Casanare

Un país de agua y sabana

La geografía condiciona todo lo demás. El departamento pertenece a la mitad norte de la Orinoquía colombiana, la de los llanos bajos e inundables que se despliegan entre el río Meta al sur y el río Casanare al norte, y que se prolongan en Arauca. Es una de las tres grandes unidades del llano colombiano, junto con la altillanura al sur del Meta y el piedemonte que corre pegado a la cordillera.

Durante el semestre de lluvias, de abril a septiembre, la sabana se transforma en un mar poco profundo del que solo emergen los bancos altos —médanos depositados durante los períodos glaciales secos del Pleistoceno— convertidos entonces en islas donde se refugian hombres y ganado. El resto del año, el sol tropical seca la planicie y la vuelve un pastizal ilimitado, alimento gratuito para la ganadería extensiva. El contraste con Boyacá, el departamento vecino del que Casanare dependió administrativamente durante buena parte del siglo XX, es brutal: valles altos y frescos frente a llanuras que oscilan entre la inundación y el desierto.

Los ríos que atraviesan Casanare —Cusiana, Charte, Cravo Sur, Pauto, Upía— son todos afluentes izquierdos del Meta y descienden desde el piedemonte con caudales que crecen y menguan al ritmo de las lluvias. El Meta actúa como frontera natural entre el llano bajo del norte y la altillanura del sur. Esa hidrografía torrencial explica dos hechos históricos duraderos: el aislamiento del interior sabanero durante meses cada año, y la concentración del poblamiento denso a lo largo del piedemonte, donde los ríos ofrecen agua permanente y las tierras son firmes. Los pueblos históricos de Casanare —Támara, Pore, Nunchía, Paya, y en su momento Santiago de las Atalayas— se alinearon a lo largo de esa franja.

Los pueblos de la llanura

A la llegada de los europeos, los Llanos Orientales estaban lejos de ser el vacío demográfico que la imagen tradicional supuso. Convivían allí sociedades igualitarias y grupos con rasgos de mayor complejidad social, y una diversidad étnica notable ocupaba la sabana y el piedemonte. En el territorio del actual Casanare fueron reconocibles al menos tres grandes pueblos: los achaguas, los sálibas y los guahibos, con el ramal nómada de los cuiba.

Los achaguas, agricultores y comerciantes, ocupaban buena parte de la sabana. Los sálibas, asentados sobre todo cerca del Meta, se distinguieron por su manufactura del onoto, cuyo pigmento rojo era preferido en el comercio intertribal por ser más limpio que el de los guahibos. Los guahibos, con su rama nómada cuiba, mantuvieron por siglos un modo de vida móvil que combinaba caza, pesca y recolección; solo en la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a ocupar de forma más estable los bordes del Meta y a practicar una horticultura semisedentaria. Los cuiba conservaron el nomadismo hasta hace pocas generaciones.

El siglo XIX fue devastador para los pueblos de sabana. Los achaguas, diezmados por las epidemias y la presión de la colonización, sufrieron además la agresión de los guahibos y terminaron absorbidos en dos direcciones: la población mestiza llanera y los propios guahibos. Muchos intentaron escapar retomando el nomadismo. Un episodio revela hasta qué punto los indígenas de la llanura fueron actores políticos y no meros paisajes de fondo: en 1781, cerca de mil quinientos indígenas montados a caballo engrosaron el movimiento comunero en Támara, Pore, Morcotes, Paya y Pisba al grito de "¡Viva el rey inca y muera el rey de España!". La consigna, cargada de ecos de la insurrección de Túpac Amaru en el sur andino, mostraba que la sabana no estaba desconectada de los grandes ciclos políticos del mundo hispánico.

La ciudad de las atalayas y la larga misión

La ocupación española de los llanos comenzó desde el altiplano. El capitán Pedro Daza partió de Tunja, descendió la cordillera y fundó Santiago de las Atalayas, la primera ciudad española de la llanura. La empresa fue tan ambiciosa como frágil: apenas fundado el poblado, colonos y misioneros empezaron a disputarse el control de la mano de obra indígena, especialmente achagua, sáliba y guahiba.

