraba destacamentos comunistas embrionarios con los grupos guerrilleros liberales comandados por Gerardo Loaiza. Del lado comunista actuaban Isauro Yosa —el Mayor Lister, apodado así por el mítico general republicano español— y Luis Alfonso Castañeda, alias Richard. Del lado liberal, Loaiza y su clan, con Leopoldo García, alias Peligro, entre los oficiales. Ambos hombres, Loaiza y García, eran hacendados que habían colonizado tierras en Rioblanco, y su guerrilla respondía a la orientación del Partido Liberal de Ibagué antes que a una decisión insurgente autónoma. Cerca del núcleo dirigente, Jacobo Prías Alape —Charro Negro, guerrillero de ascendencia indígena— iba consolidándose como uno de los cuadros más lúcidos del sector comunista.

La cohesión ideológica del campamento fue, desde el primer día, más aparente que real. Los comisarios comunistas dictaban charlas políticas, publicaban informes, imponían horarios, disciplina y trabajos colectivos, y desde su perspectiva los liberales resultaban indisciplinados y refractarios a la organización. Los liberales, por su parte, resentían la injerencia de unos cuadros urbanos —o campesinos con formación urbana— que pretendían decir cuándo cosechar y cómo repartir. Incluso dentro del sector comunista había rivalidades, y las disputas del campamento cruzaban las líneas facciosas con frecuencia. La verdadera cohesión, en esos primeros meses, no la daba el marxismo ni el liberalismo: la daba la voluntad de sobrevivir a la policía chulavita y a las tropas del gobierno de Laureano Gómez.

La composición social de una fractura

Debajo de la retórica de los apodos —"limpios" contra "comunes", como si se tratara de una disputa entre puros e impuros del liberalismo— había dos bases sociales distintas, y en esa diferencia se lee buena parte de la escisión que vendría.

Los limpios eran, sobre todo, aparceros, arrendatarios y jornaleros vinculados por relaciones de dependencia a los gamonales liberales de la región. Su guerrilla era una prolongación armada de la red clientelar: los mismos hacendados que les compraban el café, les prestaban tierra o les avanzaban la cosecha eran quienes, desde Ibagué, orientaban su lucha y garantizaban una relación con el partido nacional. Cuando defendían la propiedad privada y su pertenencia al Partido Liberal, no defendían una abstracción ideológica: defendían el orden concreto en el que su vida material estaba tejida.

Los comunes, en cambio, provenían de las Ligas Campesinas y de las luchas agrarias previas. Sus dirigentes —Yosa, Prías Alape— no habían sido colonos con hacienda propia sino jornaleros y recolectores, y su programa era de reivindicación agraria: derechos sobre las tierras baldías, garantías políticas para la oposición, organización colectiva del trabajo. La granja comunal de El Davis, con su disciplina sobre cuándo sembrar y cuándo cosechar, era la aplicación en pequeña escala de esa memoria organizativa. Para los limpios, esa disciplina se sentía como una intromisión ajena; para los comunes, era la práctica misma de lo que entendían por resistencia.

De esa asimetría venían las quejas cruzadas. Los limpios acusaban a los comisarios comunistas de imponer un régimen que decidía por ellos sobre su propia producción. Los comunes acusaban a los limpios de amparar ladrones y asesinos, de tolerar prácticas de rapiña sobre poblaciones vecinas. Se hablaba —y las indagatorias judiciales de 1952 lo recogen— de reclutamiento coactivo de mujeres campesinas llevadas al campamento para cocinar, y de saqueos en fincas durante la ausencia de los hombres, prácticas descritas como parte de una subsistencia precaria mientras se esperaba, en palabras de los propios combatientes, "la revolución". Los comunes denunciaron además que los limpios habrían dado muerte a ciudadanos en Herrera —entre ellos, posiblemente, un tal Miguel Calderón— para apoderarse de sus bienes.

Ninguna de esas acusaciones bastaba, por sí sola, para producir una escisión. Todas juntas, sobre bases sociales estructuralmente distintas, sí.

La ruptura: la Ocasión y el Davis (finales de 1951)

Hacia finales de 1951, el campamento se partió en dos. El sector comunista conservó el nombre de El Davis propiamente dicho y quedó bajo el mando de Isauro Yosa y de Luis Alfonso Castañeda, Richard. El sector liberal se replegó a un paraje llamado La Ocasión, donde vivían don Gerardo Loaiza y sus leales. La división fue, al comienzo, más territorial que ruptura abierta: los dos sectores mantenían enemigos comunes en la Policía y el Ejército, y una guerra frontal entre ambos habría sido suicida.

