Mario Uribe Escobar

La semblanza

Mario Uribe Escobar pertenece a la generación de políticos antioqueños que hizo carrera en el ocaso del bipartidismo y encontró, al arrancar el siglo XXI, la oportunidad de rehacer el mapa. Abogado de formación, militante liberal durante la mayor parte de su trayectoria, senador por Antioquia, primo del presidente Álvaro Uribe Vélez: cada uno de esos atributos, por sí solo, lo habría situado en la primera línea de la política colombiana. Reunidos, lo convirtieron en algo más singular. Fue el pariente que puso la infraestructura partidista al servicio de la ambición presidencial de su primo cuando el Partido Liberal cerró filas contra ella; fue el senador que presidió el Congreso justo antes de que ese Congreso fuera reconfigurado por la ola uribista; y fue, finalmente, el político que cayó bajo el peso del testimonio de un lugarteniente paramilitar desmovilizado, refugiándose infructuosamente en una embajada extranjera antes de aceptar el rigor de la justicia colombiana.

Su figura pesa por tres razones concurrentes. La primera es institucional: fundó, con Primero Colombia, el vehículo electoral que rompió el centenario sistema bipartidista liberal-conservador y llevó a la Casa de Nariño a un candidato disidente. La segunda es familiar: el lazo de primos con Álvaro Uribe lo situó en el círculo íntimo del poder presidencial durante ocho años, en un país donde los vínculos de sangre siguen operando como estructura política. La tercera es penal: la sentencia de la Corte Suprema lo convirtió en el rostro más visible de la parapolítica dentro de la familia gobernante, y el intento de asilo en la embajada de Costa Rica dejó una imagen que ninguna estrategia de comunicación logró después borrar.

Su itinerario personal ilumina, además, un rasgo estructural de la política colombiana: la persistencia del parentesco como principio organizador, capaz de sobrevivir a todas las reformas constitucionales, todos los ciclos de moralización pública y todos los intentos de tecnificar la representación. En Antioquia, esa persistencia adquiere una densidad particular, porque el departamento fue laboratorio simultáneo del capitalismo industrial colombiano, del gremialismo empresarial más disciplinado del país y de la política liberal-conservadora tradicional. Mario Uribe se movió con soltura en ese cruce.

Los orígenes de un operador antioqueño

Nacido a mediados del siglo XX en Antioquia, Mario Uribe se formó como abogado y entró en la política por la puerta clásica del liberalismo regional. Antioquia, en las décadas de los ochenta y noventa, era un laboratorio de reconfiguración política: el bipartidismo sobrevivía en las estructuras electorales pero perdía consistencia ideológica; las élites regionales se acomodaban a la Constitución de 1991 y a sus nuevas reglas de competencia; y, en las zonas rurales, el paramilitarismo iniciaba una expansión que primero fue reactiva contra las guerrillas y después se volvió proyecto de dominación territorial autónomo. Mario Uribe hizo carrera como un político liberal ortodoxo con anclaje departamental, hasta que la coyuntura le abrió una ventana mayor.

Su llegada al Senado lo situó en el vértice donde se cruzan la representación regional y la conversación nacional. En 2000–2001 alcanzó la presidencia del Congreso, una dignidad que en el sistema colombiano rota entre las bancadas mayoritarias y confirma el peso de un parlamentario dentro de su partido. En ese momento todavía militaba en el liberalismo. Fue precisamente esa doble posición —senador de peso, primo de un aspirante presidencial— la que lo convertiría, muy poco después, en el pivote de una operación política que redefinió al país.

Cuando en 2001 y 2002 el Partido Liberal decidió tramitar su candidatura presidencial mediante una consulta interna cuyas reglas favorecían a Horacio Serpa, Álvaro Uribe Vélez, entonces exgobernador de Antioquia y precandidato liberal, optó por la disidencia. Fue Mario Uribe quien fundó el movimiento Primero Colombia, la plataforma con la que su primo se presentaría por fuera del partido. La decisión tuvo consecuencias históricas: Álvaro Uribe ganó en primera vuelta con el 54% de los votos, un resultado inédito bajo el sistema de doble vuelta introducido por la Constitución de 1991, y su triunfo aceleró un realineamiento que, en la práctica, cerró el ciclo del bipartidismo liberal-conservador. Que Primero Colombia haya sido descrito luego como un movimiento efímero no le resta trascendencia: fue el vehículo mediante el cual se consumó la ruptura.