De esa disputa salió ganadora, durante buena parte del período colonial, la Compañía de Jesús. Las misiones jesuitas de Casanare articularon evangelización y economía en un modelo que los cronistas posteriores describirían como el más exitoso del oriente neogranadino. Las haciendas de Caribabare, Cravo y Tocaría, contiguas entre sí, formaban un conjunto ganadero de tal continuidad que el ganado se movía libremente entre ellas: no respetaba linderos durante los cuatro meses de verano, mezclándose en busca de pastos y aguas, y en invierno se redistribuía según los caprichos del clima. Reducciones que suministraban trabajo, haciendas que alimentaban las misiones, ganado que se reproducía sobre la sabana gratuita: la primera gran síntesis productiva del territorio.

Conviene no exagerar la escala. Las haciendas jesuitas de la Nueva Granada eran modestas frente a las del Perú o México: las más costosas no superaban los cien mil pesos, cuando en Perú alcanzaban doscientos mil y en México llegaban a setecientos mil. Casanare era una periferia dentro de una periferia. Las órdenes religiosas destinadas a los llanos, como las asignadas al Chocó, recibían pocos recursos humanos de calidad; se trataba de zonas poco atractivas para los mejores miembros de las congregaciones.

El modelo jesuita sobrevivió a la expulsión de la Compañía y siguió siendo el marco conceptual con el que se pensó la evangelización de los llanos hasta bien entrado el siglo XX. En 1893, el vicariato apostólico de Casanare fue asignado a los Agustinos Recoletos —los Candelarios—, que asumieron la administración de misiones y escuelas y prolongaron una presencia eclesiástica que había definido, desde el siglo XVII, la vida institucional del territorio. La tensión entre misión y granjería nunca se disolvió del todo: algunos administradores posteriores, como Rueda, consideraban que convertir una misión en granjería iría en perjuicio de las almas y equivaldría a especulación.

La sabana en armas: 1819

Casanare tuvo su hora más alta durante la campaña libertadora. Entre 1816 y 1819, mientras el altiplano cundiboyacense era controlado por las tropas realistas del virrey Juan Sámano, la llanura funcionó como refugio, granero y cuartel de los republicanos. Su posición era doblemente estratégica: enlazaba los llanos venezolanos controlados desde Angostura con las montañas neogranadinas ocupadas por España, y actuaba a la vez como bastión y colchón entre ambos mundos.

Francisco de Paula Santander reorganizó allí la fuerza patriota. En mayo de 1819 informó a Simón Bolívar que Casanare estaba libre de realistas, "entusiasta por su independencia" y lista para el papel que le tocaría. A finales de ese mes, Bolívar convocó en la aldea de Setenta, a orillas del Apure, el consejo de oficiales donde se decidió el plan: invadir la Nueva Granada por el flanco menos defendido, cruzando la cordillera desde los llanos.

La operación comenzó el 15 de junio. Santander comandaba la vanguardia; José Antonio Anzoátegui, la retaguardia. El ejército remontó el piedemonte y atacó el páramo de Pisba, considerado inaccesible. El cruce fue una prueba brutal, sobre todo para los soldados llaneros, hombres del calor tropical enfrentados por primera vez a la altura y al frío del páramo. Muchos murieron de hipotermia antes de disparar un tiro. Los sobrevivientes llegaron a Socha, en el altiplano boyacense, agotados y sin caballos.

El 27 de junio, en Paya, se libró el primer combate: las fuerzas patriotas derrotaron a los realistas y los obligaron a retirarse hacia Sogamoso. Seis semanas después, el 7 de agosto de 1819, el ejército de Bolívar y Santander derrotó a José María Barreiro en la batalla de Boyacá y abrió el camino a Bogotá. Detrás de ese triunfo estaban las condiciones que Santander había sabido leer: la impopularidad del virrey Sámano, las tropas criollas desmoralizadas, mal pagadas y desertoras, el fracaso de liderazgo de Barreiro, y el hecho de que Casanare —limpia de realistas, entusiasta, disciplinada— podía servir de base logística para la ofensiva. La independencia de la Nueva Granada se ganó, en buena medida, sobre la sabana casanareña.

