Vicente Castaño

La casa de Amalfi

Los Castaño Gil eran de Amalfi, en el nordeste antioqueño, tierra de fincas medianas, oro y frontera agraria. La familia de Jesús Castaño —el padre— pertenecía a esa capa campesina propietaria que en los años setenta empezó a chocar de frente con la expansión guerrillera hacia el norte de Antioquia. En 1981, un frente de las FARC secuestró a Jesús Castaño. El detalle que rara vez se recuerda es que el comandante que ordenó el operativo, conocido como Boris, había sido amigo de infancia de los hijos mayores del ganadero; Carlos, adolescente por entonces, lo conocía. El propio Carlos llegó a describir aquel primer momento como "un secuestro amistoso, realmente". No lo fue por mucho tiempo.

La familia pagó rescate. Las FARC exigieron más. La versión que circuló durante décadas —siempre a media voz, siempre de segunda mano— sostiene que Fidel, ya para entonces vinculado al narcotráfico y con fortuna suficiente, se negó a poner el dinero adicional. Sea cual fuere la mecánica interna de esa decisión, Jesús Castaño murió en cautiverio. Su cuerpo entró en el largo inventario de los desaparecidos rurales colombianos.

Carlos tenía catorce años. Vicente, nacido en 1957, rondaba los veinticuatro. Fidel, el mayor, ya operaba en los círculos del cartel de Medellín. Lo que vino después no fue el luto sino la venganza metódica: entre 1982 y 1983, los Castaño ejecutaron una serie de masacres en Amalfi, Lagarto, Barbascalito y las riberas del río Mulatos, en Remedios. Los campesinos de la región lo entendieron de inmediato: los hermanos estaban rehaciendo, con sangre, el itinerario que las FARC habían recorrido con su padre cautivo. Cada caserío castigado correspondía a un tramo del secuestro.

Ese es el punto de origen. No una doctrina anticomunista, no una vocación institucional, no un proyecto contrainsurgente: una represalia familiar que muy pronto necesitó dinero, hombres y tierras para sostenerse. Ahí empieza a distinguirse el rol de cada hermano.

El contralor

Desde muy temprano, dentro del núcleo Castaño, Vicente ocupó la función que menos brillo daba y más control otorgaba: contralor. Fidel manejaba la caja y las relaciones con el cartel; Carlos se movía hacia el mando militar, aunque su consolidación formal como comandante del ejército paramilitar familiar llegaría después; Vicente vigilaba el patrimonio, las propiedades, los flujos, la coherencia interna del negocio. Ya en 1977, con veinte años, aparecía a su nombre una finca que, según todos los indicios, había comprado Fidel. Era el testaferro doméstico convertido en cuadro directivo.

A partir de 1983 empezó a comprar tierras a nombre propio. Tres fincas colindantes en Segovia —Las Brisas 1, Las Brisas 2 y El Triunfo—, que sumaban cerca de doscientas hectáreas, por poco más de dos millones de pesos de la época. Décadas después, cuando los investigadores judiciales fueron al catastro, esos predios seguían registrados con el mismo nombre. Vicente Castaño no ocultaba lo que compraba. Simplemente compraba en zonas donde nadie iba a preguntar.

Hacia 1983 la venganza se estaba profesionalizando. Los Castaño tenían ya división del trabajo, contabilidad, propiedades registradas, hombres armados y un radio de operación que rebasaba Amalfi. No eran una banda; eran una empresa familiar con capacidad militar. Vicente se ocupó de que siguiera siéndolo.

Los Ángeles y la lección del negocio

En algún momento hacia el final de los años ochenta —la fecha exacta se ha vuelto borrosa— Fidel envió a Vicente a Los Ángeles, California. La misión, dentro de la ruta de cocaína que Fidel había abierto en asociación con Pablo Escobar, era operativa: coordinar envíos, ver el otro lado del negocio, estar donde se consumía lo que en Colombia solo se producía. Vicente llegó a California en plena consolidación del mercado del crack en los barrios pobres de la ciudad, cuando la cocaína dejaba de ser un lujo de discotecas y se convertía en epidemia de guetos. Vio los márgenes, las cadenas de distribución, la escala.

