Don Berna (Diego Fernando Murillo Bejarano)

Un hombre bisagra

Berna no encaja en las plantillas del criminal colombiano de finales del siglo XX. No fue el capo carismático al estilo de Escobar, ni el ideólogo terrateniente al estilo de los Castaño, ni el político armado al estilo de Mancuso. Fue, ante todo, un intermediario: alguien capaz de moverse entre el sicariato del Cartel de Medellín, los servicios de inteligencia estadounidenses, las brigadas del Ejército y los bloques de las autodefensas sin perder utilidad en ninguno de esos mundos. Esa condición de bisagra —criminal para el Estado, informante para la DEA, jefe paramilitar para las AUC, patrón para las bandas de Medellín— explica su ascenso y también su caída. Cuando sus versiones libres en Justicia y Paz amenazaron con volverse un mapa de complicidades, el mismo Estado que lo había tolerado durante dos décadas lo puso en un avión rumbo a una prisión federal.

Su figura permite pensar cómo se fabrica en Colombia un poder mafioso duradero: no contra el Estado sino con él, no en la periferia sino en el corazón de la segunda ciudad del país, no como excepción sino como método de gobierno de barrios, comunas y corredores del narcotráfico. La reducción de homicidios que Medellín exhibió a comienzos de los 2000, celebrada como triunfo de la seguridad democrática de Álvaro Uribe, fue en buena medida el orden impuesto por Berna a través del Bloque Cacique Nutibara. El "milagro" tenía un dueño, y ese dueño despachaba desde la cárcel.

Del EPL al servicio de los Galeano

Berna vino del monte antes de venir del cartel. Militó en el Ejército Popular de Liberación, la guerrilla de tradición maoísta que en los años ochenta tuvo fuerte presencia en Urabá y Córdoba. Ese pasado —compartido con hombres que después transitaron hacia las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá con el visto bueno de las autoridades— le dejó un rasgo que lo acompañaría toda la vida: entendía la guerra irregular, sabía moverse en estructuras armadas y traía consigo redes que después reutilizaría en clave paramilitar. El paso del EPL al paramilitarismo no fue en su caso una excentricidad, sino parte de un flujo mayor que las Fuerzas Militares y los servicios de inteligencia observaron —y en ocasiones facilitaron— a lo largo de la década.

En Medellín encontró su segundo oficio. Se vinculó como empleado de la familia Galeano, uno de los clanes empresariales del Cartel de Medellín, en el brazo que se ocupaba de la logística y la seguridad. Los Galeano y los Moncada eran, junto a Escobar, socios de las rutas y los envíos, pero pertenecían al ala que veía con creciente incomodidad la guerra contra el Estado que Pablo libraba desde La Catedral. La ruptura llegó cuando Escobar se enteró de que un sicario suyo apodado Tití, en compañía de su novia, había matado al guardián de un escondite y le había entregado veinte millones de dólares que en realidad pertenecían a Fernando Galeano. Ese robo fue el detonante: Escobar ordenó los asesinatos de Fernando Galeano y de Gerardo Moncada, y con ellos declaró la guerra a sus propios socios.

Los sobrevivientes buscaron aliados. Un narrador que se identificaba con el alias "Raúl" recibió emisarios de Escobar —entre ellos el hombre conocido como El Arete— para negociar en el aire denso que siguió a las muertes. Esa escena, en el entorno inmediato de las víctimas, es la partitura de lo que vendría: la ruptura interna del Cartel de Medellín, la formación de una disidencia empresarial y el nacimiento, en 1993, de Los Pepes.

Los Pepes: la fábrica del enlace

Los Perseguidos por Pablo Escobar fueron proclamados por Fidel Castaño y agruparon a los Tangueros de los hermanos Castaño, al Cartel de Cali, a los sobrevivientes de las familias Galeano y Moncada y a Don Berna, quien había sido empleado de los Galeano y traía consigo un motivo personal —la venganza— y un capital operativo —el conocimiento íntimo de la estructura de Escobar—. La alianza fue letal: en pocos meses asesinó a decenas de familiares, abogados, contadores y testaferros del capo, dinamitó propiedades y estrechó el cerco hasta la muerte de Escobar el 2 de diciembre de 1993.