Conviene detenerse en la mecánica de aquella fundación, porque revela la clase de operador que era Mario Uribe. No se trataba de improvisar una candidatura desde la nada. Se trataba de acoplar una maquinaria capaz de recoger firmas, obtener personería jurídica provisional, articular avales regionales y sostener una campaña presidencial fuera del andamiaje de un partido tradicional. Ese ensamblaje exigía conocimiento fino del régimen electoral, contactos operativos en cada departamento y una lectura precisa de dónde estaban los descontentos con el liberalismo oficial. Mario Uribe reunía las tres cosas. La candidatura disidente de su primo no se sostuvo por su propio impulso: se sostuvo porque hubo alguien que fabricó, tuerca a tuerca, la plataforma que la hizo viable.

La trayectoria durante la Seguridad Democrática

Con su primo en la Casa de Nariño, Mario Uribe se convirtió en un actor de primer orden del nuevo régimen. Álvaro Uribe llegó al poder con una plataforma de mano dura frente a las guerrillas, en contraste explícito con el desprestigiado proceso de paz del Caguán, y con una trayectoria previa como alcalde de Medellín, senador y gobernador de Antioquia que lo presentaba como político de resultados. Durante sus ocho años de mandato, su índice de favorabilidad osciló entre el 63% y el 85%, un rango que le permitió gobernar con un capital político excepcional y transformar el sistema de partidos.

Mario Uribe emprendió entonces su siguiente movimiento organizativo: la creación de Colombia Democrática, colectividad que se sumó al abanico de plataformas que respaldaban al gobierno. La descripción precisa de ese universo es reveladora. Colombia Democrática fue uno de varios movimientos —entre los que figuraban Colombia Viva, Convergencia Ciudadana, Cambio Radical, Apertura Liberal, Alas o Equipo Colombia, junto a una decena de siglas menores— que canalizaron la influencia de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Congreso. La formulación no admite eufemismos: fueron los vehículos electorales que las AUC utilizaron, con distintos grados de organicidad, para trasladar poder territorial armado a poder legislativo formal.

Los nombres que orbitaron Colombia Democrática confirman ese perfil. Miguel Alfonso de la Espriella, cordobés, aspiró al Senado por el movimiento y obtuvo 49.958 votos, actuando como uno de los voceros políticos de la candidatura de Álvaro Uribe en Córdoba. Eleonora Pineda buscó una curul en la Cámara con el eslogan "Luchando por la reconciliación", pero fue retirada de las listas cuando sus vínculos con los paramilitares se hicieron públicamente insostenibles. Ricardo Elcure Chacón llegó al Senado en 2006 con apenas 4.538 votos —cifra insuficiente para curul directa— ocupando una vacante producida por la renuncia de otro senador del mismo partido. Cada uno de esos casos era, por sí solo, un indicio. En conjunto, dibujaban el patrón.

Álvaro Uribe fue reelegido en 2006 tras la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata, y Mario Uribe mantuvo durante ese segundo mandato su condición de senador y de figura clave del entorno familiar. Pero para entonces la ola judicial ya se había puesto en marcha, y su nombre empezó a aparecer en los papeles de la Corte Suprema.

La red: primos, paramilitares y testigos

La comprensión del caso Mario Uribe exige entender la geometría de relaciones que lo rodearon. En el vértice familiar, el vínculo con Álvaro Uribe Vélez no era un dato biográfico ornamental: era el activo político central. En una carrera de más de dos décadas en el Senado, ese parentesco convirtió cada iniciativa de Mario Uribe —desde la fundación de Primero Colombia hasta la organización de Colombia Democrática— en un asunto que trascendía su propio peso legislativo. Era, en la práctica, un operador del poder presidencial dentro del Congreso, con acceso directo al jefe de Estado y al aparato ejecutivo. Esa cercanía le confería una autoridad implícita que no dependía de sus votos ni de sus discursos, sino de la simple presunción de que quien hablaba con él hablaba, en última instancia, con Palacio.