El siglo del hato

Después de la Independencia, Casanare volvió al lugar habitual de las periferias: el olvido administrativo y la ganadería extensiva. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, la economía del territorio giró en torno al hato, esa unidad productiva enorme y laxa donde las reses pastaban semisilvestres sobre miles de hectáreas y el trabajo se organizaba en una jerarquía peculiar.

En el escalón más bajo estaban los conuqueros, cultivadores de conucos, pequeñas parcelas de subsistencia. Encima venían los vegueros, que poseían algunas reses y vivían en casas ribereñas dentro del gran fundo; el dueño del hato les pagaba los víveres, plátano y yuca, con vacas viejas para carnear. Los caballiceros, adolescentes y jóvenes que se levantaban a las dos de la mañana para revisar las brigadas de caballos, eran el correo indispensable de la pampa. Los vaqueros —dueños de su caballo, su silla, su soga y sus implementos— recibían salario por su trabajo. Los caporales ejercían la jefatura operativa: organizaban rodeos, hierras y matanzas. Los mayordomos administraban el hato en el día a día, vivían en la propiedad con sus familias y recibían salario mensual, aunque se esperaba que sus mujeres e hijos trabajaran sin paga. En la cúspide, invisibles casi todo el año, estaban los propietarios, que podían visitar el hato una o dos veces al año.

La imagen del llanero cristalizó en el imaginario letrado del siglo XIX como mestizo de blanco e indio, valorado por sus habilidades guerreras y ganaderas pero también asociado a la conflictividad y la barbarie. Esa representación no era neutral: servía a las élites locales como instrumento de control laboral sobre una población habitualmente descrita como indómita.

El trabajo del hato tenía una dimensión épica que la literatura registró bien. Los arreos podían durar semanas —trece días de seis horas de marcha diaria entre el Arauca y el Meta—, con los vaqueros velando el ganado toda la noche para que se sintiera acompañado. Bajo esa épica había, sin embargo, una economía brutalmente desigual y una sociedad rígidamente jerarquizada, donde el hato era a la vez unidad productiva, unidad política y unidad de dominación.

Provincia, intendencia, comisaría: la administración del olvido

El estatus político-administrativo de Casanare osciló durante siglo y medio entre categorías cambiantes que reflejaban su posición marginal. En el período colonial fue la provincia de los Llanos, también llamada Casanare, e incluía lo que hoy es Arauca. En la república, el territorio pasó por diversas configuraciones antes de ser adscrito al departamento de Boyacá durante buena parte del siglo XX.

El desmantelamiento del sistema territorial especial —que había otorgado formas de administración particular a las regiones periféricas— comenzó bajo la primera administración de Rafael Núñez, entre 1880 y 1882, y se consolidó con la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, que introdujeron elementos civiles y eclesiásticos en el manejo de los territorios. Ya antes, la política federal había sido cuestionada: el déficit acumulado entre 1868 y 1881 era aproximadamente igual a la suma gastada en los territorios nacionales durante ese período, lo que llevó a secretarios de gobierno a criticar el modelo de administración territorial directa. El sistema fue acusado de sobreestimar la riqueza de las regiones remotas y de generar déficits que no habrían ocurrido bajo administración estatal.

Bajo el gobierno de Boyacá, durante la primera mitad del siglo XX, Casanare mostró escaso progreso político, económico o social en comparación con las intendencias y comisarías vecinas —Meta, Arauca, Vichada—, que sí contaban con apoyo directo del gobierno nacional. La denuncia se volvió constante: el gobierno de Boyacá había abandonado a Casanare a su suerte, dejando la industria ganadera a merced de bandas de cuatreros que operaban sin freno. Plazas Olarte solicitó elevar el territorio a la categoría de territorio nacional, argumentando que solo la nación, a través del Ministerio de Gobierno y la policía nacional, podía controlar el bandolerismo, y advirtiendo que de no atenderse el problema habría repercusiones graves e incalculables. Mientras tanto, Meta se transformaba: la carretera Bogotá-Villavicencio y el respaldo del gobierno central le abrían rutas al mercado que Casanare no tuvo. Ese contraste alimentó durante décadas un resentimiento regional que aún hoy resuena en el discurso político casanareño.