Berna fue en esa alianza algo más que un soldado. El agente veterano de la DEA Chris Feistl lo describió como "uno de los principales hombres de enlace" entre Los Pepes, la Policía y la DEA. Sus hombres vivían cerca de la base donde operaba la DEA, en una proximidad operativa con el Bloque de Búsqueda que facilitaba el intercambio permanente de información. Ese fue su verdadero oficio en 1993: convertirse en el traductor entre tres mundos que en el papel no debían tocarse —la agencia antidrogas estadounidense, la Policía colombiana y una alianza paramilitar de narcotraficantes— pero que en la práctica compartieron inteligencia, coordinaron operativos y aceptaron los métodos del otro con tal de acabar con Escobar.

El ministro de Defensa Rafael Pardo conocía la colaboración desde al menos abril de 1993 y ordenó suspender las comunicaciones. La orden no se cumplió. La cooperación siguió hasta la muerte de Escobar, y los procesos disciplinarios contra los oficiales implicados nunca prosperaron. La CIA, la DEA y miembros de las fuerzas especiales de la Marina de Estados Unidos apoyaron al Bloque de Búsqueda; el grado exacto de su conocimiento sobre los vínculos con Los Pepes es materia de discusión, pero la proximidad física, la simultaneidad operativa y la utilidad del arreglo no dejan mucho espacio a la ingenuidad.

Ese año fundacional dejó a Berna en posesión de un capital que ninguno de sus pares supo acumular con igual astucia: relaciones personales con oficiales de la Policía, canales abiertos con la DEA, deuda de gratitud del ala Castaño y de los sobrevivientes empresariales del cartel, y, sobre todo, una impunidad de origen. Había ayudado a matar al enemigo público número uno del Estado colombiano; el Estado colombiano lo dejó ser.

La Oficina de Envigado y el gobierno de Medellín

La Oficina de Envigado existía desde los años ochenta como el brazo de cobranza y sicariato del Cartel de Medellín. Tras la muerte de Escobar, el vacío de mando abrió una puja que Berna resolvió a su favor durante la segunda mitad de los noventa. La Oficina se reorganizó bajo su liderazgo y se convirtió en la estructura dominante del crimen en Medellín y el Valle de Aburrá, sustentada en alianzas con bandas de barrios y comunas que operaban como franquicias territoriales bajo un mando común.

Lo que Berna hizo con la Oficina fue distinto a lo que Escobar había hecho con el cartel. Escobar había confrontado al Estado —con bombas, con magnicidios, con la guerra al Ministerio de Justicia—; Berna estableció con él una relación simbiótica. Colaboró con la Fiscalía cuando le convino, mantuvo puentes con oficiales, cultivó vínculos con élites burocráticas regionales y nacionales, y aprovechó cada operativo estatal contra rivales suyos para expandir su propio territorio. Cuando el Bloque Metro de Carlos García, alias Doblecero, se resistió a integrarse a la lógica narcoparamilitar, Berna lo eliminó como problema militar y político. Al Bloque Cacique Nutibara, ejército de facto de la Oficina, le tocó a finales de 2003 el dominio militar consolidado sobre Medellín. La primera "alborada" de la ciudad —esa noche del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2003 en que estallaron fuegos artificiales por todos los cerros— fue ordenada por él y funcionó como una toma sonora del territorio: la ciudad completa amaneció sabiendo quién mandaba.