Esa temporada californiana no aparece nunca en las memorias públicas de las AUC. Y sin embargo explica mucho. Cuando años más tarde Vicente se obsesione con el sur de Bolívar —"un océano de coca", diría—, cuando envíe a su hombre de confianza Daniel Rendón Herrera a estudiar la cadena productiva del narcotráfico en el Guaviare a comienzos de los años noventa, cuando entienda el Urabá no solo como corredor militar sino como plataforma agroindustrial articulada al despojo, estará haciendo lo que aprendió mirando el negocio desde el otro extremo: la cocaína no es la sustancia, es la infraestructura completa que la mueve. Quien controla eslabones, controla renta. Quien controla renta, controla la guerra.

Es la diferencia decisiva con Carlos. Carlos hablaba de las FARC. Vicente pensaba en fincas, laboratorios, rutas y testaferros. Ambos hacían la misma guerra, pero no por lo mismo.

De las ACCU a las AUC

A mediados de los años noventa, tras la muerte de Pablo Escobar y el desmantelamiento parcial del cartel de Medellín, el paisaje del crimen organizado colombiano se abrió. Los Castaño consolidaron entonces las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU: una estructura regional con base en el sur de Córdoba, el Nudo de Paramillo y el Urabá antioqueño, sostenida por alianzas con ganaderos, comerciantes bananeros, sectores del Ejército y —esto es decisivo— por rentas del narcotráfico ya bajo su control. Carlos y Vicente aparecían al frente; Fidel se había ido diluyendo en la sombra tras su presunta muerte no del todo aclarada.

En 1996, las ACCU emprendieron una expansión de carácter nacional. Un año después, jefes paramilitares de nueve organizaciones dispersas se reunieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia: un movimiento político-militar antisubversivo con dirección única y estado mayor conjunto, en teoría. En la práctica, una confederación de señores de la guerra regionales que reconocían la primacía —simbólica, mediática— de los Castaño y aceptaban una doctrina común que Carlos se encargaría de vender ante cámaras, columnistas y capellanes castrenses.

Vicente no salía en televisión. Vicente movía el mapa. Las ACCU y luego las AUC se expandieron al Cesar, Magdalena, Sucre, Chocó, el Catatumbo, los Llanos Orientales. Cada una de esas incursiones era, además del avance contrainsurgente que Carlos proclamaba, un movimiento de captura de rentas: cultivos de coca, laboratorios, rutas fluviales, tierras aptas para agroindustria, corredores hacia el Pacífico o el Caribe.

Dos regiones ilustran esa doble lógica y la manera en que Vicente la encarnaba. Una es el sur de Bolívar. Para Carlos, tomarse esa región era infligir una derrota estratégica al ELN, la guerrilla que allí había echado raíces. Para Vicente, era arrebatarle a la subversión el control de un territorio saturado de cultivos de coca y laboratorios. La misma operación militar, dos móviles superpuestos: uno ideológico, uno económico. La distinción no es cosmética. Explica por qué el paramilitarismo, aun cuando derrotó localmente a las guerrillas, jamás se desmontó: la razón económica sobrevivió a la razón antisubversiva.

La otra región es el Meta y el Guaviare. La incursión paramilitar a Mapiripán en 1997 —uno de los actos fundacionales del terror en los Llanos Orientales— no fue improvisada. Estuvo precedida, años antes, por las indagaciones que Daniel Rendón Herrera, hombre de confianza de Vicente, había realizado sobre la cadena productiva del narcotráfico en la región. Vicente sabía a qué iba antes de que fuera. Y sabía por qué: Mapiripán era, más allá del castigo a la retaguardia guerrillera, la puerta a un mercado. De ese desplazamiento surgió el Bloque Centauros, y en 2002 fue Vicente —no Carlos— quien decidió que su comandante general sería Miguel Arroyave, un narcotraficante con vocación de señor de la guerra. La organización se seguía llamando AUC. Pero desde adentro empezaba a cambiar de dueños.

La palma y el Urabá

Ninguna región refleja mejor la manera en que Vicente Castaño articuló guerra, tierra y capital como el Urabá antioqueño y el bajo Atrato chocoano. Allí, después de la ofensiva militar que expulsó a las guerrillas y desplazó a comunidades campesinas y afrodescendientes enteras, se consumó una operación silenciosa: la conversión de esas tierras arrebatadas en plantaciones de palma africana.

Vicente actuó como organizador de esa conversión. El contacto entre él y el sector empresarial palmero lo facilitó Hernán Gómez Hernández, alias el Sibarita, vinculado a la estructura paramilitar. Empresas como Urapalma y Palmura se levantaron sobre territorios cuyos títulos originales, en muchos casos colectivos de comunidades negras, habían quedado suspendidos por el desplazamiento forzado. La familia Zúñiga Caballero, con inversiones en procesamiento agroindustrial, ingresó como socia mayoritaria de esas empresas palmeras a través de Construcciones Unidas Ltda. El capital legal se acoplaba a la tierra despojada con una eficiencia notable.