Los llanos en armas: Guadalupe Salcedo

La segunda mitad del siglo XX comenzó en Casanare con la guerra. Cuando el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, desató la persecución conservadora en el campo colombiano, los liberales de todo el país huyeron hacia las zonas de frontera. Muchos llegaron a los Llanos, donde encontraron un terreno propicio para la resistencia armada: sabanas inmensas, caballos, hombres acostumbrados al rifle y a la vida a la intemperie, y un tejido social —hacendados liberales, vegueros, peones, vaqueros, caporales, campesinos desplazados— dispuesto a alzarse.

De ese magma emergió la guerrilla llanera, el movimiento insurgente más numeroso y mejor armado del país en la década de los cincuenta, con presencia en Casanare, Vichada, Meta y Arauca. Al principio, la insurgencia estuvo dominada por comandantes como Eliseo Velásquez y protegida por hacendados liberales que la financiaban a cambio de que resguardara sus hatos. Pero la lógica del movimiento fue superando esa función tutelar. Junto a Velásquez fueron ganando fuerza otros líderes; entre ellos, dos hombres que constituirían el núcleo dirigente del comando con sede en Yopal: Guadalupe Salcedo Unda y Eduardo Franco Isaza.

Guadalupe Salcedo era un llanero de sangre indígena, nacido en Santa Helena de Cusiana, en Casanare. Bajo su liderazgo, la guerrilla dejó de ser guardián de haciendas y asumió banderas propias: defensa de la tierra y del peón, y, para 1952, la declaración explícita de que su lucha era una revolución destinada a derrocar al gobierno. Esa radicalización rompió la alianza inicial con los hacendados liberales, que se sintieron traicionados cuando el movimiento empezó a mirar hacia sus tierras y sus trabajadores.

La composición social de las guerrillas llaneras era heterogénea —campesinos desplazados, familiares de víctimas del terror oficial, aparceros, vegueros, peones, vaqueros y caporales del latifundio ganadero— y su capacidad militar, temible: llegaron a tomarse la base de Palanquero, en Cundinamarca, y pueblos como Orocué, en el propio Casanare. El gobierno conservador de Laureano Gómez, sin embargo, se negó a reconocer la magnitud del alzamiento: en el mensaje presidencial de 1951 ni siquiera se mencionó al Llano, y Gómez prefirió caracterizar la violencia en otros términos y otras regiones.

El 18 de junio de 1953, en una Asamblea Revolucionaria de jefes, las guerrillas promulgaron la Segunda Ley del Llano, un intento de organizar la nueva etapa de lucha en las zonas controladas. Pocos días antes, el 13 de junio, el general Gustavo Rojas Pinilla había derrocado a Laureano Gómez y ofrecido amnistía. Guadalupe Salcedo persuadió a sus aproximadamente cinco mil guerrilleros de deponer las armas y confió en las promesas del Estado.

El desenlace fue trágico. Poco después de la caída de Rojas Pinilla, el 10 de mayo de 1957, Guadalupe Salcedo fue asesinado en circunstancias siempre consideradas confusas; su abogado sostuvo que fue acribillado a sangre fría cuando estaba desarmado y con las manos en alto. La muerte del comandante llanero se convirtió en un pésimo referente para toda futura negociación insurgente en Colombia: el símbolo de la traición del Estado a los amnistiados. Décadas después, los guerrilleros que dudaban de la palabra oficial en los procesos de paz seguirían invocando el nombre de Guadalupe.