La reducción de homicidios de esos años, que la administración municipal y el gobierno Uribe celebraron como logro de la seguridad democrática, corresponde en el tiempo a la consolidación de ese mando único. Los paramilitares operaron bajo un principio de "cero tolerancia" a la violencia visible: quien mataba sin autorización era eliminado, y las cifras oficiales bajaron. Pero en la Comuna 13 los homicidios con arma blanca aumentaron en 2003, y cuerpos empezaron a aparecer en municipios aledaños. La violencia no había desaparecido: se había desplazado, silenciado, sacado del casco urbano para maquillar las estadísticas que servían al mismo tiempo al proyecto político de Uribe y al proyecto criminal de Berna.

La Operación Orión y la conquista de la Comuna 13

El 16 y 17 de octubre de 2002 la fuerza pública ejecutó la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín, con el objetivo declarado de expulsar a las milicias urbanas de las FARC, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo. El general Mario Montoya comandaba la IV Brigada del Ejército con sede en Medellín; el general Leonardo Gallego Castrillón, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Testigos de la comuna vieron a paramilitares entrar casi de la mano con la policía durante el operativo, señalando casas de apoyo y personas concretas. Jóvenes milicianos capturados fueron utilizados como informantes y, en las semanas siguientes, aparecieron integrados al grupo paramilitar que se instaló en el territorio recién conquistado.

Desde su prisión en Miami, Berna declaró ante jueces colombianos que Montoya y Gallego habían estado involucrados en la coordinación de la Operación Orión. La afirmación proviene de un testigo interesado y no constituye prueba judicial concluyente, pero se inserta en un cuadro coherente: la Corporación Jurídica Libertad documentó asesinatos, desapariciones, desplazamientos y detenciones arbitrarias durante y después del operativo, y el Ejército mantuvo presencia en instalaciones de la comuna durante 2003, período en el que la penetración del Bloque Cacique Nutibara en el territorio se hizo irreversible. La Comuna 13 pasó, en cuestión de meses, del control miliciano al control paramilitar, y la fuerza pública fue el vehículo de esa transferencia.

La consecuencia fue duradera. Los cuerpos que hoy siguen apareciendo en las excavaciones de La Escombrera, el basurero municipal donde los paramilitares desaparecían a sus víctimas, son la contabilidad material de esa alianza. Berna no ejecutó Orión, pero fue su beneficiario político y territorial. La operación consolidó el mapa de dominio que la Oficina de Envigado necesitaba para completar su gobierno sobre Medellín.

Los bloques y la arquitectura paramilitar

Al mismo tiempo que consolidaba su poder urbano, Berna ocupó un lugar de mando en las Autodefensas Unidas de Colombia. Fue comandante máximo del Bloque Héroes de Tolová, estructura cuyo origen se remonta a diciembre de 1998, cuando Carlos Castaño, tras un frustrado ataque guerrillero en la vereda El Diamante, lo designó al frente de un grupo armado en Córdoba. Desde entonces se refugió en la vereda Villanueva y en una finca llamada La Cabaña, se movió por zonas rurales aledañas al casco urbano de Valencia y articuló el trabajo del bloque con las Convivir locales que habían prosperado entre 1995 y 1998 bajo el auspicio de gobernaciones, fuerza pública y organismos de inteligencia.

El Bloque Héroes de Tolová tuvo entre sus principales propósitos el tráfico de drogas. La distinción entre proyecto contrainsurgente y empresa narco, que las AUC exhibían en su discurso, no se sostenía en la práctica: Berna, Macaco y Gordolindo eran de extracción narco y usaron el estatus político paramilitar para gestionar su situación jurídica, mientras que otros comandantes, como Mancuso o Jorge 40, sin ser originalmente capos, optaron por respaldar a los narcotraficantes al estar ya integrados con ellos.