En el vértice paramilitar, el vínculo probatorio clave lo aportó Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, lugarteniente desmovilizado que se convirtió en testigo principal de la Corte Suprema en los procesos de parapolítica. Dentro de las AUC, Pitirri había sido encargado de las finanzas y de una tarea específica: ubicar y negociar a bajo precio tierras para los jefes paramilitares o para sus aliados políticos, labor que lo llevó a Sahagún, en Córdoba. Fue en el ejercicio de esa función donde, según su testimonio, tuvo contacto con Mario Uribe. La acusación central del deponente fue que el senador había colaborado con grupos paramilitares desde 1998, y que esa colaboración incluía haber forzado a personas a abandonar sus tierras, es decir, desplazamiento forzado con fines de despojo. En el mismo bloque de testimonios apareció Otero Bula, ganadero señalado como financiador de los paramilitares y proveedor de fusiles y municiones.

En el vértice regional, la geografía del caso se desplaza de Antioquia —el bastión electoral de Mario Uribe— hacia la costa Caribe, y en particular hacia Córdoba y Sucre, epicentros del proyecto paramilitar de las AUC. En el corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta, Córdoba, jefes paramilitares y más de cincuenta políticos —senadores, congresistas, alcaldes y gobernadores— suscribieron el Pacto de Ralito con el propósito declarado de "refundar el Estado". Investigaciones posteriores establecieron que el acuerdo buscaba construir un proyecto político financiado desde el narcotráfico, que arrancaría en la región Caribe con intención de expandirse al conjunto del Estado colombiano. El pacto contravino los intereses de Carlos Castaño, ya distanciado de los dirigentes del Bloque Norte, y dejó al descubierto el grado de organicidad con que se había planificado la captura del sistema político.

Mario Uribe reconoció haber tenido una reunión con Salvatore Mancuso, jefe máximo de las AUC, pero negó haber alcanzado con él ningún acuerdo. Esa versión, sostenida durante todo el proceso, se estrelló contra la acumulación de testimonios y versiones libres de los propios jefes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, y contra la deposición central de Pitirri. La distinción entre "reunión sin acuerdo" y "pacto operativo" fue, precisamente, el terreno donde se libró la batalla judicial.

Del Congreso al banquillo

El escándalo de la parapolítica no estalló solo. Los debates parlamentarios en torno a la Ley 975 de 2005 —la Ley de Justicia y Paz que enmarcó la desmovilización de las AUC— se convirtieron en la caja de resonancia inicial del escándalo, y la agenda electoral de 2006 determinó su curso. Investigaciones región por región emprendidas desde el Congreso pusieron el foco sobre Antioquia y sobre los nexos entre el gobierno y el fenómeno paramilitar, forzando al país a mirar lo que la Fiscalía y la Corte terminarían de documentar.

La ola judicial que siguió fue de dimensiones inéditas. Se abrieron procesos contra 107 congresistas por vínculos con el paramilitarismo, de los cuales 21 resultaron condenados, con muchos más en juicio. A ellos se sumaron tres gobernadores condenados y otros dieciséis funcionarios procesados. Los partidos uribistas concentraron 84 de los congresistas salpicados, cifra que por sí sola disolvió cualquier discusión sobre la centralidad política del fenómeno. Era la tercera vez que la justicia colombiana enfrentaba el entramado paramilitar —los intentos anteriores, en los ochenta con el MAS y las Autodefensas del Magdalena Medio, y luego con la contabilidad de las ACCU hallada en el parqueadero Padilla, habían fracasado por la combinación de asesinatos de investigadores e impunidad—, y esta vez las condiciones institucionales permitieron un avance mayor, aunque no completo.

Contra Mario Uribe, la Fiscalía ordenó la captura tras la acumulación de las acusaciones de Pitirri y de las versiones libres de jefes paramilitares. El senador respondió con una jugada que quedaría fijada en la memoria pública: se refugió en la embajada de Costa Rica en Bogotá para invocar la figura del asilo político. La solicitud fue negada. La captura se hizo efectiva, y el proceso avanzó hasta la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó a siete años y medio de prisión por sus nexos con las AUC.