Cusiana, Cupiagua y la fiebre del crudo

La transformación decisiva de Casanare en el siglo XX no vino de la política sino del subsuelo. A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, Ecopetrol y un consorcio de multinacionales —Total, Triton, Perenco y BP Exploration— descubrieron en el piedemonte del departamento dos yacimientos de crudo de dimensiones excepcionales: Cusiana y Cupiagua. La explotación arrancó bajo el sistema de contratos de asociación establecido por la Ley 20 de 1969 y adoptado como mecanismo general desde 1974, cuando el país abolió las concesiones. Ese régimen permitía al Estado, a través de Ecopetrol, una participación directa en la renta.

Desde los años noventa, la explotación de hidrocarburos desplazó a la economía agropecuaria como motor principal de la zona sur del departamento e influyó profundamente en su cultura y en su ritmo de crecimiento. Las regalías petroleras que llegaron a Casanare, Aguazul, Maní y Tauramena en las vigencias 1997, 1998 y 1999 —auditadas por la Contraloría General de la República— habrían debido financiar la modernización del territorio. En parte lo hicieron: se pavimentaron carreteras, se dotó de infraestructura urbana a las cabeceras del piedemonte, y a orillas del Cusiana, el Charte, el Cravo Sur y el Pauto se conformó un poblamiento denso y creciente. Yopal, Aguazul, Tauramena, Maní y Villanueva vivieron una expansión demográfica y urbanística sin precedentes.

Pero el crudo también trajo la enfermedad clásica de las regiones que reciben renta sin institucionalidad. La auditoría de la Contraloría detectó recursos adjudicados a fines no contemplados por la ley. Entre 1995 y 1998 pasaron cuatro gobernadores por la administración departamental, en medio de acusaciones ante la Procuraduría General de la Nación; el gobernador Emiro Sossa, que había llegado al cargo en 1995 tras derrotar al candidato del gobernador saliente Óscar Wilchez, fue suspendido. El acceso a las regalías se convirtió en el nudo de una política local fragmentada, capturada por élites que aumentaron su control económico y por actores armados que aprendieron rápido a extraer su parte.

En la década siguiente, el Partido Liberal —históricamente dominante en Casanare— se fracturó cuando figuras tradicionales como Óscar Wilchez Carreño trasladaron su caudal electoral a otras colectividades. El mapa político del departamento se descompuso al ritmo de las investigaciones judiciales: al menos dos gobernadores, William Hernán Pérez Espinel y Miguel Ángel Pérez Suárez, fueron investigados o condenados en procesos relacionados con vínculos con grupos paramilitares y uso indebido de recursos públicos.

Buitragueños, Centauros y la guerra por la renta

La aparición de la renta petrolera reconfiguró también el conflicto armado. Las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) surgieron entre mediados y finales de los años ochenta, con apoyo de las Autodefensas del Magdalena Medio, a partir de un grupo conocido inicialmente como los "Buitragueños". Comandadas por Héctor Germán Buitrago —Martín Llanos— y su familia, las ACC llegaron a controlar, antes de la irrupción del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, catorce de los diecinueve municipios del departamento.

La llegada del Bloque Centauros, bajo el mando de Miguel Arroyave, alteró el equilibrio. Progresivamente, el Bloque Centauros fue tomando posesión de municipios del norte —Pore, Sabanas de Nunchía, Támara, Hato Corozal, San Luis y Trinidad— y, en el transcurso de la guerra, penetró también en municipios del sur considerados bastión histórico de las ACC: Aguazul, Maní, Monterrey, Villanueva y Tauramena. Los dos aparatos habían firmado un pacto de delimitación territorial, pero hacia finales de 2002 el acuerdo estalló entre acusaciones mutuas de traición. La disputa se libró por el control de territorios, cultivos ilícitos, extorsión y renta petrolera.

El Bloque Centauros se financió, entre otros mecanismos, mediante el cobro de "vacunas" a las empresas petroleras que operaban en Casanare —Total, Triton, Perenco, BP Exploration—, un ejemplo cristalino de cómo la renta extractiva alimentó directamente la maquinaria armada. Excombatientes de las ACC entrevistados por la Comisión de la Verdad han señalado la existencia de presuntos apoyos del Ejército Nacional tanto al Bloque Centauros como a las propias ACC durante su confrontación, en alianzas descritas como posibles y condicionadas. Los antecedentes de todo el paramilitarismo llanero se remontaban a las olas de colonización, a la expansión de los cultivos ilícitos —marihuana desde los años setenta, coca desde finales de los ochenta y comienzos de los noventa— y a los procesos de concentración de la propiedad agraria.