Su alcance de mando trascendió una sola estructura. Ordenó la creación del Bloque Héroes de Granada para controlar las zonas que dejarían los desmovilizados del Bloque Metro y del Cacique Nutibara, con accionar desde mayo de 2003. En el Chocó, un grupo paramilitar bajo su mando en San José del Palmar fue integrado al Bloque Pacífico-Héroes del Chocó de alias Gordolindo, conformando la estructura denominada Héroes de San José del Palmar de cara al proceso de desmovilización. Esa capacidad de crear, redistribuir e integrar bloques —en tres departamentos y a lo largo de una década— revela algo que ni el discurso público de las AUC ni el proceso oficial de Justicia y Paz reconocieron con claridad: dentro de la federación paramilitar, Berna operaba con una autonomía que solo Carlos Castaño y Salvatore Mancuso rivalizaban.

Ralito, las rutas y la disputa con Pacho Cifuentes

El 23 de julio de 2001, en Santa Fe de Ralito, jefes paramilitares se reunieron con gobernadores, congresistas, concejales, alcaldes y ganaderos de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena para conformar una alianza orientada a "refundar al país" y "construir una nueva Colombia". La Corte Suprema de Justicia calificaría después ese acuerdo como el vínculo entre grupos de poder, criminales y gobernantes que dio origen al escándalo de la parapolítica. Berna participó en ese ecosistema no como firmante estelar sino como pieza estructural: sin la Oficina de Envigado, sin el dominio de Medellín, sin las rutas del narcotráfico del Chocó, el proyecto de refundación no tenía músculo urbano ni financiación de largo aliento.

Las rutas fueron su otra guerra. La Oficina de Envigado buscó apropiarse de las salidas de narcotráfico en Juradó y Bahía Solano, en el norte del Chocó, controladas por antiguos socios de Escobar. Pacho Cifuentes había consolidado desde 2003 alianzas con el Cartel de Sinaloa para enviar aviones con cocaína desde la pista clandestina de Curiche, en el municipio de Juradó, usando como fachada una empresa pesquera. Joaquín "El Chapo" Guzmán fue padrino de bodas de Alexander Cifuentes Villa, hermano de Pacho: la relación con Sinaloa no era comercial sino familiar, un pacto de sangre y de rutas. En 2007 Berna ordenó el asesinato de Pacho Cifuentes por negarse a entregar el control de esas rutas a la Oficina de Envigado. Fue una decisión característica: no admitió socios, absorbió el negocio, se cobró la disidencia. Tras la desmovilización posterior del Bloque Elmer Cárdenas, esa disputa se prolongaría en la guerra entre la Oficina y Los Rastrojos de Javier Antonio Calle Serna, alias Comba, por el control de los corredores del Chocó y el Urabá antioqueño.

La desmovilización, el poder desde la cárcel y las grabaciones de 2007

El Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó en Medellín el 25 de noviembre de 2003. Fue el primer acto del proceso AUC, que se extendería hasta noviembre de 2006 con el Bloque Elmer Cárdenas y arrojaría un total de 31.521 paramilitares desmovilizados. Berna se acogió a la Ley de Justicia y Paz y quedó recluido, primero en Itagüí y después en centros de reclusión más restrictivos, con la promesa oficial de comparecer ante los jueces y confesar sus crímenes a cambio de penas alternativas.

La desmovilización no interrumpió su gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató que varias comunas de Medellín seguían con fuerte presencia y control paramilitar, y recibió denuncias de violaciones de derechos humanos en las zonas de influencia de los grupos negociadores. Berna gobernaba desde la cárcel; el Bloque Héroes de Granada, creado por orden suya para heredar el territorio del Cacique Nutibara y del Bloque Metro, aseguraba la continuidad operativa. Sergio González Ruiz, alias Job, y otros hombres de su confianza mantenían el enlace entre el detenido y la calle.

El 12 de mayo de 2007 la revista Semana publicó extractos de grabaciones telefónicas que mostraban a jefes paramilitares —Berna entre ellos— controlando redes criminales desde sus lugares de detención, ordenando asesinatos, manejando cargamentos de cocaína y depósitos de armas que nunca habían sido entregados al gobierno. La publicación destrozó la ficción del proceso: la desmovilización no había producido paramilitares desmovilizados sino paramilitares presos con teléfono. La reacción del gobierno fue endurecer los traslados y agitar públicamente la amenaza de extradición como instrumento de presión.