Pero la coexistencia armada dejó, desde entonces, brechas peligrosas. Las rivalidades periódicas entre las dos facciones abrían intervalos que la fuerza pública aprovechaba para incursiones devastadoras sobre pueblos y veredas del sur del Tolima. A diferencia de otras regiones guerrilleras, donde la unidad interna hacía del territorio un refugio infranqueable, aquí la fractura permitía que la Policía, el Ejército y las asociaciones paramilitares penetraran por los intersticios. La región no funcionó nunca, en esos años, como enclave inviolable.

Al interior de El Davis, en cambio, los comunistas empezaron a construir en serio lo que sería su seña de identidad de las décadas siguientes: una estructura de cuadros disciplinados, con formación política sistemática, con órganos de dirección colectiva y con vínculos —cada vez más orgánicos— con el Partido Comunista Colombiano. Marulanda, que había llegado a El Davis con las credenciales de un guerrillero liberal más —había intentado tomarse Génova el 7 de agosto de 1950, día de la posesión de Laureano Gómez, y de allí había terminado bajando al sur del Tolima—, fue uno de los combatientes que hizo ese tránsito. Su paso por las escuelas políticas de Camargo y Vásquez, y su cercanía con Charro Negro, marcaron una biografía que iría del liberalismo armado al comunismo agrario sin gestos abruptos, casi por gravitación. No fue el único: otros combatientes provenientes del Cauca, del Huila y del Quindío, que habían militado bajo banderas liberales y participado en las disputas sangrientas entre limpios y comunes, terminarían siendo miembros fundadores de las FARC en los años sesenta.

La Conferencia de Boyacá y el sello ideológico

Lo que en 1951 había sido una división territorial de facto se convirtió, en agosto de 1952, en una escisión organizativa formal. El 15 de agosto se reunió lo que se conoce como la Conferencia del Movimiento Popular de Liberación Nacional, o Conferencia de Boyacá —que las FARC llamarían después la I Conferencia Nacional Guerrillera—. Asistieron delegados de las guerrillas de los Llanos, de Santander, de Antioquia y de Sumapaz. Se planteó, por primera vez con esa amplitud, la posibilidad de una convergencia entre las guerrillas liberales y las guerrillas comunistas del país en un solo movimiento popular de liberación nacional.

El intento fracasó. La convergencia encontró dificultades tan grandes que en lugar de unir terminó de separar. Pero la Conferencia sí produjo un resultado organizativo concreto: un programa —el llamado Programa Agrario o Programa de Boyacá— con reivindicaciones sobre tierras baldías, garantías políticas y otros puntos que las guerrillas comunistas adoptaron. En cuanto los comunes del sur del Tolima asumieron ese programa, la ruptura con los limpios se hizo irreversible. Ya no se trataba de dos grupos incómodos compartiendo campamento: se trataba de dos proyectos políticos con programa escrito, dirección diferenciada y proyección nacional distinta.

Loaiza y los suyos mantuvieron su lealtad al Partido Liberal y su rechazo a lo que consideraban una desviación comunista de la resistencia. Los cuadros de Yosa, Richard y Charro Negro asumieron la orientación del Partido Comunista y empezaron a operar con la lógica de sus decisiones nacionales, no con la del gamonalismo liberal de Ibagué. La Conferencia de Boyacá no inventó una división que no existiera; la formalizó, la puso en programa, y le dio a cada facción una identidad política de la que ya no podría desprenderse.

Rojas Pinilla y el desenlace de 1953

El 13 de junio de 1953, el general Gustavo Rojas Pinilla derrocó al gobierno civil de Laureano Gómez y ofreció a las guerrillas del país una amnistía. La respuesta del sur del Tolima terminó de sellar la bifurcación que la Conferencia de Boyacá había formalizado.