La condena tuvo un peso simbólico desproporcionado incluso frente a otras del mismo ciclo. No caía sobre un congresista periférico, ni sobre un cacique regional de segunda línea: caía sobre el fundador del movimiento que había llevado a Álvaro Uribe a la presidencia, sobre el pariente político más visible del entonces mandatario, sobre el expresidente del Congreso. La demostración de que la parapolítica había alcanzado el círculo íntimo del poder ejecutivo era ya, en ese punto, incontestable.

El trámite procesal, sin embargo, no fue lineal. En una primera instancia, en 2011, Mario Uribe fue absuelto por una Sala de la Corte Suprema, en un fallo que produjo perplejidad pública y que rápidamente fue objeto de revisión. La condena definitiva llegó en febrero de 2013, cuando la Sala Penal, con nueva composición, revocó la absolución y le impuso los siete años y medio de prisión por concierto para delinquir agravado. Ese zigzag —absolución primero, condena después— formó parte del paisaje procesal de la parapolítica y alimentó tanto a quienes veían en la Corte un tribunal politizado como a quienes veían en las estrategias de defensa de los condenados una capacidad de dilación y desgaste sostenida en el tiempo.

La mecánica del proceso merece detalle. Por su condición de aforado, el caso correspondía a la Sala Penal de la Corte Suprema en única instancia, sin apelación posible en el diseño vigente al momento de los hechos, un rasgo del sistema colombiano que concentraba el destino judicial de los congresistas en un único tribunal. La instrucción combinó las versiones libres rendidas por los jefes paramilitares en el marco de Justicia y Paz —piezas procesales de un régimen transicional que obligaba a los desmovilizados a confesar bajo pena de perder los beneficios penales— con las declaraciones de testigos protegidos como Pitirri, con documentación electoral y con cruces patrimoniales sobre tierras de la costa Caribe. La defensa se apoyó en la retractación parcial de testimonios, en la impugnación de la credibilidad de los deponentes desmovilizados y en la insistencia sobre la ausencia de un acuerdo formal con Mancuso. La Sala Penal, en 2013, consideró probado que los contactos habían excedido la mera coincidencia política y que el aporte de Mario Uribe al entramado justificaba la calificación agravada del concierto para delinquir.

La disputa sobre el sentido

El caso Mario Uribe admite al menos dos lecturas, y ambas resultan útiles para ubicar su lugar exacto en la historia política reciente. La primera, más severa, lo presenta como pieza consciente de un proyecto de captura estatal: el operador que fundó Primero Colombia y Colombia Democrática con conocimiento de que ambos vehículos servirían para trasladar poder paramilitar al centro del Estado. Esa lectura se apoya en la coincidencia entre el pacto de refundación firmado en Ralito, la proliferación de movimientos electorales que amplificaron la influencia de las AUC en el Congreso, y la trayectoria personal de Uribe como articulador de dos de esas plataformas.

La segunda lectura, más cauta, subraya que el vínculo entre políticos y paramilitares no respondió a una única lógica de subordinación orgánica. Existían modalidades diversas: desde el político orgánico plenamente insertado en la estructura armada hasta el operador clientelar que convergía funcionalmente con los paramilitares para asegurar votos o control territorial, sin ser propiamente su agente. En esa clave, Mario Uribe habría sido un exponente típico —no excepcional— de la clase política regional que negoció con las AUC porque el sistema electoral colombiano, en amplias zonas del país, no dejaba espacio para hacer política sin transar con quien controlara el territorio.

Ambas lecturas conviven en el expediente. La trayectoria de Mario Uribe encarna el punto donde clientelismo antioqueño, red familiar del poder presidencial y proyecto paramilitar se volvieron indistinguibles en la práctica, aunque sus orígenes fueran heterogéneos. La sentencia de la Corte no lo condenó por ser el ideólogo de un proyecto refundacional; lo condenó por facilitar despojo de tierras a partir de 1998, un delito muy concreto que se inscribía, sin embargo, en un entramado mucho más amplio.

La huella

La huella de Mario Uribe se mide en tres registros. En el electoral, dejó dos organizaciones —Primero Colombia y Colombia Democrática— cuya trascendencia rebasa la de sus propios afiliados: la primera rompió el bipartidismo; la segunda fue una de las plataformas donde la representación paramilitar encontró acomodo formal. Con posterioridad, la reorganización del uribismo desembocaría en el Partido de la U, creado como coalición de disidentes de los partidos tradicionales para respaldar al gobierno, y cuya lógica de funcionamiento estuvo orientada más a garantizar la continuidad de la relación con la chequera presidencial que a articular un proyecto ideológico propio. Esa dinámica —partidos como andamios de una relación con el poder ejecutivo, no como comunidades programáticas— es una de las herencias duraderas de la ingeniería política de la que Mario Uribe fue precursor.