La extradición del 13 de mayo de 2008

Un año después, el 13 de mayo de 2008, Berna fue extraditado a Estados Unidos junto con otros trece líderes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso y Jorge 40, para un total de catorce jefes puestos en aviones esa madrugada. La medida fue sorpresiva. El gobierno colombiano levantó la suspensión de extradición de los desmovilizados y los envió a enfrentar cargos por narcotráfico en cortes federales estadounidenses, donde las penas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia no serían juzgadas.

El momento no era casual. La Corte Suprema de Justicia avanzaba en el proceso de la parapolítica; decenas de congresistas —muchos de la coalición uribista— estaban siendo investigados por sus vínculos con las AUC. Las versiones libres de los jefes paramilitares habían empezado a mencionar nombres de políticos, militares, ganaderos y empresarios. Extraditarlos a Estados Unidos significó, en la práctica, sacarlos del alcance directo de los jueces colombianos, someterlos a un sistema judicial que negociaba delaciones a cambio de reducciones de pena por cargos de narcotráfico y dificultar la continuación de las audiencias en Colombia. El gobierno prometió que los extraditados seguirían versionando desde Estados Unidos; la retransmisión enfrentó problemas logísticos, restricciones y falta de voluntad política, y las víctimas colombianas vieron reducirse su acceso a la verdad.

Amnistía Internacional advirtió que la extradición podía ocultar la dimensión real de las violaciones de derechos humanos y los vínculos de los paramilitares con fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y actores políticos y empresariales. Grupos de derechos humanos y la oposición denunciaron que la medida reducía la posibilidad de hacer justicia sobre los crímenes de lesa humanidad confesados por los paramilitares. Salvatore Mancuso lo diría con más crudeza desde su celda: cuando sus confesiones comenzaron a tocar intereses políticos y económicos nacionales, el gobierno intentó deslegitimarlo e impedirle reconstruir la verdad. Un año después de la extradición, según Mancuso, el fiscal general Mario Iguarán y el jefe de la Unidad de Justicia y Paz, Luis González, se reunieron en Washington con funcionarios estadounidenses y manifestaron no conocer los motivos por los cuales se había producido la extradición.

Las versiones desde Miami

Desde la prisión federal, Berna no calló. Declaró ante jueces colombianos y, en lo que él mismo calificó como "un triunfo inmenso", celebró la comparecencia de Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza ante el Congreso colombiano. Sus versiones libres fueron construyendo un archivo de señalamientos: contra el general Montoya, contra el general Gallego, contra oficiales del Bloque de Búsqueda, contra políticos regionales y contra funcionarios que habían tolerado o participado activamente en la construcción del poder paramilitar en Medellín.

El archivo tiene los límites de su fuente. Berna es un testigo interesado, con incentivos para negociar reducciones de pena en Estados Unidos, para vengarse de rivales y para reescribir su propia responsabilidad. Pero los señalamientos no aparecen en el vacío: se cruzan con las denuncias de testigos de la Comuna 13, con el trabajo de la Corporación Jurídica Libertad, con las grabaciones de 2007 y con las decisiones judiciales que a lo largo de la década siguiente irían confirmando —caso a caso, funcionario a funcionario— el mapa de complicidades que él fue de los primeros en describir. La justicia colombiana no ha procesado ese mapa completo. Muchos de los oficiales y políticos mencionados nunca fueron condenados; algunos fueron ascendidos.