El costo humano fue devastador. En 2003, en pleno pico de la guerra, la tasa de homicidios en Casanare alcanzó 100,84 por cada 100.000 habitantes: una cifra propia de una guerra abierta. La desmovilización de las AUC entre 2003 y 2005 no cerró el ciclo. Datos del Centro Nacional de Memoria Histórica para 2010 y 2011 registraron la persistencia en el departamento del Frente 28 de las FARC en municipios del norte y el oriente —Hato Corozal, La Salina, Nunchía, Pore, Sácama, San Luis de Palenque, Támara, Paz de Ariporo—; los Frentes 38 y 56 en la zona montañosa —Chámeza, Recetor, Sabanalarga—; el Frente 26 en Maní y Monterrey; el Frente Domingo Laín del ELN en La Salina, Sácama y Támara; remanentes de las ACC en Aguazul, Maní, Monterrey, Sabanalarga, Villanueva y Yopal; y estructuras del ERPAC en Monterrey, Orocué, Paz de Ariporo y Villanueva. La guerra se fragmentó, pero no se apagó.

La huella

Casanare es hoy un departamento moderno construido sobre capas históricas mal cicatrizadas. Yopal, su capital, creció al ritmo del petróleo hasta convertirse en una ciudad de más de cien mil habitantes con centros comerciales, universidades y un aeropuerto activo, pero rodeada de veredas donde persisten las estructuras del hato tradicional y las memorias de la guerra. El piedemonte concentra la renta y la infraestructura; la sabana profunda, hacia el Meta, sigue viviendo entre la inundación y el ganado, con densidades bajas de población y una presencia estatal intermitente.

La historia del departamento contiene una paradoja persistente. Cada vez que Colombia lo necesitó —para evangelizar en el siglo XVII, para ganar la Independencia en 1819, para movilizar liberales contra la persecución conservadora, para producir crudo en los noventa—, Casanare respondió con hombres, tierra y recursos. Y cada vez, terminado el ciclo de utilidad, el país lo devolvió a la periferia: sin carreteras, sin instituciones robustas, sin las inversiones estructurales que habrían convertido la renta en desarrollo. Los actores locales, por su parte, encontraron en esa marginalidad recurrente el espacio para reproducir sus propios dominios: hacendados que financiaron guerrillas mientras protegieran sus hatos, políticos que capturaron regalías, comandantes que cobraron vacunas al petróleo.

Del Casanare misional queda la memoria de las reducciones y los nombres de los antiguos pueblos jesuitas. Del Casanare independentista, la ruta libertadora que hoy se recorre como memoria patrimonial: Setenta, Paya, Pisba, Socha. Del Casanare guerrillero, la figura de Guadalupe Salcedo, cuya muerte sigue siendo invocada cada vez que en Colombia se discute una negociación de paz. Del Casanare petrolero, las cifras de regalías y los procesos judiciales que atraviesan a buena parte de su clase política reciente.

En el imaginario nacional, el departamento sigue oscilando entre dos representaciones antiguas: la del llanero heroico de la Independencia y la del territorio bravo, difícil de gobernar. Ambas simplifican. Casanare es, más bien, el laboratorio donde puede leerse con nitidez una lección persistente de la historia colombiana: que las periferias que producen riqueza estratégica —almas, soldados, crudo— pueden ser al mismo tiempo indispensables para el proyecto nacional y sistemáticamente excluidas de sus beneficios. Y que esa exclusión, cuando se prolonga durante siglos, no la sostiene solo el centro: la sostienen también los poderes locales que aprendieron a prosperar en la penumbra institucional. Entender a Casanare es entender ese doble movimiento, y por qué la sabana —tan silenciosa vista desde Bogotá— ha sido, sin embargo, uno de los territorios donde la historia de Colombia se ha decidido.