Años después, en 2011, el congresista Gustavo Petro denunció que trece empresas palmeras del Urabá enfrentaban reclamos de restitución por parte de comunidades desplazadas. Sobre parte de ellas, la Fiscalía halló pruebas de nexos con el paramilitarismo. Petro llegó a señalar que el grupo posdesmovilización Águilas Negras colaboraba con palmeros en la zona; era ya un debate político, no una sentencia judicial, pero dibujaba con precisión la sombra que Vicente había dejado.

En paralelo, en 1998 Vicente había constituido la sociedad Seguridad al Día E.U., una empresa que años más tarde, tras la desmovilización, sería entregada parcialmente al Fondo de Reparación de Víctimas junto con las fincas Estambul, Campo Alegre y Los Campanos. Nombres de fincas que suenan bucólicos hasta que uno recuerda de qué manera habían llegado al inventario.

Aquí es donde la fórmula Castaño se ve entera: el terror despeja el territorio, la empresa entra a producir, el capital blanquea la conquista. Ni Fidel ni Carlos operaron con esa sistematicidad. Fue Vicente quien tradujo la guerra en propiedad.

El 35% del Congreso

Hay una frase que atraviesa el ciclo final de las AUC como una fisura: "el 35% del Congreso". La dijeron los dos hermanos, en momentos distintos, y con inflexiones muy distintas.

Carlos Castaño la formuló en 2002. Sostenía que el 35% del Congreso era elegido en zonas de influencia paramilitar, pero se apresuraba a matizar: no se debe llamar aliado paramilitar al congresista de una zona paramilitar, así como no se llama guerrillero al congresista de zona guerrillera ni narcotraficante al de zona cocalera. Era una analogía defensiva, hecha para desactivar la acusación política antes de que se formalizara.

Tres años más tarde, el 7 de junio de 2005, El Nuevo Herald publicó una declaración de José Vicente Castaño en sentido contrario. Vicente afirmaba que las AUC tenían al 35% del Congreso como "amigos" y que ganarían más apoyo en las siguientes elecciones. La revista Semana completó ese giro con una entrevista titulada "Habla Vicente Castaño", que se convirtió en fuente ineludible para entender el momento.

La diferencia entre las dos frases parece semántica. No lo es. Donde Carlos negaba control, Vicente reivindicaba amistad activa. Donde Carlos administraba el pudor público del paramilitarismo, Vicente exhibía sin timidez su capital político. La declaración de 2005 no era una bravata: fue el enunciado más claro que salió jamás del alto mando paramilitar sobre lo que después el país conocería como la parapolítica. Cuando la Corte Suprema empezó a llamar a indagatoria a decenas de congresistas, muchos de ellos aliados directos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la advertencia de Vicente se leyó en retrospectiva como confesión.

Y sin embargo esa misma exhibición hablaba de otra cosa: de la certeza, en 2005, de que las AUC habían capturado una parte sustancial del poder legislativo colombiano. Vicente no lo decía como amenaza ni como fanfarronería. Lo decía como quien informa un hecho.

Santa Fe de Ralito

La zona de ubicación de Santa Fe de Ralito, en Córdoba, fue el escenario donde el proceso de negociación entre el gobierno de Álvaro Uribe y las AUC se hizo carne. Allí, entre 2003 y 2006, los comandantes paramilitares se concentraron bajo un régimen sui generis: teóricamente supervisados por el Estado, en la práctica libres. El alto comisionado Luis Carlos Restrepo condujo las conversaciones exploratorias con jefes como Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Freddy Rendón Herrera.

Lo que ocurría dentro de Ralito ya era el síntoma de lo que las AUC habían dejado de ser. Los comandantes organizaban fiestas con modelos, actrices y prostitutas traídas desde varias ciudades; entraba whisky sin control; se hacían negocios que nada tenían que ver con el desarme. Cuando en marzo de 2007 la zona fue clausurada, las autoridades encontraron fosas comunes en el mismo lugar donde había sesionado la negociación. El Meridiano de Córdoba fue el primero en reportarlo. La imagen no admitía maquillaje: se había negociado la paz sobre los muertos que se seguían enterrando durante la propia negociación.