Las guerrillas liberales del sur del Tolima —las de los Loaiza, los García y otros clanes— entraron rápidamente en contacto con el gobierno militar. Rafael Parga Cortés fue quien logró persuadirlas de desmovilizarse. Entre julio y septiembre de 1953, más de diez mil guerrilleros aceptaron los términos de la amnistía en todo el país; hacia fin de año, casi cinco mil desplazados fueron ayudados por trabajadores de reinserción a regresar a sus hogares. Los limpios tolimenses fueron parte de ese proceso, y algunos dieron el paso adicional de ponerse a disposición de las autoridades militares para operar contra los comunistas. En el sur del Tolima, la desmovilización de los jefes liberales fue el primer paso para que se convirtieran en agentes al servicio de los mismos gamonales que los habían orientado durante la guerra: la red clientelar que los sostenía como aparceros y jornaleros los reabsorbió, ahora como brazo armado del orden restaurado.

Los comunes rechazaron la amnistía por razones convergentes. Recibieron la directriz del Partido Comunista de transformarse en movimientos de autodefensa campesina, sin desmovilización formal ni entrega efectiva de armas. Dentro del propio partido había dos corrientes sobre cómo responder al ofrecimiento del general: una, minoritaria, se inclinaba por un partido clandestino y armado; la otra, mayoritaria, optó por la fórmula intermedia de la autodefensa. La respuesta no fue del todo uniforme —Juan de la Cruz Varela, en el Sumapaz, hizo una entrega simbólica de armas mientras replegaba su estructura hacia las zonas más remotas—, pero el sentido general fue el mismo: conservar la organización armada bajo la etiqueta menos beligerante de la autodefensa.

A eso se sumaba una razón que era, más que táctica, existencial: los comunes desconfiaban profundamente de una paz en la que sus antiguos compañeros de campamento, los limpios, ya se habían puesto uniforme y estaban dispuestos a usarlo contra ellos. La amnistía no era, para los comunes, una oferta de reintegración a la vida civil: era una invitación a entregar las armas ante gente que, uniformada, podría exterminarlos con la venia del Estado. La radicalización acumulada durante los años previos, la memoria de los ataques de la fuerza pública, y la directriz partidaria confluyeron en un rechazo que, visto en perspectiva, tenía tanto de cálculo como de instinto de conservación.

El resultado fue una bifurcación estructural. A partir de la paz llanera y de la desmovilización de las guerrillas liberales, los comunistas llenaron el vacío organizativo y quedaron con el predominio de los grupos campesinos armados. Los limpios, absorbidos por el orden gamonal, se disolvieron como fuerza política autónoma; una parte de ellos degeneró en formas de bandolerismo al servicio de intereses locales, otra se reintegró a la vida campesina. Los comunes, en cambio, cerraron filas como autodefensas y desarrollaron sistemáticamente la estrategia que darían a conocer en los años siguientes.

Los Treinta y la marcha hacia el oriente

En el sur del Tolima, la respuesta comunista a la amnistía adoptó una forma concreta y móvil: la constitución de un comando clandestino conocido como Los Treinta, formado con Charro Negro entre sus organizadores y compuesto por veintiséis hombres y cuatro mujeres. Un núcleo pequeño, disciplinado y móvil, pensado para conservar la capacidad militar en un contexto en el que la desmovilización pública había reducido drásticamente el margen de acción.

La gran mayoría de los cuadros de Los Treinta —tanto los que venían del liberalismo armado como los propiamente comunistas— se establecieron como colonos en las regiones de Gaitania, San Miguel y otras zonas de frontera. Abrieron tierras a hacha, sembraron comida y café, y establecieron sobre esa base productiva la vida cotidiana de una organización armada semiclandestina. Según el testimonio de Balín —uno de los combatientes de la época—, algunos se comisionaban hacia el Cauca, el Huila, Caldas y el Valle, creando cadenas y enlaces, y otros obtuvieron préstamos de la Caja Agraria para cultivar café. La ambigüedad de esa doble vida —colonos con crédito bancario y cuadros armados con nombre de guerra— sería la marca del período.

Esa colonización no era una retirada de la política: era una forma de conservarla en escala reducida y con anclaje territorial. Cuando el gobierno de Rojas, a mediados de 1955, declaró a Villarrica y a otros municipios del oriente tolimense "zonas de operaciones militares" o "zonas rojas" y aplicó sobre ellos una política de tierra arrasada con bombardeos y ametrallamientos, la estructura de autodefensa ya construida en esos territorios respondió como estaba diseñada: no se desmovilizó. Más de cinco mil personas fueron desplazadas por los bombardeos y buscaron refugio en las tierras del Alto Sumapaz, del Alto Duda, de El Pato y en las zonas aledañas a los ríos Ariari y Guayabero.