La red: los nombres que sostuvieron su carrera

La trayectoria de Berna no se explica por su astucia individual sino por la densidad de la red que tejió y que lo tejió. En los Galeano encontró su escuela empresarial; en Fidel y Carlos Castaño, su padrinazgo paramilitar; en Vicente Castaño, el estratega que sobrevivió a la fase Castaño y con quien compartió el proyecto de federación de las AUC; en Salvatore Mancuso, el par político con más peso mediático; en Sergio González Ruiz, alias Job, el enlace urbano capaz de moverse entre despachos oficiales y comandantes de banda. En Álvaro Uribe Vélez, presidente entre 2002 y 2010, encontró al interlocutor institucional que le permitió acogerse a Justicia y Paz y cuya política de seguridad democrática coincidió, en su fase inicial, con la consolidación del dominio de la Oficina de Envigado sobre Medellín. En Chris Feistl y otros agentes de la DEA, los interlocutores que lo trataron como "hombre de enlace" durante la caza de Escobar y cuya proximidad operativa lo salvó, en 1993, de ser tratado como el criminal que era.

La red incluye también a los muertos: Fernando Galeano y Gerardo Moncada, cuyos asesinatos lo empujaron hacia Los Pepes; Pablo Escobar, el enemigo cuya derrota fue su carta de presentación ante el Estado; Carlos García, alias Doblecero, cuyo Bloque Metro fue eliminado para que la Oficina no tuviera competencia; Pacho Cifuentes, cuya negativa a entregar rutas costó su vida en 2007. Cada nombre marca un momento de la trayectoria y una decisión que Berna tomó para conservar o expandir su poder.

La huella: el gobierno mafioso como método

Don Berna dejó tres cosas. La primera, un modelo replicable de gobierno mafioso urbano: control territorial ejercido a través de bandas franquiciadas bajo un mando central, financiado por rentas del narcotráfico y de mercados ilegales locales, sostenido por alianzas con élites burocráticas y fuerza pública, y capaz de sobrevivir a las desmovilizaciones formales mediante la reestructuración de nombres y siglas. La Oficina de Envigado, aun después de su captura y extradición, siguió operando en Medellín y disputando corredores con Los Rastrojos, el Clan del Golfo y otras estructuras herederas del paramilitarismo. Los patrones que él consolidó —"cero tolerancia" a la violencia visible, control de la microextorsión, gestión del narcomenudeo, gobierno de los barrios a través de combos con permiso— siguen siendo la gramática del crimen urbano colombiano.

La segunda, un archivo incómodo. Sus versiones libres, con todas sus limitaciones, produjeron señalamientos contra generales, políticos y funcionarios que la justicia colombiana ha procesado con lentitud y desigualdad. El caso de la Operación Orión, todavía sin condenas contra los altos mandos militares, es el ejemplo más nítido de esa deuda pendiente. La Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz han vuelto sobre esos capítulos, pero la extradición de 2008 —al sacar a los principales testigos del alcance directo de los jueces colombianos— dejó una herida en el proceso de esclarecimiento que ni siquiera dos décadas después ha cicatrizado.

La tercera, una lección sobre cómo se construye la impunidad estructural. Berna no logró sobrevivir dos décadas porque haya sido más astuto que otros criminales, sino porque el Estado colombiano —a través de agentes concretos, decisiones puntuales y omisiones sostenidas— necesitó de él en momentos clave y prefirió tolerar sus actividades antes que confrontarlas. La caza de Escobar, la guerra contrainsurgente en Urabá y Córdoba, la Operación Orión, la reducción de homicidios en Medellín, el proceso de desmovilización de las AUC: en cada uno de esos capítulos Berna fue funcional y en cada uno recibió, como pago, la impunidad que le permitía crecer. Cuando dejó de ser funcional —cuando sus versiones libres empezaron a amenazar el pacto de silencio con las élites—, fue extraditado.

Sigue vivo, cumpliendo condena en Estados Unidos. Su nombre en Colombia dejó de ser una noticia y se convirtió en una categoría: hay ciudades enteras que se gobiernan al modo de Berna. La huella más honda que dejó no está en los muertos —que son muchos— ni en las rutas de cocaína —que sobreviven— sino en la evidencia de que un país puede pactar, durante décadas, con el crimen que dice combatir, y llamar a ese pacto política de seguridad.