Ese proceso tuvo un vicio de origen que Vicente Castaño encarnó como nadie. En 2002, junto con Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, había iniciado la venta de bloques paramilitares completos a narcotraficantes. Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo, y los mellizos Mejía Múnera figuraban entre los compradores. Se hablaba también, con menos certeza, de acuerdos con Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y con figuras del Cartel del Norte del Valle. La operación era simple: un narcotraficante extraditable compraba un bloque o un frente de las AUC, adquiría con ello estatus de comandante paramilitar y, cuando llegara la negociación con el gobierno, se presentaría a la mesa como jefe político-militar sujeto a beneficios jurídicos, no como capo criminal sujeto a extradición.

Cuando uno de los mellizos Mejía Múnera se sentó efectivamente en la mesa de Santa Fe de Ralito, y cuando el otro se desmovilizó con el Bloque Vencedores de Arauca, el escándalo fue inevitable. El proceso de paz colombiano estaba admitiendo, con nombre y apellido, a narcotraficantes que años antes habían comprado su galón de comandante como se compra una franquicia.

Vicente Castaño estaba en el centro de esa operación. Lo que había construido con Carlos y Fidel en los años ochenta y noventa —una organización antisubversiva que también hacía narcotráfico— se había invertido: era ahora una organización narcotraficante que se estaba desmovilizando con estatus político. El 12 de mayo de 2007, Semana publicó extractos de grabaciones telefónicas que mostraban a los jefes paramilitares, ya recluidos en cárceles colombianas, controlando redes criminales, ordenando asesinatos, gestionando cargamentos de cocaína y hablando de depósitos de armas que jamás se habían entregado. La ficción de la desmovilización se caía sola.

La muerte de Carlos

En abril de 2004, Carlos Castaño fue asesinado en la finca Rancho al hombro, en la vía entre San Pedro de Urabá y Arboletes, en el norte antioqueño. Tenía, para entonces, un problema con su propia organización: hablaba demasiado en público de la posibilidad de negociar con la justicia estadounidense; corrían rumores sobre presuntos contactos con la DEA; se pronunciaba a favor de la extradición cuando el resto del comando paramilitar la temía como una espada sobre la nuca. Sus últimas noches, según relatos recogidos en la zona, se lo veía conducir una camioneta por caminos veredales gritando en la oscuridad que se entregaría a los estadounidenses.

El operativo que lo mató fue comandado por alias Monoleche, jefe de seguridad de Vicente Castaño. Unos veinte hombres se acercaron sigilosamente a la finca. Carlos, herido en el brazo izquierdo, alcanzó a atrincherarse tras un refrigerador con una pistola Glock 9 milímetros. Monoleche lo ejecutó personalmente.

Hay versiones divergentes sobre quién estaba con él en las horas previas. Un relato sitúa junto a Carlos a Juan Rodrigo García, advirtiéndole del peligro; otro, atribuido a alias el Alemán, describe una tarde tranquila con un baño en el río, sin la presencia de García. Sobre el móvil profundo también compiten hipótesis: Diego Fernando Murillo aparece señalado en algunas versiones como responsable directo, en el contexto de su propio conflicto por la extradición. Sobre la participación de Vicente, la formulación más honesta es la que circuló entonces: la orden salió, cuando menos, de su círculo más íntimo. Su jefe de seguridad no acciona un operativo de veinte hombres contra el comandante en jefe de las AUC sin conocimiento del patrón.

Años antes, en una advertencia que hoy tiene aire profético, alguien le había dicho a Carlos que si no hacía un proceso de paz serían sus propios hombres los que lo matarían, no la guerrilla. La lógica del negocio ya no toleraba al hermano que hablaba con extranjeros. Vicente había construido con Carlos una empresa; en 2004, era Vicente quien decidía qué parte de esa empresa sobrevivía.

La desaparición

Vicente Castaño desapareció en 2007. No hubo cuerpo, no hubo comunicado, no hubo entierro público. Durante meses circuló la duda de si había muerto o de si había optado por el exilio bajo otra identidad. Con el tiempo, la primera hipótesis se impuso: lo habían matado.

Los hilos que llegaron a asomarse llevaron, como tantas otras cosas del ciclo final del paramilitarismo, a la Oficina de Envigado. En febrero de 2010, la Fiscalía General reveló pruebas que comprometieron a un mayor, un subteniente y dos patrulleros de la Policía de Medellín con bandas criminales de la ciudad, en particular con la Oficina a través de la estructura conocida como La Unión. Uno de los agentes de la Policía de Itagüí involucrados en esa red aparecía vinculado al asesinato de Vicente Castaño; su superior directo, el mayor Luis Augusto Manrique Mantilla, se había negado a trasladarlo a pesar de haber recibido varias quejas sobre su conducta.