En el registro judicial, su condena forma parte del acervo más completo de sentencias contra el paramilitarismo político en la historia del país, un acervo que sin embargo revela con la misma claridad el techo de la justicia colombiana. De los 107 congresistas procesados, apenas 21 fueron condenados; la mayoría de las investigaciones permaneció en etapa preliminar; los avances en materia de reparación a víctimas fueron mínimos; y los procesos no lograron esclarecer suficientemente la participación de excongresistas y exgobernadores en crímenes de lesa humanidad cometidos por lo que la propia jurisprudencia denominó la "empresa paramilitar" —la caracterización de las AUC como estructura criminal organizada que operaba con división del trabajo, cuadros de mando y aparato financiero, y que trasladaba a políticos aliados una porción del poder territorial conquistado por las armas—, especialmente en aquellos casos donde los servidores públicos actuaban como voceros de partidos legalmente reconocidos y hacían parte del directorio de mando que diseñaba y planificaba las acciones criminales. La condena de Mario Uribe fue, en ese cuadro, una excepción efectiva antes que la punta de un desmantelamiento sistémico: el sistema que la produjo sobrevivió a la sentencia.

En el registro institucional, el caso dejó una constatación que sigue pesando sobre la democracia colombiana. Durante el mismo gobierno en que se libraba la parapolítica, agencias del Estado —incluido el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS— realizaban seguimientos ilegales a magistrados de las Altas Cortes, periodistas, políticos de oposición, académicos e intelectuales, con la finalidad de calumniarlos e intimidarlos. En paralelo, los paramilitares habían utilizado bases de datos electorales del registro civil para planear y ejecutar fraude masivo en 2002. También habían accedido al DAS para borrar antecedentes penales de narcotraficantes y paramilitares y para elaborar listas de ciudadanos señalados como aliados de la guerrilla. La captura del Estado no era una metáfora: era una operación técnica y verificable, con documentos y funcionarios concretos. La condena a Mario Uribe cerró un capítulo judicial, pero no desmontó la maquinaria.

Queda un cuarto plano, el estrictamente personal, que la biografía política tiende a soslayar. Mario Uribe cumplió parte de la pena en detención domiciliaria y libertad condicional, y regresó a un espacio público disminuido pero no clausurado: siguió apareciendo en debates internos del uribismo, en tertulias regionales antioqueñas y en pronunciamientos ocasionales sobre coyunturas judiciales que afectaban a su primo, en particular el proceso penal contra Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos y fraude procesal. El regreso se hizo en clave menor: entrevistas contadas, columnas ocasionales, presencia en actos partidistas del uribismo antioqueño, defensa pública del legado de la Seguridad Democrática y crítica sostenida a la Corte Suprema que lo había condenado. Nunca reconoció plenamente los hechos por los que fue sentenciado; su versión pública osciló entre la denuncia de una persecución política y el reclamo de un debido proceso vulnerado por los cambios de composición de la Sala Penal. Ese retorno atenuado forma parte del guion colombiano: la condena rara vez implica extinción biográfica, y el condenado por parapolítica que ha pagado su pena conserva casi siempre un lugar de opinión en el circuito que lo produjo. La sentencia no clausura ese circuito, y esa continuidad es también parte del legado.

Su nombre, en cualquier caso, quedó fijado en el expediente central de la relación entre el gobierno de Álvaro Uribe y el fenómeno paramilitar. No como un caso lateral que hubiera podido separarse de la narrativa del régimen, sino como el punto donde esa narrativa quedó atada al banquillo. Cuando la discusión sobre la Seguridad Democrática se libra en términos de balance —los golpes a las FARC, la recuperación territorial, la reducción de secuestros—, el caso Mario Uribe funciona como recordatorio de que el balance tiene otra columna, escrita con sentencias en firme y con nombres propios, que ninguna reconstrucción posterior ha conseguido borrar.