Los hechos de Villarrica no significaron el apaciguamiento del sur del Tolima: significaron la proyección de la resistencia comunista hacia territorios marginalizados que muy pronto volverían a ser declarados "zonas rojas". Las autodefensas, presionadas militarmente, iniciaron desplazamientos organizados que se conocieron como Columnas de Marcha, y colonizaron el sur del Meta y el norte del Caquetá. En esos territorios se conformaron los primeros frentes de lo que en 1964, tras la Operación Soberanía contra Marquetalia, se llamaría autodefensas de Marquetalia, y en 1966, tras la II Conferencia del Bloque Guerrillero del Sur, adoptaría el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Por qué El Davis todavía importa

La escisión de El Davis suele contarse como un episodio menor dentro del mapa mayor de La Violencia: dos facciones que se pelearon en un campamento perdido de la Cordillera Central, y una amnistía que las separó. La escala del sitio y la modestia de sus protagonistas —jornaleros analfabetos, un comandante indígena, un colono del Quindío que no había cumplido veinticinco años— disimulan la magnitud de lo que allí se decidió.

Lo que se decidió fue que las dos tradiciones campesinas armadas que habían coexistido bajo la persecución conservadora eran, en el fondo, incompatibles. El liberalismo armado del sur del Tolima estaba estructuralmente amarrado a la red gamonal que compraba su café, orientaba su voto y comandaba su guerra desde Ibagué; una vez ofrecida la amnistía, esa red podía reabsorberlo sin fricción, incluso convertirlo en su brazo represivo local. El comunismo agrario, en cambio, venía de las Ligas Campesinas y no tenía patrón protector al que volver: su reproducción social dependía de conservar la organización, la tierra colonizada y el arma escondida. Cuando Rojas ofreció la paz de 1953, no ofreció la misma paz a ambas facciones: le ofreció a una el regreso al orden que la había producido, y a la otra, la disolución de la única estructura que la sostenía. La bifurcación no la inventó la amnistía —las bases sociales, las memorias organizativas y los programas ya divergían—, pero la amnistía la activó y la volvió irreversible.

Por eso La Violencia no derivó en un movimiento popular unificado. Hubo un momento —la Conferencia de Boyacá de agosto de 1952— en que la posibilidad de esa unificación se planteó explícitamente entre las guerrillas del Llano, Santander, Antioquia, Sumapaz y el Tolima. Fracasó porque las condiciones estructurales de cada facción campesina armada eran distintas, y porque el catalizador rojista de 1953 llegó justo a tiempo para sellar la escisión en lugar de disolverla. El resultado fue un país con dos violencias campesinas de largo aliento en lugar de una: la de un bandolerismo liberal residual que fue apagándose en los años siguientes, y la de un núcleo comunista que se replegó a los márgenes, se recompuso como autodefensa, se desplazó al Sumapaz y al Meta, y terminó, doce años después, fundándose como guerrilla.

Los nombres que salieron de El Davis lo explican mejor que cualquier abstracción. Isauro Yosa, el Mayor Lister, quedó en la memoria oral de los fundadores de las FARC como el eslabón que unía las luchas campesinas de los años treinta con las guerrillas de la Violencia. Jacobo Prías Alape, Charro Negro, ya amnistiado, era miembro del Comité Central del Partido Comunista Colombiano cuando lo mataron años después. Pedro Antonio Marín, el joven de Génova que había asistido a las clases de filosofía y economía de Camargo y Vásquez, se convirtió en Manuel Marulanda Vélez y comandó la organización hasta su muerte natural en 2008. El Mayor Ciro, otro cuadro formado en el sur del Tolima, fue también fundador. Todos ellos habían pasado, en algún momento entre 1950 y 1953, por el enclave de Rioblanco, y todos habían visto de cerca cómo se rompía la coexistencia con los limpios.

Ese es el peso histórico del sitio. En El Davis se ensayaron, en pequeña escala y con recursos precarios, casi todos los elementos que definirían medio siglo de guerra en Colombia: la fusión entre autodefensa campesina y dirección partidaria, la formación política de cuadros analfabetos mediante escuelas internas, la colonización armada de territorios de frontera, la desconfianza estructural hacia toda oferta estatal de paz, y la convicción de que la única garantía de supervivencia era conservar el arma escondida en la manigua. Cuando en 1964 las tropas del gobierno subieron a Marquetalia, no encontraron improvisación: encontraron una estructura cuya biografía empezaba en un cañón del Cambrín, en el sur del Tolima, once años antes.