Es toda la información sólida que quedó. No hay lugar exacto, no hay fecha precisa, no hay restos. La desaparición de Vicente Castaño replica, con simetría siniestra, la desaparición del padre en 1981: dos cuerpos ausentes que abren y cierran el ciclo Castaño. Solo que ahora no había quién vengara al desaparecido.

La ausencia del cadáver no fue anecdótica. Impidió que se materializara jurídicamente su muerte durante años, dejó abierta la posibilidad —siempre útil para sus antiguos socios— de imaginarlo vivo, y sobre todo evitó que su nombre entrara a la contabilidad pública del final de las AUC como el nombre de una víctima o de un caído. Vicente se disolvió. Con él se disolvieron, o al menos se ocultaron, muchas de las respuestas que solo él podía dar.

Lo que dejó

Vicente Castaño no fundó una doctrina, no dejó memorias, no dio entrevistas fundacionales. Sus apariciones públicas son escasas y calculadas; la más citada, la de Semana, sirve menos como testimonio íntimo que como declaración de fuerza política. Lo que dejó es de otro orden: una manera de hacer.

Dejó, en primer lugar, la traducción del paramilitarismo colombiano en empresa. La familia Castaño no inventó las autodefensas —existían ya en el Magdalena Medio, en Puerto Boyacá, en el Valle— pero fue la que las convirtió en organización de alcance nacional con arquitectura financiera, patrimonial y política. En esa arquitectura, Vicente fue la pieza clave: el que compraba tierras a nombre propio en 1983 en Segovia, el que abría rutas hacia Los Ángeles a fines de los años ochenta, el que organizaba en los años noventa la conexión entre desplazamiento forzado y palma africana en el Urabá.

Dejó, en segundo lugar, un modelo que le sobrevivió. Las llamadas bandas criminales que emergieron tras 2006 —los Urabeños, los Rastrojos, las Águilas Negras— fueron en muchos casos continuación directa de las franquicias que él y Don Berna habían empezado a vender en 2002. La transición del paramilitarismo al crimen organizado posdesmovilizado no fue una degeneración accidental; fue el desenlace previsible de una lógica de negocios que Vicente había impuesto sobre la coherencia política de las AUC. Su propio hombre de confianza, Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, se convirtió en uno de los fundadores del Clan del Golfo. La línea genealógica es directa.

Dejó, en tercer lugar, una zona de sombra en la historia política colombiana. La parapolítica —el conjunto de investigaciones judiciales que llevó a la cárcel a decenas de congresistas por sus alianzas con paramilitares— tocó buena parte de lo que Vicente había anunciado en 2005 con su frase sobre el 35% del Congreso. Pero llegó hasta cierto punto y allí se detuvo. Las redes de complicidad entre estructuras armadas ilegales, empresarios agroindustriales, terratenientes, funcionarios y políticos regionales nunca fueron desmanteladas en su totalidad. Vicente había sido pieza central en esas redes. Su desaparición sin cuerpo fue también, en cierto modo, la manera más eficaz de proteger a los que quedaban.

Dejó, por último, una tensión no resuelta sobre qué fue realmente el paramilitarismo colombiano. Carlos Castaño construyó la narrativa antisubversiva: la de los ganaderos víctimas, la del Estado ausente, la de la autodefensa legítima. Vicente encarnó lo otro: la apropiación de tierras, el narcotráfico como columna vertebral, la mercantilización del uniforme político. Durante veinte años, esas dos narrativas convivieron dentro de la misma federación y sostuvieron mutuamente su ambigüedad. La muerte de Carlos en 2004, probablemente ordenada desde el círculo de Vicente, fue el momento en que una narrativa desplazó a la otra. Cuando Vicente desapareció tres años después, el paramilitarismo colombiano se quedó sin su versión pública y sin su operador oculto casi al mismo tiempo. Lo que continuó ya no necesitaba ni fachada ni contralor: era, sin más, crimen organizado con antecedentes.

Amalfi, 1981. Un ganadero secuestrado que no volvió. San Pedro de Urabá, 2004. Un hermano asesinado en una finca. Un lugar sin nombre, 2007. Un segundo hermano que se evapora. Entre esos tres cuerpos ausentes cabe toda la trayectoria de Vicente Castaño Gil, y con ella una parte sustancial de la manera en que Colombia hizo la guerra, hizo negocios y no terminó de contar una de sus guerras.